Venley

Sentencia N.º RC.000555

Sentencia
N.º RC.000555
Fecha
23/11/2011
Sala
Casación Civil
Expediente
11-265
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2011-000265

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio por reivindicación, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, por la ciudadana MARGARITA DEL CARMEN VILAR GENDE, representada judicialmente por el ciudadano abogado en libre ejercicio de su profesión Joao Henríques Da Fonseca, contra la ciudadana REINA ISABEL URBINA DELGADO, patrocinada judicialmente por la ciudadana abogada designada como defensor ad-litem Trina Meza Ling, y posteriormente por las ciudadanas abogadas en libre ejercicio de su profesión Lourdes Josefina Contreras y Sonia Fernándes; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en fecha 3 de marzo de 2011, dictó sentencia definitiva, declarando sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, confirmando la sentencia del a-quo, que declaró sin lugar la demanda reivindicatoria, y condenó al pago de las costas procesales a la demandante.

Contra la antes citada sentencia la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-ÚNICA-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa.

 

Expresa el formalizante:

“...De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243 ejusdem, por el vicio de incongruencia negativa “al no haber pronunciamiento alguno sobre el escrito de informes y los alegatos en el contenidos (...) con el fin de lograr que esa Elustre (sic) Sala descienda a conocer la referida situación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 313, en concordancia con el artículo 320 y 12 del Código de Procedimiento Civil, procedemos en este acto a denunciar que la recurrida (...) está evidentemente afectada del vicio de impropia exhaustividad al haber incurrido en incongruencia omisiva (...) ya que cuando formalizamos ante ella nuestro recurso de apelación en nuestro escrito de informes, alegamos los vicios cometidos en la sentencia dictada en Primera Instancia en ese sentido denunciamos que en Primera Instancia alegamos que la demandada poseía sin ningún título para ello, el inmueble propiedad de la actora, al haber dado en alquiler parte de dicho inmueble que ocupaba (...) en cuyos informes solicitamos la evacuación de una inspección judicial que debía practicarse en el inmueble litigioso, para así acreditar que había plena identidad (...) prueba de inspección que no se realizó por la omisión denunciada y omitida por el juez de la recurrida (...) (Subrayado del formalizante).

        

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante le imputa a la recurrida la violación de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa sobre los alegatos contenidos en el escrito de informes ante la alzada.

         Seguidamente señala que de conformidad con el “...numeral 2° del artículo 313, en concordancia con el artículo 320 y 12 del Código de Procedimiento Civil...”, denuncia el “...vicio de impropia exhaustividad al haber incurrido en incongruencia omisiva...”, de los alegatos formulados en referencia a los vicios contenidos en la sentencia dictada en primera instancia, y que en dichos informes solicitaron la evacuación de una inspección judicial, para probar la identidad en este caso.

 

         Al respecto de lo antes expuesto, esta Sala considera oportuno señalar, que la entremezcla de denuncias de vicios de actividad con infracción de ley, hace que sea improcedente la presente delación por falta de técnica, pues se utilizó para una misma denuncia, los vicios indicados en los ordinales 1° y 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuestión que no es permitida, ya que tal modo de formalización es contrario a la técnica casacional y que como es sabido, “es una carga impuesta al recurrente, que de ser incumplida por éste, no puede ser asumida por la Sala.”

 

Lo que determinaría palmariamente que la presente denuncia deba ser desechada por falta de técnica grave.

 

Ahora bien, en aplicación a los postulados constitucionales que señalan que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”, que “el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”, que “el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas”, que “toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública”, que “el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, y que “no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”, consagrados en los artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala extremando sus funciones jurisdiccionales, en torno al alegato de incongruencia negativa observa, que está referido a la falta de pronunciamiento sobre los supuestos vicios de la sentencia apelada de primera instancia y sobre la falta de pronunciamiento en torno a la solicitud de una inspección judicial hechos en los informes ante la alzada.

 

Cabe señalar, que la congruencia es un requisito indispensable para que la sentencia pueda cumplir a cabalidad con el principio de exhaustividad que le es inherente y según el cual el juzgador debe resolver sobre todo lo alegado y probado en autos y así dar cumplimiento a la exigencia legislativa contemplada en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y al mismo tiempo satisfacer el antiguo adagio Latino, que reza: Justa alegata et probata judex judicre debet, y solamente sobre todo lo alegado. Es en esa forma como debe sentenciar el juez para que su decisión no infrinja la preceptiva legal ex artículo 243 ordinal 5º de la ley adjetiva civil.

 

En tal sentido, en torno al primer motivo ya señalado, se deja claro que los vicios de la sentencia de primera instancia no trascienden a la sentencia de alzada, y que la sentencia impugnada debe ser sólo la de alzada, por lo cual, el hecho de que el juez de alzada no se pronuncie sobre los supuestos vicios de la sentencia de primera instancia, en nada afecta al recurrente, el cual debe combatir con su formalización las razones de la sentencia de alzada que sustituyó en su totalidad a la de primera instancia.

 

         Al respecto esta Sala, ad exemplum señala su decisión N° RC-848 del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: ANTONIO ARENAS y otra, en representación de sus hijas fallecidas DANYALI DEL VALLE, YUMEY COROMOTO y ROSÁNGELA ARENAS RENGIFO, contra SERVIQUIM C.A. y SEGUROS MERCANTIL C.A., que dispuso lo siguiente:

 

 “...De los fallos antes citados se desprende claramente, que es improcedente la denuncia de incongruencia negativa, por la falta de resolución de los alegatos esgrimidos en los informes ante el Juez de Alzada, cuando se refieren a la falta de pronunciamiento en torno a los alegatos de nulidad de la sentencia de Primera Instancia, por contener los vicios de forma a que se contraen los artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Dado que de conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Sentenciador Superior revisar la sentencia apelada y decretar la existencia de los vicios previstos en el artículo 244 eiusdem, que las partes hubiesen hecho valer mediante la apelación. Asimismo, establece que la declaratoria del vicio de forma no será motivo de reposición de la causa, sino que el Juez de Alzada debe resolver el fondo del litigio.

