Sentencia N.º RC.000355
- Sentencia
- N.º RC.000355
- Fecha
- 09/08/2010
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 10-140
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2010-000140
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
En el juicio por cobro de bolívares (vía ejecutiva), intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano IVÁN DE ANGELIS BERTOSSI, representado judicialmente por los abogados José M. Gordo, Nelson Suárez, Héctor Flores y Gonzalo Cedeño Navarrete, contra las sociedades mercantiles AGROPECUARIA LOS MORICHALES, C.A. e INDUSTRIAL BENEFICIADORA DEL ARROZ (INBA, C.A.), y el ciudadano NICOLÁS DIONISIO MARTÍN SANTIAGO, representado por sus herederos los ciudadanos ELISA CÁCERES DE MARTÍN, NICOLÁS MIGUEL MARTÍN CÁCERES, MARÍA ELIZABETH MARTÍN CÁCERES y SILVIA MARÍA MARTÍN CÁCERES, representadas judicialmente las dos primeras por la defensora judicial, la ciudadana Saile Elena Ceballos Zerpa, y los herederos representados judicialmente por los abogados Nelson Maita Gutiérrez, Jesús Sarmiento Niño, Janet Arelis Rodríguez Valero y Orlando Gutiérrez; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 12 de junio de 2009, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por los demandados y, en consecuencia, decretó la reposición de la causa al estado de designar defensor provisorio de los herederos desconocidos del de cujus Nicolás Dionisio Martín Santiago, y por tanto nulo todo lo actuado incluyendo el fallo proferido por el a quo en fecha 8 de junio de 2005.
Contra ese fallo el demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su decisión, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos que a continuación se expresan:
DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la indebida reposición decretada por el ad quem, con evidente menoscabo al derecho a la defensa, con infracción de los artículos 15, 144, 206, 208, 211, 231, 232 y 245 eiusdem, alegando para ello, lo siguiente:
Vamos a aceptar sin convenir que al ocurrir la muerte de una persona en juicio, y se comprueba que sus herederos son desconocidos y, a su vez, patentizado o reconocido un derecho del difunto referente a una herencia, en ese crítico trance la citación deberá verificarse, con arreglo a lo estatuido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo efecto la citación habrá de practicarse en tales sucesores desconocidos; a tal fin, se publicará un edicto que llame a todos a quienes se crean asistidos de derecho para que comparezcan a darse por citados.
La letra del artículo 231 ídem, en su sencillez lo dice todo: cuando se comprueba que son desconocidos los herederos de una persona fallecida y claro, esa no es la situación particular de esta causa porque corren al expediente y la recurrida reconoce de que justamente, sí existen herederos conocidos, precisamente porque la partida de defunción y las de nacimiento como ponen al corriente los autos, hay herederos conocidos del Sr. MARTIN (sic) SANTIAGO.
Esto hace que la recurrida libró una reposición, primero que cabe, de acuerdo a los rígidos y enérgicos términos del supuesto de hecho previsto en el artículo 231 ibídem y en segundo lugar, todo el procedimiento por edictos resultaría ocioso y sin sentido práctico pues al existir herederos conocidos, no hace falta citar a los desconocidos, por lo que (sic) reposición francamente retórica amén de que (sic) ilegal porque no se ha omitido formalidad esencial de procedimiento, ya que repetimos (sic) al tener noticias en el expediente de herederos conocidos obsta notificar a los desconocidos.
Y por lo demás, el artículo 144 ibídem, alude a que el proceso se suspenderá, tan pronto el Juez (sic) sepa de la muerte de algunos de los litigantes, evento que dispara lo que en teoría científica se llama sucesión en el litigio, que comporta una modificación subjetiva del proceso; vale decir, ingresan en lugar del fallecido, sus herederos; no habla de desconocidos, lo que podría ocurrir si a la muerte del sujeto, no se consiga evidencia en autos de herederos aún lejanos; en único caso, procede la citación por edictos.
( Omissis )
Consiguiente, violando el artículo 15 del Código de Procedimiento (sic) porque el derecho a la defensa del representado no le fue garantizado; al revés, visto el error patente en que incurrió el Juez (sic) Superior (sic) al acordar la indebida nulidad procesal con subsiguiente reposición, a juzgar por la dominante doctrina legal, desemboca en una patente indefensión, bien que se le recostó una carga que la ley no le exige, con evidente desequilibrio procesal, lo que comunica una injusticia procesal característico de toda indefensión.
