Sentencia N.º RC.000556
- Sentencia
- N.º RC.000556
- Fecha
- 24/09/2013
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 13-259
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2013-000259
Magistrado Ponente: Luis Antonio Ortiz Hernández
En la acción redhibitoria, incoada ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación ASESORAMIENTO INTEGRAL JV C.A., representada por su director general, ciudadano José Eleuterio Vieira Aguiar, y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Nellys José Callaspo Brito, Iván Darío Maldonado y Alexander José Callaspo Brito, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación MAQUINAS 2000 C.A., representada por su gerente general, ciudadano William Augusto Di Pietro Jiménez, y patrocinada judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Bertha Elena Fuenmayor, Judith Carrera Díaz De Ruggiantoni, Tania Matos, Juan Carlos Ruggiantoni Padrón y Manuel Antonio Rodríguez Jorge; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 27 de febrero de 2013 dictó sentencia definitiva declarando lo siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación formulado por el abogado JUAN CARLOS RUGGIANTONI PADRÓN, inscrito en el inpreabogado (sic) bajo el N° 29.769, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada Sociedad (sic) Mercantil (sic) MAQUINAS 2000.C.A, (sic) Inscrita (sic) ante el Registro Mercantil del Estado (sic) Aragua en fecha 09 (sic) de Marzo (sic) de 1999, bajo el N° 27 Tomo 10-A, contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua de fecha 07 (sic) de diciembre de 2010.
SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso de apelación formulado por la abogada NELLYS JOSÉ CALLASPO BRITO, inscrita en el inpreabogado (sic) bajo el N° 74.225, en su carácter de apoderada judicial de la Sociedad (sic) Mercantil (sic) ASESORAMIENTO INTEGRAL JV, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, en fecha 17 de Septiembre (sic) de 2002, bajo el N° 50, tomo 29-A-VII.
TERCERO: SE MODIFICA en los términos expuestos por esta Alzada (sic) la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Aragua, de fecha 07 (sic) de diciembre de 2010, sólo en lo que respecta a la identificación correcta de la parte demandante de autos, siendo lo correcto que se indique a la Sociedad (sic) Mercantil (sic) ASESORAMIENTO INTEGRAL JV, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, en fecha 17 de Septiembre (sic) de 2002, bajo el N° 50, tomo 29-A-VII, como parte demandante, y a la inclusión en el dispositivo del fallo de la condenatoria en costas de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia:
CUARTO: SIN LUGAR la Acción (sic) Redhibitoria (sic) (Saneamiento por Vicios (sic) Ocultos (sic)) incoada por la Sociedad (sic) Mercantil (sic) ASESORAMIENTO INTEGRAL JV, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado (sic) Miranda, en fecha 17 de Septiembre (sic) de 2002, bajo el N° 50, tomo 295-A-VII, representada por el ciudadano JOSÉ ELEUTERIO VIEIRA AGUIAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-10.518.331, actuando en su carácter de Director (sic) General (sic) de la referida compañía, debidamente asistido por el abogado ALEXANDER JOSÉ CALLASPO BRITO, Inpreabogado Nº 111.139, contra la Sociedad (sic) Mercantil (sic) MAQUINAS 2000.C.A, (sic) inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado (sic) Aragua en fecha 09 (sic) de Marzo (sic) de 1999, bajo el N° 27 Tomo 10-A.
QUINTO: Se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
SEXTO: Se condena en costas por la interposición del recurso de apelación a la parte demandante, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
SÉPTIMO: No hay condenatoria en costas de la parte demandada por el recurso interpuesto ante esta Alzada, (sic) de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. (Destacados del dispositivo transcrito).-
Contra la antes citada sentencia, la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la infracción de los artículos 1°, 7°, 12, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil.
Expresa la formalizante:
...PRIMERO: DELATO, conforme a las previsiones del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la INFRACCIÓN en la Recurrida (sic) de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en armonía con los artículos 1°., (sic) 7°., (sic) 12, 243, ordinal 5°, y 244 del Código de Procedimiento Civil, por NO DECIDIR conforme a lo ALEGADO y PROBADO en autos, dado que EXPRESAMENTE, en el correspondiente LIBELO DE LA DEMANDA de fecha: 16 de Enero de 2.006, (sic) se interpuso la presente demanda alegando lo siguiente (sic) En fecha: 23 de marzo de 2.005, (sic) el accionante ampliamente identificado en los autos, adquirió como nuevo ( )
En el capítulo II, del derecho invocó el contenido normativo de los artículos 1273, 1.503, (sic) 1.518, (sic) 1.520, (sic) 1.522 (sic) del Código Civil Venezolano vigente, y por cuanto la obligación no se encuentra aún legalmente prescrita, y vista la serie de vicios ocultos que adolece el vehículo automotor descrito ( ) por tales circunstancias es por lo que demanda a la empresa Concesionaria (sic) ( )
Finalmente solicito (sic) al tribunal decrete medida cautelar de embargo ( )
En efecto, de manera sorpresiva, la recurrida declara SIN LUGAR la APELACIÓN propuesta por mí representada, ( ) y en consecuencia SIN LUGAR la DEMANDA de ACCIÓN REDHIBITORIA (SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS), pero YERRA cuando AFIRMA que:
Asimismo, promovieron cuatro (4) documentales constitutivas de notas de recepción del Departamento de servicio de la Sociedad Mercantil MAQUINAS 2000, C.A., que son:
Original de Nota de Recepción Nº 62319 del Departamento de Servicio de MAQUINAS 2000 C.A., de fecha 27 de septiembre de 2005, del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., de un vehículo G. Vitara, año 2005, placas DBW-23V, correspondiente al servicio de 30.000 Km (folio 97), de cuyo informe del cliente se observa: Inestabilidad en la dirección en terreno irregular, sonido en la caja con 80 Km/h puede ser el cardan sonido en el tren delantero al arrancar o frenar, vidrio del piloto se tranca al subir, ronquido en la rueda trasera derecha (Sic).
Original de Nota de Recepción Nº 57628 del Departamento de Servicio de MAQUINAS 2000 C.A., de fecha 16 de mayo de 2005, del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., de un vehículo G. Vitara, año 2005, placas DBW-23V (folio 98 de la primera pieza), de cuyo informe del cliente se observa: Suena un Ronquido como si fuese el tubo de escape. A los 100 Km/h vibra al tocar el freno (Sic).
Original de Nota de Recepción Nº 58791 del Departamento de Servicio de MAQUINAS 2000 C.A., de fecha 06 de junio de 2005, del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., de un vehículo G. Vitara, año 2005, placas DBW-23V (folio 99 de la primera pieza), de cuyo informe del cliente se observa: Retorno. Rev. Consola central donde está la palanca de velocidades se calienta mucho, al encenderla en frio presenta ruido delantero (Sic).
Original de Nota de Recepción Nº 61631 del Departamento de Servicio de MAQUINAS 2000 C.A., de fecha 31 de agosto de 2005, del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., de un vehículo G. Vitara, año 2005, placas DBW-23V, correspondiente al servicio de 25.000 Km (folio 100 de la primera pieza), de cuyo informe del cliente se observa: Cambio de aceite y filtro (Sic).
Respecto a las documentales supra descritas, quien decide observa que las mismas constituyen documentos privados consignados en original que no fueron desconocidos ni tachados por su adversario en la oportunidad correspondiente, razón por la cual se les otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando probado que el vehículo en cuestión entre los meses de mayo y septiembre de 2005, ingresó cuatro (04) (sic) veces al departamento de servicio de la parte demandada por los diversos desperfectos mecánicos reseñados. Así se establece (sic; folio 144, y 145, líneas 31 a la 68). (sic) (Destacados de la formalizante).-
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la infracción de los artículos 1°, 7°, 12, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, sin señalar que vicio supuestamente cometió el juez de alzada, después de transcribir el libelo de la demanda y transcribir parte de la recurrida donde se realizó un análisis probatorio, limitándose a señalar que el juez de la recurrida no decidió conforme a lo alegado y probado en autos.
En tal sentido cabe señalar, que esta Sala en su fallo N° RC-89, de fecha 12 de abril de 2005, Exp. N° 2003-671, dejó establecido que:
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en ...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.... Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción.... (Negrillas y subrayado de la Sala).
De igual forma, es doctrina de esta Sala que:
La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012, Exp. N° 2011-31). (Destacados del fallo citado).-
Por su parte, la doctrina de esta Sala tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 del 11 de agosto de 2004, caso Pedro Alejandro Nieves Siso y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:
...Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en la Constitución. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)....
En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889 de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:
...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Destacados de esta Sala).
A su vez cabe señalar, en torno a, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Gregorio Tineo Nottaro, acogida en sentencias de esta Sala Nos. RC-80 del 20/2/2009. Exp. N° 2008-454; RC-416 del 1/10/2010. Exp. N° 2009-686; RC-31 del 3/2/2011. Exp. N° 2010-425; RC-511 del 8/11/2011. Exp. N° 2011-277; RC-2 del 17/1/2012. Exp. N° 2011-542; RC-218 del 7/5/2013. Exp. N° 2012-361; y RC-264 del 27/5/2013. Exp. N° 2012-395; entre muchas otras, que dispuso lo siguiente:
...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil... (Destacados de esta Sala).
Por su parte, los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuyen expresamente lo siguiente:
Artículo 243
Toda sentencia debe contener:
1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2° La indicación de las partes y de sus apoderados.
3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.
Artículo 244
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.
Al respecto cabe señalar, que el vicio de incongruencia surge cada vez que el juez altera o modifica el problema judicial debatido entre las partes, bien porque no resuelve sólo sobre lo alegado por éstas, o bien porque no resuelve sobre todo lo alegado por los sujetos del litigio.
Así, desde vieja data, el mencionado vicio ha sido definido en innumerables fallos por este Supremo Tribunal, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrita a los términos de la demanda y de la contestación y en algunos casos de los informes-, según el cual el juez sólo puede resolver las cuestiones que hayan sido presentadas en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados. (Sentencia del 16 de julio de 1915, en jurisprudencia y Crítica de la Doctrina de la Casación Venezolana. 1876-1923. Litografía del Comercio. Caracas 1925. P 322. Ratificada en fallo Nº RC-122 del 24-4-2000, expediente No 1999-928, y en sentencia N° RC-264 del 27 de mayo de 2013, expediente N° 2012-395, caso: AGROSAJOMA C.A., contra CONSTRUCTORA E INVERSORA GAFF C.A., entre muchas otras).
