Sentencia N.º RC.000399
- Sentencia
- N.º RC.000399
- Fecha
- 03/07/2015
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 15-106
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2015-000106
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortiz Hernández
En el cuaderno de medidas sustanciado en el juicio por fraude procesal, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, por las sociedades mercantiles distinguidas con las denominaciones SUMINISTROS E&T, C.A. y ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES, (E&T, C.A.), representadas judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Wilmer Ovalles y Yehtmeli Ovalles, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación INMOBILIARIA CAMPIOLI COMPAÑÍA ANÓNIMA (INCAMCA), representada judicialmente por la ciudadana abogado en libre ejercicio de su profesión América Rendón Mata; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, dictó sentencia definitiva en fecha 12 de diciembre de 2014, mediante la cual declaró lo siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada AMERICA RENDON MATA, ( ), en contra de la decisión dictada en fecha 30 de abril de 2014 por el Tribunal Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua.
SEGUNDO: INOFICIOSO pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la parte actora Sociedad Mercantil SUMINISTROS E & T, C.A. ( ) y ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES, (E & T C.A.), ( ).
TERCERO: SE ANULA la sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2014 por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. En consecuencia:
CUARTO: CON LUGAR LA OPOSICIÓN interpuesta en fecha 19 de julio de 2013, por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA CAMPIOLI COMPAÑÍA ANONIMA (INCAMCA), ( ).
QUINTO: SE REVOCAN los autos de fecha 11 de junio de 2013 y 21 de junio de 2013, dictados por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en consecuencia, SE LEVANTAN las medidas innominadas de suspensión de los juicios contenidos en los expedientes signados con los Nros. 12.031 y 12.159, que cursan por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de esta Circunscripción Judicial y las causas que cursan por ante el Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de esta Circunscripción Judicial bajo los expedientes Nros. 5.361, 5.405, 4.956 y 5.501 y de cualquier otra causa que curse por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por ante el Juzgado de los Municipios Sucre y José Ángel Lamas de esta Circunscripción Judicial y por ante el Tribunal del Municipio Santiago Mariño de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, donde sean partes las Sociedades Mercantiles INMOBILIARIA CAMPIOLI COMPAÑÍA ANÓNIMA (INCAMCA), SUMINISTROS E & t, C.A. y ELECTROTECNIA Y TELECOMUNICACIONES E & T C.A. Y Así se decide.
SEXTO: Se condena en costas a la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
SÉPTIMO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil (Mayúsculas, resaltado y subrayado del fallo).
Contra la referida decisión de alzada, la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
En fecha 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
La Sala por razones metodológicas, pasa a conocer y decidir la segunda denuncia por defecto de actividad contenida en el escrito de formalización del recurso de casación. Así se establece.
RECURSO DE CASACIÓN
POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-II-
Argumenta el recurrente en su denuncia, lo siguiente:
III.II VICIO DE INCONGRUENCIA
III.II.I De los Informes
De conformidad con lo establecido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denuncio infracción por la recurrida de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, cuyo texto es del tenor siguiente: ( ).
En lo esencial, en los informes de la parte actora específicamente en el capítulo V denominado De La Falta de Legitimidad en el Cuaderno de Medidas, se pidió pronunciamiento en relación a la legitimidad de la Abogada AMERICA RENDON, petición que se hizo de la siguiente manera:
En esta dirección cabe señalar que, tanto la representación de la demandada en esta causa, como la Juez A quo, olvidaron el PRINCIPIO, según en el cual, LO QUE NO ESTÁ EN EL EXPEDIENTE NO EXISTE PARA EL MUNDO, por lo que sí, la representación de la abogada AMERICA RENDON, está en el expediente principal, ello no la habilita para actuar en el cuaderno de medidas; y que, si el poder que se le otorga para actuar en este juicio, cursa en el expediente principal y no se compulsa para el cuaderno de medidas, no tiene eficacia sus actos o actuaciones en esta incidencia para el dictamen de la cautelar innominada tanto en el Tribunal A quo, como en esta segunda instancia; y así pedimos a esta SUPERIORIDAD sea decidido.
