Venley

Sentencia N.º RC.000588

Sentencia
N.º RC.000588
Fecha
09/08/2012
Sala
Casación Civil
Expediente
12-243
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C-2012-000243

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

 

En el juicio por acción merodeclarativa de existencia de relación concubinaria seguido por la ciudadana YOLIMAR DEL VALLE TORREALBA DELGADO, representada judicialmente por los abogados Rafael Celestino Torrealba Infante y Reina Josefina Acosta de Rodríguez, contra los ciudadanos GIULIA MATTIA CERENZIA GIL y GIOVANNI GIUSEPE CERENZIA GIL, representados judicialmente por los abogados Doris Zabaleta, Edgar José Tovar Mayz y Manzur Adonis González Corredor; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, conociendo en reenvío dictó sentencia en fecha 26 de enero de 2012, mediante la cual declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandante, sin lugar la demanda, ordenó liquidar la comunidad concubinaria, y exoneró de costas a la parte perdidosa. En consecuencia, quedó revocado el fallo dictado el 28 de abril de 2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que declaró sin lugar la demanda.  

   

                   Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 22 de marzo de 2012, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

                  

 

                   Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

 

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia que la recurrida infringió los artículos 12 y 244 eiusdem, así como de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, por considerar que la sentencia dictada en alzada incurrió en el vicio de incongruencia del fallo. Para fundamentar su denuncia expresó los siguientes alegatos:

 

 

“…Es el caso ciudadanos Magistrados, que la presente causa será analizada por segunda vez en esta Sala, por cuanto la primera vez dictaron su pronunciamiento en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011), casando de oficio la sentencia definitiva dictada por el mismo Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, y se declaro su nulidad ordenándosele y reponer la causa para que dictara sentencia al fondo del asunto tomando en consideración algunas circunstancias relevantes en el presente juicio, las cuales en esta nueva oportunidad tampoco fueron consideradas, y para agravar más la situación, el juzgado superior dictó un fallo en el cual incurre en ultrapetita al conceder más de lo que había sido peticionado por la demandante.

…Omissis…

…denuncio la violación del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por contener ultrapetita la sentencia recurrida, ya que en el último folio de dicha decisión, referido a la parte dispositiva, estableció: “Liquídese la Comunidad Concubinaria’ siendo que la acción intentada por la parte actora se limitó única y exclusivamente a obtener la mera declaración o existencia de un derecho o de una relación jurídica, en este caso la demandante YOLIMAR TORREALBA, sólo pretende que a través de su acción se le otorgue el derecho de concubina en relación al difunto FRANCESCO CERENZIA, y textualmente en el vuelto del folio 2, expresa:

“…La demanda en referencia la interpongo para que a través de una acción mero declarativa como lo establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, reconozcan que mi persona vivió en estado de concubinato de forma estable desde el mes de julio del año 2000, hasta el 14 de julio del año 2006 y se obtuvieron bienes y fortuna, la acción merodeclarativa la solicito sólo con la finalidad de obtener una certeza clara y precisa para reclamar dichos bienes que después mencionare si nos conviene en entregármelo por la vía amistosa...”

De ninguna parte del contexto libelar, se desprende que la parte actora haya solicitado la liquidación o partición de bienes de la comunidad, por tanto el Juzgado Superior no puede decretar algo que no le ha sido pedido, siendo que la consecuencia directa de la declaratoria con lugar de la acción interpuesta, es la existencia de un derecho, es decir, sólo es para declarar la existencia del vínculo concubinario, debiendo seguirse las vías ordinarias para demandar por separado la partición o liquidación de bienes que corresponda.

Con tal actuación ciudadanos Magistrados, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, incurrió en violación de los artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, así como de los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, por cuanto la sentencia dictada y aquí recurrida se dictó mediante la interpretación de falsos supuestos, con incongruencia negativa y otorgando más de lo que había solicitado la demandante en el escrito libelar, y es en atención a ello que solicito formalmente a esta prestigiosa Sala, se sirva declarar CON LUGAR el presente recurso extraordinario de casación y deje sin efecto jurídico la sentencia recurrida, dictada en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, con fundamento en los planteamientos antes aquí esbozados…”. (Negrillas, subrayado, mayúsculas y cursivas del formalizante).

 

Como puede observarse de la transcripción anterior, el formalizante considera que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de incongruencia del fallo, expresando concretamente que incurrió “…en ultrapetita al conceder más de lo que había sido peticionado por la demandante…”, al haber establecido al final del dispositivo: “…Liquídese la Comunidad Concubinaria…”, aun cuando la parte actora, Yolimar Del Valle Torrealba Delgado, lo que intentó fue una acción merodeclarativa, pues “…se limitó única y exclusivamente a obtener la mera declaración o existencia de un derecho o de una relación jurídica…”; sin que de ninguna parte del contexto libelar, se desprenda que haya solicitado la liquidación o partición de bienes de la referida comunidad.

