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Exp. N° 2016-000024
En el juicio por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, seguido ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, por la sociedad mercantil DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ, C.A (DESALCA), representada judicialmente por los abogados Aydee Coromoto Anato, Silvia Flores y Gonzalo Oliveros Navarro, contra la asociación civil ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA O.C.V LOS PROCERES, representada judicialmente por los abogados Carolina Espinosa de Vivas y José Manuel Pérez Santaella; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictó decisión de fecha 14 de agosto de 2015, mediante la cual declaró: 1) sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandante contra la decisión dictada por el a quo en fecha 26 de julio de 2013; y 2) Inadmisible la acción por resolución de contrato de obra y daños y perjuicios interpuesta, en consecuencia declaró confirmada la sentencia apelada.
Contra la precitada decisión de alzada, en fecha 24 de noviembre de 2015, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por auto de fecha 2 de diciembre de 2015 y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, en sesión de fecha 14 de enero de 2016, mediante el método de insaculación se asignó la ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, pasándose a dictar la decisión procesal bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo, previa las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata en la recurrida la infracción de los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la recurrente, con base en la siguiente argumentación:
Capítulo primero
Primera Delación
A tenor de lo dispuesto en el artículo 313.1 del código de Procedimiento Civil delato la infracción de los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, generando con ello la violación a nuestra mandante del derecho al debido proceso y a la tutela jurídica efectiva, con vista a la siguiente argumentación:
Dispone el artículo 341 citado que: (omissis)
Regula entonces dicha disposición legal tres supuestos o motivos de inadmisibilidad de una demanda, a saber: 1.- que sea contraria al orden público; 2.- Que contraríe las buenas costumbres; 3.- Que contraríe una disposición expresa de la ley.
La Sentencia, Ciudadanos Magistrados, no encuadra su dispositivo en ninguno de los tres supuestos pautados por el citado artículo 341 sino que crea uno nuevo: La ambigüedad.
Para fundamentar dicha conclusión, se afirma en La Sentencia que mi mandante no señaló en el petitorio del libelo de la demanda que pretendía la resolución de un contrato (lo cual hizo en el encabezamiento de la demanda), y por tanto ello era motivo y fundamento de la inadmisibilidad decidida
El debido proceso, Ciudadanos Magistrados, en doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, establecida en sentencia del 24 de Abril de 2000 es: (omissis)
La ley, Ciudadanos Magistrados, solo establece tres motivos de inadmisibilidad de una demanda. Que ella contradiga al orden público, que contraríe las buenas costumbres o que exista una expresa disposición legal que ordene la inadmisibilidad. El Tribunal, con La Sentencia, contraría expresamente el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al extralimitarse estableciendo como causal de inadmisibilidad de la demanda, una no pautada en la ley, con lo cual vulneró indubitablemente el equilibrio procesal, conforme lo ha afirmado nuestra doctrina, por ejemplo el tratadista patrio Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo I edición 1995, página 88) al citar jurisprudencia de la Sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia del 24.01.31, afirma que el equilibrio procesal rompe: (omissis)
Eso ocurrió con La Sentencia al incluir como causal de inadmisibilidad una no prevista en la ley: La ambigüedad. Con ello queda absolutamente vulnerado el equilibrio procesal,
Ciudadanos Magistrados:
La sala (sic) a vuestro cargo ya ha sentado doctrina respecto de causales de inadmisibilidad no previstas en la ley. En efecto, en sentencia N° 4 de fecha 15 de noviembre de 2003, Exp. N° 99-003, en el juicio de Carmen Cecilia López Lugo contra Miguel Angel (sic) Capriles Ayala y Otros, la misma estableció que: (omissis)
La doctrina en cuestión fue ratificada en sentencia del 14 de Noviembre de 2006, (caso Joanna Martínez Canestri) la cual estableció que: (omissis)
Como se desprende de las precedentes transcripciones, es pacifica y reiterada la posición de vuestra sala (sic): Las únicas causales de inadmisibilidad de una demanda son que ella sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a una disposición expresa de la ley, tal como lo pauta el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, como quiera que el motivo utilizado en La Sentencia para declarar inadmisible la demanda es la ambigüedad; visto que el mismo no está contemplado en la ley como tal causal, por lo que con ello El Tribunal dejó de aplicar en La Sentencia el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil; dado que al hacer tal declaración El Tribunal vulnera con La Sentencia el equilibrio procesal al cual está obligado a tenor de lo dispuesto en el Artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y con ello afecta absolutamente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela jurídica al cual mi mandante tiene derecho, es por lo que solicito de Ustedes (sic) declaren CON LUGAR la infracción delatada(
). (Resaltado propio).
