Sentencia N.º RC.000432
- Sentencia
- N.º RC.000432
- Fecha
- 22/10/2019
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 18-651
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2018-000651
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio por cobro de bolívares, incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por los ciudadanos WILLIAM HENRY PHELPS TOVAR, MANUEL IGNACIO ARCAYA ARCAYA y MANUEL JOSÉ ARCAYA URBANEJA, titulares de la cédula de identidad N° V-4.353.935, V-3.469.820 y V-12.066.333 respectivamente, representados judicialmente por los ciudadanos abogados María Brando, Paola Brando, Antonio Brando, Pedro Nieto, Domingo Medina y Luis Alejandro Rivas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 119.059, 131.293, 12.710, 122.774, 128.661 y 237.900, respectivamente, contra los ciudadanos MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y WILLBURG CASTRO LIMA, titulares de la cédula de identidad N° V-13.773.636 y V-11.038.142, respectivamente, patrocinados judicialmente por el ciudadano abogado Carlos Enrique Poleo Cabrera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 69.331; el ciudadano JORGE LUIS BERRIZBEITIA PONCE; titular de la cédula de identidad N° V-3.565.283, patrocinado judicialmente por el ciudadano abogado David Arcángel Vivas Escobar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 237.079, y donde actuó como tercero interviniente el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, titular de la cédula de identidad N° V-3.734.200, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Mariana Quintero Mogollón, Dairy Paola Charris López, Asdrúbal Francisco García Sanabria, Asdrúbal José García Schiaffino, Henry Sánchez Valecillos, Nawual Huwuaris Díaz y Asdrúbal José García Gutiérrez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 153.631, 290.037, 43.794, 10.747, 142.564, 48.136 y 246.886 respectivamente, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 21 de junio de 2018, declarando:
( ) PRIMERO: INADMISIBLE la apelación interpuesta en fecha 14 de mayo de 2018, por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, contra la decisión contenida en el auto dictado el 08 (sic) de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual impartió homologación a la Transacción (sic) Judicial (sic) presentada por las partes ante el mencionado Juzgado en fecha 02 (sic) de Mayo de 2018, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, siguen los ciudadanos MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE, y consecuencialmente, NO PRESENTADA la Tacha (sic) Incidental (sic), propuesta por la abogada DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ.-
SEGUNDO: SE ORDENA la CONTINUACIÓN del juicio de COBRO DE BOLÍVARES, intentado por MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de la presente decisión (Destacado de lo transcrito).
Contra la referida decisión de alzada, los co-demandados interpusieron recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y formalizado oportunamente. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
En fecha 5 de noviembre de 2018, la Sala recibió el expediente. Se dio cuenta en fecha 6 de diciembre de 2018, y se asignó la ponencia al Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
Conforme a lo dispuesto en fallos de esta Sala de Casación Civil, números RC-254, expediente N° 2017-072, caso: Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675, caso: Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, reiterados entre muchos otros, en fallo N° RC-156, expediente N° 2018-272, caso: José Rafael Torres González contra Carmelo José González y otra, de fecha 21 de mayo de 2019, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, señalando al respecto lo siguiente:
( ) Ahora bien, conforme a lo dispuesto en fallos números RC-254, expediente N° 2017-072. Caso: Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675. Caso: Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, en aplicación de lo estatuido, en fallo de esta Sala N° RC-510, del 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, del 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., CON EFECTOS EX NUNC Y ERGA OMNES, A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional cuando sea necesaria LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, y en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, dispuso lo siguiente:
En aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa. (Cfr. Fallos N° 689, del 8-11-2017. Exp. N° 2017-399; N° 236, del 10-5-2018. Exp. 2017-285; N° 369, del 1-8-2018. Exp. N° 2018-192; y N° 392, del 8-8-2018. Exp. N° 2017-796). b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley. (Vid. Sentencias N° 409, del 29-6-2016. Exp. N° 2015-817; N° 577, del 6-10-2016. Exp. N° 2016-302; y N° 392, del 8-8-2018. Exp. N° 2017-796). c) Por petición de principio, cuando se obstruya la admisión de un recurso impugnativo, el tribunal se fundamenta en un proveimiento recurrible, para declararlo irrecurrible. (Ver. Decisiones N° 114, del 13-4-2000. Exp. N° 1999-468; N° 488, del 20-12-2002. Exp. N° 2001-741; y N° 036, del 17-2-2017. Exp. N° 2016-395). d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición preterida o no decretada. (Cfr. Fallos N° 407, del 21-7-2009. Exp. N° 2008-629; N° 234, del 10-5-2018. Exp. N° 2016-598; y N° 392, del 8-8-2018. Exp. N° 2017-796). Y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Vid. Sentencias N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Juana Ynocencia Rengifo de Arenas, Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A. y SEGUROS MERCANTIL C.A.; N° 577, del 6-10-2016. Exp. N° 2016-302; N° 689, del 8-11-2017. Exp. N° 2017-399; N° 236, del 10-5-2018. Exp. 2017-285; y N° 413, del 10-8-2018. Exp. N° 2018-092).-
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, TIENE LA OBLIGACIÓN DE INHIBIRSE DE SEGUIR CONOCIENDO EL CASO y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo. (Ver. Decisiones N° 254, del 29-5-2018. Exp. N° 2017-072; N° 255, del 29-5-2018. Exp. N° 2017-675; y N° 413, del 10-8-2018. Exp. N° 2018-092).
Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea:
Por indeterminación: I) Orgánica. Que ocurre, cuando en el texto de la sentencia no se señalan los datos identificativos del tribunal que pronuncia el fallo. Como son: Grado, Circunscripción Judicial y materia. Caso muy extraño de violación de forma, que se ha declarado cumplido, con el señalamiento de la identificación en cualquier parte del fallo, o sólo en el dispositivo, o cuando del sello húmedo del juzgado se aprecie con claridad la identificación del órgano jurisdiccional que dictó la decisión. Artículo 243 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. (Cfr. Fallos del 26-7-1973, reiterada en fallos del 1-6-1988 y 14-3-1990, caso: José Delmar Correa contra Vásquez Internacional y otros; del 10-3-1988, caso: Miguel San Juan Mayo contra Víctor Guzmán; del 24-11-1994, caso: Alcides de Jesús Daza contra Estacionamiento LA59 S.R.L.; N° 298, del 11-10-2001. Exp. N° 2000-339; y N° 098, del 12-4-2005. Exp. N° 2003-055). II) Subjetiva. Artículo 243 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil. Referida a la mención de las partes y sus apoderados. Como uno de los requisitos que debe contener todo fallo, tiene su origen en la necesidad de que se establezca, sin lugar a duda, sobre quién o quiénes recae el fallo, toda vez, que el efecto de la cosa juzgada en la sentencia, tiene sus límites subjetivos determinados por las partes que han intervenido en la controversia. (Vid. Sentencias N° 298, del 11-10-2001. Exp. N° 2000-339; N° 460, del 27-10-2010. Exp. N° 2010-131); y N° 007, del 31-1-2017. Exp. N° 2016-515). III) Objetiva. Artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Que se configura cuando el sentenciador no precisa en su fallo la cosa u objeto sobre el cual ha de recaer la decisión, o no señala los parámetros para la elaboración de la experticia completaría del fallo, a que se contrae el artículo 249 eiusdem. (Ver. Decisiones N° 987, del 16-12-2016, Exp. N° 2016-119; N° 668, del 26-10-2017. Exp. N° 2017-262; y N° 727, del 13-11-2017. Exp. N° 2014-386). Y IV) De la controversia. Artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil. Que instaura el deber del juez de establecer en forma preliminar cuáles son los límites de la controversia planteada y sometida a su consideración, donde deberá realizar una síntesis propia de lo demandado y de la contestación. (Cfr. Fallos N° 308, del 18-5-2017. Exp. N° 2016-965; N° 360, del 7-6-2017. Exp. N° 2016-422; N° 476, del 13-7-2017. Exp. N° 2016-378; y N° 234, del 10-5-2018. Exp. N° 2016-598).
Por inmotivación: Artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Que se contrae a la falta de señalamiento por parte del juez de las razones de hecho y de derecho de su decisión. a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. (Vid. Sentencias N° 446, del 3-7-2017. Exp. 2016-605; N° 649, del 24-10-2017. Exp. N° 2017-273; y N° 349, del 12-7-2018. Exp. N° 2017-453). b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. (Ver. Decisiones N° 203, del 21-4-2017. Exp. N° 2016-696; N° 855, del 15-12-2017. Exp. N° 2017-568; y N° 231, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-336). c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. (Cfr. Fallos N° 891, del 9-12-2016. Exp. N° 2015-830; N° 214, del 26-4-2017. Exp. N° 2016-861; y N° 585, del 14-8-2017. Exp. N° 2017-392). d) Porque todos los motivos son falsos. El razonamiento del juez conduce a una conclusión apartada palmariamente de la realidad procesal. (Vid. Sentencias N° 149, del 30-3-2009. Exp. N° 2008-662; N° 576, del 23-10-2009. Exp. N° 2009-267; y N° 361, del 7-5-2017. Exp. N° 2016-053). e) Por motivación acogida, cuando el juzgador no señala sus motivos, sino que asume y dar por entendidos los del juzgador de la apelación, dando por reproducidos los mismos como único soporte para motivar el fallo de alzada, sin esgrimir una fundamentación propia. (Ver. Decisiones N° 390, del 18-6-2014. Exp. N° 2014-060; N° 865, del 7-12-2016. Exp. N° 2015-438; y N° 745, del 5-4-2017. Exp. N° 2016-745). f) Por petición de principio, cuando se dé por probado lo que es objeto de prueba, cometiendo el juez un sofisma, vale decir, un argumento falaz y/o una tergiversación engañosa de los hechos que aparentan ser la verdad. (Cfr. Fallos N° 114, del 13-4-2000. Exp. N° 1999-468; N° 036, del 17-2-2017. Exp. N° 2016-395; y N° 067, del 22-2-2018. Exp. N° 2017-171). g) Por motivación ilógica o sin sentido. Cuando los motivos son tan vagos, generales, ilógicos, sin coherencia o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión. (Vid. Sentencias N° 38, del 21-2-2007. Exp. N° 2004-079; N° 632, del 15-10-2014. Exp. N° 2013-639; y N° 657, del 4-11-2014. Exp. N° 2014-320). h) Por motivación aparente o simulada. Aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato de la ley, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, jurisprudencia, doctrina y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión. (Ver. Decisiones N° 074, del 15-3-2010. Exp. N° 2009-570; N° 657, del 4-11-2014. Exp. N° 2014-320; y N° 228, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-062). i) Por inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cual es su contendido y que elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó; o no señala los motivos por los cuales fueron desechados. (Cfr. Fallos N° 123, del 29-3-2017. Exp. N° 2016-239; N° 228, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-062; y N° 436, del 13-8-2018. Exp. N° 2017-432). Y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo. (Cfr. Fallos N° 38, del 21-2-2007. Exp. N° 2004-079; N° 559, del 25-11-2010. Exp. N° 2009-378; y N° 032, del 27-1-2014. Exp. N° 2012-624).
