Venley

Sentencia N.º RC.000357

Sentencia
N.º RC.000357
Fecha
10/08/2010
Sala
Casación Civil
Expediente
10-139
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2010-000139

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio por cumplimiento de contrato, incoado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos ROMÁN JOSÉ ARNALDO PAZ PÉREZ y MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ DE PAZ, representados por las abogadas en ejercicio de su profesión Lucía Beatriz Casañas Calcines y Carmen Elisa Castro, contra el ciudadano LUÍS MIGUEL COFRADES FERNÁNDEZ, patrocinado por los abogados en ejercicio de su profesión Argenis Rodríguez Liporaci y José Francisco Vivas Medina; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 30 de mayo de 2007, dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmando el “...auto de fecha 20 de noviembre de 2002...” del a-quo, que desechó la reforma de la demanda, y condenó al pago de las costas de la incidencia, así como del proceso a la demandada.

Contra la preindicada sentencia la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

CASACIÓN DE OFICIO

En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia N° 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente N° 99-625, caso: Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la precitada Constitución, referido a que "..El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia...", tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

 

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación del criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1353 de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 07-1354, caso: CORPORACIÓN ACROS, C.A., según el cual, la casación de oficio, más que una facultad discrecional, constituye un verdadero imperativo constitucional, porque “...asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela)...”, esta Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucionales encontradas en el caso bajo estudio, y al respecto observa:

 

         En fecha 16 de enero de 2002, fue presentada la demanda, y posteriormente en fecha 10 de abril de 2002, fue admitida, ordenándose la citación del demandado.

         El 8 de julio de 2002, el abogado José Francisco Vivas Medina, mediante diligencia se dio por citado en representación del demandado.

         En fecha 7 de octubre de 2002, se consignó escrito de contestación a fondo de la demanda, y en la misma fecha se consignó escrito de reforma del libelo de la demanda.

         El fecha 9 de octubre de 2002, la apoderada judicial de la parte demandante, pide al tribunal de primera instancia se pronuncie sobre la admisión de la reforma de la demanda, alegando que esta fue presentada con antelación a la contestación de la demanda.

         En fecha 30 de octubre de 2002, el apoderado judicial de la parte demandada, solicita se averigüe lo ocurrido en este caso, denuncia la falta de lealtad y probidad y la existencia de un fraude procesal, y pide se practiquen unas inspecciones judiciales a los fines de determinar el momento en que fue recibido el escrito de contestación a fondo de la demanda; y en la misma fecha la apoderada judicial de la parte demandante, rechaza los hechos imputados por la representación del demandado e insiste en que la reforma de la demanda fue presentada y consignada antes de la contestación.

         El 20 de noviembre de 2002, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dicta sentencia interlocutoria en la que expresa:

 

“...Establece el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, (...)

 

Visto el principio universal sobre lealtad y probidad que deben tener las partes para actuar en los Órganos Jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela, y por cuanto de las actuaciones realizadas en el expediente, consta de acuerdo al control de Expediente (sic) recibido por la secretaria de este Juzgado de fecha 07 (sic) de Octubre (sic) del 2002, en donde se anotó que el expediente signado bajo el Nro.02-8175, había contestación al fondo y después reforma.- Igualmente, de acuerdo al libro de solicitud de expediente, se evidencia que previamente el abogado de la parte demandada, solicitó el expediente en el archivo, y luego vino la Abogado (sic) Beatriz Casañas, a solicitar el expediente. Si bien es cierto que en el diario no consta la contestación de la demanda asentada, no es meno (sic) cierto y eso es conocido por la representación judicial de la parte actora, que el demandado haya dado contestación a la demanda previamente a la tanta (sic) referida reforma, por lo tanto este Juzgado en base a las atribuciones conferida (sic) en la ley, y conforme a lo previsto en el Artículo (sic) 14 del código (sic) de Procedimiento Civil, ordena desglosar las actuaciones en el orden en que ocurrieron las actuaciones, es decir, previamente la contestación al fondo de la demanda y luego la reforma de la misma, y en virtud de que las actuaciones certificadas por la secretaría, la cual da fe pública de todas y cada una de las actuaciones realizadas en la sede del tribunal, es por lo que, este tribunal desecha la reforma de la demanda, y así se establece.

 

Al respecto, este Juzgado insta a la Abogada (sic) LUCIA CASAÑAS, actuar en el juicio con lealtad y probidad en el juicio, y no trate de impedir el trámite normal del proceso y que se lleve como corresponde, tal y como ella lo recomienda”. (Destacado de lo transcrito).

 

         En fecha 25 de noviembre de 2002, la parte demandante apeló de la sentencia antes transcrita y dicha apelación le fue admitida en un solo efecto mediante auto del 8 de enero de 2003, interponiendo la demandante recurso de hecho, el cual le fue declarado con lugar en fecha 21 de febrero de 2003, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenándose se admitiera la apelación en ambos efectos.