La congruencia es la acertada relación entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez, y para que esa relación sea realmente atinada, es preciso que lo resuelto sea consecuencia de los alegatos y pruebas de las partes sin que se rebasen ni mengüen los elementos de las peticiones. Un fallo es congruente, cuando se ajusta a las pretensiones de los litigantes, independientemente de que sea acertada o errónea la decisión.
La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración incongruencia positiva o ultrapetita (Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial incongruencia negativa, omisiva o citrapetita (Ne Eat Iudex Citra Petita Partium), traduciéndose esta última en la omisión de pronunciamiento por parte del juez sobre una defensa oportunamente formulada, ya que, según el principio de exhaustividad de la sentencia, hay omisión de pronunciamiento cuando la sentencia no otorga la debida tutela jurídica sobre alguno de los alegatos de las partes; también es importante destacar lo que Guasp llama incongruencia mixta, que comprende la extrapetita, que es la combinación de la incongruencia positiva con la negativa, que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso, (Ne Eat Iudex Extra Petita Partium), cuando se otorga algo distinto de lo pedido, o se pronuncia sobre cosa extraña.
Asimismo, la Sala ha establecido de manera reiterada, que también constituye el vicio de incongruencia, cuando el juez se aparta de los hechos alegados, y tergiversa los argumentos de hecho contenidos en la demanda o en la contestación, pues en tales casos, no resuelve la controversia tal y como fue planteada por las partes y, simultáneamente resuelve algo no pedido: El argumento desnaturalizado. Por cuanto, que los escritos de contestación a la demanda o de oposición, no constituyen en principio una prueba, sino que contienen los alegatos de las partes. Por ello, cualquier distorsión o tergiversación de su contenido no constituye suposición falsa, sino el vicio de incongruencia por tergiversación o distorsión de los términos de la litis.
De igual forma la congruencia del fallo se basa en dos presupuestos fundamentales, de los cuales el primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.
Según Guasp, la congruencia es la causa jurídica del fallo y Prietro Castro agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.
Asimismo ha expresado que no toda modificación vicia el fallo. El tribunal puede acordar menos de lo reclamado (minus petitio), pero no puede pronunciarse sobre cosa no demandada (non petita), ni sobre cosa extraña (extrapetita), ni otorgar más de lo pedido (ultrapetita), pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado (intrapetita).
En decisión de esta Sala Nº RC-377 de fecha 15 de noviembre de 2000, expediente Nº 1999-1052, en el juicio de Inversiones Pro-Valores, C.A. contra la Junta de Condominio del Centro Plaza, se estableció lo siguiente:
...En una sentencia de vieja data (24-4-40), la antigua Corte Federal y de Casación, estableció una precisa y categórica definición del requisito de congruencia, así:
...El artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, determina las condiciones que debe reunir la sentencia para su validez, y los defectos que la vician de nulidad. En cuanto a los requisitos del fallo, la citada disposición ordena que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas. Este ordenamiento indica, según la interpretación y aplicación tradicional y constante de dicho precepto legal, que entre la demanda y la contestación de una parte, y la sentencia, de la otra, debe existir la debida y correspondiente congruencia. Si el fallo carece de esa conformidad, es porque ha sido alterado el problema jurídico planteado por las partes (Márquez Añez Leopoldo. Memoria de la Corte Federal y de Casación. Tomo II, pág. 65. Año: 1941, Obra Citada pág. 11. Cita Nº 2).
Como consecuencia del planteamiento anterior, la Sala elaboró una doctrina que ha sido aplicada en su constante y pacífica doctrina, que dice:
Los jueces cumplen con el deber de decidir con arreglo a la acción deducida y a las excepciones o defensas opuestas con sólo atenerse a los reclamos del libelo y a los alegatos hechos en la contestación de la demanda. Es con los elementos que surgen de ambos actos como queda establecida la relación procesal sobre la cual los jueces deben dejar recaer su decisión. De ahí que no estén obligados a decidir cualesquiera otros reclamos del actor que debiendo haber sido consignados en el petitorio del libelo fueron hechos en oportunidades distintas del juicio, ni los alegatos del demandado que debiendo haber sido hechos en el acto de la contestación de la demanda fueron deducidos fuera de él (Sentencia de 11-7-67. Gaceta Forense. Nº 57, pág. 155. Márquez Añez, Leopoldo. Obra Citada, pág. 23 cita Nº 23. Sentencia de 11-7-67. Gaceta Forense. Nº 57, pág. 155.)(Destacados de la Sala).
Por su parte, la falta de congruencia de verificarse, conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada, se llega a conclusiones erróneas que fundamentan la decisión, incumpliéndose la función jurisdiccional que es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son los estatuidos en los artículos 12, 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración de los principios de exhaustividad y congruencia del fallo, conforme a lo consagrado en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide. (Cfr. Fallo N° RC-264 del 27 de mayo de 2013, expediente N° 2012-395, caso: AGROSAJOMA C.A., contra CONSTRUCTORA E INVERSORA GAFF C.A.).-
En este caso no expresa la formalizante a qué tipo de vicio se refiere, ni explica cómo supuestamente se cometió, ni señala si es incongruencia negativa, positiva o mixta, o si delata una tergiversación o distorsión de los términos de la litis, ni señala la parte de la demanda -que transcribió por completo- donde se ve reflejado el alegato supuestamente violado, como fundamento de lo que pretende en su imputación.
Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales con el sólo fin de cumplir con una tutela judicial efectiva, conforme al principio constitucional contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y después de revisado el fallo impugnado observa, que no se encuentra falta alguna que amerite el uso de la facultad excepcional de casar de oficio la decisión recurrida, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-534 del 21 de noviembre de 2011 Exp. N° 2011-241).
Por lo cual, y ante la ausencia de señalamiento por parte de la formalizante del vicio que supuestamente pretende imputarle a la decisión recurrida y su explicación, -carga que sólo incumbe a la formalizante y no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional, esta Sala se ve imposibilitada de conocer de la denuncia, al no contener los elementos mínimos necesarios para su formulación, y por ende desecha esta delación por falta de técnica grave en su fundamentación que impide su conocimiento a fondo. Así se decide.-
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia nuevamente la infracción por la recurrida de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la infracción de los artículos 1°, 7°, 12, 15, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil.
Señala el formalizante:
...SEGUNDO: DELATO, conforme a las previsiones del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la INFRACCIÓN en la Recurrida (sic) de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en armonía con los artículos 1°., (sic) 7°., (sic) 12, 15, 243, ordinal 5°), y 244 del Código de Procedimiento Civil, por NO DECIDIR conforme a lo ALEGADO y PROBADO en autos, por encontrarse VICIADA de INCONGRUENCIA SOBRE la LÓGICA CONSECUENCIA: declaratoria CON LUGAR de la PRETENSIÓN de ACCIÓN REDHIBITORIA (SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS) dada la EFECTIVA INCORPORACIÓN en el presente EXPEDIENTE JUDICIAL No: AA20-C-2013-000259 de los correspondientes DOCUMENTOS FUNDAMENTALES, tales como: 1- factura número T-VE 002098 ( ) 2- Certificado de origen Número (sic) AJ-32441 ( ) 3-CONTRATO DE VENTA A CRÉDITO ( ) 4- Orden de servicio N° 039471 ( ) 5- Orden de servicio ( ) 6- Orden de servicio ( ) 7- Orden de servicio ( .) los cuales NO fueron TACHADOS o IMPUGNADOS, del referido BIEN MUEBLE, conforme fue debidamente PLANTEADO y DEMOSTRADO en autos a través de los ya citados y los CUATRO (04) (sic) DOCUMENTOS PRIVADOS, marcados con las letras A. ( ) Habiéndose ROTO el NECESARIO EQUILIBRIO entre PRETENSIÓN y EXCEPCIÓN para ASEGURAR el IMPRESCINDIBLE EJERCICIO de TODAS y CADA UNA de las diversas FACULTADES y CARGAS, de las PARTES, con miras al consumado DEBATE DIALÉCTICO de ARGUMENTOS, EXPLICACIONES y PRUEBAS.
En efecto, la recurrida declara SIN LUGAR la APELACIÓN propuesta y en consecuencia SIN LUGAR la DEMANDA pero al REVISAR MINUCIOSAMENTE las ACTAS PROCESALES se CONSTATA, paradójicamente, lo CONTRARIO a lo que AFIRMA, incurriendo en el más ELEMENTAL VICIO, en FASE DE COGNICIÓN, como lo es la FLAGRANTE VIOLACIÓN a la denominada TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y DEBIDO PROCESO, de manera que el Sentenciador (sic) de la recurrida DEJA de PRONUNCIARSE sobre TODOS los HECHOS de la TRABAZÓN de la LITIS, VIOLÁNDOSE el denominado PRINCIPIO, conforme al cual se establece que: SE DEBE RESOLVER SÓLO SOBRE LO ALEGADO, Y SOBRE TODO LO ALEGADO, dejándose de RESOLVER, en su pertinente MÉRITO: AFIRMATIVA o NEGATIVAMENTE, el respectivo CONFLICTO INTERSUBJETIVO DE INTERESES entre la PARTE ACTORA ( ) y la PARTE DEMANDADA ( ) GENERÁNDOSE al respecto el MÁS ABSOLUTO VACIO por INCERTIDUMBRE JURÍDICA, INFRINGIÉNDOSE FLAGRANTEMENTE los DERECHOS a la IGUALDAD, CONFIANZA LEGÍTIMA o EXPECTATIVA PLAUSIBLE, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO y DEFENSA de mi poderdante, empresa XXXXX, (sic) como PARTE ACTORA, quien como JUSTICIABLE, TIENE LEGÍTIMO DERECHO a:
b.1) ACCEDER A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA;
b.2) TENER UNA DECISIÓN EN DERECHO y
b.3) QUE ESA DECISIÓN SEA EFECTIVA.
