Venley

Sentencia N.º RC.000458

Sentencia
N.º RC.000458
Fecha
26/10/2010
Sala
Casación Civil
Expediente
09-403
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

                                                                         Exp. Nro.  2009-000403

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

En el juicio por resolución de contrato de opción de compraventa, seguido por los ciudadanos ALEXANDER JOSÉ RODRÍGUES PINTO, ANTONINO CIULLA ALVARO y ENZA DESIREE DEGIROLAMO GÓMEZ, representados judicialmente por los abogados Héctor Antonio Villegas Galindo y Ana María Mandolfo de Villegas, contra la sociedad mercantil GRUPO TROPICALIA, C.A., en la persona de su gerente operativo Francisco Paolo Magnífico Fasano, representada judicialmente por la abogada Del Valle Angélica Ramírez Bohórquez; en el que  acudieron como terceras intervinientes EYSA MARTÍN DE TERÁN y EYKA TERÁN MARTÍN, representadas judicialmente por el abogado Pedro Antonio Pérez Alzurutt; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, dictó sentencia en fecha 7 de mayo de 2009, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por las terceras opositoras contra la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 2008, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la mencionada Circunscripción Judicial y sede, que homologó la transacción celebrada por las parte actora y demandada, en consecuencia, confirmó la sentencia impugnada. Hubo condenatoria en costas procesales a las terceras opositoras.   

 

                   Contra la referida sentencia de la alzada, las terceras opositoras anunciaron recurso extraordinario de casación, el cual, fue admitido mediante auto de fecha 1 de junio de 2009, y fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

                   Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

 

Al amparo del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 3º del artículo 243 eiusdem, con fundamento en que la sentencia recurrida no contiene una síntesis clara precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia.

 

Al respecto, se desprende del escrito de formalización presentado por las recurrentes, lo siguiente:

 

“…Tal síntesis clara y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia no existe en la recurrida y ello va a influir en la decisión dictada. Tal vicio existe porque la recurrida no expresa que la pretensión del tercero encuentra su fundamento en la incompetencia del Juez de la Causa para conocer de la controversia contenida en el expediente 46290 de ese Juzgado, por existir una íntima conexión entre esa causa y la contenida en el expediente No. 38814 llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua quien es el que tiene competencia atribuida para conocer de ambas causas, por mandato del artículo 51 del Código de Procedimiento Civil, precisamente, porque en el expediente No. 46290, aparece admitida el día 30 de julio del 2007…”.

 

De la transcripción parcial del escrito de formalización, se desprende la denuncia del recurrente referida a que el sentenciador de alzada en su sentencia no hizo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado la controversia, al no expresar que la pretensión de las terceras se referían a la incompetencia del juez a quo para conocer de la presente causa, signada con el Nº 46290, porque existía una conexión con otra causa Nº 38814 en la que se había consignado escrito de contestación, previo a la admisión de la demanda del presente juicio Nº 46290.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Con respecto al thema decidendum, el artículo 243 en su ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, establece que “Toda sentencia debe contener:… una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos.”.

  

En atención al artículo precedentemente señalado, esta Sala considera que el sentenciador, al momento de elaborar su decisión, debe realizar, a manera introductoria, un compendio de lo que será el tema a resolver para delimitar la controversia y así no decidir ni más ni menos de lo alegado y aportado por las partes.

 

Por lo tanto, el objetivo principal de este requisito intrínseco de la sentencia va dirigido a establecer cuál es en realidad es el problema a debatir, y además, a eliminar la tendencia del juez de hacer una transcripción extensiva de las actas del proceso e incorporarlas como parte narrativa de la sentencia.

  

En este sentido, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 108, de fecha 9 de marzo de 2009, caso: Banco Caroní, C.A., Banco Universal contra Mohammad Reza Bagherzadeh Khorsandi y otros, en relación al requisito previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, estableció el siguiente criterio:

  

“…Teniendo presente el alcance del pronunciamiento de la sentencia recurrida antes transcrito, es preciso señalar, que tanto el vicio denunciado, como  la consecuente nulidad, debe atenderse, teniendo siempre presente y, por norte, la utilidad de la casación en estos casos, ya que como bien indicó en un reciente fallo la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, se debe verificar que la nulidad de la sentencia cumpla una finalidad útil, aplicando el principio contenido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que ordena que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto procesal alcanzó el fin al cual está destinado. (Vid. Sentencia de fecha 30 de mayo de 2008, caso Inversiones Hernández Borges).

