Sentencia N.º RC.00038
- Sentencia
- N.º RC.00038
- Fecha
- 21/02/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 04-079
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. Nro. 2004-000079
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia de
En el juicio por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito iniciado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Contra ese fallo de la alzada anunció recurso de casación la parte demandante, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de
PUNTO PREVIO
El formalizante solicita en su escrito que esta Sala precise el día que venció el término para formalizar, visto que el Tribunal Superior no estableció el término de distancia en el auto de admisión del recurso de casación, y según su decir, tomando en cuenta los ocho (8) días del término de distancia, los cuarenta (40) días para formalizar el recurso vencieron el día martes 10 de febrero de 2004.
El formalizante expresa lo siguiente:
...Únicamente mi representado EDIXIO JOSÉ NAVA LUZARDO anunció el Recurso (sic) Extraordinario (sic) de casación como medio de impugnación de la sentencia recurrida el cual fue admitido el día 11 de diciembre del 2003, dejándose expresa constancia en dicho auto de admisión que el lapso para anunciar el recurso de casación venció el día 10 de diciembre del pasado 2003, ya que éste es el último de los diez (10) días de despacho que otorga el artículo 314 del mismo Código de Procedimiento Civil para el anuncio del recurso; pero NO ESTABLECIÓ EL TÉRMINO DE
El 11 de diciembre de 2003 el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Vista la actuación procesal fechada el 27 de noviembre del año en curso, suscrita por la profesional del derecho RHONA CRISTIANA PULGAR FUENMAYOR... mediante la cual anuncia Recurso de Casación contra la sentencia dictada el 21 de octubre del presente año; y, siendo hoy, la oportunidad prevista en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, para proceder conforme a su contenido y alcance y, tomando en cuenta: a) que el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno; b) que, quien hizo uso del derecho subjetivo de ejercitar actividad recursiva de casación, tiene legitimación procesal; c) que, el interés principal de lo litigado exceda del límite establecido por el Decreto Presidencial N° 1.209 de fecha 17 de enero de 1996... esto es, de más de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00); y d) que, dicho medio de impugnación fue interpuesto para atacar una decisión definitiva y contra la cual es admisible el recurso extraordinario precitado; por lo que, se ADMITE DICHO RECURSO. Se hace constar que el 10 de los corrientes, correspondió al último de los diez (10) días de despacho que otorga el artículo 314 del mismo texto legal para el anuncio....
De la precedente transcripción se desprende que el Juzgado Superior dejó constancia en el auto del día que correspondió al último de los diez (10) días que se dan para el anuncio del recurso de casación, ese día calendario fue el 10 de diciembre de 2003.
En auto de fecha 23 de febrero de 2005,
...el lapso para formalizar en este juicio, incluyendo el término de la distancia, comenzó a correr el día 11 de diciembre de 2003, día siguiente al último de los diez (10) días de despacho que se dan para el anuncio del recurso de casación, y venció el día 10 de febrero de 2004
.
De esa manera, los cuarenta (40) días para presentar el escrito de formalización incluyendo el término de distancia vencieron el día 10 de febrero de 2004, tal como lo alegó el formalizante. Así se decide.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 7, 12, 14, 15, 82, 196, 233, 517, 519 y 520 del mismo Código, por quebrantamientos de formas procesales que menoscaban el derecho de defensa.
Alega el formalizante que las partes no presentaron los informes y ante ese hecho el juez superior debió declarar desierto dicho acto, ordenar la suspensión de la causa y fijar nuevamente el vigésimo día siguiente para que las partes presentaran sus informes, sin que esas formas procesales hubiesen sido cumplidas en menoscabo del derecho de defensa del demandante.
Sostiene el formalizante lo siguiente:
...en el caso que nos ocupa el Juzgador de la recurrida, es decir, el Juez Superior en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de
...Omissis
Del fragmento de la sentencia recurrida surge con plena evidencia que el Juzgador de
...Omissis
...cuando el legislador de la recurrida asienta en su fallo que llegado el vigésimo día siguiente al recibo de los autos por dicho Juzgado Superior en cuyo día las partes deberán presentar los informes por escrito, sucedió que las partes no concurrieron a dicho acto que expresamente lo ordena realizar el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil y como quiera que el artículo 7 del mismo Código, utilizando el verbo realizar en tiempo futuro y en forma imperativa, ordena que los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y el artículo 517 del antes mencionado Código también contiene una redacción imperativa, pues ordena ...QUE LOS INFORMES DE LAS PARTES SE PRESENTARÁN POR ESCRITO EN EL VIGÉSIMO DÍA SIGUIENTE AL RECIBO DE LOS AUTOS SI
...Omissis
...no habiendo sido presentados los informes escritos de las partes el Juzgador de
El menoscabo del derecho de defensa debe producirse por violación de formas procesales. Es decir, cuando se infringe el modo, lugar o tiempo en que deben realizarse los actos establecidos en la ley para el correcto desenvolvimiento del proceso, quebrantando la igualdad de oportunidades que tienen las partes para ejercer sus derechos en el juicio. En otras palabras, cuando se producen alteraciones que afectan la garantía del debido proceso legal.
Ahora bien, el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, establece que el recurso de casación se declarará con lugar cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa. De conformidad con la norma citada, este motivo del recurso de casación se produce cuando han sido omitidas o quebrantadas formas procesales de los actos, siempre que: 1) ello sea imputable al juez, 2) las partes no lo hayan consentido y hubiesen ejercido los recursos admisibles según la ley, salvo que esté interesado el orden público, y 3) ese incumplimiento o quebrantamiento hubiese causado la lesión del derecho de defensa.
En ese sentido, en sentencia N° 00209 de 16 de mayo de 2003, expediente 01885, caso: Henry José Parra Velásquez c/ Rubén Gilberto Ruíz Bermúdez y
Ha sido criterio reiterado en la doctrina de
En efecto, el sistema de nulidades procesales está primordialmente dirigido a subsanar errores del tribunal que menoscaben el derecho de defensa de las partes; por tanto, la parte que ha realizado un acto procesal en un lugar, en una oportunidad o de un modo diferente de lo legalmente ordenado, no puede solicitar la nulidad y la reposición para que se renueve el acto nulo, porque la irregularidad no se debe a la actuación del juez.
En tal sentido, el artículo 214 del Código de Procedimiento Civil establece que la validez del procedimiento no puede ser impugnada por quien ha dado causa a la nulidad que sólo pueda declararse a instancia de parte, ni por quien la ha consentido expresa o tácitamente, a menos que se trate de violaciones de normas de orden público. Asimismo, de conformidad con el artículo 213 eiusdem se consideran subsanadas, si la parte contra quien obre la falta no pide la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos....
Por otro lado, el proceso tiene el papel fundamental de facilitar un instrumento de paz, por ser el medio que tienen los seres humanos para solucionar sus conflictos cuando requieren de la intervención jurisdiccional, por cuanto no fue posible que las partes en conflicto pudieran poner fin a la diferencias de de sus intereses en forma voluntaria. Al respecto, dice José Rodríguez U., que:
...el proceso sea, no sólo un campo de solución de conflictos, sino igualmente un medio artificial creado por el Estado para resolver situaciones jurídicas de derecho material que afectan la integridad del grupo... El proceso nace de la heterogeneidad manifiesta de los intereses cuya conciliación o composición no se ha logrado por vía voluntaria. Así el proceso viene a ser la forma como el propio derecho se acondiciona para dar solución a las complicadas situaciones que surgen cuando la paz jurídica se rompe. Por esto se ha dicho con razón que el proceso es un instrumento de la paz jurídica.... (Rodríguez U, José. El Proceso Civil. Caracas, Editorial J. Alva, 1984, p. 19)
El proceso establece una relación procesal que vincula a las partes y al juez como sujetos procesales. Esa relación jurídica impone al juez una serie de deberes que debe cumplir así como de poderes que debe efectuar dentro de la legalidad, y también regula la intervención de las partes y el ejercicio de sus derechos, obligaciones y cargas. En este sentido, Eduardo J. Couture dice que:
...Por relación jurídica se entiende el vínculo que la norma de derecho establece entre el sujeto del derecho y el sujeto del deber. La relación jurídica procesal consiste en el conjunto de ligámenes, de vinculaciones, que la ley establece entre las partes y los órganos de la jurisdicción recíprocamente, y entre las partes entre sí. (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Ediciones Depalma, Tercera Edición, 11ª reimpresión, 1981, p. 122).