La petición antes transcrita y de una lectura de la sentencia recurrida, ciudadanos MAGISTRADOS se evidencia que la Juez de Alzada guardo (sic) silencio, es decir, OMITIÓ PRONUNCIAMIENTO en relación a la petición realizada, quebrantándose de esta manera el PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD, razón por la cual la sentencia recurrida está viciada de incongruencia negativa y así pido a ustedes sea declarada.
Omissis
En atención a la doctrina supra transcrita, se considera que los alegatos empleados en los informes que presentó mi representada en la segunda instancia, contienen argumentos esenciales y determinantes para la suerte del juicio, por lo que la Sentenciadora de Alzada, estaba obligada a emitir pronunciamiento al respecto, al no hacerlo, incumplió con su obligación de decidir de manera expresa, positiva y precisa, no ajustando su decisión a lo alegado y probado en autos, menoscabándole a mi representada su sagrado y legítimo derecho a la defensa . (Mayúsculas y negrillas del texto.
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente en casación denunció la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5° eiusdem, por considerar que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento de alegatos expuestos en el escrito de informes presentado ante la alzada.
Destacó además que, la representación judicial de la abogada América Rendón, cursa solamente en el expediente principal, lo cual no la habilita para actuar en el cuaderno de medidas, y por ende, sus actuaciones judiciales no tienen eficacia en esta incidencia para el dictamen de la cautelar innominada en los juzgados de instancia.
Finalizó el formalizante, aduciendo que los alegatos empleados en los informes ante la segunda instancia contienen argumentos esenciales y determinantes para la suerte del juicio.
En tal sentido cabe señalar, que esta Sala en su fallo N° RC-89, de fecha 12 de abril de 2005. Exp. N° 2003-671, dejó establecido que:
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en ...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.... Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción.... (Negrillas y subrayado de la Sala).
De igual forma, es doctrina inveterada de esta Sala de Casación Civil, que:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012. Exp. N° 2011-31). (Destacados del fallo citado).-
Así pues, la doctrina de esta Sala tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 del 11 de agosto de 2004, caso Pedro Alejandro Nieves Siso y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:
...Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en la Constitución. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)....
En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Meléndez, que dispuso lo siguiente:
...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A, 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Destacados de esta Sala).
Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, mixta, por tergiversación de los alegatos, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada y contradictoria, y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva.
A su vez cabe señalar, en torno a, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Gregorio Tineo, que dispuso lo siguiente:
...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil... (Destacados de esta Sala).
En tal sentido, el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Artículo 244.- Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
El artículo 243 eiusdem, dispone:
Artículo 243.- Toda sentencia debe contener:
1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2° La indicación de las partes y de sus apoderados.
3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
El artículo 12 ibídem, preceptúa lo siguiente:
Artículo 12.-Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
Y el artículo 15 del señalado código adjetivo civil, expresa lo que a continuación se transcribe:
Artículo 15.- Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas por ser materia de orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.
De igual forma, la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea considera que hay incongruencia negativa u omisiva cuando no se deciden todos los puntos objeto del debate, ni se da respuesta a una pretensión de la parte, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (Vid. entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional Español Nos. 111 del 3/6/1997 (f.j. 2.º); 94 del 8/5/1997 (f.j. 2.º); 26 del 11/2/1997 (f.j. 3.º); 144 del 16/9/1996 (f.j. 2.º); 91 del 19/6/1995 (f.j. 4.º); 87 del 14/3/1994 (f.j. 2.º), citadas por Joan Picó i Junoy, en su obra Las Garantías Constitucionales del Proceso, J.M. Bosch Editor, Barcelona, España, 1997, p.67). (Cfr. Fallo N° RC-12 del 9/2/2010. Exp. N° 2009-427)
En este mismo sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2.465 de fecha 15 de octubre de 2002, Exp. N° 2002-837, ratificada, entre otras, en sentencia N° 4.594 de fecha 13 de diciembre de 2005, Exp. Nº 2004-1643, estableció, que no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y que debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado, doctrina ésta que ha sido acogida por esta Sala de Casación Civil en sentencias números RC-571 de fecha 8 de agosto de 2008, Exp. N° 07-583; RC-848 de fecha 10 de diciembre de 2008, Exp. Nº 07-163; y Nº RC-502 de fecha 17 de septiembre de 2009, Exp. N° 09-141.
Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006. Exp. N° 06-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la extemporaneidad de alguna otra actuación procesal, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.