Por incongruencia <<ne eat iudex citra, ultra y extra petita partium>> de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, al verificarse un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que se trabó la litis, y por ende la decisión no es expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita. Donde omite pronunciamiento sobre un alegato determinante de obligatoria resolución. (Vid. Sentencias N° 770, del 27-11-2017. Exp. N° 2017-441; N° 234, del 10-5-2018. Exp. N° 2016-598; N° 349, del 12-7-2018. Exp. N° 2017-453; y N° 414, del 10-8-2018. Exp. N° 2018-227). 2) Positiva o activa. Donde se pronuncia mas allá de los términos en que se trabó la litis. (Ver. Decisiones N° 551, del 12-8-2015. Exp. N° 2014-688; N° 200, del 18-4-2018. Exp. N° 2017-733; y N° 414, del 10-8-2018. Exp. N° 2018-227). 3) Subjetiva. Por falta de señalamiento de los sujetos procesales o por señalar a unos distintos a los que se contrae el juicio. (Cfr. Fallos N° 213, del 16-5-2003. Exp. N° 2002-278; N° 593, del 15-7-2004. Exp. N° 2003-955; N° 662, del 9-8-2006. Exp. N° 2006-191; y N° 033, del 16-2-2007. Exp. N° 2006-335). 4) Por tergiversación de los alegatos. Cuando el juez cambia o distorsiona el sentido de los alegatos de las partes. (Vid. Sentencias N° 191, del 29-4-2013. Exp. N° 2012-186; N° 584, del 14-8-2017. Exp. N° 2017-127; N° 184, del 10-4-2018. Exp. N° 2015-551; y N° 223, del 8-5-2018. Exp. N° 2017-795). Y 5) Mixta por extrapetita. Cuando se pronuncia sobre un aspecto externo o exógeno a la litis, que por ende no forma parte de lo discutido en juicio, y distorsiona la causa de pedir, omitiendo pronunciamiento sobre lo que debe (incongruencia negativa) y pronunciándose más allá de lo peticionado (incongruencia positiva), cometiendo ambos vicios en incongruencia mixta. (Ver. Decisiones N° 479, del 13-7-2017. Exp. N° 2016-652; N° 514, del 31-7-2017. Exp. N° 2017-159; y N° 542, del 7-8-2017. Exp. N° 2017-178).
Por reposición: Artículos 7, 15, 207, 208, 209, 211, 212, 213 y 245 del Código de Procedimiento Civil: a) Inútil. No cumpliendo por ende con el requisito referente a la utilidad de la reposición que es indispensable para su procedencia. (Cfr. Fallos N° 403, del 8-6-2012. Exp. N° 2011-670; N° 046, del 23-2-2017. Exp. N° 2016-514; N° 548, del 8-8-2017. Exp. N° 2017-236; y N° 331, del 9-7-2018. Exp. N° 2018-108). Y b) Mal decretada. Cuando se repone a un estado de la causa para corregir o subsanar un vicio de procedimiento, el cual no se desprende de las actas del expediente. (Vid. Sentencias N° 436, del 29-6-2006. Exp. N° 2005-684; N° 594, del 18-10-2016. Exp. N° 2016-043; N° 770, del 27-11-2017. Exp. N° 2017-441; y N° 216, del 4-5-2018. Exp. N° 2017-826).
Y en torno de lo dispositivo del fallo: Artículo 244 del Código de Procedimiento Civil: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción. (Ver. Decisiones N° 501, del 6-7-2006. Exp. N° 2005-587; N° 652, del 10-10-2012. Exp. N° 2012-246; y N° 212, del 26-4-2017. Exp. N° 2016-867). II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva. (Cfr. Fallos N° 673, del 7-11-2013. Exp. N° 2002-279, N° 151, del 27-3-2015. Exp. N° 2014-801; y N° 226, del 7-4-2016. Exp. N° 2015-786). III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución. (Vid. Sentencias N° 198, del 3-5-2005. Exp. N° 2016-867; N° 501, del 6-7-2006. Exp. N° 2005-587; y N° 212, del 26-4-2017. Exp. N° 2016-867). IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución. (Ver. Decisiones N° 788, del 12-12-2012. Exp. N° 2012-358; N° 524, del 12-8-2015. Exp. N° 2015-248 y N° 128, del 2-3-2016, Exp. N° 2015-600). Y V) Que contenga ultrapetita. Consistente en un exceso de jurisdicción del juzgador, al decidir cuestiones no planteadas en la litis, concediendo generalmente; a alguna parte, una ventaja no solicitada, dando más o más allá de lo pedido. (Cfr. Fallos N° 131, del 26-4-2000. Exp. N° 1999-097; N° 551, del 12-8-2015. Exp. N° 2014-688; y N° 382, del 2-8-2018. Exp. N° 2018-149).
La Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116, de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), SE CONSTITUYE EN UN DEBER, LO QUE REITERA LA DOCTRINA PACÍFICA DE ESTA SALA, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de INFRACCIÓN DE OFICIO en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique, ya sea por el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, por la violación de los requisitos formales de la sentencia o por infracción de la ley, PUDIENDO EXTENDERSE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA Y PONERLE FIN AL LITIGIO, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. (Ver. Decisiones N° 585, del 14-8-2017. Exp. N° 2017-392; N° 255, del 29-5-2018. Exp. N° 2017-675; y N° 390, del 8-8-2018. Exp. N° 2016-646).
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: ...En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, PUDIENDO EXTENDERSE AL FONDO DE LA CONTROVERSIA Y PONERLE FIN AL LITIGIO , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el ORDEN PÚBLICO, por: a) La errónea interpretación. Cuando no se le da a la norma su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. (Cfr. Fallos N° 866, del 15-12-2017. Exp. N° 2017-419; N° 200, del 18-4-2018. Exp. N° 2017-733; y N° 375, del 1-8-2018. Exp. N° 2018-071). b) La falta de aplicación. Cuando se le niegue la aplicación a una norma que estaba vigente para la fecha en que se produjo el acto cuya nulidad se solicita, porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. (Vid. Sentencias N° 290, del 5-6-2013. Exp. N° 2012-697; N° 092, del 15-3-2017. Exp. N° 2016-508; y N° 359, del 20-7-2018. Exp. N° 2017-398). c) La aplicación de una norma no vigente. Cuando el juez aplica al caso una norma derogada o que no estaba vigente para la fecha en que se produjo el acto cuya nulidad se solicita. (Ver. Decisiones N° 641, del 7-10-2008. Exp. N° 2007-889; N° 092, del 17-3-2011. Exp. N° 2010-465; y N° 199, del 2-4-2014. Exp. N° 2013-574). d) La falsa aplicación. Cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, es decir, se trata del error que puede provenir de la comprobación de los hechos o del error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta. (Cfr. Fallos N° 210, del 25-4-2017. Exp. N° 2016-726; N° 865, del 15-12-2017. Exp. N° 2017-460; y N° 200, del 18-4-2018. Exp. N° 2017-733). Y e) La violación de máximas de experiencia o experiencia común, dado que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, señala que el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentran comprendidos en estos. (Vid. Sentencias N° 241, del 30-4-2002. Exp. N° 2000-376; N° 450, del 3-7-2017. Exp. N° 2016-594; y N° 193, del 17-4-2018. Exp. N° 2016-471).
Y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa o falso supuesto, cuando: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene. (Ver. Decisiones N° 515, del 22-9-2009. Exp. N° 2008-613; N° 053, del 8-2-2011. Exp. N° 2011-503; y N° 456, del 3-10-2011. Exp. N° 2011-144). 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos. (Cfr. Fallos N° 247, del 19-7-2000. Exp. N° 1999-927; N° 060, del 18-2-2008. Exp. N° 2006-1011; y N° 216, del 11-4-2008. Exp. N° 2005-525). 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo. (Vid. Sentencias N° 072, del 5-2-2002. Exp. N° 1999-973-034, N° 355, del 30-5-2006. Exp. N° 2005-805; y N° 151, del 12-3-2012. Exp. N° 2011-288). 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato. (Ver. Decisiones N° 187, del 26-5-2010. Exp. N° 2009-532; N° 229, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-260; y N° 391 del 8-8-2018. Exp. N° 2018-243). 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa. (Cfr. Fallos N° 248, del 29-4-2008. Exp. N° 2007-584; N° 589, del 18-9-2014. Exp. N° 2012-706; y N° 036, del 17-2-2017. Exp. N° 2016-395). O por, 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, la cuales se dividen en cuatro (4) grupos que son: I) Las normas jurídicas que regulen el establecimiento de los hechos; II) Las normas jurídicas que regulen la valoración de los hechos; III) Las normas jurídicas que regulen el establecimiento de un medio de prueba; y IV) Las normas jurídicas que regulen la valoración de un medio de prueba. (Vid. Sentencias N° 467, del 29-10-2010. Exp. N° 2009-151; N° 672, del 24-10-2012. Exp. N° 2012-314; y N° 088, del 5-3-2015. Exp. N° 2014-053). Y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre. (Ver. Decisiones N° 390, del 22-6-2015. Exp. N° 2015-795; N° 770, del 27-11-2017. Exp. N° 2017-441; y N° 315, del 29-6-2018. Exp. N° 2016-669).
La Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda. Y b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional. (Cfr. Fallos N° 577, del 6-10-2016. Exp. N° 2016-302; N° 689, del 8-11-2017. Exp. N° 2017-399; N° 236, del 10-5-2018. Exp. 2017-285, y N° 413, del 10-8-2018. Exp. N° 2018-092). Dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala dictará su decisión tomando en cuenta la INFLUENCIA DETERMINANTE DEL MISMO DE LO DISPOSITIVO DEL FALLO y SI ÉSTE INCIDE DIRECTAMENTE SOBRE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO O SOBRE EL FONDO y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA, la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, EN UNA INTERPRETACIÓN DE LA LEY EN FORMA ESTABLE Y REITERATIVA, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo dispuesto en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara. (Vid. Sentencia N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Juana Ynocencia Rengifo de Arenas, Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A. y SEGUROS MERCANTIL C.A.).
Sin menoscabo de la facultad atribuida a esta Sala, de conocer de las DENUNCIAS DE INFRACCIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES, pura y simple, en la formulación del recurso extraordinario de casación, dado que: ...En decisión de reciente data, esta Sala consideró necesario, realizar una atemperación de su doctrina en torno al análisis de las denuncias por infracción de normas constitucionales de forma autónoma en sede casacional, y estableció, que procederá al análisis de las mismas independientemente de que la denuncia haya sido formulada sin la correspondiente argumentación que la lleva a establecer que la infracción constitucional es señalada como apoyo de la denuncia de normas de rango legal correspondientes al recurso extraordinario de casación . (Ver. Decisiones N° 369, del 1-8-2018. Exp. N° 2018-192; N° 302, del 18-5-2017. Exp. N° 2016-780; Nº 952, del 15-12-2016. Exp. N° 2016-282; N° RC-265, del 27-5-2013. Exp. N° 2012-597; N° RC-104, del 20-3-2013. Exp. N° 2012-503; N° RC-470, del 2-7-2012. Exp. N° 2012-098; N° RC-534, del 21-11-2011. Exp. N° 2011-241; N° RC-134, del 5-4-2011. Exp. N° 2010-631; y N° RC-637, del 16-12-2010. Exp. N° 2010-450).