Como tradicional y pacíficamente ha sido sostenido por nuestra CASACIÓN CIVIL la CONGRUENCIA constituye un (01) (sic) requisito del fallo, cuya infracción únicamente puede ser alegada a través del respectivo RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD. Este principio sujeta al juez en su decisión respecto de los diversos hechos discutidos por las partes, sin que pueda OMITIR alguno de ellos (INCONGRUENCIA NEGATIVA) o por el contrario pronunciarse sobre un hecho distinto a los alegados en el proceso (INCONGRUENCIA POSITIVA). (Destacados de la formalizante).-
Para decidir, la Sala observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la infracción de los artículos 1°, 7°, 12, 15, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, de igual forma que en la denuncia anterior, la formalizante no señala que vicio supuestamente cometió el juez de alzada, sólo se limitó a transcribir el contenido de varias pruebas que señala fueron promovidas en el proceso, limitándose a señalar que fue: roto el necesario equilibrio entre pretensión y excepción para asegurar el imprescindible ejercicio de todas y cada una de las diversas facultades y cargas, de las partes, con miras al consumado debate dialéctico de argumentos, explicaciones y pruebas.
Por lo cual, y ante la ausencia de señalamiento por parte de la formalizante del vicio que supuestamente pretende imputarle a la decisión recurrida y su explicación, -carga que sólo incumbe a la formalizante y no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional, esta Sala se ve imposibilitada de conocer de la denuncia, al no contener los elementos mínimos necesarios para su formulación, y por ende desecha esta delación por falta de técnica grave en su fundamentación que impide su conocimiento a fondo. Así se decide.-
QUAESTIO IURIS
-I-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación.
Expresa la formalizante:
...Del análisis de la sentencia dictada por el Juzgado Superior ( ) se desprende que el sentenciador incurre en el vicio sancionado en (sic) ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, consistente en la errónea interpretación, del artículo 429 del mismo Código.
En el sentido, de que el Juzgado Superior ( ) en la referida sentencia, interpreto erróneamente el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, lo que denota el incumplimiento de la carga procesal que le impone el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Pronunciándose el referido juzgado en que las documentales consistentes en copias simples marcadas con las letras B, E, E1, E2,E3,E4,E5, (sic) E6, F, H, J, K, L, N, Ñ, instrumentos estos que fueron acompañadas (sic) con el libelo de la demanda en originales, tal como cursa al folio Nro (sic) 60 de la primera pieza en el expediente ( ) donde consta en el referido folio 60, que existe una certificación por parte del secretario del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) que los descritos documentales originales supra señalados, se encuentran en la caja fuerte del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) bajo resguardo. Con lo cual se deja expresa constancia que los referidos documentos se encuentran en su original bajo resguardo, y no son copias simple, (sic) son copias certificadas de los documentos en mención. La jueza negó la verdad verdadera convertida en una verdad procesal, al no establecer del análisis de los medios probatorio (sic) aportados por la parte demandante lo que sí demuestran en realidad y conllevan a la convicción total u absoluta de los hechos que originan la pretensión accionada (sic)
Ahora bien, los documentales originales en comento consisten en los siguientes que a continuación enuncio (sic)
1- Documental Marcado (sic) letra B, factura N° 001932 ( )
2- Documentales Marcadas (sic) letras E, E1, E2, E3, E4, E5 y E6, consistentes de órdenes de reparación ( )
3- Documental Marcada (sic) con la letra F, consistente de solicitud de reemplazo de la unidad automotor ( )
4- Documento Marcado (sic) con la letra H consistente de nota de reposición N° 62612 ( )
5- Documento Marcado (sic) con la letra I consistente de comunicación expedida por MAQUINAS 2000 C.C. ( )
6- Documentos Marcados (sic) con las letras J, certificado de garantía, signado con el N° 222040, K, referente a que el actor en representación de la empresa ASESORAMIENTO INTEGRAL JV, C.A., no estaba en disposición de retirar el precitado vehículo, y L, consistente de documentos privados, del actor (sic) reciben comunicación sin número ( ) donde manifiesta su negativa de querer cambiar el vehículo automotor descrito ( )
7- Documento Marcado (sic) con la letra N consistente de solicitud de anulación de póliza ( )
8- Documento Marcado (sic) con la letra Ñ copia simple consistente de constancia de cancelación y liberación de la reserva de dominio ( )
Ahora bien, ciudadanos Magistrados. (sic) La Juzgadora, yerra, a expresar que dichas documentales constituyen una copia simple fotostática de documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículos 429 del Código de Procedimiento Civil, y la desecha del proceso y no le otorga valor probatorio. En este sentido, ciudadanos Magistrados la referida copia simple que la juzgadora desecha del proceso y no le otorga ningún valor probatorio en la sentencia que hoy impugno en casación, no son copias simples, son originales, de las cuales constan en autos copias certificadas, ya que las originales están bajo resguardo, en la caja fuerte del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) y se encuentra acompañada al libelo de la demanda en su original, lo cual se evidencia de autos cursante al folio Nro. (sic) 60 de la primera pieza en el expediente signado 16911, nomenclatura esta perteneciente al Juzgado Superior ( ) donde consta en el referido folio 60, que existe una certificación por parte del secretario del que los descritos documentales supra identificados, se encuentran en la caja fuerte del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) bajo resguardo. Por lo que las documentales descritas, se acompañaron en su original junto con el libelo de la demanda y estos instrumentos no fueron impugnadas (sic) por la parte demandada, lo cual se debe tener como fidedigna, y demuestran la pretensión objeto de la presente demanda como es ACCIÓN REDHIBITORIA (SANEAMIENTO POR VICIOS OCULTOS), con motivo del vehículo arriba identificado, el cual adquirió como nuevo nuestro representado bajo reserva de dominio, ya que la parte contraría en ningún momento los impugno, (sic) por lo cual es plena prueba, y demuestran el hecho controvertido en el presente juicio, y deben ser valoradas tal como lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil (sic) prevé. ( )
En efecto, por lo anteriormente expuesto, la sentencia yerra, en la interpretación de una norma jurídica, del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretar en su alcance general y abstracto, por cuanto los documentos identificados arriba, han quedado con todo valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. (Destacados de la formalizante).
La Sala para decidir, observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación, al considerar que el juez de alzada no debió desechar las pruebas documentales promovidas al considerarlas unas copias fotostáticas simples, dado que se corresponden con copias certificadas de originales que reposan en la caja fuerte del tribunal.
En relación con el vicio delatado, resulta oportuno destacar el marco general que rige una denuncia de esta naturaleza. Así, es necesario indicar que el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de fondo o de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, y al amparo de éste podrán ser denunciados los siguientes vicios: i) errónea interpretación, ii) falsa aplicación, iii) falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Así, estos quebrantamientos de ley se traducen en lo siguiente: a) error de derecho propiamente dicho, en cuanto a la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan; b.1) el establecimiento de los hechos, b.2 la apreciación de los hechos, b.3 el establecimiento de las pruebas, y b.4 la apreciación de las pruebas; y, particularmente importante, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 eiusdem, los cuales se describen a continuación: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas.
Ahora bien, ciertamente de la lectura del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se aprecia que en dicha norma el legislador expresamente consagró como razón excepcional para que la Sala pueda conocer sobre los hechos, la circunstancia de que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, siendo normas capaces de hacer descender a la Sala para conocer de los hechos, en relación con la ilegalidad o inconducencia de un medio de prueba, aquellas normas jurídicas que regulan el establecimiento de los hechos o su valoración, así como las que regulan el establecimiento de los medios de prueba o su valoración derivándose de ello cuatro categorías de normas jurídicas, cuya denuncia de infracción de conformidad con el artículo 320 eiusdem son suficientes, para que de acuerdo con su dispositivo normativo, sean capaces de hacer descender a la Sala al conocimiento de los hechos. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-749 del 11/12/2009. Exp. N° 2009-414 y N° RC-353 del 26/6/2013. Exp. N° 2013-114).-
En tal sentido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 1173 del 12 de agosto de 2009, expediente N° 2009-405, caso: BANCO DE VENEZUELA S.A. BANCO UNIVERSAL, dispuso lo siguiente:
Pronunciamiento acerca del cual, se observa que si bien esta Sala Constitucional, en anteriores oportunidades, ha sostenido que el recurso de casación exige el cumplimiento de ciertos requisitos formales imprescindibles y de particular importancia, relacionados íntimamente con su contenido, dado su ámbito especial y su carácter de extraordinario, todo lo cual comporta cierta precisión procesal en la interposición del mismo, cuya omisión no puede ser suplida por el juzgador, aún cuando, en algunos casos, resulte incomprensible que el exceso de formalismo, genere su inadmisibilidad . (vid. sent. Nº 578 del 30/03/07), tales exigencias, so pena de incurrir en excesivos formalismos y contrariar el contenido del artículo 26 del Texto Constitucional, no pueden ir más allá de las expresamente establecidas, en este caso, en las normas que regulan la formalización, es decir, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: ( )
Por su parte, el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, al cual se hace referencia para desechar la denuncia en comento, establece: ( )
Lo anterior, aplicado al caso de autos, permite a la Sala concluir que, si como en la denuncia efectuada por el Banco de Venezuela C.A., se señaló que se producía con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y, se indicó que la infracción que se hacía valer por falsa aplicación era la de los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, y se denunciaron como no aplicados el artículo 1.354 de dicho Código y el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la sola falta de indicación que se hacía en concordancia con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, no constituía, a juicio de esta Sala, inobservancia de la carga que el artículo 317 le impone al formalizante del recurso y, por tanto, que existiere imposibilidad para que la Casación Civil entrara a analizar la denuncia, pues el artículo 320 de la norma adjetiva en comento, imposibilita a la casación extenderse al fondo de la controversia ni al establecimiento ni apreciación de los hechos, salvo que en el escrito de formalización se haya denunciado la infracción de una norma jurídica expresa y estableciendo además, cuáles son las normas jurídicas aplicables para resolver la controversia . Por interpretación en contrario, si se denuncia la infracción de una norma expresa (artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil) y se indica la norma jurídica aplicable para resolver la controversia (1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil), nada obstaba para que la casación civil descendiera al establecimiento y apreciación de los hechos.