Bajo esta perspectiva, es preciso advertir, que la mencionada necesidad de verificar la finalidad útil de la reposición, en aquellas denuncias donde se plantea, el incumplimiento al requisito intrínseco de la sentencia previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, cobra gran significación, ya que puede ocurrir, que no obstante a la falta de una síntesis de la controversia inicial, la motivación del fallo y su dispositivo, permitan a las partes que integran la relación subjetiva procesal y, a la comunidad en general, conocer cómo quedó establecida la controversia, cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su cognición y, finalmente, cómo fue adjudicado el derecho discutido, supuesto en el cual, la declaratoria de nulidad del fallo, no cumpliría ninguna finalidad útil.

La anterior conclusión, encuentra sustento, en la exposición de motivos del vigente Código de Procedimiento Civil, cuando se expuso, con respecto a la introducción de la exigencia de una síntesis de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, lo siguiente“…La expresa mención de de que no se deben transcribir en el fallo los actos del proceso que constan de autos, libera a los jueces de aquella práctica y del temor de no ser suficientemente fieles en el cumplimiento de este requisito de forma de la sentencia, y les obliga a formular una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, que se considera suficiente para dictar el fallo, el cual debe hacer énfasis más bien, en la motivación de hecho y de derecho que son las premisas necesarias del dispositivo del fallo…”. (Leopoldo Márquez Añez, El Nuevo Código de Procedimiento Civil, Fondo de Publicaciones UCAB-Fundación Polar, Caracas 1988, página 164).

Es obvio, pues, luego de la lectura efectuada de la transcripción parcial de la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil que se ha hecho precedentemente, que el requisito intrínseco previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, está destinado fundamentalmente, a privilegiar y fortalecer el desarrollo de la motivación de la sentencia, pues es en ella donde se expresa el resultado del examen que el juzgador ha efectuado del asunto sometido a su consideración. Por tanto, no puede concebirse la declaratoria de nulidad de un fallo, por haberse infringido el citado ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, si la motivación del fallo permite a las partes conocer las razones que ha tenido el juez para adjudicar los intereses comprometidos.

En este orden de ideas, cabe señalar, que el procesalista italiano Salvatore Satta sostiene que sería “…interesante observar por qué vías secretas, en la reglamentación de un proceso, la forma legítima y necesaria, degenera en formalismo. Chiovenda, en páginas admirables, ha analizado  este fenómeno bajo el aspecto del vaciarse, si así se puede decir, de las formas, que continúan sobreviviendo cuando la razón histórica que las ha determinado ha desaparecido, y quizá se podría observar, más profundamente, que toda forma apenas creada tiende a perder su razón, a vivir por sí misma de pura vida formal…”.

Esta es, precisamente, la finalidad del requisito intrínseco de la síntesis de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, que ha perdido el sentido original por el cual fue creado, para convertirse en una forma que se exige, sin tomar en cuenta su papel como facilitador de la motivación del fallo. En otras palabras, si se ignora la razón por la cual se creó el requisito intrínseco del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pierde su concepción legítima y se convierte en un formalismo vacío de propósito, que impide que se concrete el mandato del artículo 257 de la Constitución, que ordena, no sacrificar la búsqueda de la justicia, antes las formas…”. (Negritas y cursivas del texto).

 

 

Del precedente jurisprudencial transcrito, se desprende que la verdadera finalidad del referido requisito previsto en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, está dirigido fundamentalmente, a privilegiar y fortalecer el desarrollo de la motivación del fallo. Todo lo cual demuestra que históricamente se ha desvirtuado la intención del legislador, al pretender exigir la nulidad de las sentencias por la omisión o deficiencia en el cumplimiento de este requisito, cuando en realidad, la narrativa del fallo representa un apoyo a las argumentaciones realizadas por el sentenciador al momento de tomar su decisión.