PUNTOS PREVIOS
-I-
-CUESTIÓN DE DERECHO CON INFLUENCIA DECISIVA SOBRE EL MÉRITO O CUESTIÓN JURÍDICA PREVIA-
Primeramente es necesario referir lo que esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada, en relación a la carga que tiene el formalizante de atacar en forma previa o en primer término a cualquier otro particular del juicio, la cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamente una sentencia, tal como ocurre en este caso con la decisión recurrida, donde la alzada declaró la inadmisibilidad del recurso ordinario de apelación; la cual señaló:
( ) PRIMERO: INADMISIBLE la apelación interpuesta en fecha 14 de mayo de 2018, por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, contra la decisión contenida en el auto dictado el 08 (sic) de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual impartió homologación a la Transacción (sic) Judicial (sic) presentada por las partes ante el mencionado Juzgado en fecha 02 (sic) de Mayo de 2018, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, siguen los ciudadanos MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE, y consecuencialmente, NO PRESENTADA la Tacha (sic) Incidental (sic), propuesta por la abogada DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ.-
SEGUNDO: SE ORDENA la CONTINUACIÓN del juicio de COBRO DE BOLÍVARES, intentado por MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE (Destacados de la Sala)
Al efecto, esta Sala en torno a la existencia de una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, en la cual se fundamenta la sentencia, en su fallo N° RC-235, de fecha 10 de mayo de 2018, expediente N° 2017-406, caso: Virgilio Vieira Felipe contra Agregados y Premezclado La Ceiba C.A., bajo la ponencia del mismo Magistrado que suscribe la presente decisión; que ratifica lo establecido en sentencia N° RC-504, de fecha 17 de septiembre de 2009, expediente N° 2007-900, caso: Chee Sam Chang contra Manuel Lorenzo Benítez González y otra, que refiere al fallo Nº RC-306, de fecha 23 de mayo de 2008, expediente Nº 2007-904, caso: Representaciones Valeri Fashion F., C.A., contra las sociedades mercantiles Administradora Alegría, C.A. y Centro Importador Abanico, C.A., que fue reiterada en fallo Nº RC-824, de fecha 9 de diciembre de 2008, expediente Nº 2008-095, caso: La Rinconada C.A., contra Gladys Gubaira de Matos y otros, estableció lo siguiente:
( ) Ahora bien, sobre la cuestión jurídica previa en la sentencia de mérito, la Sala ha establecido de forma reiterada, entre otras, en sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, Caso: Rose Marie Convit de Bastardo y otros c/ Inversiones Valle Grato C.A. que:
( ) cuando el Juez resuelve una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito del proceso, debe el recurrente, en primer término, atacarla en sus fundamentos esenciales, pues si los hechos invocados y la norma jurídica que le sirve de sustento legal no existen o ésta fue mal aplicada, o por el contrario, tienen otros efectos procesales distintos a los establecidos en la Alzada, o en el caso, por el Tribunal de Reenvío, el recurrente está obligado a combatirlos previamente; y si tiene éxito en esta parte del recurso, podrá, en consecuencia, combatir el mérito mismo de la cuestión principal debatida en el proceso .
En igual sentido, este Alto Tribunal estableció en decisión de fecha 24 de septiembre de 2003, Caso: Construcciones y Mantenimiento S Y P C.A., c/ Rasacaven S.A., que:
( ) el formalizante omitió impugnar, a través de su denuncia de actividad, la cuestión jurídica previa establecida por la recurrida Sobre la carga del formalizante de atacar la cuestión jurídica previa establecida, la Sala de Casación Civil ha señalado lo siguiente: Como previamente fue establecido, en el caso bajo estudio, el Juez de la recurrida se basó en una cuestión jurídica previa para declarar sin lugar la demanda ´, que de conformidad con la doctrina de esta Sala ha debido ser atacado en forma previa por el formalizante ya sea bajo el amparo de denuncias por defectos de forma o por defectos de fondo .(Mayúsculas y cursivas del texto).
Es claro, pues, que el recurrente ha debido combatir el pronunciamiento del Juez Superior . (Destacado de la Sala)
En consecuencia, dado que el juez basó su decisión, en una cuestión de derecho con influencia decisiva sobre el mérito o cuestión jurídica previa, al haber declarado inadmisible el recurso ordinario de apelación; ya que esta tiene fuerza suficiente para descartar cualquier otro pronunciamiento sobre los alegatos y pruebas vinculadas al fondo o mérito de la controversia; esta Sala por consiguiente conocerá de las denuncias contenidas en el escrito de formalización, si el recurrente ataca con prioridad, dicho pronunciamiento previo de derecho. Así se establece.
-II-
Ahora bien, de la revisión a los autos que conforman el actual expediente se observa, que el fallo contra el cual se recurre en casación, declaró inadmisible el recurso ordinario de apelación, ordenando en consecuencia la continuación del juicio por cobro de bolívares, incoado por los ciudadanos Manuel José Arcaya, Manuel Ignacio Arcaya y William H. Phelps, contra los ciudadanos María Corina Zajia Marcano, Willburg Castro Lima y Jorge Luis Berrizbeitia Ponce.
En este sentido, ha sido reiterado el criterio de la Sala de Casación Civil, en cuanto a reconocer legitimación activa para el ejercicio del recurso extraordinario de casación, a la parte que haya sufrido algún gravamen con la decisión impugnada.
Así pues, resulta necesario destacar lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone lo siguiente:
( ) Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente . (Resaltado de la Sala).
De igual manera se considera necesario destacar lo dicho por esta Sala de Casación Civil, respecto a la legitimidad para interponer recurso de casación, en fallo N° RC-299, de fecha 12 de junio de 2003, expediente N° 2002-213, caso: Ángel María Paredes y otra contra Agropecuaria La Auxiliadora, S.A., en donde se expresó lo siguiente:
( ) Conforme a la doctrina y reiterada jurisprudencia, para tener acceso a la casación es imprescindible que exista un recurrente legítimo, quien deberá cumplir con las siguientes exigencias: a) que haya sido parte en la instancia; y b) que tenga interés en recurrir, esto es, porque el fallo de última instancia le haya ocasionado un perjuicio, por haber sido vencido en su totalidad o en parte.
Lo anterior, no está expresamente previsto en el ordenamiento legal venezolano, pero se puede abstraer, como principio general, de la exigencia al actor de un interés jurídico actual para proponer la demanda -artículo 16 del Código de Procedimiento Civil-y de la regla que impide a la parte apelar de cualquier providencia o sentencia, en la cual, se le haya concedido todo lo pedido (artículo 297 eiusdem).
En este sentido, establece el citado artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, que tendrán derecho de apelar de la sentencia definitiva, no sólo las partes, sino todo aquel que, por tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, resulte perjudicado por la decisión .
Ahora bien, para que la parte pueda interponer el recurso extraordinario de casación, no basta que la sentencia impugnada cumpla con los requisitos de ley, ni tampoco que el recurrente sea parte en el proceso o se haya hecho parte en la instancia, es pues imprescindible que éste tenga interés para recurrir, determinado por el perjuicio o gravamen que le haya producido la decisión, por haberle sido desfavorable en alguna parte de su dispositivo .
En este sentido, la doctrina y jurisprudencia han considerado el agravio como uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de casación. Al respecto, se ha sostenido que para que exista un interés, la parte impugnante tiene que haberse visto perjudicado por el contenido del dispositivo de la sentencia, a los efectos del ordenamiento jurídico . (Destacado de la Sala).
Así pues, tenemos que el formalizante en su escrito, señala lo siguiente:
( ) LEGITIMACIÓN DE LOS ABOGADOS
Por cuanto nuestra legitimación como apoderados judiciales de WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO han sido objetadas por el Tribunal (sic) a quo, me permito hacer las siguientes consideraciones previas a la formalización: la impugnación del Instrumento (sic) Poder (sic) debe verificarse en la primera oportunidad o actuación inmediatamente posterior a la presentación de aquel por parte de quien se encuentra interesado en objetar la representación de quien se trate, pues de lo contrario existe una presunción tácita de que ésta ha sido admitida como legítima, tal regla se desprende del contenido del artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, el cual prescribe lo siguiente:
( omissis )
La parte actora nunca impugnó nuestra cualidad de Apoderados (sic) Judiciales (sic) de los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, tan cierto es que en fecha 17 de junio de 2018, el abogado PEDRO NIETO apoderado judicial de la parte accionante, solicito al Tribunal (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) remita el expediente a los Juzgados (sic) Superiores (sic) para su respectiva Distribución (sic) en virtud de la apelación ejercida por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA, y asimismo solicitó se deseche la petición relacionada con la tacha incidental, formulada por la abogada DAIRY CHARRIS (f. 104, p. I), aceptando de esa forma nuestra representación, hizo actuaciones los días 4 y 5 de junio donde incluso contestó la tacha (sin haber sido admitida), insistió en el valor y eficacia del instrumento poder que se había tachado.
Ahora bien, el ciudadano Carlos Poleo, atribuyéndose una cualidad falsa de apoderado judicial, NO IMPUGNA el poder en primera actuación de fecha 5 de junio de 2018 (f. 2 al 17 de la Segunda Pieza) insiste en su poder falso, y en su segunda actuación en el expediente, tampoco IMPUGNA el poder (f. 375 al 382) y después de muchas actuaciones en el expediente objeta nuestra cualidad de apoderado judiciales la cual ya estaba subsanada si fuese el caso.
La Sala de Casación Civil, en sentencias N° RC-000539 del 19 de noviembre de 2010, caso Distribuidora La Barinesa C.A., N° RC-00229, del 26 de mayo de 2001, caso: Filomena Ramírez Delgado, entre otras señalo lo siguiente:
( omissis )
La jurisprudencia contemporánea y el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil han establecido la posibilidad necesaria para el actor de cuestionar la representación de la demandada. Tal como el accionado tiene a su disposición las cuestiones previas, las fuentes comentadas ponen la posibilidad en manos del actor de impugnar la representación si es el caso que esta adolece de vicios. Bajo este panorama el abogado objetado CARLOS POLEO, ha alegado la ineficacia de la representación porque el poder lo confirió RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, por no ser Abogado (sic) según sus dichos.
