Venley

Sentencia N.º RC.00032

Sentencia
N.º RC.00032
Fecha
15/03/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
04-383
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Ponente Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO.

 

                   En el juicio de ejecución de hipoteca seguido por BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., representado por las abogadas Eva Caraballo Rodríguez, Ivette de Valdés García San Miguel, Rosario Jiménez Urdaneta y Luisa Fernanda Márquez Vargas, contra IVÁN ALEX ASIN CUZCANO, representado por los abogados René Plaz Bruzual y Carlos Urbina; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 20 de abril de 2004 mediante la cual declaró sin lugar la oposición al pago intimado mediante ese procedimiento especial y sin lugar la apelación, ambos propuestos por la parte demandada.

 

                   El demandado anunció recurso de casación contra la mencionada decisión de la alzada, el cual fue admitido por el juez de la recurrida  y  posteriormente  formalizado dentro del lapso previsto para ello. No hubo contestación.

 

                   Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA

ÚNICO

 

                   De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 208 en concordancia con el 661 primer aparte y 213 eiusdem, con fundamento en que el juez de alzada negó la reposición de la causa, a pesar de que consta en el expediente que la hipoteca fue constituida sobre un inmueble que pertenece a una comunidad conyugal y la demanda sólo fue propuesta contra uno de los esposos.

 

Aduce, que el otro cónyuge no fue llamado a juicio en el auto de admisión o decreto de intimación, no obstante su condición de tercero poseedor del inmueble gravado, en claro incumplimiento de una forma procesal que interesa al orden público y debe ser ordenada incluso de oficio por mandato de la ley.

 

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

El primer aparte del artículo 661 del Código de Procedimiento Civil dispone:

 

“...Si el Juez encontrare llenos los extremos exigidos en los ordinales anteriores decretará inmediatamente la prohibición de enajenar y gravar el inmueble hipotecado, lo notificará inmediatamente al Registrador respectivo a los efectos establecidos en el artículo 600 de este Código y acordará la intimación del deudor y del tercero poseedor para que paguen dentro de tres días, apercibidos de ejecución. Si de los recaudos presentados al Juez se desprendiere la existencia de un tercero poseedor y el solicitante no lo hubiere indicado, el Juez procederá de oficio a intimarlo...”. (Negrillas de la Sala).

 

 

 

Esta norma establece de forma imperativa un litis consorcio pasivo necesario en los juicios especiales de hipoteca, conformado por el deudor y el tercero poseedor. El primero es el obligado personalmente respecto de la deuda y, el segundo, es todo tercero que haya adquirido del deudor un derecho real a título propio y con ánimo de dueño sobre el inmueble, con posterioridad a la constitución del gravamen, así como cualquier otra persona que ejerza a título no precario derechos reales sobre el inmueble gravado con hipoteca, sin estar obligada personalmente al pago de la deuda, aunque su pretendido derecho no le haya sido trasmitido por el deudor hipotecario, como es el caso del tercero garante de una deuda ajena.

 

                   En ese sentido, la Sala, en decisión de fecha 3 de diciembre de 2001, caso Main International Holdings Group Inc. c/ Inmobiliaria Virgo C.A., estableció que:

 