Quebrantó el artículo 206 del mismo Código (sic) porque no se produjo ninguna falta procesal grave o error de trámite severo que justificara la nulidad, al punto no concurre una norma jurídica que la establezca textualmente ni transgredida una fórmula esencial de procedimiento, antes bien, en la especie, no hubo la necesidad de llamar a herederos desconocidos al estar evidenciado en autos,(sic) sobreviven los conocidos, y con esto suficiente dado que hace innecesario por abundante, proceder a citar por edictos y nombrar defensa a los desconocidos y como tales calificados ipso-iure extraños al juicio, ya que la sucesión procesal se cumplió adecuadamente al citar a los herederos visibles, y solucionada la crisis de procedimiento generada por la muerte del litigante porque con mucho los herederos entrarán al pleito como legitimo (sic) contradictor (sic) en lugar del difunto, resultado último de la sucesión procesal y, en su condición de continuadores del fallecido, actuaron en el expediente al grado que no cuestionaron el trámite procesal seguido hasta ese momento, con lo que reconocieron la eficacia de los actos realizados por el difunto o contra él, desde el instante en que se dieron por notificados voluntariamente a fin de reanudar el procedimiento suspendido a raíz del evento de la muerte del Sr. MARTIN (sic) SANTIAGO.
Ciertamente, al ordenar una reposición para renovar un acto la de nombrar defensor de oficio a los herederos desconocidos- prácticamente dispuso la realización de algo que resulta vano a los objetivos definidos de sustanciar el procedimiento que toca aplicar en los casos de la muerte de una persona que haya dejado una herencia en la que está probado más allá de toda duda existen herederos pero conocidos; y en este singular supuesto, quebrantado el artículo 208 del citado Código, (sic) ya que no se observa una causa legal para reponer, en infracción al artículo 245 del Código de Procedimiento Civil.
Y naturalmente el artículo 231 del referido Código (sic) pues al comprobarse los sucesores conocidos, ya a nada está obligado la parte ni el tribunal y menos iniciar el engorroso trámite de citar por edictos a los desconocidos, quebrantando el artículo 235 ibídem, porque no había el apuro de nombrar defensores de oficio a dichos herederos desconocidos.-
( Omissis )
Sin reparo, le impuso una carga procesal al representado y con ello le arrebató, a contramano, el aprovechamiento de sus posibilidades y la realización de las expectativas que en proceso comporta, circunstancia, que rompe la garantía de la igualdad ante la Ley (sic), comoquiera (sic) que vulneró el correcto desenvolvimiento del juicio y el pleno ejercicio de las facultades, cargas y deberes procesales con lo que, manifestó, se diluyó la efectiva participación de las partes en pie de igualdad.
Por tanto, al declarar la nulidad procesal con subsiguiente reposición por cuanto fue de la inteligencia de la Alzada, (sic) la omisión a una formalidad procesal, que en la especie no viene, por las razones ya expuestas, con vista a que habiendo herederos conocidos, ese impar hecho sacó de juego el artículo 231 del Código de Procedimiento (sic) en esa ocasión critica el emplazamiento de los desconocidos, por edictos, dejó de ser una forma procesal esencial y apropiada para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela judicial jurisdiccional de los ciudadanos (Vid SC/tsj N°204 de 31-07-2001), con lo que se hace presente que el procedimiento no depende de la voluntad del Juez (sic) y en la especie, el representante no estuvo obligado hacer sino lo que la ley imperativamente le ordena, que es un principio constitucional, dado que los derechos, obligaciones, deberes, posibilidades y expectativas procesales se rigen por disposiciones legales y principios jurídicos (G.F. N°1, p. 297).-
( Omissis )
Indudablemente, que así, como la omisión de una forma esencial malogra la finalidad del proceso como mecanismo para lograr la justicia, la exigencia de otra, que es ajena o impropia al caso, también lo hace trizas y máxime, en la situación particular, donde el Juez (sic) de la Alzada (sic) debió proceder con parsimonia e irrecusable sindéresis porque, no se ocupó y ni se preocupó de indagar si la reposición perseguía una finalidad a favor del proceso (Vid SSCC N° 589, 22-09-68); porque de acuerdo al principio de la conversación del acto nulo, será una constante de su delicado oficio, salvaguardar tanto la sustancia del derecho como la certeza de las situaciones procesales, a cuyo propósito siempre ha de calibrar si el vicio es de tal entidad que frustra su fin; no basta la simple aplicación mecánica de la inobservancia a las formas; es de medir previamente con prudencia, según prescribe el principio de la instrumentalidad de las formas, la idoneidad objetiva de los actos procesales en cada caso y aquí, como se dijo, intrascendente, puesto que redunda en vano designarle defensor de oficio a los herederos desconocidos, quienes, de conformidad con la jurisprudencia de la honorable Sala, no corre prisa para que participen en la causa, por resultar extraños y desinteresados porque justamente se hicieron presentes los conocidos no empeciente que se siguió a medias el procedimiento de su convocación por edictos lo que constituyó una pérdida irreparable de tiempo procesal, pero con todo, aceptado sin convertir, se aplicó un incorrecto trámite, no hacia (sic) importante ni relevante la reposición, precisamente porque resultaba un trámite que no cabía, aunque se haya malamente pedido por nosotros y peor aplicado por los Jueces (sic) de Mérito (sic).