Lo primero que debe esclarecer el órgano jurisdiccional, es que la impugnación del poder por parte del demandante como incidencia, ha sido desarrollada por éste digno Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que el legislador no previó una forma equiparable a la otorgada al demandado para hacerlo tal como se concibió en las cuestiones previas. A manera de ilustración se trae a colación la sentencia de fecha 18/04/2006 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Exp. N° 2005-603, caso sociedad mercantil Constructora Rocal C.A, contra la empresa Inversiones Hoteles y Turismo C.A. (INHTUR C.A.), donde aplicando a su vez su criterio proferido por la Sala Constitucional detalló:
( omissis )
Así las cosas, consignó poder original a los folios 395, 396, 397 y su vuelto, 398, 399 y 400 del expediente en seis (6) copias del Instrumento (sic) Poder (sic) General (sic) otorgado (sic) WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO ( ), según consta de instrumento poder debidamente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, en fecha 01 de febrero de 2018, inscrito bajo el N° 43, folios 362, de los tomo (sic)(3) de Protocolo (sic) del año respectivamente otorgado al ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES ( ), quien lo sustituye en los abogados que actualmente los defiende de ésta mala componenda judicial.
Igualmente solicite a mis poderdantes, un nuevo poder el cual consigné y consta en la segunda pieza (f. 429 al 431), siendo otorgado en fecha tres (3) de Julio (sic) de 2018) bajo el Número 2018-77720, en la Notaría Pública del Estado de la Florida, en Estados Unidos de América, Apostillado bajo la convención de la haya del 5 de Octubre (sic) de 1961, el cual señala taxativamente que ratifican e insisten en todas las actuaciones judiciales realizadas en el expediente por los Abogado Asdrúbal García Sanabria y Dairy Charris López, e igualmente señalan que en forma personal, no han otorgado poder alguno al Abogado Carlos Poleo, y mucho menos han tenido ningún tipo de contacto con él, desde septiembre de 2017.
Por las razones antes expuestas, solicito formalmente de esta honorable Sala nos tenga como apoderados judiciales de los codemandados WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO (plenamente identificados) (Destacado de lo transcrito)
Establecido lo anterior y dada la naturaleza del asunto planteado, esta Sala pasa a transcribir lo pertinente de la recurrida, de lo cual se observa:
( ) III. MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El asunto que ha sido sometido a consideración de este Juzgado Superior Primero, versa sobre la apelación que hiciera en fecha 14 de mayo de 2018, el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, quien manifiesta, actuar como apoderado judicial de los co-demandados ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, contra la decisión interlocutoria contentiva del auto dictado el 08 de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual impartió homologación a la transacción judicial presentada por las partes ante el mencionado Juzgado en fecha 02 (sic) de mayo de 2018, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, siguen los ciudadanos MANUEL JOSE ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ LUIS BERRIZBEITIA PONCE.
Así las cosas se observa, que mediante escrito presentado ante esta Alzada (sic) en fecha 05 (sic) de junio de 2018, el abogado CARLOS POLEO CABRERA, quien a los efectos de este juicio señala, actúa como apoderado judicial de los co-demandados ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, alegando entre otros hechos, que el 14 de mayo de 2018, el abogado ASDRUBAL GARCIA SANABRIA, apela de la homologación realizada por el Tribunal A quo respecto a la transacción realizada en el presente proceso, y que, aunado a eso, ejerció la tacha del poder presentado por su persona; que con un poder otorgado, no por los señalados demandados, sino por un familiar, pretende repudiar el poder que les fuera otorgado por los mencionados co-demandados; que aún cuando no le correspondía determinar los motivos de tal desconocimiento pudiera darse el caso, que el padre de su defendida MARIA CORINA ZAJIA MARCANO, simplemente no estaba de acuerdo con la referida transacción judicial; y que, bajo un poder otorgado posteriormente al que le fuera conferido a su persona, a motus propio y bajo la asesoría del abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, pretenden entorpecer el acuerdo.
Ante tales circunstancias, se observa, revisadas como han sido las actas que cursan en el presente expediente, verifica esta Superioridad, como ya fue indicado previamente, el asunto que ha sido sometido al conocimiento de este Juzgado (sic) Superior (sic) Primero (sic), versa sobre la apelación formulada en fecha 14 de mayo de 2018, por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, contra la decisión interlocutoria contentiva del auto dictado el 08 (sic) de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, donde se impartió homologación a la transacción judicial celebrada en fecha 02 (sic) de mayo de 2018, entre las partes actuantes en este proceso; sin embargo, no puede pasar por alto esta Juzgadora (sic) de Alzada (sic), lo siguiente:
Que la mencionada diligencia de fecha 14 de mayo de 2018 (f. 96, p. I), fue presentada y suscrita por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, identificado con cédula de identidad Nº 6.972.376, donde señaló, que actuaba en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA (sic) MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, apreciando esta Juzgadora (sic), que según señala, dicha representación, la ejercía:
según sustitución parcial que hiciera el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-3.734.299, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) y V- 03.734.299-4, en su carácter de apoderado general de la parte demandada, según consta de instrumento poder debidamente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, en fecha 01 de febrero de 2018, inscrito bajo el Nº 43, folios 362, de los tomo (3) de protocolo del año respectivamente, sustitución parcial que consta de instrumento poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Baruta del estado Miranda, el 11 de mayo de 2018, inserto bajo el Nro. 44, Tomo 35, folios 173 hasta 175, de los libros de autenticaciones respectivos, el cual consigno en copia certificada en (3) folios útiles, y expongo: Por cuanto mis apoderados no han suscrito acuerdo alguno, mucho menos han suscrito documento fundamentales de la presente demanda, ni documentos que los obligue en una relación contractual con la parte actora o accionante, señalo al Tribunal (sic) que la transacción suscrita se trata de UN ACTO ILEGAL y dado el hecho de la pasividad del abogado Carlos Poleo, en ejercer la defesa integral de quien dice ser sus clientes, FORMALMENTE APELO DEL AUTO QUE HOMOLOGA LA ILEGAL E IRRITA TRANSACCIÓN. ( ).-
Ahora bien, esta Juzgadora (sic) actuando como Tribunal (sic) de alzada y como garante de los derechos constitucionales de las partes, debe velar por el fiel cumplimiento de las normas legales, razón por la cual hace las siguientes consideraciones:
Habiendo revisado el poder con que el Abogado (sic) apelante se presenta en el presente proceso como apoderado judicial de los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, se observa lo siguiente:
El mencionado abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, consigna en autos, anexo a su diligencia contentiva de la apelación, un instrumento poder que otorga el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, titular de la cédula de identidad Nº V-3.734.299, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) V- 03734299-4, en su carácter de apoderado general de los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-11.038.142 y V-13.773.636, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) V-11038142-1 y V-13773636-1, según poder protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, en fecha 01 de febrero de 2018, inscrito bajo el Nº 43, folios 362, del Tomo 3 del Protocolo de Transcripción del año respectivamente, mediante el cual el mencionado apoderado general, sustituyó parcialmente su poder general, reservándose su ejercicio, a los abogados ASDRÚBAL FRANCISCO GARCÍA SANABRIA, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA SCHIAFINO, HENRY SÁNCHEZ VALECILLOS, MARIANA QUINTERO MOGOLLÓN, NAWUAL HUWUARIS DÍAZ, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ y DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ, anteriormente identificados; observándose además, que se les faculta a los mencionados apoderados, a los efectos de que en materia judicial exclusivamente queden facultados los referidos apoderados, para que en nombre de mis poderdantes puedan intentar y contestar demandas, darse por citados y notificados, oponer y contestar cuestiones previas, excepciones y reconvenciones, desistir, transigir, convenir, comprometer en árbitros arbitradores o de derecho; solicitar la decisión según la equidad, promover y evacuar pruebas, pedir y hacer ejecutar medidas preventivas y ejecutivas, ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios que me concedan las Leyes, inclusive el de Casación; hacer posturas en remate y recibir adjudicaciones; recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio; hacer uso de todos los recursos legales para la mejor defensa de los intereses de mis poderdantes. Sustituir este poder en todo o en parte, reservándome o no su ejercicio y reasumirlo en cualquier tiempo, cuando bien lo tuviere. Queremos dejar constancia que este poder tiene carácter ilimitado, por lo cual, nuestros apoderados podrán representarnos en la forma más absoluta en todos los casos, circunstancias y ocasiones en que las Leyes no prohíban la actuación mediante apoderados.
Aprecia igualmente esta Superioridad (sic), que en el auto de autenticación del mencionado instrumento poder se señala: El Notario Público hace constar que tuvo a la vista: 1) Cédula de Identidad laminada y vigente; 2) Documento Poder Protocolizado por ante Registro Público del Municipio Chacao del Estado Miranda de fecha: 01-02-2018, bajo el Nº 43, folio 362, tomo 3; ( ).
De lo anterior, considera esta Juzgadora (sic), como ya fue señalado, si bien es cierto, el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, se hace presente en este proceso, ostentando a su decir, la representación judicial de los co-demandados ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, de acuerdo a la supuesta sustitución de poder que le hiciera el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, padre de la co-demandada MARIA CORINA ZAJIA MARCANO, según instrumento poder que les concedieron los mencionados co-demandados al ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES.
Ahora bien, respecto a la cualidad o legitimación a la causa ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de diversos estudios por parte de los más reconocidos estudiosos del Derecho Procesal, de donde surgió la brillante tesis del ilustre y reconocido jurista Luis Loreto Contribución al estudio de la excepción de inadmisibilidad por falta de cualidad, quien precisó la cualidad como la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hacer valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), sin que sea necesaria, para la sola determinación de la existencia o no de la legitimación, la verificación de la efectiva titularidad del derecho subjetivo que se pretende hacer valer en juicio, por cuanto ello es una cuestión de fondo que debe resolverse, precisamente, luego de la determinación de la existencia de la cualidad, es decir, que la legitimación ad causam constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional que resuelva el fondo o mérito de lo debatido, sin que ello desdiga de la vinculación evidente con el derecho de acción, de acceso a los órganos de administración de justicia o jurisdicción y, por tanto, con una clara fundamentación constitucional.
Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aún de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela jurídica en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es, evitar el caos social.
Desde luego, que quien afirme la titularidad de un derecho o interés jurídico deberá demostrarlo, durante el proceso (cuestión de mérito o fondo del asunto debatido), lo cual escapa al estudio de la legitimación a la causa (ad causam) que, en este instante, ocupa la atención de esta Alzada, pues, como se observa, el texto constitucional se refiere a la tutela de los propios derechos e intereses. No obstante lo anterior, es importante la aclaración de que aún cuando la Constitución reconoce el derecho de acción o acceso a la jurisdicción para la defensa de los derechos e intereses propios, no es óbice para que el legislador ordinario, de forma excepcional, conceda legitimación a la causa a quien no sea titular del derecho subjetivo, para que lo haga valer jurisdiccionalmente en su propio interés.