 

 

 

Para decidir, la Sala observa:

                  

 

 

En cuanto al vicio de incongruencia del fallo, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone que: toda sentencia debe contener “…disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia…”.

                  La norma supra indicada debe ser analizada en concordancia con lo previsto en el artículo 12 eiusdem, que consagra, entre otras particularidades, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

 

                  Por tanto, la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre el fallo respectivo, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum.

 

 

Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia Nº 051, de fecha 7 de febrero de 2012, caso: Moraima Carolina Silva, contra Luis Alejandro Valero Monsalve y otra, que reitera entre otras la decisión Nº 103 de fecha 27 de abril de 2001, caso: Hyundai de Venezuela, C.A. contra Hyundai Motors Company, ha estableció lo siguiente:

 

 

“…el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).

Esta última hipótesis conduce a establecer que el Juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por sus partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.

En este sentido, la Ley adjetiva impone al Juez la determinación y posterior análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidas en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita...”.

 

 

 

 

Asimismo, esta Sala ha considerado en forma pacífica y constante, que todo pronunciamiento que haga el juez de alzada sobre materia distinta a la que ha sido elevada a su conocimiento por efecto de la apelación, salvo aquellos incidentes que se produzcan en el propio procedimiento de segunda instancia, constituye un exceso de jurisdicción que se califica como ultrapetita, lo que a su vez, constituye una típica manifestación del vicio de incongruencia que, de conformidad con lo establecido en los artículos 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil, exige al juez a atenerse a lo alegado y probado en autos, lo cual acarrea la nulidad de la sentencia. (Ver, entre otras, sentencia de la Sala Nº 492, del 9 de noviembre de 2010, Caso: De Biase Natale contra Roberto De Biase De Frino y otros, Exp. 10-030). 

 

 

De conformidad con las normas jurídicas analizadas y con los precedentes criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, esta Sala de Casación Civil reitera su contenido y observa en consecuencia, que una sentencia cumple con el requisito de congruencia cuando la misma es expresa, positiva y precisa respecto de las pretensiones, defensas y excepciones que hubieren sido invocadas por las partes, lo que implica que el pronunciamiento del juez debe sujetarse a todos los alegatos de hecho formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso, o excederse en lo solicitado oportunamente por las partes (incongruencia positiva), error de forma que en todo caso, constituye una conducta que contraría la orden de atenerse a lo alegado y probado en los autos, contenida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y que es sancionada con nulidad por la norma del artículo 244 eiusdem.

Precisado lo anterior, esta Sala procede a constatar tanto lo solicitado por la parte actora en su libelo de demanda, así como lo establecido por la recurrida en el fallo de segunda instancia, en cuanto al tema que se examina:

 

 

 

Referido a lo solicitado en el libelo de demanda introducido en fecha 15 de noviembre de 2006, que consta a los folios del 1 al 3 de la primera pieza del expediente, la parte actora expresó:

 

 

“…En virtud de las divergencias que se han presentado entre los familiares de mi difunto concubino acudo a usted ciudadano juez para demandar como en efecto demando a los ciudadanos: GIULIA MATTIA CERENCIA GIL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.311.880 de profesión contador público, domiciliada en Barcelona urbanización Cortijo de Oriente, última etapa casa N° 12, estado Anzoátegui y GIOVANNI GIUSEPE CERENCIA GIL residenciado en el edificio Isla de Plata, piso 4, Municipio Guanta, estado Anzoátegui, la demanda en referencia la interpongo para que a través de una acción merodeclarativa como lo establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil reconozcan que mi persona vivió en estado de concubinato de forma estable desde el mes de julio del año 2000 hasta el 14 de julio del año 2006 y se obtuvieron bienes y fortuna; la acción merodeclarativa la solicito todo con la finalidad de obtener una certeza clara y precisa para reclamar dichos bienes que después mencionare si nos conviene en entregármelo por la vía amistosa. La presente acción merodeclarativa solicito a este respetado tribunal se instruya todo de conformidad con el artículo 881 y sus siguientes (sic) del Código Civil, este respectivo procedimiento que (sic) demostrado en sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia expediente N° 2903-000091 caso CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE VENEZUELA (CTV) de fecha 22 de abril del año 2004…”. (Mayúsculas y negrillas de la parte actora).

 

 

 

 

De la precedente transcripción parcial del escrito de demanda, la Sala constató que la parte actora al expresar: “…la demanda en referencia la interpongo para que a través de una acción merodeclarativa como lo establece el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil reconozcan que mi persona vivió en estado de concubinato de forma estable desde el mes de julio del año 2000 hasta el 14 de julio del año 2006…”, intentó la acción merodeclarativa de existencia de la comunidad concubinaria, donde su única pretensión fue la declaratoria de reconocimiento de la unión concubinaria y no la partición de bienes de esa comunidad, dos acciones que en la actualidad se excluyen mutuamente por cuanto tienen procedimientos distintos, habida cuenta de los criterios jurisprudenciales sostenidos por este Alto Tribunal, según los cuales, es claro que antes de demandar la liquidación y partición de los bienes de la comunidad concubinaria, es necesario que exista previamente una declaración judicial que establezca la certeza del vínculo, en el que se hace el reconocimiento judicial de una situación de hecho.