Las normas procesales y la interpretación sólida del artículo 231 ídem aporta la idea que en ese estado de cosas, improcedente la reposición; debió la Alzada (sic) sondear y graduar esas circunstancias y no violar, además el derecho a la defensa por la aplicación desproporcionada y fuera de propósito de una fórmula procesal inidónea a las vicisitudes procesales de esta causa.
Al pensar de esa forma y actuar de conformidad, la Alzada (sic) violó el derecho genérico a la justicia, al someterlo a una demora y rémora indebida, como se ha dicho mérito antes al interpretar los presupuestos y las formas procesales recogidas por la Ley (sic), de modo tan arbitrario, manifiestamente irrazonable e irracional que la llevó a cometer, tal cual se ha visto hace poco, con gran repercusión, un error patente pues al acordar sin mas una indebida reposición por lo que luce que este acto ilegal del Juez (sic) de la recurrida, puso al representado en estado de indefensión, que para la instancia es de imposible subsanación, pero no para la Sala, la que estará en condiciones para interdictarla .
El recurrente delata la infracción de los artículos 15, 144, 206, 208, 211, 231, 232 y 245 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de reposición mal decretada, ya que en su criterio no hace falta citar a los desconocidos, por lo que la reposición francamente retórica amen (sic) de que ilegal porque no se ha omitido formalidad esencial de procedimiento, ya que repetimos al tener noticias en el expediente de herederos conocidos obsta notificar a los desconocidos.
En este sentido, la Sala considera oportuno hacer un recuento de los eventos procesales ocurridos en el presente juicio, a fin de establecer la existencia de la infracción denunciada, y para ello relaciona los siguientes hechos:
1- En fecha 28 de mayo de 2003, el ciudadano Nicolás Miguel Martín Cáceres, asistido por el abogado Nelson José Maita Gutiérrez, consignó ante el juzgado de la cognición copia del acta de defunción de su padre el ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, parte co-demandada en el presente juicio y representante legal de las empresas demandadas Agropecuaria Los Morichales, C.A. e Industrial Beneficiaria del Arroz, (INBA, C.A.).
2- En fecha 22 de julio de 2003, el abogado Nelson Suárez Fonseca, apoderado judicial del demandante ante la consignación del acta de defunción del ciudadano Nicolás Martín Santiago, solicitó ante el a quo la convocatoria en la presente causa mediante edictos a los sucesores desconocidos a título universal de dicha persona fallecida, a los fines de dar cumplimiento a las formalidades y extremos comprendidos en los artículos 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.
3- En fecha 9 de septiembre de 2003, el juzgado de la cognición acordó librar edicto a los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, a los fines de que comparecieran dentro de los sesenta (60) días continuos a la constancia en autos de la publicación, fijación y consignación del referido edicto.
4- En fecha 17 de febrero de 2004, el abogado José M. Gordo, apoderado judicial del demandante consignó diligencia, mediante la cual señaló: Vencido el plazo de comparecencia otorgado a los herederos desconocidos del de cujus y codemandado, Nicolás Dionisio Martín Santiago, vencimiento este (sic) que tuvo lugar el 4 de Febrero (sic) del año en curso, y habiéndose en consecuencia continuado el presente procedimiento, solicito se determine el número de días transcurridos en el lapso de evacuación de pruebas, hasta la fecha en que se dicte el pronunciamiento que provea a la presente solicitud.