De esa manera, las partes y el juez están vinculados en la relación procesal y la ley regula la actividad de cada uno de estos sujetos dentro de aquella para alcanzar el fin: una decisión justa. Por ejemplo, el juez tiene el deber de dictar sentencia, las partes la carga de mostrar el interés que tienen de solucionar las diferencias impulsando el proceso cumpliendo sus cargas procesales. La carga procesal consiste en una situación jurídica instituida en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él (Couture, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Ediciones Depalma, Tercera Edición, 11ª reimpresión, 1981, p. 211).
En el presente caso, el formalizante alega que ante la falta de presentación de los informes por las partes, el juez superior debió declarar desierto el acto, ordenar la suspensión de la causa y fijar nuevamente el lapso para la presentación de los mismos, lo que afirma no fue cumplido, en lesión del derecho de defensa de su representado, razonamiento este que
En efecto, el acto de informes interesa a las partes para mostrar lo ocurrido durante el proceso o expresar algún alegato que sea determinante para la suerte de la controversia que hubiese sido de imposible presentación en el proceso y que deseen someter al análisis del juez.
En todo caso, del escrito de la denuncia se evidencia la confusión que tiene el formalizante entre los deberes y poderes que la ley asigna al juez, y los deberes, poderes y cargas que corresponden a las partes.
En particular, respecto del acto de informes es oportuno indicar que
...En el Capítulo I, de
La modificación se comprende mejor, relacionando la citada disposición con la del artículo 515 del proyecto, según la cual: Presentados los informes, o cumplido el auto para mejor proveer, o pasado el término señalado para su cumplimiento, el tribunal dictará su fallo dentro de los sesenta días siguientes. Este término se dejará transcurrir íntegramente a los efectos de la apelación, a menos que ésta sea interpuesta antes del vencimiento de aquél.
Con esta reforma se pasa de la fase probatoria a los informes y después de éstos a la sentencia, la cual debe pronunciarse en un lapso bastante amplio, superándose de este modo el sistema vigente, en el cual, de la fase probatoria se pasa a la relación (estudio de la causa por el juez) y luego de éstas a los informes de las partes, debiendo el juez dictar sentencia dentro de los tres días siguientes a los informes, lo que en la práctica difícilmente se cumple.
Se consideró más lógico y eficaz el sistema adoptado, porque le permite al Juez poder apreciar y estudiar suficientemente los informes de las partes, en los cuales cada interesado le presenta sus conclusiones sobre todo el mérito de la causa a la luz de los elementos probatorios recogidos en la fase anterior de instrucción, lo que en el sistema vigente no es prácticamente posible sin el diferimiento de la sentencia, por la brevedad del lapso para sentenciar después de los informes. Esto ha dado origen a la censurable práctica, de que los jueces preparan con anticipación, antes de oír los informes y conclusiones de las partes, el proyecto de sentencia, el cual se ven obligados a mantener sin modificación, después de los informes, por la brevedad del lapso para sentenciar
...Omissis
Una estructura semejante se sigue en el Capítulo II para el Procedimiento en Segunda Instancia
. (Congreso de
De la precedente transcripción se desprende que la exposición de motivos asumió que los informes es un acto que presenta el interesado para mostrar al juez las conclusiones sobre lo ocurrido en el proceso y contribuir con ello a que el juez pueda dictar una sentencia justa, cuya falta de cumplimiento no genera sanción alguna para la parte y, por ende, no constituye una carga procesal, ni tampoco como un deber, sino una facultad.
En efecto, el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil establece que los informes de las partes se presentarán en el décimo quinto día siguiente al vencimiento del lapso probatorio, o en el caso de ser pedido la constitución del Tribunal con asociados, luego de constituido el Tribunal en la forma pedida, en el procedimiento ordinario, cuando se trate de una sentencia definitiva; y el artículo 512 del mismo Código dispone que Las partes presentarán sus informes por escrito, normas estas en que el verbo es empleado en forma imperativa por regular las condiciones de tiempo y forma en que debe ser cumplido este acto procesal, lo que debe ser acatado por la parte, so pena de resultar ineficaz el acto.
Asimismo, el referido artículo 512 del Código de Procedimiento Civil prevé que La falta de presentación de los Informes, no producirá la interrupción de la causa y el Tribunal dictará su fallo en el plazo indicado en el artículo
En consonancia con ello, el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil dispone que presentados los informes, la contraparte podrá formular observaciones escritas.
Estas normas evidencian que el acto de informes sólo persigue ilustrar y mostrar al juez las conclusiones de las partes sobre lo ocurrido en el proceso, cuya falta de cumplimiento no genera sanción alguna para la parte y, por ende, no constituye una carga, ni una obligación, sino una facultad.
El juez como conductor del proceso sólo tiene el deber de permitir a las partes presentar los escritos, y si éstos optan por cumplir o no con ello, en definitiva es su elección, sin que su incumplimiento genere sanción alguna para las partes.
Ahora bien, la sentencia recurrida expresó lo siguiente:
...Llegado como fue el término para la presentación de escrito de Informes (sic) las partes no presentaron los mismos, por lo cual la causa pasó para sentencia. Ahora bien, correspondiendo hoy el vigésimo sexto día de los 60 del lapso previsto en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil, dictar su máxima decisión procesal, previas las siguientes consideraciones....
De la anterior transcripción se evidencia que el juez de alzada no infringió las formas procesales que regulan el acto de informes. Por el contrario, se ajustó a las mismas.
En efecto, el juez superior dejó sentado que las partes no presentaron los informes, lo cual evidencia a todas luces que el incumplimiento de esa forma procesal no es imputable al juez, pues en definitiva no fue practicado por voluntad propia de la parte, sin que la ley imponga al juez fijar nueva oportunidad, sino por el contrario establece el deber de sentenciar, lo que fue debidamente cumplido, en acatamiento de lo previsto en el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil.
Es oportuno advertir que la nulidad y reposición sólo podría ser decretada si la parte no hubiese podido presentar el escrito de informes por alguna causa imputable al juez, más no cuando ha tenido lugar la oportunidad para su celebración y la parte elige no ejercer ese derecho.
Por todas esas razones,
II
De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 7, 12, 15, 27, 208, 211, 212, 395 (encabezamiento), 400, 401 ordinal 1°, 451, 454, 459, 460, 467, 469 y 470 del mismo Código, por quebrantamiento de formas procesales que menoscaban el derecho de defensa.
El formalizante alega que el juez de alzada menoscabó el derecho de defensa de su representado por no cumplir a cabalidad las reglas procesales que regulan la prueba de experticia, razón por la cual afirma que esta prueba se produjo irregularmente en el proceso.
El recurrente alega:
...Las razones y fundamentos en que me apoyo para denunciar el vicio de REPOSICIÓN NO DECRETADA son los siguientes:
Esta Sala de Casación en su jurisprudencia ha consagrado que cuando se alega
A) Explicación de cuál ha sido la forma quebrantada y omitida y si lo ha sido por el juez de la causa o el de la alzada.
En la sentencia recurrida consta que en
Agrega la sentencia recurrida de
Tampoco el juez de la causa le dio cumplimiento al artículo 467 del C.P.C., (sic) puesto que nombrado de oficio el experto, además de notificarlo, juramentarlo, fijarle el término para practicar la experticia de 30 días como máximo, debió también el juez de la causa, obligar al experto a rendir su informe en la forma indicada por el Código Civil, debiéndolo agregar inmediatamente a los autos y, finalmente el juez de la causa incumplió con lo dispuesto en el artículo 469 del ya mencionado Código de Procedimiento Civil, ya que no le impuso la multa al experto que designó por no haber cumplido su encargo sin causa legítima como lo dispone el citado artículo 469 concatenado con lo dispuesto en la parte IN FINE (sic) del artículo 27 EJUSDEM (sic)
...Omissis
El Juzgador de
...Omissis
También la recurrida infringió el artículo 208, puesto que como ya lo dejamos explicado el quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales de la experticia de avalúo promovida por mi mandante por ante el Juzgador de
Para decidir,
La sentencia recurrida expresó lo siguiente:
...En el lapso probatorio la parte demandante promovió las siguientes pruebas:..