Dichos alegatos hechos en los informes ante la alzada, como parte de los fundamentos de la apelación ejercida, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, y de no hacerlo este incurriría en el vicio de incongruencia negativa, citrapetita u incongruencia omisiva, dada su transcendencia e influencia en el proceso y de lo dispositivo del fallo que se dicte.
De igual forma esta Sala ha establecido también, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a otras situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación, como por ejemplo serían las denuncias por: Reposición preterida o no decretada, la reposición inútil, mal decretada, o indebida reposición, el silencio de pruebas, la infracción de ley, por falta de aplicación, falsa aplicación o errónea interpretación, la violación de máximas de experiencias, la suposición falsa, entre muchas otras. (Cfr. Fallo N° 555 de fecha 23 de noviembre de 2011. Exp. N° 11-265).-
Asimismo, resulta oportuno reiterar y precisar que la regla contenida en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la cual, terminada la contestación o precluído el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa, se refiere a los hechos relativos al fondo de la controversia, pues en relación con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación, al ser alegados deben ser resueltos, pues de lo contrario la sentencia producida no puede tenerse como una decisión expresa, positiva y precisa dictada con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, más aún cuando se aleguen cuestiones perentorias y determinantes en la suerte del proceso o cuando se silencian alegatos de las partes que se vinculan con la regularidad del procedimiento. (Cfr. Fallo N° 32 del 16/2/2001. Exp. N° 2000-145).
Ahora bien, la decisión recurrida en resumen expresa lo siguiente:
VI. DEL ESCRITO DE INFORME DE LA PARTE ACTORA
En fecha 28 de octubre de 2014, la parte actora consignó ante esta Alzada escrito informe a través del cual expresó (folios 111 al 127 del cuaderno de medidas pieza N° 2):
Así pues, con los medios probatorios promovidos, una vez más se aprecia la existencia del cúmulo de acciones que además de estar viciadas de inepta acumulación y pudieran producir decisiones contradictoria, no cabe duda alguna que en caso de ser sentenciadas causarían graves daños de difícil reparación para nuestra representada pedimos a esta instancia modifique la sentencia recurrida en lo que se refiere a la condenatoria en costas
Para decretar la medida preventiva, así como para dictar sentencia que la mantenga, solo es deber del Juez hacer un mínimo razonamiento sobre los extremos necesarios para su procedencia, pues razonar conduciría al Juez a emitir opinión adelantada sobre el problema debatido la Juez A quo cumplió con el debido razonamiento que la llevaron al convencimiento de que en este caso están presente todos los requisitos establecidos en la Ley para que se decretara la medida cautelar innominada (sic).
Omissis
VIII. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Cumplidos con los trámites en este Tribunal de Alzada, revisadas y analizadas cada una de las presentes actuaciones, y los recaudos que la sustentan, éste Tribunal pasa a decidir la presente causa, en los siguientes términos:
Omissis
De los escritos de informes presentados por las partes, se pudo observar que el núcleo de la apelación de la parte demandada se circunscribe en verificar si la sentencia de fecha 30 de abril de 2014, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción judicial Del Estado Aragua adolece o no del vicio de inmotivación y el núcleo de la apelación de la parte actora se circunscribe en verificar si la sentencia referida de fecha 30 de abril de 2014 debió o no condenar en costas a la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA CAMPIOLI COMPAÑÍA ANONIMA (INCAMCA).
A tal efecto, esta Alzada pasará en principio a conocer la apelación interpuesta por la parte demandada y a tal respecto se observa que:
La parte demandada Sociedad Mercantil INMOBILIARIA CAMPIOLI COMPAÑÍA ANONIMA (INCAMCA), en su escrito de informe de fecha 28 de octubre de 2014 (folios 106 al 110 de la pieza N° 2 del cuaderno de medidas) señaló lo siguiente: argumentar que se verificó la verosimilitud de los recaudos acompañados por la parte actora, sin explicar el razonamiento lógico jurídico que siguió la juzgadora para arribar a tal decisión es incurrir en un claro vicio de inmotivación; y en segundo lugar, de aceptarse el argumento de que no analizó los recaudos porque sería prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido, sería permitir una clara fuente de arbitrariedad en materia tan delicada por ser las normas cautelares restrictivas de garantías personales (individuales, sociales, económicas, y políticas) previstas en la Constitución Nacional
Omissis
Ahora bien, es menester revisar la sentencia dictada por el Tribunal a quo (folios 79 al 87 de la segunda pieza del cuaderno de medidas), y determinar si la misma incurrió en el vicio de inmotivación, a tal efecto se observa que el Juez de la causa dictaminó lo siguiente:
Omissis
Por lo tanto, verificado efectivamente que la sentencia recurrida, se encuentra viciada de inmotivación como quedó demostrado en líneas anteriores, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 ordinal 4° y 12 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 244 de la misma norma, la consecuencia jurídica es declarar la nulidad de la referida decisión. Y así se establece.