En atención a lo antes señalado, considera esta Juzgadora (sic), siendo que la cualidad deriva de una vinculación estrecha con respecto al Derecho Constitucional, la cual obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia Constitución a un pronunciamiento por parte del Juez, aún de oficio, en atención a la garantía de las normas legales y derechos de las partes, es por lo que este Juzgado (sic) Superior (sic), a mayor abundamiento trae a colación el criterio sostenido por la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº RC-00448, Expediente Nº 02-054, de fecha 21 de agosto de 2003, dictada bajo la Ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, mediante la cual señalo lo siguiente: (sic)
Ahora bien, en relación al otorgamiento de un poder judicial, por una persona que no es abogado, esta la Sala de Casación Civil ha establecido, mediante decisión de fecha 7 de diciembre de 2011, bajo el expediente número 2011-304, caso JESÚS ANTONIO CHACÓN CAMPOS, estableció lo siguiente:
( omissis )
Más recientemente y en este mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 984, dictada en fecha 23 de noviembre de 2016, expediente Nº 16-0289, declaró:
De igual forma, esta Sala en sentencia N° 1170, de fecha 15 de junio de 2004, Acción de Amparo de Manuel Capón Linares, expediente N° 03-2.845, indicó lo siguiente:
( omissis )
Como puede observarse, estos criterios se han consolidado y ha sido reiteradamente ratificados por las distintas Salas de nuestra máxima Instancia Judicial, quedando establecido, que con cualquier gestión inherente a la abogacía realizada sin poseer título de abogado, se incurre en una manifiesta falta de representación, ya que se carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión.
Así bien, respecto al presente caso, es evidente que el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, quien no consta en autos que sea abogado, tal y como se desprende de las actas procesales, se atribuye pura y simplemente la representación de los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, ello, a su decir, en virtud del poder general que supuestamente les fuera otorgado por los mencionados co-demandados, sustituyendo un mandato judicial que indebidamente se atribuyó, a unos profesionales del derecho, como lo son, los abogados ASDRÚBAL FRANCISCO GARCÍA SANABRIA, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA SCHIAFINO, HENRY SÁNCHEZ VALECILLOS, MARIANA QUINTERO MOGOLLÓN, NAWUAL HUWUARIS DÍAZ, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ y DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ, ROSELIANO PERDOMO, quienes, a consideración de quien aquí decide, jamás detentaron la facultad para representar en juicio a los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, por consiguiente, es evidente, que en el caso bajo análisis, ocurre una manifiesta falta de representación, al carecer el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, de esa especial capacidad de postulación, que sí debe detentar todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Abogados, siendo ello insubsanable, en vista de que no hay manera de que adquieran la capacidad de postulación que no tenían cuando actuaron sin ella.
En afirmación a lo anteriormente establecido, y ratificando los criterios jurisprudenciales antes señalados, considera esta Juzgadora (sic) Superior (sic), que cualquier gestión, inherente a la abogacía realizada sin poseer título de abogado, lleva consigo a una manifiesta falta de representación en un juicio, por cuanto concurre la carencia especial de postulación que detenta todo abogado que no se encuentra inhabilitado para el libre ejercicio de su profesión, y en este sentido, se puede verificar, que el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, no es profesional del derecho, quien procedió a sustituir el poder general para que representara en el presente juicio a los co-demandados, a los abogados ASDRÚBAL FRANCISCO GARCÍA SANABRIA, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA SCHIAFINO, HENRY SÁNCHEZ VALECILLOS, MARIANA QUINTERO MOGOLLÓN, NAWUAL HUWUARIS DÍAZ, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ y DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ, ROSELIANO PERDOMO, en base a dicha facultad auto proclamada.
Así pues, tomando en consideración lo establecido en los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 4 de la Ley de Abogados, y los criterios jurisprudenciales antes citados, dicho ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, no siendo abogado, incurrió en una manifiesta falta de representación, por no detentar tal capacidad de postulación atribuida a todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el libre ejercicio de su profesión, siendo a todo evento un acto insubsanable, fundamento éste que considera ésta Jurisdicente, quebranta el contenido de los artículos 15, 150, 151, 155, 166 y 206, todos del Código de Procedimiento Civil, así como el contenido del artículo 4 de la Ley de Abogados, en consecuencia, considera esta Superioridad, que ha ocurrido una violación de formas sustanciales de los actos, como lo es, la forma procesal que regula la validez y eficacia del poder judicial. Así se establece.-
En este orden de ideas, y siendo que la cualidad por falta de representación, por no tener capacidad de postulación, tiene estrecha vinculación con respecto al Derecho Constitucional, la cual obliga a este órgano jurisdiccional en resguardo del orden público y a la propia Constitución, a emitir aún de Oficio, un pronunciamiento previo, a la oportunidad legal correspondiente, por parte de este Tribunal (sic) Superior (sic) Primero (sic), en atención a las garantías de las normas legales y derechos de las partes. En razón de ello, y dada la inminente violación de las garantías constitucionales, referidas al Debido Proceso y al Derecho (sic) a la Defensa (sic), y siendo el Juez (sic) el Director (sic)del proceso, concluye esta Juzgadora, que resultan NULAS todas las actuaciones realizadas en el presente proceso, a partir del día 14 de Mayo de 2018, oportunidad en la cual el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, consignó instrumento poder, en donde se verificó que el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, no tiene capacidad de postulación, por no ser Abogado, lo que conlleva a determinar la falta de representación para este juicio, por tanto, lo ajustado a derecho es declarar que, CARECE DE VALIDEZ el poder otorgado por el mencionado ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, a los abogados ASDRÚBAL FRANCISCO GARCÍA SANABRIA, ASDRÚBAL JOSÉ GARCÍA SCHIAFINO, HENRY SÁNCHEZ VALECILLOS, MARIANA QUINTERO MOGOLLÓN, NAWUAL HUWUARIS DÍAZ, ASDRUBAL JOSÉ GARCÍA GUTIÉRREZ y DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ, ROSELIANO PERDOMO. En consecuencia, la falta de representación del ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, constituye la INADMISIBILIDAD del recurso de apelación ejercido el 14 de Mayo de 2018, por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, en su supuesto carácter de apoderado judicial de los co-demandados ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO, contra la decisión interlocutoria contentiva del auto dictado el 08 (sic) de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual impartió Homologación a la Transacción judicial presentada por las partes en fecha 02 (sic) de Mayo de 2018, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, siguen los ciudadanos MANUEL JOSE ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE. En este sentido, y ante la verificación de la falta de representación, por no tener la capacidad de postulación válidamente declarada por esta Superioridad (sic), también consecuencialmente, esta Juzgadora de Alzada, declara como no presentada, la Tacha Incidental, propuesta por la abogada DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ, posteriormente formalizada por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, ambos en su supuesto carácter de apoderados judiciales de los co-demandados ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO (Destacado de lo transcrito)
Así las cosas, considera la Sala efectuar un orden cronológico de las actuaciones más relevantes cursantes a los autos, y en tal sentido tenemos que:
En fecha 23 de marzo de 2018, se interpuso demanda por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (Fs. 3 al 10, pieza I del expediente).
En fecha 5 de abril de 2018, mediante auto el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda, ordenando la citación de la demandada. (F. 51 y vuelto pieza I del expediente).
En fecha 30 de abril de 2018, el alguacil deja constancia de haber practicado las respectivas citaciones a los demandados de autos; dos de ellas (Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano) en la persona del ciudadano abogado Carlos Enrique Poleo Cabrera, quien presentó copia simple del instrumento poder que acreditaba su representación. (Fs. 64 al 79, pieza I del expediente).
En fecha 2 de mayo de 2018, mediante escrito el apoderado judicial de los demandantes (Manuel José Arcaya, Manuel Ignacio Arcaya y William H. Phelps) ciudadano Pedro Nieto, el apoderado judicial de los demandados (Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano) ciudadano Carlos Enrique Poleo Cabrera, el demandado ciudadano Jorge Luis Berrizbeitia Ponce, asistido por el profesional del derecho ciudadano David Arcángel Vivas Escobar, presentaron ante el tribunal de instancia, transacción judicial, celebrada entre los antes mencionados (Fs. 81 al 84, pieza I del expediente).
En fecha 8 de mayo de 2018, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante la cual entre otras cosas homologa la transacción judicial celebrada entre las partes actuantes en el presente juicio. (Fs. 90 al 92, pieza I del expediente).
En fecha 10 de mayo de 2018, mediante diligencia la demandante solicita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se decrete la ejecución voluntaria de la transacción judicial celebrada por las partes actuantes en la actual controversia. (F. 94, pieza I del expediente).
En fecha 14 de mayo de 2018, mediante diligencia el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, (quien presuntamente aduce ser apoderado judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), señala lo siguiente:
( ) ciudadano ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, de profesión Abogado (sic) ( ), en mi carácter de Apoderado (sic) Judicial (sic) de WILLBURG CASTRO LIMA y MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO ( ) según sustitución parcial que hiciera el ciudadano RICARDO ALFONSO ZAJIA BAJARES, venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-3.734.299, Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) y V- 03.734.299-4, en su carácter de apoderado general de la parte demandada, según consta de instrumento poder debidamente protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Chacao del Estado (sic) Miranda, en fecha 01 (sic) de febrero de 2018, inscrito bajo el Nº 43, folios 362, de los tomo (3) de protocolo del año respectivamente, sustitución parcial que consta de instrumento poder debidamente autenticado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Baruta del estado Miranda, el 11 de mayo de 2018, inserto bajo el Nro. 44, Tomo 35, folios 173 hasta 175, de los libros de autenticaciones respectivos, el cual consigno en copia certificada en (3) folios útiles, y expongo: Por cuanto mis apoderados no han suscrito acuerdo alguno, mucho menos han suscrito documento fundamentales de la presente demanda, ni documentos que los obligue en una relación contractual con la parte actora o accionante, señalo al Tribunal (sic) que la transacción suscrita se trata de UN ACTO ILEGAL y dado el hecho de la pasividad del abogado Carlos Poleo, en ejercer la defesa integral de quien dice ser sus clientes, FORMALMENTE APELO DEL AUTO QUE HOMOLOGA LA ILEGAL E IRRITA TRANSACCIÓN (Destacado de lo transcrito). (Fs. 96 al 99 pieza I del expediente).
En fecha 16 de mayo de 2018, mediante diligencia la ciudadana abogada Dairy Paola Charrys López, (quien presuntamente aduce ser apoderada judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), tachó incidentalmente de falso, el poder que presentara en autos el ciudadano abogado Carlos Enrique Poleo Cabrera, como apoderado judicial de los co-demandados antes referidos. (Fs. 102, pieza I del expediente).
En fecha 17 de mayo de 2018, mediante diligencia la demandante solicita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remita el expediente a los juzgados superiores para su respectiva distribución, en virtud del recurso ordinario de apelación ejercido, solicitando además se deseche lo peticionado en la tacha incidental. (F. 104, pieza I del expediente).
En fecha 18 de mayo de 2018, mediante diligencia el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, (quien presuntamente aduce ser apoderado judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), solicitó al tribunal de instancia que no se remitiera el expediente al juzgado superior para su distribución, hasta tanto se decidiera la tacha incidental interpuesta en el presente caso. (F. 106 pieza I del expediente).