...Omissis
Prueba de experticia, la cual fue promovida a fin de dejar constancia de ... los daños que presenta... el vehículo ...marca Ford, clase camión tipo cisterna, año 1972, color gris, uso carga, serial de carrocería AJF60M42206, serial de motor 8 cilindros, placas Nos 276-EXI....
Dicha experticia fue admitida mediante auto de fecha 19 de octubre de 2000, en el cual el a-quo fijó día y hora para el acto de nombramiento de expertos para la práctica de la misma y, llegado como fue el día y la hora, fijado al juzgado del conocimiento de la causa declaró desierto el acto ya que ninguna de las partes del proceso se hizo presente en el acto. Por lo que el Tribunal el 30 de octubre de ese mismo año, designó perito avaluador y libró la respectiva boleta de notificación.
Ahora bien, la sentencia definitiva fue dictada por el juzgado del conocimiento de la causa la fecha 8 de agosto 2002, de lo que se demuestra la falta de interés de parte del promovente de dicha prueba para que se llevara a efecto la misma, pues primero no asistió al acto fijado por el a-quo, y luego de que el tribunal nombró de oficio a un perito avaluador, ordenando su notificación, por consiguiente, este tribunal observa que el promovente de esta prueba desistió de forma tácita de la misma por su falta de interés, ya que la sentencia fue dictada año y medio después de haberse promovido y evacuada la misma. Así se decide
.
Ahora bien, de la revisión de las actas del expediente, esta Sala constata lo siguiente:
En fecha 10 de octubre de 2000 la parte demandante promovió la prueba de experticia.
En fecha 19 de octubre de 2000 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
En fecha 25 de octubre de 2000, el mencionado Juzgado por auto señaló lo siguiente:
En el día de hoy, veinticinco de octubre del año dos mil, a las once de la mañana, día y hora señalados para llevar a efecto el acto de nombramiento de expertos, se hizo el anuncio de Ley a las puertas del despacho y no estando presente ninguna de las partes, se declara DESIERTO EL ACTO. Terminó, se leyó y conformes firman....
En fecha 30 de octubre de 2000 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El tribunal a los efectos de la experticia solicitada y de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de
El mismo día 30 de octubre de 2000 el mencionado Juzgado libró boleta de notificación.
De la anterior narración de las actas del expediente se desprende que la parte demandante promovió la prueba de experticia y que el día y hora fijado por el tribunal para efectuar el nombramiento de los expertos, ninguna de las partes asistió al acto, razón por la cual el tribunal declaró desierto el acto. Asimismo, se evidencia que el tribunal de primera instancia designó de oficio un perito avaluador y libró boleta para su notificación para que Octavio Villalobos acudiera al tribunal para aceptar o excusarse del cargo y de aceptar prestara juramento de ley. Sin embargo, no consta de las actas que hubiese ocurrido efectivamente la notificación del perito como tampoco que Octavio Villalobos acudiera al tribunal para manifestar si aceptaba o se excusaba de la misión encomendada por el tribunal.
Siendo que no ocurrió la notificación ni la aceptación ni excusa del cargo por parte del perito designado por el tribunal, como tampoco el interés de la demandante porque ello ocurriera, mal pudo el juez de alzada lesionar su derecho de defensa.
En efecto, la parte demandante promovió la prueba de experticia, la cual fue admitida por el tribunal fijando día y hora para el nombramiento de los peritos. Sin embargo, el día fijado no compareció por lo que se declaró desierto el acto. Luego fue nombrado de oficio un perito avaluador pero no se efectuó su notificación, ni éste acudió al tribunal para manifestar si aceptaba o se excusaba del cargo, sin que en modo alguno el promovente hubiese mostrado interés o instado al tribunal para lograr la evacuación de esa prueba dentro del lapso. Por esta razón, el juez de alzada no lesionó el derecho de defensa de la parte demandante. Por el contrario, la parte tuvo oportunidad para llevar a cabo la evacuación de su prueba y no lo hizo, por la voluntad propia y desinterés en ello.
Por esa razón,
III
De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 4°, 244 y 509 del mismo Código.
El formalizante expresa su denuncia de la siguiente manera:
... el juez de la recurrida inventó una figura jurídica que no existe en nuestro Código Procesal Civil y a la cual denominó DESISTIMIENTO TÁCITO de prueba de experticia, cuando es bien sabido que el desistimiento de una acción judicial, de un procedimiento, de un recurso o de una prueba SIEMPRE TIENE QUE SER EXPRESO, ya que en nuestro Derecho ni en ninguno de nuestros Códigos legales existe el mal llamado DESISTIMIENTO TÁCITO, siendo este último una INVENSIÓN ASOMBROSA, INAUDITA E INSÓLITA del juez de la recurrida demostrando una supina e inexcusable ignorancia que dicho juez dictó, como una providencia manifiesta contraria a la ley expresa, lo que es además una CONDUCTA INEXCUSABLE en un juez Superior Civil, Mercantil y del Tránsito, con lo cual el juzgador de la recurrida violó los artículos 830 ordinal 3°, 831 y 832 todos del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, no existen en la recurrida los fundamentos de hecho que soporten esa decisión. No se entiende cómo el Juzgador de
La sentencia recurrida expresó lo siguiente:
...En el lapso probatorio la parte demandante promovió las siguientes pruebas:
...Omissis
Prueba de experticia, la cual fue promovida a fin de dejar constancia de ... los daños que presenta... el vehículo ...marca Ford, clase camión tipo cisterna, año 1972, color gris, uso carga, serial de carrocería AJF60M42206, serial de motor 8 cilindros, placas Nos 276-EXI...
Dicha experticia fue admitida mediante auto de fecha 19 de octubre de 2000, en el cual el a-quo fijó día y hora para el acto de nombramiento de expertos para la practica de la misma y, llegado como fue el día y la hora, fijado al juzgado del conocimiento de la causa declaró desierto el acto ya que ninguna de las partes del proceso se hizo presente en el acto. Por lo que el tribunal el 30 de octubre de ese mismo año, designó perito avaluador y libró la respectiva boleta de notificación.
Ahora bien, la sentencia definitiva fue dictada por el juzgado del conocimiento de la causa la fecha 08 de agosto 2002, de lo que se demuestra la falta de interés de parte del promovente de dicha prueba para que se llevara a efecto la misma, pues primero no asistió al acto fijado por el a-quo, y luego de que el tribunal nombró de oficio a un perito avaluador, ordenando su notificación, por consiguiente, este tribunal observa que el promovente de esta prueba desistió de forma tácita de la misma por su falta de interés, ya que la sentencia fue dictada año y medio después de haberse promovido y evacuada la misma. Así se decide.
De la precedente transcripción parcial de la sentencia se desprende que el juez expresó las razones por las cuales consideró que la parte demandante desistió de forma tácita de la prueba de experticia.
En efecto, el juez superior expresó que la parte demandante no asistió al acto fijado por el juez para el nombramiento de los expertos como tampoco coadyuvó en conformidad con su carga procesal a que se efectuara la notificación del perito nombrado de oficio por el tribunal. Dicho de otro modo, el juez superior consideró que la parte demandante desistió de forma tácita de la prueba de experticia al demostrar su falta de interés para que la misma se efectuara.
En consecuencia, como se indicó, el juez de alzada sí expresó su criterio para considerar el desistimiento tácito de la parte demandante.
Por esas razones,
IV
De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4°, 244, 485, 488, 508 y 509 del mismo Código por silencio de pruebas.
El formalizante expresa su denuncia de la siguiente manera:
...En el caso que nos ocupa el juez de la recurrida incurrió en el vicio que estoy denunciando cuando en el fallo recurrido examina las pruebas de los testigos en la página 11 folio 210 del expediente en el ACÁPITE que denomina: TESTIGOS PROMOVIDOS POR
El Juez de
...Omissis
El vicio de silencio de pruebas, que yo le imputo y achaco a la sentencia recurrida está materializado en el contenido del fallo dictado por el juzgador de la recurrida y que cursó en los autos de este expediente a los folios 210, 211, 212, 213 y 214 de las actas procesales.