 

En interpretación y aplicación de esta norma, la Sala ha indicado reiteradamente que si la parte hace valer la nulidad de la sentencia de Primera Instancia mediante la apelación y el Juez de Alzada no se pronuncia sobre ello, ese defecto de actividad no puede trascender a la Casación, porque dicho precepto legal determina que los posibles vicios de la decisión apelada no serán examinados por la Casación y de persistir éstos en la sentencia del Tribunal de Alzada, se debe denunciar la infracción del correspondiente ordinal del artículo 243 o la infracción del artículo 244, ambos del Código de Procedimiento Civil, como vicio formal de la sentencia del Superior, y no respecto del examen de la decisión de Primera Instancia.”

 

De igual forma se observa, conforme a la jurisprudencia antes transcrita, que el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, en torno a los alegatos articulados en el escrito de informes ante el juez de alzada, sólo se configura cuando éste no se pronuncie sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, más no si se alega la falta de pronunciamiento en torno al alegado de nulidad de la sentencia apelada.

 

Por lo cual, es improcedente el alegato de incongruencia negativa por falta de pronunciamiento en torno a la solicitud de evacuación de una inspección judicial, dado que dicha prueba no es admisible en segunda instancia y no es la prueba idónea para determinar la identidad, la cual sería la prueba de experticia, aunado al hecho, de que para la evacuación de dicha prueba las partes contaron el lapso de promoción y evacuación de pruebas, de igual forma también es improcedente dicho señalamiento, pues no se refiere a los hechos sino por el contrario al establecimiento de las pruebas, lo cual debe ser denunciado conforme a las reglas de casación sobre los hechos, en el establecimiento de las pruebas a juicio.

 

Al respecto también cabe aclarar, que el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes, siempre y cuando en estos sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación y la prescripción opuesta en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, y otros similares, que de acuerdo a jurisprudencia reiterada está en el deber el juez de resolver en forma expresa, positiva y precisa, más no, si se alega la falta de pronunciamiento en torno al alegado de nulidad de la sentencia apelada o la falta de pronunciamiento en torno a un alegato inherente a la reposición de la causa, que debe ser formulado como vicio de reposición preterida o no decretada, según sea el caso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 del 20 de diciembre de 2006, expediente N° 2006-067, caso: JULIO GERMÁN BETANCOURT contra MARYELA CECILIA COTE y otros, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

 

Lo que determina, que en modo alguno puede ser extendido el requisito de congruencia, respecto de los alegatos articulados en los informes ante la alzada, a situaciones expresamente previstas como motivos específicos del recurso extraordinario de casación.

 

Asimismo, resulta oportuno reiterar y precisar que la regla contenida en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con la cual, terminada la contestación o precluido el plazo para realizarla, no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos, ni la contestación a la demanda, ni la reconvención, ni la cita de terceros a la causa, se refiere a los hechos relativos al fondo de la controversia, pues en relación con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación, al ser alegados deben ser resueltos, pues de lo contrario la sentencia producida no puede tenerse como una decisión expresa, positiva y precisa dictada con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, más aún cuando se aleguen cuestiones perentorias y determinantes en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° 32 del 16 de febrero de 2001, expediente N° 2000-145, caso: MIRTA MARÍA RIERA DE BARRIOS contra JESÚS GERARDO BARRIOS RIVAS).

 

Por estas razones, la Sala desestima esta única denuncia actividad, por supuesta infracción de los artículos 243 ordinal 5º y 12 del Código de Procedimiento Civil, al no verificarse el vicio de incongruencia negativa delatado. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por silencio de pruebas.

 

Señala el formalizante:

“Vicio de Silencio (sic) de Prueba: (sic) De conformidad con lo previsto en el Ordinal (sic) 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la violación de los artículos 12 y 509 ejusdem, (sic) por falta de aplicación porque la recurrida después de transcribir las confesiones espontáneas contenidas en la contestación de la demanda y en los informes de la parte demandada cursantes a los folios 217 y 218 de la sentencia, pues el vicio de falta de valoración y examen de las confesiones espontáneas omitidas, cuando a pesar de haberlas mencionado y transcrito en la recurrida, la sentenciadora se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a las mismas o las razones para desestimarlas; siendo útil e importante, además, que las pruebas silenciadas sean relevantes para la resolución de la controversia, lo que comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 12 señalado, por no atenerse a lo alegado y probado en autos; y el artículo 509 procesal, que dispone: (...) Constituyendo uno de los motivos de casación, ya que tal omisión fue determinante en el dispositivo del fallo, pues de haber valorado y examinado las confesiones espontáneas de la parte demandada la prueba de los hechos silenciados y haber aplicado la juzgadora las normas señaladas acerca de las pruebas contenidas en las confesiones espontáneas en la contestación de la demanda y los Informes (sic) transcritos por la recurrida en el texto de la misma hubiera declarado con lugar la demanda

(...omissis...)

