Sentencia N.º RC.000461
- Sentencia
- N.º RC.000461
- Fecha
- 28/07/2015
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-702
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. AA20-C-2014-000702
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento seguido por la ciudadana MARÍA GONZÁLEZ DE PACHECO, representada judicialmente por los abogados Jorge Alejandro Salazar Ledezma, Lourdes Reyes y María José Reyes, contra los ciudadanos GASTÓN RAÚL PADRÓN PERICH y MARÍA JOSEFINA FLEITAS CABELLO, representados judicialmente por la abogada Norma Morán Ortiz, y ante esta sede casacional por la abogada Arelvis Adriana Perdomo Figueroa; el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona, dictó sentencia en fecha 18 de marzo de 2014 mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la demandante y confirmó el fallo dictado en fecha 31 de julio de 2013 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que declaró la perención breve de la instancia de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la referida sentencia de la alzada, la actora anunció recurso de casación, el cual fue negado por auto de fecha 17 de junio de 2014, con fundamento en que no se cumplía con el requisito de la cuantía necesaria para acceder en casación.
Ante esta negativa, la actora interpuso recurso de hecho, el cual fue declarado con lugar por esta Sala en fecha 10 de octubre de 2014, ordenando la admisión del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada por la alzada. El referido recurso extraordinario fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
ÚNICA
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 15 y del ordinal 1° del artículo 267 del referido Código Adjetivo, por considerar que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, y para fundamentar tal alegato, expresó lo siguiente:
De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio el quebrantamiento de formas esenciales en la recurrida que infringe lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1° en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 eiusdem, conculcando el derecho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y el orden público de mi poderdante con base en la ilegalidad del pronunciamiento del juez de la causa decretando indebidamente la perención y el de alzada al confirmar la sentencia, a pesar de que consta además del impulso procesal de esta representación para la citación de los demandados, consta también la comparecencia de la parte demandada al proceso a darse por citada, cumpliendo con los actos procesales iniciales, ejerciendo su derecho a la defensa e incluso dando contestación a la demanda, acompañando pruebas, evidenciándose que el fin de dar a conocer al demandado el procedimiento para su comparecencia y ejercicio pleno de su derecho a la defensa se logró y se garantizó.
Acorde con el texto de la denuncia, el formalizante sostiene que la recurrida quebrantó formas sustanciales que menoscaban su derecho a la defensa al declarar la perención de la instancia, pues en su criterio consta en el expediente no sólo el impulso procesal ofrecido para lograr la citación de los demandados, sino también su comparecencia al juicio para dar contestación a la demanda y promover pruebas, con lo cual quedó en evidencia el ejercicio pleno de su derecho a la defensa.
Para decidir, la Sala observa:
Como parte integrante del debido proceso, la defensa es un derecho que no sólo permite a las partes alegar, oponer, probar o recurrir, sino que además impone al juez el deber de resguardar este derecho, de manera que no puede admitir y menos aún generar indefensión, la cual ocurre cuando éste limita, impide o menoscaba formas sustanciales, el ejercicio de algún medio procesal o cuando crea desigualdades entre las partes.
Al respecto, esta Sala ha señalado que la indefensión por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa de las partes sólo ocurre por actos del tribunal, es decir, atribuible al juez al conculcar de forma flagrante el ejercicio a uno de los justiciables, esto es, imposibilitar formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la sentencia que considere le causa un gravamen en los términos previstos en la ley.. (Vid. Sentencia N° 015, de fecha 14 de febrero de 2013, reiterada, entre otras, en sentencia N° 857, de fecha 9 de diciembre de 2014, caso: Luis Antonio Palmar González y otros contra Asociación Cooperativa de Transporte Expresos Maicao (ACOOTEMA) RL.).
Con respecto a la perención de la instancia, institución ésta de orden público, esta Sala ha sostenido en reiteradas ocasiones, que la misma se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción. (Vid. Sentencia N° 006, de fecha 17 de enero de 2012, caso: Vicente Ríos Castillo y otra contra Hippocampus Vacation Club, C.A. y otros).