En efecto el juzgador de la recurrida al referirse a los testigos promovidos por la parte actora expresa lo siguiente:
TESTIGOS PROMOVIDOS POR
...Omissis
De la transcripción de los testimonios que rindieron en esta causa los testigos promovidos por mi mandante EDIXIO JOSÉ NAVA LUZARDO, se comprueba plenamente que el Juzgador de
...Omissis
El juzgador de la recurrida sin examinar la declaración del testigo, sin compararla con las declaraciones que rindieron los demás testigos del hecho, a saber: TEÓDULO PAZ LUZARDO, JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO, FRANCISCO RAFAEL ARIAS, sin establecer la concordancia de esas declaraciones, cotejarlas con la inspección judicial practicada por el juzgado del municipio... Tampoco se cotejó la declaración de este testigo con la prueba de informes que se le solicitó al centro médico de Cabimas...
...Omissis
El juzgador de la recurrida cometió los vicios, errores y fallas que dejó explicadas cuando se concretó a transcribir la declaración del testigo TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO, quien en forma clara, concisa y concreta al responder a una de las preguntas del interrogatorio, sin titubeos ni devaneos manifestó...
Este testigo hábil y conteste... no fue repreguntado
En cuanto al testigo JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO URDANETA, aparte de haberle truncado y mutilado su declaración, tampoco concordó esta declaración con el testimonio de MAURICIO ANTONIO CHIRINOS y TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO
...Omissis
Tal forma de sentencia deja inmotivada la sentencia porque no se sabe quiénes fueron los testigos, si las declaraciones de ellos concuerdan entre sí y con las demás pruebas existentes en autos; porque no se estimó cuidadosamente los motivos por los cuales los testigos declararon y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y tampoco se conoce las contradicciones en que hubiesen incurrido los testigos; por lo cual la recurrida infringió el artículo 508 del C.P.C. (sic)
Al incurrir el Juzgador de
Las facultades de
El ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé las diversas modalidades en que puede verificarse los defectos de actividad o errores in procedendo que determinan la nulidad del fallo recurrido, el cual comprende los quebrantamientos de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho a la defensa, el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 243 del mencionado Código y los supuestos contemplados en el artículo 244 eiusdem.
En cambio, el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.
En los casos de denuncias por infracción de ley,
El efecto que produce la declaratoria con lugar del recurso de casación por infracción de ley es la nulidad o casación de la sentencia recurrida y el reenvío, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que autorizan prescindir de este último.
En ese sentido, esta Sala en sentencia N° 374 de fecha 31 de julio de 2003, expediente N° 2002-000205, caso Sudamtex de Venezuela, S.A. c/ Retazos Pilis, S.R.L. y otros, señaló lo siguiente:
...En numerosas decisiones
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada....
En el caso concreto, de la transcripción de las denuncias se observa una indebida mezcla de delaciones de forma y fondo.
En efecto, el formalizante fundamenta su denuncia en los artículos 12, 313 ordinal 1°, 243 ordinal 4°, 244, 485, 488, 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, sobre la base que el juez de la recurrida atribuyó a las declaraciones de los testigos menciones que no contiene. El formalizante mezcla los vicios, pues este motivo lo califica de inmotivación, silencio de prueba y como suposición falsa.
Lo alegado por el formalizante en la denuncia se refiere a la apreciación del juez respecto a las declaraciones de los testigos. Dicho de otra manera, los argumentos que sustenta la denuncia se corresponden con las modalidades de infracción de ley reguladas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, en sentencia de fecha 19 de mayo de 2005, en sentencia N° 00259, caso: Jesús Enrique Gutiérrez Flores c/ Carmen Noelia Contreras, esta Sala estableció lo siguiente:
...
Este criterio, ha sido expresado por
...El tercer caso de suposición falsa ocurre cuando el juez da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente. Se trata de un error de percepción a través del cual el sentenciador afirma un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos del expediente.
En el presente caso, plantean los formalizantes que la suposición falsa se configuró cuando el juez le dio carácter de documento público a las actuaciones administrativas de tránsito terrestre y consideró que dichas actuaciones tienen mayor valor probatorio que la deposición de los testigos; además, al asegurar que lo declarado por estos no se corresponde con lo señalado en las actuaciones administrativas.
Ahora bien, la sentencia recurrida estableció lo siguiente:
...Admitidas las pruebas, solo se evacuaron las testimoniales de los ciudadanos Adrián Ramón García Silva (F. 71 al 73 inclusive) y Héctor Vicente Álvarez Blanco (f 73 al 74 vto), ambas testimoniales fueron debidamente analizadas por el juzgador y de ella se desprende que los testigos fueron contradictorios en sus deposiciones por cuanto bien no se puede determinar con exactitud la velocidad con la que circulaban los vehículos, tampoco podemos admitir que la veracidad de los hechos sea transformada de la versión original rendida por el conductor Víctor Ramón Torrealba en fecha 18 de enero de 1999, cuando al dar la versión de la forma en que ocurrió el accidente dijo: que en vez de frenar pisó fue el acelerador.
En consecuencia decir que el testigo García Silva que la camioneta pickup (sic) venía a velocidad moderada contradice lo aseverado por el propio conductor. En otro orden el ciudadano Héctor Vicente Álvarez Blanco, contestó siempre de manera lacónica repitiendo lo aseverado por el promovente en la pregunta al colmo de responder a la repregunta primera que aún sin que la pregunta tenga que ver con el caso, condicionando su dicho lo que no le puede ser permitido al testigo, y allí debió la instancia llamarle la atención. El testigo al rendir su declaración no tiene porque interpretar o sacar elementos de convicción, sólo tiene como obligación plasmar la veracidad de lo acontecido, que ha sido captada a través de su sentido sin presumir, sin justificar porque esto último no es labor que tiene encomendada. Por ello de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, no son valorados....
Como se observa de la trascripción anterior, el juez estableció con relación a los testigos, que sus dichos fueron contradictorios al ser diferentes a la versión original rendida por el conductor Víctor Ramón Torrealba en fecha 18 de enero de 1999 ante los funcionarios de tránsito terrestre, sustentado en que éste confesó que ...en vez de frenar pisó el acelerador... en el momento del accidente de tránsito, con lo cual el juez superior consideró probada su responsabilidad en la colisión de los vehículos.
Asimismo, la alzada consideró que lo manifestado por el testigo Adrián García Silva acerca de que la camioneta pickup (sic) venía a una velocidad moderada, contradecía lo afirmado por el propio conductor respecto de que ...en vez de frenar pisó el acelerador...; y en cuanto al testigo Héctor Álvarez Blanco, el juez indicó que éste contestó siempre de manera lacónica repitiendo lo aseverado por el promovente en la pregunta, condicionando de esta manera su dicho.
Conforme al criterio jurisprudencial de
Lo expuesto por la alzada pone de manifiesto que el juez superior emitió su opinión sobre la declaración de los referidos testigos, y los descartó por considerar que fueron contradictorios y no le merecen fe ni confianza, lo cual es permisible de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, norma que establece lo siguiente:
Para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias. Desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.
Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup (sic) venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que ...en vez de frenar pisó el acelerador..., mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.
En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de
En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:
...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.
2. El juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en casación, cuando el juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
3. En el proceso mental que siga el juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias.... (Subrayado por
De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho
...Omissis
Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre.... (Negritas de
No obstante,
Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.
Asimismo, resta precisar que en el supuesto de que sea alegada la suposición falsa cometida por el juez en el examen de una prueba testimonial, que es precisamente uno de los errores que esta Sala puede censurar de acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, el formalizante debe expresar un fundamento adecuado que permita la comprensión de la pretendida infracción, cuyos lineamientos han sido guiados por esta Sala en infinidad de sentencias.
Sobre ese particular es oportuno advertir que si bien la referida sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, hoy objeto de ampliación, además de precisar la naturaleza del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, como regla de valoración de prueba, y de precisar que la suposición falsa es uno de los casos que autorizan el control de
En efecto, en sentencia de fecha 11 de marzo de 2004, caso María Elena Ramírez de Varela y otros c/ Flor de María Ramírez y otros dejó sentado:
...
