Sentencia N.º RC.000374
Sentencia N.º RC.000374
- Sentencia
- N.º RC.000374
- Fecha
- 10/08/2010
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 10-154
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2010-000154
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano JERÓNIMO MARTÍNEZ MICHELENA, representado judicialmente por los profesionales del derecho Ulises Acevedo, Helios Castells, Manuel Tirado Martínez y Eduardo Moya Totesaut, contra ANTONIO NICOLÁS TORRELLAS PAIVA y JUDDY YOLANDA BARONI DE TORRELLAS, patrocinados por los abogados en ejercicio de su profesión Carlos Trejo M, Ignacio Ponte Brand, José Bernardo Guevara, Heli Salvador Fernández y Simón Herrera Celis; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en reenvío, en fecha 12 de diciembre de 2008, dictó decisión mediante la cual declaró con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por los demandados reconvinientes, sin lugar la demanda por cumplimiento de contrato, con lugar la reconvención, resuelto el contrato y revocó la decisión apelada, proferida en fecha 20 de febrero de 1992 por el Juzgado a quo, que había declarado procedente la demanda, y condenó al demandante al pago de las costas procesales.
Contra la preindicada sentencia, se anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las siguientes consideraciones:
DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
Con fundamento en los ordinales 1º) y 2º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4º) en concordancia con el artículo 244 eiusdem, por inmotivación y ultrapetita.
Para apoyar su delación el formalizante alega:
Con fundamento en los Ordinales 1º y 2º, del artículo 313, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243, Ordinal Nª4; en concordancia con el Artículo 244, del mismo Código, por considerar el formalizante que el sentenciador de alzada incurre en el vicio de inmotivación y además contiene ultrapetita, al señalar en su sentencia.
Que ante la presencia de ese incumplimiento, opera a favor de sus representados , la claúsula penal, establecida en la cláusula cuarta del documento y en el cual se constituyó o celebró el convenio entre las partes, de la cantidad de Bolívares Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 (Bs. 250.000,oo), que fueron consignados por el señor Jerónimo Martínez, en fecha 15.05.87, debe quedar en beneficio de sus representados, en concepto de daños y perjuicios en virtud de no haber realizado en el plazo estipulado en la cláusula tercera, la operación de compra-venta a que estaba legalmente obligado.
( Omissis )
Ciudadanos Magistrados, el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de la (Sic) Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la sentencia recurrida, dictada el Dice (12) de Diciembre de 2008; quebranta de manera sustancial y omite el derecho de defensa de mi representado, ya que lo antes mencionado, no fue señalado o alegado al momento de dar Contestación a la demanda, ni señalado y alegado en la Reconvención propuesta por parte demandada-Reconviniente, además es errada la interpretación dada por el Tribunal de alzada, ya que nunca fue alegado y probado el alegato interpretado por el Tribunal de alzada (primero Superior Civil y mercantil del Área Metropolitana de Caracas).
Ciudadanos Magistrados, es consideración a lo decidido por la sentencia de Casación, le observó al ciudadano Juez Superior Primero, que en ninguna parte de la contestación de la demanda consignada el 21 de Mayo (Sic) DE 1990, los demandados alegaran: que el Comprador sólo tenía la opción de lo expresado en la Cláusula Cuarta, de exigir la devolución de la suma de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,oo), más una suma adicional igual por concepto de daños y perjuicios, Además, tampoco alegaran: que el Comprador no tenía la opción de la acción de Cumplimiento de Contrato de compra-venta.
Lo cierto es, y ello consta en autos, que en la contestación de la demanda no hicieron ningún alegato concreto, expreso, no menos aún una defensa de fondo expresa, precisa, donde señalaran o demandaran que la única opción del Comprador era reclamar el pago de la penalidad establecida en la Cláusula Cuarta. Sólo se limitaron a expresar el contenido de la referida Cláusula cuarta, nada más.
Con el mayor respeto y a los fines de ilustrar a esta digna Sala de Casación Civil, transcribo a continuación lo único expresado por los demandados en su contestación de demanda: dicen los demandados: A los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se habían estipulado entre las partes, el Comprador, es decir, el Ciudadano JERÓNIMO MARTÍNES, consignó a nuestros representados, la cantidad de BOLÍVARES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (Bs. 250.000,oo), suma que se estipuló en caso de perfeccionarse la operación dentro del lapso acordado, sería imputada como parte del precio.