Por ultimo (sic) de las confesiones espontáneas de la parte demanda (sic) quedó probado expresa y fehacientemente que la parte actora es la propietaria del inmueble objeto de la acción Reivindicatoria (sic) accionada, conforme lo ha sentenciado la Recurrida; (sic) que la identidad de la propiedad de la parte actora es la misma que ocupa la demandada sin título y en forma ilegal e ilegitima; que la superficie que consta del titulo (sic) de propiedad y su situación geográfica es la misma que ocupa en forma ilegal e ilegitima la parte demandada, la parte actora ha probado todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Jurisprudencia (sic) y la ley, en la acción intentada de Reivindicación. Que la presente denuncia sea declarada precedente (sic) conforme a derecho.” (Subrayado del formalizante).

 

 

 

La Sala para decidir, observa:

 

         De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante le imputa a la recurrida la violación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por silencio de pruebas, en torno a las supuestas confesiones espontáneas contenidas en la contestación de la demanda y en los informes de la parte demandada.

 

         Lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala de Casación Civil atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, destacándose que esta Sala en sentencia N° RC-175 de fecha 20 de mayo de 2010, caso MAQUIEQUIP C.A. contra IMPOEX GALAVIZ Y ASOCIADOS C.A., expediente N° 2009-696, que remite al criterio establecido en fecha 21 de junio de 1984, reiterado el 9 de julio de 2007, estableció lo siguiente:

 

 “...No obstante lo anterior, la Sala en una sentencia dictada el 21 de junio de 1984, caso: Inversora Barrialito C.A. contra F. Giudice (reiterada, entre otras, en fallo del 9 de julio de 2007, caso: Industria Tarjetera Nacional C.A. contra María Elena Celedón Mardones), indicó que las exposiciones de las partes en el transcurso del proceso, y especialmente, las exposiciones que hacen las partes para apoyar sus defensas en el libelo y la contestación, no constituyen una confesión como medio de pruebas, pues en estos casos lo que permiten es fijar los límites del tema que debe decidir el juez.

 

Como ejemplo de ello, explicó este Alto Tribunal en la referida decisión, que el demandado en un juicio, el opositor en una querella interdictal o el ejecutado en el procedimiento de ejecución de hipoteca, no comparecen como “confesantes” sino para contestar los alegatos de la demandante y oponerse a la pretensión. Dicho de otra manera, cuando las partes concurren al proceso y alegan ciertos hechos, no lo hacen con “animus confitendi”, esto quiere decir que no toda declaración envuelve una confesión, pues para que ella exista, se requiere que verse sobre un hecho capaz de tener la juridicidad suficiente para determinar el reconocimiento de un derecho a favor de quien hace la confesión y la existencia de una obligación en quien confiesa.

 

En consecuencia, lo aducido por la demandada no produce los efectos de confesión como motivo de prueba, razón por el cual no encuentra la Sala que se hubiera materializado la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil delatada por la formalizante.” (Destacados de la Sala).

 

 

         Así, pues, el demandado en un juicio, el opositor en una querella interdictal o el ejecutado en el procedimiento de ejecución de hipoteca, no comparecen como “confesantes” sino para defenderse de las pretensiones de sus contrapartes y tratar de enervarlas.

         Dicho de otra manera, cuando las partes concurren al proceso y alegan ciertos hechos, no lo hacen con “animus confitendi”.

         La ausencia del “animus confitendi” en los alegatos rendidos por el demandado en su escrito de contestación fue expresada en la doctrina de esta Sala de fecha 17 de noviembre de 1954, en el sentido de que no toda declaración envuelve una confesión. Para que ella exista, se requiere que verse sobre un hecho capaz de tener la juridicidad suficiente para determinar el reconocimiento de un derecho a favor de quien se hace la confesión y la existencia de una obligación en quien confiesa.

 

         En el presente caso, se evidencia una situación análoga a la expuesta en la doctrina de esta Sala antes transcrita, donde se pretende que se tome como prueba de confesión los hechos alegados en la contestación de la demanda y en este caso también en los informes, los cuales como palmariamente quedó establecido, no constituyen una confesión como medio de pruebas, pues en estos casos, los hechos alegados, lo que permiten es fijar los límites del tema que debe decidir el juez, al no evidenciarse el animus confitendi del exponente.

 

En razón de lo expresado precedentemente, esta Sala desestima la denuncia de silencio de prueba. Así se declara.-

 

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por silencio de prueba.

 

Expresa el formalizante:

“Vicio de Silencio (sic) de Prueba: (sic) De conformidad con lo previsto en el Ordinal (sic) 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la violación de los artículos 12 y 509 ejusdem, (sic) porque la recurrida ha silenciado la valoración del contrato de Arrendamiento (sic) cursante a los folios 76, 77 y 78 del expediente aportado como prueba de los hechos por la parte actora, pues el vicio de falta de valoración y examen de las pruebas, cuando a pesar de haberse mencionado su promoción y evacuación, el Juez (sic) se abstiene de analizar su contenido y señalar el valor que le confiere a la misma o las razones para desestimarla; siendo útil e importante, además de las pruebas silenciadas sean relevantes para la Resolución (sic) de la Controversia, lo que comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil (...) el artículo 12 señalado, por no atenerse a lo alegado y probado en autos y los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, también infringidos por falta de aplicación, por tratarse de documento publico (sic) autenticado; y artículo 1599 ejusdem, también por falta de aplicación ya que no se apreció, todos los elementos probatorios que se alegaron en el proceso de Reivindicación, (sic) y que tal omisión fue determinante en el dispositivo del fallo, pues de haber valorado y examinado la prueba de los hechos silenciada y haber aplicado la juzgadora las normas señaladas acerca de la prueba de los hechos contenidos en el Contrato (sic) de Arrendamiento (sic), particularmente en las Cláusulas (sic) Primera (sic) y Segunda (sic), hubiera declarado con lugar la demanda de Reivindicación. (sic)

Al efecto, expresa la Cláusula (sic) Primera (sic) y Segunda (sic) del Contrato (sic) de Arrendamiento: (sic) (...)