En fecha 18 de mayo de 2018, mediante auto el tribunal de primera instancia oyó el recurso ordinario de apelación en un sólo efecto, y remite las actuaciones al juzgado superior. (Fs. 107 y 108, pieza I del expediente)
En fecha 4 de junio de 2018, mediante auto el juzgado superior dio la respectiva entrada al expediente. (Fs. 111, pieza I del expediente)
En fecha 4 de junio de 2018, mediante escrito el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, (quien presuntamente aduce ser apoderado judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), solicitó al tribunal superior la reposición de la causa. (Fs. 112 al 116, pieza I del expediente)
En fecha 5 de junio de 2018, mediante escrito el apoderado judicial de los demandados ciudadano Carlos Enrique Poleo Cabrera, dio contestación a la tacha incidental formulada. (Fs. 2 al 17, pieza II del expediente)
En fecha 12 de junio de 2018, mediante escrito la abogada ciudadana Dairy Paola Charrys López, (quien presuntamente aduce ser apoderada judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), solicita al juzgado superior ordene al tribunal de instancia la apertura del cuaderno separado de la tacha incidental propuesta. (Fs. 321 al 324, pieza II del expediente).
En fecha 18 de junio de 2018, mediante escrito la demandante presenta informes por ante la alzada. (Fs. 325 al 331, pieza II del expediente).
En fecha 18 de junio de 2018, mediante escrito el apoderado judicial de los demandados ciudadano Carlos Enrique Poleo Cabrera, presenta informes por ante la alzada. (Fs. 374 al 381, pieza II del expediente)
En fecha 18 de junio de 2018, mediante escrito el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, (quien presuntamente aduce ser apoderado judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), presenta informes por ante la alzada. (Fs. 382 al 391 y sus vueltos, pieza II del expediente).
En fecha 18 de junio de 2018, mediante escrito el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, (quien presuntamente aduce ser apoderado judicial de los demandados Willburg Castro Lima y María Corina Zajia Marcano), presenta observaciones por ante la alzada. (Fs. 392 al 393 y sus vueltos, pieza II del expediente).
En fecha 21 de junio de 2018, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión (Fs. 400 al 416, pieza II del expediente), declarando:
( ) PRIMERO: INADMISIBLE la apelación interpuesta en fecha 14 de mayo de 2018, por el abogado ASDRÚBAL GARCÍA SANABRIA, contra la decisión contenida en el auto dictado el 08 (sic) de mayo de 2018, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual impartió homologación a la Transacción (sic) Judicial (sic) presentada por las partes ante el mencionado Juzgado en fecha 02 (sic) de Mayo de 2018, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, siguen los ciudadanos MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE, y consecuencialmente, NO PRESENTADA la Tacha (sic) Incidental (sic), propuesta por la abogada DAIRY PAOLA CHARRIS LÓPEZ.-
SEGUNDO: SE ORDENA la CONTINUACIÓN del juicio de COBRO DE BOLÍVARES, intentado por MANUEL JOSÉ ARCAYA, MANUEL IGNACIO ARCAYA y WILIAM (sic) H. PHELPS, contra los ciudadanos WILLBURG CASTRO LIMA, MARÍA CORINA ZAJIA MARCANO y JOSÉ (sic) LUIS BERRIZBEITIA PONCE.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes de la presente decisión (Destacado de lo transcrito).
En fecha 28 de junio de 2018, mediante diligencia el apoderado judicial de la demandante, se dio por notificado de la sentencia proferida en fecha 21 de junio de 2018, y solicitó a la alzada notificara a los demandados del referido fallo. (F. 417, pieza II del expediente).
En fecha 11 de julio de 2018, mediante auto la alzada acordó lo solicitado por el apoderado judicial de la demandante. (F. 418, pieza II del expediente).
En fecha 12 de julio de 2018, mediante diligencia el ciudadano abogado Carlos Enrique Poleo Cabrera, apoderado judicial de los co-demandados María Corina Zajia Marcano y Willburg Castro Lima, se dio por notificado de la sentencia proferida en fecha 21 de junio de 2018. (F. 421, pieza II del expediente).
En fecha 25 de julio de 2018, el alguacil de tribunal deja constancia de haber practicado la respectiva notificación al co-demandado de autos ciudadano Jorge Luis Berrizbeitia Ponce. (F. 422 pieza, II del expediente).
En fecha 2 de agosto de 2018, el alguacil de tribunal deja constancia de haber entregado la boleta de notificación en el bufete de abogados apoderados judiciales del tercero interviniente Ricardo Alfonzo Zajia Bajares. (F. 425, pieza II del expediente).
En fecha 6 de agosto de 2018, mediante escrito los ciudadanos abogados Dairy Paola Charris López y Asdrúbal García Sanabria, anuncian recurso extraordinario de casación contra el fallo dictado por la alzada en fecha 21 de junio de 2018. (Fs. 427 y su vuelto, pieza II del expediente). Consignado a su vez instrumento poder (especial) otorgado ante la Notaria Pública del Estado de Florida, Estados Unidos de América, bajo el número 2018-77720, en fecha 3 de julio de 2018, debidamente apostillado bajo la convención de la Haya de fecha 5 de octubre de 1961, por los co-demandados María Corina Zajia Marcano y Willburg Castro Lima. (Fs. 428 al 430, pieza II del expediente.
En fecha 7 de agosto de 2018, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión mediante la cual declara procedente la aclaratoria solicitada por los demandante en fecha 30 de julio de 2018. (Fs. 431 al 434, pieza II del expediente)
En fechas 8 de agosto de 2018 y 25 de septiembre de 2018, respetivamente, mediante escrito la ciudadana abogada Dairy Paola Charris López, ratifica anuncio del recurso extraordinario de casación y su aclaratoria. (Fs. 435 y 436, pieza II del expediente).
En fecha 26 de septiembre de 2018, mediante auto el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, practica cómputo para el verificar el lapso del ejercicio del recurso extraordinario de casación. (F. 437, pieza II del expediente). Asimismo en la mencionada data la alzada admite el medio recursivo. (F. 438 al 441, pieza II del expediente).
En fecha 5 de noviembre de 2018, la Sala recibió el expediente. (F. 445, pieza II del expediente)
En fecha 16 de octubre de 2018, mediante escrito presentado por ante la Secretaria de esta Sala, el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, presenta formalización del recurso extraordinario de casación. (Fs. 446 al 465 y sus vueltos, pieza II del expediente).
En fecha 16 de noviembre de 2018, mediante escrito presentado por ante la Secretaria de esta Sala, el ciudadano abogado Pedro Nieto, presenta impugnación a la formalización del recurso extraordinario de casación. (Fs. 468 al 482, pieza II del expediente).
En fecha 27 de noviembre de 2018, mediante escrito presentado por ante la Secretaria de esta Sala, los ciudadanos abogados Dairy Paola Charris López y Asdrúbal García Sanabria, presenta replica a la impugnación. (Fs. 485 al 490 y sus vueltos, pieza II del expediente).
En fecha 6 de diciembre de 2018, se dio cuenta la Sala del presente expediente, y se asignó la ponencia al Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 13 de diciembre de 2018, mediante escrito presentado por ante la Secretaria de esta Sala, el ciudadano abogado Pedro Nieto, presenta contrarréplica. (Fs. 494 al 501, pieza II del expediente).
En fecha 30 de enero de 2019, mediante escrito presentado por ante la Secretaria de esta Sala, el ciudadano abogado Asdrúbal García Sanabria, presenta observación a la contrarréplica. (Fs. 503 al 504, y sus vueltos pieza II del expediente).
Así las cosas, y establecido lo anterior, tenemos que:
La asistencia y representación en juicio, es una función atribuida única y exclusivamente a los abogados, así lo estatuyen los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, y artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, al señalar:
Artículo 3.- Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.
Artículo 4.- Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de Justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.
Si la parte se negare a designar abogado esta designación la hará el Juez. En este caso la contestación de la demanda se diferirá por cinco audiencias. La falta de nombramiento a que se refiere este artículo será motivo de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al Juez de conformidad con la Ley.
Articulo 166. Solo podrán ejercer en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.-
En este orden de ideas, es de resaltar que para el ejercicio de un poder o mandato dentro de un proceso o juicio, se requiere la cualidad de ser abogado en libre ejercicio, lo cual no puede suplirse, ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo señalado en la Ley de Abogados.
Así lo ha establecido reiteradamente la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en fallo N° 1325, de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 2007-1800, caso: Iwona Szymañczak, que dispuso lo siguiente:
( ) En tal sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia n.° 2324 de 22 de agosto de 2002, estableció:
En este orden de ideas, debe concluirse, que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República.
En el caso de autos, el ciudadano Bernardo Gutiérrez García, quien no es abogado, se atribuyó la representación en el juicio del ciudadano Javier Gutiérrez García, lo cual, como se explicó anteriormente, es inadmisible en Derecho. Por tanto, la Sala revoca el fallo que fue elevado en consulta y declara que no ha lugar en derecho la demanda que se interpuso. Así se decide.
Asimismo, esta Sala en sentencia n.° 1.170 de 15 de junio de 2004, ratificó que:
( ), la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados, y conforme lo ha establecido esta Sala en sentencia nº 742 del 19 de julio de 2000, (caso: Rubén Darío Guerra), en la que se señaló:
De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por abogado.
(...)
Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Abogados.
En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados.
En el caso de autos, la ciudadana Divina Pastora Pena García, quien no es abogada, pretendió la sustitución de un poder en la persona de un profesional del Derecho, cuando confirió la facultad de representación judicial de otro, la cual nunca pudo detentar, lo que, como se explicó anteriormente, es inadmisible en derecho.
De otra parte, en el escrito continente de la demanda no se observa que la ciudadana que se mencionó invocara, por vía principal o por intervención de terceros, la protección de legítimos derechos e intereses de su persona, razón por la cual no pudo tramitarse, ni por ende, lesionarse, garantía de tutela jurisdiccional alguna en su ámbito subjetivo.
Así las cosas, la Sala considera que la demanda de amparo, resultaba improponible. Así se declara.
En ese mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en sentencia de 27 de julio de 1994, expediente n.° 92-249, lo siguiente:
En sentencia de esta Sala, de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (la ley erradamente dice cuestión) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (artículo 2° Ley de Abogados) ya que tampoco está comprendido aquél en las excepciones establecidas por esta ley por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia no le es dable a esta Corte admitir el escrito de formalización de este recurso pues además del referido artículo 2°, también dispone el artículo 4° de la misma ley especial que: Los jueces no admitirán como representante a personas que según las disposiciones de la presente ley, carezcan de las condiciones exigidas para ser apoderados judiciales.
( )
En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A. contra Leonte Borrego Silva y otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, aun asistido de abogado, no sólo por prohibición expresa de los artículos 3° y 4° de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio. (Destacado añadido).
En el mismo orden de ideas, la Sala Civil, en sentencia n.° 740, de 27 de julio 2004, ratificó el siguiente criterio:
El artículo 3 de la Ley de Abogados establece que ...Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio....
Por su parte, el artículo 4 eiusdem dispone que ...Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso....