5- En fecha 12 de marzo de 2004, el abogado Nelson Maita Gutiérrez, apoderado judicial de los ciudadanos Elisa Cáceres de Martín, Nicolás Miguel, María Elizabeth y Silvia María Martín Cáceres, estos últimos actuando en su carácter de herederos del de cujus Nicolás Dionisio Martín Santiago, y Elisa Cáceres de Martín, actuando en su propio derecho y en su carácter de heredera, consignó ante el juzgado de la cognición: escrito contentivo de siete folios, original de instrumento poder contentivo de cinco folios, marcado A original de Acta (sic) de matrimonio dos folios, marcado B Actas (sic) de nacimientos en tres folios, marcados C D E respectivamente, para que sean certificados en el expediente 10.956 de la nomenclatura de este tribunal .
6- En fecha 8 de junio de 2005, el a quo declaró con lugar la demanda.
7- Contra la referida decisión el abogado Nelson Maita Gutiérrez, apoderado judicial de los herederos Elisa Cáceres de Martín, Nicolás Miguel, María Elizabeth y Silvia María Martín Cáceres, en representación de la sucesión del de cujus Nicolás Dionisio Martín Santiago, representante legal de las empresas demandadas Agropecuaria Los Morichales, .C.A., e Industrial Beneficiadora del Arroz, C.A., interpuso recurso de apelación.
8- En fecha 12 de junio de 2009, el ad quem declaró lo siguiente:
De la reposición de la causa alegada. Observó este Juzgador, (sic) que la representación de los herederos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, en el mismo escrito de fecha 12/03/2004, alegaron que no se había dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza:
Artículo 232: Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia, sin verificarse ésta, el Tribunal (sic) nombrará un defensor de los desconocidos con quien se entenderá la citación, hasta que según la ley cese su encargo.
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas del expediente se observó que por diligencia de fecha 28/05/2005, fue consignada acta de defunción del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, que por diligencia de fecha 22 de julio de 2003, la representación de la parte demandante solicitó se librare el respectivo edicto para así dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.
En este orden de ideas, pudo verificar esta Alzada (sic) que efectivamente el a quo ordenó la citación de los herederos desconocidos y libró el correspondiente edicto cuyas consignaciones de las publicaciones se encuentran en los folios del 122 al 144, sin embargo no se verificó que se diere cumplimiento a los previsto en el Artículo (sic) 232 eiusdem, atinente a la designación de la defensa judicial que debía designarse en la persona de los herederos desconocidos.
Sin embargo pudo observarse que aún dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y estando los herederos conocidos del de cujus, a derecho; no se dio cumplimiento por ante el a quo a lo previsto en el artículo 232 eiusdem, atinente a la designación del defensor judicial de los herederos desconocidos, haciéndose necesario este requisito por ser el derecho a la defensa de orden publico, (sic) que apunta a prevalecer el interés general de la sociedad sobre el interés de los particulares y que ubica a las partes en este caso a los herederos tanto conocidos como desconocidos, en un equilibrio de defensas o alegatos, por ser considerados a los mismos como titulares de un derecho, tanto litigioso, como particular adquirido a través de un derecho sucesoral, por la muerte de su causahabiente.
Ahora bien, por ser el derecho a la defensa una de las garantías constitucionales con importancia inminente en el desarrollo de un juicio y aún mas (sic) en los casos del derecho a la defensa de los no presentes que va en consonancia y beneficio del orden social, y por haber sido violentado ese derecho establecido tanto en nuestra carta magna, como principio privilegiado en la misma y por haber sido violentado el derecho a la defensa de los no presentes, en el caso de autos; el derecho a la defensa de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago y que fueron llamados en el presente juicio a través de los edictos que se mencionaron anteriormente, faltando un requisito establecido en la ley, que es la designación del defensor judicial, es por lo que debe reponerse la causa al estado en que se designe defensor judicial de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago y así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil.
De todas las consideraciones arriba establecidas, es por lo que esta Alzada (sic) de conformidad con lo establecidos en los artículos 206, 208, 232 del Código de Procedimiento Civil y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, ordena la reposición de la causa, al estado en que se designe defensor judicial a los herederos desconocidos del de cujas ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, arriba identificado. Así se decide .
De la transcripción parcial del fallo recurrido, se desprende que el juzgador de alzada determinó que si bien en la presente causa se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, como es la citación a los herederos desconocidos mediante edictos, y al encontrarse a derecho los herederos conocidos del de cujus, no se dio cumplimiento ante el juzgado de la cognición lo previsto en el artículo 232 eiusdem, relativo a la designación del defensor judicial de los herederos desconocidos. Por lo que, estimo que al faltar uno de los requisitos establecido en la ley, como es la designación del defensor judicial, ordenó reponer la causa al estado en que se designe a dicho defensor de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, a los fines de dar cumplimiento a la normativa contenida en el artículo 232 ibidem.