De esta Cláusula (sic) se comprueba que:

1. Se dio en arrendamiento un galpón para Taller (sic) de Carpintería; (sic)

2. El Taller (sic) de Carpintería (sic) ocupaba una superficie de noventa y siete metros con veinte decímetros cuadrados (97,20 mts2);

3. El Taller (sic) de Carpintería (sic) estaba situado y tenía un (1) cuarto y un (1) baño, pegado a la última casa, parte Sur (sic) del terreno;

4. El espacio que ocupaba el Taller (sic) de Carpintería (sic) “...forma parte de un terreno de mayor extensión con una superficie de ochocientos cinco metros cuadrados con treinta y cinco centímetros (805,35 mts2), aproximadamente;

5. El espacio que ocupa el taller de Carpintería (sic) esta (sic) dentro ...” (sic) pegado a la última casa, parte Sur (sic) del terreno...”

Conforme fue demandado esta parte que ocupaba el Taller (sic) de Carpintería (sic) que ocupaba una superficie de noventa y siete metros con veinte decímetros cuadrados (97,20 mts2) es el mismo Taller (sic) de Carpintería (sic) alquilado por la demandada Reina Isabel Urbina Delgado al ciudadano José Figueira Fernández, del 01 (sic) de Junio (sic) de 2003, hasta el 31 de Mayo (sic) 2004 (folio 87 del expediente) y que fue arrendado después por la actora al señalado José Figueira Fernández desde el 01 (sic) de Julio (sic) de 2004 hasta el 31 de Diciembre (sic) del mismo año (2004) tal y como consta en la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento”.

Esto comprueba que la demandada siempre ocupó sin derecho alguno todo el espacio del inmueble de la parte actora con una superficie de ochocientos cinco metros cuadrados con treinta y cinco centímetros (805,35 mts2), solo que dio en arrendamiento disponiendo de 97,20 mts2 que ocupaba el taller de carpintería desde el 01 (sic) de Junio (sic) de 2003 hasta el 31 de Mayo (sic) de 2004, conforme consta de contrato cursante al folio 87 del expediente; y la parte actora desde el 01 (sic) de Julio (sic) de 2004 hasta el 31 de Diciembre (sic) de 2004 conforme consta de los folios 76, 77 y 78 del expediente, contentivos del contrato de arrendamiento.

Conforme a las normas denunciadas por falta de aplicación así lo dispone el articulo (sic) 1359 del Código Civil, pues el contrato de arrendamiento es un documento autentico hace plena fe entre las partes como respecto a terceros de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado y de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído; 1360 ejusdem, c1 (sic) instrumento público hace plena fé, así entre las partes como respecto de terceros de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae.

Dispone la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento. (...)

De esta cláusula se comprueba que:

La duración del contrato fue de seis (06) (sic) meses fijos, desde el 01 (sic) de Julio (sic) al 31 de Diciembre (sic) de 2004 y que la demanda intentada lo fue en el mes de Julio (sic) del año 2005, siete (7) meses después que había terminado el contrato.

Dispone la sentencia a los folios 225, 226 y 227 (...)

En primer lugar, la parte actora probó ser la propietaria del inmueble objeto de la acción de Reivindicación, (sic) conforme lo dispone la sentencia.

En segundo lugar, también la parte actora ha probado que la demandada se encuentra en la posesión del inmueble objeto de la acción Reivindicatoria, (sic) la prueba se encuentra en los hechos del contrato de arrendamiento silenciado en su valoración y examen por cuanto existe un solo (sic) taller de carpintería probado con documento autentico por la parte actora el cual duró ocupado por el arrendatario hasta el 31 de Diciembre (sic) de 2004, como expresa fehacientemente el mismo y conforme lo dispone el artículo 1599 del código (sic) Civil (...)

Igualmente se abstuvo de aplicar los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, y no como dice la sentencia que en la fecha de la misma el 03 (sic) de Marzo (sic) de 2011. La (sic) parte demandada era la ocupante sin ningún título y ocupaba y ocupa en forma ilegal el inmueble de 805,35 mts2, y alquilo el taller de carpintería de 97,20 mts2 al ciudadano José Figueira Fernández desde el 01 (sic) de Junio (sic) de 2003 hasta 31 de Mayo (sic) de 2004, por un (1) año mediante documento privado (folio 87), ubicado dentro del inmueble, parte del mismo pegada a la ultima (sic) casa, parte Sur (sic) del terreno. Conforme a la Cláusula (sic) Primera (sic) del contrato de arrendamiento silenciado por falta de valoración y análisis. La sentenciadora al no aplicar las normas denunciadas para resolver la controversia, es decir, no utiliza las normas apropiadas para resolver lo que debaten las partes y de haberlo hecho cambiaria (sic) radicalmente lo dispositivo de la sentencia.

(...omissis...)

A) Con todo lo antes expuesto queda comprobado plena y fehacientemente que la parte actora demostró que la parte demandada se encuentra en posesión de la cosa que se trata re (sic) reivindicar, objeto de la reivindicación cumpliendo de esta forma con el segundo requisito;

B) Que la posesión de la demandada no es legítima pues a los autos no consta ninguna autorización que compruebe tal acto de disposición como fue el arrendamiento cursante al folio 87 del expediente;

C) Igualmente queda comprobado que el ciudadano José Figueira Fernández tuvo la tenencia no la posesión de 97,20 mts2 del Taller (sic) de Carpintería (sic) hasta el 31 de Diciembre (sic) de 2004, conforme se estableció en la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento y la norma señalada:

D) Asimismo queda comprobado que solo (sic) existe un Taller (sic) de Carpintería (sic) de 97,20 mts2 dentro de mayor extensión de 805,35 mts2 arrendado a la misma persona por medio de dos (2) contratos de arrendamiento diferentes que durarán en el tiempo hasta el 31 de Diciembre de 2004.

