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Exp. 2011-000539
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortiz Hernández
En el juicio por cobro de bolívares, seguido por el Instituto Autónomo FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE), representado judicialmente por los profesionales del derecho Miguel Bermúdez Bello, Sergio Bello Álvarez, Ligia Maestre Martínez, Iván Rodríguez Manrique, María Elena Centeno, Marbeni Seijas, Alicia González Morales, Irma Bermúdez Alfonzo, Aurora Blanco De Saggiomo, Yamila Sandoval, Marianella Montell, Libia Hernández, María Gabriela Ramírez, Yolanda De Aguiar, Judith Garrido, Mónica Nieto, Anabel Cardozo, Emiro Linares, Alonso Romero, María Estrella Sanabria, Franklin Rubio, Keny Holmquist Holmquist, José Agustín Camargo, Reinaldo Marcano, Erasmo Moreno Morazzani, Aquitano Eduardo Carrillo, Verónica Báez, Jaime Rafael Timaure Perozo, Alexis Beaumont, Leida Lorena Porras y Fernando Octavio Anduela Cardozo, contra la sociedad mercantil PROMOCIONES M-35, C.A., y los ciudadanos ZENAIDA OVIEDO FALCON y VÍCTOR JESÚS DE LA COROMOTO PERERA ÁLVAREZ, representados ante la Sala por el abogado Osmar Rafael Vásquez García, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 16 de mayo de 2011, declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte intimada en contra de la sentencia de fecha 13 de julio de 1999 dictada por el Juzgado a quo que declaró con lugar la demanda; confirmando así la sentencia apelada.
Contra la citada decisión la parte demandada perdidosa anunció y formalizó recurso de casación. No hubo impugnación.
Cumplidas las formalidades legales, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previa las siguientes consideraciones:
CAPÍTULO ÚNICO
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Por razones metodológicas y economía procesal, se procede a conocer y decidir directamente la IV denuncia por Defecto de Actividad.
IV
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, bajo el vicio de indeterminación objetiva.
En ese sentido, el recurrente apoyó su denuncia bajo los siguientes argumentos:
En efecto, en la parte dispositiva del fallo el tribunal de alzada decidió:
CUARTO: Se acuerda la corrección monetaria de las sumas demandadas comprendidas desde la fecha de vencimiento de los pagarés hasta la presente fecha, lo cual deberá realizarse por experticia complementaria del fallo..
Como se puede observar, el sentenciador de la recurrida incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, al condenar el pago de los intereses moratorios omitiendo establecer a partir de que fecha debe comenzar a calcularse los mismos y sobre que monto se determinará la corrección monetaria.
Con relación a la indeterminación objetiva, esta Sala de Casación Civil, en sentencia reiterada y pacífica, tiene establecido:
omissis esta Sala ha señalado en sentencia N° RC.000304 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2008, CASO Doris Salazar de Gómez contra Tierras de San Antonio C.A., lo siguiente:
resulta indispensable y necesario para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Asimismo, este requisito persigue garantizar que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva (Negrillas de la Sala) omissis
De lo expuesto se evidencia, que la juez de la recurrida incurrió en el vicio de indeterminación objetiva, en consecuencia. Muy respetuosamente solicito a esa Honorable Sala de Casación Civil, que se declare procedente la denuncia (Resaltado del formalizante).
Para decidir, la Sala Observa:
En formalizante delata el vicio de indeterminación objetiva, al considerar que el juez de la recurrida condenó el pago de los intereses moratorios, omitiendo establecer a partir de que fecha debe comenzar a calcularse los mismos, y sobre qué montos se determinará dicha corrección monetaria.
Así bien, en base a tal alegato, estima necesario la Sala transcribir lo que al respecto señaló el Juez de la recurrida:
...IV
DECISION
...(OMISSIS)...
En consecuencia, se condena a la parte demandada a cancelar a la actora las siguientes cantidades:
...(OMISSIS)...
CUARTO: Se acuerda la corrección monetaria de las sumas demandadas comprendidas desde la fecha de vencimiento de los pagarés hasta la presente fecha, lo cual deberá realizarse por experticia complementaria del fallo...
De lo establecido en la sentencia recurrida, se puede evidenciar con meridiana claridad que el Juez ad quem, evidentemente estableció que el momento a partir del cual se acordó computar la corrección monetaria sería a partir del momento de la fecha del vencimiento de los pagarés hasta la presente fecha (Sic), ordenando con ello que lo propio deberá realizarse mediante la experticia complementaria del fallo. De manera que, no obstante haber señalado el momento a partir del cual se va a computar el cálculo de la indexación judicial, así como su fecha final, no lo estableció de la manera correcta como pacíficamente esta Sala lo ha señalado. En ese sentido, es bien sabido que mediante reiterada jurisprudencia, la Sala ha determinado que la fecha que debe establecer el juez de la causa como inicio para computarse el cálculo de la Indexación Judicial, será a partir de la data misma del auto de admisión de la demanda, siendo computado dicho cálculo y así debe ser establecido por el juzgador, hasta la fecha en la cual la sentencia quede definitivamente firme.