“...los terceros poseedores que deben ser parte en el juicio de ejecución de hipoteca a los que hace referencia el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, son aquellas personas que de una u otra manera han adquirido un derecho real sobre el inmueble con posterioridad a la constitución del gravamen, y también toda persona que detente a título no precario, la totalidad o una parte del inmueble gravado con hipoteca, sin estar obligada personalmente a favor del acreedor, al pago de la deuda, aunque su pretendido derecho no le haya sido trasmitido por el deudor hipotecario, en otras palabras el tercero dador de la hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado. Así lo dejó establecido esta Sala de Casación Civil, en el juicio de ejecución de hipoteca seguido por Servando Sequera Godoy en representación de sus menores hijos Servando Sequera Pérez y Tobías Sequera Pérez contra la sociedad Auto-Atlántico C.A., publicada en fecha 19 de diciembre de 1968, Gaceta Forense Nº 62, Segunda Etapa, 1968, pp. 508, en los siguientes términos: “...por tercero poseedor debe entenderse no sólo a quién, como es la situación normal, haya adquirido del deudor un derecho real sobre el inmueble con posterioridad a la constitución del gravamen, sino que también debe conceptuarse como tercero poseedor a toda persona que detenta a título no precario la totalidad o una parte del inmueble gravado con hipoteca, sin estar obligada personalmente a favor del acreedor al pago de la deuda, aunque su pretendido derecho no le haya sido trasmitido por el deudor hipotecario. O para expresarlo con las palabras de Dominici: "terceros poseedores son aquellas personas que retienen o poseen el inmueble hipotecado a título de dominio, sin estar obligados personalmente hacia el acreedor. Es tercer poseedor por que no es ni ha sido parte en la obligación que existe entre el deudor y el acreedor. No se le ataca como deudor, sino como representante del inmueble y sus obligaciones existen en razón de la cosa, de tal manera que al separase de ella deja de existir toda relación jurídica de él con el acreedor”. Del texto transcrito se observa que en el caso bajo decisión el juez de la recurrida, eligió acertadamente la norma aplicable al caso (artículo 661 del Código de Procedimiento Civil) y, al aplicarla en su verdadero alcance general y abstracto, encontró que en el presente juicio de ejecución de hipoteca, no se había intimado a uno de los sujetos cuya comparecencia, por voluntad de la ley, se ha reputado indispensable para la plena validez del procedimiento (deudor principal)...”

 

 

De igual forma, en decisión de fecha 19 de noviembre de 2002, caso: Margen Jesús Blanco Rodríguez c/ Amancio Enrique Ojeda Cabrera, Esther Fernanda Pulgar De Ojeda (de cujus) y otro, la Sala expresó:

 

“...El juez debe, motu propio, hacer el llamamiento en causa con arreglo a este artículo 661 en concordancia con el ordinal 4º del artículo 370, y es por ello, que el artículo exige que se presenten copias certificadas de los gravámenes y enajenaciones de que hubiere podido ser objeto la finca hipotecada con posterioridad al establecimiento de la hipoteca  cuya ejecución se solicita. Pero ¿quiénes deben considerarse terceros poseedores? Respecto a la cosa hipotecada existen cuatro tipos de terceros: a) el simple detentador que posee por orden y cuenta del poseedor  legitimo; b) el poseedor  precario con titulo propio para usar o usufructuar la cosa (arrendatario, comodatario, etc.); c) el que posee con título de dominio, por ser tercero adquiriente de la cosa que estaba ya gravada con la hipoteca  (Art. 1.267 y 1.877 in fine CC); sea como causahabiente del deudor hipotecario, sea por prescripción adquisitiva u otro título; siempre que tal título sea registrado, pues en caso contrario no surtirá efectos frente al acreedor hipotecario a tenor del artículo 1.924 del Código Civil, arriba copiado. d) el tercero dador de la hipoteca como garantía de la obligación asumida por el deudor intimado... ...OMISSIS... Este artículo 661 impone la carga de llamar a juicio sólo a los dos últimos tipos de tercero, es decir, aquellos que poseen la cosa animus domini (cfr. CSJ, Sent. 19-12-68, reiterada el 12-8-70)

...El simple detentador, como no posee con título propio ni mucho menos con ánimo de dueño, carece de todo interés en intervenir de algún modo el proceso...” (Resaltado de la Sala).

 

 

 

Estos terceros pueden existir o no, pues es posible que el deudor sea el mismo garante y el inmueble no haya sido gravado o enajenado, en cuyo supuesto “...no puede hablarse de persecución en manos de un tercero poseedor sino de la ejecución pura y simple...”. (Sentencia de fecha 1 de junio de 1989, caso: Banco Metropolitano C.A., c/ Formiatos de Venezuela C.A.).