En este orden de ideas, en criterio de esta Sala, la exigencia de un requisito, es decir, la imposición intempestiva de una carga procesal a la parte recurrente, como la descrita, que no está expresamente tipificada en el Código de Procedimiento Civil como necesaria para la formalización del recurso de casación, constituye una exigencia, por demás formalista, que deviene en la trasgresión de un derecho constitucional como lo es el contenido en el artículo 257 del Texto Fundamental que preceptúa que no se sacrificará la justicia por formalismos no esenciales, esto quiere decir que, la exigencia de un requisito del cual no se hace mención en la ley adjetiva civil sino, fue creado por la práctica jurisprudencial, representa un formalismo que deviene en la violación de los derechos constitucionales del formalizante, que al habérsele exigido, se le limita la posibilidad de controlar en casación la decisión que le adversaba.
De igual forma la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en reciente sentencia N° 651 del 30 de mayo de 2013, expediente N° 2012-1307, caso: SALEH SAME SALEH DE ABU y SALEH ALI UZAM, dispuso lo siguiente:
Llama la atención de esta Sala el señalamiento de la técnica adecuada para delatar el vicio que exige la Sala de Casación Civil para la formalización de la denuncia, toda vez que de acuerdo a los postulados constitucionales, el proceso tiene un carácter instrumental. Esta afirmación encuentra su fundamento en el artículo 257 constitucional que establece: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales (Subrayado de este fallo).
En tal sentido, la doctrina explica que si entre el Derecho procesal y el Derecho material existe una relación de medio a fin, en cuya virtud la jurisdicción y, por ende, el proceso judicial desempeña esa función de servicio consistente en ser el instrumento del que se vale el Estado, por la mano del juez, para que el derecho sustantivo se realice, está claro que es el proceso el que siempre debe adecuarse en su estructura, desenvolvimiento y eficacia a los diversos tipos de relaciones (y por tanto de normas) sustanciales a actuar, y nunca el Derecho material o de fondo el que pueda sacrificarse por interpretaciones excesivas o voluntariosas del rito procesal. (Vid. La Casación. El control del juicio de hecho. Gladis E. de Midón, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2001, p. 99).
En tal sentido, si la ley procesal civil no exige una técnica específica para la formalización del recurso más allá de los requisitos previstos en el artículo 317 y 320 del Código de Procedimiento Civil, basados fundamentalmente en un escrito razonado en el que se exponga: 1) La decisión o decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas; mal puede el órgano encargado de sustanciarlo y decidirlo imponer una técnica mutu proprio en perjuicio de los derechos constitucionales de los justiciables.
No se trata de relegar o soslayar las formas procesales, pues ellas garantizan la certeza y seguridad jurídica que deben imperar en los juicios, sino de minimizar el rigorismo excesivo que colide con la esencia y finalidad del proceso.
En resguardo a la tutela judicial eficaz, esta Sala Constitucional considera que es esencial que los jueces interpreten y apliquen los presupuestos, requisitos y reglas procesales de acceso a la justicia, tanto en la vía principal como en la de los recursos, de manera que cumplan, de la mejor manera posible, con su finalidad, que no es otra que la regulación del iter procedimental con respeto a los derechos de todas las partes para la resolución de la controversia. Es fundamental, para el respeto al derecho a la tutela judicial eficaz, el principio pro actione, que exige un razonamiento de las normas que rigen el acceso a los tribunales del modo que más favorezca a la pretensión y no de manera tal que el logro de una resolución sobre el fondo se dificulte u obstaculice. (Vid. sentencia n.° 1163, de 18 de noviembre de 2010, caso: Organización Italcambio, C.A.).
Conforme a la doctrina que fue citada supra, esta Sala Constitucional considera que la exigencia del cumplimiento de una técnica no establecida en el Código de Procedimiento Civil para la formalización del recurso de casación, como carga procesal que se impone al recurrente para el conocimiento del mismo por parte de la Sala de Casación Civil, específicamente para el caso de la delación atinente al falso supuesto por desviación ideológica o intelectual, obedece a una jurisprudencia formalista que está en conflicto con el espíritu y razón de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por tanto, excede de los requerimientos básicos que disponen las normas que regulan la casación civil, pues si bien es cierto que hay requisitos que deben cumplirse para la admisibilidad o procedencia del recurso, en ningún modo éstos pueden disociarse del derecho fundamental al acceso a los recursos judiciales ni del derecho a la defensa del justiciable.
Debe insistir esta Sala, en que la prohibición de sacrificar la justicia por formalismos inútiles no apunta a proscribir los requisitos de la formalización, sino a que ante errores de cierta entidad de los jueces las Salas de Casación procedan a conocer de las denuncias que le hayan sido formuladas, sin el amparo de tecnicismos no previstos en el ordenamiento jurídico positivo.
Ahora bien, se evidencia de la presente delación, que la formalizante fue deficiente en cuanto al cumplimiento de la técnica necesaria en la formulación de la denuncia, pero esta deficiencia no es de tal magnitud que impida su conocimiento, y como en el presente caso se denunció la infracción de una norma jurídica expresa que regula la valoración de un medio de prueba, esta Sala de conformidad con la disposición contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, así como lo dispuesto en las jurisprudencias antes citadas de la Sala Constitucional, que señalan que la imposición de una carga procesal al recurrente que no está expresamente tipificada en el Código de Procedimiento Civil como necesaria para la formalización del recurso extraordinario de casación, constituye una exigencia, por demás formalista, que deviene en la trasgresión del derecho constitucional, previsto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que preceptúa que no se sacrificará la justicia por formalismos no esenciales, y en consecuencia el señalamiento o no en la denuncia de la previsión contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, no es suficiente para que la Sala no descienda de forma excepcional al estudio de las actas del expediente, y en conformidad con el supuesto b.4 antes citado de la doctrina de esta Sala, pasa a conocer de las actas del expediente de forma excepcional, y al respecto observa:
La decisión recurrida expresa lo siguiente:
2.- Marcado B copia simple de factura Nº 001932, expedida por MAQUINAS 2000 C.A., a favor del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., de fecha 23 de marzo de 2005, correspondiente a la venta a crédito con saldo cedido de un vehículo nuevo, clase camioneta, marca chevrolet, tipo sportwagon, año 2005, modelo grand vitara 4x4, 5 puertas man c/a, color blanco sólido (folio 19 de la primera pieza).
Observa esta Juzgadora, que dicha documental constituye una copia fotostática de documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
5.- Marcadas E, E1, E2, E3, E4, E5 y E6 copia simple ordenes de reparación emitidas por MAQUINAS 2000 C.A., a favor de ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., (folios 26 al 32 de la primera pieza).
Las documentales antes señaladas, constituyen copias fotostáticas de documentos privados, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desechan del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
6.- Marcada F copia simple de solicitud de fecha 16 de junio de 2005, emitida por ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., dirigida a MAQUINAS 2000 C.A., en la persona de su Gerente de Servicio. Al respecto, quien decide observa que dicha documental constituye una copia simple de documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
8.- Marcada H copia simple de nota de recepción Nº 62612, de fecha 05 de octubre de 2005, expedida por MAQUINAS 2000 C.A., a favor del cliente ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., (folio 35 de la primera pieza).
Como se observa, la documental antes descrita constituye una copia simple de documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
10.- Marcadas J, K y L copias simples de documentales privadas que no son de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
12.- Marcada N solicitud de anulación de póliza de seguro de fecha 25 de noviembre de 2005, realizada por ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., dirigida a La Oriental de Seguros, C.A. (folio 59). Dicha documental constituye copia simple de un documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
13. Marcada Ñ copia simple de constancia de cancelación y liberación de la reserva de dominio (folio 60 de la primera pieza). Dicha documental constituye copia simple de un documento privado, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desecha del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
Por su parte el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Artículo 429
Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.
Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.
La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el Juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere.
Al respecto de la interpretación de dicha norma, esta Sala ha dicho lo siguiente:
Artículo 429: ( )
Conforme con esta norma, las copias fotostáticas o reproducidas por cualquier medio mecánico, se reputarán fidedignas, siempre que se cumplan con ciertas condiciones, entre ellas, que no sean impugnadas por la contraparte, ya en la contestación a la demanda si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de pruebas.
La Sala debe insistir, y en este sentido también darle la razón al juez superior, que el adversario del promovente tiene la carga de impugnar las fotocopias simples de documentos, si dicha fotocopia se consigna en la demanda, contestación o lapso probatorio.
En este sentido, la Sala observa que la demandante no impugnó, dentro de los cinco días siguientes de producidas, las copias impresas de los correos electrónicos consignados junto con la contestación de la demanda, lo cual era su deber a tenor de lo establecido en la jurisprudencia de esta Sala, que en decisión No. 469 de fecha 16 de diciembre de 1992, Caso: Asociación La Maralla contra Proyectos Dinámicos El Morro, C.A., dejó asentado:
...Al tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, dentro de la prueba por escrito, el legislador decidió otorgar valor probatorio a determinadas copias fotostáticas o reproducciones fotográficas de algunos instrumentos.
Según dicho texto legal, es menester que se cumplan con determinados requisitos objetivos y subjetivos, para que estas fotocopias, o reproducciones fotográficas tengan efecto en el proceso mediante la debida valoración que, sobre ello, le otorgue el sentenciador.
Estas condiciones son las siguientes: En primer lugar, las copias fotostáticas deben tratarse de instrumentos públicos o de instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, en segundo lugar, que dichas copias no fueren impugnadas por el adversario; y en tercer lugar, que dichos instrumentos hayan sido producidos con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas (y si son consignados en otra oportunidad, tendrían valor probatorio si fueren aceptadas expresamente por la contraparte).
A juicio de este Supremo Tribunal, la fotocopia bajo examen no se refiere a un instrumento público ni a un instrumento privado o tenido legalmente por reconocido, por lo que no se trata de aquel tipo de documento al cual el legislador ha querido dar valor probatorio cuando hubiere sido consignado en fotocopia.... (Negritas de la sentencia).
(Vid. Sentencia N° RC-274, del 30 de mayo de 2013, expediente N° 2012-594, caso: ORIÓN REALTY C.A., contra FRANKLIN DEL VALLE RODRÍGUEZ ROCA).