         Admitida la apelación en ambos efectos, se remitió el expediente al Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual en fecha 30 de mayo de 2007, dictó sentencia declarando lo siguiente:

“...CAPITULO II

MOTIVA

 

Ahora bien, con vista a las consideraciones anteriores, pasa este Tribunal Superior a decidir la presente causa, con base a las siguientes observaciones.

 

De la revisión realizada a las actuaciones cursantes a los autos se observa que el Juzgado a quo dictó un auto en fecha 20 de noviembre de 2002, donde estableció lo siguiente:

 

“Vistas las actas que conforman el presente expediente, y a los fines de pronunciarse sobre la Reforma (sic) de la demanda el Tribunal observa:

 

En fecha 09 (sic) de octubre del 2002, comparece por ante este Tribunal la abogado LUCIA CASAÑAS, en su carácter de Apoderado (sic) Judicial (sic) de la parte actora, solicita la admisión de la reforma, el cual hizo en fecha 07 (sic) de octubre del 2002. En fecha 30 de octubre de este mismo año, comparece por ante este Juzgado el Abogado (sic) JOSÉ FRANCISCO VIVAS MEDINA, en su carácter de Apoderado (sic) Judicial (sic) de la parte demandada, LUIS MIGUEL COFRADES FERNÁNDEZ, señalando que en fecha 07 (sic) de octubre del 2002, consignó ante este Juzgado, el escrito de contestación al fondo de la demanda; luego de constatar que la última de las actuaciones practicadas correspondía a la diligencia de fecha 08-07-02, (sic) mediante la cual, se dio por citado. Señalando, que fue sorprendido el día 25 de ese mismo mes y año al encontrar el expediente en el despacho del Juez, (sic)  estando el mismo en custodia, y además encontrándose con las siguientes irregularidades en el expediente: “En primer lugar, observé que en el mismo se encuentra agregado antes que el escrito de contestación al fondo de la demanda, un escrito de reforma al fondo de la demanda, presentado en fecha 07-10-02 (sic) por la representación judicial de los ciudadanos Román José Arnaldo Paz Pérez y María del Carmen Rodríguez de Paz. En segundo lugar, encuentro que el expediente había sido cocido(sic) en virtud de los anexos consignados, lo cual, en la oportunidad en la cual consigné mi escrito de contestación al fondo de la demanda, no presentaba esa característica; y en tercer lugar, con fecha 09-10-02, (sic)  la representación judicial de la parte actora, consigna una diligencia pidiendo que se admita la reforma de la demanda y se ordene el emplazamiento de la codemandada Glorinda Longa impugnando igualmente, el escrito de contestación de la demanda presentado en fecha 07-10-02 (sic) por esta representación judicial.” Argumentando, que en el presente juicio nos encontrábamos ante un fraude, deslealtad y falta de probidad en el proceso, con lo cual, se pretende causar un daño a su representado, solicitando con fundamento en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, se inicie una investigación tomando todas las medidas necesarias establecidas en la ley y se practique una Inspección(sic)  Judicial (sic) en el libro de Control (sic) de Entrega(sic)  de Expediente, (sic) llevado por el archivo de este Juzgado, para establecer el momento en el cual, solicitó el expediente No.. 8175 y el momento en el cual, fue solicitado por la representación judicial de la parte actora. Asimismo pide se practique una Inspección (sic)  Judicial (sic) en el libro de Control (sic) de expedientes Diligenciados, (sic) llevado por la Secretaría del Tribunal, a los efectos de determinar el momento en que fue recibido su escrito de contestación al fondo de la demanda, hechos de las (sic) cuales puede dar fe la Secretaría del Tribunal la cual da fe pública de las actuaciones recibidas por ante la secretaría. En fecha 30 de octubre del 2002, la Abogada(sic)  LUCÍA CASÑAS, (sic) en su carácter de autos, argumenta, que el libro diario desvirtúa los argumentos formulados por su contraparte, ya que su reforma fue con antelación a la contestación de la demanda, denunciando la temeridad de lo alegado por el apoderado demandado, quien carece de facultad procesal alguna que invocar toda vez que, reformada la demanda tiene el mismo plazo para contestar y que, por efecto de la reforma se incluye como codemandado a la vendedora del demandado de modo que intente por este medio impedir que se admita la reforma, conforme a derecho para que se cite a la co-demandada y se tramite el proceso con todos los involucrados incluso aquella que debió hacer entrega originalmente del inmueble. Insistiendo que la reforma fue antes de la contestación y antes del vencimiento del lapso de emplazamiento por lo que, al ocupar de la garantía del debido proceso y el derecho de la defensa debe admitirse la reforma y continuar el proceso. Igualmente denuncia por demás la temeridad de lo denunciado por el abogado diligenciante cuyo único propósito es impedir que se tramite el proceso, es que se lleve como corresponde.