 

En el presente caso, esta Sala evidencia que el recurrente denunció la infracción del ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, porque el juez de alzada no expresó en su sentencia, que la pretensión de las terceras intervinientes en el proceso y aquí recurrentes estaba referida a la incompetencia del juez a quo, porque la causa Nº 46290, tenía conexión con la Nº 38814, y que como la que previno fue la Nº 38814, a ésta debía acumularse la otra, ello con base en lo dispuesto en el artículo 51 eiusdem .

 

Así pues, esta Sala considera necesario transcribir la sentencia recurrida, la cual expresó lo siguiente:

 

“….-ANTECEDENTES
Suben las presentes actuaciones procedentes del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en razón de la apelación interpuesta el Abg. PEDRO ANTONIO PÉREZ ALZURUTT, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 0419, representante judicial de las ciudadanas EYSA MARTÍN DE TERÁN y EYKA DEL CARMEN TERÁN MARTÍN, (…) contra la decisión definitiva dictada por el mencionado Juzgado en fecha 03 de junio de 2008, que declaro HOMOLOGADA LA TRANSACCIÓN realizada por las partes en los mismos términos expresados en el escrito consignado, mediante diligencia de fecha 02 de junio de 2008.

…Omissis…

VI.-CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

…Omissis…

En razón de esto, el Abg. PEDRO ANTONIO PÉREZ ALZURUTT, inscrito en el Inpreabogado bajo el número Nº 0419, apoderado judicial de las ciudadanas EYSA MARTÍN DE TERÁN y EYKA DEL CARMEN TERÁN MARTÍN, (…) interpone Recurso de Apelación contra dicha decisión, en fecha 11 de Junio de 2008, fundamentándose como primer punto, en que la controversia que fue decidida mediante la Homologación de la transacción suscrita por las partes, la misma tiene conexión con otra causa pendiente ante otra autoridad judicial solicitando la continencia de ésta de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil y como segundo punto, que el tercero en la presente causa resulto perjudicado por la decisión dictada por el A-quo (homologación), por lo que, solicita sea declarada la nulidad de la transacción realizadas por las partes.

Como primer punto de la apelación, ésta Alzada considera pertinente traer a colación un extracto de la desición (sic) dictada en fecha 01 de Octubre de 2007, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en el cual negó la continencia solicitada por el Abogado PEDRO ANTONIO PÉREZ ALZURUTT, como se puede observar a los folios 109 al 110 de la presente causa, que señalo: (…)

…Omissis…

Ahora bien, en el caso bajo estudio se verificó, que el Tribunal A-quo por auto de fecha 01 de Octubre de 2007, negó la solicitud de acumulación (Folios 109 y 110), y contra dicho auto ejerció recurso de apelación a través de escrito de fecha 08 de Octubre de 2007 (Folios 113 y 114), el cual fue oído en un sólo efecto por el Tribunal de causa, según auto de 22 de Octubre de 2007 (Folio 115), contra el cual el Abogado PEDRO ANTONIO PÉREZ ALZURUTT, recurrió de hecho mediante diligencia de fecha 26 de Octubre de 2007 (Folio 127), y el Tribunal de causa a través de auto de fecha 5 de Noviembre de 2007, acordó las copias para el recurso hecho, remitiendo al Tribunal A-quem (Folio 128), el cual fue decidido en fecha 29 de Noviembre de 2007, por esta Alzada, declarando Sin Lugar en Recurso de Hecho formulado por el mencionado Abogado (Folios 185 al 194).

Al respecto, se evidenció por esta Juzgadora que en autos no existe prueba de la cual se evidencie que el recurrente solicitará y señalara las copias certificadas de las actuaciones para impulsar la apelación que había sido oído en un solo efecto por el A-quo, por lo que, quien decide considera que el apelante no tuvo interés en la acumulación solicitada.

Es por ello, que la decisión interlocutoria de fecha 22 de octubre de 2007 (Folios 109 al 110), quedó definitivamente firme, con carácter de cosa juzgada formal y material, por lo tanto ésta Juzgadora no puede pronunciarse sobre un punto ya decidido por todas las consideraciones anteriormente señaladas. Así se decide.