En este sentido, la Sala estima oportuno hacer mención a los criterios jurisprudenciales sentados respecto a la citación de los herederos del litigante fallecido, como el de la sentencia N° 302 de fecha 25 de junio de 2002, en el juicio seguido por Nieves Margarita Avenas Montes contra José Martínez Roda y Otros, en el cual se estableció lo siguiente:
En sentencia Nº 319, de fecha 9 de octubre de 1997, expediente 95-112, caso Edgar Marshall Balza y otro contra Antonio Lamas Hermida, este Tribunal Supremo precisó lo antes expuesto, en los términos siguientes:
...La voz causa es utilizada en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, en su acepción de proceso. Basta para comprobarlo, con constatar que la finalidad de la norma es garantizar la sustitución de la parte fallecida, con la incorporación de quienes por ser los sucesores de los derechos litigiosos, con la declaración del sentenciador, serán los titulares de los intereses controvertidos u obligados a satisfacer el derecho exigido.
Ahora bien, la norma precisa el cumplimiento de un requisito para que sean incorporados al proceso los herederos del litigante fallecido: su citación. Por lo tanto, mientras no se haya practicado, el proceso no puede ser continuado. Aún más, si los herederos se presentan espontáneamente al proceso sin que se hubiere ordenado su citación, no impediría el trámite pautado en el ordenamiento para producir la sustitución procesal del litigante fallecido; dicho de otro modo, la incorporación en proceso de quienes son llamados por la ley a sustituir a la parte fallecida, es la consecuencia del cumplimiento de las formalidades que las normas procesales han previsto para garantizar que todos los interesados tienen conocimiento de su derecho a intervenir en el juicio...
De lo anterior, se infiere que existiendo los herederos conocidos de la parte fallecida, y éstos se presentaron voluntariamente sin mediar citación, sin lugar a dudas, en aplicación de tales consideraciones, la finalidad procesal conciliada en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estaría en apariencia cumplida; pero, el problema subsiste con los herederos desconocidos y aun con aquellos conocidos, que no son traídos a los autos por las partes. De esa forma, al fallecer una de las partes, el establecimiento de los herederos conocidos dependerá de las actuaciones privadas de los interesados, quedando la comprobación, por parte del juez, sobre la base de aquellas pruebas que demuestren la existencia de esos herederos, como son, en la mayoría de los casos, la partida de defunción y la planilla de liquidación sucesoral. Instrumentos probatorios cuya elaboración dependen de la voluntad privada de los interesados, siendo posible, incluso intencionalmente, la exclusión de algún heredero conocido.
Por otra parte, bien es cierto que no en todos los casos existen los herederos desconocidos, siendo prácticamente imposible para el sentenciador determinar a priori, la existencia o no de dichos herederos.
Por tanto, cuando se hable de citación de herederos, y mas en los casos como el presente, donde el fallecido es parte litigante, se deberá aplicar el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, para asi evitar futuras reposiciones, al existir la posibilidad de que se dicte una providencia condenatoria o absolutoria sobre persona que no haya sido llamada al juicio, con evidente menoscabo del derecho de defensa de las mismas.
Este Supremo Tribunal en sentencia Nº 392, de fecha 16 de diciembre de 1997, expediente 95-694, caso Roger Danelo Castro Rodríguez contra Corporación Mitrivenca, C.A., al respecto, asentó lo siguiente:
...Igualmente dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, que cuando sean desconocidos los herederos de una persona determinada que ha fallecido, y tengan derechos en una herencia o cosa común, se les citará por edictos de conformidad con lo dispuesto en tal norma.
Si bien dicho precepto no hace presumir que en todos los casos existen herederos desconocidos, ha establecido la Sala en fallo del 8 de diciembre de 1993 (Pablo Jorge Sambrano Morales contra Oscar Ruperto Mata Mata), lo siguiente:
...cuando se trata del fallecimiento de una de las partes, respecto a los herederos conocidos, debe ordenarse su citación cumpliendo todas las formalidades que la ley establece, y en acatamiento al principio que la citación por carteles es sucedánea a la citación personal, es decir, que la de la imprenta procede, agotadas como hayan sido todas las diligencias tendientes a obtener la citación personal.