 

Ahora bien, vistas las argumentaciones hechas por las partes del presente juicio, este Tribunal observa:

 

Establece el Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, establece: (sic) “el Juez deberá tomar de oficio a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la Ley, tendientes (sic) a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, (sic)  o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.”

 

Visto el principio universal sobre lealtad y probidad que deben tener las partes para actuar en los Órganos (sic) Jurisdiccionales (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, y por cuanto de las actuaciones realizadas en el expediente, consta de acuerdo al control de Expediente (sic) recibido por la secretaría de este Juzgado de fecha 07 (sic) de octubre del 2002, en donde se anotó que el expediente signado bajo el Nro. 02-8175, había contestación al fondo y después reforma.- Igualmente, de acuerdo al libro de solicitud de expediente, se evidencia que previamente el abogado de la parte demandada, solicitó el expediente en el archivo, y luego vino la Abogado (sic) Beatriz Casañas, a solicitar el expediente. Si bien es cierto que en el diario no consta la contestación de la demanda asentada, no es menos cierto y eso es conocido por la representación judicial de la parte actora, que el demandado haya dado contestación a la demanda previamente a la tantas veces referida reforma, por lo tanto este Juzgado en base a las atribuciones conferida (sic) en la ley, y conforme a lo previsto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, ordena desglosar las actuaciones en el orden en que ocurrieron las actuacione (sic) s, es decir, previamente la contestación al fondo de la demanda y luego la reforma de la misma, y en virtud de que las actuaciones certificadas por la secretaría, la cual da fe pública de todas y cada una de las actuaciones realizadas en la sede del Tribunal, es por lo que, este tribunal desecha la reforma de la demanda, y así se establece.

 

Al respecto, este Juzgado insta a la Abogado (sic) LUCÍA CASAÑAS, actuar en el juicio con lealtad y probidad en el juicio, y no trate de impedir el trámite normal del proceso y que se lleve como corresponde, tal y como ella lo recomienda.”

 

Establece el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “El Juez deberá tomar de oficio (sic) a petición de parte, todas las medidas necesarias establecidas en la ley, tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesales, o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes.”

 

De igual forma, los artículos 343 y 346 del Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente:

 

Artículo 343: “el demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación.”

 

Artículo 364: (sic) “terminada la contestación o precluído el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa”.

 

En concordancia con los artículos anteriormente transcritos, este Tribunal hace la observación que el demandante tiene la posibilidad de reformar su demanda por una sola vez siempre y cuando el accionado no la haya contestado. La reforma de la demanda no es otra cosa que la reforma de la pretensión que se requiere hacer valer con la demanda.

 

En este orden, resulta imprescindible señalar, que ha sido doctrina pacifica y reiterada de nuestro mas (sic) Alto Tribunal el hecho de que una vez la parte demandada haya dado contestación a la demanda, ya no es posible efectuar la reforma de la demanda, debido a que ello acarrea un desequilibrio procesal y menoscabo del derecho a la defensa, habida cuenta que sobre esa reforma ya el accionado no podrá invocar defensas previas; en tal sentido, la Sala Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 10/08/94 Civil, indicó:

 

”El retiro o la reforma, vulneran los derechos que el demandado tiene adquiridos a que no se cambie o retire el libelo que ya ha sido impugnado por él mediante excepciones de previo pronunciamiento, pues el actor, no debió dar ocasión a que él emplease tales medios de defensa. Es evidente que, pendiente la incidencia respectiva, el demandante no podrá retirar ni reformar la demanda, porque siendo ésta la materia de una controversia empeñada judicialmente, no está a merced de la sola voluntad del actor cambiar los términos del punto controvertido en la incidencia, el cual no es susceptible de otros cambios que los que sean convenidos por el mutuo consentimiento de las partes”

 

Criterio que permanece como doctrina desde entonces, y que lleva a esta superioridad a concluir que la pretendida reforma al libelo de demanda planteada en la oportunidad de subsanación de la reforma de demanda, resulta completamente extemporánea y su admisión atenta contra el debido proceso, la estabilidad de los juicios y a su vez contra el Derecho (sic) a la Defensa (sic) de la parte demandada, especialmente debido al hecho que en los procesos judiciales como el nuestro regidos por el principio de preclusión de las actuaciones, una vez fenecido el lapso para determinada actuación se tiene como no presentadas las realizadas fuera del lapso previsto en la Ley.

 

Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Tribunal Supremo de Justicia en múltiples fallos ha señalado que la admisión de la reforma de la demanda es y debe ser una actuación expresa y positiva del tribunal ante quien se propone y en ningún caso se supone o puede ser considerada admitida una reforma de demanda tácitamente, al respecto observa esta alzada, que el Tribunal A quo en ningún caso admitió expresamente la pretendida reforma sino que por el contrario negó la misma por cuanto se dio la contestación a la demanda antes de su presentación en autos, todo lo cual se desprende de lo expuesto por el aquo en el auto recurrido, de lo cual es necesario acotar, que la apelante nada probó para desvirtuar lo establecido por el aquo en dicho auto.