Omissis
Por lo que, en la presente causa estando demostrado que el Tribunal A quo incurrió en el vicio denunciado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, siendo Anulada la decisión dictada en fecha 30 de abril de 2014 por el Tribunal de la causa, esta Superioridad entrará a pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido en los siguientes términos:
Omissis
En este sentido, tomando en consideración que los supuestos de procedencia deben demostrarse de forma concurrentes para decretarla, y al no verificarse la existencia del periculum in mora y periculum in damni resulta inoficioso entrar a analizar el tercer requisito relativo al fumus boni iuris. Y así se decide.
Por lo tanto, esta Superioridad observa que no consta en autos elemento probatorio alguno que ofrezca hechos contundentes para la procedencia de la medida cautelar innominada solicitada por la parte actora, razón por la cual, esta Alzada considera que los requisitos de las medidas cautelares innominadas, previstos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, no se verificaron en la presente causa. Así se establece.... (Mayúsculas y negrillas del fallo).
Por otro lado, en el escrito de informes presentado por la parte demandante ante el juzgado de alzada, el cual corre inserto a los folios 111 al 127 de la segunda pieza del expediente, se alegó expresamente lo siguiente:
CAPITULO V
DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD EN EL CUADERNO DE MEDIDAS
Es importante destacar y por muchas razones que, existe una completa independencia en la relación de los respectivos procesos de las medidas preventivas y del juicio principal, hasta el punto de que los actos, sucesos y eventualidades que ocurren en uno, no influyen para nada en el otro, salvo, por supuesto, como sabemos, aquellos actos que ponen fin a la causa principal (desistimiento, conciliación, perención, sentencia definitivamente firme, entre otros).
En esta dirección cabe señalar que, tanto representación de la demandada en esta causa, como la Juez A quo, olvidaron el PRINCIPIO, según el cual, LO QUE NO ESTÁ EN EL EXPEDIENTENO NO EXISTE PARA EL MUNDO, por lo que sí, la representación de la abogada AMERICA RENDON, está en el expediente principal, ello no la habilita para actuar en el cuaderno de medidas; y que, si el poder que se le otorga para actuar en este juicio, cursan en el expediente principal y no se compulsa para el cuaderno de medidas, no tiene eficacia sus actos o actuaciones en esta incidencia para el dictamen de la cautelar innominada tanto en el Tribunal A quo, como en esta segunda instancia; y así pedimos a esta SUPERIORIDAD sea decidido.
Omissis
CAPITULO VIII
PETITORIO
En razón de los fundamentos señalados en este escrito de informe, pedimos a esta instancia superior que por autoridad de la Ley DECLARE:
PRIMERO: Que la Abogada AMERICA RENDON, carece de legitimidad para actuar en la presente incidencia llevada en el cuaderno de medida . (Mayúsculas y negrillas del texto).
Ahora bien, de la lectura de lo antes transcrito de la decisión recurrida y del escrito de informes presentado ante la alzada, se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, la verificación de la incongruencia negativa delatada, dado que la juez de alzada en una evidente desigualdad ante la ley de las partes en litigio, no resolvió sobre lo solicitado expresamente por la parte demandante en el escrito de informes ante el juzgado superior, referente a la falta de legitimidad de la abogado América Rendón para actuar en nombre de la demandada en este cuaderno de medidas, ya que su representación judicial solo consta en el expediente principal, violándose de ésta forma lo dispuesto en los artículos 12, 15, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, por estar dichos alegatos directamente vinculados con la regularidad del procedimiento.
