Sentencia N.º RC.000552
- Sentencia
- N.º RC.000552
- Fecha
- 11/08/2014
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-050
- Ponente
- Yraima de Jesús Zapata Lara
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2014-000050
Magistrada Ponente: YRAIMA ZAPATA LARA
En la acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria, iniciada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Apure, por el ciudadano JOSÉ HENRY LÓPEZ CASTAÑEDA, representado judicialmente por los abogados Manuel Salvador Pérez Berdugo y Vicente Oskar Leone Martínez, contra los ciudadanos CARMEN AMELIA LEÓN DE RICO, ERNESTO LUÍS LEÓN, LIANDRA ANTONIA LEÓN, AMABIL JOSÉ LEÓN, JUAN AVELINO LEÓN y PEDRO CELESTINO LEÓN, en el carácter de hermanos de la ciudadana fallecida LILA MARGARITA LEÓN, representados judicialmente por los abogados Mario Madrigal Lizano y Marcela Coromoto García Meza; el Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, conociendo en apelación, dictó sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013, declarando sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada y confirmando la decisión de primera instancia que había declarado con lugar la acción mero declarativa de reconocimiento de unión concubinaria.
Contra la preindicada sentencia, la representación judicial de los codemandados anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, se designó ponente a la Magistrada que con tal carácter suscribe el presente fallo. Siendo la oportunidad para dictar sentencia, procede esta Sala a hacerlo en los siguientes términos:
CASACIÓN DE OFICIO
En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa, al debido proceso y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en decisión Nº 22, de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº 99-625, en el caso: de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional referido a que: el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia , establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución tiene la prerrogativa para extender su examen sin formalismos, cuando detecte infracciones de orden público y constitucionales que encontrare aun cuando no hayan sido denunciadas.
De manera reiterada, esta Sala de Casación Civil ha establecido que los actos procesales deben realizarse según las formas previstas en la ley procesal y en las leyes especiales, y sólo en caso excepcional, cuando dichas formas no estén previstas, podrá el juez establecer las que considere más idóneas. (Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil); las infracciones de aquellas normas que regulan la forma de efectuar los actos procesales, pueden traducirse en vicios, que siendo imputables al juez, pueden ocasionar a las partes transgresión de derechos constitucionales de vital importancia en el proceso, tales como el derecho a la defensa y al debido proceso.
En el caso bajo estudio, se presenta una demanda por reconocimiento de unión concubinaria, dirigida a los hermanos de la ciudadana fallecida Lila Margarita León. El Juez de Primera Instancia obvió la publicación del edicto a que hace referencia el artículo 507 del Código Civil. A lo largo del proceso, se incumplió con el referido requisito de publicación del edicto.
Dispone el artículo 507 del Código Civil, lo siguiente:
Art. 507: Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los registros respectivos, producirán los efectos siguientes:
( Omissis )
2 Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de la mencionada en el número anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquéllas; pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no intervinieron en el juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.
A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se publicará en un periódico en la localidad sede del Tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo. Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto. (Resaltado de la Sala).
La acción de reconocimiento de unión no matrimonial permanente, ha sido definida como de carácter mero declarativo, de acuerdo con la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, subsumible dentro de aquellos procedimientos contenidos en el ordinal 2°) del artículo 507 del Código Civil. Así lo ha señalado, entre otras, la decisión de la Sala Constitucional N° 1682, de fecha 15 de julio de 2005, expediente N° 04-3301, en la solicitud de interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela planteada por la ciudadana Carmela Mampieri Giuliani, en la cual se señaló lo siguiente:
En los casos en que se incoen acciones sucesorales o alimentarias, o contra terceros, sin que exista previamente una declaración judicial de la existencia del concubinato o la unión estable, la demanda requerirá que se declaren éstas previamente, por lo que en la misma deberá alegarse y probarse tal condición.
Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la unión, surtirá los efectos de las sentencias a que se refiere el ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, el cual se aplicará en toda su extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la sentencia, lo cual no está previsto y por lo tanto carece de procedimiento- en la Ley. (Resaltado de la Sala de Casación Civil).
Como ya se indicó, la recurrida ordenó la nulidad y reposición de la causa, al estado inmediatamente posterior al auto de admisión de demanda, a fin de la publicación del edicto a que hace referencia el ordinal 2°) del artículo 507 del Código Civil.
El artículo 507 del Código Civil, en su último párrafo, señala que Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto. (Resaltado de la Sala) (Mayúsculas, subrayado y negrillas de la Sala).
De la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que la acción merodeclarativa de reconocimiento de unión concubinaria se subsume dentro de los procedimientos contenidos en el artículo 507 del Código Civil, y la parte in fine de tal norma determina que es necesario el llamamiento mediante edicto, de toda aquella persona que pueda tener interés en las resultas del juicio, ello a fin de que puedan hacerse parte para que expongan sus alegatos, se decida sobre los mismos y en caso de ser necesario, dichos terceros puedan tener la oportunidad de ejercer contra dicho fallo, todos aquellos recursos que crean convenientes.