 

Así las cosas, se evidencia del auto de fecha 20 de noviembre de 2002, que el Tribunal A quo, luego del análisis de las actuaciones realizadas en el expediente, que en fecha 07 (sic) de octubre de 2002, determinó que se presentó la contestación al fondo de la demanda y luego la reforma. Que en el libro de solicitud de expediente, (sic) se evidencia que la Abogado (sic) de la parte actora, Beatriz Casañas, solicitó el expediente Nº 02-8175 con posterioridad al abogado de la parte demandada, consignando en ese momento el escrito de reforma de la demanda, lo cual lleva a este Tribunal Superior a concluir que siendo la reforma de la demanda posterior al acto de contestación, se produce el impedimento que establece el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, que impide la reforma una vez contestada la demanda, pues de permitirse tal irregularidad, la fase alegatoria del proceso se haría interminable en el tiempo...” (Destacados del fallo transcrito).

 

         Ahora bien, en el presente caso se observa que lo esencial del problema procesal debatido, se centra en determinar cuál escrito fue presentado primero el día 7 de octubre de 2002, si el de contestación de la demanda o el de la reforma del libelo de la demanda, para así poder concluir si era admisible o no la reforma, para lo cual los jueces de mérito tomaron en cuenta lo que consideraron dimana del libro administrativo del tribunal de solicitud de expedientes, para concluir que la apoderada demandante pidió el expediente en el archivo, con posterioridad al apoderado del demandado y por ende que consignó el escrito de reforma del libelo de la demanda con posterioridad al escrito de contestación a fondo de la demanda.

         Ante lo cual esta Sala, hace las siguientes consideraciones:

         El hecho de que se solicite un expediente en el archivo del tribunal con antelación por una parte a otra, no es, en opinión de esta Sala, un argumento de suficiente peso para determinar cual de las partes consignó primero ante la secretaría del juzgado una actuación, dado que si bien lo idóneo es presentar el escrito o diligencia conjuntamente con el expediente para que sea agregado de forma inmediata a las actas que lo conforman, pudiera presentarse el caso que el expediente no se encuentre en el archivo por estar en manos de la otra parte, lo cual no impide en modo alguno la presentación del escrito ante el Secretario sin el expediente, quien tendrá la obligación de agregarlo con posterioridad.

         Ello obedece a una circunstancia que ocurre con frecuencia en nuestros tribunales, en la cual, cualquiera de las partes puede solicitar el expediente en el archivo para su revisión, sin que ello implique que obligatoriamente va a presentar un escrito o diligencia, dado que lo puede solicitar y revisar al principio de las horas de despacho y devolverlo al cierre del mismo, sin realizar diligencia alguna.

         A este respecto debe resaltar la Sala, que la respuesta a la “incertidumbre” que se plantearon los jueces de instancia sobre oportunidad en la presentación de ambos escritos, se encuentra prevista en los artículos 104, 106, 107, 108 y 113 del Código de Procedimiento Civil, que disponen lo siguiente:

 

Artículo 104

El Secretario actuará con el Juez y suscribirá con él todos los actos, resoluciones y sentencias. El Secretario suscribirá también con el Juez los actos de contestación, recusación, declaraciones, aceptaciones, experticias y demás a que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley.

 

Artículo 106

El Secretario suscribirá con las partes las diligencias que formulen en el expediente de la causa y dará cuenta inmediata de ellas al Juez.

 

Artículo 107

El Secretario recibirá los escritos y documentos que le presenten las partes, los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en él su firma, la fecha de la presentación y la hora, y dará cuenta inmediata al Juez.

 

Artículo 108

El Secretario tendrá bajo su inmediata custodia el Sello del Tribunal, el Archivo y los expedientes de las causas y cuidará de que éstos conserven el orden cronológico de las actuaciones y lleven la foliatura en letras y al día, absteniéndose de suscribir las diligencias o escritos que no guarden el orden cronológico mencionado.

 

Artículo 113

El Secretario llevará el libro Diario del Tribunal, en el cual anotará sin dejar espacios en blanco, en términos claros, precisos y lacónicos las actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del Diario serán firmados por el Juez y por el Secretario al final de cada día, y hacen fe de las menciones que contienen, salvo prueba en contrario. (Destacados de la Sala)

 

         De igual forma el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en sus ordinales 1°, 2°, 3°, 5° y 8° preceptúa lo siguiente:

“Artículo 72. Son deberes y atribuciones de los secretarios:

1º Dirigir la secretaría, concurriendo a ella para atender con actividad y eficacia el servicio del público y custodiar el sello del tribunal bajo su responsabilidad.

2º Autorizar con su firma los actos del tribunal.

3º Autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes, así como también los testimonios y copias certificadas que deban quedar en el tribunal.

(...omisis...)