E) Que el bien objeto de la reivindicación es el mismo sobre el cual la parte actora ha alegado y probado ser la propietaria conforme la sentenciadora ha constatado en el Primer (sic) Lugar (sic) de los requisitos de la sentencia que se transcribió. Por todo lo antes expuesto pido a esa Ilustre (sic) Sala declare procedente la presente denuncia.- (Subrayados y mayúsculas del formalizante).

 

 

Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que el formalizante le imputa a la recurrida la violación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por silencio de pruebas, así como la infracción de los artículos 1359, 1360 y 1599 del Código Civil por falta de aplicación, señalándose que no se apreció todos los elementos probatorios contenidos en las cláusulas primera, segunda del contrato de arrendamiento consignado por la demandante.

 

         Al respecto el juez de alzada señaló lo siguiente:

 

 “...Planteados los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, pasa este juzgado, en análisis de los alegatos esgrimidos, y sobre todo, del material probatorio traído a los autos a ver si están llenos estos requisitos, los cuales además de la obligación de que estén llenos fehacientemente, deben ser concurrente, so pena de que si uno de ellos no esta (sic) dado o no se demuestra en autos, la acción reivindicatoria no debe prosperar.

En primer lugar, pasaremos a analizar, el referido al derecho de propiedad del actora, consta a los folios 08 al 10 del presente expediente, documento de propiedad en original, donde se evidencia que la ciudadana Margarita del Carmen Vilar Gende, es la legítima propietaria del inmueble del cual se solicita la reivindicación, por cuanto además dicho documento se encuentra debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Estado Vargas, en fecha 26 de agosto de 2003, bajo el N° 33, Protocolo Primero, Tomo 10, por lo cual se considera que dicho requisito fue cumplido. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En segundo lugar, tenemos el hecho de que el actor debe demostrar que el demandado se encuentra en posesión de la cosa que se trata de reivindicar. Al respecto, la accionante trajo a los autos a los fines de demostrar dicha posesión, copia simple de una inspección judicial evacuada en otro proceso seguido por las mismas partes, y en fecha anterior, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 08 de noviembre de 2004, así como, copia del contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana Reina Urbina, parte demandada en el presente juicio, y el ciudadano José Figuera.

Ahora bien, estima esta Sentenciadora que la copia de la inspección judicial traída a los autos por la accionante, cursante a los folios 14 y 15, no demuestra la posesión de la demandada del inmueble del cual se solicita la reivindicación, ya que además de que fue evacuada en otro proceso, es de fecha 08 de noviembre de 2004, siendo que la demanda fue interpuesta en julio de 2005, es decir, que dicha inspección fue evacuada ocho (8) meses con anterioridad a la interposición de la demandada, y aunado a esto, de la misma lo que se desprende es la declaración del ciudadano José Figueira, en la cual expone: “…que se encontraba en dicho inmueble toda vez que la hija del difunto José Vilar Rodríguez había suscrito con él un contrato de arrendamiento donde funciona una carpintería que se encontraba en la parte posterior de la casa e igualmente manifestó al Tribunal que la señora Reina Urbina se encontraba trabajando y que regresa en horas de la tarde y que ella había vivido en esa casa con el difunto José Vilar Rodríguez desde hace muchos años y el momento de su fallecimiento la señora Reina Urbina lo había enterrado en su Panteón…”.

Asimismo, consignó la actora a los fines de demostrar la posesión de la demandada, y los actos de disposición efectuados sobre el inmueble a reivindicar, copia del contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana Reina Isabel Urbina Delgado y el ciudadano José Figueira, que riela al folio 87 del presente expediente. Ahora bien, de dicho contrato se desprende que “…”La Arrendadora” da en arrendamiento a “El Arrendatario” un inmueble tipo local de carpintería denominado “Taller de Carpintería Pepe” de su propiedad, ubicado en la Calle Páez, N° 3, parroquia Caraballeda, Municipio Vargas, Estado Vargas…” (Negrillas nuestras). Y de lo reclamado por la actora en su libelo y del documento de propiedad consignado como documento fundamental de la demanda, se puede apreciar que el inmueble se identifica de la siguiente manera: “…el inmueble constituido por una (1) parcela de terreno…y la casa sobre ella construida, marcado dicho inmueble con el No. 3-1, el cual está situado en la Calle Páez, antes Calle Perro Seco, Parroquia Caraballeda del Estado Vargas…” (Negrillas nuestras). Con lo cual se evidencia una diferencia en la identificación del inmueble, ya que en el contrato suscrito por la demandada con el ciudadano José Figueira, se identifica el inmueble arrendado con el “N° 3”, y el inmueble del cual se solicita la reivindicación está identificado con el “N° 3-1”, en virtud de lo cual estima esta Juzgadora que no se encuentra satisfecho el segundo requisito para que proceda la acción reivindicatoria, por cuanto no se encuentra plenamente demostrada la posesión de la demandada sobre la cosa a reivindicar. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En este mismo orden de ideas, tenemos, en relación al tercer requisito, referido a la falta del derecho a poseer del demandado, que en el presente juicio por los motivos plasmados ut supra, existe incertidumbre acerca de la posesión de la demandada, la cual como ya se dijo no fue plena y debidamente demostrada por la accionante, así como tampoco existen pruebas que demuestren la legalidad o autorización otorgada a la demandada para que poseyera el inmueble. Y de los contratos de arrendamientos consignados por la accionante, a los fines de demostrar la identidad del inmueble y la posesión de la demandada, se desprende que el poseedor del inmueble es el ciudadano José Figueira Fernández, quien lo posee legalmente en su condición de arrendatario del mismo. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Asimismo, con respecto al último requisito, relacionado con la identidad que debe existir entre el bien señalado como propiedad del accionante y el poseído por el demandado, se presenta cierta confusión, ya que al no estar plenamente demostrada la posesión de la demandada sobre el inmueble, y existir una divergencia en la identificación del mismo, en el libelo y documento de propiedad, contra el contrato de arrendamiento con el cual pretendió la actora probar la posesión y los actos de disposición ilegales de la demandada sobre el inmueble a reivindicar, mal puede esta Sentenciadora afirmar que dicho requisito se encuentra cumplido. Y ASÍ SE ESTABLECE.

