Venley

Sentencia N.º RC.000534

Sentencia
N.º RC.000534
Fecha
09/08/2013
Sala
Casación Civil
Expediente
12-710
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C- 2012-000710

 

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

                En el juicio de ejecución de hipoteca mobiliaria seguido por la sociedad mercantil  BANCO DE COMERCIO EXTERIOR C.A. (BANCOEX), representada judicialmente por los abogados Trina Omaira Zurita, Veira Lozada de Caro, Nayrobis Briceño Urquiola, Francy Montilla Perdomo, Ruth Jacqueline Benguigui Bergel, Coralia del Valle Indriago González, Gloria María Bouquet, Xiomara Tovar Medina, Luis Enrique Arteaga, Freddy Mayz, Anamey Castro Castro, Gerardo Omaña y Milko Siafakas, contra la sociedad mercantil SURAL, C.A., representada judicialmente por los abogados Alexander Preziosi, Álvaro Prada Álvarez, María Carolina Solorzano Palacios, Alfredo Abou Hassan, Graciela Yazawa, Estrella Morales, Omar D. Morales, Omar A. Morales y Rafael Ángel González; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 7 de mayo de 2012, declaró: sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sin lugar la oposición alegada por la parte demandada con respecto al decreto intimatorio dictado por el juez a quo de fecha 15 de febrero de 2008, en consecuencia confirmó el fallo apelado y condenó en costas a la parte apelante.               

 

          Contra la decisión del mencionado Tribunal Superior, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido por el juez de la recurrida, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

 

 

En fecha 15 de enero de 2013, según Acta de Recomposición de la Sala y según Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6 de fecha 17 de enero de 2013, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, dada la incorporación de las Magistradas Suplentes Aurides Mercedes Mora e Yraima Zapata Lara.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata el vicio de indeterminación objetiva por cuanto afirma que el juez superior estableció que “…la demandada deberá pagar en moneda extranjera… cuando tal situación no es posible habida las restricciones cambiarias existentes en el país…”.

 

Así, el recurrente para fundamentar su delación argumenta lo siguiente:

 

“La sentencia recurrida al resolver sobre los alegatos que soportan nuestra posición dictaminó que:

‘...por lo que a juicio de quien aquí decide, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de la garantía hipotecaria se pudiera realizar en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio en que se encuentra vigente la moneda para el momento en que se materialice el pago, y así se decide…’

De lo transcrito se aprecian dos circunstancias…

De una parte, la recurrida señala que mi representada deberá pagar en moneda extranjera, cuando ha quedado indicado que tal situación no es posible habida cuenta de que las restricciones cambiarias existentes en el país a partir del 21 de enero de 2003, impiden la circulación de divisas en el país, lo que hace imposible que mi representada pueda cumplir con (sic) dispuesto por el fallo impugnado, pues en él se ordena el pago en moneda extranjera. En tal sentido tenemos que la obligación debe ser cancelada en Venezuela y las limitaciones en materia cambiaria restringen esa posibilidad, lo que hace imposible la ejecución en los términos del referido fallo.

Pero lo más grave, y lo que pone en evidencia el vicio acusado es que la sentencia no indica qué es lo que mi representada debe pagar, simplemente se limita a declarar sin lugar la apelación sin hacer ninguna otra indicación, con lo cual se deja sin determinación la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.   

…Omissis…

…En razón de esto, no puede arguirse que las cantidades requeridas a nuestra representada consten en alguna otra parte distinta del dispositivo de la propia sentencia, pues como lo refiere la doctrina y la jurisprudencia… la determinación debe estar en el propio fallo y no en ninguna otra acta del expediente”. 

 

 

De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el formalizante delata el vicio de indeterminación objetiva, por cuanto considera que el juez superior se equivoca, por una parte, al afirmar que “…el pago de la garantía hipotecaria se puede realizar en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio en que se encuentre vigente la moneda para el momento en que se materialice el pago… lo cual no es posible habida cuenta de que las restricciones cambiarias existentes en el país datan del 21 de enero de 2003…”, y por la otra, al “…no indicar qué es lo que -la demandada- debe pagar, simplemente se limita a declarar sin lugar la apelación -y sin lugar la oposición al decreto intimatorio- sin hacer otra indicación, lo cual deja sin determinación la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

Al respecto del vicio de indeterminación objetiva, la Sala considera importante explicar en primer lugar en qué consiste el mismo, luego será necesario revisar la naturaleza de la decisión recurrida, así como lo establecido por el sentenciador de alzada con el objeto de verificar la indeterminación e inejecutabilidad del fallo recurrido.