Es decir, que, no existe duda de la denuncia formulada por el recurrente, por lo que la sentencia debe ser casada por esta digna Sala de Casación Civil, lo que así formalmente solicito de la manera más respetuosa.
Continúan: En esta misma Cláusula, se estipuló una penalización consistente en el señalamiento de que el Comprador, por causa que le fuere imputable, no verificaba el otorgamiento, perdería la cantidad que entregaba en ese acto, la cual se entendería como indemnización de daños y perjuicios causados y en este caso, nada tendría el Comprador que reclamar al Vendedor, por ningún concepto. De manera unilateral se estableció, que si fuera el vendedor, es decir, nuestros representados los que no otorgaran el documento antes de la fecha estipulada o que desistieran, tendrían que devolver la cantidad de BOLÍVARES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON OO/100 (Bs. 250.000,oo), que habían recibido, más una suma equivalente también por concepto de daños y perjuicios. (Nada más).
Ciudadanos Magistrados, como puede observarse, solamente transcribieron la Cláusula Cuarta. En ninguna otra parte de la contestación de la demanda, ni en la Reconvención, hay referencia alguna respecto a la Cláusula Cuarta o alegato alguno, o defensa de fondo, donde los demandados alegasen u opusiesen que la única opción del Comprador fuese la reclamación de los daños y perjuicios establecidos en dicha Cláusula Cuarta; es decir, no existe petitorio alguno en la contestación de la demanda (se les olvidó), ni tampoco pedimento alguno en contra de las pretensiones del Comprador (mi representado), es decir, no negaron no rechazaron nuestro argumentos en pro del cumplimiento del contrato de compra-venta demandado no petitorio alguno respecto a nuestras pretensiones, y ni siquiera expresaron que la única opción del Comprador era la de solicitar los daños y perjuicios.
Quedaron confesos, obsérvese, que tan sólo se limitaron a señalar el supuesto incumplimiento de la Cláusula Tercera por el Comprador y con base a ello quedaba el beneficio del Vendedor (los demandados) por concepto de daños y perjuicios la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,oo) consignados por el señor JERÓNIMO MARTÍNEZ, por no haber realizado en el plazo estipulado en la Cláusula Tercera la operación de compra-venta a que estaba obligado. Y en la RECONVENCIÓN propuesta, alegaron, que visto según ellos el incumplimiento del Comprador, pidieron, dar por resuelto el contrato de compra-venta de fecha 15-05-1987; y en que quedare a beneficio del Vendedor (los demandados) por concepto de daños y perjuicios la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,oo) entregadas por el Comprador; más las costas (Resaltado es el texto transcrito).
Acusa el recurrente que el sentenciador superior incurrió en inmotivación y ultrapetita, porque, los demandados aun cuando no invocaron, ni en la contestación de la demanda ni en la reconvención, ninguna defensa relacionada con la penalidad que se estableció en la cláusula cuarta del contrato de opción de compra venta, suscrito entre éllos, el ad quem suplió defensas a los accionados, declarando que, de conformidad con la cláusula cuarta del contrato en comentario quedaba a favor de los demandados la cantidad de doscientos cincuenta mil bolívares que el comprador había entregado a la firma de la opción, en calidad de arras, como indemnización por daños y perjuicios.
Para decidir, la Sala observa:
Analizando la denuncia bajo decisión, se patentiza que el recurrente realiza una mezcla de dos motivos de casación por defecto de actividad, los cuales son incompatibles pues, ciertamente y como bien lo acota el impugnante, la inmotivación es consecuencia de una falta de análisis y exposición de los argumentos que apoyan lo decidido por el juez; por su parte, la ultrapetita se configura en los casos en los que con base al estudio y argumentación del asunto a decidir, el juzgador excede el thema decidendum y concede cosa distinta a lo pedido u otorga más de lo pedido. Evidentemente, no puede concebirse que una sentencia no contenga motivación y a la vez incurra en ultrapetita, respecto a un mismo asunto.