La norma antes citada regula la valoración de las pruebas documentales constituidas por los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos en juicio, y la validez o no de las copias fotostáticas simples de estos, según las circunstancias específicas del caso en que se pretendan hacer valer.
Ahora bien, revisadas las actas del expediente esta Sala observa, con respeto a las pruebas promovidas por la demandante anexas al libelo de la demanda, signadas con las letras B, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F, H, J, K, L, N y Ñ, lo siguiente:
Cursa al folio 61 de la pieza uno de este expediente una certificación que señala lo siguiente:
ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DEL ESTADO ARAGUA. CERTIFICA: QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN ES TRASLADO FIEL Y EXACTO DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ACOMPAÑADAS AL LIBELO DE LA DEMANDA DEL PRESENTE EXPEDIENTE, SIGNADO CON EL N° 11078, CUYOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA CAJA FUERTE DE ESTE TRIBUNAL POR CUESTIONES DE SEGURIDAD. TODO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 112 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, EN MARACAY 22 DE FEBRERO DE 2006-
EL SECRETARIO
ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ.
(Mayúsculas y negrillas de la certificación transcrita).-
La certificación antes transcrita deja palmariamente evidenciado, que las pruebas fueron promovidas en originales acompañadas al libelo de la demanda y que dichos originales se encuentran en la caja de fuerte del tribunal por razones de seguridad.
En tal sentido cabe señalar, que la infracción de ley por errónea interpretación de un precepto legal -ex definitione-, sólo se produce con respecto a aquellas normas que hayan sido aplicadas por el juez para resolver la controversia, al darle un alcance distinto al que de las mismas dimana.
Al respecto, la moderna y calificada doctrina especializada en la materia, expresa:
...la interpretación errónea de la norma ocurre, en suma, cuando siendo la que corresponde al caso litigado, se le entendió sin embargo equivocadamente y así se aplicó (Murcia Ballén, Humberto; Recurso de Casación Civil, Librería El Foro de la Justicia, Bogotá, Colombia, 1983, pág. 307). (Cfr. Fallo N° RC-118 del 23/4/2010. Exp. N° 2009-471, caso: Jorge Enrique Contreras Pabón contra Aura Stella Contreras De Romero y otros).
En el presente caso el juez de alzada, cometió evidentemente un grave error de percepción de los hechos, cuando procedió a la valoración de las pruebas documentales ya descritas, dado que consideró que las mismas cursaban en autos en copia simple y en consecuencia las desechó del proceso, sin percatarse, ya sea por descuido o de forma intencional, de la certificación hecha por el ciudadano Secretario del Tribunal de Primera Instancia, donde dejó constancia que dichas copias cursan en actas del expediente, porque los originales reposan en la caja fuerte del tribunal por razones de seguridad.
Dicho todo lo antes expuesto, es claro que el juez de alzada cometió la errónea interpretación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al desechar las pruebas objeto de análisis al considerarlas unas copias simples, cuando dichas copias cursan en actas del expediente sólo a los efectos de referenciar su contenido, al encontrarse las pruebas en originales en resguardo en la caja fuerte del tribunal.
De igual forma se observa, que el juez de alzada expresa lo siguiente:
Las documentales antes señaladas, constituyen copias fotostáticas de documentos privados, la cual no es de las copias permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se desechan del proceso y no se le otorga valor probatorio. Así se decide.
Lo antes transcrito de la recurrida patentiza la errónea interpretación hecha de la norma por el juez de alzada, dado que el juez señala que al constituir copias fotostáticas de documentos privados, estas se desechan del proceso al no estar permitidas por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Esto es contario, claramente a lo que expresamente señala la norma, dado que los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes, y las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas.
Por lo cual es claro, que las copias fotostáticas simples de los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, no son per se- un medio de prueba prohibido por el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sino que constituyen medios de prueba legal permitidos en juicio, conforme al principio de libertad probatoria, previsto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, los cuales dependiendo de la actitud tomada por la parte en contra de la cual se producen, tienen distintos efectos probatorios en juicio.
En consecuencia, en este caso el juez de reenvío deberá acordar mediante auto para mejor proveer, que mediante oficio se recaben las pruebas que se encuentran en resguardo en la caja fuerte del tribunal de primera instancia, para que sean analizadas en conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, conforme a su tipo, y tomando en consideración si se corresponden con documentos públicos o privados, y si estos emanan de las partes o de terceros distintos a las partes en juicio, y de ser así verificar si los mismos fueron impugnados en la contestación de la demanda o desconocidos, y si estos fueron debidamente ratificados en juicio por el tercero emisor, mediante la correspondiente prueba testimonial, conforme a lo estatuido en Libro Segundo, Título II, Capítulo V, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 429 y siguientes, y Libro Tercero, Título III, Capítulo V, del Código Civil, en sus artículos 1355 y siguientes. Así se declara.-
Por último y no menos importante, es de señalar, que el procedimiento seguido para el resguardo de las pruebas en el presente caso, no fue el más adecuado, dado que el Secretario del tribunal de primera instancia, se limitó a señalar en la certificación que cursa al folio 61 de la pieza uno, que dichas copias fotostáticas son traslado fiel y exacto de sus originales, pero dichas copias que cursan a los folios 9 al 60 de la pieza uno, no se encuentran debidamente certificadas por el Secretario, con el sello húmedo del tribunal y la firma respectiva en cada folio, del secretario y de la persona autorizada, conforme a lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimiento Civil, ni existe el correspondiente auto que acuerde el resguardo de las pruebas originales en la caja fuerte y la incorporación de sus copias certificadas al expediente.
Por lo cual, se le hace un llamado de atención al juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, ciudadano abogado Ramón Camacaro Parra, y al ciudadano Secretario de dicho tribunal abogado Antonio Hernández, para que en futuras ocasiones no vuelvan a cometer este error de sustanciación en los juicios.
Por todo lo antes expuesto, la presente delación por errónea interpretación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, es procedente. Así se decide.-
-II-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación.
Señala la formalizante:
FALSA APLICACIÓN
Del análisis de la sentencia dictada por el Juzgado Superior ( ) se desprende que el sentenciador incurre en el vicio sancionado en (sic) ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, consistente en la FALSA APLICACIÓN, del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
En el sentido ciudadanos Magistrados que aplico (sic) falsamente el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que los documentos, que se acompañaron al libelo de la demanda, valorados en la sentencia que hoy ocurro en casación, la juzgadora no verifico (sic) en las actas que conforman la presente causa, si la parte contraria los había impugnado, o tachado, circunstancias que no efectuó en ningún momento la parte accionada identificada en autos, lo que se pude constatar en las actas que conforman la presente causa, y procedió a desecharlos del proceso, no otorgándole valor probatorio, y los documento (sic) cumplen con las formalidades procesales para su validez, no verificando la sentenciadora que se encontraban certificados y bajo resguardo en la caja fuerte del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) lo cual se evidencia de autos cursante al folio Nro (sic) 60 de la primera pieza del expediente, alegato este que ciudadanos Magistrados pueden apreciar en el texto de la sentencia ( ) (Destacados de la formalizante).-
Para decidir, la Sala observa:
De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, al considerar que el juez de alzada no debió desechar las pruebas documentales promovidas al considerarlas unas copias fotostáticas simples, dado que se corresponden con copias certificadas de originales que reposan en la caja fuerte del tribunal.
Ahora bien, se evidencia de la presente delación ya transcrita, que la formalizante fue deficiente en cuanto al cumplimiento de la técnica necesaria, pero esta deficiencia no es de tal magnitud que impida el conocimiento de la denuncia, y esta se contrae a los mismos hechos relacionados en la denuncia anterior, pero con la imputación de la falsa aplicación de la norma contenida en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, la falsa aplicación se produce, cuando se aplica la norma a unos hechos cuyos supuestos no encajan en los hechos que constan en el proceso; este vicio supone como elemento sine qua non la aplicación de la norma, es decir, el juez aplicó una norma que no encaja en la controversia planteada y deja de aplicar aquella que resuelve la pretensión.
En este caso es claro que el juez de alzada cometió el vicio de falsa aplicación de la norma, dado que como ya señaló en este fallo, cometió un grave error de percepción de los hechos, cuando procedió a la valoración de las pruebas documentales ya descritas, al considerar que las mismas cursaban en autos en copias simples y en consecuencia las desecho del proceso, sin percatarse, ya sea por descuido o de forma intencional, de la certificación hecha por el ciudadano Secretario del Tribunal de Primera Instancia, donde dejó constancia que dichas copias cursan en actas del expediente, porque los originales reposan en la caja fuerte del tribunal por razones de seguridad.
Dicho todo lo antes expuesto, es claro que el juez de alzada cometió la falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al desechar las copias objeto de análisis al considerarlas unas copias simples de los instrumentos originales, cuando dichas copias cursan en actas del expediente sólo a los efectos de resguardar los originales que fueron anexados al libelo de la demanda.
Por lo cual, la presente delación por falsa aplicación del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, es procedente. Así se decide.-
QUAESTIO FACTI
-I-
Con fundamento en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se señala lo siguiente:
RECURSO DE CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS
De conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, procedo a presentar las siguientes denuncias relacionada (sic) con la infracción de normas para el establecimiento de los hechos y de las pruebas, así como también haber incurrido la alzada en casos de suposición falsa, lo cual procedo a plantear en los siguientes términos:
PRIMERO: DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE NORMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRUEBAS.
De la sentencia dictada por el Juzgado Superior ( ) se desprende que la misma incurre en el vicio de infracción de norma jurídica que regula el establecimiento de los hechos.
( omissis )
En el presente caso se denuncia que no es valida (sic) la consideración hecha por la recurrida con respecto a la inspección judicial cursante en el presente expediente a los (folios 43 al 58 de la primera pieza), aportada por esta defensa, ya que la inspección judicial no es un procedimiento por retardo perjudicial, como lo señala la jueza en la sentencia que hoy se recurre en casación.