5º Recibir los documentos y escritos que presenten las partes, anotando al píe la fecha y hora de presentación y dar cuenta inmediata al juez o presidente del tribunal.

(...omisis...)

8º Llevar con toda claridad y exactitud el Libro Diario del tribunal, el cual firmarán conjuntamente con el presidente o juez respectivo al terminar cada audiencia. (Destacados de la Sala)

 

         De donde se desprenden las siguientes obligaciones del juez y del secretario del tribunal, como funcionarios judiciales:

 

         I.- El secretario debe suscribir con el juez, todos los actos, resoluciones y sentencias, así como los actos de contestación, recusación, declaraciones, aceptaciones, experticias y demás a que deban concurrir las partes o terceros llamados por la ley.

         II.- El secretario debe suscribir con las partes las diligencias que formulen en el expediente de la causa y dará cuenta inmediata de ellas al Juez.

         III.- El secretario debe recibir los escritos y documentos que le presenten las partes, los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en él su firma, la fecha de la presentación y la hora, y dará cuenta inmediata al Juez.

         IV.- El secretario tiene la custodia del sello del tribunal, el archivo y los expedientes de las causas y cuidará de que éstos conserven el orden cronológico de las actuaciones y lleven la foliatura en letras y al día, absteniéndose de suscribir las diligencias o escritos que no guarden el orden cronológico mencionado.

         V.- El secretario debe llevar el libro diario del tribunal, en el cual anotará sin dejar espacios en blanco, en términos claros, precisos y lacónicos las actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del Diario serán firmados por el Juez y por el Secretario al final de cada día, y hacen fe de las menciones que contienen, salvo prueba en contrario.

 

         Ahora bien, en el presente caso, revisadas las actas procesales por esta Sala, se verificó lo siguiente:

         1.- El escrito de contestación de la demanda se observa, que fue presentado en fecha 7 de octubre de 2002, como se desprende del correspondiente sello húmedo de recibido de la secretaría del tribunal, estampado al vuelto del último folio del escrito, aunque se encuentra la fecha de la diligencia suscrita al efecto, borrada y corregida con corrector blanco, sin que exista nota de secretaría al respecto, ni esté salvada dicha enmendadura en el escrito por el presentante, aunado al hecho de que no está diarizada dicha actuación, como también lo afirmó en su decisión la Juez de Primera Instancia.

         2.- El escrito de reforma de la demanda se observa, que fue presentado en fecha 7 de octubre de 2002, como se desprende del correspondiente sello húmedo de recibido de la secretaría del tribunal, estampado al vuelto del último folio del escrito, y que no presenta tachaduras o enmendaduras, y se encuentra debidamente diarizado, bajo el número 101.

         3.- En ninguno de los dos escritos el secretario del tribunal cumplió con su obligación de señalar la hora de su presentación, en conformidad con lo estatuido en los artículos 107 del Código de Procedimiento Civil y 72 ordinal 5° de la Ley Orgánica Del Poder Judicial, sólo se circunscribió a estampar el sello de recibido, a señalar la fecha de presentación -7 de octubre de 2002- y a rubricar los mismos.

         4.- El escrito de contestación de la demanda no está suscrito por el secretario y el juez, como lo ordena el artículo 104 del Código de Procedimiento Civil.

         Lo que determina a ciencia cierta, la imposibilidad de establecer cuál de los dos escritos fue presentado primero ante la secretaría del tribunal.

 

         De igual forma el juez de primera instancia, así como el de la recurrida, no tomaron en cuenta que el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil señala expresamente, que las actuaciones del libro de diario del tribunal, llevado por el secretario, hacen fe de las menciones que contienen, salvo prueba en contrario, y al no existir prueba en contrario de la afirmación hecha por la demandante, de que presentó primero su escrito de reforma de la demanda, que se encuentra diarizado, y al no estar diarizado el escrito de contestación de la demanda, que tiene tachada la fecha de su presentación, el escrito del cual solo se puede dar fe pública de su presentación, es el de reforma de la demanda.

 

         Es doctrina de esta Sala, que el menoscabo del derecho de defensa debe producirse por violación de formas procesales. Es decir, cuando se infringe el modo, lugar o tiempo en que deben realizarse los actos establecidos en la ley para el correcto desenvolvimiento del proceso, quebrantando la igualdad de oportunidades que tienen las partes para ejercer sus derechos en el juicio. En otras palabras, cuando se producen alteraciones que afectan la garantía del debido proceso legal. Pero, para determinar si se produjo indefensión, se requiere: 1) Que la infracción de la forma procesal haya disminuido las posibilidades de las partes para ejercer sus derechos en el juicio; y, 2) Que esa disminución sea producto de una actuación u omisión del tribunal, independiente del comportamiento de las partes que la alegan, y que ello no haya sido consentido tácita o expresamente por éstas.

 

         En este sentido cabe señalar, lo que ha expresado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en torno al conocido principio pro actione:

“...Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia”

(...omisis...)