De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio en nombre de otro, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico.
En el presente caso, consta de las actas que Eloín Chirinos Silva, quien invocó su condición de Presidente de la Asociación Civil Unión de Transportadores Rurales El Cañafístola UTRELCA del estado Zulia, sin ser abogado, compareció a la Sala para interponer recurso de interpretación contra el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de personas, en franca violación de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 144 del Código de Procedimiento Civil.
Tal actuación es ineficaz, pues de acuerdo con las normas antes transcritas no puede un ciudadano comparecer en nombre de una persona jurídica a interponer un recurso sin ser abogado.
La Sala, en anteriores oportunidades ha establecido el mismo criterio; por ejemplo, en fallo del 27 de octubre de 1988 en el juicio de Oscar Antonio Liendo c/ José Luis Liendo, dejó sentado que:
...El mencionado ciudadano en su carácter de apoderado general de la parte co-demandada, ha venido actuando en este juicio sin que conste que es abogado contraviniendo la Ley de Abogado (...).
En sentencia de esta Sala de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (...) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (Art. 2º de la Ley de Abogado) (...).
En el actual régimen procesal el legislador ha puesto énfasis en conferir la capacidad de postulación en juicio por otra persona en forma exclusiva a los abogados, al establecer tal cualidad en forma imperativa en el artículo 166, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las decisiones de la Ley de Abogados.... (Subrayado de la Sala).
En igual sentido, en sentencia dictada el 22 de enero de 1992 (Raúl Lubo Lozada c/ Asociación Civil Fundación para la Orquesta Juvenil del Estado Aragua), se estableció que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, sólo los abogados pueden representar en juicio a otras personas mediante poder, considerando que ...resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional....
En el caso que se estudia, el Presidente de la Asociación no podía comparecer al juicio en nombre de ella ni actuar en el recurso por no ser abogado; por este motivo, la Sala considera que la presente solicitud debe ser declarada inadmisible, y en consecuencia, no es posible interpretar el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de Personas, como fue solicitado. Así se decide.
En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación, conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a la Ley, debido a que expresamente los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados disponen que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio. Así se decide (Destacado de la sala) (Cfr. Fallos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 1674, de fecha 2 de diciembre de 2009, expediente N° 2008-1051, caso: Frigorífico Automercado La Floresta C.A., N° 552, de fecha 25 de abril de 2011, expediente N° 2011-177, caso: Industrias Metalmecánica Comar Compañía Anónima INMECOMAR C.A., y N° 1120, de fecha 13 de julio de 2011, expediente N° 2011-615, caso: Productos Flexibles PROFLECA C.A.)
Cónsono a lo anterior, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo N° 1335, de fecha 18 de febrero de 2014, expediente N° 2013-501, caso: Juan Manuel Morillo Merjech, señaló lo siguiente:
( ) Ahora bien, como fundamento de la referida solicitud, la parte solicitante planteó que la ciudadana Anriette Merjech Saab, madre del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech, en ejercicio de un poder general de administración y disposición, con facultad expresa para nombrar apoderados judiciales que se le había otorgado, nombró apoderados judiciales en un juicio de intimación de honorarios profesionales de abogado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este, con fundamento en la sentencia número 222 del 15 de febrero de 2001 de la Sala Constitucional, decidió, respecto de esa designación de abogados, que se requiere capacidad de postulación en la persona del apoderado general para que este pueda nombrar abogados como apoderados judiciales que representen a su mandante en juicio, también alegó que el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta quince minutos antes del acto de remate, invocando lo establecido en la sentencia número 552 del 25 de abril de 2011 de la Sala Constitucional.
Establecido lo anterior, la Sala observa que la sentencia dictada el 17 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declaró improcedente la acción de amparo constitucional, al establecer que la ciudadana Anriette Merjech Saab, madre del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech no podía otorgar poderes para interponer la tutela constitucional impetrada debido a que no puede ejercer su representación en juicio, al no ser abogada.
Ahora bien, advierte la Sala que el cardinal 3 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, disposición aplicable al procedimiento de revisión, debido a que constituye una norma de común aplicación a todas las pretensiones que se propongan ante esta Sala Constitucional, tanto las que ameriten tramitación como las que no (vid., en este sentido, ss. S.C. núm. 952 del 20 de agosto de 2010, Caso: Festejos Mar C.A. y núm. 942, del 20 de agosto de 2010, Caso: Transporte Paccor C.A.), prevé la falta de representación como una causal de inadmisibilidad, en los siguientes términos:
Artículo 133. Se declarará la inadmisión de la demanda:
( )
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el o la demandante, o de quien actúe en su nombre, respectivamente
En ese sentido, se aprecia que en el caso sub examine, el abogado que actúa en sedicente representación del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech, pretendió hacer valer, ante esta Sala Constitucional el mismo poder que le fue otorgado por la ciudadana Anriette Merjech Saab quien, como bien fue señalado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, solo exhibió un PODER GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN que no le acredita para actuar como representante judicial del ciudadano Juan Manuel Morillo Merjech . (Destacado de la Sala)
De igual modo, esta Sala de Casación Civil en su fallo N° 242, de fecha 2 de julio de 2010, expediente N° 2009-672, caso: Juan Pedro Pereira Meléndez contra Christian Herman Klager y otro, reiteró lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuándo señaló:
( ) Al respecto, en relación con la asistencia y la representación exclusiva de los abogados en todo juicio, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en sentencia Nº 1.325 de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Iwona Szymañczak, fallo que acogemos en esta oportunidad, señaló lo siguiente:
En tal sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia N.° 2324 de 22 de agosto de 2002, estableció:
En este orden de ideas, debe concluirse, que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República.
En el caso de autos, el ciudadano Bernardo Gutiérrez García, quien no es abogado, se atribuyó la representación en el juicio del ciudadano Javier Gutiérrez García, lo cual, como se explicó anteriormente, es inadmisible en Derecho. Por tanto, la Sala revoca el fallo que fue elevado en consulta y declara que no ha lugar en derecho la demanda que se interpuso. Así se decide.
Asimismo, esta Sala en sentencia n.° 1170 de 15 de fecha junio de 2004, ratificó que:
( ), la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados, y conforme lo ha establecido esta Sala en sentencia nº 742 del 19 de julio de 2000, (caso: Rubén Darío Guerra), en la que se señaló:
( omissis )
En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados.
( omissis )
En el mismo orden de ideas, la Sala Civil, en sentencia N.° 740, de 27 de julio 2004, ratificó el siguiente criterio:
El artículo 3 de la Ley de Abogados establece que ...Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio....
Por su parte, el artículo 4 eiusdem dispone que ...Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso....
De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio en nombre de otro, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico.
( omissis )
En el caso que se estudia, el Presidente de la Asociación no podía comparecer al juicio en nombre de ella ni actuar en el recurso por no ser abogado; por este motivo, la Sala considera que la presente solicitud debe ser declarada inadmisible, y en consecuencia, no es posible interpretar el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de Personas, como fue solicitado. Así se decide.
En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación, conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a la Ley, debido a que expresamente los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados disponen que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio. Así se decide . ( ).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito, se desprende que toda actuación realizada en un juicio, por un apoderado que no ostente la cualidad de abogado, es ineficaz, y tal incapacidad no puede ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. Asimismo, se desprende que cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro, incurre en una manifiesta falta de representación, pues, carece de esa especial capacidad de postulación, la cual detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el libre ejercicio de la profesión.
En virtud de lo antes expuesto, y aplicado al caso concreto, esta Sala observa, que la representación que ejerció la ciudadana Henriette Klara Ritter de Klager (sin tener cualidad de abogado), en nombre de los demandados Christian Herman Klager y Gerhardt Otto Klager Ritter, es ineficaz, pues, como ya se indicó, no puede comparecer al juicio una persona que no es abogado, en representación de otra u otras.
En consecuencia, esta Sala evidencia que los demandados no contaron con la respectiva representación judicial, para celebrar la presente transacción, por ello, en el dispositivo de la presente decisión se declarará improcedente la misma. Así se decide (Cfr. Fallos N° RC-712, de fecha 7 de diciembre de 2011, expediente N° 2011-304, caso: Jesús Antonio Chacón Campos contra Celina Figueroa Medina, y RC-142, de fecha 4 de marzo de 2016, expediente N° 2015-579, caso: Jesús A. Garboza Martínez y otros contra Inversiones 210 C.A.,).
Asimismo, esta Sala de Casación Civil en fallo N° RC-605, de fecha 10 de octubre de 2014, expediente N° 2013-717, caso: Asociación Venezolana de Usuarios y Consumidores de Juegos de Loterías y Similares (AVUCLOS), contra Promociones Prizes, C.A., ratificó lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al señalar:
( ) De acuerdo con lo anterior, el juzgador de la recurrida concluyó que los demandantes debieron haber otorgado poder a un abogado en ejercicio para que ejerciera su representación en el propio escrito contentivo de la solicitud de quiebra, tal y como lo establece el artículo 4º de la Ley de Abogados y el criterio jurisprudencial sentado por nuestro Máximo Tribunal, ambos ut supra ya citados, lo que tampoco puede suplirse a posteriori con la asistencia de un abogado ni a través de mandato .
Sobre el particular, la Sala Constitucional en sentencia N° 1333, de fecha 13 de agosto de 2008, caso: Armando Enrique Fawcett Bellido, expediente N° 08-0043, estableció lo siguiente:
En ese mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en sentencia de 27 de julio de 1994, expediente n.° 92-249, lo siguiente:
En sentencia de esta Sala, de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (la ley erradamente dice cuestión) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (artículo 2° Ley de Abogados) ya que tampoco está comprendido aquél en las excepciones establecidas por esta ley por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia no le es dable a esta Corte admitir el escrito de formalización de este recurso pues además del referido artículo 2°, también dispone el artículo 4° de la misma ley especial que: Los jueces no admitirán como representante a personas que según las disposiciones de la presente ley, carezcan de las condiciones exigidas para ser apoderados judiciales.
( )
En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A. contra Leonte Borrego Silva y otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, aun asistido de abogado, no sólo por prohibición expresa de los artículos 3° y 4° de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio. (Destacado añadido).
En el mismo orden de ideas, la Sala Civil, en sentencia n.° 740, de 27 de julio 2004, ratificó el siguiente criterio:
El artículo 3 de la Ley de Abogados establece que ...Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio....
Por su parte, el artículo 4 eiusdem dispone que ...Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso...
De acuerdo con las referidas normas es necesario para comparecer a un juicio en nombre de otro, estar asistido o representado por un profesional del derecho. Dicha tarea está reservada por expresa disposición de la ley a quienes ostentan el título de abogado, con la finalidad de que cualquier solicitud judicial tenga el debido sustento jurídico.
En el presente caso, consta de las actas que Eloín Chirinos Silva, quien invocó su condición de Presidente de la Asociación Civil Unión de Transportadores Rurales El Cañafístola UTRELCA del estado Zulia, sin ser abogado, compareció a la Sala para interponer recurso de interpretación contra el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de personas, en franca violación de los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y 144 del Código de Procedimiento Civil.