Para decidir, la Sala observa:
Mediante la presente denuncia, la formalizante le imputa a la recurrida, la infracción de los artículos 15 y 341 del Código de Procedimiento Civil, por violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, argumentando un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, derivado de la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de resolución de contrato más daños y perjuicios propuesta.
Al respecto cabe observar, que el formalizante además de los artículos antes mencionados ha debido fundamentar su delación en los artículos 12, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil al ser ésta una denuncia por quebrantamiento de formas procesales que menoscaban el derecho a la defensa, no obstante, dado que la misma constituye materia de orden público pasa la Sala a analizarla en ese sentido:
A fin de verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, la Sala procede a transcribir lo pertinente del libelo de la demanda, para posteriormente constatarlo con lo establecido por el juez de alzada en la recurrida. Ello así, la parte demandante en el libelo de la demanda (folios 1 al 8 de la primera pieza del expediente), señala lo siguiente:
Yo, CIRO VENTURA ALVAREZ MARTINEZ... actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ C.A DESALCA... ocurro ante su competente autoridad para incoar Demanda en contra de LA ASOCIACION CIVIL ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA O.C.V LOS PROCERES... Por La Acción De Resolución Por Incumplimiento, mas los daños y perjuicios producidos, en los términos aquí pautados.
CAPITULO I
DE LOS HECHOS.
A comienzos del año 2005, comencé reuniones con un grupo de maestros y profesores, por cuanto el IPASME ofertaba ayudarlos a construir un Conjunto Residencial, con préstamos que les otorgaría, y como otra de mis empresas era propietaria de unos terrenos ubicados en el sector la torta carretera vieja tejar, Puerto Píritu, en los cuales ellos estaban interesados comenzamos las reuniones. La Normativa del ipasme (sic) exigía a sus agremiados la inscripción de una O.C.V y la titularidad del Terreno para poder dar curso a su solicitud, pero ellos no contaban con los recursos económicos necesarios para, la compra de terreno, elaboración del proyecto, y otros gastos para agilizar los tramites (sic). En tal virtud convinimos en que yo les traspasaba la titularidad del terreno, corría con los gastos del proyecto y otros y que ellos se comprometían a cancelarlo al cobrar sus utilidades a fin de año, luego de muchas reuniones el 06 de Mayo 2005, se suscribe el convenio venta, llamado aquí contra-documento, que anexo 1 dejando establecidas las condiciones del pago del terreno y otorgándole a mi representada, la exclusividad en la ejecución de la obra del conjunto residencial los próceres en su totalidad; ese mismo día se Registro el documento de venta definitiva del mencionado terreno ya que así lo exigía el ipasme (sic) para poder otorgarles el préstamo, anexo 2. Para ese momento representaba yo dos empresas distintas una convenía con ellos la venta del terreno y a la otra se le otorgaba la exclusividad de la ejecución de la obra del conjunto Residencial que se construiría.