Por otra parte, el formalizante apoya su delación en los ordinales 1°) y 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, yerro que podría conducir a que esta Máxima Jurisdicción Civil, desechara la misma por cuanto cada uno de éstos ordinales debe utilizarse para fundamentar motivos distintos de casación, vale decir, el ordinal 1º) del artículo referido sirve de sustento a denuncias por defectos de actividad, el ordinal 2º) debe usarse para apoyar denuncias por infracciones de ley.
Ha sostenido este Máximo Tribunal en innumerables sentencias, interpretando el contenido y alcance del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, que el escrito contentivo del recurso de casación debe constituir un modelo de claridad, de manera que del texto el mismo permita a esta Sala, entender palmariamente el sentido de la acusación que se pretende endilgar a la sentencia recurrida.
De una detenida lectura de la denuncia bajo análisis, resulta evidente la deficiencia manifiesta en la conformación del documento en comentario, desatendiéndose de la más elemental técnica casacionista. En este sentido, la Sala, no obstante la consideración que ha venido imponiendo como parte de la doctrina flexibilista apegada a los nuevos presupuestos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contenidos en sus artículos 26 y 257, no puede extremar sus deberes y radicalizar la metodología adecuada, para proceder a revisar las decisiones de instancia, ello en razón a que, de manera por demás tradicional y reiterada, de una u otra forma, ha establecido en múltiples decisiones, los requisitos a cumplir en la interposición del recurso extraordinario de casación.
En el caso bajo decisión, el formalizante no realiza una fundamentación concreta y clara respecto a las infracciones que pretende denunciar; limitándose a hacer señalamiento de los artículos que pretende fueron violados, error que la Sala, esgrimiendo la flexibilización a la que se hizo referencia supra, pudiera intentar disculpar e inferir el sentido de la denuncia, para determinándolo como un error material esculcar la intención de la misma; más ello no es posible en el presente caso, porque de hacerlo, este Alto Tribunal, estaría supliendo una obligación propia del formalizante y asumiendo funciones que no se corresponden a su competencia como tribunal de derecho que es, ya que advierte esta Máxima Jurisdicción Civil que el recurrente indica cuales normas se infringieron con simple mención de los artículos que las contienen, pero no explica cuales son los fundamentos que soportan su denuncia, por los que considera se violentaron las mismas, sin precisar por qué el juez de la recurrida incurrió en el vicio que pretende acusar.
Ante esta omisión por parte del formalizante, tal y como se expresó, la Sala no tiene la carga de deducir los vicios en que puede haber incurrido el ad quem, supliendo la obligación del recurrente, por cuanto, este incumplió con el requisito referente a la técnica requerida para estructurar su denuncia, y dada la falta de una fundamentación clara y precisa, se pone de bulto la deficiencia del escrito de formalización.
De los anteriores considerandos, la denuncia se desecha, por deficiencia en su fundamentación. Así se decide.
DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY
Única
Con fundamento en el ordinal 2º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del los artículos 507 y 509 ibidem al incurrir en el primer caso de silencio de prueba y el artículo 1.357 del Código Civil por falta de aplicación, asimismo, apoyado en el ordinal 1º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil denuncia la infracción del ordinal 4º) del artículo 243 del mismo Código por inmotivación.
Para apoyar su delación el formalizante alega:
la recurrida, al declarar Al generarse esta duda, por imperio del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, se debe favorecer al demandado , hizo una errónea interpretación de lo alegado y probado en los autos, tal como lo obliga el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala:
( Omissis )
En conclusión, en la presente denuncia, el Juez de alzada (Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas), no consideró, ni hizo el análisis concatenando las pruebas que corren insertas en el expediente, por lo que dejó sin motivación la sentencia recurrida.
Dicho error impidió que el fallo alcanzara su finalidad, pues debió haber sido declarado con lugar la demanda y sin lugar la reconvención propuesta, tal como lo declaró el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así mismo, el Juzgado Superior, que conoció con ocasión a la apelación interpuesta por la parte Demandada-Reconveniente y por último, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoció por Reenvío; y no como lo condujo la Alzada quien conoció por segunda vez por Reenvió, declarando Sin Lugar la Demanda y Con Lugar la Reconvención, sin expresar los motivos, razones o fundamentos que lo llevaron al convencimiento de ello.