Ahora bien, con relación al segundo punto sometido en apelación, efectuada por el recurrente alegando su condición de tercero, ésta Juzgadora considera importante resaltar lo siguiente:

…Omissis…

En el caso bajo estudio, observa esta Alzada, que la transacción celebrada entre las partes de este juicio, cumple con de (sic) las normas establecidas para la legalidad de los contratos, y que las partes poseen capacidad para transigir, siendo que la misma no es contraria al orden público o a las buenas costumbres, ni ha celebrado sobre materias prohibidas por la ley, por lo tanto, el auto de fecha 3 de Junio de 2008, que homologa la transacción celebrada entre las partes y cumplida según diligencia de la apoderada judicial de la parte actora de fecha 8 de Agosto de 2008 (Folio 250), se encuentra ajustada a derecho. Y así se establece…”. (Negritas de la Sala)

 

 

De la precedente transcripción parcial de la sentencia recurrida, esta Sala evidencia que ésta conoció de la apelación interpuesta por las terceras intervinientes, contra la sentencia dictada por el juez de la causa de fecha 3 de junio de 2008, la cual homologó la transacción celebrada por la parte demandante y la demandada, declarando sin lugar la apelación.

 

 Asimismo, el juez ad quem se pronunció sobre la solicitud de las terceras intervinientes referida a la nulidad de la transacción antes mencionada, fundamentada en que la presente causa “…tiene conexión con otra causa pendiente ante otra autoridad judicial, solicitando la continencia de ésta de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Código de Procedimiento Civil…”, y que por ello resultaron perjudicadas por el fallo dictado por el homologatorio de la transacción. Al respecto, declaró que la sentencia dictada por el a quo, que negó la acumulación, había quedado definitivamente firme, porque las terceras no impulsaron la apelación que fue oída en un solo efecto, y que por tanto, no iba a pronunciarse sobre un punto ya decidido.

 

En virtud de lo antes expresado, esta Sala constata que en la parte narrativa y en la motiva del fallo dictado por el juez de alzada, comprendió y apreció los términos en que fue sustentada la controversia, esto es, los alegatos esgrimidos por las partes y por las terceras, pues tomó en consideración los aspectos aportados por ellos al proceso, dando cumplimiento a la carga establecida por el legislador en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                  Así pues, el sentenciador en el fallo realizó una narración sucinta de las actuaciones del expediente, para lo cual mencionó los antecedentes de la controversia que van desde la presentación del libelo de la demanda, la decisión dictada por el juez de la causa sobre la negativa de acumulación de causas solicitada por las terceras intervinientes, la homologación de la transacción celebrada por la parte demandada y la demandante, así como, los informes y escritos presentados en la alzada por las terceras intervinientes.

 

       Lo hasta ahora expuesto y analizado en esta Sala, permite señalar que aún cuando los requisitos establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de orden público y de inexorable cumplimiento, y como el ordinal 3° del artículo 243 del mencionado cuerpo normativo exige una redacción clara, precisa y lacónica de los términos de la controversia, no es menos cierto que la ley no establece fórmulas rígidas y extremas para llevar a cabo la redacción de una sentencia, razón por la cual, no es censurable por esta Sala, la manera en que los jueces de instancia explanen los términos en que ha quedado planteada la controversia.

 

En consecuencia, de las argumentaciones precedentemente señaladas, así como del criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala considera que la conducta del sentenciador, en referencia a la obligación de hacer una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en los cuales ha quedado planteada la controversia, se encuentra cumplida en este caso, por lo que mal puede esta Sala anular la presente sentencia en atención a lo señalado en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, si lo pretendido por el recurrente era impugnar los razonamientos que dio el juez de alzada en su sentencia, ello debió fundamentarlo bajo una delación por defecto de fondo y no de forma tal como fue planteado.

 

En atención a las consideraciones precedentemente señaladas, esta Sala declara improcedente la denuncia por la presunta infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

 

Ahora bien, esta Sala durante el examen realizado a la anterior denuncia advirtió un vicio que no fue delatado por el recurrente, que es la infracción del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

 

 

La anterior norma es acorde con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cuestiones, que el juez debe decidir conforme a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

 

Las disposiciones citadas sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva).

 

En este mismo orden, la Sala encuentra que dentro del vicio de incongruencia positiva se encuentra la ultrapetita, la cual ocurre cuando el juez declara el derecho de las partes mas allá de lo que ha sido objeto de la pretensión o litigio.

 

Asimismo, es criterio de la Sala que el pronunciamiento del sentenciador de alzada que verse sobre materia distinta a la que ha sido sometido a su conocimiento, constituye el vicio de ultrapetita.