Posteriormente ciudadano Juez; en fecha seis (6) de Septiembre del año 2005. suscribí en nombre de mi representada DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ C.A DESALCA el CONTRATO DE OBRA autenticado en el Registro inmobiliario de los Municipios Autónomo Píritu-San Juan de Capistrano del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de Septiembre de 2005, bajo el N° 31, folios 72 al 75, Tomo XV, de los libros de autenticaciones, que anexo marcado B con la ciudadana Ana Cecilia Guerra
en su carácter de Vicepresidenta de la ASOCIACION CIVIL ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDA O.C.V. LOS PROCERES, la cual fue conformada por el grupo de maestros y profesores ya mencionados. El objeto del contrato es la construcción de cuarenta y ocho (48) viviendas unifamiliares distribuidas en tres (3) Edificios, que son los que conforman el conjunto Residencial. Para la consecución del objeto se acordó la creación de un fideicomiso con el Ipasme. Ahora bien, dicho Instituto se compromete frente a la Asociación a hacer entrega a mi representada de un anticipo y al pago de las valuaciones subsiguientes de acuerdo al avance de la obra, de cada valuación según el contrato se descontaría el 40%, hasta cancelar el monto del anticipo. Así, tal y como se desprende de la cláusula Novena (9ma) del contrato vigente para la fecha. (omissis)
Así las cosas, comencé la obra en fecha 26 de Noviembre (sic) de 2007, con dinero de mi propio peculio y no es sino en fecha veintiuno (21) de Diciembre (sic) del 2007, cuando mi representada recibe el primer anticipo por la cantidad de BOLIVARES FUERTES UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs F. 1.116.390, 64). Sin embargo, las partes involucradas, de mutuo acuerdo establecieron actualizar los precios al valor real del mercado, tomando en consideración el incremento de todos los materiales y la mano de obra, ajustándolo de acuerdo a los aumentos, decretados, y el valor real del mercado de los materiales de construcción que no se calcularon en el contrato anterior, ya que habían transcurrido dos años y medio y los precios habían variado, en consecuencia se realiza una segunda modificación del contrato o ajuste real donde se le reconoce a mi representada un incremento en el precio del contrato cláusula séptima y forma de pago cláusula novena, y se encuentra debidamente autenticado por ante la Oficina de Registro Público con Función Notarial de los Municipios Píritu-San Juan de Capistrano del Estado (sic) Anzoátegui, de fecha veintiséis (26) de Marzo de 2008, Quedando (sic) inscrito bajo el N° 07, Folio 31 al 34, Tomo VII de los Libros de Autenticaciones respectivos anexo 4. Según se evidencia en RESOLUCION N° 08-1299 de fecha nueve (9) de Junio del 2008 emanada de la Junta Administradora del Ipasme. Anexo 5. (omissis)
Así las cosas, ciudadano Juez hasta el día de hoy no he recibido pago alguno, no obstante y contando con las promesas de pagos realizadas por el ente financista, continúe con la ejecución de la obra, Representado (sic) el monto de BOLIVARES DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA UN MIL TREINTA Y NUEVE CON DIECISIETE (Bs 243.039,17), más todo lo invertido y algunas partidas construidas más no facturadas pues la demandada además se niega en forma maliciosa e intencional a firmar valuaciones. En todo este tiempo firmamos actas, donde se estipula un pago inmediato, fecha de terminación de obra, y otros requisitos que nosotros cumplimos pero las otras partes no, estos incumplimientos y otros ha dado lugar a paralizar legalmente la obra en diferentes oportunidades, todos y cada uno de estos soportes serán consignados en el lapso oportuno. (omissis)
Sr. Juez, nosotros hemos perdido muchísimo dinero por el Incumplimiento reiterativo del demandado y por consiguiente la cantidad de dinero invertido, bienes que hemos tenido que vender, como vehículos, apartamentos, intereses cancelados, para afrontar el incumplimiento de la demandada, esto le ha causado un grave daño a nuestro patrimonio, y el de toda mi familia pues era una carga que no podíamos afrontar, Aunado (sic) los gastos Extraordinarios (sic), que ya hemos explicado anteriormente, que corresponden a gastos generales de la obra.
El contrato de obra y sus modificaciones estípula en su cláusula Novena, que la obra se realizara con el anticipo y los pagos subsiguientes serán mediante valuaciones, este incumplimiento del demandado nos ha causado una serie de Daños y Perjuicios, que han ido mermando nuestra capacidad económica y salud física y mental. Y tenemos derecho a reclamarlos conjuntamente con La acción Resolutoria, al Tenor (sic) del Articulo (sic) 1167 del Código Civil, tomando en consideración que las consecuencias del incumplimiento del demandado, ha producido en nuestro patrimonio, un perjuicio económico directo, independientemente de otros daños, perjuicios, deudas y penalizaciones los cuales también tenemos derecho a demandar.