En este caso, la denuncia no puede estar sustentada en el alegato de infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ni de cualquier otra norma de valoración de pruebas, sino en las normas jurídicas en que fueron subsumidos los hechos que resultan falsos o inexactos por no tener soporte probatorio, las cuales resultan infringidas por falsa aplicación, y por contrapartida, en los preceptos jurídicos que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación de las razones que demuestren que dichas infracciones son determinantes en el dispositivo del fallo, lo que resulta acorde con la doctrina sentada por esta Sala respecto de la adecuada fundamentación que permita la comprensión y análisis de la denuncia de suposición falsa.
Con base en las consideraciones expuestas,
Por consiguiente, en lo sucesivo el formalizante deberá precisar cuál fue la norma en que fue subsumido el hecho cuya falsedad alega, que considera fue falsamente aplicada en el caso concreto, y cuál es aquella que en su opinión el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación y razonamiento de la influencia de esas infracciones en el dispositivo del fallo.
Cabe advertir que las consideraciones señaladas para la prueba testimonial, rigen igual para la inspección judicial, pues no basta que se alegue la infracción del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por ser la regla de valoración de este tipo de prueba, sino que es necesario alegar la infracción de las normas falsamente aplicadas por consecuencia del hecho falso, y de las que debió aplicar el juez y no aplicó para resolver la controversia, con la indicación de las razones que demuestren la influencia de dichas infracciones en el dispositivo del fallo....
Por tanto, si el recurrente pretendía que
La delación presentada por el recurrente pone de manifiesto su confusión entre los diversos motivos del recurso de casación, porque sus argumentos se corresponden con una denuncia por infracción de ley y no por defecto de forma, como tampoco por silencio de pruebas.
Esta inadecuada fundamentación impide a
Por esas razones,
V
De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4° y 244 del mismo Código, por cuanto el juez de alzada no expresó los motivos de derecho de su decisión.
El formalizante señala que:
...Una simple lectura de la recurrida deja en evidencia que declaró sin lugar la demanda sin expresar ninguna NORMA JURÍDICA en que pudiera haberse basado el juzgador de
...Omissis
La recurrida en todo su texto no indica en base a qué norma jurídica declaró sin lugar la demanda, es decir, no señala en qué norma se fundamentó para considerar que el conductor del camión marca MACK, modelo 1974, clase camión tipo chuto, color negro, matriculado con placas número 422-X6Z, conducido por NELSON RAMÓN BOHÓRQUEZ FERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad ... que arrastraba una batea y que violó
Para decidir,
El formalizante aduce que la sentencia recurrida está inmotivada, porque el juez superior no señaló norma jurídica alguna que fundamente su decisión.
Ahora bien, respecto de la motivación de derecho
De esa manera, lo que caracteriza la motivación de la sentencia es que el juez muestre las razones que fundamentan el enlace lógico entre los hechos establecidos y las normas jurídicas seleccionadas para resolver la controversia y que justifica la decisión.
Hechas esta consideración,
...el Tribunal pasa a resolver sobre lo medular del caso y para ello observa:
PRUEBAS DE
El demandante junto con el libelo de la demanda consignó:
...Omissis...
De dicha inspección se observa...
Por consiguiente, este Tribunal desestima la referida inspección por cuanto no concuerdan las características de los vehículos. Así se decide.
En el lapso probatorio la parte demandante promovió las siguientes pruebas:
Las Testimoniales...
Prueba de experticia...
...Omissis
De la prueba de informes... solicitando información a
...Omissis
De la prueba de informes... solicitando información al Centro Médico de Cabimas...
...Omissis
...actuación administrativa expedida por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre...
...Omissis
TESTIGOS PROMOVIDOS POR
El Testigo MAURICIO ANTONIO CHIRINOS ...
En relación a la testimonial rendida por este testigo el Tribunal observa...
El testigo TEODULO SEGUNDO PAZ LUZARDO (sic) declaró:...
En relación a la testimonial rendida por este testigo...
El testigo JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO...
En relación a la testimonial rendida...
El testigo FRANCISCO RAFAEL ARIAS...
En relación a la testimonial rendida...
No rindió declaración el testigo Rafael Enrique Durán.
PRUEBAS PROMOVIDAS POR LOS DEMANDADOS
En la contestación de la demanda los demandados consignaron...
Omissis
En el lapso probatorio los demandados promovieron pruebas de informes... solicitando información a
Omissis
...los demandados promovieron prueba de informes... solicitando información a
Omissis
TESTIGOS DE
El testigo ÁNGEL ISIDRO PARRA VALENCIA...
La declaración de este testigo aprecia este Tribunal...
El testigo CESAR JAVIER MUÑOZ...
La declaración de este testigo este Tribunal aprecia...
El testigo EURO ENRIQUE CHIRINOS MOLERO declaró...
La declaración de este testigo este Tribunal aprecia...
El tribunal para resolver observa:
El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Omissis
De la norma transcrita y vistos las pruebas aportadas las cuales fueron valoradas, este tribunal observa que la parte que presentó la demanda de daños y perjuicios en ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 3 de abril de 2000, entre los vehículos con placas Nos. 422-XGZ con su respectivo remolque y el identificado con placa No. 276-XEI, le correspondía probar sus alegaciones expuestas en el libelo de la demanda y, no existiendo en actas prueba alguna para demostrar la veracidad de los hechos alegados sobre daños y perjuicios ocasionados por el mencionado accidente, fundamentó la demanda, debe tenerse como no comprobadas las circunstancias que la ley estipula para el nacimiento de la obligación, cuyo cumplimiento reclama a los demandados, ciudadanos OSWALDO JOSÉ PORQUÉS CANO y JOSÉ PORQUÉS FERNÁNDEZ, pues el actor incumplió con lo señalado en el expresado artículo 506 de
Por ello, este tribunal deberá declarar en el dispositivo de la presente decisión Con Lugar, la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
De la anterior transcripción se desprende que el juez superior expresó las razones de derecho por las cuales declaró sin lugar la demanda por daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito.
En efecto, el sentenciador se apoyó en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, analizó las pruebas traídas al presente juicio por la parte demandante y demandada, para concluir que a la parte actora le correspondía probar las alegaciones expuestas en la demanda, cuestión que según el juez superior no hizo y, por tanto, consideró que la parte demandante no comprobó las circunstancias cuyo cumplimiento reclama a los demandados.
De esa forma, contrario a lo alegado por el formalizante, el juez de alzada sí realizó el enlace lógico entre la situación de hecho planteada y la previsión abstracta establecida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12, 243 ordinal 4º y 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
De conformidad con el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 del mismo Código, 1.363 del Código Civil, 334 y 335 de
El formalizante alega que el juez superior infringió el artículo 1.363 del Código Civil, por falta de aplicación, por cuanto no valoró como instrumento público al documento público administrativo expedido por el Servicio Autónomo de Tránsito Terrestre.
El formalizante alega:
...El juzgador de la recurrida en su fallo... expresó lo siguiente:
Omissis
El juzgador de la recurrida al analizar el documento público administrativo mencionado incurrió en un PALMARIO DESACATO y cometió una REBELIÓN JURÍDICA contra
De allí que, el artículo 334 de nuestra CARTA MAGNA ordene que:...
Omissis
Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accionante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solicitud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esto una carga cuya omisión produce la producción de la oportunidad, no sólo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de incoar la acción y que no promoviere y presentarse con su escrito o interpretación oral; prefiriéndose entre los instrumentos o producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tendrá los valores establecidos en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil para los documentos públicos Y EN EL ARTÍCULO 1.363 DEL MISMO CÓDIGO PARA LOS DOCUMENTOS PRIVADOS AUTÉNTICOS Y OTROS QUE MEREZCAN AUTENTICIDAD, ENTRE ELLOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS...