De otra parte, como hay casos en los cuales no es posible determinar si hay herederos desconocidos o no, por no saberse si los primeros existen, por ello lo conveniente para evitar futuras reposiciones y nulidades, o bien que pueda dejarse de citar a alguno de los herederos conocidos, como es el caso en estudio, o que los herederos desconocidos puedan verse perjudicados en sus derechos, la ley procesal ha previsto el supuesto del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a juicio de esta Corte, debe aplicarse a todo caso, en virtud de la imposibilidad del funcionario jurisdiccional de conocer a ciencia cierta, si la información suministrada por el litigante ha sido ajustada a derecho o no, en cuanto a tales herederos conocidos o no, máxime cuando la situación procesal entre ellos es la de litisconsorcio necesario...
En aplicación de la anterior doctrina, esta Sala entiende que la citación a que se refiere el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, debe practicarse: 1) de manera personal en los herederos que se reputen conocidos y, 2) por edicto a los sucesores desconocidos, conforme al ya mentado artículo 231. Entendiendo que ambas deben verificarse, salvo que no se tenga conocimiento de la existencia de herederos conocidos, caso en el cual, para cumplir con la forma sustancial que prevé, el tantas veces mencionado artículo 144, deberá realizarse únicamente la citación por edicto .
De igual modo, la Sala en decisión N° 716 de fecha 7 de noviembre de 2005, en el juicio seguido por Ibrahim Vides Cordero y Otros, contra Roberto Félix Martínez Rodríguez, estableció lo siguiente:
Asimismo, en sentencia N° 00079 de fecha 25 de febrero de 2004, caso: Mery Josefina Pacheco Rivero, c/ Emilia Gregoria Rodríguez De Pacheco (Fallecida), Zoraida Pacheco Rodríguez Y Enriqueta Eleonora Pacheco Rodríguez, esta Sala estableció lo siguiente:
...el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, prevé:
...Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia o cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término, no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias...
La Sala determinó el correcto contenido y alcance de esta norma, y estableció que la obligación de citar a los herederos desconocidos mediante edicto es aplicable incluso cuando no esté demostrado la existencia de éstos. En este sentido, en decisión de fecha 8 de agosto de 2003 (Margen de Jesús Blanco Rodríguez c/ Inversiones y Gerencias Educacionales C.A. y otros), dejó sentado:
...Si precisamente el heredero es desconocido, no puede aspirarse a la previa comprobación de la existencia de éste como requisito para la publicación del edicto, si en efecto resulta incierta su inexistencia. El carácter de desconocido lo hace de difícil comprobación previa, y la única forma de evitar posteriores reposiciones es atender a la situación procesal inmediata, producto de la muerte de una de las partes, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a fin de sanear el proceso de nulidades posteriores.
Por otra parte, los efectos de la cosa juzgada sólo deben afectar a quienes se han hecho parte en el proceso, y sería indeseable que una sentencia afecte intereses de terceros, no citados en juicio, como podrían ser los eventuales herederos desconocidos quienes no se habrían podido hacer parte en el proceso por el incumplimiento de la citación a que se hace referencia el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil...
De acuerdo con la doctrina de esta Sala, los edictos deben ser librados siempre que conste en el expediente la muerte de alguna de las partes, debido a la dificultad de determinar con certeza la inexistencia de herederos desconocidos, pues no basta tomar en consideración la declaración de las partes, quienes podrían tener interés en excluir a algún tercero capaz de afectar sus derechos.
No obstante, la Sala modifica su doctrina y deja sentado que dicha reposición procede en el caso de que la citación por edicto haya sido solicitada por los interesados, y el juez se niegue a acordarla, pues en tal hipótesis la parte impide la consumación de la perención y el sentenciador quebranta formas procesales con menoscabo del derecho de defensa.... (Negritas de la Sala).
Asimismo, en sentencia N° 432 de fecha 21 de junio de 2007, en el juicio seguido por Banesco Banco Universal, C.A., contra Clínica Dr. José Gregorio Hernández, C.A. y Otro, estableció lo siguiente:
En efecto, el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil prevé:
La muerte de la parte desde que se haga constar en el expediente, suspenderá el curso de la causa mientras se cite a los herederos.
En concordancia con ello, el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil dispone:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia o cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término, no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias
Por tanto, con fundamento en las normas citadas y el criterio jurisprudencial precedentemente expuesto, una vez comprobada en el expediente la muerte de alguna de las partes, el proceso queda en suspenso durante seis (6) meses, hasta tanto los interesados, para reanudar la causa, cumplan con la carga de solicitar se libre el edicto para la citación de los herederos, ordenada en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, sean éstos conocidos o bien desconocidos, pues si bien el artículo 231 eiusdem, parte del supuesto de que resulte comprobada la existencia de herederos desconocidos, ello resulta de imposible ocurrencia .