De manera que, cuando el juez de la recurrida determina las fechas para el cálculo de la indexación judicial, no incurre en el vicio de indeterminación objetiva pues ciertamente ha establecido unos parámetros para su cálculo aunque de manera errada.
En ese sentido observa la Sala que efectivamente la recurrida ha incurrido en un error de forma al establecer las fechas para el cálculo sin motivación o argumento alguno que sustente tal afirmación. Así ha quedado determinado entre otras, en decisión número 313 del 4 de junio del año 2009, expediente 2008-715, al indicar:
Aprecia la Sala del trascrito realizado de la sentencia, que en ninguna parte del fallo recurrido pueda deducirse que el ad quem haya explanado fundamento alguno que apuntale su declaratoria de por qué toma como data de inicio del computo destinado al cálculo de la indexación judicial en comentario, aquella del día siguiente al vencimiento de la obligación; el ad quem para decidir en la forma como lo hizo, no expresó fundamento alguno que permita entender la razón por la cual se ordena el pago desde la referida data.
Se ha sostenido en múltiples sentencias de esta Máxima Jurisdicción Civil, que los requisitos exigidos por el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de impretermitible cumplimiento, pues constituyen elementos que interesan al orden público; entre ellos el de la motivación, establecido en el ordinal 4°) del artículo citado, cuyo propósito es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error. En ese sentido, la inmotivación o falta de fundamento es el vicio que provoca la omisión de ese requisito fundamental de la sentencia, que ordena que la misma contenga los motivos de hecho y de derecho en que se apoya, ello con la finalidad de garantizar al justiciable que no se dictarán fallos arbitrarios.
Ha sido jurisprudencia consolidada y constante de este Alto Tribunal, que el vicio de inmotivación existe, cuando la sentencia carece totalmente de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación, con la falta de motivos, que es lo que da lugar al recurso de casación.
En consecuencia, para que proceda la sanción de anulación contra la sentencia recurrida la misma debe adolecer o de falta absoluta de fundamentos, o por ser los motivos del fallo impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, que no puedan proporcionar apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, que es la finalidad esencial de la motivación. Es por ello que la motivación de una decisión, de acuerdo a lo establecido por este Supremo Tribunal, debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que den soporte al dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos, con ajustamiento a las pruebas que los demuestren y las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos legales y de los principios doctrinales correspondientes.
En el caso bajo estudio, se observa que la alzada ordenó pagar la indexación tal como fue peticionada en el escrito de la demanda, pero sin argumentar motivación alguna determinó que la procedencia de dicha pretensión debía calcularse desde la fecha ya mencionada.
Consecuencia de lo precedentemente expuesto y evidenciada la ausencia de fundamentos que sustenten la decisión tomada, conduce a esta Sala a determinar que la recurrida se encuentra inficionada de falta de motivación, requisito intrínseco que deben exhibir las sentencias, infracción que la hace violatoria del ordinal 4°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, también se encuentra la recurrida inficionada del vicio de incongruencia ya que el juez, en razón de que el accionante no señaló fecha a partir de la que debía computarse la indexación solicitada, el ad quem estableció que debía tomarse como punto de partida para el pago de dicha corrección monetaria, el día siguiente al del vencimiento de la obligación.
En el sub iudice, el Juez Superior a pesar de reconocer que no fue fijada una fecha de inicio por la accionante, se subsume en aquella carga para determinarla de oficio, se repite, sin que exista motivación alguna que la sustente.
Además ordena pagar la indexación judicial desde una fecha anterior a la admisión de la demanda, cuando lo correcto es que de dicho cálculo se excluyan los lapsos anteriores al inicio del juicio como los que transcurrieran sin que las partes tuvieran responsabilidad en la tardanza en el pronunciamiento de la respectiva sentencia, conductas que conllevaron a que el ad quem incurriera en incongruencia negativa al pronunciarse sobre asuntos que no formaron parte del thema decidendum, ya que al no señalar el litigante lineamiento alguno que sirviera de punto de partida de su reclamación de indexación, mal podría el juez suplir tal deficiencia sin incurrir en incongruencia, negativa en el presente caso.
Asimismo, la doctrina de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual éste correctivo debe calcularse desde el momento en que se instaure el juicio con la admisión de la demanda, o en una fecha posterior, todo en atención a lo solicitado por el accionantes y a las actas del expediente, ya que no es posible acordarlo antes de que comience el juicio pues ello constituiría un empobrecimiento injustificado en contra del patrimonio del deudor, así como un enriquecimiento sin causa a favor del acreedor.