Así las cosas, como ha sido previamente señalado, los requisitos de procedencia de la presente acción deben verificarse de forma simultánea, razón por lo cual considera este Tribunal que la parte actora al no lograr demostrar de forma fehaciente todos los supuestos exigidos para ser declarada la procedencia de la misma, la pretensión es contraria a derecho, por no ajustarse a los parámetros exigidos por nuestro Ordenamiento Jurídico, como lo es la demostración por justo título de la propiedad, la identidad del inmueble que se pretende reivindicar y que la demandada esté en posesión del mismo, siendo que tales requisitos deben darse de forma concurrente, forzoso resulta para esta Sentenciadora, declarar sin lugar la pretensión de la parte demandante, tal como lo dejará establecido en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 506 eiusdem, ya que no basta solo lo alegado en autos, sino que la decisión debe ser dictada también de conformidad con lo demostrado por las partes en cuanto a sus respectivas afirmaciones, aunado al hecho cierto que la norma es expresa e imperativa en cuanto a la procedencia de la presente acción al establecerle al interesado la carga de demostrar la existencia los supuestos para la procedencia de la acción. Y ASÍ SE DECLARA...”. (Destacados de la sentencia transcrita).

 

         De la sentencia antes transcrita se observa, que el juez de alzada declaró sin lugar la acción reivindicatoria por los siguientes motivos:

 

1.- En cuanto a la propiedad de la demandante estableció que esta si estaba probada.

         2.- En cuanto a demostrar que el demandado se encuentra en posesión de la cosa que se trata de reivindicar, estableció que no se cumplió este supuesto, y que no se encuentra demostrada la posesión de la demandada, y para arribar a esa conclusión analizó el contrato de arrendamiento suscrito por Reina Isabel Urbina Delgado con el ciudadano José Figueira, adminiculada a una inspección judicial, y determinó una diferencia en la identificación del inmueble señalado en el contrato de arrendamiento y el inmueble sobre el cual se solicita la reivindicación.

         3.- En cuanto a la falta del derecho a poseer del demandado, señaló que quien está en posesión del inmueble es un tercero el ciudadano José Figueira Fernández, en su condición de arrendatario y no la demandada Reina Isabel Urbina Delgado.

         4.- Y por último en torno a la identidad señaló, que existe divergencia entre libelo de la demanda y documento de propiedad, con el contrato de arrendamiento, y en consecuencia dicho requisito no se cumple.

 

         Ahora bien el formalizante después de analizar las cláusulas del contrato de arrendamiento consignado por la demandante, entiende que del mismo se desprende que la demandada siempre ocupo sin derecho alguno todo el espacio del inmueble de la demandante y que esta dio en arrendamiento una parte del terreno que ocupaba el taller de carpintería.

 

         De igual forma el formalizante señala que dicho contrato de arrendamiento notariado o autenticado es un documento público, conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, y que demuestra la posesión a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.599 eiusdem, y en conclusión que se violó los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Sobre el alegato del análisis parcial de la prueba con infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala en su sentencia Nº 668 de fecha 19 de octubre de 2005, expediente Nº 04-679, reiterada en fallo N° RC-808 del 8 de diciembre de 2008, expediente N° 2008-325, caso: Hilda Castro Amaya contra Santiago Rafael Paredes Castro, señaló lo siguiente:

 

 “…En la presente denuncia el recurrente plantea la infracción por parte del Juez Superior del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, dado que –según sus dichos la recurrida realizó “…la valoración deficiente y superficial del expediente que contiene las actuaciones administrativas levantadas por las autoridades de tránsito terrestre, por parte de la recurrida, y que cursan en autos a los folios setenta y cinco (75) al noventa y cinco (95) de las actas procesales...” y posteriormente en su denuncia expresa que “…el haber dejado de analizar, o analizando de forma deficiente…” y concreta exponiendo que: “…existe una incompleta valoración de las pruebas…”.

(…Omissis…)

En este orden de ideas, el alegado vicio de silencio de prueba se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona, o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal.

Ahora bien de la transcripción ut supra de la recurrida, claramente se observa que el Juez (sic) Superior (sic), no sólo mencionó la prueba, sino que además de ello, la analizó y le otorgó pleno valor probatorio, motivo por el cual no incurre la Alzada (sic) en el delatado vicio de silencio de prueba señalado por el formalizante, motivo suficiente para determinar la improcedencia de la denuncia planteada, lo que conlleva a declarar sin lugar el presente recurso de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide…”.