Ha sentado esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples fallos, que cuando los jueces no se pronuncian sobre los múltiples puntos objeto de la litis, su conducta acarreará la nulidad del fallo dictado, al producirse el vicio de incongruencia negativa, el cual se traduce en una omisión o falta de pronunciamiento sobre un alegato oportunamente formulado, en incongruencia negativa, citrapetita o incongruencia omisiva.
La expresión de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de falta de pronunciamiento, enmarca, los casos de incongruencia negativa consistentes en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.
El jurista Español Jaime Guasp, en su libro titulado Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Tomo Primero, Págs. 516 a 518, determina la congruencia como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto.
De lo que se colige, que el fallo no debe contener más de lo pedido por las partes oportunamente; en -eat iudex ultrapetita partium-, pues, si así lo hiciera incurriría en incongruencia positiva.
Igualmente se entiende, que el fallo no debe contener menos de lo pedido por las partes en -eat iudex citrapetita partium-, pues si así lo hiciera incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.
Es importante señalar, que la incongruencia se verifica fundamentalmente por la falta de decisión o solución de un punto controvertido, como es en el caso de autos, en el cual no se conoce el destino de los alegatos hechos en la oportunidad de presentación de los informes ante la alzada.
El sentenciador de alzada en ninguna parte de la recurrida, hizo ni la más mínima mención de los alegatos presentados en los informes guardando absoluto silencio, sobre tales extremos de hecho y de derecho, incurriendo así en una falta absoluta de pronunciamiento, en razón que en la narrativa, ni en la motiva, ni en la dispositiva del fallo, aparece la solución de tales asuntos.
Se entiende así, pues, que el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual lo obliga expresamente a decidir sobre TODO lo que ha sido alegado y probado en autos; esto significa, que el sentenciador está en la obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, como constitutivos de pretensión o como constitutivos de su contradicción, los cuales a su vez, deben ser confrontados y relacionados con los medios de prueba a los efectos de poder establecerlos como ciertos o desecharlos como falsos.
Cuando el sentenciador no revisa todos los elementos de hecho constitutivos de los informes como fundamento de la apelación, no está decidiendo conforme a lo alegado y probado en autos, con lo cual viola el contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, el sentenciador de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, porque la abstención de examinar el escrito de informes en su verdadero sentido, de forma integral, configura un menoscabo claro al derecho a la defensa, y a la igualdad de condiciones de las partes en el juicio.
Igualmente, viola el contenido del artículo 243 en su ordinal quinto (5º) del Código de Procedimiento Civil, en el cual, el legislador obliga al sentenciador a dictar una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de modo, pues, que el sentenciador está en el deber de pronunciarse expresamente sobre TODO lo alegado por las partes en el proceso, sobre todos los elementos de hecho que conformaron la demanda y la contestación, y de forma excepcional en los informes u observaciones, términos estos que circunscriben el problema judicial debatido o thema decidendum.
Al respecto, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo de fecha 19 de mayo de 1.993, sentó lo siguiente:
...Se entiende así, que el fallo debe ser expreso en el sentido que no puede tener tácitos ni sobre entendidos, de manera, que no se puede inferir o suponer que el sentenciador de la recurrida, en su conocimiento interior analizó y apreció tal alegato de hecho formulado por nuestra representada, sino que, conforme a este principio procesal, se ha de entender que no fue ni analizado, ni establecido, ni apreciado por el sentenciador, ya que ello no consta materialmente del texto de la recurrida.
El fallo debe ser positivo, esto es, que el sentenciador resuelva sobre la totalidad de todo lo controvertido, que no quede nada sin resolver, lo cual no se verifica en este proceso, ya que, nada más y nada menos que un alegato tan fundamental, fue silenciado por el sentenciador, y finalmente, el fallo debe ser preciso, en el sentido de que su dispositivo no presente dudas, sea claro qué fue lo dispuesto sobre lo controvertido, lo cual no se verifica en el caso de autos cuando el sentenciador deja insoluto uno de los extremos de hecho que conforman la contención....
Asimismo, en decisión de fecha 20 de Noviembre de 1.996, expediente N° 1996-508, sentencia N° 398, estableció lo siguiente:
Alega la formalización, la infracción por la recurrida del ordinal 5º del artículo 243 y de los artículos 12 y 244 todos del Código de Procedimiento Civil, al haber omitido pronunciamiento sobre los alegatos esgrimidos en la contestación de la demanda.