 

En este sentido, cabe destacar que la Sala ha establecido en reiteradas decisiones que el vicio de indeterminación objetiva, se configura de forma ordinaria cuando el sentenciador no precisa en su fallo la cosa u objeto sobre el cual ha de recaer la decisión, quebrantando así lo previsto en el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Esta norma persigue que la sentencia determine los límites en extenso de los efectos de la cosa juzgada, así como la posibilidad de la materialización efectiva de la ejecución. (Vid. Sentencia N° 230 de fecha 18 de abril de 2012, caso: Aracelis Beatriz Piñero Pereira de Barbosa contra Banesco, Banco Universal C.A.).

 

Así, la indeterminación se produce cuando el fallo carece de todos los señalamientos que permitan, sin lugar a dudas, determinar, bien a las personas sobre las que debe surtir efectos la decisión -indeterminación subjetiva- o bien a las cosas sobre las que versa su dispositivo, que haga de imposible la ejecución el fallo.

 

Asimismo, se ha señalado que la expresión “determinación de la cosa sobre la cual recae la decisión” constituye un requisito indispensable y necesario para que el fallo, desde el punto de vista de la cosa juzgada material y formal constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Expresado en otras palabras, el supra artículo 243 ordinal 6° persigue que la sentencia determine los límites de los efectos de su cosa juzgada, así como la posibilidad de la materialización efectiva de la ejecución. (Vid. sentencia N° 288 de fecha 9 de mayo de 2012, caso: Carmen de Los Ángeles I. Mila de la Roca Jiménez contra Banesco Banco Universal, C.A.).

 

En ese mismo sentido, también ha sostenido la Sala que para asegurar que la sentencia está afectada por indeterminación objetiva, es menester que en ninguna parte de su texto, se haya hecho mención de los elementos identificatorios bien definidos, esto es así, por cuanto la sentencia, es un todo indivisible y de haberse realizado tales señalamientos en otra parte del cuerpo de la decisión, aunque no en el dispositivo, mal puede considerarse que el fallo esté inficionado de indeterminación.

 

En ese mismo orden de ideas, cabe agregar que el requisito de determinación de la cosa objeto de la decisión convive con otro principio, que no debe ser olvidado, como lo es “el principio en favor de la ejecución del fallo” todo esto como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual resulta trascendental en el presente caso.

 

En este sentido, es necesario mencionar el criterio asentado por la Sala Constitucional, mediante sentencia  N° 721 de fecha 19 de mayo de 2011 caso: amparo constitucional interpuesto por Seguridad Venezuela C.A., cuando al revisar el requisito previsto en el artículo 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, ha hecho específicamente en una decisión condenatoria hizo énfasis en que para lograr la efectiva concretización de la tutela judicial eficaz, el juez está autorizado para adoptar las medidas necesarias en pro de la ejecución del fallo. Así, la referida sentencia estableció expresamente lo siguiente:

 

“…En sentencia N° 3.350, del 3 de diciembre de 2003, caso: Víctor Rafael Reyes Corredor, criterio que fue ratificado en los fallos N° 885 del 11 de mayo de 2007, caso: Manuel Farías Goes y N° 249, del 16 de abril de 2010, caso: Forklifts Parts de Venezuela C.A., esta Sala estableció que, aun cuando no se hayan especificado en la sentencia condenatoria los parámetros para la ejecución del fallo, el juez deberá, para lograr la concretización de la tutela judicial eficaz para la parte que fue favorecida por el pronunciamiento judicial, tomar las medidas necesarias para la ejecución de dicha decisión, al respecto la letra de la aludida decisión señaló:

En orden a los razonamientos anteriores, entiende esta Sala que, incluso en el proceso de ejecución de una decisión sobre la cual ha recaído la cosa juzgada, se debe entender que la ley expresamente permite la excepción a la inmutabilidad de la cosa juzgada en casos como el presente, ya que no se trata de la simple omisión de solicitud oportuna de una aclaratoria a la sentencia por alguna de las partes, sino que viene referido a la omisión de un deber procesal del juez vinculado a la propia ejecutabilidad de su sentencia y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida ya al favorecido por el pronunciamiento judicial, como lo es la impretermitible determinación en la sentencia condenatoria de los perjuicios probados que deben estimarse y los diversos puntos que deben servir de base a los expertos, deber previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concatenación con el artículo 527 del mismo cuerpo legal, y cuyo cumplimiento resulta exigible dentro de un proceso de ejecución de sentencia, siempre y cuando no implique para el órgano jurisdiccional correspondiente el apartarse de los términos en que ha sido proferido el fallo. Así se decide.

Igualmente el artículo 528 del Código de Procedimiento Civil, permite que en la fase de ejecución, se estime el valor de la cosa mueble ordenada por la sentencia, si ésta no pudo ser habida. Este artículo del Código Procesal Civil, conjuntamente con los artículos 529 y 530 del mismo instrumento legal, permite que el dispositivo del fallo pueda ser reformado parcialmente con miras a la ejecución, lo que en la actualidad es congruente con la garantía de la justicia efectiva a que se refiere el artículo 26 de la Constitución.

Resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar que declaren con lugar la demanda, cuando lo establecido en el dispositivo sufre transformaciones o se hace inaprensible. Ante tal iniquidad, a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla en la fase de ejecución de la sentencia, los artículos citados que permiten la sustitución del objeto del dispositivo del fallo.

También, observa esta Sala que, en el caso ‘sub iudice’, la sentencia que emitió el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, objeto de amparo constitucional, conoció en alzada el pronunciamiento judicial que emitió el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial, declaró sin lugar la apelación y ratificó dicho fallo, sin la especificación de los efectos de la declaratoria con lugar de la demanda.

…Omissis…

Con base en la doctrina que ha sentado esta Sala en relación con la determinación objetiva del fallo, no encuentra esta juzgadora que, en el caso bajo análisis, exista un vicio de orden constitucional en la sentencia objeto de amparo constitucional, que sea impedimento para que el juez, a quien corresponda la ejecución del fallo, encuentre elementos que le permitan la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que resultó vencedora en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, ya que el acto jurisdiccional que dictó el juzgado superior que conoció en alzada, ratificó la decisión del tribunal de la primera instancia ‘con distinta motivación’, de manera que, de la simple lectura del dispositivo de la sentencia de la primera instancia, el juez de la causa, a quien le compete pronunciarse sobre la ejecución del pronunciamiento que fue confirmado, puede determinar la conducta que había sido ordenada a la parte demandada perdidosa”.

 

 

 

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, se observa que para determinar si se cumple con el requisito de la determinación de la cosa sobre la cual recae la decisión, resulta imprescindible examinar dicho requisito en el marco de los principios constitucionales, particularmente bajo la óptica de los principios a la tutela judicial efectiva y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que propugnan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá considerar no sólo la delación de indeterminación, sino el principio a favor de la ejecución de la sentencia, que ampara a la parte que favorece el fallo.

 

 Efectivamente, la jurisprudencia ha sostenido que tal institución exige ser revisada de una forma ponderada, toda vez que si se tiene una sentencia de fondo que declare por ejemplo con lugar la demanda, resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar de tal declaratoria, pues a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla, inclusive en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, la posibilidad de que el juez ejecutor adopte las medidas necesarias, en el marco de la cosa juzgada, que conduzcan a la ejecución de ese fallo. 

 

Ahora bien, en el presente caso resulta imprescindible ponderar el alegato de indeterminación e inejecución del fallo conjuntamente con el principio a favor de la ejecución del fallo máxime cuando se está en presencia de un procedimiento ejecutivo especial, con particulares atinentes a las decisiones que resuelvan la oposición del ejecutado. 

 

Precisamente, la Ley de Hipoteca Inmobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en su artículo 72 establece que las decisiones dictadas en el procedimiento especial de ejecución regulado en los artículos 67 y siguientes no causarán cosa juzgada material, y el deudor, el hipotecante y el tercero poseedor tendrán derecho a ocurrir a la vía ordinaria en reclamación de los derechos que le correspondan.

 

Por su parte, esta Sala mediante sentencia N° 216 de fecha 27 de marzo de 2006 en una incidencia surgida en juicio de ejecución de hipoteca mobiliaria seguido por Corporación Andina de Fomento (CAF) contra Sudamtex de Venezuela, C.A., Exp. 2005-000355 reiteró que “…las decisiones en este proceso, no causan cosa juzgada material, debido a que aquellos que se crean con derechos pueden intentar la respectiva acción mediante el procedimiento ordinario y, además, por estar legalmente establecido, tal juicio ordinario está sujeto a un lapso de caducidad y el mismo no impedirá la iniciación ni ocasionará la suspensión del procedimiento especial de ejecución de hipoteca mobiliaria…”.

 

 

Lo anterior pone de manifiesto, que el fallo dictado en el proceso de ejecución constituye una decisión meramente procedimental, la cual se presenta como una constatación del alegato de oposición con respecto a los recaudos acompañados.

 

Aún más, cabe acotar que el artículo 71 eiusdem evidencia la intención del legislador de asegurar la brevedad y eficacia del procedimiento cuando prevé expresamente que éste no se suspende por muerte, quiebra, concurso o incapacidad del deudor, ni por ningún incidente planteado por las partes, sino únicamente por las cuatro única causales previstas en la norma, tal regulación implica que el juez en su decisión no puede pronunciarse sobre otro asunto distinto al planteado sino sólo respecto de la oposición, todo ello a los efectos de garantizar la continuidad del mismo y consiguiente ejecución del bien.

 

Ahora bien, en el presente caso el recurrente afirma que la sentencia dictada por el juez superior está indeterminada por dos razones: 1° por cuanto el juez superior afirmó que “…el pago de la garantía hipotecaria –puede- realizarse en moneda extranjera…”,  y 2° porque la sentencia no estableció “…que es lo que la demandada debe pagar…”.