(omissis)...
IV
CAPITULO
PETITORIO
En merito de las razones de hecho y de Derecho (sic) precedentemente expuestas es por lo que acudimos a su competente autoridad a los fines de demandar a la ASOCIACION CIVIL O.C.V. LOS PROCERES, como en efecto demando que previa su citación, convenga o sea Condenado (sic) en la Sentencia (sic) definitiva en los siguientes Pedimentos (sic) por ser de Derecho (sic):
PRIMERO: la cantidad de BOLIVARES DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTIMOS (Bs. 2.431.039,17) correspondientes a los gastos ocasionados en la ejecución del contrato que se me adeudan.
SEGUNDO: La cantidad de Cinco mil Setecientos Sesenta Bolívares diarios (Bs.5.760,00) por concepto de Cláusula Penal estipulada en el Contrato en su Cláusula Décima Quinta por retraso e incumplimiento en sus obligaciones, calculados hasta la presente fecha en la cantidad de BOLIVARES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 0O/00 (Bs. 855.000, 00), más los que se sigan causando hasta la cancelación definitiva de la deuda.
TERCERO: El LUCRO CESANTE constituido por la utilidad que hubiese podido obtener mi representada, por cuanto con lo adeudado y convenido ya esa obra estaría concluida y siendo que el valor de mercado actual es por apartamento de BOLIVARES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (Bs.250.000.00) y multiplicados por cuarenta y ocho (48) apartamentos obtendríamos un resultado de BOLIVARES DOCE MILLONES (Bs. 12.000.000,00) por un cincuenta por ciento (50%) que seria (sic) la utilidad que hubiese podido obtener, seria (sic) una utilidad de BOLIVARES SEIS MILLONES CON 00/00 (Bs. 6.000.000,00).
CUARTO: En atención al daño moral, que se me ha causado y a mi familia lo estimo en la cantidad de Bolívares UN MILLON CON 00/00 (Bs. 1.000.000,00).
QUINTO: La cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y SEIS (Bs.214 416, 36) que se le adeuda a mi representada por concepto de elaboración del Proyecto del Conjunto Residencial los Próceres, cancelación que se nos adeudan por la venta del Terreno, gastos de elaboración de documentos, gastos de registros y Notarias, Impuestos y otros que a (sic) cancelado mi representada en calidad de préstamo y no les han sido reintegrados, y son gastos inherentes a la obra.
SEXTO: Convenga o en su defecto, a ello sea condenada por el Tribunal, en el pago de las Costas y costos Procesales, las cuales estimo prudencialmente en la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 3.150.136,66) que representan el 30% del monto de lo estimado. (omissis)
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
(omissis)
A los efectos Procésales (sic) pertinentes estimo la presente demanda en la cantidad de BOLIVARES TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. 13.650.592,19), mas la indexación correspondiente
. (Resaltado propio, subrayado de la Sala).
De la transcripción antes realizada, esta Sala evidencia de manera diáfana lo siguiente: 1) el ciudadano Ciro Ventura Álvarez Martínez, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ, C.A (DESALCA) y la asociación civil ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE VIVIENDAS O.C.V LOS PROCERES, suscribieron un contrato en fecha 6 de septiembre de 2005 ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Autónomo Píritu-San Juan de Capistrano del estado Anzoátegui, cuyo objeto era la construcción de una obra constante de cuarenta y ocho (48) viviendas unifamiliares distribuidas en tres (3) edificios; 2) se alega la falta de pago de parte del anticipo acordado por las partes para la ejecución de la obra, así como lo relativo a los gastos en los que supuestamente incurrió la empresa demandante ocasionados en el cumplimiento del contrato; 3) la pretensión principal del actor se contrae a la acción resolutoria del contrato de obra suscrito con la referida asociación civil, y 4) se solicita por la demandante el pago de una indemnización por daños y perjuicios causados a su patrimonio como consecuencia del incumplimiento por parte de la demandada.
Determinado lo anterior, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil delatada, en tal sentido, el referido artículo dispone lo siguiente:
Presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente en ambos efectos... (Subrayado y negritas de la Sala).