En tal sentido, ciudadanos Magistrados, la inspección judicial, cuya original se encuentra bajo resguardo en la caja fuerte del Tribunal Tercero de Primera Instancia ( ) según certificación cursante al folio Nro (sic) 60 de la primera pieza del presente expediente, marcada con la letra M, realizada por el Juzgado ( ) con fecha ( ) 8 de diciembre de 2005, ( ) donde se observa que dicho Juzgado se trasladó y constituyó en la sede de la empresa MAQUINAS 2000 C.A. (folios 43 al 58 de la primera pieza), y dejó constancia de lo siguiente: AL PARTICULAR PRIMERO: El Tribunal deja constancia, que el vehículo marca chevrolet, placas DVR-23V ( ) se encuentra depositado en el estacionamiento del departamento de Gerencia de Servicios ( ) que el vidrio del piloto se tranca, sonido pendiente en diferencial ( ) AL PARTICULAR SEGUNDO: Se deja constancia que la fecha de adquisición del vehículo fue el 23-03-2005, ha entrado nueve (09) (sic) veces al departamento de servicios por desperfectos ( ) AL PARTICULAR TERCERO: Se deja constancia que el abogado de la empresa ( ) no permitió que se moviera la camioneta para realizar el chequeo por el experto mecánico
La inspección judicial extra litem, realizada por el Juzgado Primero de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry del estado Aragua, con fecha ( ) 8 de diciembre de 2005, la valoración de la misma resulta de la apreciación del juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue realizada, expresa las razones que a su juicio demuestran lo correspondiente, como es el hecho que el vehículo nuevo, descrito en autos desde que fue adquirido por nuestro representado presento desperfecto, de las resultas de esta prueba y concatenadas con las documentales y testimoniales, que cursan en los autos, emergen elementos de convicción suficientes para acreditar los hechos alegados, lo cual se debe tener como fidedigna, y demuestran la pretensión objeto de la presente demanda ( ) con motivo del vehículo arriba identificado, el cual adquirió como nuevo nuestro representado. Toda vez que, fue realizada por un funcionario público autorizado por la ley para dar fe pública de los hechos jurídicos que declara haber ejecutado y haber visto u oído. La inspección judicial tiene valor de prueba plena respecto de los hechos comprobados por el juez, esto es que el juez debe sentenciar de conformidad con lo constatado en la inspección judicial.
Ahora bien, ciudadanos Magistrados. La (sic) Juzgadora (sic) yerra, a (sic) expresar que dicha documental, es una copia certificada, la misma se encuentra acompañada al libelo de la demanda en su original ( ). (Destacados de la formalizante).-
La Sala para decidir, observa:
De lo antes transcrito se desprende, que la formalizante intenta formular una denuncia por infracción en cuanto a la valoración hecha por el juez de alzada, sobre una inspección judicial promovida por la demandante, señalando por una parte que la denuncia se contrae a la INFRACCIÓN DE NORMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRUEBAS , y seguidamente señala que es una infracción de norma jurídica que regula el establecimiento de los hechos , señalamientos que constituyen dos vicios distintos de casación sobre los hechos, y que demuestra la confusión de la formalizante al respecto, dejando claro, que esta no cumple con los requisitos mínimos necesarios para la formulación de una denuncia de esta especie, para que esta Sala pueda entrar a conocerla, porque su redacción fue hecha desde una muy limitada óptica, que denota el desconocimiento de la técnica casacional por parte de la formalizante, la cual en este caso, por más que se quiera flexibilizar, es de imposible conocimiento.
En tal sentido esta Sala le observa a la formalizante, en su labor pedagógica, que una denuncia sobre el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, debe contener los siguientes elementos, indicados entre otras, en sentencia de fecha 19 de diciembre de 2007, caso: Beila Vaisberg De Ghetea, contra Isaac Ghetea Ghitelman, reiterada en decisión N° RC-97, del 24 de marzo de 2010, expediente N° 2008-363, caso: Arnoldo Mora García y Quiliano Antonio Pineda Mora, contra José Besednjak Cernef, en la cual se señaló lo siguiente:
La casación sobre los hechos, representa la posibilidad de que, excepcionalmente, este Máximo Órgano, desprendiéndose de su condición de tribunal de derecho, extienda su análisis al fondo de la controversia y descienda al estudio de los hechos sucedidos en el proceso; todo ello es posible cuando se interponga una denuncia invocando el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; pero es oportuno ratificar que además del apoyo en la disposición señalada, debe el formalizante cumplir con los requisitos referidos a la especial técnica exigida para la adecuada elaboración de este tipo de denuncia.
En efecto, ha sido doctrina reiterada de este Supremo Tribunal cual es la técnica requerida al formalizante, para acusar las violaciones referentes a la llamada casación sobre los hechos, y en tal sentido en sentencia N° 344, de fecha 31 de octubre de 2000, caso: David Parra Fuentes contra José Agustín Rivero Rodríguez, expediente N° 00-240, se dejó establecido lo siguiente:
El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé los casos excepcionales en que esta Corte puede descender al fondo de la controversia o al establecimiento o apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Tales casos están señalados en el propio artículo 320, a saber:
Cuando se alegue infracción de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o apreciación de las pruebas o de los hechos o cuando la parte dispositiva del fallo sea consecuencia: a) de una suposición falsa del juez, que atribuyó a instrumentos a actas del expediente menciones que no contienen; b) o dio por demostrado con pruebas que no aparecen en autos; c) o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. También exige el Código vigente, que la suposición falsa sea de tal entidad que afecte la parte dispositiva del fallo...
Pero sucede que no son éstos los únicos requisitos que debe cumplir la formalización, aparte de los requisitos específicos exigidos por el artículo 320 para estos casos excepcionales, el artículo 317 eiusdem establece los requisitos exigidos para toda formalización, entre cuyos requisitos figura el establecido en el numeral 3º, es decir, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación, o aplicación errónea...
En fallo del 27 de junio de 1996, que a su vez ratifica el de fecha 4 de agosto de 1993, la Corte sentó doctrina en tal sentido, de la manera siguiente:
Debe la Sala resaltar, que siempre que se hable de norma jurídica que regule el establecimiento y valoración de los hechos y de las pruebas, se está haciendo referencia a cuatro tipos de normas jurídicas, los cuales son distintos entre sí. De esta forma lo asentó esta Corte en fallo del 4 de agosto de 1993 (Edelberto Cabrales Liscano contra Claudio Enrique Moreau Paéz), en el cual se expresó:
Interpretando el sentido de dicho texto de ley (se refiere al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil), con aprecio del espíritu del legislador, encuentra la Sala que son normas capaces de hacer descender a la Sala para conocer de los hechos en relación a la ilegalidad o inconducencia de un medio de prueba, aquellas normas jurídicas expresas que regulen el establecimiento de los hechos o de su valoración, así como las que regulen el establecimiento de los medios de prueba o su valoración; se deriva que existen cuatro categorías de normas jurídicas cuya denuncia de infracción, de conformidad con el artículo 320 eiusdem, son suficientes para que de acuerdo con su dispositivo normativo sean capaces de hacer descender a la Sala al conocimiento de los hechos. Estos cuatro grupos en comento son:
1) Las normas jurídicas que regulen el establecimiento de los hechos;
2) Las que regulen la valoración de los hechos;
3) Las que regulen el establecimiento de un medio de prueba; y
4) Las que regulen la valoración de un medio de prueba.... (Destacados de la Sala).
En esta denuncia bajo análisis, se incumple con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, pues tal como está estructurada, queda sin sustento alguno, por los siguientes motivos:
I.- La denuncia no se fundamentó en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
II.- No se señaló que norma o normas supuestamente infringió el juez de alzada.
III.- No se señaló que tipo de infracción se cometió en el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, conforme al artículo 317 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, es decir, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, ya sea por falsa aplicación o errónea interpretación.
IV.- No se señaló las normas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, en cumplimiento del ordinal 4° del art 317 del Código de Procedimiento Civil.
V.- No se especificó la influencia de la infracción de lo dispositivo del fallo y que esta sea suficiente para cambiarlo.
Todo lo antes expuesto, es más que bastante para que ésta denuncia sea desechada por falta de técnica grave en su formulación, que impide su conocimiento. Así se decide.-
-II-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y artículo 320 eiusdem, se denuncia la falta de aplicación del artículo 508 ibídem, señalando la formalizante lo siguiente:
SEGUNDO (sic) DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE NORMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRUEBAS.
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y con apoyo del artículo 320 ibídem la (sic) infracción, por falta de aplicación de los artículos (sic) 508 del texto Adjetivo (sic) citado, lo que hace que la decisión de la recurrida hay (sic) incurrido en infracción de norma jurídica expresa que regula la valoración de las declaraciones de los testigos: DANNY RAMÍREZ CAICEDO y JHOVANI ANTONIO FLORES TERÁN, ( ) quienes son testigos presénciales de los hechos que motivaron la presente acción, demostrando en sus deposiciones, que ciertamente desde el mismo momento que nuestro representado adquirió el vehículo, presentó varios desperfectos mecánicos, que demuestran vicios ocultos que poseía el referido vehiculo (sic) desde el momento de la compra, y que no eran conocidos por nuestro mandante plenamente identificado en los autos.
Por lo cual los testigos, hacen plena prueba de los hechos que se alegaron en autos y ha sido probado autos, la pretensión ( ) toda vez que la juzgadora hace una valoración parcial e incompleta, sin tomar en cuenta ni examinar, las deposiciones de los testigos, que recibieron en varias oportunidades el vehiculo (sic) identificado en autos, que los dichos de estos concuerdan entre sí, incluso concatenándolos con las pruebas documentales que cursan en los autos, los motivos de las declaraciones que son testigos presénciales de los hechos alegados en los autos, y son confiables las declaraciones, en razón de la vida, costumbre y la profesión que ejercen, como lo es que para ejercer las funciones de los testigos se requiere conocimiento para desempeñar el trabajo que realizan en la concesionaria, en consecuencia, la juez no hizo un análisis de los hechos y relacionándolos con el derecho, no los aprecia el tribunal como prueba, la de los desperfectos que presentaba el vehiculo (sic) descrito en autos, objeto de este juicio, y las respuestas dadas por los testigos referida a esta circunstancia fueron categóricas y precisas.