Así se evidencia de sentencia N° 227 de fecha 29/3/07 expediente N°06-000960 en el juicio de Amenaida Bustillos Zabaleta, contra Raúl Enrique Santana Tarbay, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se estableció:
De lo dispuesto en lo anteriores criterios jurisprudenciales, se colige que para aquellos casos en que la indexación judicial, correctivo del retardo procesal, se considere aplicable y que en modo alguno pueda resultar desvirtuada, la misma deberá tener como parámetro inicial de referencia la admisión de la demanda o una fecha posterior a ésta, pues podría ocurrir que el demandante pretenda ...engordar su acreencia..., pero en ningún caso podrá ser anterior a la preindicada oportunidad de la admisión.
Cabe resaltar también, que el juez podrá excluir del ajuste monetario determinados lapsos en que por caso fortuito o fuerza mayor la causa estuviere en suspenso o si así se encontrare porque lo decidieren de mutuo acuerdo los intervinientes de la controversia (artículo 202 del Código de Procedimiento Civil).
Luego, el parámetro final igualmente indispensable- para dicho cálculo vendrá dado por la oportunidad en que la sentencia quede definitivamente firme .
Con base a los anteriores razonamientos, concluye la Sala que en el caso bajo decisión, habiéndose evidenciado la infracción del los ordinales 4°) y 5°) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y siendo que los preceptos en ellos contenidos establecen los requisitos intrínsecos e ineludibles que deben cumplir las sentencias judiciales y en los que está interesado el orden público, la Sala casa de oficio la sentencia recurrida, tal como se establecerá, de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Así se decide .
Ahora bien, en virtud de encontrarnos examinando un recurso de casación por defecto de actividad, lo cual configura una cuestión de orden público, la Sala, independientemente del fundamento expresado por el formalizante en la actual denuncia, y basada en los parámetros del orden público que conforma el presente recurso, pasa a resolver la delación bajo el vicio de inmotivación de la sentencia, de conformidad con el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, señalando al efecto que:
El requisito de motivación de la sentencia impone para el juzgador, apoyar su sentencia en razonamientos de hecho y de derecho capaces de llevar al entendimiento de las partes el por qué de lo decido. Por contrario imperio, el vicio de inmotivación se configura cuando la sentencia no expresa los motivos de hecho y de derecho de la decisión. De tal manera que se considerará inmotivada una sentencia cuando: no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye; las razones dadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión o la excepción; los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y porque todos los motivos sean falsos.
Cabe destacar en este orden de ideas, que en materia de corrección monetaria o indexación judicial, reiteradamente ha mantenido la Sala que la fecha de inicio para que tenga lugar tal figura debe ser la admisión de la demanda, siendo computado hasta que la sentencia quede definitivamente firme, debe en ese sentido dejarlo establecido expresamente por el sentenciador. Así bien, por cuanto se observa en el presente caso, que aún cuando el juez Ad Quem estableció las fechas de inicio y final para ser tomado el cálculo de la referida indexación judicial, lo hizo de manera errada, pues señaló expresamente que se acuerda la corrección monetaria de las sumas demandadas comprendidas desde la fecha del vencimiento de los pagarés hasta la presente fecha, lo cual deberá realizarse por experticia complementaria del fallo.
Bajo esos fundamentos se observa que ha determinado objetivamente las fechas a ser tomada en cuenta el cálculo de la indexación judicial, pero de manera errada, sin motivar el por qué de tales fechas, no estableciendo en ese sentido, materialmente ningún motivo que apoye su decisión al respecto, evidenciándose con ello que representa claramente la materialización de vicio de inmotivación de la sentencia, infringiendo de esta manera lo previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
En razón de lo anterior, esta Sala debe declarar la existencia del vicio por inmotivación de la sentencia, mediante el recurso de casación por defecto de actividad, enmarcada en el ordinal 1° del artículo 313 del Código del Procedimiento Civil. Así se decide.
En virtud de haberse encontrado y declarado procedente la actual denuncia por defecto de actividad, en el marco del parágrafo tercero del artículo 320 del Código de Procedimiento, esta Sala se abstiene de conocer las restantes delaciones. Así se establece.
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación ejercido por el profesional del derecho Osmar Rafael Vásquez García, apoderado judicial de la sociedad mercantil PROMOCIONES M-35, C.A., y de los ciudadanos ZENAIDA OVIEDO FALCÓN y VÍCTOR DE JESÚS DE LA COROMOTO PERERA ÁLVAREZ, parte demandada, contra la sentencia de definitiva proferida en fecha 16 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y se ORDENA al juez superior que resulte competente, dicte una nueva sentencia, observando lo decidido en la presente decisión.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria en constas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior de origen antes indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil doce. Años: 202° de la Independencia y 153° de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado Ponente,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp.: Nº AA20-C-2011-000539.
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,