Es deber de los jueces proteger todos los actos procesales realizados en el juicio, resguardando los principios de economía y celeridad procesal, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de garantizar a las partes y a toda aquella persona que pudiera tener interés en hacerse parte en un determinado juicio, y para ello a veces es necesario la reposición de la causa -cuando haya quedado evidenciado que se causó una indefensión a las partes o a una de ellas, y la nulidad de ciertos actos procesales, pero esa nulidad debe alcanzar un fin útil, debe ser justificada, y los jueces deben ser más cuidadosos en ordenar tal reposición y consecuente nulidad, en aquellos procesos que se hayan tramitado en su totalidad.
En el caso bajo estudio, de una minuciosa revisión de las actas del expediente, queda evidenciado con la omisión del juez de la causa al no ordenar la publicación del edicto a que hace referencia el artículo 507 del Código Civil, destinado a que los terceros interesados puedan ocurrir al proceso a hacerse parte, y de esta forma, tener conocimiento oportuno del contenido de la demanda, que se les cercenó a tales terceros su derecho de participación en el juicio, violándose lo dispuesto en el citado artículo.
Por tal motivo, la presente decisión ordenará la nulidad y reposición de la causa al estado de publicación del referido edicto a que hace referencia el artículo 507 del Código Civil. Así se decide.
En cuanto a los términos de la nulidad y reposición de la causa, la Sala de Casación Civil ha atemperado el rigor de anular todo el proceso, siendo más flexible al reponerlo hasta segunda instancia, antes de la sentencia definitiva que resuelva la apelación, para determinar así la posible y eventual comparecencia de algún interesado en solicitar la nulidad y reposición de todo lo actuado. Así quedó determinado a partir de la decisión N° 170, de fecha 17 de abril de 2013, expediente N° 2012-000518, caso: Jackson Vladimir Carvajal Román contra Mayte Geraldine Alarcón Omaña, en la cual se modificó el criterio imperante, abandonándose la reposición al estado de nueva admisión de demanda, señalándose lo siguiente:
En razón de la subversión procesal ocurrida en la presente causa, esta Sala considera en aras de resguardar los principios de economía y celeridad procesal establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de proteger el derecho a la defensa de las partes y de aquellos terceros que pudieran tener interés directo y manifiesto en las resultas de la presente acción merodeclarativa de reconocimiento de unión concubinaria, y porque dicho juicio se tramitó en su totalidad, es necesario que esta Sala deba ordenar al juez de alzada que libre el correspondiente edicto a que se refiere el artículo 507 del Código Civil, en su parte in fine, pues esa falta de publicación del edicto afecta de manera directa el derecho a la defensa de esos terceros que pudieran tener interés de hacerse parte en la presente causa.
Con fuerza a las anteriores consideraciones, esta Sala considera procedente la presente denuncia de quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa, en consecuencia, ordena al juez de alzada que ordene el llamamiento de los terceros mediante edicto, tal y como lo establece el artículo 507 del Código Civil, en su parte in fine, y se declara la nulidad de la sentencia recurrida y de su ampliación. Así se establece.
De acuerdo con todo lo expresado, aplicando los criterios jurisprudenciales antes mencionados, al haberse quebrantado lo dispuesto en el artículo 507 del Código Civil, la Sala se ve obligada a decretar la nulidad y reposición de la causa a segunda instancia, al estado inmediatamente anterior a la sentencia recurrida, la cual queda anulada, para que el juez superior que resulte competente libre el correspondiente edicto a que se refiere el artículo 507 del Código Civil, en su parte in fine, y de esta forma evaluar, ante la eventual comparecencia de un tercero con interés en las resultas del juicio, la posible reposición de la causa al estado de admisión de la demanda para que asuma la causa desde el comienzo. Así se decide.
DECISIÓN
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013, emanada del Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas. En consecuencia, se declara la NULIDAD y REPOSICIÓN de la causa al estado inmediatamente anterior a la referida sentencia de segunda instancia, la cual queda anulada, para que así se ordene la publicación del edicto a que hace referencia el artículo 507 en su parte in fine del Código Civil, se llame a juicio a cualquier tercero interesado en las resultas del mismo, y en caso que no comparezca nadie, se pase a dictar la sentencia de mérito; pero si se diera la comparecencia de alguno de ellos y solicite la nulidad y reposición de la causa, se conceda la referida reposición al estado de admisión de la demanda.
Dada la índole de la decisión, no hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese. Remítase este expediente al tribunal superior, Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de agosto de dos mil catorce.
Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
________________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
___________________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
____________________________
AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada-Ponente,
_______________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
______________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2014-000050
Nota: publicada en su fecha a las
Secretario,
El Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, si bien comparte la casación de oficio declarada en el fallo que antecede por no haberse publicado el edicto a que se refiere el artículo 507 del Código Civil, en su parte in fine, difiere en cuanto a los términos de la nulidad y consecuente reposición acordadas, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, presenta el presente voto concurrente, con base en las siguientes consideraciones:
La mayoría sentenciadora casó de oficio la sentencia de fecha 4 de diciembre de 2013, emanada del Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, y en consecuencia, declaró la nulidad y reposición de la causa al estado inmediatamente anterior a la referida sentencia de segunda instancia, la cual queda anulada, para que así se ordene la publicación del edicto al que hace referencia el artículo 507 en su parte in fine del Código Civil, se llame a juicio a cualquier tercero interesado en las resultas del mismo, y en caso de que no comparezca nadie, se pase a dictar la sentencia de mérito; pero si se diera la comparecencia de alguno de ellos y solicite la nulidad y reposición de la causa, se conceda la referida reposición al estado de admisión de la demanda.
En mi opinión la sentencia de la mayoría es nula por condicional ya que supedita la reposición de la causa al estado de admisión a un acontecimiento futuro e incierto como lo es la comparecencia o no de terceros en segunda instancia que así lo soliciten, con lo cual el dispositivo pierde la positividad y precisión que deberían serle inherentes, por someter la propia decisión, ya en cuanto a las declaraciones del derecho de una u otra parte, ya en cuanto a su ejecutabilidad, a alguna modalidad dependiente de un hecho o circunstancia que es futura e incierta para dar existencia o perfeccionar el derecho declarado. (Véase al efecto fallo de esta Sala Nº RC-00611 de fecha 30 de septiembre de 2003, Expediente Nº 2002-494).
A mi juicio, no tiene ningún sentido que la causa se retrotraiga al estado inmediatamente anterior a la sentencia de segunda instancia y que sea en alzada que se cumpla con la formalidad de publicación del edicto, por cuanto, para ese momento, el juicio ya ha sido sentenciado en primera instancia, y por el principio de preclusión procesal- ya el destinatario de la norma (cualquier persona con interés directo y manifiesto) no tendría la posibilidad de poder realizar sus alegatos, promover y evacuar sus pruebas, en primera instancia, así como la de controlar y contradecir las de la demandante o del demandado, con lo cual es obvio que se les estaría cercenando sus derechos constitucionales a la doble instancia, defensa y debido proceso.
Siendo el acto (publicación del edicto) esencial a la validez de los actos subsiguientes, por mandato de lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, lo legalmente procedente es que la reposición ha de ordenarse al punto de partida de la nulidad, es decir, al estado en el que se cometió la falta y ocurrió el vicio que dio lugar a ella (admisión en primera instancia) y no al estado inmediatamente anterior a la publicación de la sentencia en segunda instancia, puesto que no se trata de un acto aislado del procedimiento (artículo 212 eiusdem).
Por tanto, considero que lo más ajustado a derecho hubiese sido que se retomara el criterio reiterado de esta Sala de Casación Civil, según el cual, la publicación del referido edicto constituye una formalidad esencial, de orden público, que debe cumplirse inexorablemente al inicio de este tipo de juicios (Vid. Entre otras, sentencia N° 419 del 12 de agosto de 2011, expediente N° 11-240, caso: Salvador Aranguren Odriozola c/ María Nieves Alonso Rodríguez, ratificada en sentencia N° 55 del 8 de febrero de 2012, expediente N° 11-437, caso: Ixora Marlene Gutiérrez Gotera c/ Luis Alfonso Rosales Vega), más aún cuando dicho criterio es el que acogió recientemente la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1630 del 19 de noviembre de 2013, expediente N° 13-420, caso: Zulay Josefina Viña, en la que se estableció:
No obstante, lo anterior, visto que se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en la referida norma civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que esta Sala Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público.
( omissis )
el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, al momento de la admisión de la demanda de declaración concubinaria, no publicó el edicto que contempla el referido artículo, donde se hiciera saber que se había propuesto la acción mero declarativa de concubinato, al cual hace especial referencia la sentencia dictada por esta Sala Constitucional antes transcrita parcialmente, en el que se llamará a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés directo y manifiesto en el asunto, sin lo cual no puede considerarse que hubiere iniciado el juicio en referencia, por lo que corresponde a esta Sala Constitucional, al ejercer la potestad de revisión, de oficio, anular, tanto el juicio de acción mero declarativa de concubinato como el de partición y liquidación de la comunidad concubinaria que se fundamentó en una sentencia que resulta nula e inexistente.
Por lo tanto, se repone la causa contentiva de la acción mero declarativa de concubinato al estado de la admisión y que se ordene el edicto en el cual se haga saber que se ha propuesto dicha acción, en aras del debido proceso, la seguridad jurídica, y la transparencia en los procesos, en acatamiento de la doctrina de esta Sala Constitucional, por lo que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa debe remitir el expediente contentivo de las actuaciones de dicho juicio, al Juzgado de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que tenga las funciones de distribución, por ser competente en virtud de estar involucrado los intereses de un niño, que para la fecha es adolescente. Así se decide (Resaltado y subrayado añadido).
Queda así expresado el voto concurrente del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidenta de la Sala,
_______________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado concurrente,
________________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
_______________________
AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
________________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
_____________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. N° AA20-C-2014-000050
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