 

Al respecto, esta Sala estima conveniente transcribir parcialmente la decisión con el objeto de constatar objetivamente el vicio delatado. Así, el sentenciador de alzada estableció lo siguiente:

 

 

“MOTIVACIONES PARA DECIDIR

                …Omissis…

En el presente caso, se observa que en fecha 16 de noviembre de 2010, el tribunal a quo dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, declarando sin lugar la oposición al procedimiento hipotecario, formulado por los abogados Alexander Preziosi y Álvaro Prada, en su carácter de apoderados judiciales de la empresa SURAL, C.A., en el juicio que le fuera incoado por el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOEX, ordenándose proseguir con la ejecución de los bienes garantizados con hipoteca mobiliaria que fueran secuestrados.

Ahora bien, planteada así la controversia pasa este tribunal de alzada a decidir la presente controversia bajo los siguientes argumentos:

Para entender las disposiciones legislativas aplicables en el tema de las obligaciones en moneda extranjera, es necesario tener en cuenta los conceptos de moneda de curso legal y moneda de curso forzoso.

La moneda de curso legal es aquélla que en un determinado país, al ser emitida, tiene en principio poder liberatorio de obligaciones legales; y, salvo pacto en contrario, es moneda que tiene que ser aceptada por el acreedor de toda obligación pecuniaria. La moneda de curso legal tiene la función de ser medio para valorar los bienes y servicios, y al mismo tiempo tiene, en principio, función liberatoria de obligaciones.

En Venezuela, la moneda de curso legal es el bolívar. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 318, encabezamiento, entre otras cosas, dispone que la unidad monetaria es el bolívar.

Esa misma expresión se utiliza en el artículo 94 de la Ley del Banco Central de Venezuela que prescribe:

…Omissis…

Ninguno de los dos artículos alude al bolívar, como moneda de curso forzoso. Ambos establecen que el bolívar es la unidad monetaria que se emite en el territorio nacional. Ese principio lo reitera el artículo 104 de la Ley del Banco Central de Venezuela que establece:

…Omissis…

Que una moneda sea de curso legal lo que significa es que en principio debe ser aceptada para liberar obligaciones pecuniarias; sin perjuicio, como establecen los artículos 104 y 116 eiusdem, que se puedan pactar pagos en otras monedas; salvo en los casos que tales pactos estén expresamente prohibidos por alguna norma especial.

Obsérvese que la norma no prohíbe el depósito de la moneda extranjera, sólo regula que la disponibilidad se tiene en moneda de curso legal.

Por otra parte, se entiende por moneda de curso forzoso aquella moneda que en un determinado ordenamiento jurídico es la única que pueda circular y sólo puede ser utilizada como moneda de cuenta como moneda de pago.

En Venezuela incluso bajo el régimen de control de cambio, el bolívar no es moneda de curso forzoso. Las personas, salvo en algunos supuestos, pueden seguir celebrando operaciones en divisas o utilizar las divisas, al menos, como moneda de cuenta.

El artículo 116 de la Ley del Banco Central de Venezuela reconoce la posibilidad que se contrate moneda extranjera, por lo menos como moneda de cuenta.

De manera pues, que los artículos 104 y 116 ibidem aluden el poder liberatorio de la moneda de curso legal, salvo pacto en contrario. De modo que ambas normas permiten que se pacte y se pague en una moneda distinta del bolívar, si bien esos pactos pueden estar sujetos a los deberes de información y venta al Banco Central de Venezuela.

De modo que la Ley del Banco Central de Venezuela es la ley general en materia de obligaciones en moneda extranjera y sus disposiciones rigen a menos que exista alguna otra norma de rango legal que establezca un régimen más restrictivo.

La citada Ley, en sus artículos 117 y 118, establece que a efectos contables, o para presentar documentos en alguna Oficina Pública, se deben hacer conversiones al bolívar como moneda de curso legal. Sin embargo, tal conversión sólo se hace a los efectos administrativos o fiscales para calcular derechos de registro, o para determinar la competencia de los tribunales con arreglo a las normas de la cuantía. Pero desde el punto de las obligaciones, sea que la moneda extranjera sea moneda de cuenta, sea la moneda extranjera moneda de pago, el monto relevante a los efectos de la liberación del deudor es el monto acordado en moneda extranjera. La conversión que se haga con arreglo a los citados artículos no transporta la obligación de moneda extranjera en moneda de curso legal. La interpretación dada es consecuente con los principios de identidad y de integridad de los pagos establecidos en los artículos 1.290 y 1.291 del Código Civil.