Así, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
La norma precedentemente transcrita se refiere en su ordinal primero a la perención breve de la instancia, la cual se verifica cuando la parte actora incumple con las obligaciones legalmente establecidas para llevar a cabo la citación de la parte demandada.
Al respecto, cabe destacar que las referidas obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma se circunscriben fundamentalmente a:
-La obligación de suministrar la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar.
-La elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo y libramiento de boleta de citación; y,
-La presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil tanto las referidas compulsas como los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal. (Vid. sentencia N° 537 de fecha 6 de julio de 2004, reiterada, entre otras, en sentencia N° 548, de fecha 6 de agosto de 2012, caso: Saide Rita Zaine Chidiac contra Emilio Kabbabe Chendi).
Ahora bien, con la finalidad de verificar la procedencia del vicio denunciado, esta Sala estima necesario realizar un recuento de las actuaciones procesales, y a tal efecto observa lo siguiente:
En fecha 3 de diciembre de 2012, la ciudadana María González de Pacheco demandó por cumplimiento de contrato de arrendamiento a los ciudadanos Gastón Raúl Padrón Perich y María Josefina Fleitas Cabello, folios del 1 al 3 de la primera pieza del expediente.
En el referido libelo de demanda, específicamente en el folio 3 de la primera pieza del expediente, consta que la demandante solicitó que se practicara la citación de los demandados en la siguiente dirección: Edificio Residencias Rebecca Suites, planta 2, distinguido con las siglas 2-C, calle 7, Barrio Rómulo Gallegos, Lechería, Jurisdicción del Municipio Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui.
Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2012, folio 15 de la primera pieza del expediente, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, admitió la demanda y ordenó la citación de los demandados a fin de que comparecieran a dar contestación a la demanda dentro de los veinte días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última citación de los demandados.
Posteriormente, por auto de fecha 9 de enero de 2013, folios 17 y 18 de la primera pieza del expediente, el tribunal de primera instancia, luego de advertir que la causa se había admitido por el procedimiento ordinario, repuso la causa al estado de admitirse nuevamente la demanda pero por el procedimiento establecido en la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, por tratarse de una pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento.
Consta en el folio 18 de la primera pieza del expediente, que por auto de fecha 9 de enero de 2013 el tribunal de primera instancia admitió la demanda con la finalidad de que la parte demandada compareciera al quinto día de que constara en autos su citación, para que tuviera lugar la audiencia de mediación prevista en el artículo 101 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda.
Mediante diligencia de fecha 15 de febrero de 2013, folio 20 de la primera pieza del expediente, la actora consignó copias fotostáticas con la finalidad de que se librara la compulsa de citación de la demandada y en el mismo acto puso un vehículo a la disposición del alguacil del tribunal para realizar el traslado correspondiente a los fines de practicar la referida citación.
En fecha 12 de marzo de 2013, los demandados, asistidos por abogado, consignaron diligencia que riela al folio 24 de la primera pieza del expediente, mediante la cual se dieron por citados.
Por auto de fecha 20 de marzo de 2013, folio 27 de la primera pieza del expediente, el tribunal dejó constancia de la audiencia de mediación celebrada, en donde asistieron tanto la representación judicial de la actora como de la demandada, y de la cual se desprende que la apoderada judicial de los demandados manifestó su negativa de llegar a algún acuerdo o conciliación con la actora.
Posteriormente, consta en los folios del 30 al 35 de la primera pieza del expediente, que en fecha 8 de abril de 2013 los demandados consignaron escrito mediante el cual opusieron cuestiones previas.
En fecha 22 de abril de 2013, la actora presentó escrito contentivo de observaciones a las cuestiones previas opuestas por los demandados, folio 60 y su vuelto de la primera pieza del expediente.
Consta en los folios del 63 al 69 de la primera pieza del expediente, que en fecha 25 de abril de 2013 los demandados consignaron escrito de promoción de pruebas.