Tal actuación es ineficaz, pues de acuerdo con las normas antes transcritas no puede un ciudadano comparecer en nombre de una persona jurídica a interponer un recurso sin ser abogado.
La Sala, en anteriores oportunidades ha establecido el mismo criterio; por ejemplo, en fallo del 27 de octubre de 1988 en el juicio de Oscar Antonio Liendo c/ José Luis Liendo, dejó sentado que:
...El mencionado ciudadano en su carácter de apoderado general de la parte co-demandada, ha venido actuando en este juicio sin que conste que es abogado contraviniendo la Ley de Abogado (...).
En sentencia de esta Sala de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (...) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (Art. 2º de la Ley de Abogado) (...).
En el actual régimen procesal el legislador ha puesto énfasis en conferir la capacidad de postulación en juicio por otra persona en forma exclusiva a los abogados, al establecer tal cualidad en forma imperativa en el artículo 166, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las decisiones de la Ley de Abogados.... (Subrayado de la Sala).
En igual sentido, en sentencia dictada el 22 de enero de 1992 (Raúl Lubo Lozada c/ Asociación Civil Fundación para la Orquesta Juvenil del Estado Aragua), se estableció que de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, sólo los abogados pueden representar en juicio a otras personas mediante poder, considerando que ...resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional....
En el caso que se estudia, el Presidente de la Asociación no podía comparecer al juicio en nombre de ella ni actuar en el recurso por no ser abogado; por este motivo, la Sala considera que la presente solicitud debe ser declarada inadmisible, y en consecuencia, no es posible interpretar el artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tránsito Terrestre sobre Transporte Terrestre Público de Personas, como fue solicitado. Así se decide.
En razón de todo lo que fue expuesto, esta Sala considera que la falta de capacidad de postulación conlleva, en estos casos, a una falta de representación que ocasiona ineludiblemente la inadmisión de la demanda interpuesta, de conformidad con lo que ordena el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, porque es contraria a la Ley, debido a que expresamente los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados disponen que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio; todo ello en obligado respeto al contenido esencial de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial eficaz del justiciable que ha determinado, en forma vinculante, esta Sala Constitucional . (Negrillas de la Sala)
En ese mismo sentido, esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 595, de fecha 30 de noviembre de 2010, caso Joaquín Urbina, expediente N° 10-379, señaló lo siguiente:
...Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha sostenido el criterio de que son ineficaces las actuaciones realizadas como representante de otro en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido por abogado. Así en sentencia Nº 1325, que emitió el 13 de agosto de 2008 (Caso: Iwona Szymañczak), señaló lo que sigue:
De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada ordinal 3° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil-, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece . (Negrillas y subrayado de esta Sala).
En sintonía con las jurisprudencias antes transcritas, la Sala Constitucional, estableció que En efecto, existe la prohibición legal de otorgamiento de la facultad de ejercicio de poderes en juicio a quien no posea capacidad de postulación (ex artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, 3° y 4° de la Ley de Abogados), lo cual traería la nulidad del instrumento en la parte referida al otorgamiento de dicha facultad por la ilicitud de su objeto (ex artículo 1155 del Código Civil), por cuanto nadie puede otorgar la facultad que no tiene o no puede tener por prohibición expresa de la ley . (Vid. Sentencia N° 1187 del 7 de agosto de 2012).
De las jurisprudencias supra transcritas, se infiere que es ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, y esa incapacidad no puede ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho. También es de observar, que cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro u otros, incurre en una manifiesta falta de representación porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado en el ejercicio libre de la profesión.
( )
Así pues, tal como se verificó de las actas del expediente que la Asociación Venezolana de Usuarios y Consumidores de Juegos de Loterías y Similares (AVUCLOS), quien ostenta el mandato judicial otorgado por los supuestos acreedores de la demandada no es abogado ni el presidente que la representa tampoco por lo que no pueden ejercer las facultades judiciales que les confirieron los presuntos ganadores de la Lotería Super 4 para incoar este procedimiento de quiebra, por lo que el juzgador de la recurrida no incurrió en la falsa aplicación de los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4° de la Ley de Abogados, puesto que la antes mencionada asociación civil, carece de la capacidad de postulación necesaria para actuar con el carácter de representante judicial en la interposición de la demanda.
De la única manera en que la Asociación Venezolana de Usuarios y Consumidores de Juegos de Loterías y Similares (AVUCLOS), podía incoar esta demanda de quiebra en nombre y representación de sus poderdantes, era otorgar poder a un profesional del derecho que sí tuviera la capacidad de postulación a que se refiere el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley de Abogados, ya que tal como lo dispone la doctrina y jurisprudencia, esa incapacidad de postulación del otorgado a un no abogado en juicio, no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho .(Destacado de la Sala)
De las doctrinas y jurisprudencias antes transcrita se desprende, que cualquier gestión inherente a la abogacía realizada sin poseer título de abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión.
En el caso de autos, se verifica que los co-demandados María Corina Zajia Marcano y Willburg Castro Lima, le confirieron poder general de administración y disposición en fecha 1 de febrero de 2018, al ciudadano Ricardo Alfonso Zajia Bajares (tercero interviniente), éste a su vez sustituyó el poder en abogados de su confianza para que representasen a su poderdante en el presente caso, por lo que dicho ciudadano incurrió en manifiesta falta de representación, por no ostentar tal capacidad de postulación atribuida a todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados. Por consiguiente, la sustitución del poder realizado por el ciudadano Ricardo Alfonso Zajia Bajares (tercero interviniente), a los abogados Mariana Quintero Mogollón, Dairy Paola Charris López, Asdrúbal Francisco García Sanabria, Asdrúbal José García Schiaffino, Henry Sánchez Valecillos, Nawual Huwuaris Díaz y Asdrúbal José García Gutiérrez, para que representen a sus mandatarios María Corina Zajia Marcano y Willburg Castro Lima, carece de validez, resultando en consecuencia inadmisible en derecho.
Por lo tanto, en aplicación a los precedentes jurisprudenciales y los preceptos jurídicos antes referidos, tenemos que el ciudadano Ricardo Alfonso Zajia Bajares (tercero interviniente) quien no es abogado, al sustituir el poder o mandato general otorgado por sus mandatarios, incurre en manifiesta falta de representación, por no ostentar tal capacidad de postulación y no ser abogado, como lo estatuye los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, y artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, por lo que al pretender la sustitución de un poder en la persona de un abogado, cuando confirió la facultad de representación judicial de otro, la cual nunca pudo detentar, el mismo resulta inadmisible en derecho, tal y como se reitero en el presente fallo.
Así las cosas, y de conformidad con lo estatuido en los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, y artículos 166 del Código de Procedimiento Civil, es de reiterar, que para el ejercicio de un poder o mandato judicial dentro de un juicio o proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que, la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de tener la representación legal de una persona o ciudadano, razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella.
Es por ello, que el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil, no establece alguna forma de enmienda de ese vicio, cuando dispone literalmente, como formas de subsanación de la cuestión previa del ordinal 3° del artículo 346, la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, o la ratificación en autos del poder y de los actos realizados con el poder defectuoso, ninguna de las cuales serviría para salvar la imposibilidad jurídica del contrato de mandato en cuyo ejercicio se habría actuado en juicio. Así se declara. (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1235, de fecha 13 de agosto de 2008, expediente N° 2007-1800, caso: Iwona Szymañczak, ratificada, entre otras en sentencia de esa misma Sala N° 552 de fecha 25 de abril de 2011, expediente N° 2011-177, caso: Industrias Metalmecánica Comar Compañía Anónima (INMECOMAR C.A.).
Cónsono a lo anterior, tenemos que la Sala de Casación Social en su fallo N° RC-1236, de fecha 16 de diciembre de 2015, expediente N° 2013-1783, caso: Nancy Muro de Floro contra Michele Floro Costanzo, estableció lo relativo a la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, señalando:
( ) La capacidad jurídica o de goce es la aptitud para ser titular de deberes y derechos; mientras que la capacidad de obrar está referida a la posibilidad de realizar actos jurídicos por voluntad propia.
Sobre el particular el tratadista Enrico Tullio Liebman, ha referido que la capacidad de obrar consiste en el libre ejercicio de los propios derechos y, por consiguiente, en la capacidad de realizar actos jurídicos, a ella corresponde la capacidad procesal, o sea la capacidad de estar en juicio por sí y de cumplir válidamente los actos procesales. Más adelante señala que la capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural, de la persona; a ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar válidamente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se llama, según una antigua terminología, legitimación formal (legitimatio ad processum) que no debe confundirse con la legitimatio ad causam finalmente anota que la distinción entre capacidad procesal y legitimación formal se hace relevante en los casos en lo que la parte carece de capacidad procesal: el ejercicio de sus derechos procesales viene entonces conferido por la ley a terceros, los cuales, en virtud precisamente de tal investidura, adquieren legitimación formal y están en el proceso cumpliendo todos los actos procesales en nombre y por cuenta de la parte que ellos representan (Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1980, páginas 67 y 68) (Destacado de la Sala)
En virtud de todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, al no tener capacidad de postulación el otorgante del poder por no ser abogado, y al no estar facultados con poder debidamente otorgado para gestionar actuaciones a nombre de su mandante, la capacidad subjetiva procesal, los abogados recurrentes en casación resulta ineficaz por no tener la legitimidad para anunciar el recurso extraordinario de casación para el momento de su interposición, de allí que su actuación debe tenerse como no realizada siendo indefectible declarar la nulidad del auto de fecha 26 de septiembre de 2018 (fs. 438 al 441 pieza II del expediente), que admitió el recurso extraordinario de casación anunciado, y como consecuencia de ello su inadmisibilidad. Así se declara.
Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales con el sólo fin de cumplir con una tutela judicial eficaz, conforme al principio constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y después de revisado el fallo impugnado determina, que no se encuentra falta alguna que amerite el uso de la facultad excepcional de casar de oficio la decisión recurrida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Cfr. Fallos números RC-534, de fecha 21 de noviembre de 2011, expediente N° 2011-241, caso: Tze Shang Chen de Szetu y otros contra Eduardo Enrique Muñoz Monterroza; y RC-356, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-616, caso: Joel de Sousa Méndez contra Irma María Mavárez de Rodríguez y otros, este último bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
En consecuencia, y en virtud de todos los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala de Casación Civil, declara inadmisible el recurso extraordinario de casación ejercido por la demandada. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: INADMISIBLE el recurso extraordinario de casación interpuesto por la demandada, contra la sentencia dictada, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de junio de 2018.
En consecuencia, SE REVOCA el auto de admisión del recurso extraordinario de casación, dictado por el señalado juzgado superior en fecha 26 de septiembre de 2018.
Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas del recurso.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós días del mes de octubre de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
Presidente de la Sala y ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
__________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
__________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
_______________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. AA20-C-2018-000651
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretaria Temporal,
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