Conforme a los criterios jurisprudenciales precedentemente transcritos, se desprende que el fundamento de esta Sala, respecto a la normativa contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, es que se debe proceder a practicar siempre la citación por edictos a los herederos desconocidos, incluso cuando no esté demostrado la existencia de éstos, ello con el fin de evitar reposiciones futuras, las cuales en algunos casos resultarían inútiles.
En este orden de ideas, en relación a la reposición y nulidad de los actos procesales, la Sala estima oportuno hacer mención a el criterio jurisprudencial asentado en decisión N° 390 de fecha 16 de julio de 2009, en el juicio seguido por Melvin Ramón Carroz Urdaneta y Otros contra Carlos Antonio Parra Montenegro y Otros, en el cual se estableció:
la Sala, en decisión N° 00998, de fecha 12 de diciembre de 2006, Caso: Pablo Pérez Pérez contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., reiterada entre otras, en sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra, estableció lo siguiente:
...en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales.
En este sentido, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
...Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
Aunado a lo anterior, cabe destacar, que mientras que en el Código de Procedimiento Civil de 1916 se refería a la reposición preterida, como un vicio disociado del quebrantamiento del derecho de defensa, nuestro actual Código recoge el vicio de reposición no decretada dentro de la causal de quebrantamiento de formas procesales en violación del derecho de defensa.
Ciertamente, una de las innovaciones observadas en la última reforma del Código de Procedimiento Civil, se refiere a este motivo del recurso de casación, pues la indefensión desaparece como motivo autónomo y separado, y es establecido como uno de los presupuestos de procedencia para la reposición de la causa por incumplimiento u omisión de formas procesales.
( Omissis )
En atención al precedente jurisprudencial expuesto, queda claro que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, es indispensable para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio, que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad . (Resaltado de la Sala).
Ahora bien, dicha normativa contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia o cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término, no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias .
Conforme a la anterior normativa, se desprende que la misma dispone dos situaciones a saber, como son: 1) Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido; y 2) Que esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia o cosa común.
En este sentido, dicha norma contenida en el artículo 231 eiusdem, prevé una forma de citación especial, como es la citación por edictos, siendo que la referida norma no puede aplicarse por analogía a situaciones no contempladas en ella, es decir, que su aplicación está subjetivamente restringida a los herederos desconocidos de una persona fallecida que sea parte en un juicio. De manera que, mediante la citación por edictos se llama en general a quienes se crean asistidos del derecho, y no a personas determinadas expresamente por su nombre, apellido y domicilio, como en la hipótesis de la citación personal o por carteles.
Ahora bien, en el caso in comento en fecha 28 de mayo de 2003, el ciudadano Nicolás Miguel Martín Cáceres, asistido por el abogado Nelson José Maita Gutiérrez, consignó ante el a quo copia del acta de defunción de su padre el ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, parte co-demandada en el presente juicio y representante legal de las empresas demandadas, de la cual se desprende, lo siguiente: Casado con Elisa Caceres (sic) de Martin (sic) (Sobreviviente). Que deja 03 (sic) hijo (sic) (a) de Nombre (s): NICOLAS (sic) MIGUEL, MARIA (sic) ELIZABETH y SILVIA MARIA (sic) .
De manera que, en el sub iudice se desprende que figuran como sobrevivientes del de cujus su esposa y tres (3) hijos, por ende, consta en la presente causa la existencia de herederos conocidos.
Igualmente, se evidencia que ante la consignación del acta de defunción del ciudadano Nicolás Martín Santiago, el demandante solicitó ante el a quo la convocatoria mediante edictos a los sucesores desconocidos de dicha persona fallecida, a los fines de dar cumplimiento a las formalidad contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo que, el juzgado de la cognición acordó librar edicto a los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, a los fines de que comparecieran dentro de los sesenta (60) días continuos a la constancia en autos de la publicación, fijación y consignación del referido edicto, los cuales no asistieron.
Conforme a las anteriores consideraciones, la Sala evidencia que ante los señalados eventos procesales, el juzgador de alzada determinó:
Sin embargo pudo observarse que aún dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y estando los herederos conocidos del de cujus, a derecho; no se dio cumplimiento por ante el a quo a lo previsto en el artículo 232 eiusdem, atinente a la designación del defensor judicial de los herederos desconocidos, haciéndose necesario este requisito por ser el derecho a la defensa de orden publico
( Omissis )
por haber sido violentado el derecho a la defensa de los no presentes, en el caso de autos; el derecho a la defensa de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago y que fueron llamados en el presente juicio a través de los edictos que se mencionaron anteriormente, faltando un requisito establecido en la ley, que es la designación del defensor judicial, es por lo que debe reponerse la causa al estado en que se designe defensor judicial de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago y así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil .
Ahora bien, respecto a lo acusado por el juzgador de alzada, esta Sala estima oportuno hacer mención a lo dispuesto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece, lo siguiente:
Artículo 232: Si transcurriere el lapso fijado en el edicto para la comparecencia, sin verificarse ésta, el Tribunal nombrará un defensor de los desconocidos, con quien se entenderá la citación, hasta que según la ley cese en su encargo .
De la normativa transcrita, se desprende que una vez transcurrido el lapso fijado en el edicto, el a quo procederá al nombramiento del defensor ad lítem con quien se entenderá la citación de los herederos desconocidos en la causa.
En tal sentido, en el sub iudice tal y como anteriormente se indicó, el ad quem ordenó reponer la causa al estado en que se designe defensor judicial de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, para así dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil.
En relación a la normativa contenida en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, la Sala considera que la misma debe ser interpretada en beneficio de la celeridad procesal, en razón, que la referida norma está prevista para aquellos casos en los cuales no son conocidos los herederos en juicio, y necesariamente deben ser defendidos y tutelados sus derechos, es decir, cuando una vez publicado los edictos a los fines de que los herederos comparezcan en juicio, dicha comparecencia no se verifica, situación ésta que no ocurrió en el sub iudice donde si hay herederos y se publicó los edictos, habiéndose cumplido de este modo, con la finalidad prevista en la ley.
De manera pues, que la finalidad de la disposición adjetiva relativa a la incorporación de los sucesores de los derechos litigiosos fue cumplida, con la publicación de los edictos.
Al respecto, la Sala evidencia en el caso in comento, que el a quo si cumplió con lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al criterio jurisprudencial sentado por esta Máxima Jurisdicción, relativo a la necesidad de convocar a los herederos desconocidos de la parte fallecida, por ende, procedió a publicar los edictos, a los fines que los herederos asistieran al juicio. Sin embargo, por no asistir a juicio ninguna persona acreditándose tal carácter, presumió la inexistencia de tales herederos desconocidos, por cuanto, ante la publicación de los referidos edictos únicamente comparecieron a la causa los herederos conocidos, tal y como, lo estableció el juzgador de alzada en su fallo.
De modo que, conforme a la anterior consideración la Sala estima, que tal reposición ordenada por el ad quem al estado de que se designe el defensor judicial de los herederos desconocidos, atenta contra los principios de economía y celeridad procesal, pues, el juzgador en la oportunidad de decretar la referida reposición no atendió a su utilidad, por cuanto, reponer la causa al estado de designar un defensor ad litem de aquellos herederos que pudieran no existir, generaría una reposición inútil, en razón, que tal y como lo estableció el juzgador en el sub iudice los herederos del de cujus son conocidos, los cuales en la primera oportunidad de acudir a los autos, lo hicieron representados por el profesional del derecho Nelson Maita Gutiérrez, quien ha ejercido la representación sus derechos e intereses durante el juicio.
Conforme al anterior señalamiento, la Sala estima oportuno reiterar que los juzgadores en la oportunidad de ordenar la reposición de la causa, es indispensable que éstos hayan comprobado en el juicio, que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad.
Por consiguiente, esta Sala aprecia en el caso in comento que al no constar la existencia de herederos desconocidos, luego de haberse ordenado la publicación de los edictos que exige el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, en modo alguno, el ad quem podía ordenar reponer la causa al estado en que se designe defensor ad litem de los herederos desconocidos del ciudadano Nicolás Dionisio Martín Santiago, por cuanto, tal y como, estableció en su fallo los herederos del de cujus son conocidos, siendo dicha reposición ordenada contrariamente inútil.
En consecuencia, esta Sala declara procedente la presente denuncia por infracción de los artículos 15, 144, 206, 208, 211, 231, 232 y 245 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anterior consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el demandante contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de junio de 2009. En consecuencia se ANULA la sentencia recurrida, y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión dictada.
Publíquese, regístrese y remítase directamente el expediente al Juzgado Superior de origen, ya mencionado.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Presidenta de la Sala-Ponente,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario-Temporal,
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Exp: Nº. AA20-C-2010-000140
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
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