 

En relación con el vicio de ultrapetita, cometida por el juez cuando su pronunciamiento es distinto a lo sometido a su conocimiento sobre una apelación, la Sala en sentencia de vieja data,  Nº 329   de fecha 11 de octubre de 2000, caso: Antonio José Ribero Berríos contra Comercial 5-Mentarios, C. A., la cual, acoge en esta oportunidad, señaló lo siguiente:

 

“…Ahora bien, independientemente de lo acertado o no del fundamento de la recurrida para declarar inadmisible la apelación interpuesta, lo cierto es que una vez establecida esa conclusión, le estaba vedado extender su examen o resolver asuntos extraños a lo apelado, que es lo que delimitaba su conocimiento, tal como se expresa en el vocablo tantum appelatum quantum devolutum. Todo pronunciamiento que haga el Juez de Alzada que verse sobre materia distinta a la que ha sido elevada a su conocimiento por efecto de la apelación, salvo aquellos incidentes que se produzcan en el propio procedimiento de segunda instancia, constituye, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, un exceso de jurisdicción que se califica como ultrapetita que, de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, acarrea la nulidad de la sentencia.

En este sentido se pronunció la extinta Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 16 de diciembre de 1964, en la que se sostuvo lo siguiente:

"…Nuestro ordenamiento procesal no define el concepto jurídico de la ultrapetita, pero en su defecto, la doctrina y la jurisprudencia han elaborado la noción del expresado vicio formal de la sentencia, consistente según ellas en un exceso de jurisdicción del juzgador al decir cuestiones no planteadas en la litis concediendo generalmente; a alguna parte una ventaja no solicitada, o en otros términos, dando más o más allá de lo pedido que es la signación etimológica del vocablo. El deber impuesto a los jueces de evitar la incursión en ultrapetita es consecuencia del principio de congruencia que ha de estar presente en toda sentencia para asegurar la debida correspondencia entre el fallo y el objeto de la litis. A los efectos de la nulidad del fallo, los expositores y la jurisprudencia, han asimilado a la ultrapetita propiamente dicha, el vicio de la extrapetita que se configura cuando el Juez decide sobre materia u objeto extraño al constitutivo de la controversia. Nuestro comentarista Borjas al analizar tal punto expresa que 'los jueces no pueden pronunciar sobre cosa no demandada, ni adjudicar mas de lo pedido; les está prohibido todo cuanto constituya extra o ultrapetita'.

En igual sentido se ha pronunciado Casación en sentencia de fecha 30 de abril de 1928, en la cual se asienta que el vicio de ultrapetita se comete al decidirse 'sobre cosas no demandadas o haberse dado más de lo pedido'. (La misma doctrina se establece en sentencia del 19 de noviembre de 1937).

También la mayoría de los autores y la jurisprudencia de esta Corte coinciden en que el vicio de ultrapetita se comete en el dispositivo de fallo o en razonamiento contentivo de una declaración de fondo, lo cual concuerda con la doctrina acogida por esta Sala en anteriores oportunidades en el sentido de que 'lo dispositivo de una sentencia puede no encontrarse íntegro en su parte final, pues hay muchos puntos que se resuelven en el cuerpo de la sentencia, especialmente en la parte motiva ... Además, ese mismo final no puede entenderse aisladamente: sino que debe interpretarse teniendo en cuenta las consideraciones emitidas en la parte motiva' (Sentencia del 8-8-60 ratificatoria de otras anteriores).

En la citada sentencia de casación del 30 de abril de 1928, además de acogerse el criterio que asimila la extrapetita, a la ultrapetita se admite la comisión. de ultrapetita en la motivación, pues se establece 'que el vicio de ultrapetita no puede cometerse en principio, sino en la parte diapositiva del fallo por decidirse en ella sobre cosas no demandadas o por haberse dado más de lo pedido; y sólo por excepción en algunos de los considerandos de la sentencia, cuando ese considerando contenga realmente una decisión de fondo en cualquiera de los dos sentidos preapuntados'.