Esta Sala debe destacar que, el derecho a la defensa y al debido proceso, en lo particular, en lo referente a la tutela judicial efectiva y al principio pro actione, son elementos de rango constitucional que prevalecen y desplazan otros fundamentos de rango legal, como son, en este caso, el invocado por la Sala Político Administrativa con respecto a la seguridad jurídica a través de la estabilidad de los actos administrativos. No puede imponerse un principio relacionado con la efectividad de los proveimientos dictados por la Administración, si con ello se impide por vía de interpretación, el acceso de los particulares para ejercer los medios de defensa ante los tribunales de la República; valores de expresa delimitación y protección constitucionales que no pueden disminuirse, se insiste, por interpretación de preceptos legales.

(Vid. Sentencia Nº 1.064 del 19 de septiembre de 2000, caso: C.A. Cervecería Regional, y fallo N° 165 del 23 de marzo de 2010, Sala Constitucional, expediente N° 2008-1347, revisión incoada por SAKURA MOTORS C.A.)

“...En efecto, esta Sala ha señalado que el principio pro actione forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso.

Así, se encuentra que la Sala, en decisión Nº 2229 del 20 de septiembre de 2002, estableció lo siguiente:

“La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha debido juzgar pro actionae, según los lineamientos de la interpretación de esta Sala acerca del alcance del derecho de acceso a la jurisdicción, y apreciar, como último eslabón de la cadena de conductas lesivas, la omisión en la que habría incurrido la Administración en su respuesta, del 18 de mayo de 2001, al último requerimiento de las Administradas –sin que con ello prejuzgue la Sala acerca de la procedencia de la demanda al respecto- a partir del cual, y hasta la interposición del amparo, no se produjo la caducidad.

Así, el criterio que fue vertido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que está sometida a revisión, obvió una interpretación que realizó esta Sala en el marco del principio pro actionae, el cual impone la exigencia de la interpretación de los requisitos de admisibilidad de las demandas en el sentido que más favorezca el derecho de acceso a la jurisdicción que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual incurrió en omisión de la aplicación de la norma constitucional en cuestión y así se declara. Por tal razón, se declara que ha lugar a la solicitud de revisión que se examina y analiza y, en consecuencia, se anula el fallo que el mencionado tribunal dictó el 6 de noviembre de 2001, y se ordena que se pronuncie una nueva decisión, en segunda instancia, en el proceso de amparo que se inició con ocasión de la demanda de amparo constitucional que intentaron Pesajes del Puerto C.A. y Transporte Alca C.A.”

El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia” (S.S.C. Nº 1.064 del 19.09.00).

Esta Sala ha señalado que el derecho al debido proceso comprende el acceso a la justicia, al juzgamiento con las debidas garantías y a la ejecución del fallo; al respecto, estableció lo siguiente:

“Por otra parte, este Tribunal Superior de Justicia, en sentencia del 8 de agosto de 2000 dictada por la Sala Político-Administrativa, ha precisado que el derecho al debido proceso (artículo 49 de la Constitución de 1999) es un derecho complejo que encierra un conjunto de garantías que se traducen en una diversidad de derechos para el procesado entre los que figuran el derecho a acceder a la justicia, a ser oído, a la articulación de un proceso debido, de acceso a los recursos legalmente establecidos, a un tribunal competente, independiente e imparcial, a obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de las sentencias, entre otros que se vienen configurando en la jurisprudencia. Todos estos derechos se desprenden de la interpretación de los ocho ordinales que consagra el artículo 49 de la Carta Fundamental. (Sentencia Nº 1.614 del 29.08.01).” (Cfr. Fallo N° 97 del 2 de marzo de 2005, expediente N° 2003-2290, caso: Revisión constitucional incoada por el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A.)

 

         De donde se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, que en aplicación del principio pro actione, (a favor de la acción), las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, dado que debe prevalecer una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia.

 

Ahora bien, como en este caso no se puede esclarecer, dado el modo de proceder en incumplimiento de sus funciones y obligaciones por parte del secretario y juez del tribunal de primera instancia, cuál de los escritos fue presentado primero ante la secretaria del tribunal de primera instancia, si el de la contestación de la demanda o el de la reforma, aunado a que sólo se puede constatar la fe pública de la consignación del escrito de reforma de la demanda, por haber sido diarizada, y en dicha reforma se incluyó como co-demandados a los ciudadanos GLORINDA MIREYA LONGA GONZÁLEZ y MARIO DÁVILA, en este caso se hace necesario y obligatorio, su emplazamiento mediante la correspondiente citación judicial, para que tengan conocimiento de la demanda incoada en su contra y del plazo estipulado en la ley para su contestación, aunque el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, dispone que “...el demandante podrá reformar la demanda, por una sola vez, antes que el demandado haya dado la contestación a la demanda, pero en este caso se concederán al demandado otros veinte días para la contestación, sin necesidad de nueva citación...”, no es menos cierto que dicha disposición sólo aplica al único demandado del libelo primigenio, quien se encuentra a derecho, pero en torno a los otros dos nuevos co-demandados, se hace obligatorio su emplazamiento y citación al ser dos nuevos sujetos procesales.