Al leer las declaraciones de los referidos testigos, se evidencia que al callar la juzgadora las preguntas formuladas y solo (sic) concretarse a copiar la respuesta, distorsiona totalmente la declaración y por lo tanto realiza un examen parcial de la prueba por lo que su apreciación es incompleta e imprecisa, lo que trae como consecuencia que infecte la decisión al infringir la ya denunciada norma que regula la valoración de las pruebas.
Con lo referente a las testimoniales rendidas por Danny Ramírez Caicedo, cuyo testimonio fue desechado, se advierte, que él manifestó haber sido asesor de servicio de la demandada y que su actividad laboral era practicar el diagnostico preliminar de las fallas mecánicas reportadas porque el diagnostico como tal lo ofrece el técnico y el fungía como intermediario entre el técnico y el cliente. En cuanto al segundo testigo, ciudadano Jhovani Antonio Flores Terán, quien manifestó ser receptor de vehículos y encargado de tomar los datos del cliente y las quejas o problemas que participan los clientes tiene sus vehículos, tenemos que la única deposición valorada por el juez para desechar su dicho en lugar de contradecir lo expresado por el primer testigo, lo que hace es ratificar y fortificar la deposición de este, cuando depone diciendo que el diagnóstico de lo que realmente tienen los vehículos los hace el técnico, lo cual también dijo el primer testigo.
Ahora bien, si la empresa Máquinas 2000, C.A. contrato al testigo Danny Ramírez Caiedo, para montarse en los vehículos y dar un diagnóstico inicial, preparatorio o previo, fue porque tenía la competencia y el conocimiento suficiente para emitir esos diagnósticos preliminares, que solo puede efectuar quien tiene realmente conocimiento directo y cierto del hecho que plantea el cliente y comprador del vehículo.
Entonces NO TIENE EXPLICACIÓN DEL POR QUE LA OPERARIO DE JUSTICIA, señala en su pronunciamiento de desechar las deposiciones de ese testigo, que él luce evidentemente no tener un conocimiento directo y cierto del hecho que busca demostrar el demandante.
Como se pude observar al examinar las respuestas, tomando en cuenta qué se preguntó, el sentido de la declaración varía porque es completo, y su valoración debe ser contraria a la dada por la recurrida, en razón de haber realizado el sentenciador un análisis parcial sobre la prueba de testigos, lo cual realiza bajo los siguientes argumentos:
( omissis )
Solicito que la presente denuncia sea declarada procedente y como consecuencia anule el fallo dictado. (Destacados de la formalizante).-
La Sala para decidir, observa:
De lo antes transcrito se desprende, que la formalizante intenta formular una denuncia por infracción en cuanto a la valoración hecha por el juez de alzada, sobre unas deposiciones judiciales, alegando la falta de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto cabe señalar, que la juez de alzada en torno a las testimoniales dispuso lo siguiente:
3.- En el capítulo III, promovieron las testimoniales de los ciudadanos DANNY RAMÍREZ CAICEDO y JHOVANI ANTONIO FLORES TERÁN, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.532.590 y V-12.142.268, respectivamente, y al respecto se observa:
- Acta de fecha 21 de junio de 2006, correspondiente a la declaración del ciudadano Jhovani Antonio Flores Terán, de la cual se constata de las preguntas y respuestas dadas, lo siguiente:
PRIMERA PREGUNTA: Diga usted qué tipo de actividades realizaba en la Empresa Concesionario de vehículos MAQUINAS 2000, para el momento de ocurrir los hechos relacionados con el presente juicio. Contestó: Yo era receptor de vehículos que era el que tomaba los datos del cliente y algunos problemas o quejas que nos decía el cliente sobre el vehículo. SEGUNDA PREGUNTA: DIGA EL TESTIGO Si recuerda cuantas oportunidades fueron reportadas fallas mecánicas de consideración al vehículo modelo GRAN VITARA marca chevrolet, placas DBW 23V, año 2005 ( ), Contestó: Fueron varias oportunidades a dar quejas del vehículo en un mes fueron cuatro veces quejas del vehículo que tenia fallas o ruidos en el motor ( ).TERCERA PREGUNTA: DIGA EL TESTIGO Si con anterioridad conocía de vista, trato y comunicación al ciudadano JOSÉ ELEUTERIO VIEIRA AGUIAR, Contestó No. ( ) SEXTA PREGUNTA: DIGA EL TESTIGO Si puede especificar los tipos de fallas mecánicas que reportó el ciudadano JOSÉ ELEUTERIO VIEIRA AGUIAR ( ). CONTESTO. Sobre unos cables sulfatados que tenía en el motor y el diferencial, ruido en el techo, y ruido constantemente en el motor SÉPTIMA PREGUNTA Diga el testigo si le consta que al vehículo GRAN VITARA ( ) ingreso de manera continua y reiterada al departamento de servicios de la empresa maquinas 2000, presentando fallas mecánicas de consideración desde fecha reciente a su adquisición. CONTESTO Si me consta porque yo era el receptor de vehículos para ese entonces y atendía a clientes del concesionario ( ). PRIMERA REPREGUNTA diga el testigo si ratifica en todas y cada una de sus partes el testimonio que rinde en este acto. CONTESTO SI SEGUNDA REPREGUNTA Diga el testigo el periodo de tiempo que se desempeñó como receptor de vehículos. CONTESTO Once meses TERCERA REPREGUNTA diga el testigo si tenía otra función además de hacer la recepción de los vehículos ( ) CONTESTO sacar los carros de los clientes al estar listo después de hacerle el servicio. CUARTA REPREGUNTA Diga el testigo si el participaba en el diagnóstico, corrección y verificación de las unidades que recibía en el departamento de servicio. CONTESTO. Los que participaban en el diagnóstico de los vehículos son los técnicos o jefes de taller y dan el diagnóstico al asesor de servicio (Sic)
Al respecto, el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que pareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.
De la declaración antes trascrita, esta Superioridad observa que el testigo Jhovani Antonio Flores Terán, manifiesta tener conocimiento de que el vehículo de marras, ingresó varias veces al departamento de servicios de la sociedad mercantil demandada con fallas y desperfectos, al responder a la segunda pregunta que: Fueron varias oportunidades a dar quejas del vehículo en un mes fueron cuatro veces quejas del vehículo que tenia fallas o ruidos en el motor (Sic), y al responder sobre la séptima pregunta que: Si me consta porque yo era el receptor de vehículos para ese entonces y atendía a clientes del concesionario (Sic); sin embargo, al dar respuesta a la cuarta repregunta formulada, se observa que incurre en una manifiesta contradicción en su deposición, al señalar que: Los que participaban en el diagnóstico de los vehículos son los técnicos o jefes de taller y dan el diagnóstico al asesor de servicio (Sic), es decir, que el referido ciudadano no posee conocimiento cierto y exacto de las fallas por las cuales ingresaba el vehículo al departamento de servicios puesto que él no participaba en el diagnóstico técnico, razón por la cual quien decide no le otorga valor probatorio y lo desecha del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
- Acta de fecha 01 (sic) de junio de 2006, correspondiente a la deposición del ciudadano Danny Ramírez Caicedo, de la cual se observa de las preguntas y respuestas, lo siguiente:
PRIMERA PREGUNTA: Diga el testigo como obtuvo conocimiento de los hechos por los cuales depone hoy en este Tribunal. Contestó: Yo era asesor de servicio en dicho concesionario encargado de anotar todas las quejas reportadas ( ). SEGUNDA PREGUNTA: Diga el testigo recuerda en cuantas oportunidades fueron reportadas fallas mecánicas de consideración ( ) presentadas por el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO GRAN VITARA, AÑO 2005, PLACAS DBW23V ( ). CONTESTO. Cliente reportó fallas desde el primer mantenimiento que es a los 1500 kilómetros, seguidamente en los próximos mantenimientos ( ), también reportó fallas en dicho vehículo ( ).TERCERA PREGUNTA: Diga el testigo si entre las actividades que realizaba ( ) estaban las de practicar el diagnóstico de las fallas mecánicas que le eran reportadas en este caso, CONTESTO Practicar como tal no lo hacia lo que si hacía era un diagnóstico preliminar de las posibles fallas o del posible componente que este fallando en el vehículo el diagnóstico como tal lo ofrece es el técnico y yo soy un intermediario entre el técnico y el cliente( ). QUINTA PREGUNTA: Diga el testigo al realizar este diagnóstico preliminar ( ) contactaba la existencia o posible existencia de la falla o fallas mecánicas. CONTESTO Este, el vehículo presentaba fallas que eran totalmente evidentes al realizar un diagnóstico preliminar ( ). SÉPTIMA PREGUNTA Diga el testigo si sabe y le consta que el vehículo GRAN VITARA, relacionado con el presente juicio ingreso de manera continua y reiterada al departamento de servicios de la empresa maquinas 2000, presentando fallas mecánicas de consideración desde fecha reciente a su adquisición ( ) CONTESTO El vehículo cumplió con todos los mantenimientos establecidos por la marca asimismo cada uno de esos mantenimientos el cliente reportaba fallas en la unidad desde que se la llevó del concesionario ( ). CUARTA REPREGUNTA Diga el testigo, si el, participaba en el diagnóstico corrección y verificación de las unidades que recibía en el departamento de servicio. CONTESTO. Se participaba en el diagnóstico preliminar mas no en diagnóstico técnico las correcciones las realizaba el técnico y las verificaciones del trabajo realizado las realizaba el jefe de taller Es todo (Sic)
De la deposición anterior, esta Alzada observa que el ciudadano Danny Ramírez Caicedo, asegura que la parte accionante reportó fallas mecánicas de consideración ( ) presentadas por el vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO GRAN VITARA, AÑO 2005, PLACAS DBW23V ( ). CONTESTO. Cliente reportó fallas desde el primer mantenimiento que es a los 1500 kilómetros, seguidamente en los próximos mantenimientos ( ), también reportó fallas en dicho vehículo (Sic); conocimientos que obtuvo mediante un diagnóstico preliminar de las posibles fallas o del posible componente que este fallando en el vehículo el diagnóstico como tal lo ofrece es el técnico y yo soy un intermediario entre el técnico y el cliente (Sic), es decir, que en sus dichos incurre en contradicciones por cuanto que no tiene conocimiento cierto del diagnóstico realizado al vehículo de marras, razón por la cual, quien decide no le otorga valor probatorio y lo desecha del proceso, de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.