Ahora bien, la sentencia de la Corte de instancia impugnada con el recurso "extraordinario ha incurrido ostensiblemente en el vicio de extrapetita cómo se ve de inmediato. En efecto, según consta de la, propia recurrida la materia qué ella debía resolver en alzada  era la declarar procedente o no el recurso de hecho interpuesto contra el auto denegatorio de la apelación que la parte actora había ejercido contra el auto de fecha 12 de junio de 1964 en que el Juez a quo ordenó la suspensión del recurso de la causa. Para resolver dicho recurso de hecho los sentenciadores no tenían sino que analizar si el auto apelado causaba o no gravamen irreparable a la ejecutante, y con aplicación de esa norma contenida en el ordenamiento procesal positivo, mandar a oír o no el recurso interpuesto. Es indudable que para llegar a una conclusión en una y otro sentido los jueces estaban facultades para examinar si la suspensión del procedimiento era un acto engendrador o no de agravio irreparable; pero no lo estaban para declarar procedente o no la referida suspensión.

De modo que no debían los sentenciadores entrar a decidir el fondo de la incidencia resuelta por el auto apelado, y menos aún extender ilegalmente la función jurisdiccional hasta el extremo de resolver puntos ni siquiera contenidos en la aludida incidencia, pues limitados como estaban por los efectos del recurso de hecho, carecían de jurisdicción para pronunciarse sobre cuestiones ajenas a dicho recurso…".

 La Sala, reiterando el precedente transcrito, considera que la recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita cuando extendió su conocimiento más allá de lo apelado, cuando le impuso al a quo la tramitación de un incidente procesal del que, además, había declarado su propia incompetencia funcional…”.

 

                   En virtud del criterio jurisprudencial antes transcrito, se desprende que el exceso en que incurre el juez, cuando resuelve asuntos ajenos a lo sometido a su conocimiento, es decir, como pronunciarse sobre cuestiones extrañas a lo que es el recurso de apelación, hace que incurra en el vicio de ultrapetita a que se refiere el ordinal 5º del artículo 243 y el artículo 244, ambos del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Ahora bien, esta Sala a fin de demostrar la existencia del vicio de ultrapetita, considera pertinente señalar que la sentencia recurrida transcrita en la anterior denuncia por defecto de actividad, se desprende que la representación judicial de las terceras intervinientes, apeló de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede Maracay, en fecha 3 de junio de 2008, que homologó la transacción celebrada por la parte demandante y la demandada. Asimismo, se evidencia que el juez de alzada en la oportunidad de conocer la apelación intentada por las terceras, se pronunció sobre materia distinta a la que ha sido sometido a su conocimiento por efecto de la apelación, pues, se excedió al pronunciarse sobre una sentencia que surgió con motivo de la acumulación de causas e incompetencia solicitadas por las terceras intervinientes, que fue dictada el 1 de octubre de 2007 por el juez de la causa, y que negó la acumulación, es decir, el juez superior se pronunció sobre una cuestión ajena al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que homologó la transacción antes mencionada.

                  

En consecuencia, esta Sala considera que la conducta desplegada por el juez de ad quem al dictar su fallo, atenta contra las exigencias formales que atañen el orden público y los principios constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso y la cosa juzgada, cuando extendió su conocimiento más allá de lo que fue objeto de impugnación, señalando que no existía prueba suficiente que demostrara el interés de las terceras intervinientes en la acumulación que solicitaron, pues, éste es un razonamiento que pudiera ser propio del fallo que conozca de la apelación interpuesta contra la sentencia de fecha 1 de octubre de 2007, que negó la acumulación de causas.

 

                Por tanto, esta Sala de Casación Civil casa de oficio el fallo recurrido por la infracción del ordinal 5° del artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

De conformidad con las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado por las terceras intervinientes, y CASA DE OFICIO la sentencia dictada en alzada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, de fecha 7 de mayo de 2009. En consecuencia, decreta la NULIDAD de la sentencia recurrida, y ORDENA al mencionado juez superior, que dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio de forma detectado.

 

Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas del recurso.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los veintiséis (26) días del mes octubre de dos mil diez. Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

______________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente, 

 

 

 __________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ              

                                    Magistrado,

 

 

___________________________

 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ                 

                                                          Magistrado,

 

  

_________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

 

_____________________________

ENRIQUE DURÀN FERNÀNDEZ

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2009-000403.

NOTA: Publicada en su fecha a las

 

 

Secretario,

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