 

En definitiva, el pronunciamiento del juez de la recurrida es contrario a derecho, pues debió garantizar a las partes, ejercer los derechos que tienen a la defensa, el debido proceso, derecho de petición, de obtención de una tutela judicial efectiva, acceso a los órganos de justicia y al principio pro actione, según los cuales todo ciudadano tiene derecho a acceder a los órganos jurisdiccionales, al juzgamiento con las garantías debidas, a la obtención de una sentencia cuya ejecución no sea ilusoria y a que los requisitos procesales se interpreten en el sentido más favorable a la admisión de las pretensiones procesales, consagrados en los artículos 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

De igual forma, esta Sala se ha pronunciado sobre la utilidad de la reposición y el sistema que rige la materia de nulidades procesales, en decisión N° 10 del 17 de febrero de 2000, expediente 98-338, caso: Alexander Foucault contra Lucía Martínez, que dispuso lo siguiente:

 

“(...) El régimen adoptado por nuestro legislador procesal, acoge en materia de nulidades procesales, el principio de que toda nulidad para ser decretada debe haber causado un menoscabo al derecho de defensa a la parte que la solicite, y por otro lado esa nulidad debe ser de tal entidad que sea realmente útil al proceso mismo, sin lo que reportaría una nulidad inoficiosa que retrasaría el procedimiento sin que esto reporte beneficio, lo que es evidente injusto e improcedente.

 

En el sentido apuntado esta Sala ha señalado que:

 

“Las faltas cometidas en la sustanciación de los procesos no dan lugar a la reposición sino cuando son de tal naturaleza que causen nulidad de lo actuado, o vayan contra el orden o interés público, o lesione derechos de los litigantes y siempre que no puedan subsanarse de otra manera. En varias ocasiones esta Corte ha declarado que la reposición debe perseguir una finalidad útil, que no proceden las reposiciones teóricas, innecesarias”, (Sentencia de fecha 12 de diciembre de 1956, G.F. Nº 14, segunda etapa, pág. 185) (Subrayado nuestro).

 

En fecha más reciente, esta Corte ha indicado que:

 

“No existiendo, pues ninguna finalidad útil en la reposición de esta causa, considera esta Sala no existir en el caso de autos el quebrantamiento del orden público, necesario según el artículo 212 del Código de Procedimiento  Civil para que pueda ordenarse la reposición de oficio  y sin necesidad de instancia alguna parte de un íntegro proceso cumplido, en que se han respetado las formas sustanciales que garantizan el debido proceso. Por tal motivo considera también esta Sala que al apoyarse la recurrida para decretar la reposición ordenada infringió el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil  al invocar una inexistente razón de orden público procesal y consiguientemente el artículo 15 eiusdem, por permitirse una extralimitación con menoscabo las condiciones adquiridas por las partes en el proceso". (Sentencia de fecha 25 de mayo de 1995, Ponencia del Conjuez Doctor José Melich Orsini), (Subrayado nuestro).

 

Como la propia doctrina de esta Sala lo ha indicado, las nulidades procesales requieren para su declaratoria la afectación al derecho de defensa de alguno de los litigantes, pues de lo contrario su finalidad restablecedora y restauradora del procedimiento, en protección de las formas procedimentales, desaparecería y se convertirían en una manera de hacer los procesos indefinidos. Es por ello que nuestro legislador procesal, regula utilidad de la reposición en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto alcanza el fin al cual está destinado, y no permitiendo la nulidad de los actos consecutivos del procedimiento, sino sólo cuando dicho acto sea esencial para la validez de los siguientes.

 

Sobre este particular el Profesor José María Martín de la Leona Espinoza, comenta:

 

“A este respecto, constituye la indefensión sin duda alguna, junto con la finalidad de los actos procesales, la piedra angular en el estudio de las nulidades procesales, pues aun cuando se trata de un concepto en absoluto novedoso en el ámbito del Derecho Procesal, ya que viene siendo utilizado habitualmente desde hace largo tiempo, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, en el momento presente ha adquirido una gran relevancia al suponer la interdicción de indefensión, corolario fundamental en la apreciación de la vulneración de cualquiera de las garantías constitucionales de incidencia procesal. (José María Martín de la Leona Espinoza, La Nulidad de Actuaciones en el Proceso Civil, pág. 184)(...)”. (Subrayado de la transcripción).

 

De donde se concluye que el juez, al momento de decretar una nulidad, debe atender al principio de la finalidad de la misma, que implica que para que sea decretada debe haber causado un menoscabo al derecho de defensa, y por otra parte se establece que esa nulidad debe ser de tal entidad que sea realmente útil al proceso mismo.