En fecha 2 de mayo de 2013, los demandados presentaron escrito mediante el cual ratifican las cuestiones previas opuestas y se oponen a las observaciones que sobre éstas realizara la actora, según consta en los folios del 124 al 129 de la primera pieza del expediente.
Consta en los folios del 132 al 136 de la primera pieza del expediente que los demandados, en fecha 24 de mayo de 2013, consignaron escrito mediante el cual solicitaron se decretara la perención de la instancia.
En fecha 27 de mayo de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, declaró sin lugar las cuestiones previas opuestas por los demandados, según consta en los folios del 137 al 145 de la primera pieza del expediente.
Se aprecia en los folios del 157 al 159 y su vuelto de la primera pieza del expediente que en fecha 12 de julio de 2013 los demandados consignaron escrito de contestación a la demanda, en donde como punto previo solicitaron nuevamente se declarara la perención de la instancia.
Así también, consta en los folios del 161 al 164 y su vuelto de la primera pieza del expediente, que en fecha 22 de julio de 2013 los demandados consignaron nuevamente escrito contentivo de contestación de la demanda.
En fecha 26 de julio de 2013, folios del 166 al 169 y su vuelto de la primera pieza del expediente, la actora consignó escrito mediante el cual realizó algunas consideraciones en rechazo a la perención de la instancia solicitada por los demandados.
Consta en los folios del 176 al 178 de la primera pieza del expediente, que en fecha 31 de julio de 2013 el Juzgado de Primera Instancia, antes identificado, declaró procedente la solicitud de perención de la instancia requerida por los demandados, con base en que la parte actora no cumplió con esa carga procesal al no consignar oportunamente, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la admisión de la demanda, los fotostatos solicitados expresamente para formar las compulsas.
Mediante diligencia de fecha 6 de agosto de 2013, folio 179 de la primera pieza del expediente, la actora apeló de la anterior decisión, recurso éste que fue oído en ambos efectos por auto de fecha 12 de agosto de 2013, según consta en el folio 4 de la segunda pieza del expediente.
Recibido el expediente en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, consta en los folios del 93 al 104 del mismo, que el referido tribunal declaró sin lugar la apelación y declaró la perención de la instancia, por lo cual confirmó el fallo apelado con la siguiente motivación:
siendo que de actas se evidencia que desde la admisión de la presente demanda (9/1/2013), hasta el día 15 de febrero de 2013, fecha en la cual compareció la apoderada judicial de la parte actora a consignar los fotostatos para las respectivas compulsas, transcurrieron con creces más de treinta (30) días, es por lo que resulta forzoso para esta Alzada declarar que efectivamente se ha producido la perención de la instancia en la presente causa, como en efecto así será declarado en el dispositivo del presente fallo.
Esta Sala considera necesario realizar algunas precisiones, del estudio y análisis de las actuaciones y recurrida transcritos:
En primer término esta Sala constata que se trata de un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, en cuyo libelo de demanda se aprecia que la actora cumplió con una de sus obligaciones para llevar a cabo la citación de los demandados, cual es la indicación o suministro de la dirección o el lugar en el cual se encuentra la o las personas a citar.
En segundo término, esta Sala observa que en fecha 9 de enero de 2013 el tribunal admitió la demanda, y que en fecha 15 de febrero de 2013, la actora cumplió con la segunda de sus obligaciones para citar a los demandados, referida a la presentación de diligencia en la cual deje constancia de la consignación de las copias fotostáticas de las compulsas y en la cual ponga a disposición del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de los demandados, quedando en evidencia que entre ambas fechas, transcurrieron más de treinta (30) días.
En tercer término esta Sala advierte que en fecha 12 de marzo de 2013, los demandados se dieron por citados, y en fecha 20 de marzo del mismo año, asistieron junto con la actora a la audiencia de mediación celebrada en el tribunal de primera instancia.
De la misma manera esta Sala aprecia que los demandados consignaron escrito oponiendo cuestiones previas, en fecha 8 de abril de 2013; escrito de promoción de pruebas, en fecha 25 de abril; escrito mediante el cual ratifican las cuestiones previas opuestas y donde se opusieron a las observaciones que sobre éstas realizara la actora, el día 2 de mayo; escrito mediante el cual solicitaron se decretara la perención de la instancia, en fecha 24 de mayo; y escrito de contestación de la demanda, en fecha 22 de julio de 2013.