Omissis
...por lo que se refiere a esta denuncia por errores de juzgamiento en que incurrió el sentenciador de
El formalizante presenta confusión entre las normas que regulan el establecimiento de la prueba, con aquellas que se refieren a su valoración. Las primeras son aquellas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para incorporar la prueba en el proceso, y las segundas son aquellas que determinan su eficacia probatoria: valor de indicio, plena prueba, sana crítica, etc
Ahora bien, respecto de los documentos que forman parte del expediente administrativo formado con motivo del accidente de tránsito, el juez de alzada dejó sentado:
...Corre inserto del folio ciento veintiocho (128) al ciento cuarenta (140) de las actas que conforman el presente expediente actuación administrativa expedida por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre Dirección de Vigilancia U.E.V.T.T. No. 71 del estado Zulia, con motivo del accidente de tránsito indicado alegado en el libelo de la demanda, el cual fue consignado por la apoderada de la parte actora mediante diligencia de fecha 25 de febrero de 2002; y, del cual se constata los hechos acaecido el día 3 de abril de 2000, debido al accidente de tránsito ocurrido entre los vehículos indicados en el libelo de la demanda, así como el avalúo realizado al vehículo con placas Nos. 276-XEI, propiedad del demandante.
Dicho informe fue presentado fuera del lapso legal previsto en el artículo 80 de
Ahora bien, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Omissis
En el presente caso el expediente de actuación administrativa expedido por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre Dirección de Vigilancia U.E.V.T.T. No. 71 del estado Zulia, se trata de un documento administrativo, así lo dejó asentado el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil...
Omissis
En tal sentido,
Omissis
Pues bien, la actora tenía su oportunidad para presentar dicho documento administrativo en el lapso legal para poder ser desvirtuada con prueba en contrario. Por consiguiente, este tribunal considera que el referido documento no hace prueba a favor de la parte actora. Así se decide
.
De la precedente transcripción se desprende que la recurrida respecto de las actuaciones expedidas por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre, dejó sentado que se trata de un documento administrativo que debe ser presentado en la primera instancia durante el transcurso del lapso probatorio, y por cuanto en el caso concreto, esa prueba fue producida en la alzada, debe ser considerada irregular.
Es evidente, pues, que el juez de alzada se pronunció sobre la oportunidad en que la prueba fue producida en el juicio, lo que es distinto a la determinación de su eficacia probatoria. Además, es oportuno indicar que el criterio aplicado por el juez de alzada, es el sostenido por esta Sala de Casación, en el que se establece claramente los dos aspectos relacionados con la promoción de la prueba y su definitiva valoración.
En efecto, en sentencia de fecha 8 de marzo de 2005, caso: Meltex Tejidos, C.A. c/ Inversiones Patricelli, C.A.,
El formalizante alega que el juez de alzada le dio el valor de documento público a N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, emanada de Inquilinato, que fue promovida por la demandante, con lo cual quebrantó lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, por falsa aplicación, por cuanto la referida resolución administrativa tiene el carácter de documento administrativo, no asimilable al público, pues no participa del carácter negocial que reviste este último. Asimismo, el recurrente expresa que el juez de la recurrida infringió el artículo 520 Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, ambos por falta de aplicación, pues no ha debido apreciar un documento administrativo consignado junto con los informes presentados en la alzada, por haber sido incorporado de forma irregular al proceso, cuya oportunidad de producción en el juicio, precluyó con el lapso de promoción de pruebas. Por último, señala que el juez ad quem incurrió en el tercer caso de suposición falsa, por cuanto estableció el hecho falso de que dicha resolución se encontraba notificada, siendo en consecuencia eficaz. En efecto, el formalizante señaló expresamente lo siguiente: ...Al no aplicar en el dispositivo de su fallo el contenido y alcance del artículo 509 de Código de Procedimiento Civil...al no tratarse el documento acompañado por la demandante de un instrumento público y al ser valorado como tal por la recurrida, ésta llegó a suponer falsamente que 0315 de fecha 30 de enero de 1989 se encontraba notificada, siendo en consecuencia eficaz... Por el contrario obvió la ausencia total y absoluta en el expediente bajo estudio de cualquier tipo de prueba que demostrare que la precitada Resolución estuviera debidamente notificada así como el contenido del Oficio No. 00217, de fecha 29 de enero de 2001, remitido al tribunal A quo en el cual de Inquilinato establece que la resolución contenida en el expediente administrativo respectivo, y que constituye un documento fundamental para el ejercicio de la actual acción de reintegro de alquileres, no se encontraba NOTIFICADA , folio 180. El Juzgador ad quem violando lo preceptuado en los artículos supra mencionados, estableció por Infracción de Ley, que la mencionada Resolución, quedó definitivamente firme el 28 de mayo de 2000, por considerar con carácter de documento público N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, mal admitida en segunda instancia, que sin lugar a dudas constituye un hecho nuevo traído a los autos, es decir, dió por demostrado falsamente ese hecho y concluyó en forma errada, que era procedente declarar con lugar el reintegro de alquileres, siendo dicha infracción aquí denunciada determinante de la dispositiva de la sentencia dictada por la recurrida y que ordena el reintegro de los alquileres solicitados por la parte demandante.... (Negrita del formalizante). Para decidir, observa: Respecto de la prueba cuya irregularidad es alegada por el formalizante, la sentencia recurrida dejó sentado: ...Ahora bien, se desprende de autos que la parte actora promovió ante esta Alzada, con fundamento en el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, copia certificada de N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, emanada de de Inquilinato, lo que constituye un documento público administrativo, suscrito por un funcionario administrativo que ha sido debidamente autorizado para dar fe de lo que allí emana, y por cuanto el mismo no fue objeto de ningún medio de impugnación, además fue aportado a los autos por ambas partes litigantes, este Tribunal le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 1.363 del Código Civil, al asemejarse su valor probatorio al de los documentos auténticos, por cuanto la verdad de su declaración contenida en dicho documento, hace fe hasta prueba en contrario, razón por la cual los mismos pueden producirse hasta los últimos informes... (Omissis) Asimismo, observa esta Alzada, que cursa en autos copia certificada de N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, emanada de Inquilinato, a la cual se le confiere pleno valor probatorio como ya quedó precedentemente analizado, que expresa lo que a continuación se transcribe: ... Así, al realizar el análisis del precitado acto, se evidencia en forma clara y precisa que el órgano administrativo, establece que la resolución in comento ha quedado definitivamente firme a partir del día 28 de mayo de 2000, es decir, una vez transcurridos los treinta (30) días que para impugnar dicha resolución, se tenían a partir del día 28 de abril de 2000, fecha en que se debía entender por notificadas las partes con respecto a la solicitud de regulación de alquiler hecha por el ciudadano DIEGO PATRICELLI, de fecha 17 de octubre de 1988, sobre el inmueble denominado Edificio CANACA, No. de catastro 422.01.05, situado en: Calle Milán, Urbanización Los Ruíces Sur, Municipio Sucre, estado Miranda. Por lo tanto, se cumple el primer requisito exigido por la norma a los fines del reintegro de sobre alquileres tal como se señaló anteriormente; aunado a que de esta manera se desestima el criterio esbozado por el juzgado a quo; al fundamentar la declaratoria de improcedencia de la demandada, en razón de que el acto administrativo fundamental para la interposición de esta acción no había sido notificado y quedado definitivamente firme, ya que tal como se evidencia de lo anteriormente explanado el acto en cuestión ha quedado definitivamente firme y en consecuencia configura el primero de los requisitos de procedencia de la pretensión incoada, y así se decide.... De la precedente transcripción observa que la resolución N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, que fue promovida ante la alzada de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, fue considerada por el juez de la recurrida como un documento público, razón por la cual otorgó la eficacia probatoria prevista en el artículo 1.363 del Código Civil, y estableció que el documento administrativo se asemeja en sus efectos probatorios a los documentos auténticos por cuanto la verdad de la declaración contenida en dicho documento, hace fe hasta prueba en contrario, razón por la cual los mismos pueden producirse hasta los últimos informes. Con soporte en esa prueba, el juez ad quem dejó sentado que la resolución administrativa N° 001732 de fecha 2 de marzo de 2001, quedó definitivamente firme, porque a partir del día 28 de mayo de 2000, es decir, una vez transcurridos los treinta (30) días que para impugnar dicha resolución, se tenían a partir del día 28 de abril de 2000, fecha en que se debía entender por notificadas las partes con respecto a la solicitud de regulación de alquiler hecha por el ciudadano DIEGO PATRICELLI,
Al efecto, esta Sala considera que no se encuentra ajustado a derecho el pronunciamiento hecho por el juez de alzada respecto al documento administrativo promovido en la alzada, pues estima que esa prueba fue incorporada de forma irregular al proceso, con fundamento en las siguientes razones: El procesalista Arístides Rengel Romberg ha sostenido que la función del documento administrativo ...no es otra que la de documentar los actos de la administración que versan sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe o sobre manifestaciones de certeza jurídica.... (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 152). Asimismo,
Es evidente, pues, que la asimilación del documento administrativo a un documento público es sólo respecto de los efectos probatorios, más no en relación con su promoción en el juicio, como pretende el formalizante.