 

Al respecto, esta Sala mediante fallo N° RC-560 del 20 de julio de 2007, expediente N° 2007-100, caso: Occidental Mercantil, C.A. (OCCIMERCA), contra Advance Controles C.A.). determino que: “Es claro pues, que es obligatoria para los juzgadores, al momento de declarar la nulidad, verificar si se materializó el menoscabo al derecho de defensa de los litigantes, pues de no ser así perdería su función restablecedora, en protección de las formas procedimentales y se convertiría en una vía para hacer los procesos indefinidos”.

Con respecto a ello, esta Sala ha dicho:

“(...) Uno de los cambios significativos de la última reforma del Código de Procedimiento Civil es la referida a la teoría de las nulidades procesales, que en sustitución del principio de la nulidad por la nulidad misma, incorporó el principio de utilidad en la reposición, con lo cual quedó implementada en nuestro ordenamiento jurídico la regla de que no basta el solo incumplimiento de la forma procesal, en que esté involucrado el interés privado e incluso el orden público, sino que es necesario que aquélla hubiese impedido al acto alcanzar su finalidad, de conformidad con lo previsto en los artículos 206 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Además, el quebrantamiento u omisión de la forma procesal sólo podría ser declarado por la Sala, si resultase capaz de lesionar el derecho de defensa de las partes, de acuerdo con lo exigido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil (...)”. (Sentencia N° 606, expediente N° 2002-986, de fecha 12 de agosto de 2004, caso: Guayana Marine Service C.A. y otra contra Seguros La Metropolitana S.A.).

 

Por consiguiente, la Sala establece que ante la duda razonable en cuanto al orden de presentación de los escritos de contestación de la demanda y reforma, el sentenciador superior ha debido juzgar pro actione, y en tal virtud, reponer la causa, con motivo del incumplimiento de las formas procesales, relacionadas con las actuaciones del juez y del secretario del tribunal de primera instancia, en referencia a sus obligaciones al recibir los escritos y diligencias, que determinó el rechazo de la reforma de la demanda, lo cual causó un evidente quebrantamiento del debido proceso, derecho de defensa, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho de petición e indefensión a la demandante recurrente en casación, dado que: “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio” y “Garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”, lo que hace que sea patente la infracción de las garantías constitucionales y legales ya citadas en este fallo, así como la infracción de los artículos 12, 15, 341, 343 y 208 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, en contravención de lo estatuido en el artículo 2° del Código Civil, que señala: “La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”, señalamiento que hace la Sala al ser materia de orden público todo lo relativo al debido proceso, conforme a su reiterado y pacífico criterio que expresa: ”...desde el 24 de diciembre de 1915: “QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO”. (Memórias de 1916, Pág. 206. Sent. 24-12-1915. -Ratificada: G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-1961; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589. Sent. 22-05-1974; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-1978; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-1981; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sent. 14-12-1982. Sent. C.S.J. 4-5-1994, en Pierre Tapia, O.: Ob. Cit. N° 5, p. 283, y reiterada en fallo N° RC-848 del 10-12-2008, expediente N° 2007-163, caso: ANTONIO ARENAS y JUANA YNOCENCIA RENGIFO DE ARENAS, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle Arenas Rengifo, Yumey Coromoto Arenas Rengifo y Rosangela Arenas Rengifo, contra la sociedad mercantil SERVIQUIM C.A., y la sociedad mercantil SEGUROS MERCANTIL C.A.)

 

En mérito de las consideraciones expuestas, la Sala casa de oficio el fallo recurrido. Así se decide.-

 

Por último, y en vista a todas las irregularidades verificadas en este caso, y el incumplimiento de la ley por parte de la jueza AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY y la Secretaria Temporal YAJAIRA DASILVA, del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se ordena remitir copia certificada del presente fallo, a la Inspectoría General de Tribunales, a los fines de que aperture la averiguación correspondiente, en la cual se determine la responsabilidad de las funcionarias actuantes. Así se establece.-

 

D E C I S I Ó N

         En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO y ANULA el fallo recurrido, proferido en fecha 30 de mayo de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, REPONE la presente causa al estado de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admita la reforma de la demanda, presentada en fecha 7 de octubre de 2002, y ordene el emplazamiento de los dos nuevos co-demandados señalados en la reforma, para que cumplidas las citaciones de estos, comience a transcurrir el lapso de contestación de la demanda, y por efecto de la reposición decretada ANULA la sentencia interlocutoria, dictada en fecha 20 de noviembre de 2002, por el antes citado tribunal de primera instancia, que desechó la reforma de la demanda.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Primera Instancia antes citado, y particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

______________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

__________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-Ponente,

 

_________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

___________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Secretario Temporal,

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

Exp. AA20-C-2010-000139.

 

Nota: Publicada en su fecha a las  (    )

 

 

Secretario,

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