Finalmente, esta Sala observa que el juzgado de primera instancia declaró la perención de la instancia, cuyo pronunciamiento fue confirmado por la alzada, tomando como base para ello que desde el día en que fue admitida la demanda hasta el día en que la actora consignó los fotostatos de las respectivas compulsas, transcurrieron más de treinta (30) días.
De lo antes expuesto esta Sala considera que si bien es cierto que transcurrieron más de treinta (30) días desde que el juzgado de primera instancia admitió la demanda hasta la fecha en que la actora consignó copias fotostáticas de las compulsas y dejó a la orden del alguacil un vehículo para llevar a cabo la citación, resulta innegable que los demandados tuvieron pleno conocimiento de la existencia del juicio y ejercieron a cabalidad su derecho a la defensa, con lo cual quedó en evidencia el interés de la actora en impulsar la citación y el de los demandados en darle continuidad al trámite procesal, de esta manera quedó claro que pese al defecto de forma advertido, se cumplió la finalidad del acto de citación.
Sobre este particular, esta Sala, en sentencia N° 077, de fecha 4 de marzo de 2011, caso: Aura Giménez Gordillo contra Daismary José Sole Clavier, ha expresado que la participación de la parte demandada en las etapas del proceso, pone en evidencia el cumplimiento de los actos procesales tendentes a lograr la citación de la parte actora, así como la intención de impulsar el proceso hasta su conclusión, y en virtud de ello, no puede ser cuestionado la inobservancia de la forma de un acto procesal cuando este haya alcanzado su finalidad practica. Asimismo, esta Sala deja asentado que no opera la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil.
De allí que decisiones como las proferidas por los jueces de instancia en este juicio, sorprenden a esta Sala pues durante los últimos años la interpretación jurisprudencial ofrecida por esta Sala ha pretendido dar por sentado que la perención es un instituto procesal, que ha sido previsto como sanción para la parte que ha abandonado el juicio, en perjuicio de la administración de justicia, a la cual ha puesto en movimiento sin interés definitivo alguno. Esta sanción no puede ser utilizada como un mecanismo para terminar los juicios, colocando la supremacía de la forma procesal sobre la realización de la justicia, por cuanto ello atenta contra el mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución. De manera que la utilización de esta figura procesal debe ser empleada en aquellos casos en los que exista un evidente desinterés en la prosecución del proceso, pues la determinación del juez que la declara, frustra el hallazgo de la verdad y la consecución de la justicia. Por esa razón, la aptitud del juez en la conducción del proceso debe ser en beneficio de la satisfacción de ese fin último de la función jurisdiccional, y no en la necesidad de terminar los procesos con base en formas procesales establecidas en la ley. (Vid. Sentencia N° 006, de fecha 17 de enero de 2012, caso: Vicente Ríos Castillo y otra contra Hippocampus Vacation Club, C.A. y otros).
Acorde con los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, que se aplican al caso concreto, esta Sala considera que la alzada menoscabó el derecho a la defensa de la actora al priorizar el cumplimiento de formalidades no esenciales, sin verificar el cumplimiento de la finalidad útil del acto procesal de la citación, desconociendo con ello no sólo la esencia del instituto procesal de la perención, sino los avances jurisprudenciales que en relación con esta materia ha ofrecido esta Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional de este Alto Tribunal. (Vid. Sentencia N° 50 de la Sala Constitucional, de fecha 13 de Febrero de 2012, caso: Inversiones Tusmare C.A.).
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala declara procedente la denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa. Así se establece.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia dictada en fecha 18 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con sede en Barcelona. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida, y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente recurso.
Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al tribunal superior de origen, anteriormente mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_________________________________
GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ
Vicepresidente,
____________________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada
________________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrada-ponente,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
_____________________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
________________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. Nro. AA20-C-2014-000702
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,
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