Esta Sala, estima que no es posible permitir la producción de documentos Administrativos en alzada, pues si bien este tipo de documentos goza de una presunción de veracidad y legalidad, por la circunstancia de haber sido dictados por funcionarios públicos facultados por la ley para cumplir esa actividad, lo cierto es que esa presunción es desvirtuable mediante prueba en contrario, y en la alzada los medios de prueba se reducen a: documento público, juramento decisorio y posiciones juradas, y ello implica una limitación importante del derecho del no promovente de controlar, contradecir e impugnar esa prueba. Es por esa razón, que si bien
aquellos que son propios del documento público, considera que esa asimilación sólo comprende la determinación de su mérito probatorio, no así respecto de las condiciones, de modo, tiempo y lugar para que esa prueba sea incorporada o producida en el juicio.
Es oportuno advertir que el propio legislador ha reconocido la posibilidad de asimilar documentos de diferente naturaleza en cuanto a sus efectos probatorios, sin que ello implique una asimilación total ni desnaturalice la forma en que el documento se produce en el juicio, o es controlado o impugnado por las otras partes. En efecto, el artículo 1.361 del Código Civil dispone que Igual fuerza probatoria que la determinada en el artículo anterior producen el instrumento público y el instrumento privado, entre las partes, aún de las cosas que no han sido expresadas sino de una manera enunciativa, con tal que la enunciación tenga una relación directa con el acto.
No obstante, esa asimilación hecha por el legislador en cuanto a los efectos probatorios entre el instrumento público y el instrumento privado, en modo alguno implica que este último pueda ser producido en alzada, pues ese es un aspecto tratado por el legislador en otras normas que regulan precisamente su promoción y evacuación en el proceso.
Igual sucede con los documentos administrativos esa asimilación es en cuanto a sus efectos probatorios, más no respecto de su correcta promoción y evacuación.
Sobre este particular, es oportuno hacer referencia al criterio expresado por el procesalista y Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, quien ha indicado:
El contenido del documento público negocial, se ataca mediante la simulación (Art. 1.360 CC) (131), y ésta por necesitar de un alegato que sólo se produce mediante una acción o una excepción, no puede ser afirmada ni discutida como una incidencia en el proceso. La prueba documental negocial pública, se coloca así en una situación privilegiada.
El contenido de los documentos privados auténticos, admite prueba en contrario (Art. 1.363 CC) así se registren ante el Registro Público, por lo que su ataca (sic) no requiere del alegato particular de la simulación. Lo que ellos prueban cuando abonan el tema de la litis, se reafirmará o contrariará con las pruebas del fondo del juicio; pero si un documento privado auténtico se aportase como prueba de hechos distintos a los del fondo, y su contenido es falso, no vemos razón alguna para que ese contenido no se impugne por esa causa, y ante la necesidad del procedimiento, se ventilará esa impugnación aplicando el Art. 607 CPC. En igual condición se encuentran algunos documentos públicos, como las Partidas del Estado civil (Art. 457 CC) en cuanto a las declaraciones de los comparecientes.
Los documentos públicos oficiales (dispositivos o declarativos), los cuales son auténticos en sentido amplio, como lo son los privados auténticos o las partidas del estado civil, gozan en su contenido de una presunción de veracidad, a la cual nuestra doctrina y la jurisprudencia administrativa, han considerado que se ataquen por prueba en contrario, por lo que el contenido de estos instrumentos están en el mismo plano que otros documentos autenticados: los privados reconocidos o autenticados.
Los documentos oficiales (documentos públicos administrativos), todos los días tienen mayor vigencia en procesos distintos al contencioso administrativo, ya que las declaraciones del Estado que producen efecto jurídicos o que reconocen hechos, contenidas en documentos, se producen en juicio a fin de probar dichos actos o hechos jurídicos, y en base a la presunción de legalidad y veracidad que emana de la declaración del funcionario, no sólo su contenido, sino su acto de documentación se presumen ciertos. Esta es la característica del documento auténtico entendido en su acepción amplia, lo que dice el funcionario sobre la documentación del acto es fehaciente y el contenido se presume erga omnes que es veraz.
Como apunta Enrique Meier
en base a diversas sentencias que comenta, la orientación jurisprudencial es que el documento administrativo se ataque en su contenido por prueba en contrario, lo que nos parece lógico, ya que las declaraciones administrativas están sujetas a revisión de los elementos constitutivos que integran el iter de su formación, los cuales no se reproducen en el documento y que pueden ser falsos o erróneos, tal como lo mantuvo una decisión de
El procedimiento del Art. 607 del CPC (antiguo 386 del CPC de 1.816), es el indicado para cuestionar las falsas aplicaciones de los funcionarios dentro del proceso, las cuales constituyen uno de los motivos para que dicha norma se aplique abuso de un funcionario. Según Borjas (1947-IV-70), es el procedente para conocer toda solicitud de parte fundada en razones análogas a las expresadas (las señaladas por el Art. 386 CPC, resistencia de la parte o alguna medida legal del juez, por abuso de algún funcionario o de alguna necesidad del procedimiento), y que no puede ser resuelta inaudita altera parte), por lo que el Art.607 CPC luce el procedimiento normal según el cual se oponen y sustancian las impugnaciones incidentales sobre el contenido de los documentos administrativos. Salvo que ellos hayan sido acompañados como instrumentos fundamentales, caso en que las pruebas del fondo del juicio podrían acabar con el efecto probatorio de su falso contenido)
. (Cabrera Romero, Jesús Eduardo. Contradicción y Control de
Finalmente, es oportuno advertir que el formalizante pretende sustentar su posición en una sentencia dictada por
Por esas razones,
II
De conformidad con los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la falta de aplicación de los artículos 1.359, 1.360, 1.361 y 1.363 del Código Civil, por estar presente en la sentencia recurrida el primer caso de suposición falsa.
El formalizante expresa su denuncia de la siguiente manera:
...De la transcripción de los testimonios que rindieron en esta causa los testigos promovidos por mi mandante EDIXIO JOSÉ NAVA LUZARDO, se comprueba plenamente que el Juzgador de
Así en la declaración del testigo MAURICIO ANTONIO CHIRINOS que rindió por ante el juzgado de primera instancia se cumplieron con todas las formalidades y exigencias legales para que este testigo rindiera su declaración y todas las preguntas que se formularon ...En el contenido de la declaración de este testigo... rendida por ante el juez de la causa consta que los demandados no estuvieron presentes en dicho acto y por lo tanto NO REPREGUNTARON AL TESTIGO sobre los hechos a que se refirió en el interrogatorio que se le hizo. Por lo tanto, se trata de un testigo hábil y veraz por cuanto como testigo presencial del hecho explicó el lugar y la hora en que ocurrió el accidente de tránsito...
El juzgador de la recurrida sin examinar la declaración del testigo, sin compararla con las declaraciones que rindieron los demás testigos del hecho, a saber: TEÓDULO PAZ LUZARDO, JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO y FRANCISCO RAFAEL ARIAS, sin establecer la concordancia de esas declaraciones ni cotejarlas con la inspección judicial practicada por el juzgado del Municipio Miranda el día 3 de Abril del 2002, acompañada al libelo de la demanda, ni cotejarlas con las PRUEBAS DE INFORMES solicitadas a la empresa mercantil ABB, referida ...tampoco se cotejó la declaración de este testigo con la prueba de informes que se le solicitó al Centro Médico de Cabimas, sobre la hospitalización que mi mandante...
El juzgador de la recurrida omitió también cotejar esta PRUEBA TESTIMONIAL con el expediente instruido y sustanciado por el servicio autónomo de TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE...