Como se puede apreciar los hechos soberanamente establecidos por la alzada, no corresponden realizan una interpretación atendiendo al supuesto de las normas referidas por lo cual la recurrida no aplico (Sic) estas (Sic) a la situación de hecho constatada y demostrada como actividad de reconocimiento o convalidación, y no realizó ninguna consideración sobre las pruebas ya referidas, ya que basó su decisión en supuestos o ideas paro (Sic) no en hechos alegados por los demandados-reconvinientes, pero al hacer su interpretación las hizo de manera errónea, ya que en su contestación de la Demanda y Reconvención, señala que sólo le faltaba la planilla D-203, documento, que tenía que (Sic) obligación de aportar o por el Vendedor regla de valoración de la prueba de 507 y del artículo 1.357, del Código Civil por falta de aplicación, infracción cometida por el juez al incurrir en el primer caso de silencio de prueba, por lo que la infracción denunciada, debe ser declarada Con Lugar con todos los pronunciamientos de Ley (Resaltado es del testo transcrito).
Con una redacción bastante enrevesada, se delata la infracción de los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil por silencio de prueba y la falta de aplicación del artículo 1.357 del Código Civil, por cuanto, estima el formalizante que el ad quem no expresó los motivos en los cuales apoyó su decisión así como tampoco realizó el debido análisis de las pruebas de autos.
Para decidir, la Sala observa:
La doctrina pacífica y reiterada de esta Sala impone al formalizante la obligación de expresar en forma clara, precisa y sin dejar lugar a dudas, el por qué considera que fueron violadas las normas que denuncia como infringidas. En este orden de ideas, es oportuno señalar que el escrito de formalización constituye una demanda de nulidad contra la sentencia que se considera infractora de la Ley y, en consecuencia, su redacción está sujeta a cánones que deben ser observados por quienes pretenden recurrir ante este Tribunal Supremo de Justicia.
La fundamentación del recurso de casación y, por ende, de las denuncias de infracción que lo conforman, es la carga procesal más exigente que se le impone al formalizante, porque la formalización del medio recursorio extraordinario debe ser un modelo de precisión y claridad, al estimarse como una demanda de nulidad que se propone contra una sentencia que se considera infractora de la Ley.
En el caso bajo decisión, el formalizante no realiza una fundamentación concreta y clara respecto a los vicios que denuncia; limitándose a hacer narraciones y transcripciones extensas, a través de las cuales sólo acusa que el ad quem no realizó ninguna consideración sobre las pruebas de autos y al no hacerlo infringió las normas que señala en esta denuncia, no obstante no explica a la Sala cómo se violaron dichos preceptos, tampoco indica cual o cuales fueron las pruebas silenciadas y la influencia que su análisis pudiera tener en el dispositivo del fallo. Asimismo, se advierte que el recurrente realiza una mezcla de denuncias ya que, por una parte en el encabezamiento de su delación expresa, fundamentándose en el ordinal 2º) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, un silencio de pruebas y la infracción por falta de aplicación del artículo 1.357 del Código Civil y de seguidas, en el mismo texto, acusa inmotivación con apoyo en el ordinal 1º) del artículo 313.
Ante esta forma de plantear la formalización, tal y como se expresó, la Sala no tiene la carga de deducir de que manera están presentes o no los vicios en que pudo haber incurrido el ad quem, supliendo, de esta forma, la obligación del recurrente.
Por tanto, del análisis realizado sobre el escrito de formalización, la Sala necesariamente debe concluir que el recurrente no dio cumplimiento a las exigencias impuestas por la pertinente técnica casacional en su pretendida delación de infracción de las preceptivas legales plasmada, en razón de haber desarrollado una relación confusa respecto a la pretendida fundamentación de su denuncia. Todo lo cual, lleva a desechar la presente denuncia. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PERECIDO el recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre de 2008 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de dicha remisión al Juzgado de origen ya mencionado, como lo prevé el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
Presidente de la Sala,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
__________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
___________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario Temporal,
______________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2010-000154
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, aun cuando considera correcta la solución adoptada, consigna el presente voto concurrente al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, comparte lo decidido por la mayoría en la presente decisión; sin embargo, no comparte la solución dada al trámite para el análisis del silencio de prueba.
En efecto, la Constitución vigente y el Código adjetivo civil exigen que la justicia sea completa y exhaustiva, pero no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso. Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta.-
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto concurrente del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
__________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
___________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
______________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario Temporal,
______________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2010-000154
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