Dicha norma es determinante cuando señala, que el juez debe admitir la demanda que le sea presentada y sólo declarará la inadmisibilidad de la misma, cuando constate que aquella es contraría el orden público, a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la ley.
En relación con la interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esta la Sala ha sostenido, entre otras, en sentencia N° 886 de fecha 14 de noviembre de 2006, expediente N° 2006-614, señalando al respecto lo siguiente:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala: (omissis)
Dentro de las normativas transcritas, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los juicios por invalidación se rigen por el procedimiento ordinario y los tribunales competentes deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa
el Tribunal la admitirá
; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.
omissis
Ahora bien, la Sala en sentencia N° 4 de fecha 15 de noviembre de 2003, Exp. N° 99-003, en el juicio de Carmen Cecilia López Lugo contra Miguel Ángel Capriles Ayala y Otros, estableció: (omissis)
De la jurisprudencia trascrita se infiere que no es posible declarar in limine litis inadmisible la demanda de invalidación, utilizando motivos no contemplados en nuestra legislación, contrariando el espíritu, propósito y alcance de la Ley, pues el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, prevé las reglas respecto a la inadmisibilidad de la demanda, como son cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.
En consecuencia, el juzgador superior debió examinar las condiciones referidas a la admisión de la demanda contemplada en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y declarar por ser procedente en derecho la admisibilidad de la demanda de invalidación, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley
.
En consecuencia, el juez de la recurrida debió examinar los requisitos de admisibilidad de la demanda previstos en el artículo 341 del Código Adjetivo, y admitir la demanda, de no ser ésta, contraria al orden público, a las buenas costumbres ni alguna disposición expresa de la Ley.
Es por lo antes expuesto, que el juez superior lesionó el derecho de la defensa de la accionante e infringió los artículos 15, 320, ordinal 1°, 331 y 341 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se declara procedente la presente denuncia. Así se decide
.
Ahora bien, si bien es cierto que por razones de orden lógico procesal y desde el punto de vista estrictamente cronológico, es en la etapa de admisión de la demanda, la oportunidad en la que le corresponde al juez evidenciar si la misma es contraria o no al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, siendo ese el momento ideal para advertir la falta de cumplimiento de los llamados presupuestos procesales; no obstante, esta Sala siguiendo criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional ha sostenido que ello no es impedimento para que luego de la admisión, el juez pueda verificar tales presupuestos procesales de oficio- en cualquier estado y grado de la causa a los efectos de declarar su inadmisibilidad. (Vid. Sentencia N° 429 del 30 de julio de 2009, expediente N° 09-039, caso: Accroven S.R.L. c/ Servicios Petroleros El Tejero, C.A. (SEPETECA) y otros).
Igualmente, ha sostenido esta Sala que cuando la inadmisibilidad no es declarada ab initio o in limine litis, es decir, en la oportunidad legalmente prevista para ello, y el proceso avanza considerablemente en su sustanciación, los jueces deben ser muy cautelosos y prudentes al momento de juzgar sobre la inadmisibilidad, debiendo extremar su cuidado a la hora de decidir, puesto que cualquier equivocación al respecto pudiera aparejar una dilación indebida, equivalente a una especie de reposición inútil, al retrotraer indebidamente la causa a una etapa procesal que inicialmente había sido superada, con la consecuente pérdida del tiempo y de los recursos invertidos tanto por los justiciables como por los órganos jurisdiccionales, lo cual resultaría contrario a la tutela judicial efectiva del demandante (Vid. Sentencia N° 259 del 20 de junio de 2011, expediente N° 10-644; caso: Parcelamiento Industrial La Raiza, C.A. contra Eufemio Gallardo y otros).