Para verificar la certeza de lo aseverado por el formalizante, la Sala de la lectura de la decisión recurrida constata que en la misma, efectivamente, si se omitió pronunciamiento sobre las defensas esgrimidas en el escrito de contestación, ya que una vez expuestos los alegatos del libelo y contestación, se analizaran las pruebas por las partes concluyéndose en lo siguiente....
...por lo que la recurrida se limitó a exponer las conclusiones que derivó de los medios probatorios aportados, sin pronunciarse sobre los alegatos y defensas que hiciera la empresa demandada en el escrito de contestación.
En consecuencia, incurre la decisión recurrida en el vicio de incongruencia negativa al contravenir el principio de exhaustividad de la sentencia, que obliga a los jueces a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración.
De acuerdo con la doctrina de esta Sala, existe omisión de pronunciamiento no solo cuando el juez deja de atenerse a la acción deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sino también cuando silencia alegatos de las partes que se vinculan con la regularidad del procedimiento. (Sentencia de fecha 15 de diciembre de 1966).
En relación a la incongruencia negativa, esta Sala en sentencia N° 103 del 27 de abril de 2001, caso Hyundai de Venezuela, C.A. contra Hyundai Motors Company, expediente N° 00-405, reiterada mediante fallo N° RC-197 del 14 de octubre de 2004, caso Maura Del Carmen Jiménez Barrios, contra Seguros La Seguridad, C.A., señaló lo siguiente:
...Tiene establecido la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).
Esta última hipótesis conduce a establecer que el Juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por sus partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.
En este sentido, la Ley adjetiva impone al Juez la determinación y posterior análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidas en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita....
Por su parte la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 1021 del 29 de julio de 2013, expediente N° 11-747, dispuso lo siguiente:
Como puede evidenciarse, la representación judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, ejerció sus defensas, alegando entre diversos aspectos la imposibilidad de cancelar lo adeudado por presuntas faltas acometidas por la actora para la determinación del quantum a pagar por los servicios prestados, el incumplimiento de ésta del procedimiento previo para el cobro de acreencias no prescritas, o la excepción de contrato no cumplido; pero sin dejar de reconocer la existencia del contrato en cuestión y la adjudicación a la empresa de marras de dichos trabajos en virtud de la emergencia derivada de los sucesos del mes de diciembre del año 1999.
En tal sentido, es innegable que al haber el tribunal de marras apartado su decisión de lo expuesto por la actora y lo esgrimido en la contestación de la demanda, declarando la inexistencia del contrato de autos, se sustituyó en las partes, modificando el tema decidendum, y ocasionando una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte solicitante.
En este sentido, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por qué ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de ( ) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión. (Vid. Sentencia Nº 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: José Gregorio Díaz Valera).
Asimismo, además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La cual puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce una desconexión entre la decisión y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo requerido; así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.
Es así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, y al respecto ha señalado esta Sala que la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (Vid. Sentencia Nº 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: José Gregorio Díaz Valera).
Asimismo, la decisión de esta Sala N° 168/2008, caso: Preveca, arguyó al respecto lo siguiente:
( ) es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por qué ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de ´( ) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión ( ).
Además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce ( ) un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido ( ).
omissis .
La Sala reiteradamente ha señalado que así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, por cuanto ( ) la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita ( ).
Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló (...) el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre -lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley ( ).
Igualmente, la Sala sostuvo en sentencia Nº 1.068/2006, que (...) la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho ( ). Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento ( ).
Asimismo, en relación a la incongruencia como lesión al derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, esta Sala Constitucional, en sentencia Nº 1.340 del 25 de junio de 2002 señaló:
...el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.
Asimismo sostuvo en sentencia N° 2.036 del 19 de agosto de 2002, caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 15
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
...omissis...
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Y más recientemente y en especifico, en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos en los informes u observaciones ante el juez de alzada, como fundamento de la apelación, esta Sala, en su fallo N° RC-190 del 1° de abril de 2014, expediente N° 13-712, caso: Carmen Hernández contra Eduardo Sierra, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, determinó lo siguiente:
Aunado a lo anterior, esta Sala ha señalado en torno a los alegatos esgrimidos en informes que son de obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces de instancia, lo siguiente:
...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el sentenciador está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa.