Ahora bien, para que se configure el vicio de infracción de ley por falta de aplicación, es necesario que el juez deje de aplicar una norma vigente que encuadra perfectamente para resolver el problema planteado, ya sea en referencia al fondo de la litis, o en referencia a otro aspecto resuelto en el fallo, como por ejemplo, en el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas.
Esto es, cuando se le niegue aplicación o vigencia a una norma que lo esté, que configura un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio de la ley, es la negación o el desconocimiento del precepto legal, o mejor, de la voluntad abstracta de la ley, ya sea por descuido, desconocimiento o de forma intencional.
Ahora bien, se evidencia de la trascripción hecha de la recurrida, que la misma aplicó la norma impugnada por falta de aplicación, y señaló las razones por las cuales la consideró aplicable al caso, lo que determina palmariamente que no existe la supuesta falta de aplicación delatada, dado que la norma supuestamente infringida por falta de aplicación, fue usada por el juez de la recurrida en la formación del fallo.
De igual se observa, que si lo que pretendía el formalizante era atacar un posible error de interpretación o delatar la falsa aplicación del artículo en referencia por parte de la alzada, debió ajustar su fundamentación en ese sentido, y no pretender demostrar la falta de aplicación de una norma, que del texto de la recurrida resalta su aplicación, por parte del juez. (Cfr. Fallo N° RC-680 del 10 de agosto de 2007, expediente N° 2007-069, caso: Jesús Alberto Rincón Pirela, contra Elvis Enrique Núñez Ortigoza).
Por otra parte no menos importante, también cabe señalar, que si la formalizante lo que intenta combatir con esta delación, es el análisis hecho por la juez de alzada en cuanto a las deposiciones judiciales, cuando las desecho, esta debió dirigir su denuncia conforme a la doctrina de esta Sala, en cuanto a la manera correcta de impugnar en casación el análisis de los testigos por parte de los jueces de instancia, la cual se ve reflejada entre otras en su sentencia N° RC-707, de fecha 28 de octubre de 2005, expediente N° 2004-021, caso: CENTRO DE AUTO-EDICIÓN COLORS PRINT C.A., contra SEGUROS LA FEDERACIÓN C.A., reiterada en fallo N° RC-641, de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2012-241, caso: MARITZA JOSEFINA RINCÓN RIVERA, contra PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., que dispuso lo siguiente:
Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:
Recientemente, en sentencia N° RC 00259, de fecha 19 de mayo de 2005, caso: Jesús Enrique Gutiérrez Flores contra Carmen Noelia Contreras, exp. N° 03-721, esta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:
Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que ...en vez de frenar pisó el acelerador..., mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.
En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.).
En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:
...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.
2. El Juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
3. En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias.... (Subrayado por la Sala).
De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.
...omissis
Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre.... (Negritas de la Sala) (Subrayado de la sentencia).
No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibidem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.
Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.
omissis
De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.
Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.
La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva. (Subrayado del texto).
En consideración a todo lo antes expuesto, esta denuncia por supuesta violación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, es improcedente y en consecuencia es desechada. Así se decide.-
-III-
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y artículo 320 eiusdem, se denuncia la falta de aplicación del artículo 506 ibídem, señalando la formalizante por vía de argumentación lo siguiente:
TERCERO: DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE NORMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS PRUEBAS.
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil y con apoyo del artículo 320 ibídem la (sic) infracción, por falta de aplicación del artículo 506 del texto Adjetivo (sic) citado, lo que hace que la decisión de la recurrida hay (sic) incurrido en infracción de norma jurídica expresa, por falta de aplicación, bajo la siguiente fundamentación:
Artículo 506 ( )
Esta norma regula la distribución de la carga de la prueba, correspondiéndole al actor probar los hechos constitutivos y al demandado probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos.
La recurrida no examinó, del (sic) artículo 506 del texto Adjetivo (sic) citado, precepto este que se refiere a la carga de la prueba, puesto que la parte demandada, reconoció y aceptó el negocio jurídico de compra-venta del vehículo ampliamente descrito en autos, celebrado entre actor y demandado . (Destacados de la formalizante).-
La Sala para decidir, observa:
De lo antes transcrito se desprende, que la formalizante alega la falta de aplicación del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, referente a la carga de la prueba en juicio.
Al respecto cabe señalar, que la juez de alzada en su decisión dispuso lo siguiente:
Establecido lo anterior, a los efectos determinar la procedencia de la presente acción por vicios ocultos, resulta menester señalar que la doctrina ha señalado que a los efectos de comprobar los vicios alegados, cualquier medio de prueba que resulte conducente para la demostración de la acción intentada puede ser traído al proceso, sobre lo cual, el tratadista Enrique Urdaneta Fontiveros, sostiene que: el medio más idóneo será la experticia. Pero puede perfectamente hacer uso de otros medios probatorios como, por ejemplo, la prueba de testigos e incluso la de presunciones (Sic).
A tal efecto, quien decide debe precisar que el contenido establecido en el artículo 1.354 del Código Civil, que dispone, Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación; asimismo, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, establece, Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Igualmente, en Sentencia Nº 389 de la Sala de Casación Civil, Expediente Nº 00-261, de fecha 30/11/2000, se dejó sentado lo siguiente:
Asimismo, se observa que la recurrente delata la errónea interpretación del artículo 1.354 del Código Civil, por cuanto impuso a la parte actora el onus probandi de un alegato que no había sido plasmado en la demanda.
( ) Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...".
Del criterio jurisprudencial antes trascrito, observa esta Alzada que, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, ratifica el texto del artículo 1.354 del Código Civil; que establece en su primera parte las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, consagrando, ahora de manera expresa, el aforismo reus in excipiendo fit actor que, equivale al principio según el cual corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa.
En este sentido, dicha regla de la carga de la prueba indica a las partes la actividad probatoria que deben realizar dentro del proceso, a los fines que puedan obtener una sentencia que les sea favorable, así, las partes sabrán que deben aportar la prueba de los hechos particulares y concretos en los cuales fundamentan sus pretensiones o excepciones, para que estos sean tenidos como ciertos y se puedan subsumir en el supuesto de hecho general y abstracto de la norma cuya consecuencia jurídica pide que se aplique.
De esta manera, analizado lo anterior, esta Alzada considera oportuno traer a colación el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que reza:
Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado
Siendo así, del caso de marras, se desprende que la parte accionante de autos, supra identificada, no logró probar los hechos alegados como generadores de los vicios ocultos objeto del presente juicio, puesto que de las pruebas aportadas a las actas procesales no soportan ni dan certeza alguna de la acción redhibitoria intentada, resultando únicamente demostrado en autos que el vehículo en cuestión entre los meses de mayo y septiembre de 2005, ingresó cuatro (04) (sic) veces al departamento de servicio de la parte demandada por los diversos desperfectos mecánicos reseñados, tal como se evidencia de las notas de recepción de la Sociedad mercantil MAQUINAS 2000 C.A., insertas a las folios 97 al 100 de la primera pieza, sin embargo, no se pudo constatar que dichas fallas presentadas por el bien mueble objeto de la presente acción hayan tenido su vigencia desde el momento de la adquisición de dicho vehículo, adquirido en fecha en fecha 23 de marzo de 2005, con reserva de dominio a favor del Banco Provincial S.A., Banco Universal, por la Sociedad Mercantil ASESORAMIENTO INTEGRAL J.V., C.A., a tenor de lo que se desprende de copia simple de Certificado de Origen de fecha 25 de febrero de 2005, emitido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Infraestructura de la República Bolivariana de Venezuela, de la ensambladora General Motors Venezolana C.A., correspondiente a un vehículo placas DBW23V, marca chevrolet, modelo grand vitara, año 2005, color blanco, año de fabricación 2005, serial de carrocería 8ZNCJ13C45V318241, serial motor 45V318241, clase camioneta sport wagon particular (folio 20 de la primera pieza), aunado al hecho que, tampoco se evidencia la realización y evacuación en autos de alguna experticia sobre el bien mueble de marras, la cual la doctrina patria considera como el medio más idóneo para la verificación de los vicios ocultos demandados, por lo que, tales circunstancias, constituyen un cumplimiento parcial a lo establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, esta Superioridad considera que la presente acción no debe prosperar, y ser declarada sin lugar, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en la dispositiva de esta decisión. Así se decide.
Ahora bien, se evidencia de la trascripción hecha de la recurrida, que la misma aplicó la norma impugnada por falta de aplicación, y señaló las razones por las cuales la consideró aplicable al caso, lo que determina palmariamente que no existe la supuesta falta de aplicación delatada, dado que la norma supuestamente infringida por falta de aplicación, fue usada por el juez de la recurrida en la formación del fallo.
No puede delatar el formalizante la falta de aplicación de una norma, que evidentemente el juez de alzada aplicó en la formación del fallo, dado que esta infracción tiene como premisa principal, la falta de aplicación, es decir, la omisión por el juzgador de la norma en la formación del fallo, y en consecuencia, sería palmariamente contradictorio el señalar que incurrió en falta de aplicación, cuando el juez utilizó la norma para decidir, lo que determina la improcedencia de la denuncia, por contradicción evidente en los motivos que la sustentan, lo que hace que se destruya a sí misma, en cuanto a su fundamentación por ilogicidad.
De igual se observa, que si lo que pretendía el formalizante era atacar un posible error de interpretación o delatar la falsa aplicación del artículo en referencia por parte de la alzada, debió ajustar su fundamentación en ese sentido, y no pretender demostrar la falta de aplicación de una norma, que del texto de la recurrida resalta su aplicación, por parte del juez.
En consideración a todo lo antes expuesto, esta denuncia por supuesta violación del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, es improcedente y en consecuencia es desechada. Así se decide.-
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, propuesto y formalizado por la parte demandante, contra la decisión proferida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 27 de febrero de 2013, y en consecuencia decreta su NULIDAD.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada por la demandante y SE ORDENA al juez superior de reenvío que deba conocer, dicte decisión de fondo acatando la orden dada por esta Sala, corrigiendo los errores detectados.
No se hace CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.-
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil trece Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
______________________
AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
__________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
________________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2013-000259.-
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
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