 

       En todo caso, todos los sujetos que forman parte del litis consorcio pasivo necesario ordenado en la ley, esto es, el deudor y el tercero poseedor si lo hubiere, deben ser llamados a juicio, so pena de que “...como lo ha dicho Borjas, la omisión de alguna de las partes interesadas en el proceso de ejecución de hipoteca, puede invalidar todo el procedimiento, porque éste no puede seguirse con uno solo de dichos interesados, a menos que sea por la voluntaria falta de comparecencia...”. (Sentencia de fecha 5 de febrero de 1998, caso: Banmara c/ Inversiones Villa Magna C.A. y otro).

 

En la citada sentencia, la Sala dejó sentado que el juez debe intimar al deudor o deudores principales “...aún cuando ellos no hayan sido demandados por el acreedor, pero su existencia surja del libelo o de los documentos presentados con el mismo...”, por ser las órdenes contenidas en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil de carácter imperativo y estricto orden público, cuyo propósito es garantizar la integridad y estabilidad del procedimiento, e impedir la comisión de fraudes.

 

                   En aplicación de estas consideraciones al caso concreto, la Sala observa que el actor acompañó con el libelo el documento de hipoteca y la certificación de gravámenes.

 

El primero, contiene la expresión de que el demandado compró un inmueble cuyo precio pagó en parte con dinero obtenido por un préstamo concedido por la hoy actora, el cual garantizó con hipoteca constituida sobre aquél, y también aparece María Consuelo Ochoa Figueroa, quien declara ser esposa del comprador y deja constancia de que autoriza a su cónyuge para efectuar esa negociación en los términos y condiciones acordados, y se compromete solidariamente “...a cumplir todas y cada una de las obligaciones establecidas en este documento, relacionados con la adquisición para la comunidad conyugal del inmueble descrito...”, con expresa indicación de que en el supuesto de ser intentada “...demanda contra nosotros, la misma podrá ser incoada por la totalidad de las obligaciones...”.

 

El segundo documento contiene la constancia de que el inmueble objeto de esta demanda es propiedad del demandado y de María Consuelo Ochoa Figueredo.

 

                   En relación con ello, cabe advertir que la comunidad conyugal no tiene personalidad jurídica propia sino que actúa a través de las personas físicas que lo integran. La deuda contraída para pagar el precio de un inmueble que ingresa a la comunidad no es propia de alguno de los esposos sino de cargo de la comunidad, y la constitución de la hipoteca sobre el inmueble para garantizar el pago de esa deuda es un acto que excede de la simple administración, por cuanto podría conducir a su venta forzosa (remate judicial), y por ende, requiere el consentimiento de ambos esposos. Por esta razón, la legitimación en juicio para responder por el pago de la acreencia corresponde a los dos de forma conjunta, por mandato del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   En el presente caso, María Consuelo Ochoa Figueredo aparece en esos documentos como esposa del demandado, y en ellos consta el consentimiento de ambos para comprar un inmueble que ingresó a la comunidad sobre el cual fue constituida hipoteca en garantía de pago, lo cual determina que ambos esposos son codeudores y garantes, sin que María Consuelo Ochoa Figueredo pueda ser considerada tercera poseedora como es sugerido por el formalizante.

 

                   Por consiguiente, María Consuelo Ochoa Figueredo es legitimada pasiva en este juicio y, por ende, ha debido ser llamada de conformidad con lo previsto en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, que contiene mandatos de carácter imperativo y de orden público de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales citados en este fallo.

A pesar de ello, no fue intimada en el auto de admisión o decreto intimatorio, ni tampoco consta que hubiese intervenido de forma voluntaria en este proceso, lo cual determina el incumplimiento de una forma procesal que involucra el orden público, con lesión de su derecho de defensa.

 

                   El anterior criterio se encuentra acorde con lo expuesto por la Sala Constitucional en sentencia de fecha 23 de enero de 2002, caso: Lisbeth Hurtado Camacho, mediante la cual estableció:

 

“...El derecho al debido proceso garantiza a las partes la tramitación de los asuntos que les conciernen de la manera prevista en la Ley, de modo que puedan ser oídas y dispongan del tiempo y los medios adecuados para ejercer sus defensas, mientras que el derecho a la defensa, se refiere de manera concreta a la posibilidad de las partes de presentar sus alegatos y pruebas y que los mismos sean analizados oportunamente.