 

En este sentido, esta Máxima Jurisdicción ha señalado que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues, el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.

 

En el caso in comento, se evidencia de la transcripción ut supra de la recurrida, que el ad quem no sólo mencionó la prueba, sino que la analizó, motivo por el cual éste no incurrió en el denunciado vicio de silencio parcial de prueba invocado por el formalizante.

 

Así pues, si el recurrente no estaba de acuerdo con el razonamiento proporcionado por el juzgador de alzada al valorar el referido contrato de arrendamiento, era carga de éste atacar ese pronunciamiento en sus fundamentos esenciales a través de una denuncia distinta del silencio parcial de pruebas delatado, pues es obvio que dicha prueba fue analizada, y adicionalmente a ello el error acusado está referido a otro aspecto relativo a la valoración de la misma.

 

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

QUAESTIO FACTI

-ÚNICA-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la comisión en la recurrida del tercer caso de suposición falsa.

 

Señala el formalizante:

“...Suposición Falsa (sic) De conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 313 en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos que la recurrida incurrió en la tercera hipótesis de suposición falsa, con infracción del artículo 12 ejusdem, y artículo 1599 del Código Civil, por falta de aplicación, por error en el juzgamiento de los hechos por equivocaciones cometidas por el juez de la recurrida en el examen de las pruebas para fijar los hechos del proceso por no sujetarse a los limites (sic) legales y a lo alejado (sic) y probado en autos, principio cardinal que debe respetarse en cada caso propuesto ante la jurisdicción.

En este caso resulta que la suposición falsa consiste en el establecimiento de un hecho positivo y preciso, que resulta falso al no tener soporte en las pruebas al “...fijar hechos cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente”, tercer caso de suposición falsa vicio que afecta la recurrida y ocasiona su nulidad, configurado según las siguientes razones: El contrato de arrendamiento celebrado por la parte actora con el ciudadano José Figueiras Fernández, el cual cursa a los folios 76, 77 y 78 del expediente, conforme a la Cláusula (sic) Primera (sic) dispone: (...)

La parte final de la sentencia al folio 227 dice: (...)

De acuerdo con lo copiado anteriormente: 1° es falso que el ciudadano José Figueira, posee legalmente en su condición de arrendatario del inmueble objeto de la presente acción reivindicatoria, por cuanto el contrato de arrendamiento terminó en fecha: 31 de Diciembre (sic) de 2004, como el mismo lo indica y expresa conforme a la Cláusula (sic) Segunda (sic) en concordancia con el artículo 1599 del Código Civil; y 2° es falso que el ciudadano José Figueira Fernández, posee legalmente por él (sic) nunca tuvo la posesión sino la tenencia porque la posesión es otra cosa.

Asimismo de acuerdo a los alegatos ya formulados, se aprecia que dicho texto contradice el abundante criterio que ha construido esa Ilustre Sala al respecto, como por ejemplo el establecido en su sentencia de fecha: 07 (sic) de Julio (sic) de 2010 en el juicio C.L. Pírela contra C.N.A. de Seguros la Previsora (...) sentencia N° 267 que el respecto dice: (...)

Al haber calificado la recurrida a quien fue arrendatario de una porción de (sic) inmueble demandado en Reivindicación, (sic) como tenedor de dicho inmueble cometió una Suposición (sic) Falsa, (sic) toda vez que el indicado tercero si tuvo esa cualidad de arrendatario pero la misma la perdió al haber llegado a su final el contrato respectivo, que es evidente que esta Suposición (sic) Falsa (sic) fue determinante en el dispositivo del fallo, pues de haber aplicado la juzgadora el contenido de las normas señaladas acerca de la prueba de los hechos contenidos en el contrato de arrendamiento hubiera declarado con lugar la demanda, de la tantas veces nombrada sentencia recurrida en Casación, (sic) razón por la cual ello constituye un motivo de casación y la expresada sentencia debe ser casada por esa Honorable Sala, por lo que solicitamos en forma excepcional descienda a conocer la referida situación probatoria, así lo solicitamos expresamente; por otra parte una Jurisprudencia (sic) de vieja data la cual paso a transcribir parcialmente. (...)

 

            En este orden de ideas se advierte, que el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia de una suposición falsa.

 

Para la formalización de la denuncia del vicio de suposición falsa, la Sala, en fecha 20-1-1999, Exp. Nº 1997-177, sentencia Nº 13, ha elaborado la siguiente doctrina:

 

 “...esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia....”

 

 

En el caso de especie, se le atribuye al fallo recurrido incurrir en el tercer caso de suposición falsa, por haber dado por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo.

El formalizante alegó, que el juez estableció el hecho falso e inexacto, de haber calificado a quien fue arrendatario de una porción del inmueble demandado en reivindicación, como tenedor de dicho inmueble, lo que supuestamente resulta desvirtuado de otras actas del expediente.

 

La Sala observa que el formalizante no pretende atacar un hecho expreso, positivo y preciso, que resulta falso o inexacto por no tener asidero en las pruebas, sino una conclusión jurídica del juez, como lo es la declaratoria de que “...el poseedor del inmueble es el ciudadano José Figueira Fernández, quien lo posee legalmente en su condición de arrendatario del mismo...”, conclusión a la que llegó después del análisis de varios alegatos y pruebas, como se desprende de la transcripción del fallo recurrido hecha en la denuncia anterior.