En relación con el pronunciamiento de los jueces sobre lo alegado por las partes en el escrito de informes, la Sala de Casación Civil, ha sostenido lo siguiente:
Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa.
De conformidad con la jurisprudencia transcrita, alegatos de confesión ficta, reposición de la causa u otras similares esgrimidos en etapa de informes, son de obligatorio pronunciamiento por parte de la los sentenciadores de alzada so pena de incurrir en incongruencia, de lo que se entiende que no todo alegato formulado en informes y silenciado por el sentenciador de segundo grado, es susceptible de viciar su decisión de omisión de pronunciamiento (Negrillas de este fallo), (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 05-05-94, reiterada en decisión de fecha 08-02-96 y, posteriormente ratificada en sentencia del 05-02-98. Inversiones Banmara C.A., c/ Inversiones Villa Magna, C.A.).
De las anterior transcripción se evidencia, que el requisito de congruencia ha sido extendido por la Sala a los alegatos formulados en los escritos de informes, siempre que se trate de peticiones y defensas surgidas en el curso del proceso luego de trabada la litis y, por ende, de imposible presentación en el libelo y la contestación, que resulten determinantes en la suerte del juicio, como serían por ejemplo la confesión ficta, cosa juzgada sobrevenida u otras similares. (Al efecto ver sentencia N° 502 del 17 de septiembre de 2009, caso: Ana Yudely Contreras Colmenares c/ Banco de Venezuela, C.A. Banco Universal)
De igual forma en sentencia de esta Sala N° RC-443 del 30 de julio de 2013, expediente N° 2012-602, caso: ARNALDO PÉREZ AMITESAROVE contra PROMOTORA TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se dispuso lo siguiente:
Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20/12/2006. Exp. N° 2006-067, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
Ahora bien, entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso.
Dichos alegatos, de acuerdo a jurisprudencia reiterada de esta Sala, deben ser resueltos de forma expresa, positiva y precisa, por parte del juez, mas no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno a un alegado de nulidad de la sentencia apelada, dado que los vicios de la sentencia de instancia no trascienden a casación, al ser esta sentencia sustituida por la de alzada; o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, o mediante la correspondiente denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que degeneren en indefensión.
Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes u observaciones ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación. (Cfr. Fallo N° 555 del 23/11/2011. Exp. N° 2011-265).
En el presente caso, de lo expuesto en los informes de la alzada antes descritos, se entiende el señalamiento de la violación de normas de orden público al incidir directamente en el debido proceso y derecho a la defensa de la recurrente y su influencia en el dispositivo del fallo.
En consecuencia, el fallo recurrido en su dispositivo NO ES EXPRESO, pues no consta que materialmente en el texto del mismo, haya sido tratado aunque sea en forma tangencial los alegatos de los informes antes descritos, y mucho menos en forma expresa; de igual manera y en consecuencia, su dispositivo NO ES POSITIVO, por cuanto, nunca llega a resolver sobre los alegatos expuestos en los informes; y asimismo NO ES PRECISO, por cuanto, no se conoce la suerte de tales argumentos dentro del proceso, no se sabe si fueron apreciados o si fueron desechados por el sentenciador, si este los analizó o no, si los consideró legales, pertinentes o eficaces.
Esto obliga, a que el sentenciador cumpla con el principio procesal de la exhaustividad, según el cual, el sentenciador se debe pronunciar sobre todo lo alegado por las partes y solo sobre lo alegado por ellas; sobre todos los elementos de hecho que conformaron los términos de la demanda y de la contestación, y excepcionalmente sobre aquellos alegatos de hecho formulados en el escrito de informes u observaciones, cuando por su gravedad obliguen al sentenciador a solucionarlos.
Así, cuando el sentenciador no se pronuncia sobre los alegatos hechos en los informes, antes descritos, es indudablemente violatorio del principio procesal de exhaustividad que rige a las sentencias, con lo cual, se vicia a la misma de incongruencia negativa, citrapetita o incongruencia omisiva, al no pronunciarse el juez de la recurrida, expresamente sobre la suerte de dichos alegatos, violando de esta manera el contenido del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil; no conteniendo así una decisión que no tenga tácitos ni sobre entendidos, que resuelva expresamente sobre todos los puntos concretos objeto de la controversia, los cuales serán resueltos realmente, esto es que sea expresa, positiva y precisa. Violando de igual manera los artículos 12 y 15 eiusdem por las razones anteriormente expuestas en este fallo.