Por esta razón, se ha señalado que existe violación del derecho a la defensa cuando los interesados no conocen el procedimiento que pueda afectarlos, se les impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se les prohíbe realizar actividades probatorias.

En el caso examinado, la acción de amparo constitucional se fundamenta en la supuesta violación de estos derechos, por parte del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al dictar el auto del 31 de enero de 2001, mediante el cual se ordenó librar el tercer cartel de remate en el juicio por ejecución de hipoteca seguido por Inversiones Ruth-Lar, C.A. contra la ciudadana Lisbeth Hurtado Camacho, en un procedimiento en el que, según alega, no fue intimado su cónyuge, ciudadano Javier Darío Linares, a pesar que el objeto del referido juicio era un inmueble que forma parte de la comunidad conyugal.

Al respecto, advierte la Sala que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 168 del Código Civil se requiere el consentimiento de ambos cónyuges, entre otros supuestos, cuando se trata de enajenación a título gratuito u oneroso o constitución de gravámenes sobre bienes gananciales, casos en los cuales corresponde a ambos, de manera conjunta, la legitimación en juicio para las respectivas acciones.

De esta forma, puede afirmarse que en esta materia se configura un litisconsorcio necesario, que de acuerdo con la doctrina es aquel que se presenta cuando existe una sola causa o relación sustancial con varias partes sustanciales activas o pasivas, que deben ser llamadas todas a juicio para integrar debidamente el contradictorio, pues la cualidad, activa o pasiva, no reside plenamente en cada una de ellas. 

Siendo así, resulta evidente que, en el caso planteado, tratándose de una demanda de ejecución de hipoteca que recae sobre un bien que forma parte de la comunidad conyugal, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, debía acordar la intimación de ambos cónyuges, para que, apercibidos de ejecución, procedieran a efectuar el pago previsto en el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil....” (Resaltado de la Sala).

 

 

                   Por lo demás, la Sala advierte que el juez superior se negó a decretar la reposición de la causa con el pretexto de que la indebida constitución del litis consorcio pasivo necesario no fue alegada ni decidida en la primera instancia, y por ende, no forma parte de la materia sujeta a su conocimiento con motivo de la apelación ejercida contra el fallo de primera instancia, lo que es contrario a derecho por cuanto el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil impone al juez del segundo grado el deber de corregir los errores u omisiones cometidos en la tramitación del juicio por los jueces de primera instancia, siempre que estén dados los extremos exigidos en la ley, uno de ellos referidos a la imposibilidad de convalidación cuando esté interesado el orden público.

 

                   Por las razones expuestas, la Sala declara la infracción de los artículos 208, 661 primer aparte y 213 del Código de Procedimiento Civil, y se abstiene de conocer las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización, por haber declarado procedente un quebrantamiento de forma, que hace innecesario el conocimiento de otros motivos del recurso de casación, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

                   En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República  Bolivariana de Venezuela,  en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CON LUGAR el recurso de casación formalizado contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 20 de abril de 2004, y en consecuencia  ANULA el decreto de intimación, así como las actuaciones procesales  con inclusión de la sentencia recurrida y REPONE la causa al estado de que sea dictado un nuevo decreto de intimación en el que sea llamada a juicio la ciudadana María Consuelo Ochoa Figueredo.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente directamente al Tribunal de la causa,  Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los quince (15) días del mes de  marzo de dos mil cinco. Años: 194° de la Independencia y 146° de la Federación.

  Presidente de la Sala,

 

 

    _________________________________

    CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicecepresidenta,

 

 

__________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

Magistrado,

 

                                                                                                                       

 

                                           _____________________________

                                                      ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ                                                                                                                                                                       

Magistrada Ponente,

 

 

_________________________________

 ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

Magistrado,

 

 

                   __________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

EXP. N° AA20-C-2004-000383

                  

 

 

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