En el caso bajo análisis, la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda tuvo lugar en la oportunidad de dictar sentencia definitiva en primera instancia una vez que fue sustanciado todo el procedimiento (citación, contestación, promoción y evacuación de pruebas e informes) (folios 67 al 94 de la 3era pieza del expediente), siendo que posteriormente el juez de alzada declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante y confirmó el auto de primera instancia que declaró inadmisible la demanda (folios 45 al 56 de la 4ta pieza del expediente), bajo la siguiente fundamentación:
(
) Conoce este Tribunal Superior del recurso de apelación ejercido por la abogada AYDEE COROMOTO ANATO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 27.819, contra la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, de fecha 26 de julio de 2013, que declaró INADMISIBLE la pretensión por RESOLUCION DE CONTRATO, DAÑOS y PERJUICIOS, propuesto por la empresa DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ, C.A., Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 10, Tomo A-1 de fecha 08 de enero de 1.991, representada por el ciudadano CIRO VENTURA ALVAREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad titular de la Cédula de Identidad Nº 608.034, en contra de los ciudadanos AYDEE COROMOTO ANATO y SILVIA FLORES, venezolanas, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 8.203.294 y 5.003.934, abogadas en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº 27.819 y 25.261, respectivamente.
El Tribunal para decidir, lo hace bajo las consideraciones siguientes:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, establece: (omissis)
La norma antes transcrita establece una facultad otorgada al Juez que conozca de la causa, quien proveerá la admisión cuando esta no aparezca contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley; asimismo se evidencia que el auto que admita la demanda no es revisable mediante apelación, ya que dicho recurso solo se concede en caso de negativa de admisión de la demanda. (omissis)
Ahora bien, en el presente caso quien decide observa que el demandante de autos, entre los fundamentos jurídicos de su pretensión los artículos que cita son 1.167 del Código Civil, vale decir, aquel referido a la ejecución del contrato o la resolución del mismo con daños y perjuicios, y el artículo 1.264 ejusdem, referido a la responsabilidad del deudor de daños y perjuicios en caso de contravención.
También se observa, que la presente demanda deriva del contrato suscrito por las partes por ante la Oficina Inmobiliaria de Registro con función Notarial de los Municipios Autónomos Píritu y San Juan de Capistrano del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de septiembre de 2005; y del escrito libelar folio 1, se constata de forma clara que se indica
ocurro ante su competente autoridad para incoar Demanda
Por La Acción De Resolución por Incumplimiento, más los daños y perjuicios producidos
; no obstante ese pedimento plasmado en principio, el mismo no fue solicitado en la parte del PETITORIO del libelo, tal como lo observó el a-quo.
Siendo ello así, bajo ningún respecto se podrá decidir sobre la resolución del contrato, dada la ambigüedad precisada, y más aún tal declaratoria no fue pedida en el petitorio del libelo, lo que trae como consecuencia que mucho menos se pueda referir en una decisión sobre supuestos daños y perjuicios; con base a todo lo anterior, y a la no determinación precisa del tipo de indemnización requerida, su cuantificación, el origen del daño, su vinculación con el agente a objeto de garantizar al accionado su derecho a la defensa, al permitírsele conocer con exactitud lo que pretende el accionante, y de esta manera, poder preparar su defensa, se debe declarar sin lugar la presente apelación y confirmar la decisión recurrida como se determinará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 19 de septiembre de 201
contra la decisión de fecha 26 de julio de 2013, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial.
SEGUNDO: INADMISIBLE la presente acción por RESOLUCION DE CONTRATO, DAÑOS y PERJUICIOS, propuesto por la empresa DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ, C.A
en contra de los ciudadanos AYDEE COROMOTO ANATO y SILVIA FLORES
Queda así CONFIRMADA la sentencia apelada
.
De la decisión recurrida antes transcrita se desprende, que la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda de resolución de contrato y daños y perjuicios se fundamentó en que bajo ningún respecto se podrá decidir sobre la resolución del contrato, dada la ambigüedad precisada, y más aún tal declaratoria no fue pedida en el petitorio del libelo, lo que trae como consecuencia que muchos menos se pueda referir en una decisión sobre supuestos daños y perjuicios; con base a todo lo anterior, y a la no determinación precisa del tipo de indemnización requerida, su cuantificación, el origen del daño, su vinculación con el agente a objeto de garantizar al accionado su derecho a la defensa, al permitírsele conocer con exactitud lo que pretende el accionante, y de esta manera, poder preparar su defensa, se debe declarar sin lugar la presente apelación y confirmar la decisión recurrida.