 

Sobre este particular, la Sala ha indicado de forma reiterada que las conclusiones jurídicas del juez, no pueden ser atacadas mediante las denuncias de falso supuesto. En este sentido, entre otras, en decisión de fecha 22 de octubre de 1998. Caso: Judith Brazón Solano Contra Teidy Rafael Morán Pérez y Otra), en la cual dejó sentado lo siguiente:

 

 “La suposición falsa consiste en la afirmación por el Sentenciador de un hecho positivo y concreto, falso o inexacto, dentro de los supuestos establecidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: “que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo”.

Esta Sala en reiterada jurisprudencia ha establecido que “se ha caracterizado tal error como el establecimiento de un hecho mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta; como la afirmación de un hecho falso, sin base en prueba que lo sustente; o la afirmación en la sentencia de un hecho concreto, sin base en prueba que lo sustente; o la afirmación en la sentencia de un hecho concreto, falso o inexistente. Como vemos, existe una nota común: se trataría de la afirmación o establecimiento de un hecho falso; por ello la doctrina ha exigido, entre los requisitos de la denuncia de suposición falsa, que se señale el hecho concreto a que ella se refiere”. (Sentencia 11 de marzo de 1992).

En su primera imputación de suposición falsa, el recurrente afirma que el Juez creyó hallar un contrato perfecto y perfeccionado de compraventa, cuando apenas lo que hay es una mera opción o promesa, con lo cual está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión de perfeccionamiento del contrato a la cual llegó el Sentenciador, luego de examinar las pruebas y aplica el derecho; por tanto, no tratándose de un hecho, sino de una conclusión del juez, ésta no es atacable como suposición falsa”.

 

Dicho lo anterior estima oportuno esta sede casacional, también señalar algunas consideraciones respecto al vicio de suposición falsa. De esta manera la Sala en sentencia Nº 892 del 19 de agosto de 2004, caso Librería y Papelería Monoy, S.R.L., contra Alberto Velasco Godoy y Otros, expediente Nº 2004-000127, estableció:

 

 “...La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque “atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene” o porque “dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo” (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil).

Por tanto, el vicio debe tratarse exclusivamente del establecimiento de un hecho, quedando excluidas las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que, aunque sea errónea, no configura el vicio de suposición falsa.

En el sub iudice, el formalizante señala que el dispositivo del fallo es consecuencia de la suposición falsa en que incurrió el ad quem al establecer que del acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 8 de agosto de 1997, se constata su probable ilegalidad.

(...Omissis...)

De la transcripción realizada, se evidencia que cuando el sentenciador señala que “en criterio de quien decide, queda verificada, de un lado, la aparente existencia de un derecho o interés del solicitante que está corriendo un peligro de sufrir un daño irreversible y, de otro, la probabilidad de que la Asamblea impugnada sea ilegal”, está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión a la cual llegó, luego de examinar el libelo de demanda y la prueba constituida por el acta de Asamblea General Extraordinaria y, por tanto, no tratándose de un hecho, sino de una conclusión del Juez, ésta no es atacable como suposición falsa.

Los hechos extraídos por la recurrida de la documental mentada, son que la Asamblea se realizó en la sede de la empresa, que tuvo por objeto la modificación de una cláusula de su Estatuto Social y la sustitución de los miembros de la junta directiva; y no la determinación de la probabilidad de ilegalidad de la Asamblea, ya que esto constituye la consecuencia a que llega la recurrida luego del análisis de los alegatos y del material probatorio pertinente, con lo cual determinó o verificó el cumplimiento del fumus boni iuris.

La determinación de que existe una probabilidad de ilegalidad es producto de un proceso intelectual que debe llevar a cabo el juez y que implica la consideración de normas que prevean supuestos de hechos sancionables por su incumplimiento. La ilegalidad en general, no es el establecimiento de un hecho, sino la consecuencia del mismo que, al subsumirse en una hipotética norma, se determina o no su legalidad.

En consecuencia, al haber delatado el formalizante una consecuencia jurídica del hecho, como el “hecho” concreto falsamente supuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide...” (Resaltado del texto).

 

De acuerdo con el criterio jurisprudencial supra trascrito, se evidencia que el señalado vicio, debe referirse exclusivamente al establecimiento de un hecho, quedando fuera de tal especie las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que no configura el vicio de suposición falsa, aun en el caso que dicha apreciación fuera errónea.

 

En el caso bajo estudio, el formalizante pretende desvirtuar simplemente la conclusión a la que llega la recurrida luego de valorar las pruebas y los alegatos hechos por las partes, y en tal sentido, no se percibe que el juez haya establecido de ninguna manera un hecho positivo y concreto, sino que, luego de realizar su labor de análisis sobre las pruebas y los alegatos concluyó en que: “...el poseedor del inmueble es el ciudadano José Figueira Fernández, quien lo posee legalmente en su condición de arrendatario del mismo...”,

 

De acuerdo con lo expresado, observa la Sala que lo que pretende delatar el formalizante como una suposición falsa en la que podría haber incurrido el ad quem, es en realidad una conclusión jurídica a la que llegó el juez de alzada, lo cual, en aplicación de la jurisprudencia supra trascrita, hace improcedente la presente denuncia. Así se declara.

 

En consecuencia, considera la Sala que la denuncia analizada es improcedente, así como improcedente este recurso extraordinario de casación. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En fuerza de las anterior consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en fecha 3 de marzo de 2011.

 

De conformidad con lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso extraordinario de casación a la parte demandante recurrente.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Vargas. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Ma

gistrado,

 

 

______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Secretario,

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2011-000265.

 

Nota: Publicada en su fecha a las (___)

 

 

 

 

Secretario,

 

 

 

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:

 

Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.

 

En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizada por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve o concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

____________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Secretario,

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp. AA20-C-2011-000265.

 

 

 

 

Secretario,

 

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