Una simple lectura de la declaración del testigo MAURICIO ANTONIO CHIRINOS, que el juzgador de la recurrida se concretó a transcribir en el fallo, sin analizarlo en la forma como lo ordena en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y su confrontación con el contenido de la declaración de este testigo que cursa agregada a las actas procesales de este expediente demuestran que el juzgador de la recurrida hizo una transcripción deforme y mutilada de lo que el testigo declaró sobre cada uno de los hechos que presenció.
En igual forma el juzgador de la recurrida incurriendo en ABUSO DE SU PODER DECISORIO Y DE
Omissis
El juzgador de la recurrida cometió los mismos vicios, errores y fallas que dejo explicadas cuando se concretó a transcribir la declaración del testigo TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO, quien en forma clara, concisa y concreta al responder a una de las preguntas del interrogatorio, sin titubeos ni devaneos manifestó haber sido TESTIGO PRESENCIAL DEL ACCIDENTE...
Este testigo hábil y conteste con la declaración rendida de MAURICIO ANTONIO CHIRINOS NO fue preguntado por la parte demandada y concuerda con la anterior declaración que rindió MAURICIO ANTONIO CHIRINOS en cuanto al señalamiento del sitio en el cual ocurrió el accidente, día, hora y fecha en que sucedió el hecho, la plena identificación de los vehículos que causaron el accidente de tránsito y los demás pormenores del choque ocurrido por no haber acatado la señal de pare el camión marca MACK, tipo chuto, color negro, que remolcaba una batea marca CHA.
En cuanto al testigo JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO URDANETA, aparte de haberle truncado y mutilado su declaración, tampoco concordó esta declaración con el testimonio de MAURICIO ANTONIO CHIRINOS y TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO.
Tampoco este testigo fue repreguntado por los demandados y del contenido de su testimonio surge con plena evidencia que presenció los hechos que acontecieron en ese siniestro, detalla el sitio, lugar, hora y fecha en que ocurrió el accidente; explica la forma en que sucedió el accidente en forma pormenorizada, que corrobora la declaración de los testigos MAURICIO ANTONIO CHIRINOS y TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO al testificar que a pesar de que el camión Ford tipo cisterna le llegó a la gandola marca Mack tipo chuto provista de una batea, ello se debió a que la gandola ya indicada, a una velocidad no normal se incorporó a la vía Puertos de Altagracia hacia Pequiven, irrespetando la señal PARE, causa ésta del accidente.
En relación con el testimonio de ciudadano FRANCISCO RAFAEL ARIAS, el juzgador de la recurrida modificó, tergiversó, cambió y mutiló la respuesta que este testigo dio a cada una de las preguntas del interrogatorio.
Finalmente, el juez de la recurrida cuando analiza cada una de las declaraciones de los testigos mencionados MAURICIO ANTONIO CHIRINOS, TEÓDULO SEGUNDO PAZ LUZARDO, JOSÉ TRINIDAD TRUJILLO y FRANCISCO RAFAEL ARIAS, los DESESTIMA Y DESECHA utilizando para ello una MULETILLA TAUTOLÓGICA muy en boga en jueces que carecen de idoneidad, de una sólida formación jurídica...
EN RELACIÓN A
Tal forma de sentenciar deja viciada la sentencia porque no se sabe quiénes fueron los testigos, si las declaraciones de ellos concuerdan entre sí y con las demás pruebas existentes en autos: porque no se estimó cuidadosamente los motivos por los cuales los testigos declararon y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y tampoco se conocen las contradicciones en que hubiesen incurrido los testigos; por lo cual la recurrida infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil
Omissis
Aplicando la doctrina de
Por haberle atribuido el juez de la recurrida a las actas procesales que señalamos y que transcribimos en esta denuncia MENCIONES QUE NO CONTIENEN Y AL INVENTAR
Se reitera lo señalado en
En el presente caso, el recurrente alega que en la sentencia recurrida está presente el primer caso de suposición falsa o porque el juez superior atribuyó menciones que no contiene a las declaraciones de los testigos.
Respecto a este tipo de denuncia, en sentencia de fecha 11 de marzo de 2004, caso María Elena Ramírez de Varela y otros c/ Flor de María Ramírez y otros dejó sentado:
...
En este caso, la denuncia no puede estar sustentada en el alegato de infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ni de cualquier otra norma de valoración de pruebas, sino en las normas jurídicas en que fueron subsumidos los hechos que resultan falsos o inexactos por no tener soporte probatorio, las cuales resultan infringidas por falsa aplicación, y por contrapartida, en los preceptos jurídicos que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación de las razones que demuestren que dichas infracciones son determinantes en el dispositivo del fallo, lo que resulta acorde con la doctrina sentada por esta Sala respecto de la adecuada fundamentación que permita la comprensión y análisis de la denuncia de suposición falsa.
Con base en las consideraciones expuestas,
Por consiguiente, en lo sucesivo el formalizante deberá precisar cuál fue la norma en que fue subsumido el hecho cuya falsedad alega, que considera fue falsamente aplicada en el caso concreto, y cuál es aquella que en su opinión el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación y razonamiento de la influencia de esas infracciones en el dispositivo del fallo.
Cabe advertir que las consideraciones señaladas para la prueba testimonial, rigen igual para la inspección judicial, pues no basta que se alegue la infracción del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por ser la regla de valoración de este tipo de prueba, sino que es necesario alegar la infracción de las normas falsamente aplicadas por consecuencia del hecho falso, y de las que debió aplicar el juez y no aplicó para resolver la controversia, con la indicación de las razones que demuestren la influencia de dichas infracciones en el dispositivo del fallo.....
Y en sentencia de fecha 8 de agosto de 1995 (Manuel Freitas Catan contra Franceso DAgostino Mascia y otro),
...a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador da por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) indicación específica del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, puesto que el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé en ese respecto tres (3) situaciones distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante en el dispositivo del fallo
.
De la transcripción parcial de la denuncia, se desprende que el formalizante no razonó en forma clara y precisa en qué consistió la suposición falsa, como tampoco explicó la infracción de cada una de las normas, ni expresó cómo, cuándo y en qué sentido se produjeron. Sólo indicó que el artículo 1.359 del Código Civil, Fue denunciado... en base a la técnica establecida por esa Sala de Casación ... el artículo 1.359 establece que el instrumento público hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso, el artículo 1.360 del mencionado Código, se denunció porque el instrumento público como él lo expresa hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, el artículo 1.361 eiusdem, fue violado porque el mismo le da igual fuerza probatoria que la determinada en el artículo anterior, y el artículo 1.363 ibidem, fue violado porque el instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto a terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público. Es decir, el recurrente se limita a repetir el contenido de los artículos, pero no especifica en que consistió esa infracción para que se produjera la desviación o desnaturalización en las declaraciones de los testigos.
Asimismo, el formalizante describe lo que sucedió con los testigos y la actuación del juez la cual tiende a calificar. En efecto, después de la narración de los testigos, el recurrente expresa El Juzgador de la recurrida sin examinar la declaración del testigo, sin compararla... incurriendo en abuso de su poder decisorio, pero no demuestra a esta Sala el hecho falsamente establecido por el juez de alzada con ese comportamiento.
De acuerdo a la jurisprudencia citada, el establecimiento de un hecho que resulta falso o inexacto porque no tiene soporte probatorio, varía la hipótesis fáctica concreta y, en consecuencia, no existe correspondencia lógica con la norma jurídica en que fueron subsumidos esos hechos. Por esa razón, el formalizante debió mencionar qué norma fue falsamente aplicada por el juez, y cómo esa infracción fue determinante del dispositivo del fallo.
Estos extremos no fueron cumplidos en el caso concreto, motivo por el cual se desestima la denuncia de infracción de los artículos 1.359, 1.360, 1.361 y 1.363 del Código Civil, por insuficiente fundamentación. Así se establece.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de
Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
________________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
________________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp Nro. AA20-C-2004-000079
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba enmarcada en la tercera denuncia por defecto de actividad.
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eisdem.
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de
_______________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
_________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Secretario,
________________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. Nro. AA20-C-2004-000079
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