En ese orden de ideas, es preciso para esta Sala señalar que la referida inadmisibilidad sobrevenida de la acción por resolución de contrato más daños y perjuicios, fue declarada sin que se evidencie en la demanda interpuesta infracción alguna que constituya una violación del orden público, ni se desprenden de ella conceptos ofensivos o contrarios a las buenas costumbres, ni se comprueba la existencia de alguna disposición expresa de la ley, que impida su admisión, con lo cual no se cumple con ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 341 del Código de procedimiento Civil.
Aunado a lo anteriormente señalado, es menester indicar que el hecho que la pretensión no se encuentre exactamente como tal en el petitorio del libelo presentado por el demandante, ello no puede de ninguna manera ser óbice para ignorar los términos en que se solicita tal pretensión a lo largo del contenido de la demanda, en tal sentido, la indicada inadmisibilidad dictada en esta causa por los jueces de instancia, es claramente violatoria del principio constitucional pro actione, (a favor de la acción), sobre el cual esta Sala se ha pronunciado, entre otras, en sentencia N° 357 del 10 de agosto de 2010, expediente N° 2010-139, reiterada mediante decisión N° RC-182 del 3 de mayo de 2011, expediente N° 2010-515, caso Gloria Mercedes Meza Olivares y otros, contra Oswaldo Meza Olivares, en la que quedó expresado lo siguiente:
En este sentido cabe señalar, lo que ha expresado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en torno al conocido principio pro actione:
...Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que (
) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia
(omissis)
En efecto, esta Sala ha señalado que el principio pro actione forma parte del núcleo esencial de los derechos fundamentales a la tutela judicial eficaz y al debido proceso.
El alcance del principio pro actione (a favor de la acción) ha sido objeto de un sistemático tratamiento por parte de esta Sala. La conclusión que se puede extraer de las decisiones que han considerado el tema, es que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia
(S.S.C. Nº 1.064 del 19.09.00).
De la jurisprudencia anteriormente transcrita, se desprende con meridiana claridad, que en aplicación del principio pro actione, (a favor de la acción), las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que debe prevalecer una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia.
Todo lo antes expuesto deja ver notoriamente, que en el presente caso tanto el a quo como el ad quem con sus decisiones de fechas 26 de julio de 2013 y 14 de agosto de 2015, respectivamente, violaron los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, pues al declarar la inadmisibilidad de la acción de resolución de contrato más daños y perjuicios sin que la misma fuera violatoria del orden público,
sin contener conceptos ofensivos o contrarios a las buenas costumbres, ni fuera contraria su admisión de alguna disposición expresa de la ley, retrotrajeron la causa indebidamente a una etapa procesal que ya había sido superada (6 años atrás), generando a la demandante un retardo procesal injustificado, lo cual devino en un claro menoscabo al debido proceso y a su derecho a la defensa, infringiendo los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, que degeneró en un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, que condujo como consecuencia, a la violación de la garantía de tutela judicial efectiva establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y a la infracción de igual forma del principio constitucional pro actione, que constituyen en conjunto materia de orden público.
Asimismo, como consecuencia de todo lo antes expuesto, queda clara la infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, esta Sala debe declarar nula la decisión del ad quem dictada en fecha 14 de agosto de 2015, respectivamente, y ordenar la reposición de la causa al estado de que el Juez superior se pronuncie sobre el fondo de la controversia. Así se decide.
Por cuanto se ha encontrado procedente una de las denuncias descritas en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer y resolver las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización, todo de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la representación judicial de la sociedad mercantil DESARROLLOS Y SERVICIOS ALVAREZ, C.A (DESALCA), contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 14 de agosto de 2015. En consecuencia, se declara la NULIDAD de la sentencia recurrida. Se ORDENA la reposición de la causa al estado de que el juez superior que resulte competente dicte decisión de fondo. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
De acuerdo a la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Particípese dicha remisión al a quo y al ad quem, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de julio de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de la Sala,
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GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente,
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FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada Ponente,
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MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
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VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado,
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YVÁN DARIO BASTARDO FLORES
Secretario,
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CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp.: Nº AA20-C-2016-000024
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,