De la redacción de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera. El artículo 14, al regular las ofertas, nos refiere a otros textos normativos. De modo que las ofertas y contratos en moneda extranjera son contrarios a derecho si y sólo si contravienen alguna disposición que prohíba tales actos en moneda extranjera, que no es el caso de autos.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 2 de noviembre de 2011, con ponencia de la Magistrado Dra. Carmen Zuleta de Merchán, expediente Nº 09-1380, ha dejado establecido sobre los contratos celebrados en moneda extranjera lo siguiente:

‘En definitiva, la entrada en vigencia del nuevo sistema cambiario implicó, desde un primer momento y en virtud de su aplicación inmediata, una modificación sustancial para aquellos contratos celebrados entre particulares en los que se hubiese estipulado el pago con moneda extranjera en el territorio nacional, aunque tal modificación solo (sic) a los efectos del cumplimiento de la obligación no extingue el contrato o convierte en ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales continúan siendo válidas sólo que, sobrevenidamente una causa extraña no imputable a las partes, conocida en doctrina como ‘hecho del príncipe’, ha jurídicamente variado la forma en la que han de ser cumplidas las referidas obligaciones contractuales.

Esta noción de mutabilidad de los contratos es ampliamente conocida en la doctrina civil y mercantil cuando se determina, en el caso de los contratos ilícitos, que los mismos no pueden ser considerados per se como tales si la ley ha determinado sobrevenidamente ciertas correcciones por razones generales y que obedecen a una determinación expresa de la norma imperativa-prohibitiva, porque ‘no todas las normas contrarias a una norma prohibitiva implican sin más la ilegalidad del contrato…’. (Messineo, 1952, p. 479 y ss).

…Omissis…

De todo lo cual se colige que en Venezuela no está expresamente prohibida la celebración de pactos cuyo cumplimiento, sea estipulado en moneda extranjera, siempre y cuando los mismos se adapten al marco cambiario existente cuyo funcionamiento arriba se explicó. De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se desprende una prohibición general de hacer ofertas o de contratar en moneda extranjera siempre que éstas no sean contrarias a derecho, específicamente a los convenios suscritos por la República, la normativa cambiaria o las leyes aplicables al respecto; lo que sí viene a ser un principio rector en este tipo de contrataciones es que si el pago se hace en el territorio venezolano para que tenga efectos de liberación debe hacerse en bolívares que es la moneda de curso legal y, su monto conforme a la tasa de cambio oficial imperante al momento del pago, y no al momento de la celebración del contrato; puesto que toda divisa que ingrese físicamente al territorio nacional deberá ser vendida al Banco Central de Venezuela.

Volviendo al caso sub-judice queda claro que en las contrataciones pactadas en moneda extranjera y pagaderas dentro del territorio de la República, celebradas con anterioridad al actual sistema de control cambiario, el deudor puede liberarse de su obligación con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial para la fecha de pago. Así se decide.

En el caso de autos, se evidencia que si bien es cierto para el momento en que se constituyó el convenio constitutivo de la Hipoteca Mobiliaria, la tasa cambiaria se ha visto modificada, debido al Régimen Cambiario de Divisas imperante en nuestro país, y que se encuentra restringido el libre tránsito de la moneda extranjera, no es menos cierto que la fijación de las tasas son actos de carácter administrativo que provienen del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, así como de los convenios cambiarios celebrados entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central, los cuales son publicados en la Gaceta Oficial, por lo que a juicio de quien aquí decide, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de la garantía hipotecaria se pudiera realizar en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio en que se encuentra vigente la moneda para el momento en que se materialice el pago, y así se decide.

Ahora bien, de acuerdo a la nulidad de la garantía hipotecaria invocada por la parte intimada, observa esta Superioridad que aun cuando se efectúe una modificación con respecto a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la garantía hipotecaria debido al régimen cambiario imperante en nuestro país, ello no implica que el contrato se extinga o se convierta en ilícito su objeto, antes por el contrario las obligaciones establecidas en el mismo conservan su validez, y así lo ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la jurisprudencia parcialmente transcrita, por lo que es improcedente la nulidad invocada por la representación de la parte intimada, y así se decide.

TERCERO

DISPOSITIVA

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO… declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN… SEGUNDO: SIN LUGAR LA OPOSICIÓN alegada por la parte intimada… TERCERO: SE CONFIRMA EL FALLO APELADO y condena en costas a la parte apelante perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil”. (Mayúsculas del juez superior).

 

 

De la sentencia recurrida parcialmente transcrita, se observa que el juez superior conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional, en relación con la validez de las obligaciones contraídas en moneda extranjera con anterioridad al control cambiario, estableció lo siguiente “…si bien es cierto para el momento en que se constituyó el convenio constitutivo de la Hipoteca Mobiliaria, la tasa cambiaria se ha visto modificada, debido al Régimen Cambiario de Divisas imperante en nuestro país, y que se encuentra restringido el libre tránsito de la moneda extranjera, no es menos cierto que la fijación de las tasas son actos de carácter administrativo que provienen del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, así como de los convenios cambiarios celebrados entre la República Bolivariana de Venezuela y el Banco Central, los cuales son publicados en la Gaceta Oficial, por lo que a juicio de quien aquí decide, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela, el pago de la garantía hipotecaria se pudiera realizar en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio en que se encuentra vigente la moneda para el momento en que se materialice el pago…”. En consecuencia, el juez ad quem declaró “…sin lugar la apelación… sin lugar la oposición alegada por la parte intimada… tercero: se confirma el fallo apelado…”.

 

Como puede advertirse de lo anterior, la sentencia recurrida no resulta indeterminada e inejecutable como lo sostiene el recurrente, más aún cuando se toma en consideración que dicha decisión resuelve exclusivamente la apelación de una decisión meramente procedimental en un juicio de especial naturaleza ejecutiva.

 

En todo caso, la afirmación realizada por el recurrente en el sentido de que el juez superior concluyó que “…el pago de la garantía hipotecaria se pudiera realizar en moneda extranjera…”, en criterio de la Sala constituye una expresión descontextualizada del argumento integral ofrecido por el juez.

 

Precisamente, la Sala evidenció que el juez superior estableció que “…de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela se pudiera realizar en moneda extranjera de acuerdo al tipo de cambio en que se encuentra vigente la moneda para el momento en que se materialice el pago…”, lo que denota la ausencia del vicio delatado, pues de una revisión completa de la decisión recurrida, sin lugar a dudas el juez superior conforme a las disposiciones de la Ley del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, así como del criterio de la Sala Constitucional sostenido en el caso de las obligaciones en moneda extranjera, quiso significar inequívocamente que el deudor se liberará de su obligación con la “…entrega de lo equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial para la fecha de pago…”.

 

 

Por otra parte, se pudo constatar que tampoco resulta indeterminada la decisión del juez superior, tal como lo sostiene el recurrente “…porque  -tal decisión- no indica qué es lo que la demandada debe pagar…”, pues como se refirió de manera inicial es importante advertir la especial naturaleza del procedimiento cumplido.

 

En efecto, es importante tomar en consideración que se está en presencia no de un procedimiento de cognición, sino de ejecución, de allí que la decisión que resuelve la oposición es una decisión estrictamente procedimental que se circunscribe a resolver el alegato de oposición, y una vez resuelto asegura la consecución del proceso ejecutivo, es decir, se continúa con el mandamiento contenido en el decreto intimatorio.

 

En virtud de todo lo anterior, la Sala desestima la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece

 

D E C I S I Ó N

 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 2012, proferida por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Por haber resultado infructuoso el recurso de casación formalizado, se condena a la parte recurrente al pago de las costas de dicho recurso.

 

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Particípese de la remisión, al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                Dada, firmada  y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,  en Caracas, a los nueve (9) días del mes de agosto de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

_________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

 

 

____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

____________________________________

 LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

 

____________________________

AURIDES MERCEDES MORA

Magistrado,

 

 

_______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

 

 

 

_____________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2012-000710

NOTA: Publicada en su fecha a las

 

Secretario,

 

 

 

 

El Magistrado Dr. Luis Antonio Ortiz Hernández, disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, de conformidad a lo establecido en los artículos 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 de su Reglamento Interno, en consecuencia salva su voto en la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

 

En el presente caso, se declaró sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada y se desechó la única denuncia planteada.

 

En primer lugar, la mayoría sentenciadora hace caso omiso a la existencia de una condena por parte de la recurrida a pagar una suma en moneda extranjera, lo cual es improcedente dado el régimen de control de cambio existente en el país.

 

Al respecto, es menester señalar que las sentencias de condena, como lo enseñó el maestro Couture, son “todas aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación, ya sea en sentido positivo (dar, hacer, ya sea en sentido negativo (no hacer, abstenerse)” (Cfr. COUTURE, Eduardo, J.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3º, ed. Depalma, Buenos Aires, 1981, pág. 318). Así, la condena consiste en imponer al obligado el cumplimiento de la prestación, o en conminarle a que se abstenga de realizar los actos que se le prohíben, o en deshacer lo que haya realizado. Por consiguiente, en virtud del carácter sustitutivo de la jurisdicción que consiste en que el juez, actuando coactivamente a los fine de imponer la voluntad de la ley, ordena realizar los actos que debió haber realizado el obligado y, de este modo, asegurar la tutela especifica de derechos e intereses, no puede, en ningún caso, subvertir el orden procesal garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Ahora bien, cuando se condena al pago de una obligación pecuniaria, es decir, la obligación de pagar una suma de dinero, esta debe cumplirse mediante la entrega de la suma debida, tal y como lo dispone el artículo 1.737 del Código Civil. De esta manera, la condena del pago de una obligación pecuniaria, debe, necesariamente, corresponder a un medio de pago capaz de extinguir una obligación pecuniaria, el cual, según lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley del Banco Central de Venezuela, corresponde a las monedas y billetes acuñados o emitidos por ese Instituto Emisor. En tal sentido, el mencionado precepto legal dispone que “Las monedas y billetes emitidos por el Banco Central de Venezuela tendrán poder liberatorio sin limitación alguna en el pago de cualquier obligación pública o privada...”.

Ello así, el dinero, es decir, la moneda de curso legal, sólo es el bolívar como unidad monetaria de la República, tal y como lo establece el artículo 318 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar...”. Lo dispuesto en el aludido precepto constitucional, en virtud del carácter normativo del Texto Fundamental, no debe entenderse como una mera declaración, por el contrario, ésta forma parte del conjunto de normas, principios y valores que conforman el orden constitucional socioeconómico consagrado en el Título VI de la Constitución que informan la ordenación de la economía, las cuales, como lo precisó García Pelayo, constituyen ”...las normas básicas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura funcionamiento de la actividad económica o, dicho de otro modo, para el orden y el proceso económico” (Cfr. GARCÍA PELAYO, M.; Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución, Obras Completas, Tomo III, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 2.857).

 

Así pues, en virtud de la consagración constitucional del bolívar como unidad monetaria de la República y, visto su carácter de moneda de curso legal, según lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley del Banco Central de Venezuela, resulta claro que sólo puede ser considerado como dinero, en sentido jurídico, a los billetes y monedas (bolívares) emitidos por el Banco Central de Venezuela, los cuales constituyen el único medio de pago capaz de extinguir una obligación pecuniaria. De este modo, el sistema monetario nacional está basado en el poder liberatorio de las obligaciones pecuniarias que la ley le confiere al bolívar, condición que le otorga el carácter de moneda de curso legal.

 

En consecuencia, el bolívar, como unidad monetaria de la República, es una abstracción jurídica, cuya función económica como medio de pago, mecanismo de atesoramiento del valor y unidad de medida del precio de intercambio de los bienes y servicios que están en el comercio, se encuentra determinada por la ley. En tal sentido, el bolívar, aunque tenga una expresión física (monedas y billetes), no puede ser concebido como un objeto.

 

Por el contrario, la moneda extranjera, al carecer de curso legal, característica definitoria para asignarle jurídicamente carácter dinerario, no tiene poder liberatorio de las obligaciones pecuniarias y, en consecuencia, no puede ser objeto de una deuda dineraria, en virtud de que su entrega no libera al deudor de la obligación sin el consentimiento del acreedor. Así pues, la moneda extranjera es una cosa, una mercadería, por lo que si ésta se entrega como prestación a cambio de otra cosa, tal contrato sería simplemente una permuta, en los términos previsto en el artículo 1.558 del Código Civil.

 

Así, cuando se pacta el pago en una moneda distinta al bolívar, no se está en presencia de una obligación pecuniaria, sino de una obligación de dar específicas cantidades de cosas. De ahí que el artículo 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela prevea que “Los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelarán, salvo convención especial, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en el lugar de fecha de pago”.

 

En este orden de ideas, resulta obvio que ni los particulares ni mucho menos los órganos jurisdiccionales, pueden, mediante convenciones o fallos judiciales que condenen al cumplimiento de tales obligaciones, relajar el orden económico constitucional al imponer la circulación de la moneda extranjera, y lo más grave aún, condenar en el dispositivo, o sea, producir una condenatoria en moneda extranjera, como si fuera de curso legal de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

Además, admitir la posibilidad de que un órgano jurisdiccional condene al pago de obligaciones pecuniarias expresadas en moneda extranjera, también constituiría un menoscabo a las competencias que el artículo 318 del Texto Fundamental confiere, de manera exclusiva, al Banco Central de Venezuela, para diseñar, aplicar y regular la política monetaria, ya que el vigente régimen de limitaciones y restricciones a la libre convertibilidad de la moneda, establecido por el Instituto Emisor y el Ejecutivo Nacional por la vía de los convenios cambiarios, fue instaurado a fin de lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria de la República, por lo que, tal régimen no puede ser subvertido por una decisión judicial que le confiera carácter dinerario a la moneda extranjera, como sucedió en el presente caso objeto de revisión, haciendo uso indebido de la cosa juzgada como garantía constitucional.

 

 

Congruente con el anterior razonamiento, quien suscribe considera que en el fallo debió establecer como doctrina vinculante, la prohibición de condenar al cumplimiento de obligaciones pecuniarias mediante el pago de divisas, aún en los casos en la cuales las partes hayan convenido el pago en moneda extranjera, ya que, para ser coherente con el Texto Fundamental, tal estipulación debe ser interpretada como una simple cláusula de referencia a la moneda extranjera como unidad de cuenta destinada a establecer la cuantía de la obligación, la cual, necesariamente, será liquidable en moneda de curso legal, como lo establecen los artículos 115 de la Ley del Banco Central de Venezuela y el artículo 1.737 del Código Civil, precitados en este voto salvado. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-602 del 20 de octubre de 2009, expediente N° 2008-457, voto salvado, caso: MOTORVENCA contra BANCO DE VENEZUELA).

Por último, considero que la denuncia por defecto de actividad referida a la indeterminación objetiva del fallo recurrido, es procedente, dado que exista una clara indeterminación de la condena, pues el fallo sólo se limita a confirmar la decisión de primera instancia, pero omite un pronunciamiento expreso, positivo y preciso, en el cual se fije el monto de la condena y los parámetros para su cálculo, lo cual es violatorio de materia concerniente al orden público como lo ha expresado esta Sala, entre otras en decisión N° RC-173 del 13 de marzo de 2006, expediente N° 2004-650, caso: ARQUIDIÓCESIS DE MARACAIBO contra N.C. TELEVISIÓN C.A., que dispuso lo siguiente.

 

“Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia.

En sintonía con ello, la Sala ha establecido de manera pacífica y constante respeto del requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, previsto en el artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, cuya expresión resulta indispensable y necesaria para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas, que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Asimismo, este requisito persigue garantizar que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Sent. 24-3-2003. Caso: René Romero García c/ Carolina Lugo Díaz).”

 

 

              De igual forma esta Sala en su fallo N° RC-587 del 19 de septiembre de 2008, expediente N° 2008-171, caso: RAFAEL EMILIO MÁRQUEZ YANES y otros, contra BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A., bajo ponencia de la misma Magistrada ponente en el presente caso, dispuso lo siguiente:

 

 

 

“En efecto, el juez superior al dictar una decisión de esta naturaleza estaba obligado, por un lado, a ordenar la conversión de la moneda de dólares a bolívares fuertes que es la moneda oficial, y por el otro, a especificar el tipo de cambio de la moneda que debía acoger el perito para la realización de la experticia complementaria del fallo, pues, como ha sido doctrina reiterada de la Sala, los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no se constituyen en jueces ni le es dable hacer consideraciones o apreciaciones personales, sino tan sólo, deben limitarse a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia.

 

En este caso, existe evidentemente una laguna en la decisión, pues el perito está impedido de determinar si debe tomar en cuenta la conversión legal del dólar americano al bolívar, para el momento de la suscripción del contrato, o si por el contrario, debe considerar que la fecha apropiada es el día que fue dictada la sentencia en el juzgado superior o si debe acoger otro momento a su prudente arbitrio, siendo que ésta tarea le corresponde al juez de alzada, de conformidad con el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.”

 

 

En segundo lugar, y no menos importante, considero que la intimación de las partes en juicio y de los interesados llamados por Ley a éste, constituye materia de inminente orden público y la falta de cumplimiento de las reglas de procedimiento al ser de orden público, no pueden ser relajadas ni con el consentimiento de las partes, así lo ha expresado ésta Sala al señalar:

 

“QUE AÚN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO”. (Cfr. Fallo de esta Sala del 24-12-1915, reiterado en memorias de 1916, Pág. 206; en G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-1961; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589. Sent. 22-05-1974; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-1978; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-1981; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sent. 14-12-1982, en sentencia del 4-5-1994, en decisión N° RC-848 del 18-12-2008, Exp. N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y Juana Ynocencia Rengifo De Arenas, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†), y Rosangela Arenas Rengifo (†), contra Serviquim C.A., y Seguros Mercantil C.A., y en fallo N° RC-640 del 9-10-12, Exp. N° 2011-31, caso: Ernestina Barrios Mieres (†), contra Domingo Carmenaty Álvarez, entre muchos otros.)

 

En el presente caso no se dio cumplimiento a lo estatuido en el ordinal 2° del artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, que establece la obligatoria intimación personal, así como la publicación de un cartel que se fijará en la sede del tribunal y en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad.

 

 

Considero que el fallo recurrido debió haber sido casado de oficio y ordenarse la nulidad de todo lo actuado en el proceso reponiéndose la causa al estado de publicación del referido cartel, el cual fue oportunamente librado por el tribunal y puesto en posesión del actor para su publicación, lo que por constituir materia de orden público no debió ser ignorado por la mayoría sentenciadora.

 

La doctrina de esta Sala ha expresado:

 

“…La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:

 

1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,

 

2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,

 

3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y

 

4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento…” (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012, Exp. N° 2011-31).

 

Dicho todo lo anterior, lo cual considero refleja la correcta solución al caso planteado y por no compartir la argumentación acogida por la mayoría de los integrantes de la Sala, en defensa de la correcta aplicación de las leyes, salvo mi voto en la presente sentencia porque considero que en el presente caso, la Sala debió conforme a los señalamientos que plasme en el presente voto salvado, anular la recurrida.

 

 

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

En Caracas, fecha ut-supra.

Presidenta de la Sala,

________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado-disidente,

 

 

 

___________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

____________________________

AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

 

 

_______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

 

 

 

_____________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

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