La falta de pronunciamiento por parte del juez de alzada, respecto a alegatos que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso esgrimidos en el escrito de informes ante la alzada, siendo omitidos en su totalidad, no cumple con el principio procesal de exhaustividad que rige a las sentencias.
Por las razones anteriores y por haber infringido el ordinal quinto (5º) del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a esta Sala declararlo así, conforme al artículo 210 eiusdem, así como por la infracción de los artículos 12 y 15 ibídem, se declara procedente la presente denuncia por incongruencia negativa o citrapetita, en referencia a los alegatos esgrimidos en los informes de alzada, los cuales fueron silenciados en su totalidad por el juez de la recurrida, en una evidente incongruencia omisiva constitucional. Así se decide.
Por cuanto se ha encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 12 de diciembre de 2014.
En consecuencia, SE ANULA la sentencia recurrida y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión en acatamiento a lo ordenado en este fallo.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado superior antes mencionado, todo de conformidad con lo estatuido en los artículos 322 y 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil quince Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
Vicepresidente-ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
__________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrada,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
_____________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2015-000106.-
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de las Magistradas y el Magistrado integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 12 de diciembre de 2014 , en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto y fundamenta su desacuerdo en los siguientes términos:
La decisión de la cual disiento, determina que el ad quem incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al omitir decisión sobre el alegato contenido en informes rendidos ante la alzada por la parte actora, atinente a que la representación que ostenta la abogada América Rendón, quien invoca el carácter de apoderada de la demandada no constaría en el cuaderno correspondiente a la incidencia de medida cautelar innominada relativa a la suspensión de los juicios contenidos en los expedientes .
En primer lugar, estimo relevante tener en cuenta que el alegato supuestamente silenciado -la falta de consignación del poder o una copia de éste en el cuaderno de medidas- no es de aquellos alegatos o defensas que una vez rendidos en informes sea de obligatorio pronunciamiento por parte del juez según los que sobre el particular ha venido puntualizando la Sala, como si lo es, la falta de mandato o representación del apelante. Ambos supuestos son diferentes, pues en el caso planteado, no hay dudas con respecto a la existencia del mandato conferido a la profesional del derecho América Rendón, lo que se cuestiona es que no reposaría en el cuaderno de medidas.
Luego, es fundamental señalar que de la revisión de las actas procesales que integran el cuaderno de medidas (pieza 2, folio 137 y 138), cursa inserta copia certificada expedida por el Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial estado Aragua, -la cual no fue impugnada y por ello se tiene como fidedigna- del poder apud acta conferido el 16 de julio de 2013 por el ciudadano Fernando Campioli, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Inmobiliaria Campioli Compañía Anónima (INCAMCA), a las abogadas América Rendón Mata y Jannefer Evelia Graterol Mora.
La copia certificada del precitado poder señala:
...CONFIERO PODER APUD ACTA a las abogadas AMÉRICA RENDÓN MATA, arriba identificada y JANNEFER EVELIA GRATEROL MORA (...) para que, conjunta o separadamente, sostengan y defiendan los derechos e intereses de mi representada en el presente juicio contenido en el expediente N° 48.798-13....
Así las cosas, considero que la denuncia in commento es improcedente, pues el alegato que se afirma silenciado, no era de obligatorio pronunciamiento por parte del sentenciador; aunado a lo anteriormente expresado, es concluyente afirmar que la declaratoria del precitado genera una casación inútil, pues en el cuaderno de medida, reposa la copia certificada del poder que le fue conferido a la representación judicial de la demandada, quien lo consignó en alzada, supra transcrito.
A mayor abundamiento, estimo oportuno tener en cuenta que el expediente es uno solo, aunque lo integren varias piezas, por ello, siendo que en la pieza principal cursa inserto el poder que acredita la representación de la precitada profesional del Derecho, la denuncia bajo análisis es manifiestamente infundada.
Con base en los razonamientos expuestos, estimo que la denuncia de incongruencia negativa planteada, resulta improcedente; por tanto, dejo así expresado el fundamento del voto salvado con relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora de la Sala. Fecha ut supra
Presidente de la Sala-disidente,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
Vicepresidente-ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
__________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrada,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
_____________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2015-000106.-
Secretario,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias