Venley

Sentencia N.º RC.000542

Sentencia
N.º RC.000542
Fecha
11/08/2014
Sala
Casación Civil
Expediente
14-061
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro.  AA20-C-2014-000061

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

En el juicio por nulidad de asamblea seguido por los ciudadanos ELIZABETH MARINA ZAPATA VIGANONI, ZULAY CECILIA ZAPATA VIGANONI, JORGE ENRIQUE ZAPATA VIGANONI, LUIS A. MELÉNDEZ ÁRIAS, DANA MARISOL CUICAS DE DEL VILLAR, AURA MARINA BARRAGÁN DE LEÓN, MYRIAN JOSEFINA MENDOZA DE COLMENÁRES, RAMÓN SERGIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ, y la sociedad mercantil INVERSIONES CORTÉS, C.A., en su carácter de socios accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, representados judicialmente por los abogados Frank Franco Gutiérrez, Iris Rojas de Vásquez, Lili Rojas Rivero y Emilis Carolina Viganoni Marquina, contra la sociedad mercantil compañía anónima instituto médico quirúrgico acosta ortIz, representada judicialmente por los abogados Luis Armando Silva M. y Rafael Mujica; el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, con asociados, dictó sentencia en fecha 29 de noviembre de 2013, mediante la cual declaró sin lugar la demanda, con lugar la apelación intentada por la parte actora en relación con la estimación de la cuantía, con lugar la apelación ejercida por la demandada Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz contra el fallo dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, de fecha 5 de diciembre de 2012, que declaró con lugar “…la pretensión de NULIDAD ABSOLUTA EXISTENCIAL de todas las deliberaciones y decisiones habidas en ese acto llamado “Asamblea Extraordinaria de Accionistas” asentada bajo el número 38, del Tomo 26-A-2008 de fecha 5/5/2008, fue celebrada en fecha 18/9/2007 y, como consecuencia de ello, al resultar írrita la “Comisión Electoral” designada en ese acto, se declara también la NULIDAD EXISTENCIAL de la designación de los ciudadanos RAÚL ACEVEDO GÓMEZ, ÁLVARO RODRÍGUEZ SIGALA, ROLANDO ALCALÁ DOMINGUEZ, GERARDO GÓMEZ y GERARDO GUTIÉRREZ, en su condición de Administradores e Integrantes de la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ C.A., en la pretensión que contra ella intentaren la también sociedad de comercio INVERSIONES CORTÉS, C.A., y los ciudadanos LUIS A. MELÉNDEZ ARIAS, DANA MARISOL CUICAS de DEL VILLAR, AURA MARINA BARRAGÁN de LEÓN, MYRIAN JOSEFINA MENDOZA DE COLMENÁREZ, y MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ…”. En consecuencia, el mencionado juzgado superior revocó dicho fallo de primera instancia y condenó en costas a la parte perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, declarando válidos los actos celebrados en el acta de asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, convalidados y ratificados por la asamblea celebrada el 13 de octubre de 2008.

 

 

                   Contra la referida sentencia de la alzada, la abogada Iris Rojas de Vásquez, en representación judicial de los co-demandantes ciudadanos Luis A. Meléndez Arias, Dana Marisol Cuicas de Del Villar, Aura Marina Barragán de León, Myrian Josefina Mendoza de Colmenarez, Miguel Ángel González, Elizabeth Marina Zapata Viganoni, Zulay Cecilia Zapata Viganoni, Jorge Enrique Zapata Viganoni, y de la sociedad mercantil Inversiones Cortés, C.A., anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 20 de diciembre de 2013, y oportunamente formalizado por el abogado Frank Franco Gutiérrez, formalización que en el mismo escrito también hizo contra la decisión interlocutoria de fecha 15 de octubre de 2012, dictada por el mismo juzgado superior que declaró sin lugar la apelación ejercida por la parte demandante en fecha 22 de mayo del mimo año, contra los dos (2) fallos de fecha 17 del mismo mes y año proferidos por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declararon improcedente la oposición a la admisión de pruebas de la demandada, el primero, y admitió “…A SUSTANCIACIÓN LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES, DEJANDO A SALVO SU APRECIACIÓN EN LA DEFINITIVA…”, el segundo. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

                  

                   Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

PUNTO PREVIO

 

 

                   Mediante el capítulo segundo del escrito de formalización, denominado por el recurrente “delación prioritaria de la cuestión jurídica previa relativa a la inexistencia procesal de la sentencia definitiva recurrida”, en el marco de lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en el ordinal 2º del artículo 317, en concordancia con el artículo 11 del mismo Código, y “…conforme a la pauta jurisprudencial establecida al efecto por la Corte Federal y de Casación, en sentencia del 23 de noviembre de 1955, reiterada por la Sala de Casación Civil, tanto de la antigua Corte Suprema de Justicia como del Tribunal Supremo de Justicia…” el formalizante denuncia como una cuestión jurídica previa la relativa a “…la inexistencia procesal de la sentencia definitiva recurrida…”·, por adolecer “…de un vicio genético que la hace inexistente cual es la irregularidad de su iter formativo…”.

                  

                   En ese sentido el formalizante señala que la recurrida infringió los artículos 15 y 118 eiusdem y 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto en su criterio “…en el acto decisorio se omitió una forma sustancial, cual es la que atañe a las pautas formativas de la voluntad del tribunal en orden a la elaboración y consulta de la ponencia correspondiente…”.

 

 

Sobre el particular advierte la Sala al formalizante, que este tipo de planteamientos dirigidos a corregir errores de actividad, no pueden ser revisados mediante una “cuestión jurídica previa” como él lo sugiere, pues a los fines de que este Alto Tribunal atienda este tipo de solicitudes, ella debe proponerse a través del recurso de casación, pues si el recurrente considera que el juez actuó fuera de los límites legales del procedimiento jurídicamente establecido, debió denunciar la infracción percibida a través de una delación de forma, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313, del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de corregir la falta señalada, lo cual no hizo.

 

En efecto, respecto a los planteamientos expuestos la Sala observa que el recurrente no particularizó mediante una adecuada fundamentación jurídica el quebrantamiento u omisión a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en inobservancia del artículo 317 eiusdem. No obstante, este Máximo Tribunal, extremando sus funciones en aplicación de lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante los cuales se pone de manifiesto la garantía de un proceso sin formalismos, en el que las partes puedan ver materializada la justicia, y visto que a pesar de las referidas deficiencias, se logra entender que la falta que pretende delatar el recurrente es el quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa, la Sala pasará más adelante a examinar la denuncia en esos términos, dentro del capítulo que conoce el “recurso por defecto de actividad” contra la definitiva. Así se establece.

 

                        Por consiguiente, en esta oportunidad se declara improcedente la petición formulada como de previo pronunciamiento, por el recurrente. Así se establece.

 

FORMALIZACIÓN CONTRA LA DECISIÓN INTERLOCUTORIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2012

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

única

 

 

Con soporte en lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, plantea el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en ultrapetita, en contravención de lo establecido en los artículos 3°, 15 y ordinal 5° del artículo 243 eiusdem.

 

Para sustentar la existencia de la infracción, el recurrente formuló las siguientes consideraciones:

 

 

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, denunciamos formalmente la infracción del artículo 243, ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 3º y 15 eiusdem por la interlocutoria con fuerza de definitiva dictada en este juicio el día 15 de octubre de 2012, ya que la misma no se atuvo a lo alegado y probado en autos al confirmar los dos autos de 17 de mayo de 2012 dictados por el a quo admitiendo las pruebas de ambas partes, habiendo sido dictados dichos autos en sustitución del auto de igual fecha (17/5/2012) que se había dictado declarando con lugar la oposición formulada por nuestros representados a las pruebas promovidas por la parte demandada por manifiestamente ilegales e impertinentes por referirse a hechos distintos a los debatidos en este proceso y, por no indicar con precisión los hechos que pretendían demostrar con los medios de prueba promovidos, el cual fue retirado y sustraído del expediente…

…Omissis…

…la interlocutoria recurrida nada decidió ni juzgó acerca de los alegatos y defensas de nuestros representados respecto al hecho referente a que el día 17 de mayo de 2012, según auto hecho público en esa misma fecha por el sistema electrónico de información de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara, el a quo dispuso textualmente lo siguiente: “…vistas las pruebas promovidas por ambas partes, este tribunal a fin de pronunciarse sobre las mismas, pasa primero a responder sobre la oposición formulada por la parte demandante, mediante la cual se opone a todas las pruebas promovidas por la parte demandada, por cuanto a su decir los apoderados no indicaron de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los efectos que pretenden demostrar con cada una de sus pruebas, al respecto este tribunal observa que efectivamente la parte demandada no señaló los hechos pretendidos en su escrito de pruebas. Es por lo que se declara procedente la oposición formulada. Y así se decide. Seguidamente se admitieron las pruebas promovidas por la parte actora…”, de lo cual se dejó constancia, con efectos de fe pública y presunción de certeza en el acta levantada en la inspección judicial practicada por la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto en la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara, cuyo original producimos marcado con la letra “A”, y que ese auto fue separado y sustraído del expediente, y fue sustituido por los dos autos de los que conoció en alzada el juez de la recurrida…

…Omissis…

…la recurrida incurrió en incongruencia negativa, ya que su decisión no comprendió integralmente el problema que le fue sometido a su consideración…” (Negrillas, mayúsculas y cursivas del formalizante).

 

 

Como puede observarse de la precedente transcripción, el formalizante sostiene que el fallo interlocutorio recurrido incurrió en incongruencia negativa al confirmar los dos autos de fecha 17 de mayo de 2012, dictados por el juzgado de la causa, los cuales admitieron las pruebas de ambas partes, aun cuando ya el mismo juzgado a quo había dictado otro de igual fecha en el que se había declarado con lugar la oposición de la parte actora a las pruebas promovidas por su contraparte, auto éste que fue hecho público en esa misma fecha, mediante el sistema electrónico de información de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara, en el que se dispuso lo siguiente: “…vistas las pruebas promovidas por ambas partes, este tribunal a fin de pronunciarse sobre las mismas, pasa primero a responder sobre la oposición formulada por la parte demandante, mediante la cual se opone a todas las pruebas promovidas por la parte demandada, por cuanto a su decir los apoderados no indicaron de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los efectos que pretenden demostrar con cada una de sus pruebas, al respecto este tribunal observa que efectivamente la parte demandada no señaló los hechos pretendidos en su escrito de pruebas. Es por lo que se declara procedente la oposición formulada. Seguidamente se admitieron las pruebas promovidas por la parte actora…”. (Negrillas del formalizante y cursivas y subrayado de la Sala).

 

 

Agrega el formalizante, que el mencionado auto a través del cual el juzgado de la causa declaró procedente la oposición formulada por la actora a las pruebas promovidas por la parte demandada, fue “separado y sustraído del expediente”, y que luego fue sustituido por dos autos dictados por dicho tribunal en fecha 17 de mayo de 2012, en los que admitió las pruebas de ambas partes, circunstancia sobre la cual se dejó constancia en el acta que se levantó en la inspección extrajudicial practicada por la Notaría Pública Cuarta en la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara.

 

En ese sentido afirma el formalizante, que la decisión de alzada no comprendió integralmente el problema que le fue sometido a su consideración.

 

 

Ahora bien, de los fundamentos precedentemente expuestos, la Sala observa que aunque el formalizante delata que el juez de la recurrida incurrió en incongruencia negativa, al mismo tiempo argumenta que éste no comprendió la controversia, al haber confirmado el 17 de mayo de 2012 los dos autos dictados por el juez de la causa que admitieron las pruebas de ambas partes, no obstante que en la misma fecha, este último ya había providenciado dos veces la oposición que hiciere la parte actora a las pruebas de la demandada, con pronunciamientos totalmente contradictorios uno respecto del otro, declarando procedente dicha oposición en uno del que en sus palabras dice fue “separado y sustraído del expediente”, e improcedente el otro del que señala sustituyó al primero. Lo que determina para la Sala, que el formalizante, además de cuestionar la conducta del juzgador de primera instancia, lo que pretende es delatar un quebrantamiento de formas sustanciales que menoscabaron el derecho a la defensa, por lo que este Máximo Tribunal, extremando sus funciones en acatamiento de los postulados que propugnan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procederá a su conocimiento en esos términos.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

                   La subversión del trámite constituye una de las modalidades de los quebrantamientos de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa, capaz de acarrear un desequilibrio entre las partes, por inobservancia de los trámites esenciales de la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento; esto es: el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales. Este error se encuentra previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuya consecuencia inmediata sería la declaratoria de nulidad del acto írrito, siempre que la infracción haya ocasionado en alguna de las partes lesión a su derecho de defensa, por cuanto en ello está interesado el orden público. (Ver, entre otras, sentencia Nº 016, de fecha 16 de enero de 2014, caso: Bernard Poey Quintaa contra la compañía Inversiones Plaza-América C.A.).

 

                   No obstante, para que proceda la nulidad de un determinado acto, se requiere, en primer lugar, que se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial; en segundo lugar, que el acto no haya logrado el fin para el cual estaba destinado; en tercer lugar, que la parte contra quien obra la falta, no lo haya causado, y que el quebrantamiento sea imputable al juez; en cuarto lugar, que la parte no haya convalidado o consentido el quebrantamiento de la forma del acto; en quinto lugar, que se haya hecho uso de todos los recursos contra esas faltas; y en sexto lugar, que se haya verificado la existencia de la lesión al derecho de defensa. (Ver sentencia Nº 400 de fecha 17 de julio de 2009, caso: Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda contra Haydee Santana Hernández y otros).

 

 

Precisado lo anterior, a los fines de un mejor entendimiento del caso, la Sala estima necesario realizar una breve mención de los actos que particularmente interesan a su decisión, los cuales constan a los autos de la manera cronológica siguiente:

 

Abierto el proceso a pruebas, en fecha 14 de mayo de 2012, la parte actora hizo oposición a la admisión de las pruebas de la demandada. (Folios 297 al 302 de la pieza 27 del expediente).

 

 

En fecha 17 de mayo de 2012, el juzgado de la causa declaró improcedente la mencionada oposición a las pruebas de la demandada, en los siguientes términos:

 

“…pasa primero a resolver sobre la oposición formulada por la parte DEMANDANTE, mediante el cual se opone a todas las pruebas promovidas por la parte demandada, por cuanto –a su decir, los apoderados no indicaron  de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretenden demostrar con cada una de las pruebas- al respecto este tribunal observa que efectivamente la parte demandada, no señaló los hechos que pretende demostrar a través de los medios promovidos. Sin embargo, de acuerdo con la doctrina actual expuesta por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada en el expediente Nº 2002-000986, y como quiera que la falta de indicación del objeto del medio de prueba no produce su nulidad inmediata, es por lo que se declara improcedente la oposición formulada…”. (Mayúsculas de sentenciador a quo). (Folio 2 de la pieza 28 del expediente).

 

 

 

En la misma fecha, 17 de mayo de 2012, el juzgado de la causa ordenó: “…admítanse a sustanciación las pruebas promovidas por las partes, dejando a salvo su apreciación en la definitiva…”. (Folio 3 de la pieza 28 del expediente).

 

En fecha 23 de mayo de 2012, la parte demandante apeló contra los dos (2) autos de fecha 17 de mayo de 2012, limitando dicha apelación a la improcedencia de la oposición y a la admisión de las pruebas de la demandada, en los términos siguientes:

 

“…PRIMERO. Por auto dictado en esta causa… el 17 de mayo de 2012, según fue hecho público en fecha 18 de mayo de 2012, por el sistema electrónico de información de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los Tribunales de Justicia de Barquisimeto, estado Lara, este tribunal dispuso textualmente lo siguiente: “…SE ORDENA CERRAR PIEZA Nº 27 Y ABRIR PIEZA Nº 28. ASIMISMO, vistas las pruebas promovidas por ambas partes, este tribunal a fin de pronunciarse sobre las mismas, pasa primero a responder sobre la oposición formulada por la parte demandante, mediante la cual se opone a todas las pruebas promovidas por la parte demandada, por cuanto a su decir los apoderados no indicaron de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los efectos que pretenden demostrar con cada una de sus pruebas, al respecto este tribunal observa que efectivamente la parte demandada no señaló los hechos pretendidos en su escrito de pruebas, Es por lo que se declara procedente la oposición formulada. Y así se decide. Seguidamente se admitieron las pruebas promovidas por la parte actora…”. Ahora bien, el día 17 de mayo de 2012 me dirigí al tribunal para revisar materialmente el expediente… como es mi deber profesional y fui informada en el Archivo que el expediente estaba en el despacho del ciudadano juez. Al día siguiente, 18 de mayo de 2012 tampoco pude ver materialmente el expediente porque continuaba en el despacho del ciudadano juez y sólo pudimos tener acceso electrónico en la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL). Fue el día lunes 21 de mayo de 2012 cuando pude acceder al expediente y sorpresivamente no conseguí agregado al mismo el auto que había sido publicado con fecha 17 de mayo de 2012 en el sistema electrónico de información de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara, sino que habían sido agregados al expediente dos (2) autos con igual fecha (17 de mayo de 2012) de contenido distinto y con unas decisiones diferentes, el primero de dichos autos por el cual el tribunal declaró “…improcedente la oposición formulada…” por mi representada a las pruebas de la demandada Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz y, el segundo, por el cual declaró “Admítanse a sustanciación las pruebas promovidas por las partes…”. SEGUNDO. Ante tan grave situación, siendo hoy el tercer día de despacho siguiente a la fecha en que insólitamente se colocó  los dos autos de este tribunal que fueron agregados al expediente (con fecha 17 de mayo de 2012) y que difieren sustancialmente de lo que se había decidido respecto de las pruebas de la demandada… conforme el texto del auto publicado en esa misma fecha en el sistema electrónico de información de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) de los tribunales de justicia de Barquisimeto, estado Lara, sin que ello comporte convalidación o reconocimiento de legitimidad de dichos autos por la parte que represento, en razón del término establecido en el artículo 1.114 del Código de Comercio, me veo precisada a interponer… recurso de apelación… el recurso de apelación que interpongo queda limitado a la improcedencia de la oposición y a la admisión de las pruebas de la parte demandada…”. (Negrillas, cursivas, mayúsculas y subrayado de la parte apelante). (Folios 4 al 6 de la pieza 28 del expediente).

 

 

 

En fecha 5 de junio de 2012, el juzgado de la causa oyó en un solo efecto la apelación de la demandante de fecha 23 de mayo de ese mismo año. (Folio 7 de la pieza 28 del expediente).

 

Mediante diligencia de fecha 18 de junio de 2012, con motivo de la referida apelación, la parte demandante consignó entre otros documentos, copia fotostática de la “inspección” efectuada por la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto, de fecha, 21 de mayo de 2012, mediante la cual deja constancia del auto de fecha 17 de mayo de 2012, del que se afirma aparece en el sistema electrónico de la URDD Civil, y que declara procedente la oposición a las pruebas de la demandada. Al respecto agregó la parte actora, que dicho auto sólo aparece en el sistema electrónico abierto al público en la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL) y no consta en el expediente, mientras que contrario al contenido de éste, constan otros autos de la misma fecha que declaran improcedente la oposición y admiten las pruebas de ambas partes. (Folios 17 al 19 y 268 al 270 de la pieza 28 del expediente).

 

 

En fechas 16 de julio y 27 de agosto de 2012, ambas partes presentaron informes, en la incidencia de oposición a pruebas. (Folios 58 al 85 y 327 al 342 de la pieza 28 del expediente).

 

 

En fecha 15 de octubre de 2012, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, mediante fallo interlocutorio, recurrido en esta oportunidad, declaró sin lugar la apelación de fecha 23 de mayo de 2012, confirmando así los dos fallos de fecha 17 del mismo mes y año, con fundamento en que conforme a la doctrina de este Máximo Tribunal, en el caso de las pruebas documentales promovidas por la parte demandada, se puede evidenciar su conexión directa con los hechos discutidos. De allí que, la indicación del objeto de la prueba, sólo es necesaria para denunciar en casación el vicio de silencio de pruebas por el no promovente y no a los fines de su admisión. (Folios 351 al 358 de la pieza 28 del expediente).

 

En fecha 5 de diciembre de 2012, el tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, declaró sin lugar la demanda. (Folios 364 al  385 de la pieza 28 del expediente).

 

En fecha 7 y 12 de diciembre de 2012, tanto la parte demandante como la demandada respectivamente, apelaron contra la decisión de fondo dictada por el tribunal de la causa en fecha 5 de diciembre de 2012. (Folios 393 y 400 de la pieza 28 del expediente).

 

En fecha 22 de julio de 2013, tanto la parte demandante como la demandada presentaron informes de segunda instancia. (Folios 33 al 134 de la pieza 29 del expediente).

 

En fecha 29 de noviembre de 2013, el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, declaró sin lugar la demanda, validos los actos celebrados en acta de asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, convalidados y ratificados por la asamblea celebrada el 13 de octubre de 2008 y revocó la sentencia apelada. (Folios 275 al 325 de la pieza 29 del expediente).

 

 

En fecha 14 de febrero de 2014, la parte recurrente consignó ante este Alto Tribunal, copia certificada del acta emanada de la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto, de fecha, 21 de mayo de 2012, en la cual se deja constancia de haber visto los registros en la computadora del tribunal donde se verifica el auto que declaró procedente la oposición a la admisión de las pruebas de la parte demandada. (Folios 408 al 411 de la pieza 29 del expediente).

 

Del recuento de los actos procesales precedentemente expuesto, la Sala ha constatado que cumplido como fue el procedimiento de pruebas en primera instancia, sin más incidencias que la señalada, ambas partes presentaron escrito de informes y finalmente fue dictada la decisión que se analiza en esta oportunidad.

 

 

Asimismo, la Sala pudo advertir que en la apelación ejercida por la parte actora en fecha 23 de mayo de 2012, ésta hace dos señalamientos: uno calificado como de “grave situación”, en el que cuestiona el ejercicio de la autoridad judicial de primera instancia, alegando que pese a haber dictado un auto en el que declaró procedente la oposición de las pruebas de la demandada, -de lo cual más adelante dejó constancia mediante inspección extrajudicial-, luego agregó al expediente dos (2) autos con igual fecha (17 de mayo de 2012), pero con un contenido contradictorio respecto del primero, declarando dichas pruebas procedentes y admitiendo a sustanciación las promovidas por ambas partes. Y el otro señalamiento, referido a la apelación propiamente dicha, la cual limitó exclusivamente “…a la improcedencia de la oposición y a la admisión de las pruebas de la parte demandada…”.

 

 

Ahora bien, de la revisión de las actas del expediente, así como del recuento de actos precedentemente expuestos, la Sala pudo constatar que sin impedimento alguno, ambas partes ejercieron los recursos que la ley dispone para la defensa de sus derechos e intereses.

 

De manera que, no encuentra la Sala que el juzgador de primera instancia, al admitir las pruebas de la demandada, haya contrariado el principio de certeza, de seguridad y de equilibrio procesal de las partes, ni que el juez de alzada haya dejado de corregir alguna irregularidad en este sentido, pues tal admisión, no constituye una subversión del trámite, ni tampoco el quebrantamiento de una formalidad esencial del acto.

 

En todo caso, el juez de la recurrida al confirmar la admisión de las pruebas de la parte demandada como era propio conforme el criterio pacífico y reiterado de la Sala, en el que se establece que en los casos de pruebas documentales, por ser su promoción la misma evacuación, la falta de indicación del objeto del medio de prueba no produce su inadmisibilidad, le garantizó a las partes su legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. Así se establece.

 

 

Por otra parte, con respecto a lo que refiere el formalizante sobre la supuesta publicación de un auto que dice fue proferido por el tribunal de la causa el 17 de mayo de 2012, reflejado en el ordenador del sistema computarizado de la Oficina de Atención al Público Civil (OAP CIVIL), y que luego, según su decir, fue sustraído y sustituido por otro de contenido contrario al publicado en el expediente, debe la Sala advertir que ya este Alto Tribunal ha establecido que este medio electrónico sólo es un sistema informativo de consulta cuyas publicaciones pueden ser sustituidas por lo que expresamente se evidencia de las actas del expediente, pues lo que se muestra en dicho sistema no puede estar por encima de lo que se evidencie de los autos. En ese sentido, tal publicación solo debe considerarse como un simple error de informática. Así se establece. (Ver sentencia de la Sala Constitucional Nº 636 de fecha 21 de marzo de 2006, caso: Alida Teresa Pernalete Gásperi).

 

Con base en los razonamientos expresados, la Sala considera que la sentencia recurrida no se encuentra incursa en la subversión del trámite ni en el quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo del derecho a la defensa delatado por el formalizante. En consecuencia, la presente denuncia se declara improcedente. Así se establece.

 

FORMALIZACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

I

Como fue dispuesto por la Sala en el Punto Previo, en esta oportunidad pasa a conocer el tema planteado en el capítulo segundo del escrito de formalización, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

En conformidad con el artículo 313, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción de los artículos 15 y 118 eiusdem y 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto en su criterio “…en el acto decisorio se omitió una forma sustancial, cual es la que atañe a las pautas formativas de la voluntad del tribunal en orden a la elaboración y consulta de la ponencia correspondiente…”.

 

A propósito de lo expuesto, el recurrente señaló que “…el juez ponente… en ningún momento puso a disposición del juez asociado disidente, minuta alguna que evidenciara sus proyecciones decisorias a discutir y considerar…”, impidiendo con ello la existencia procesal del fallo recurrido, y que aunado a los oportunos requerimientos efectuados por el juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda que constan de su escrito estampado de fecha 21 de noviembre de 2013, cursante al folio 269 de la pieza 29 del expediente, ponen “…en evidencia que el juez natural con su actuación unilateral admitida y/o tolerada por el juez asociado ponente, no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la formación de la sentencia…”, rompiendo con el equilibrio procesal en desmérito del derecho de defensa de los demandantes.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

En el caso que se analiza, el formalizante nuevamente trae al conocimiento de esta Sala una delación de quebrantamiento de formas sustanciales con menoscabo al derecho a la defensa, al alegar entre otras cosas, que el juez de la recurrida no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la formación de la sentencia.

En ese sentido, la Sala reitera los precedentes jurisprudenciales y los razonamientos que sirvieron de fundamento para resolver la denuncia anterior ejercida contra el fallo de 15 de octubre de 2012, relativos al mencionado defecto de actividad. En consecuencia, procede a revisar los elementos que determinarán si procede o no la falta denunciada.

 

Precisado lo anterior, para una mejor comprensión del caso, la Sala estima necesario realizar una breve mención de los actos que particularmente interesan a su decisión, los cuales se  exponen a continuación de la manera cronológica siguiente:

 

                   En fecha 3 de junio de 2013, la parte demandante solicitó al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, se constituyera el tribunal con asociados, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. (Folios 2 al 3 de la pieza 29 del expediente).

                  

                   Mediante auto de fecha 19 de junio de 2013, dictado por el juzgado superior, el juez provisorio Saúl Darío Meléndez Meléndez, procedió a constituir el tribunal con asociados, junto con los abogados Alberto Hildebrando Riera Lameda y Arturo Meléndez Arispe, elegidos y juramentados para conocer del juicio, este último designado ponente en el mismo. (Folio 31 de la pieza 29 del expediente).                

 

                   Por auto firmado por el juez provisorio Saúl Darío Meléndez Meléndez, en fecha 6 de noviembre de 2013, el juzgado superior difirió el pronunciamiento para el vigésimo (20º) día calendario siguiente para dictar y publicar sentencia. (Folio 255 de la pieza 29 del expediente).

 

                   En fecha 14 de noviembre de 2013, la parte demandante impugnó el auto anterior dictado el 6 de noviembre de 2013, por el juzgado superior, alegando que el juez provisorio actuó aisladamente al diferir el pronunciamiento de sentencia sin el concurso de los otros dos jueces asociados, contrariando lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, motivo por el cual solicitó revocase por contrario imperio dicho auto y que constituido se pronuncie sobre una nueva oportunidad para dictar sentencia, dando cumplimiento a la referida norma jurídica. Asimismo, dada las dudas acerca de su imparcialidad, solicitó al mencionado juez su inhibición. (Folios 256-262 de la pieza 29 del expediente).

 

                   En fecha 19 de noviembre de 2013, el juzgado superior, bajo la firma de los tres jueces asociados, dictaron auto en el que señalaron que el abogado Arturo Meléndez Arispe, “…en su condición de juez ponente, hace entrega del proyecto de sentencia para su estudio y posterior discusión; la cual se acuerda realizar el día martes 26/11/2013 a las 11:00 a.m., en la sede de este despacho…”. (Folio 263 de la pieza 29 del expediente).

 

En fecha 20 de noviembre de 2013, la parte demandante ratificó su petición efectuada el 14 del mismo mes y año. (Folios 266-268 de la pieza 29 del expediente).

 

                   Por auto firmado por el juez provisorio Saúl Darío Meléndez Meléndez, en fecha 20 de noviembre de 2013, el juzgado superior negó la petición de la parte demandante efectuada el 6 del mismo mes y año, estableciendo, con fundamento en lo estipulado en el fallo Nº 1.509, de fecha 6 de diciembre de 2000, de la Sala Constitucional, que “…el juez profesional sigue siendo el director del proceso y en razón de ello debe realizar todos los actos procesales de sustanciación del asunto, por tanto el auto de diferimiento es perfectamente válido…”, y en cuanto a la inhibición solicitada, fue desestimada por considerar que esa es una facultad propia del juez que no le es dable a las partes. (Folios 264-265 de la pieza 29 del expediente).

 

                   En fecha 21 de noviembre de 2013, el juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda presentó escrito que cursa al folio 369 de la pieza 29 del expediente, mediante el cual expuso lo siguiente:

 

“…Por cuanto hasta el día de hoy, no he sido convocado para tomar decisión acerca de los planteamientos y de la solicitud formulada por la parte actora en su escrito del catorce de noviembre del corriente año, hago constar expresamente que en mi criterio debemos decidir perentoriamente lo planteado en dicho escrito por las razones expuesta (sic) en el referido escrito, en tal virtud invito a los demás integrantes del tribunal a que nos reunamos para pronunciarnos al respecto… Igualmente propongo… acordemos diferir la oportunidad para dictar y publicar la sentencia, pues resulta muy corto el tiempo que queda por transcurrir para el día 26 de este mes; oportunidad fijada para dictar sentencia en el objetado auto del 6 de noviembre, siendo que apenas hace dos días (19 del corriente mes y año) fue que se nos hizo entrega del proyecto de sentencia, sin que previamente se hubieren discutido los puntos de vista del ponente empleados en la preparación del referido proyecto…”.

 

                   En fecha 22 de noviembre de 2013, la parte actora ratificó de nuevo su petición efectuada el 14 del mismo mes y año, concretándola a que sea revocado el auto de fecha 6 de noviembre de 2013 y que se fije nueva oportunidad para dictar sentencia. (Folios 270-273 de la pieza 29 del expediente).

 

                   En fecha 26 de noviembre de 2013, el juzgado superior, bajo la firma de los tres jueces asociados, dictó auto que cursa al folio 274 de la pieza 29 del expediente, en el que se indicó lo siguiente:

 

“…siendo… día y hora fijado para la discusión del proyecto de sentencia con los jueces asociados en la presente causa, presentes en ante (sic) este Despacho los abogados Arturo Meléndez Arispe, y ALBERTO RIERA LAMEDA… Seguidamente constituidos en tribunal con asociados se procedió a la discusión de la ponencia presentada por el abogado Arturo Meléndez Arispe, en su carácter de juez ponente, la cual fue aprobada con el voto salvado del abogado ALBERTO RIERA LAMEDA, fijándose el segundo (2do.) día de Despacho siguiente al de hoy para la publicación de la sentencia con su voto salvado…”.

 

 

                   Finalmente, con la firma de los tres (3) jueces del tribunal constituido con asociados para conocer el caso, y el voto salvado del juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda, el juzgado superior dictó sentencia definitiva en fecha 29 de noviembre de 2013, mediante la cual declaró sin lugar la demanda, con lugar la apelación, válidos los actos celebrados en la asamblea extraordinaria de fecha 18 de septiembre de 2007 y revocado el fallo de primera instancia. (Folios 275-325 de la pieza 29 del expediente).

 

Expuestas como han quedado cada una de las actuaciones de interés para el estudio de esta controversia, la Sala observa que en el caso que se examina, el formalizante cuestiona la existencia procesal de la sentencia definitiva recurrida, por cuanto en su criterio ésta fue dictada en contravención de los artículos 118 del Código de Procedimiento Civil, y 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con menoscabo del derecho a la defensa y del debido proceso previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

                   En ese sentido, la Sala pasa a analizar los artículos delatados como infringidos:

 

El artículo 118 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

 

“Artículo 118. Toda parte tiene derecho a que en todas las instancias de los juicios cuyo conocimiento corresponde a los tribunales de primera instancia, el tribunal de la causa se constituya con asociados, para dictar la sentencia definitiva. Al efecto, podrá cualquiera de las partes pedir dentro de los cinco (5) días siguientes a la conclusión del lapso probatorio en el tribunal de la causa, o la llegada del expediente en el tribunal superior, que se elijan dos (2) asociados para que, unidos al juez o la corte, formen el tribunal”.

 

El mencionado artículo consagra la potestad que tienen las partes de solicitar, en la instancia que a bien consideren, que el tribunal se constituya con asociados con el propósito de dictar la sentencia definitiva, luego de lo cual  cesará en sus funciones.

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé en sus artículos 21, 22 y 23, lo siguiente:

 

“Artículo 21. En los tribunales colegiados la ponencia corresponderá sucesivamente a los jueces conforme al orden de entrada de los asuntos. Cuando se trate de un tribunal constituido con asociados, quien lo presida designará al ponente.

Artículo 22. Corresponde al ponente pasar a los demás miembros del tribunal una minuta de los puntos que han de discutirse, y presentar un proyecto de decisión. Le corresponde también redactar la decisión adoptada; pero si el ponente no estuviere de acuerdo con el criterio de la mayoría, el presidente del tribunal designará otro.

Artículo 23. Cuando un juez que disienta de la opinión de la mayoría quisiera salvar su voto, deberá presentarlo escrito dentro del término legal señalado para dictar la sentencia, y si no lo hiciere incurrirá en las sanciones disciplinarias respectivas, por la demora que sufra el pronunciamiento de la decisión”.

 

La normativa legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial anteriormente citada, prevé, llevando el orden de los mencionados artículos, el procedimiento a seguir a los fines de la designación del ponente en los casos en que se haya constituido un tribunal con asociados; la forma en que internamente dicho tribunal analizará el proyecto presentado por el ponente; y la manera de proceder en el supuesto en que el ponente no estuviere de acuerdo con el criterio de la mayoría.

 

El segundo de los supuestos mencionados, se erige como una norma ordenadora de la actuación procesal de los jueces asociados, en la que concretamente se atribuye al juez ponente la carga de pasar a los demás miembros del tribunal una minuta de los puntos que han de discutirse, a presentar un proyecto de decisión y a redactar la decisión adoptada.

 

No obstante, es necesario advertir que la ley prohíbe consignar a los autos la minuta prevista en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ello encuentra justificación en que ésta es un instrumento creado para facilitar a los jueces asociados el análisis, comprensión y conclusión sobre el proyecto de sentencia, de manera que puedan percibir con mayor precisión la controversia y arribar a una acertada conclusión, exigible en todo caso por los dos jueces asociados de la causa, actividad que forma parte de la conferencia que tienen los jueces para sentenciar y que se hace en privado, en conformidad con el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil.

 

Como consideración adicional, conviene agregar que la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1.082 del 4 de junio de 2004, caso: Inversiones Animis C.A., estableció que de haberse constituido tribunal con asociados, la sustanciación del caso corresponde al juez titular, quien es además el presidente del tribunal colegiado que se ha constituido para decidir la causa.

 

Por otra parte, la Sala ha señalado en forma reiterada, que para que se configure la violación al derecho de defensa, se requiere que el juez haya quebrantado una forma procesal que impida o disminuya las posibilidades de alguna de las partes para ejercer los recursos que la ley le otorga para defenderse en el juicio. Mientras que respecto al derecho al debido proceso, ha sostenido que comporta el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la ley, y que conforme a derecho otorga a ellas el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. (Vid. Sentencia Nº 417, de fecha 1° de octubre de 2010, caso: Adelaida de La Cruz Mora Gil contra Angela María Sánchez, y fallo Nº 385 de fecha 3 de julio de 2013, caso: Mammoet Venezuela, C.A. contra Construcciones Atlas Falcón, C.A.)

 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa quedó evidenciado del recuento de actos ut supra anotado, que el 19 de junio de 2013 quedó constituido el tribunal con jueces asociados sin objeción alguna al respecto.

Asimismo, resulta que con la firma de los tres jueces asociados y el voto salvado del juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda, se profirió y se publicó la sentencia definitiva de segunda instancia.

 

En ese orden de ideas también se pudo constatar, que aunque ciertamente según el escrito de fecha 21 de noviembre de 2013, que cursa al folio 369 de la pieza 29 del expediente, como lo afirma el recurrente, el juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda, señaló que el 19 del mismo mes y año le fue entregado el proyecto de sentencia, “…sin que previamente se hubieren discutido los puntos de vista del ponente…”, no es menos cierto que luego, como puede verificarse del auto de fecha 26 de noviembre de 2013, inserto al folio 274 de la pieza 26 del expediente, firmado por los tres (3) jueces asociados en este caso, se menciona que “…se procedió a la discusión de la ponencia… la cual fue aprobada con el voto salvado del abogado ALBERTO RIERA LAMEDA…”.

 

Ello pone de manifiesto que el juez asociado Alberto Hildebrando Riera Lameda, no sólo tuvo la oportunidad de discutir la ponencia, sino que también hizo un extendido voto salvado en el que no hay manifestación alguna de que se le haya impedido, limitado u obstaculizado el normal desarrollo de su labor en esta causa.

 

Debe señalarse además, que en dichas actuaciones ni en alguna otra acta del expediente, consta objeción alguna por parte de los jueces asociados, de que se les hubiese privado de la minuta indicada por el formalizante como omitida, habida cuenta que la ley prohíbe que dicha minuta conste en autos. Así como tampoco existe mención de algún quebrantamiento del procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, capaz de viciar la sentencia como lo afirma el recurrente; por el contrario, los tres (3) jueces dieron su conformidad, al firmar la sentencia sin objeciones de esta naturaleza.

 

Por tanto, qué sentido tendría anular y reponer la causa a los fines de que se presente una minuta reservada, de la cual por cierto no se cuestiona su omisión, cuyo fin es poner en conocimiento de los jueces, los puntos a discutir de la controversia, cuando ya todos los jueces firmaron la decisión sin hacer reparos en ese sentido, lo que supone que previamente discutieron la decisión, formularon sus observaciones y firmaron el fallo en consecuencia.

 

Mal podría entonces alegar, como lo hizo el formalizante, que no se cumplió con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando no hay evidencia de que se hayan contrariado las normas de deliberación y adopción de la decisión por mayoría, que lleve a la producción de un acto jurisdiccional violatorio del derecho de defensa o del debido proceso, lo que determina que la nulidad y reposición exigida resultaría inútil. Así se establece.

 

                   En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, la Sala hace valer los fundamentos que se utilizaron para desechar la delación anterior y en consecuencia declara improcedente la denuncia efectuada por el recurrente en el capítulo segundo de su escrito de formalización. Así se establece.

 

 

II

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida incurrió en incongruencia positiva con infracción de los artículos 3º, 15 y 243 ordinal 5º eiusdem, conforme a los siguientes alegatos:

 

“…la definitiva recurrida no se atuvo a lo alegado      y probado en autos al incorporar como tema decisorio hechos no controvertidos acaecidos con posterioridad a la presentación de la demanda…

…Omissis…

…la recurrida… modificó el “thema decidendum” incorporando un elemento extraño al mismo, cual es la “asamblea de accionistas” de 13 de octubre de 2008, contenida en el acta que fue inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara el 11 de agosto de 2010, lo que no fue planteado en el libelo de demanda, y mal podría haberse planteado, pues la inscripción de esa acta… fue… más de un año después de haberse dado por citada la demandada que fue el 1º de julio de 2009, ya admitida la reforma de la demanda el 25 de julio de 2009, es decir, con posterioridad a la instauración del proceso; momento este en que fija la base fáctica fundacional de la relación procesal a tenor del artículo 3º del Código de Rito…”.

 

 

 

Como puede observarse de la transcripción anterior, el formalizante considera que el juzgador de alzada incurrió en incongruencia positiva, al no atenerse a lo alegado en autos, toda vez que incorporó un elemento extraño al “thema decidendum” como lo es la “…asamblea de accionistas” de 13 de octubre de 2008, contenida en el acta que fue inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara el 11 de agosto de 2010…”, con lo cual lo modificó, habida cuenta que ello no fue planteado en el libelo de demanda, en razón de que dicha acta fue inscrita más de un año después de haberse dado por citada la demandada, lo cual ocurrió el 25 de julio de 2009, es decir, posterior a la instauración del proceso.    

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

Como se señaló en la solución de la denuncia anterior, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda sentencia debe contener:… 5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia….”. (Negrillas de la Sala).

 

Conforme a la disposición antes citada, la Sala ha sostenido en forma reiterada y pacífica que ella sujeta el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hecho no formulados en el proceso u excederse en lo solicitado oportunamente por las partes (incongruencia positiva). (Vid. decisión Nº 409, de fecha 8 de junio de 2012, caso: Luis Bracho Valbuena contra Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A., la cual ratifica entre otros, el fallo Nº 184, de fecha 10 de mayo de 2011, caso Servi Comidas Express C.A. contra Imosa Tuboacero Fabricación C.A.).

 

En ese orden de ideas esta Sala debe agregar, que cuando la aludida norma adjetiva ordena al juez expresar los límites en los cuales se ha establecido la controversia y decidir conforme a ellos, no sólo comprende las pretensiones que corresponden a la parte actora presentar de manera oportuna en el libelo de demanda o en su reforma de ser el caso, sino que también incluye las excepciones y defensas opuestas, referidas ellas claro está, a los ataques y negaciones expuestos tempestivamente por la parte demandada en la contestación a esa demanda y/o en la reconvención si la hubiere, para hacerlos valer contra las pretensiones de hecho y de derecho perseguidas por la parte actora, elementos estos que conforman el contradictorio y sobre los cuales se fijan los límites de la controversia.

 

Realizadas las anteriores consideraciones, la Sala, a los efectos de verificar la existencia del vicio delatado, a continuación transcribe parte de la decisión recurrida, la cual, sobre el punto bajo análisis expresó entre otras cosas, lo siguiente:

 

“…TÉRMINOS EN QUE HA QUEDADO PLANTEADA LA CONTROVERSIA

…Omissis…

En la contestación a la demanda, la demandada señala que:

…Omissis…

Alegaron que su representada celebró formalmente cumpliendo con las normativas legales establecidas en el Código de Comercio y los Estatutos, las asambleas extraordinarias de accionistas de sociedad mercantil INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., que tuvo lugar con fecha 18 de septiembre de 2007, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el 5 de mayo de 2008, bajo el Nº 38, folio 189, Tomo 26-A; y, 13 de octubre de 2008, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara el 11 de agosto de 2010, bajo el Nº 6, Tomo 61-A.

Alegaron que la asamblea extraordinaria de accionistas, de fecha 13 de octubre de 2008, estuvo representada por el OCHENTA CON OCHENTA Y UNO POR CIENTO (80,81%) del capital social.

Que la referida acta de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Sociedad Mercantil INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., celebrada el día 13 de octubre de 2008, hora 3 p.m., fue inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del estado Lara, el 11 de agosto de 2010, Tomo 61-A, Nº 6, expediente Nº 586, asistieron la representación del OCHENTA CON OCHENTA Y UNO POR CIENTO (80,81%) del capital social y, VOTARON, sin salvar el voto, los co-demandantes Accionistas…, donde ratificaron y convalidaron los puntos aprobados en la asamblea general extraordinaria de accionistas del Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., de fecha 18 de septiembre de 2007; y la designación de la Junta Directiva del Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., mediante las facultades conferidas a la Comisión Electoral de fecha 19 de diciembre de 2007.

…Omissis…

MOTIVOS DE HECHOS Y DERECHO DE LA DECISION

…Omissis…

Pruebas de la parte actora

Promovió y hace valer en todos sus efectos sustantivos y procesales las pruebas para demostrar las afirmaciones de hecho en que se fundamentan las pretensiones de sus mandantes, promueve:

…Omissis…

3) Prueba instrumental de efectos legales especiales, con el fundamento a lo dispuesto en el Capítulo V, Título II, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil y en la Sección I, Capítulo V, Título III, Libro Tercero del Código Civil; referida a hechos y circunstancias acaecidos el día de celebración de la asamblea extraordinaria de la sociedad mercantil Clínica Acosta Ortiz, de fecha 13 de octubre de 2008, reseñados en ocasión del traslado efectuado por la Notaría Pública de Barquisimeto Municipio Iribarren, al sitio donde se efectuaba la asamblea, la cual no constituye medio de prueba idónea que produzca efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libros de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos.

4) Prueba de confesión espontánea de la demanda (sic) Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, de que es inexistente nula como Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz el acto tuvo (sic) el 18 de septiembre de 2007, la declaración que hizo por intermedio de sus abogados apoderado (sic) en el punto “segundo” del capítulo “quinto” de su escrito de contestación a la demanda, cuando afirma que la “Asamblea Extraordinaria de Accionistas” de 18 de octubre de 2008, tenía como objeto, en el punto “cuarto” del orden del día. En relación a la confesión es importante acotar, que las partes en el proceso tienen la posibilidad de efectuar declaraciones que usualmente tienden a confundirse con la confesión, pero es necesario aclarar que no son la misma cosa, por lo general las declaraciones de parte suelen realizarse en actos procesales como garantía del derecho a la defensa, mientras que la confesión siempre perjudica al confesante y no es garantía del derecho a la defensa como se puede observar dichos alegatos fueron realizados en la contestación de la demanda, por lo que las mismas constituyen defensas esgrimidas por la parte demandada que no se pueden catalogar como confesión porque están dirigidas a plantear cuestiones fácticas que deben ser analizadas por el jurisdicente en el fondo del juicio. Así se declara.

Pruebas presentadas por la parte demandada:

Documentales:

…Omissis…

2) Marcado con la letra “B”, en copias certificadas actas (sic) de asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A. de fecha 13 de octubre de 2008 e inscrita ante el registro Mercantil Primero del estado Lara, el 11 de agosto de 2010; se analizará en la motiva del fallo.

…Omissis…

En sintonía con lo anterior, los puntos sobre los que debe decidir este tribunal se circunscribe a lo siguiente:

…Omissis…

6. Si son válidas o no, si violaron o no, la Ley Mercantil o los Estatutos de la empresa, las asambleas celebradas el día 18 de septiembre de 2007 y la celebrada el 13 de octubre de 2008, que ratifica con un quórum de 80,81%, lo acordado en la asamblea de 18 de septiembre de 2007.

7. Si son o no convalidables con una nueva asamblea los errores o vicios cometidos en una anterior.

…Omissis…

Si son validas o no, si violaron o no, la Ley Mercantil o los Estatutos de la empresa, las asambleas celebradas el día 18 de septiembre de 2007 y la celebrada el 13 de Octubre de 2008, que ratifica con quórum de 80,81%, lo acordado en la asamblea de 18 de septiembre de 2007.

…Omissis…

El legislador mercantil, plasmó en el quórum para decidir de las sociedades mercantiles, el mismo principio democrático establecido en la Constitución, que establece la Democracia, la mayoría, como forma de organizar el Estado, tanto en lo político, como social y económico.

Igualmente, los Estatutos Sociales de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, consagraron un quórum de mayoría calificada, para constituirse.

“…CLÁUSULA OCTAVA. Las asambleas regularmente constituidas representan la universalidad de los accionistas, siendo sus decisiones obligatorias para todos, aun para los no presentes, los que hubieren salvado su voto o no lo hubieren emitido. La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá en la segunda quincena del mes de febrero de cada año el día y la hora que se fije en la respectiva convocatoria, la cual se hará de acuerdo al Código de Comercio. Esta asamblea procederá de acuerdo a lo establecido en el art 275 del Código de Comercio. La Asamblea Extraordinaria se reunirá (…Omissis…). Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán válidamente constituidas con la presencia del 60% del capital social y las decisiones (…Omissis…)

En este orden de ideas, es válida, legal y ajustada a derecho, el Acta de Asamblea de Accionistas celebrada el 13 de octubre de 2008, que ratifica con un quórum de 80,81%, lo acordado en la Asamblea de 18 de septiembre de 2007, ya que cumplió con los estatutos de la empresa y con el Código de Comercio venezolano vigente.

…Omissis…

…en el presente caso, visto, que el acto no está revestido de una formalidad esencial o no se afecta un principio de orden público el acto en cuestión es convalidable por la voluntad de los socios, por otro acto legalmente constituido con el quórum reglamentario.

La mayoría compactada, señalada en libelo de delictual o cuasi delictual, mal intencionada, no se demuestra de los autos que sea contraria al objeto social, ya que ella, como mayoría que es, determina, define y decide su objeto social, que en puridad de derecho, es el realizar actos de comercio, como ente mercantil.

De un análisis de las citadas normas y de las actas que cursan en autos se concluye que sí actuaron ajustados a derecho y sí cumple con la normativa mercantil vigente y los Estatutos, el Acta de Asamblea de Accionistas celebrada el 13 de octubre de 2008, que ratifica con quórum de 80,81%, lo acordado en la Asamblea de 18 de septiembre de 2007. Así se decide.

…Omissis…

Si bien es verdad, se debe cumplir las formas legales, no es menos cierto, que por la omisión de uno de estos requisitos, hacen cuestionable los actos emitidos, y no le está vedado a los accionistas que representan la mayoría, para cumplir el objeto de la sociedad, enmendar vicios u omisiones formales, cuyo incumplimiento no afecta el orden público.

Crear una crisis de dominio en una sociedad mercantil, crear un vacío de poder, como el que se establece en la sentencia de primera instancia objeto de esta apelación, donde se declara la nulidad de lo acordado en dicha asamblea, y todas sus consecuencias, y en donde se desconoce a todos los administradores, no se señala quienes son los legitimados a convocar la nueva asamblea, ni en la dispositiva del fallo se acuerda convocar a la asamblea, es contrario a los principios que inspiran la legislación mercantil.

…Omissis…

Por otro lado, se debe el respeto al principio del “affectio societatis”, que aún se profesan, mantienen y suscriben el 80,81%, de los accionistas que representan el capital social de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, que acordaron en la asamblea de 13 de octubre de 2008, ratificar los actos cuya nulidad se demanda.

Siendo que los vicios de la asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, son convalidables y de hecho fueron convalidados y ratificados por la asamblea celebrada el 13 de octubre de 2008, en base al criterio establecido por la Sala de Casación Civil, de fecha 6 de febrero de 2006, se debe tener como válida tal ratificación, la cual fue hecha como se señaló con la presencia del 80,81% del capital de la empresa, en consecuencia tienen plena validez los acuerdos alcanzados en la asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, por haber sido ratificados y ser producto de la voluntad de la mayoría y Así se decide.

…Omissis…

DECISIÓN

…Omissis…

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la demanda…

SEGUNDO: Se declaran VALIDOS los actos celebrados en acta de asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, convalidados y ratificados por la asamblea celebrada el 13 de octubre de 2008…”. (Negrillas, mayúsculas y cursivas del fallo de alzada).

 

 

 

Asimismo, conviene citar parte del escrito de contestación a la demanda, efectuada en fecha 9 de abril de 2012, que cursa a los folios 87 al 114 de la pieza 27 del expediente, en el cual puede leerse lo siguiente:

 

“…Negamos, rechazamos y contradecimos, que la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de septiembre de 2007 sea nula, por cuanto conserva su existencia legítima legal, en virtud que fue ratificada y convalidada en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de octubre de 2008 que fue inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el 11 de agosto de 2010, Tomo 61-A, Número 6, número de expediente 586…

…Omissis…

De los hechos

Nuestra representada celebró formalmente cumpliendo con las normativas legales establecidas en el Código de Comercio y los Estatutos, las Asambleas Extraordinarias de accionistas de sociedad mercantil INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., que tuvieron lugar con fecha 18 de septiembre de 2007… y 13 de octubre de 2008, e inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el 11 de agosto de 2010, bajo el número 6, Tomo 61-A...

…Omissis…

SEGUNDO: Asamblea Extraordinaria de Accionistas de sociedad mercantil Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., de fecha 13 de octubre de 2008.

…Omissis…

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mercantil INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., para una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se celebrará el día lunes 13 de octubre de 2008… a fin de considerar los siguientes puntos:… CUARTO PUNTO: Considerar y resolver sobre la ratificación de los puntos aprobados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., de fecha 18 de septiembre de 2007; y, la designación de la junta directiva del INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ, C.A., mediante las facultades conferidas a la Comisión Electoral de fecha 19 de diciembre de 2007…

La asamblea extraordinaria de accionistas estuvo representada por el OCHENTA CON OCHENTA Y UNO POR CIENTO (80,81%) del capital social, como se evidencia en acta de Asamblea que oportunamente acompañaré a los autos.

…Omissis…

La referida acta de la ASAMBLEA… fue inscrita por ante el REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO LARA, el 11 de agosto de 2010, Tomo 61-A, Número 6, número expediente 586.

En esta asamblea asistieron los CO-DEMANDANTES Accionistas: INVERSIONES CORTES, C.A.: Dra. DANA CUICAS de DEL VILLAR; Dra. MIRIAN JOSEFINA MENDOZA DE COLMENAREZ Dr. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ; Dr. LUIS MELÉNDEZ ARIAS (cónyuge de la co-demandante Dra. Elizabeth Marina Zaoata Viaganoni de Meléndez); y, Dra. AURA MARINA BARRAGÁN de LEÓN. Igualmente asistió el DR. RAMÓN SERGIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, quien posteriormente DESISTIÓ de la acción. Con las asistencias de estos accionistas co-demandantes convalidaron el acto, porque no hubo oposición expresa al respecto en el momento del acto.

…Omissis…

Se evidencia clara e inequívocamente el cumplimiento de las formalidades establecidas para la celebración de las asambleas de accionistas y, perfectamente lícitas puesto que son el mero resultado de la actuación de la voluntad de la ley y de los estatutos en estos casos concreto…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado de la parte demandada).

 

 

De la revisión realizada por la Sala a las transcripciones de la sentencia recurrida y de la contestación de la demanda, se pudo evidenciar lo siguiente:

 

-Que ciertamente como lo señala el formalizante, el juez de alzada se pronunció en su decisión sobre el acta de “…asamblea de accionistas” del 13 de octubre de 2008, contenida en el acta que fue inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara el 11 de agosto de 2010…”, considerándola dentro de los términos en que quedó planteada la controversia, y luego en el análisis probatorio de la misma, concluyendo al respecto que “…es válida, legal y ajustada a derecho, el Acta de Asamblea de Accionistas celebrada el 13 de octubre de 2008, que ratifica con un quórum de 80,81%, lo acordado en la asamblea de 18 de septiembre de 2007, ya que cumplió con los estatutos de la empresa y con el Código de Comercio venezolano vigente…”.

 

-Que la parte demandada, en su escrito de contestación a la demanda negó, rechazó y contradijo, que la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 18 de septiembre de 2007 sea nula, por cuanto conserva su existencia legítima, legal, en virtud que fue ratificada y convalidada en la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 13 de octubre de 2008, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el 11 de agosto de 2010, Tomo 61-A, Número 6, número de expediente 586.

 

-Que en el capítulo “de los hechos” de la contestación, la demandada señaló que se celebró formalmente y cumpliendo con las normativas legales establecidas en el Código de Comercio y los Estatutos, la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., que tuvo lugar en fecha  13 de octubre de 2008, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, el 11 de agosto de 2010, bajo el Número 6, Tomo 61-A, en la que se convocó a los accionistas de la sociedad mercantil Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., con el fin de considerar y resolver sobre la ratificación de los puntos aprobados en la asamblea general extraordinaria de accionistas del Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, C.A., de fecha 18 de septiembre de 2007 y la designación de la junta directiva de dicho Instituto, mediante las facultades conferidas a la Comisión Electoral de fecha 19 de diciembre de 2007, quedando así la asamblea extraordinaria de accionistas de fecha  13 de octubre de 2008, representada por el ochenta con ochenta y uno por ciento (80,81%) del capital social, asistencia que convalidó el acto, porque no hubo oposición expresa al respecto en el momento de su celebración. Mencionando además, que ello se evidencia del acta de asamblea que oportunamente acompañaría a los autos.

 

-Que el acta de asamblea de accionistas de fecha 13 de octubre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara el 11 de agosto de 2010, acerca de la cual el formalizante aduce que el juez de alzada incorporó como un elemento “extraño” al “thema decidendum”, sin duda alguna forma parte de éste, toda vez que constituye una defensa de la demandada para desvirtuar y atacar la base sobre la que descansan las pretensiones de la parte actora. Defensa que como se dejó asentado ut supra, forma parte del contradictorio y sobre los cuales el juez fijó como corresponde, parte de los límites de la controversia.

 

En efecto, en el conflicto que se analiza, no podría el juez haber establecido los límites de la controversia, sólo con los argumentos presentados por la parte actora en su demanda, obviando por completo la contestación, caso en el cual sí sería objeto de nulidad el fallo. Pues, al haber contestación, es imprescindible que el juez atienda no sólo los argumentos de hecho expresados en el libelo de demanda, sino también las excepciones y defensas de la parte demandada, las cuales se encuentran, en la contestación a la demanda, y si fuere el caso, en la reconvención.

 

En el caso concreto, tal defensa de la demandada, constituida por los alegatos respecto del acta de fecha 13 de octubre de 2008, fue invocada en la contestación de la demanda, lo que pone de manifiesto, que el juzgador superior decidió la causa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, de la parte demandada. Así se establece.

 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala determina que la recurrida no se encuentra incursa en el error de forma delatado por el formalizante, en consecuencia se declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 3º, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

                                                              III                                                             

 

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió los artículos 14, 15 y 209 eiusdem, y “por conexión directa” del artículo 1.101 del Código de Comercio, fundamentando su delación de la siguiente manera:

 

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción de los artículos 209, 14 y 15 eiusdem, y por conexión directa, del artículo 1.101 del Código de Comercio, ya que, habiéndose advertido el vicio procedimental consistente en la ampliación por el “a quo” del lapso para contestar la demanda y de la citación misma de los demandados, obvió la declaratoria de nulidad correspondiente, y de igual modo incumplió su deber decisorio sobre el fondo del litigio.

…Omissis…

Como se advierte, nada expresó la recurrida acerca del auto del a quo de 8 de noviembre de 2011, donde acordó dictar nuevo auto de admisión (tercer auto de admisión de la demanda habido en el proceso) al producirse el desistimiento de la acción por el Dr. Ramón Sergio Vásquez…

…Omissis…

Ahora bien… es claro que, habiendo estado citada la demandada en la forma de ley desde el día 1º julio de 2009, no eran procedentes las dos nuevas admisiones de la demanda, ni las notificaciones, ni un nuevo lapso para contestar la demanda, pues de ese modo se alteró la forma secuencial del proceso… pues hizo suya la decisión del “a quo” que acordó las dos nuevas admisiones de la demanda, y un nuevo lapso de veinte días para contestar la demanda, así como una notificación contra lege, violando así formas esenciales al proceso… todo lo cual aprovechó la parte demandada para registrar el acta de la írrita asamblea de accionistas que incorporó a este proceso sin ser parte del thema decidendum. En efecto, en el auto del tribunal de primera instancia de 15 de noviembre de 2011 por el que se admitió por tercera vez la demanda al producirse el referido desistimiento del procedimiento por nuestra representada se dispuso notificar a la demandada de dicho auto “…con la advertencia que una vez conste en autos su notificación, deberá concurrir por ante este tribunal dentro de los veinte días de despacho siguientes a dar contestación a la demanda en horas de despacho…”. (Negrillas, subrayado, mayúsculas y cursivas del formalizante).

 

 

De la denuncia previamente transcrita, la Sala observa que en criterio del formalizante, el sentenciador de segunda instancia “…obvió la declaratoria de nulidad correspondiente…”.

 

En ese sentido, señaló que el sentenciador a quo, mediante auto de 8 de noviembre de 2011 y con ocasión del desistimiento de la acción del ciudadano Ramón Sergio Vásquez, acordó dictar nuevo auto de admisión de la demanda, como en efecto dictó en fecha 15 del mismo mes y año, aunque ya era el tercero que se dictaba en el proceso. Asimismo, dispuso notificar a la demandada de dicho auto, otorgando así nuevo lapso de veinte (20) días para contestar la demanda, aun cuando la demandada había quedado legalmente citada desde el día 1º julio de 2009, motivo por el cual considera el formalizante que con ese modo de proceder de la alzada, haciendo suya la decisión del juzgador a quo, alteró “la forma secuencial” del proceso.

 

A propósito de lo expuesto, aprecia la Sala que conforme a los fundamentos planteados por el formalizante, la denuncia se encuentra orientada a delatar el error de actividad en el que incurre el juez por subversión del trámite de las formas sustanciales del proceso. En ese sentido, este Máximo Tribunal, extremando sus funciones, en aplicación de los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que atiende a la necesidad de flexibilizar las formas procesales no esenciales, procederá a su análisis en esos términos.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

                   Como ya fue señalado en la solución de la única denuncia ejercida contra el auto interlocutorio de fecha 15 de octubre de 2012, la subversión del trámite constituye una de las modalidades de los quebrantamientos de formas sustanciales con menoscabo del derecho de defensa, previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, capaz de acarrear un desequilibrio entre las partes, por inobservancia de los trámites esenciales de la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento; esto es: el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales,  cuya consecuencia inmediata acarrea la declaratoria de nulidad del acto írrito, siempre que por causa imputable al juez, se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial, que impida lograr el fin para el cual estaba destinado, y no haya sido luego convalidado o consentido por las partes o que éstas ante esas faltas, no hayan hecho uso de todos los recursos en su contra.

 

                   Precisado lo anterior, la Sala considera necesario relacionar de forma cronológica los actos procesales más significativos producidos en el juico, a los fines de constatar la irregularidad procesal delatada.

 

En fecha 13 de mayo de 2009, el juzgado de la causa admitió la demanda, introducida el 5 del mismo mes y año.

 

En fecha 11 de junio de 2009, la parte actora presentó reforma de la demanda.

 

En fecha 25 de junio de 2009, el juzgado de la causa admitió la reforma de la demanda.

 

En fecha 3 de julio de 2009, la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, se dio por citada.

 

En fecha 31 de octubre de 2011, el co-demandante ciudadano Ramón Sergio Vásquez Sánchez, desistió de la demanda.

 

En fecha 2 de noviembre de 2011, la parte actora desistió de demandar a “…todas las personas naturales y jurídicas, distintas a la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz…”, al tiempo que pidió la respectiva homologación. Asimismo, solicitó al tribunal de la causa que se abstenga de practicar las citaciones de las personas naturales y jurídicas a que se contrae el mencionado desistimiento, y por último, señaló que por cuanto la citación personal de la mencionada compañía, “…no se había consumado de la manera como se solicitó con el libelo de la demanda; es decir, tanto en la persona del licenciado RAÚL ACEVEDO GÓMEZ… quien se titula presidente de su Junta Directiva, como en la persona del Doctor EDUARDO A. CARVALLO POZO… en su carácter de último presidente de su Junta Directiva debidamente nombrado por la asamblea de accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, como consta en acta de fecha 27 de mayo de 2003… sino que esa citación sólo se ha cumplido parcialmente  porque los abogados LUIS ARMANDO SILVA Y RAFAEL MUJICA mediante diligencia del 1º de noviembre de 2001 se dieron por citados en este juicio en nombre y representación de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz…”, solicitó al tribunal que acordase “…librar la correspondiente compulsa y boleta de citación de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, en la persona del doctor EDUARDO A. CARVALLO POZO…”. (Folios 23 al 31 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 8 de noviembre de 2011, el juzgado de la causa, visto el desistimiento del ciudadano Ramón Sergio Vásquez Sánchez, de fecha 31 de octubre de 2011, y a fin de reordenar el proceso, ordenó dictar un nuevo auto de admisión excluyendo a dicho ciudadano. En efecto, en esa misma fecha, dictó el nuevo auto de admisión y ordenó citar “…a los demandados para que concurran ante este tribunal DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS DE DESPACHO SIGUIENTES a la constancia en autos de la última citación a dar contestación de la demanda…”. (Folios 32 al 38 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 9 de noviembre de 2011, la parte actora pidió se dé por consumado el desistimiento solicitado el 2 del mismo mes y año.

 

En fecha 10 de noviembre de 2011, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, se dio por citado, “en su carácter de co-demandado”. (Folio 40 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 15 de noviembre de 2011, el juzgado de la causa dio por consumado el desistimiento de fecha 2 de noviembre de 2011, realizado por la parte actora, y al efecto ordenó “…proceder a dictar nuevo auto de admisión de demanda en el cual figure únicamente como parte demandada la mencionada sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA INSTITUTO MÉDICO QUIRÚRGICO ACOSTA ORTIZ…”, y en esa misma fecha, admitió demanda, ordenó “notificar” a dicha sociedad mercantil, y le concedió veinte (20) días para dar contestación a la demanda. (Folios 42 al 44 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 17 de noviembre de 2011, la parte actora señaló lo siguiente:

“...SEGUNDO. …la demanda es y sigue siendo la misma demanda sin modificaciones de ninguna índole, y sólo requería del auto de admisión originario, es decir el que dictó este tribunal al admitir la reforma total que se hizo del libelo de la demanda con la que se dio inicio a este juicio, pues no se ha declarado la nulidad de ese auto de admisión, ni existen motivos para ello, por lo que resultan impropios y contrarios al orden procesal los dos “nuevos autos de admisión de demanda” de 8 y de 15 del corriente mes y año, resultando que los mismos… evidentemente introducen un grave elemento de desigualdad entre las partes, como efectivamente ocurre con la notificación contra legem que se ordenó hacer a la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz en el segundo NUEVO auto de admisión de la demanda dictado el 15 de noviembre de 2011, pues…

TERCERO. PETITORIO… solicito formalmente de este tribunal revoque la orden de notificar a esa compañía contenida en el último auto de “admisión de la demanda” (de 15 de noviembre de 2011) y, ante la imprecisión que esa orden produjo al proceso que, mediante auto expreso, determine con fijeza, un día de la misma semana en que decida lo aquí solicitado, a partir del cual se comenzarán a contar los veinte días de despacho siguientes para que la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz por sí o mediante apoderado ha de concurrir a este tribunal a dar contestación a la demanda por estar citada en este juicio…”. (Folios 47 al 53 de la pieza 27 del expediente).

 

 

En fecha 24 de noviembre de 2011, el tribunal de la causa, en respuesta a la anterior diligencia de la parte actora, de fecha 17 de noviembre de 2011, señaló lo siguiente:

 

“…vista la diligencia presentada por el Abg. Frank Franco Gutiérrez, en su carácter de autos, mediante la cual solicita al tribunal la revocatoria de la orden de notificar a la demandada Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz,  establecida en auto de fecha 15-11-2011, por existir imprecisión sobre el término procesal para la contestación de la demanda, producida por los autos dictados con anterioridad, por este órgano jurisdiccional, al respecto este tribunal niega lo solicitado, por cuanto en la presente causa, luego de detectarse en el presente proceso el supuesto previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó suspender la causa hasta tanto se cite a todos los litisconsortes pasivos; y posteriormente, previo impulso de la parte demandante se acordó la misma, compareciendo los apoderados judiciales de la mencionada demandada en fecha 1-11-2011 dándose por citados conforme al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, luego se realizaron una serie de desistimientos que se dieron por consumados según autos 8 y 15-11-2011, subsistiendo únicamente como parte demandada la mencionada persona jurídica. Y como quiera que tal situación crea inseguridad a la demandada sobre el momento en que debe verificarse el acto de contestación de demanda, es por lo que a fin de garantizar la seguridad jurídica se ordenó su notificación, lo cual garantizaría el ejercicio pleno del contradictorio…”.

 

 

En fecha 25 de noviembre de 2011, compareció el ciudadano Eduardo A. Carvallo Pozo, quien había sido llamado como presidente que fue de la Junta Directiva de la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, al juicio y al respecto  expuso: “…me doy por citado en esta causa con el indicado carácter que he sido llamado a juicio… pero hago constar que tengo más de seis años que dejé el cargo de presidente…”. (Folios 56 al 57 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 12 de diciembre de 2011, la parte actora solicitó al tribunal libre cartel de “notificación” de la parte demandada, conforme a lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. (Folio 58 de la pieza 27 del expediente).

 

En fecha 9 de febrero de 2012, el tribunal de la causa acordó librar el respectivo cartel, notificando a la parte demandada, Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, en la persona de su representante legal y/o sus apoderados judiciales, del desistimiento formulado por la parte actora con respecto al resto de los co-demandados, confiriéndole veinte (20) días de despacho para contestar la demanda, contados a partir del día siguiente a que conste en autos la publicación y consignación del cartel.

 

En fecha 22 de febrero de 2012, la parte actora consignó cartel de “notificación” publicado en el Diario El Impulso.

 

En fecha 2 de marzo de 2012, el tribunal de la causa ordenó la fijación del cartel de “notificación” en el negocio de la demandada, en efecto se fijó el 9 del mismo mes y año.

 

En fecha 9 de abril de 2012, la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz contestó la demanda. (Folios 87 al 114 de la pieza 27 del expediente).

 

                   Una vez realizado el recuento de los actos ocurridos en el caso bajo estudio, la Sala pasa a realizar las consideraciones siguientes:

 

En principio, la demanda fue incoada contra la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, así como contra otras ochenta y tres (83) personas más, lo que implica el deber de citarlas a todas y cada una de ellas.

 

En fecha 3 de julio de 2009, la demandada, Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, se dio por citada, sin embargo, aún no estaban citadas todas las demás personas, lo que significa que el proceso de citación no se encontraba completamente cumplido.

 

En ese estado, el 31 de octubre de 2011, uno de los codemandantes -Ramón Sergio Vásquez Sánchez- desistió de la demanda, en tanto que el 2 de noviembre de ese mismo año, el resto de los co-demandantes desistió de demandar a todas las personas contra las que había iniciado la acción, con excepción de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, es decir, que se produjeron dos (2) desistimientos.

El tribunal de la causa en fecha 8 de noviembre de 2011, dicta un auto dando por consumado el primero de los desistimientos y en esa misma fecha dicta el segundo auto de admisión, excluyendo a dicho ciudadano, y ordenando citar “…a los demandados… a dar contestación de la demanda…”, por lo que el 10 de noviembre de 2011, la demandada, Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, se dio nuevamente por citada.

 

El 15 de noviembre de 2011, el juzgado de la causa procede a homologar el desistimiento de fecha 2 de noviembre de 2011, por lo que vuelve a dictar un tercer auto de admisión para que sólo quede como demandada la mencionada compañía, y considerando que ésta ya se había dado por citada con ocasión del auto de fecha 8 del mismo mes y año, ordena ahora su notificación, concediéndole veinte (20) días para dar contestación a la demanda. Admisión y notificación a las que se opuso la parte actora, solicitando en fecha 17 de noviembre de 2011, la revocatoria de este auto.

 

El juzgador de primera instancia negó la solicitud de revocatoria de la demandante, considerando que al haberse suscitado una serie de eventos que podían crear inseguridad jurídica a la demandada sobre el momento en que debía verificarse el acto de contestación de la demanda, era necesario ordenar la notificación de la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz, a fin de garantizar la seguridad jurídica y el ejercicio pleno del contradictorio.

 

Finalmente, la demandada quedó notificada mediante cartel y dio contestación a la demanda el 9 de abril de 2012.

 

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, la Sala ha podido evidenciar por una parte, que se cumplió la finalidad del acto de citación, cual es imponer a la demandada de la demanda incoada en su contra para que se apersone en juicio y dé contestación.

 

Asimismo, la Sala constató de las actas del expediente, que ambas partes participaron en el juicio, lo cual se evidencia con sus actuaciones durante todas las etapas del proceso, lo que pone de manifiesto que se garantizó el ejercicio pleno del derecho a la defensa de cada una de las partes durante el proceso, tanto en primera como en segunda instancia.

 

Por otra parte, observa la Sala que el auto de admisión de la demanda de fecha 25 de junio de 2009 y luego el de admisión de la reforma de la demanda, dictado el 17 de julio del mismo año, que “amplía” el anterior, no fueron anulados ni impugnados en ningún sentido, motivo por el cual no han perdido su eficacia jurídica.

 

En relación con los autos dictados por el tribunal de la causa en fechas 8 y 15 de noviembre de 2011, cuestionados por la demandante, en apreciación de la Sala, deben ser considerados desde el punto de vista procesal como autos de mera sustanciación, por cuanto fueron proferidos para dar cumplimiento a los actos subsiguientes esenciales al procedimiento, a los fines de poder tramitar su continuación, pues con ellos se pretendió precisar cómo quedaba la nueva relación jurídico-procesal luego de los cambios surgidos con ocasión a los desistimientos que se produjeron durante el proceso -quiénes finalmente quedaron como demandantes y demandados-, así como la nueva oportunidad para contestar la demanda, lo cual estuvo acertadamente justificado, visto los trastornos procesales producidos a consecuencia de la serie de eventualidades surgidas en la causa, que si bien no debieron nominarse como “autos de admisión”, entiende la Sala que con ellos, lejos de perjudicar a las partes como lo sugiere el formalizante, se les garantizó por igual su derecho de defensa.

 

De modo que ha quedado demostrado para la Sala, que el juez a quo no impidió ni le disminuyó a las partes la posibilidad de ejercer los recursos que la ley le otorga en defensa de sus derechos, por consiguiente, la recurrida no violó derecho de defensa alguno, capaz de acarrear un desequilibrio entre las partes, como fue denunciado.

 

En virtud de los razonamientos antes expuestos, se declara improcedente la denuncia por subversión del trámite de las formas sustanciales del proceso. Así se establece.

IV

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la sentencia recurrida infringió los artículos 509 y 243, ordinal 4° eiusdem.

 

En efecto, el recurrente expresó mediante su escrito de formalización lo siguiente:

 

 

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil, denunciamos que la definitiva recurrida incurre en el vicio de inmotivación por falta de aplicación de los artículos 509 y 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, ya que dejó de analizar y juzgar la prueba instrumental de efectos legales especiales promovida por nuestros mandantes (cursante a los folios 133 al 138 de la pieza 27 del expediente de este juicio), consistente en el acta levantada por la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, Doctora Luisa Yolanda Vegas Montserrat, actuando como órgano de jurisdicción voluntaria en el acto que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2008, como si se tratara de una “asamblea de accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz”, donde hizo constar todo lo ocurrido en esa oportunidad con los efectos de presunción legal de certeza y de fe pública que a esa actuación notarial otorga la Ley de Registro Público y del Notario en sus artículos 69 y 74, numeral 14, así como el encabezamiento del artículo 1.395 del Código Civil y el artículo 1.397 eiusdem.

…Omissis…

…en ninguna parte del fallo se hace alusión analítica de dicha probanza, sino el simple señalamiento de “…que no constituye medio de prueba idónea que produzca efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libros de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos…”, lo que no satisface la exigencia legal de su análisis y juzgamiento expresamente exigido por el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y en el ordinal 4º del artículo 243 eiusdem. En efecto, como ha sentado la Sala, la adecuada labor de apreciación de la prueba comprende el análisis de su legalidad y contenido para poder fijar los hechos que ésta demuestre indicando el mérito probatorio que merece…

En efecto, al aludir a esta prueba la recurrida… en ninguna forma expresa las consideraciones particulares que dicha prueba merece como medio para acreditar un hecho, señalando a la vez los motivos por los que la tomó en cuenta o la desechó…

La infracción que se denuncia fue determinante en el dispositivo del fallo recurrido, ya que si se hubieren aplicado las normas delatadas y, por tanto, analizado y juzgado el acta… no hubiera sido posible proferir la sentencia definitiva recurrida dando validez a ese acto…”. (Negrillas, subrayado y cursivas del formalizante).

 

 

De la denuncia previamente transcrita, la Sala observa que en criterio del formalizante el juzgador de alzada incurrió en uno de los defectos de actividad previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, concretamente, en inmotivación por falta de aplicación de los artículos 509 y 243, ordinal 4° eiusdem, porque dejó de analizar y juzgar la prueba instrumental de efectos legales especiales promovida por la demandante, consistente en el acta levantada por la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, en el acto que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2008.

 

 

En ese sentido, manifiesta que la recurrida no hizo alusión analítica de la mencionada prueba, no obstante lo expresado al respecto no satisface la exigencia legal de su análisis y juzgamiento expresamente exigido por el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco expresa acerca de ella las consideraciones particulares que dicha prueba merece, como medio para acreditar un hecho ni los motivos por los que la tomó en cuenta o la desechó.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

En el caso que nos ocupa, el formalizante, en el marco de una denuncia de forma, fundamentada en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ofrece alegatos que en criterio de esta Sala corresponden con denuncias de infracción de ley y de casación sobre los hechos, como lo son la falta de aplicación de normas jurídicas, el silencio de pruebas y el error en la apreciación de la prueba, realizando una mezcla indebida de defectos de forma y de fondo, lo que lleva a esta Sala a determinar, que el recurrente no observó los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Máxime cuando delata la falsa aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, como defecto de actividad, no siendo ésta norma la que regula la estructura formal del fallo, sino la labor de juzgamiento del sentenciador en la resolución de la controversia, en cuyo examen le impone examinar y juzgar toda prueba producida en el juicio.

En ese sentido conviene mencionar que respecto a la inmotivación del fallo, la Sala ha establecido que se trata de un error formal atinente a la decisión y que el mismo parte de la verificación objetiva acerca de la existencia o inexistencia de las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. (Vid. Sentencia Nº 199, de fecha 2 de mayo de 2013, caso: Tecnología GSM de Venezuela, C.A. contra Fritz Almacenes Generales, S.A. y otras).

 

En ese orden de ideas, respecto a la técnica necesaria para interponer el recurso de casación, la Sala, mediante sentencia Nº 266, de fecha 29 de mayo de 2013, caso: Elba Torres Cabello contra Mary Estrella Navas de Acosta, criterio que ratifica el fallo Nº 657, del 15 de octubre de 2012, caso: Bertha Pinto de Bastardo, contra Karin Jorge Kalaja Karakoc, estableció lo siguiente:  

 

“…En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas…”.

 

 

De las citas precedentemente expuestas se desprende, que para formular una denuncia se deben encontrar satisfechas las exigencias previstas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, lo cual pasa por utilizar una adecuada calificación jurídica junto a argumentos que guarden una pertinente relación entre el error delatado y la infracción presuntamente cometida por la sentencia recurrida, carga esta propia del formalizante.

 

                   En efecto, la Sala no puede suplir la omisión de las reglas de una correcta formalización y la técnica mínima que debe observar el recurrente en casación, pues, si bien es cierto que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha atemperado la rigidez del cumplimiento de los extremos legales que exige el Código de Procedimiento Civil respecto de la formalización del recurso de casación, ello no significa que tal flexibilización llegue al punto de suprimir por completo la técnica jurídica requerida al respecto, supliendo esta Sala la debida representación y defensa que corresponde ejercer al formalizante.

 

 

En atención a los criterios de la Sala antes referidos, se evidencia que el formalizante no observó su obligación de cumplir con la técnica requerida para recurrir ante esta sede casacional, requisito que constituye el presupuesto para poder controlar mediante la correspondiente delación, la legalidad de lo decidido, pues aunque su denuncia la hace en el marco de una delación de forma, sus alegatos son propios de varias denuncias por error de juzgamiento, mezclados todos ellos, lo que la hace incomprensible e impide así a la Sala entrar a conocerla y darle respuesta a la misma, por carecer de una adecuada fundamentación.

 

En consecuencia, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 509 y 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

Al amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la decisión recurrida se encuentra viciada por falta de aplicación de los artículos 69 y 75 numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado, así como de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil, y por conexión directa del artículo 12 del mencionado Código Civil, conforme a los siguientes alegatos:

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, delatamos la infracción por la definitiva recurrida de los artículos  69 y 75, numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado y de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil, por falta de aplicación y, por conexión directa, del artículo 12 del Código Civil, pues… al referirse a la prueba instrumental de efectos legales especiales promovida por nuestros mandantes (cursante a los folios 133 al 138 de la pieza 27 del expediente de este juicio), no aplicó ninguna de esas disposiciones en el análisis y juzgamiento del acta que levantó… la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto… en el acto que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2008 a manera de “asamblea de accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz”, donde hizo constar todo lo que en efecto allí ocurrió con los efectos de presunción legal de certeza y de fe pública que le atribuye la Ley de Registro Público y del Notariado en sus artículos 69 y 75, numerales 12 y 14, así como el encabezamiento del artículo 1.395 del Código Civil y el artículo 1.397 eiusdem.

…Omissis…

En efecto, en ninguna parte del fallo se hace mención de los artículos 69 y 75, numerales 12 y 14, de la Ley de Registro Público y del Notariado, ni de los artículos 1.395 y 1.397 del Código Civil o de sus efectos en este juicio, ni de los efectos de presunción legal de certeza y de fe pública que le atribuyen esas normas legales al acta… y menos de la dispensa legal de toda prueba que tienen nuestros representados en su favor por mandato del artículo 1.397 del Código Civil, pues sólo hubo el simple señalamiento de que “…no constituye medio de prueba idónea que produzcan efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libro de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos…”…”. (Negrillas, subrayado y cursivas del formalizante).

 

 

                   Como puede observarse de los argumentos que les sirven de apoyo a la denuncia transcrita precedentemente, el recurrente alega que el juzgador de alzada no aplicó los artículos  69 y 75, numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado y de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil, en su análisis y juzgamiento de la “prueba instrumental de efectos legales especiales”, constituida por el acta que levantó la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, en el acto que tuvo lugar el día 13 de octubre de 2008 a manera de “asamblea de accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz”, promovida por la parte demandante, donde se hizo constar todo lo que allí ocurrió.

 

 

                   Asimismo considera el formalizante, que el juez de alzada no mencionó los efectos de dichas normas jurídicas en el juicio, ni los efectos de presunción legal de certeza y de fe pública que ellas le atribuyen a la prenombrada acta, así como tampoco, lo hizo acerca de “…la dispensa legal de toda prueba…” que tienen los demandantes en su favor por mandato del artículo 1.397 del Código Civil, pues al respecto  sólo señaló que “…no constituye medio de prueba idónea que produzcan efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libros de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

El ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé como uno de los casos de declaratoria con lugar del recurso de casación, por errores de juzgamiento, la falta de aplicación de normas jurídicas cometida por el sentenciador al dictar su decisión, la cual, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, debe ser determinante en el dispositivo del fallo, a los fines de que prospere.

 

En efecto, si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aun cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aun cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la transgresión directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente aporta la solución y que el juez no aplicó.

 

 

 

Asimismo, mediante el desarrollo jurisprudencial, el supuesto de falta de aplicación, se ha extendido a aquellos casos en los cuales el juez no aplica una norma jurídica que el recurrente considere como determinante en la resolución de la controversia y más favorable a sus intereses, lo que también puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad. (Ver fallo Nº 199, de fecha 2 de abril de 2014, caso: Franklin René Gutiérrez Andradez contra C.A. de Seguros La Occidental).

 

Por otra parte, considerando que el vicio denunciado versa sobre los artículos 69 y 75, numerales 12 y 14, de la Ley de Registro Público y del Notariado, y los artículos 1.395 y 1.397 del Código Civil, señalados como no aplicados en el fallo recurrido, pasa esta Sala a examinar su contenido.

 

 

Dispone el artículo 69 de la Ley de Registro Público y del Notariado, lo siguiente:

“Los notarios o notarias son funcionarios o funcionarias del Servicio Autónomo de Registros y Notarías que tienen la potestad de dar fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o a través de medios electrónicos, indicando en este último caso los instrumentos mediante los cuales le otorga presunción de certeza al acto”. (Negrillas de la Sala).

 

 

El artículo previamente transcrito establece de manera expresa la competencia de los Notarios (as) para dar fe pública y dejar constancia en sus asientos de un hecho o acto ocurrido en su presencia, por solicitud de la parte interesada, información que luego puede ser del acceso de cualquier persona.

 

Asimismo, el artículo 75 de la Ley de Registro Público y del Notariado, en sus numerales 12 y 14  dispone:

 

“Artículo 75. Los notarios o notarias son competentes, en el ámbito de su jurisdicción, para dar fe pública de todos los actos, hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:

…Omissis…

12.  Constancias de cualquier hecho o acto a través de inspección extrajudicial.

…Omissis…

14. Celebración de asambleas, reuniones o manifestaciones, dejando las constancias personales, gráficas y sonoras del caso…”.

 

 

Conforme a la norma anteriormente citada, en ella se prevé el ámbito territorial de competencia que tienen los funcionarios que integran el sistema notarial para que en ejercicio de sus atribuciones otorguen fe pública sobre los hechos, sucesos o situaciones que le consten u ocurran en su presencia, y concretamente, en las constancias de hechos o actos que se revelen mediante una inspección extrajudicial, así como en la celebración de asambleas, reuniones o manifestaciones, con el deber además  sobre estas últimas, de dejar constancia personal, grafica y sonora del caso.

 

 

Por su parte, el artículo 1.395 del Código Civil, establece lo siguiente:

 

“La presunción legal es la que una disposición especial de la ley atribuye a ciertos actos o a ciertos hechos.

Tales son:

1º Los actos que la ley declara nulos sin atender más que a su cualidad, como hechos en fraude de sus disposiciones.

2º Los casos en que la ley declara que la propiedad o la liberación resultan de algunas circunstancias determinadas.

3º La autoridad que da la ley a la cosa juzgada.

La autoridad de la cosa juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa demandada sea la misma; que la nueva demanda esté fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que éstas vengan al juicio con el mismo carácter que en el anterior”.

 

 

El artículo anterior establece el concepto de lo que debe entenderse por presunción legal. En efecto, estas presunciones tienen su origen en la ley, de donde deriva que no se puede concebir jurídicamente la existencia de las mismas sin una norma legal que las prescriba. Distintas son las presunciones humanas o de hecho, que las puede formular el juez o cualquiera de las partes, sin necesidad de que ellas estén estatuidas en un dispositivo legal.

 

Asimismo, dicha norma identifica cada uno de los hechos o actos concretos en los cuales existe una presunción legal.

 

El artículo 1.397 del Código Civil, dispone que “La presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene en su favor”.

 

La norma jurídica anterior, supone la dispensa de probar a quien tiene en su favor la presunción, por medio de la cual se da por cierto lo dudoso y por seguro lo probable, pero ello no está referido a cualquier presunción, sino a las que se encuentran establecidas expresamente en la ley.

 

 

Realizadas las anteriores consideraciones, la Sala, a los efectos de verificar la existencia del mencionado vicio, a continuación transcribe parte de la decisión recurrida, la cual, sobre el punto bajo análisis el juzgador de alzada se limitó a expresar  lo siguiente:

 

“…MOTIVOS DE HECHOS Y DERECHO DE LA DECISIÓN

Corresponde a este tribunal asociado, analizar las actas procesales para determinar si el tribunal de primera instancia se ajustó o no a derecho al emitir su pronunciamiento.

PRUEBAS PROMOVIDAS EN AUTOS

Pruebas de la parte actora

Promovió y hace valer en todos sus efectos sustantivos y procesales las pruebas para demostrar las afirmaciones de hecho en que se fundamentan las pretensiones de sus mandantes, promueve:

…Omissis…

3) Prueba Instrumental de efectos legales especiales, con fundamento a lo dispuesto en el Capítulo V, Título II, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil y en la Sección I, Capítulo V, Título III, Libro Tercero del Código Civil; referida a hechos y circunstancias acaecidos el día de celebración de la asamblea extraordinaria de la sociedad mercantil Clínica Acosta Ortiz, de fecha 13 de octubre de 2008, reseñados en ocasión del traslado efectuado por la Notaria Pública de Barquisimeto Municipio Iribarren, al sitio donde se efectuaba la asamblea, la cual no constituye medio de prueba idónea que produzcan efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libros de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos. Así se establece…”. (Negrillas y mayúsculas del fallo recurrido y subrayado de la Sala).

 

 

En el caso de estudio, la Sala observa que la “prueba instrumental de efectos legales especiales”, sobre la cual afirma el formalizante que la recurrida no aplicó varias normas jurídicas en su análisis y juzgamiento, trata, tal como lo refiere la sentencia impugnada, sobre un acta levantada por la Notaria Pública Cuarta de Barquisimeto, en ocasión de su traslado al acto que tuvo lugar en fecha 13 de octubre de 2008, en atención a la convocatoria efectuada para celebrar la “asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz”, denominada por la Notaría como “inspección judicial”, en la cual se hizo constar lo allí ocurrido.

 

Al respecto conviene mencionar lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente:

 

“Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado”. (Negrillas de la Sala).

Sobre el particular, la Sala ha sostenido que el documento público o auténtico, está referido a su contenido, vale decir, el texto del documento que ha sido autorizado con las solemnidades legales por el funcionario competente, “autorizado” significa, que es el funcionario quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay duda de su autoría y de su validez. (Ver sentencia Nº 668, de fecha 5 de diciembre de 2011, caso: Promociones Olimpo, C.A., contra C.N.A. de Seguros La Previsora, que reitera el criterio del fallo Nº 474 de fecha 26 de mayo de 2004, caso José Enrique León Salvatierra, contra la ciudadana Marisol Valbuena).

 

 

Con fundamento en los precedentes jurídicos expresados, la Sala considera que la aludida “prueba instrumental de efectos legales especiales”, constituye un instrumento público, y como tal, de conformidad con los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, gozan de certeza y de fe pública los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído contenidos en dicho documento, de lo cual hace plena fe, tanto entre las partes como respecto de terceros, y su autoría y contenido sólo podrán ser discutidos por vía de tacha de falsedad.

 

Ahora bien, de una detenida lectura efectuada por la Sala al fallo recurrido, se pudo evidenciar que el juzgador de alzada, si bien en el análisis y juzgamiento que efectuó de la “prueba instrumental de efectos legales especiales”, no hizo mención expresa de que lo resolvería con fundamento en los artículos  69 y 75, numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado y de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil, se constató que tampoco hizo señalamiento alguno contra la autoría o la validez de la prueba en cuestión, ni puede decirse que objetó la certeza y la fe pública de dicho instrumento o de su contenido para descartarla, pues de ese modo sí sería advertido como una falta de aplicación de las normas jurídicas delatadas como infringidas por el formalizante, por cuanto al tratarse de un instrumento público, produce plena prueba de lo que ella contenga y por tanto, el juez en este caso no tiene libertad de apreciación, sino que le debe atribuir el valor o eficacia que indica la ley. En todo caso, en lo que éste sí tiene libertad, es para determinar si ella es o no idónea para probar un determinado hecho, y fue lo que hizo en su decisión.

 

En efecto, el hecho de que el juez de alzada haya considerado que esa “prueba instrumental de efectos legales especiales” “…no constituye medio de prueba idónea que produzcan efectos jurídicos, sino que es aquella acta de asamblea llevada en los libros de comercio de la compañía debidamente registrada la que produce dichos efectos…”, no significa haber faltado en la aplicación de los artículos  69 y 75, numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado y de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil, pues, el solo fundamento de que ese tipo de pruebas sea un instrumento público, y que como tal tiene certeza de fe pública, no la hace idónea para probar cualquier tipo de hecho. Toda vez que, la idoneidad de un medio probatorio no se determina por sus aspectos formales o por su constitución, sino por la capacidad de éste de reflejar los hechos que pretenden demostrarse en el juicio, en el que exista una relación lógica y jurídica entre el medio y el hecho por probar.

 

Ello en todo caso lo que revela, es que el formalizante confunde la valoración de la prueba con la idoneidad y naturaleza de la misma.

 

Lo expuesto permite a la Sala establecer, que el juez superior en su función de juzgamiento de esta causa, no vició la sentencia por falta de aplicación de los artículos  69 y 75, numeral 14 de la Ley de Registro Público y del Notariado y de los artículos 1.395 y 1.396 del Código Civil. Así se establece.

 

 

Así, que si lo que pretendía el formalizante era impugnar el contenido de la referida acta de fecha 13 de octubre de 2008, ha debido hacerlo en su oportunidad mediante el procedimiento de tacha de falsedad, o si su intención era atacar la eficacia o valoración de dicha prueba, debió efectuarlo en este Alto Tribunal, a través de una denuncia respecto de las normas jurídicas pertinentes, lo cual no ocurrió.

 

Por las razones antes expuestas, se declara improcedente la denuncia de falta de aplicación de normas jurídicas. Así se establece.

II

 

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la sentencia recurrida está viciada de falta de aplicación del artículo 246 “parte final” del mencionado Código Adjetivo, “…en conexión directa con los artículos 21, 22 y 23…” de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

 

En efecto, el recurrente para fundamentar su delación afirma lo siguiente:

 

“…INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 246, PARTE FINAL, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO   CIVIL    EN    CONEXIÓN    DIRECTA    CON    LOS ARTÍCULOS 21,  22  Y 23 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

De conformidad con el artículo 313 ordinal 2o del Código de Procedimiento Civil denunciamos la infracción por la sentencia definitiva recurrida del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, parte final, por falta de aplicación.

…Omissis…

En el presente caso se advierte que, no obstante los requerimientos del juez asociado, Doctor Alberto Hildebrando Riera Lameda, referidos en su diligencia de fecha 21 de noviembre de 2013 (folio 269 de la pieza 29) y en el voto salvado, así como de las diligencias y escritos de nuestros representados cursantes de los folios 256 al 273 de la misma pieza 29 del expediente se soslayaron las exigencias de absoluto orden publico contenidas en las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial supra referidas.

En este orden de ideas, resulta pertinente insistir conforme a la expresado en la delación primera de este escrito, en que, la intención del legislador tanto para delimitar el derecho de las partes a solicitar la constitución del tribunal con asociados como para determinar el lapso que les asiste para la presentación de los informes y observaciones, y por ende las formas pautadas para la constitución del el (sic) órgano jurisdiccional, están sometidas en "grado sumo" a las formas pautadas al efecto cuya omisión y/o alteración determina en este caso la de nulidad de "non esse", vale decir de inexistencia radical de la sentencia proferida.

…Omissis…

Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, cumplimos  en especificar que las normas jurídicas que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia fueron, precisamente, los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial… cuya omisión y/o alteración determinó la inexistencia radical de la sentencia proferida, de tal manera que si se hubieren aplicado las referidas normas en su proceso de formación conforme a lo allí preceptuado, no habría dado lugar a esta delación por ser existente, legítima, y válida la recurrida.

Es claro, ciudadanos Magistrados, que la infracción delatada fue decisiva en el dispositivo de la sentencia recurrida, pues de haberse atenido la recurrida a los imperativos genéricos de su decisión no tendría razón…”. (Negrillas y mayúsculas del formalizante y subrayado de la Sala).

 

Como puede observarse de lo expuesto en la denuncia precedentemente transcrita, el recurrente alega que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de falta de aplicación de la “parte final” del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, toda vez que “se soslayaron” las exigencias contenidas en las referidas normas.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante al argumentar su denuncia, se limitó a realizar una exposición sobre los fundamentos de derecho sobre los cuales descansa la institución jurídica de los jueces con asociados y el deber de quienes ejercen tal función de cumplir con las normas que la regulan; sin embargo, no realizó una correcta fundamentación que explique satisfactoriamente lo que intenta evidenciar, pues no manifiesto cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la falta de aplicación de los mencionados artículos, no señaló en qué forma el juez de la recurrida “soslayó” dichas normas, ni expresó las razones para demostrar de qué manera se sustenta el acusado vicio, lo que en ninguna forma permite a la Sala verificar la certeza de lo delatado.

 

El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. (Negrillas de la Sala).

 

Sobre el particular, la Sala ha señalado que  constituye una carga del formalizante indicar expresamente cuál es la norma infringida, y el razonamiento que permita comprender cómo, cuándo y en qué sentido se produjo, esto es, si fue por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación, violación de máximas de experiencia, negativa de aplicación de una norma vigente, con indicación de los motivos expresados por el juez que estima erróneo, y las razones que demuestran su pretendida ilegalidad, así como las normas que el juez ha debido aplicar para resolver la controversia en los casos que ello proceda. (Ver entre otras sentencia Nº 457, de fecha  26 de octubre de 2010, caso: Briseida Linares Sequera de Marzullo y otro contra Hospital de Clínicas Caracas, C.A.) (Negrillas de la Sala).

 

Ahora bien, en el caso planteado como se evidencia de la transcripción de la denuncia, el formalizante no explica las razones que demuestren la aplicabilidad del artículo 246 “parte final” del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni aporta algún otro elemento de fundamentación que permita a esta Sala conocer cómo la recurrida pudo infringir las referidas normas que hagan anulable el fallo impugnado.

 

Asimismo, la Sala constató en la formalización bajo estudio, que tampoco se cumplió con el requisito de  demostrar que la supuesta falta de aplicación fue determinante en el dispositivo del fallo, pues no basta simplemente manifestar como lo hizo el formalizante, que “…de haberse atenido la recurrida a los imperativos genéricos de su decisión no tendría razón…”, lo cual se reduce a expresiones vacías que no aportan nada, un “no porque no”, lo que tampoco contribuye a que esta Sala logre entender lo que pretende el formalizante e impide el conocimiento de           sus planteamientos, evidenciando así una vez más el incumplimiento de la técnica establecida por la jurisprudencia reiterada y pacífica de este Supremo Tribunal, en los términos exigidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

 

 Por tanto, en aplicación de los criterios jurisprudenciales precedentemente transcritos al caso sub iudice, esta Sala estima que la presente denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues si bien es cierto que a la luz de los nuevos postulados constitucionales, la tendencia ha sido flexibilizar la rigurosidad que había mantenido la doctrina de casación respecto al estricto cumplimiento que prevé dicha norma en la fundamentación del escrito de formalización, es imperativo que del mismo se pueda inferir con claridad los motivos que dieron lugar a la infracción delatada, pues la Sala no puede suponer en qué sentido dirige el formalizante su denuncia, ni tampoco suplir la debida fundamentación que se requiere. Así se establece.

 

En todo caso, lo concerniente a la infracción de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que plantea el formalizante, ya fue resuelto por la Sala en la denuncia de indefensión decidida en el Capítulo I, del recurso por defecto de actividad contra la definitiva y a ella remite este Alto Tribunal, dando por reproducidos tanto la motivación como la decisión adoptada en esa oportunidad.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala desestima la denuncia por carecer de una adecuada fundamentación. Así se establece.

 

III

 

En el marco de lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la recurrida incurrió en falta de aplicación del acápite segundo del artículo 1.101 del Código de Comercio, fundamentando su delación de la siguiente manera:

 

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 2o, del Código de Procedimiento Civil denunciamos la infracción por la sentencia definitiva recurrida del artículo 1.101 acápite segundo, del Código de Comercio por falta de aplicación, ya que habiendo estado citada debidamente la demandada desde el día 1º de julio de 2009, después de la reforma de la demanda, la recurrida ha debido estimar la integración del contradictorio a partir de dicho acto procesal y, en consecuencia, asumir la relación procesal plenamente establecida desechando la traída a los autos de hechos posteriores para interrumpir el curso de la causa.

…Omissis…

Es claro entonces ciudadanos Magistrados, que al asumir la recurrida la reformulación secuencial del proceso realizada por el a quo en el sentido de aceptar la realización de nuevas citaciones como consecuencia de la reforma de la demanda, violó por falta de aplicación del artículo 1.101 del Código de Comercio delatado. Tal vicio influyó notoria y notablemente en el dispositivo del fallo; pues, de otra manera, los demandados no hubieran podido referir en su contestación, aunque fuere de modo "írrito", un acontecimiento posterior.

Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, cumplimos en especificar que la norma jurídica que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia fue el artículo 1.101, acápite segundo, del Código de Comercio y el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, pues el tribunal de la recurrida actuando en sede mercantil, no podía asumir la interrupción de la causa y la reformulación del proceso permitida por el a quo en clara violación de lo dispuesto en esa norma procesal especial, cuyo principio rector es la celeridad…” (Subrayado del formalizante y negrillas de la Sala).

 

 

 

De la transcripción de la denuncia precedentemente expuesta se observa, que el recurrente alega que el sentenciador de alzada no aplicó el artículo 1.101 del Código de Comercio, por cuanto al haber quedado citada la demandada el 1° de julio de 2009, debió desechar “…la traída a los autos de hechos posteriores para interrumpir el curso de la causa…”.

 

En ese sentido señala el formalizante que la recurrida asumió “…la reformulación secuencial del proceso…” realizada por el juez a quo, al “…aceptar la realización de nuevas citaciones como consecuencia de la reforma de la demanda…”.

Para decidir, la Sala observa:

 

 

De la precedente transcripción parcial de la denuncia, se evidencia que el formalizante, en el marco de una denuncia de infracción de ley, fundamentado en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, presenta argumentos propios de una delación de forma.

 

En efecto, delata la infracción de una norma jurídica de carácter procesal, como lo es el artículo 1.101 del Código de Comercio, cuyo contenido regula la dinámica procesal después de la citación, al tiempo que cuestiona la actividad llevada a cabo por el juez, posterior a que la demandada quedó citada.

 

 

En ese orden de ideas, la Sala reitera los razonamientos expresados en la segunda denuncia de fondo ut supra resuelta, en relación con la técnica necesaria para formalizar el recurso de casación, en observancia de lo previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, cuyos preceptos obligan al recurrente a enmarcar las denuncias por defectos de actividad en los supuestos del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y en los casos de denuncia de falsa aplicación, falta de aplicación, errónea interpretación de la ley o violación de una máxima de experiencia, encuadrarlas en el ordinal 2º del mismo artículo.

 

 

Asimismo es requerido que las denuncias, en las cuales se apoye el recurso, se expongan de forma clara, concreta y separadamente los vicios de los cuales, en criterio del formalizante, adolece el fallo recurrido, de manera tal que esta Sala de Casación Civil no deba suponer o inferir los argumentos necesarios para declarar la procedencia o no de la denuncia formulada, pues la formalización del recurso extraordinario de casación, es carga procesal que la ley impone al recurrente. (Ver entre otras, sentencia Nº 534, de fecha 21 de noviembre de 2011, caso: Tze Shang Chen de Szetu y otros contra Eduardo Enrique Muñoz Monterroza).

 

 

En el caso que se analiza, es claro para la Sala que el formalizante mediante denuncia de falta de aplicación del artículo 1.101 del Código de Comercio, expresó fundamentos jurídicos disociados de este tipo de vicios, pues como se señaló, esa es una previsión legal que informa el procedimiento. Aunado a ello, mediante una redacción deficiente y una mezcla indebida de errores, también cuestionó actividades procesales realizadas por el juez de primera instancia luego de practicada la citación, lo que determina que el formalizante incumplió su carga de realizar una adecuada fundamentación, haciendo incomprensible la denuncia e impidiendo así a la Sala entrar a conocerla y darle respuesta a la misma.

 

Por tanto, si lo pretendido por el recurrente era atacar un posible defecto de actividad, ello ha debido fundamentarlo de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, con planteamientos acordes en ese sentido, lo cual no hizo.

 

 

En todo caso, la Sala advierte que el asunto aquí planteado por el formalizante ya fue resuelto en la primera denuncia de forma, en la que este Alto Tribunal determinó que el acta de fecha 13 de octubre de 2008, no fue incorporada como un hecho “extraño” al “thema decidendum”, sino que fue considerada dentro de los términos en que quedó planteada la controversia, toda vez que fue invocada en la oportunidad de contestar la demanda, motivo por el cual de cualquier manera la Sala considera irrelevante un nuevo examen al respecto. Así se establece.

 

En consecuencia, la Sala desestima la denuncia de falta de aplicación del artículo 1.101 del Código de Comercio planteada, por carecer de una adecuada fundamentación. Así se establece.

IV

 

 

Con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante que la recurrida infringió el artículo 3º eiusdem, por falta de aplicación, alegando lo que a continuación se transcribe:

 

 

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal segundo, del Código de Procedimiento Civil denunciamos la infracción por la recurrida del artículo 3° eiusdem por falta de aplicación, ya que, contra el tenor de dicha norma, incorporó a su decisión hechos posteriores a la presentación de la demanda.

Sin considerar en forma alguna los vicios intrínsecos del acto llamado "Asamblea de Accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz de 13 de octubre de 2008", como son: la falta de convocatoria por los administradores como lo manda el artículo 277 del Código de Comercio y la cláusula octava de los estatutos sociales, la  imposibilidad de haber sido ratificada como Asamblea de Accionistas el referido acto que tuvo lugar el 13 de octubre de 2008 por el acto de 18 de septiembre de 2007, precisamente declarado (sic) nulo por la propia recurrida, es decir considerando ratificado el "acto nulo" con un "acto inexistente", porque en el “acto nulo” fue designada la “comisión electoral” que nombró los administradores que convocaron el “acto inexistente”, y sin analizar y juzgar los vicios y fraudes e inconsistencias existentes respecto al número de accionistas y la representación accionaria que concurrió al acto de 13 de octubre de 2008 que hizo constar ese día en ese acto la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, dice la recurrida:

“…Siendo que los vicios de la Asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, son convalidables y de hecho fueron convalidados y ratificados por la asamblea celebrada el 13 de octubre de 2008, en base al criterio establecido por la Sala de Casación Civil, de fecha 6 de febrero de 2006, se debe tener como válida tal ratificación, la cual fue hecha como se señaló con la presencia del 80,81% del capital de la empresa, en consecuencia tienen plena validez los acuerdos alcanzados en la asamblea de fecha 18 de septiembre de 2007, por haber sido ratificados y ser producto de la voluntad de la mayoría y así se decide…”.

Por su parte, dice la norma infringida…

Ahora bien ciudadanos Magistrados, al decidir la recurrida en esa forma “olímpica”, desconoció el deber de circunscribirse a la realidad jurídica que le fue planteada en la demanda en la cual no se contempló, ni podía contemplarse por imposibilidad tempestiva la Asamblea de Accionistas del 13 de octubre de 2008, pues la misma solo adquirió existencia jurídica en la fecha de su registro, esto es el 11 de agosto de 2010.

En este orden de ideas –se reitera- el momento determinante para la conformación de la “litis” es el de la presentación de la demanda. Sobre estas sólidas premisas, conviene resaltar con nuestra mejor doctrina en que, desde el momento de la presentación de la demanda, la acción está deducida (“actio inchata”) (sic) con efectos “procesales” y “sustanciales”, aunque algunos de estos se consolidan con la notación o protocolización registral del libelo…

…Omissis…

Quedando pues, fuera del ámbito tempestivo de la relación procesal, los hechos posteriores, incluidos los “hechos regístrales” que “adversan” las asambleas societarias realizadas; razón por la cual no podía la mayoría sentenciadora incorporarlos a la decisión recurrida.

En este orden de ideas, cobra relieve la sentencia del TSJ-SCC de fecha del 16 de mayo del 2003, según la cual la "potestad de juzgamiento" ha de adecuarse a la situación táctica para el momento de la introducción de la demanda. De consiguiente, no puede el tribunal, como lo hizo la recurrida atenerse a "situaciones sobrevenidas"…

Es claro entonces ciudadanos Magistrados que al asumir la recurrida un hecho cuya existencia jurídica por exigencia registral, fue posterior a la presentación de la demanda, violó por falta de aplicación la norma delatada. Tal vicio influyó notoria y notablemente en el dispositivo del fallo; pues, de otra manera, los demandados no hubieran podido referir la Asamblea de Accionistas pretendidamente ratificatoria, en su contestación y consecuencialmente la recurrida no hubiera tenido elementos, aunque fueren "putativos", para declarar sin lugar la demanda propuesta por nuestros representados.

Entonces la falta de aplicación de la norma delatada fue decisiva para el dispositivo del fallo recurrido, ya que, si se hubiese tomado en cuenta no habría sido posible invocar "putativamente" la ratificación aducida en la motivación y decisión del fallo.

Conforme a lo dispuesto en el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, cumplimos en especificar que la norma jurídica que la recurrida debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia fue el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se habría determinado que la "litis" se conformó al producirse la citación de la demandada y, por tanto, no se habría considerado el acta levantada en el acto de 13 de octubre de 2008, registrada en el 11 de agosto de 2010…”.

 

 

Como puede apreciarse de los argumentos expresados por el formalizante, éste denuncia que la recurrida no aplicó el artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, en el fallo, toda vez que incorporó a su decisión hechos posteriores a la presentación de la demanda. En ese sentido señaló que la alzada asumió un hecho cuya existencia jurídica por exigencia registral, fue posterior a la presentación de la demanda -5 de mayo de 2009-, como lo fue el acto llamado "Asamblea de Accionistas de la Compañía Anónima Instituto Médico Quirúrgico Acosta Ortiz de 13 de octubre de 2008", “…la cual no… podía contemplarse por imposibilidad tempestiva… pues la misma sólo adquirió existencia jurídica en la fecha de su registro, esto es el 11 de agosto de 2010…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

Una vez más el formalizante, mediante una denuncia de falsa aplicación, pretende someter al conocimiento de esta Sala argumentos y fundamentos jurídicos distintos a este tipo de vicio.

En efecto, el recurrente señala la falta de aplicación del artículo 3° del Código de Procedimiento Civil, el cual establece lo siguiente:

 

 

“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.

 

 

 

Al respecto observa la Sala, que la mencionada norma tiene como finalidad establecer las bases por las cuales se determina la jurisdicción y la competencia, estableciendo al efecto, que las mismas se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tiene efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

 

En ese sentido, conviene recordar que para determinar la naturaleza de una norma legal debe precisarse cuál es la finalidad del acto que rige en el proceso, pues sus elementos jurídicos son los que orientan en su aplicación. Por tanto, si la norma está dispuesta para regular el desenvolvimiento normal del proceso, elementos esenciales de los actos, etapas, oportunidades, lapsos, recursos o requisitos subjetivos, se estará en presencia de una norma procesal; mientras que si la norma va encaminada a resolver el conflicto o dilucidar el derecho pretendido, será una norma de carácter sustantivo. (Ver entre otras, sentencia Nº 132, de fecha 1º de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti, S.A.V. y otra).

 

 

Lo anterior pone de manifiesto que la norma jurídica señalada por el formalizante como no aplicada por el juez de alzada, le indica al tribunal cómo determinar su jurisdicción o su competencia, por consiguiente, es una norma que gobierna actos del proceso. Por argumento en contrario, no es una norma aplicable para resolver la controversia de fondo planteada en la demanda, sino que se trata de una norma de naturaleza procesal.

 

De manera que, si la delación fue planteada con fundamento en el mencionado artículo legal, ello supone que hubo alguna inconformidad con la jurisdicción o la competencia determinada por el juez, y por tanto, correspondería hacer la denuncia de quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, por defecto de actividad, lo que evidentemente no ocurrió en este caso.

 

Por otra parte, delata el formalizante que “…al decidir la recurrida en esa forma… desconoció el deber de circunscribirse a la realidad jurídica que le fue planteada en la demanda en la cual no… podía contemplarse por imposibilidad tempestiva, la Asamblea de Accionistas del 13 de octubre de 2008, pues la misma sólo adquirió existencia jurídica en la fecha de su registro, esto es el 11 de agosto de 2010….” Por tanto, “…al asumir la recurrida un hecho cuya existencia jurídica por exigencia registral, fue posterior a la presentación de la demanda, violó por falta de aplicación la norma delatada…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Respecto al anterior señalamiento, es evidente que el formalizante denuncia que el juez de alzada estableció un hecho sin el debido soporte, constituido por la “Asamblea de Accionistas del 13 de octubre de 2008”, pues en su decir, ésta sólo adquirió existencia jurídica en la fecha de su registro, que ocurrió el 11 de agosto de 2010.

 

Lo que da cuenta de que el formalizante pretende delatar el vicio de suposición falsa, en un nuevo desatino respecto a la técnica que debe cumplir al fundamentar el recurso de casación.

 

De manera que, en el caso que nos ocupa, vemos como el formalizante en una confusa exposición de sus argumentos delata la falta de aplicación de normas jurídicas, vicio éste previsto en el ordinal 2° del artículo 313  del Código de Procedimiento Civil, pero presenta fundamentos que deben ser analizados mediante una denuncia por quebrantamiento u omisión a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313 eiusdem, al tiempo que plantea alegatos que corresponden al vicio de suposición falsa, todo lo cual constituye una mezcla indebida de denuncias, por defecto de actividad, infracción de ley y casación sobre los hechos, que hacen imposible su resolución.

 

Con base en las anteriores consideraciones y vista la semejanza existente entre esta denuncia y la segunda y tercera de fondo precedentemente resueltas, relativas al incumplimiento de las formalidades requeridas para interponer el recurso de casación, la Sala considera innecesario realizar nuevamente los razonamientos allí asentados, y por consiguiente, a fin de evitar repeticiones inútiles, da aquí por reproducidos y aplicados íntegramente la doctrina citada así como los fundamentos expuestos en aquellas, para desestimar por falta de técnica la presente delación. Así se establece.

 

En consecuencia, la Sala desestima la presente denuncia por inadecuada fundamentación, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

V

 

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la falsa aplicación del artículo 274 eiusdem, con base en la siguiente fundamentación:

 

“…nuestros representados fueron condenados en costas no habiendo sido vencidos totalmente en el proceso, pues el recurso de apelación que interpusieron contra la sentencia definitiva del a quo, circunscrito exclusivamente a la fijación de la cuantía en el presente juicio, fue declarado procedente (con lugar) por la recurrida…

…Omissis…

…Es claro entonces que este error de la recurrida al establecer la relación entre la ley y el hecho, desnaturalizó el verdadero sentido de la norma, desconociendo su significado y, por ello arribando a consecuencias jurídicas distintas a las perseguidas por la ley…”.

 

 

Como puede observarse de la transcripción anterior, plantea el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en falsa aplicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto condenó en costas a la parte demandante, aun cuando ésta no resultó totalmente vencida en la definitiva, pues el recurso de apelación ejercido contra la sentencia definitiva de primera instancia, circunscrito exclusivamente a la fijación de la cuantía del juicio, fue declarado procedente en la alzada.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

 

El supuesto de falsa aplicación tiene lugar cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en los autos y los previstos como supuesto de la norma jurídica que se aplica, es decir, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. (Ver, entre otras, la sentencia  Nº 068, de fecha 11 de febrero de 2014, caso: Juan Jesús Contreras Doreste contra Leonardo José Crespo Ponte, la cual reiteró el criterio asentado el 30 de noviembre de 2007, caso: Central Azucarero del Táchira C.A., contra Corporación Afianzadora de Venezuela C.A.).    

  

 

Ahora bien, considerando que el vicio denunciado versa sobre el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, señalado por el formalizante como infringido, pasa esta Sala a examinar su contenido:

 

“Artículo 274. A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas”.

 

La norma jurídica parcialmente transcrita ut supra, ordena que la condenatoria en costas debe ser impuesta a la parte que haya resultado totalmente vencida en el proceso o en la incidencia, esto significa que la declaratoria con o sin lugar de una demanda, conlleva a la aplicación de este artículo.

 

En ese sentido, cuando dicha norma hace mención de “la parte que fuere vencida totalmente en un proceso”, se refiere a la persona condenada en la sentencia definitiva, mediante una decisión que le ha resultado adversa en todas sus pretensiones, caso en el cual no admite que dicho fallo sea declarado parcialmente con lugar.

 

En el caso de haber apelación, habrá lugar a la condena en costas del proceso impuestas por la alzada, si ocurre lo mismo que en primera instancia, esto es, que haya habido un vencimiento total.

 

En refuerzo de lo anterior conviene mencionar lo que ha establecido la Sala sobre el particular. Así, mediante sentencia Nº 088, de fecha 19 de marzo de 2013, caso: Sarahy Maryorie y otro contra Ángela Rosa Contreras y otros, señaló que el concepto de vencimiento total debe encontrarse en el dispositivo del fallo y, concretamente en el examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente. Es decir, el vencimiento total no es afectado por el hecho de que alguno o algunos de los fundamentos o medios defensivos empleados por la parte que los opone hayan prosperado. Por tanto, el vencimiento total de alguna de las partes litigantes está dado por la declaratoria que se haga en el dispositivo sobre la demanda intentada, de tal manera que el demandante será la parte totalmente vencida si la demanda que intentó es declarada sin lugar en todas sus partes, y el demandado cuando la misma es declarada con lugar, por haber prosperado totalmente la demanda.

 

Dentro de esa perspectiva, si luego del examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente, el juez la declara con lugar, habrá vencimiento total y deberá condenar en costas de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

 

Por otra parte, es oportuno señalar en cuanto a la naturaleza jurídica de las costas, que la Sala ha establecido al respecto que ellas en primer lugar, constituyen un accesorio del fracaso absoluto, y en segundo lugar, determinan el resarcimiento de los costos y gastos efectuados en el juicio,  en tanto que, es deber del juez su declaratoria, sin necesidad de que se le exija, y sin posibilidad de exoneración una vez dado dicho supuesto, salvo en aquellos casos que determine la ley o la jurisprudencia.

En ese sentido, queda claro que la imposición de costas no forma parte del tema debatido por las partes en el juicio y su denuncia es sólo por infracción de ley, pues no persigue la modificación o revocatoria del mérito de la controversia, sino que estrictamente se centra en determinar la sanción procesal que debe afrontar el perdidoso respecto a sus gastos y los del adversario. (Ver sentencia Nº 018, de fecha 16 de enero de 2014, caso: Seguros Horizonte, C.A. contra BP Oil Venezuela Limited).

 

De modo que, partiendo de lo antes expresado, las costas son una condena accesoria impuesta por la ley; no forman parte de la pretensión deducida, no las precede una solicitud expresa de la parte, sino que es una consecuencia de derecho condicionada a que conste previamente si hubo o no vencimiento total de la parte. Lo que determina, que si la declaratoria del juez es con lugar, es porque hubo vencimiento total, por consiguiente, habrá de condenar en costas al vencido.

 

Ahora bien, a los fines de resolver el planteamiento formulado, la Sala considera necesario realizar una breve mención de los actos que particularmente están relacionados con esta controversia y que tuvieron lugar en forma cronológica de la siguiente manera:

 

En el capítulo noveno de la reforma de la demanda introducido el 11 de junio de 2009, folio 74 de la pieza 2 del expediente, puede apreciarse que la parte actora estimó el valor de la demanda por la cantidad de quinientos cincuenta mil bolívares (Bs. 550.000).

 

La parte demandada, en su escrito de contestación efectuada en fecha 8 de mayo de 2012, que cursa a los folios 87 al 114 de la pieza 27 del expediente, capítulo cuarto, negó, rechazó y contradijo la estimación de la demanda hecha por la parte actora y en el capítulo sexto del referido escrito, amplió las razones de esta impugnación, considerándola grosera y desproporcionada por exagerada, arguyendo que en una acción declarativa no puede alegarse que el valor de la demanda sea equivalente al valor de la relación jurídica subyacente. En virtud de ello solicitó al tribunal de la causa que ajustase dicho valor a la cantidad mínima necesaria.

 

 

Mediante sentencia definitiva, el tribunal de primera instancia, en razón de que el caso se trata de una pretensión declarativa y considerando que “…no existe elemento alguno en autos que haga presumir que la estimación hecha por la actora se compadece en forma alguna con cuanto ella ha pretendido…” determinó “…que corresponde al juez de la causa ordenar que la cuantía de la pretensión postulada asciende a la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000)…”.

 

En fecha 7 de diciembre de 2012, la parte demandada ejerció recurso de apelación contra la sentencia de mérito antes mencionada.

 

En fecha 12 de diciembre de 2012, la parte actora también ejerció recurso de apelación contra la mencionada sentencia de primera instancia, señalando que limitaba su apelación exclusivamente a lo decidido en el punto previo de la estimación de la cuantía de dicha sentencia, es decir, únicamente a la fijación que hace el tribunal en la sentencia del valor de la demanda acerca de “…que la cuantía de la pretensión postulada asciende a la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000)…” y a todas las motivaciones y razones por las cuales arriba a esa decisión puntal.

 

 

Por su parte, el juzgado superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, en un punto previo al conocimiento del fondo de la controversia, determinó que la cuantía no debía ser la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000), sino de quinientos cincuenta mil bolívares (Bs. 550.000), como lo estimó la parte demandante. En efecto, señaló lo siguiente:

 

“…De la estimación de la cuantía de la demanda hecha por la parta actora:

El tribunal a quo consideró que la cuantía en el presente juicio queda establecida en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000) decisión que fue apelada por la parte actora. Este superior, observa que en la reforma del libelo de demanda se estimó la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 550.000), ahora bien de conformidad con lo establecido en el artículo 38, segundo aparte del Código de Procedimiento Civil, este tribunal asociado considera que la cuantía en el presente juicio es la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 550.000) y no la suma de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000) debido a que la parte demandada además de impugnar la insuficiencia o exageración de la estimación de la parte actora ha debido proponer una nueva cuantía y no circunscribirse al alegato de que la presente es una pretensión de mera declaración, que no supone condena alguna en la actividad que con ocasión del fallo deben desplegar cualquiera de los litigantes, en consecuencia, es procedente la apelación realizada por la parte actora en dicho punto controvertido. Así se decide…”. (Mayúsculas y negrillas del fallo de alzada). (Folio 292 de la pieza 29 del expediente)

 

 

 

Finalmente, en el dispositivo del referido fallo, el juzgador de alzada declaró sin lugar la demanda, con lugar las apelaciones ejercidas por cada una de las partes, revocó la sentencia apelada y condenó en costas a la parte perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

Del recuento de actos expuestos se desprende, que la parte actora fijó la cuantía de la demanda en quinientos cincuenta mil bolívares (Bs. 550.000), no obstante ello fue objetado por la demandada en su contestación, considerándola “grosera y desproporcionada por exagerada”, sobre lo cual el juzgado de la causa, fijó un nuevo monto, determinando que la cuantía de la pretensión postulada quedaba establecida en la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000).

 

 Asimismo la Sala observa que la sentencia de alzada,  declaró “sin lugar la demanda” y condenó en costas a la parte perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, como correspondía de acuerdo con esa declaratoria, pues como se dejó ut supra asentado, las costas no forman parte de las pretensiones del demandante, lo que pone de manifiesto que el hecho de haber tenido éxito en el contradictorio que se produjo en relación con la cuantía de la demanda, no significa que haya resultado vencedor en alguna de las pretensiones demandadas.

 

 

En ese contexto, la Sala considera que en el caso que se analiza, la imposición de costas es procedente, pues tal como quedó demostrado, la parte actora resultó totalmente vencida.

 

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos ha quedado claro para la Sala que el juez de la recurrida no aplicó falsamente el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, conforme se dejó plenamente establecido en los criterios jurisprudenciales y legales ut supra citados, la demanda fue declarada “sin lugar” y condenó en costas a la demandante, conforme correspondía en estos casos. Así se establece.

 

Por los motivos que anteceden, al no haberse evidenciado la falsa aplicación de una norma jurídica, la Sala declara improcedente la denuncia del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

 

                   En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara.

 

 

                   Por haber resultado infructuoso el recurso formalizado, se condena al recurrente al pago de las costas derivadas de su interposición.           

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Distribución y Recepción de Documentos (U.R.D.D.) del área Civil de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Particípese la presente remisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los once (11) días del mes de agosto de  dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

_____________________________

AURIDES MERCEDES MORA    

 Magistrada,

 

 

 

______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

 

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

Exp. Nro. AA20-C-2014-000061

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretario,

 

 

 

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