 

 

Por su parte, el juzgador de alzada en la sentencia recurrida estableció:

 

 

 “…De estas normas señaladas se observa, que es necesario cumplir con los siguientes requisitos, constituidos por la permanencia en el tiempo y la no existencia de matrimonio en algunos de ellos.

De conformidad con las pruebas aportadas por las partes en el proceso, a juicio de éste juzgador, esta (sic) probada la estabilidad en el tiempo y demás signos exteriores de existencia de tal unión, es decir, la prueba de posesión de estado de concubina y no existe impedimento alguno por parte de ellos para contraer matrimonio.

DECISIÓN
Por todas las razones expuestas, éste tribunal superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: con lugar la apelación interpuesta por la abogada REINA JOSEFINA ACOSTA DE RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 98.143, actuando como apoderada de la ciudadana YOLIMAR DEL VALLE TORREALBA DELGADO contra la decisión dictada en fecha 28 de abril de 2009, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a cargo de la abogada HELEN PALACIO GARCÍA.

En consecuencia, queda así revocada la decisión dictada en fecha 28 de abril de 2009, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, a cargo de la doctora HELEN PALACIO GARCÍA.

Se exonera de costas a la parte perdidosa en razón de la naturaleza del presente proceso.

Liquídese la comunidad concubinaria…”. (Mayúsculas de la alzada y negritas de la Sala).

 

 

Como puede apreciarse de la precedente transcripción parcial de la sentencia recurrida, el juzgado superior, declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte actora y, en consecuencia, revocó la decisión de primera instancia que había declarado sin lugar la acción merodeclarativa de concubinato, con lo cual se puso de manifiesto que la acción intentada por la ciudadana Yolimar Del Valle Torrealba Delgado prosperó, es decir, que declaró con lugar la acción merodeclarativa a favor de la demandante. Pero como consideración adicional, el juez ad quem ordenó textualmente: “…Liquídese la comunidad concubinaria…”.

 

 

Ahora bien, visto los planteamientos expresados por la parte actora en el libelo de demanda, relativos a su pretensión, así como lo establecido al respecto por el sentenciador de alzada, anteriormente examinados, la Sala concluye que tal como fue expresado anteriormente, la pretensión de la demandante se circunscribe a solicitar que se le declare la existencia de la comunidad concubinaria, para lo cual incoó la presente acción merodeclarativa. No consta en dicho libelo exigencia alguna respecto a la partición de los bienes de esa comunidad.

 

Por consiguiente, al ordenar el juez superior que se liquidase la comunidad concubinaria, como lo hizo, se pronunció sobre un aspecto jamás formulado por la demandante, viciando así de incongruencia la sentencia recurrida.

 

 

Por lo demás, a propósito de los argumentos planteados por el recurrente en su escrito de formalización, esta Sala estima conviene mencionar el contenido de la sentencia Nº 2.687 de fecha 17 de diciembre de 2001, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en el caso Julio Carías Gil, en la cual se señaló lo siguiente:

 

 

“…en los procesos de partición, la existencia de la comunidad debe constar fehacientemente (artículo 778 del Código de Procedimiento Civil) bien de documentos que la constituyen o la prorroguen, o bien de sentencias judiciales que las reconozcan. No es posible dar curso a un proceso de partición sin que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, ya que solo así podrá conocer con precisión los nombres de los condómines y la proporción en que deben dividirse los bienes, así como deducir la existencia de otros condómines, los que ordenará sean citados de oficio (artículo 777 del Código de Procedimiento Civil).

Se requieren recaudos que demuestren la comunidad, tal como lo expresa el citado artículo 777, y en los casos de la comunidad concubinaria, el recaudo no es otro que la sentencia que la declare, ya que el juicio de partición no puede ser a la vez declarativo de la existencia de la comunidad concubinaria, el cual requiere de un proceso de conocimiento distinto y por lo tanto previo…” (Destacado de la Sala).

 

 

Este criterio ut supra citado, ha sido reiterado posteriormente en diversos fallos dictados por la Sala Constitucional y ratificado por esta Sala de Casación Civil; entre ellos el Nº 1.682, de fecha 15 de julio de 2005, en el caso de Carmela Manpieri, y el Nº 004, de fecha 4 de febrero de 2010, caso: Guillermina Montes Contreras, contra Ernesto Francisco Caraballo Rivas, respectivamente, en los cuales se ha dejado asentado (conforme a los artículos 777 y 778 del Código de Procedimiento Civil), que en los procesos de partición debe constar fehacientemente la existencia de la comunidad, y tratándose de comunidad concubinaria, la misma debe hacerse constar mediante la sentencia que la declara. 

Dentro de esa perspectiva, para que pueda ser tramitada y ordenada una acción de partición y liquidación de la comunidad de bienes derivada de una unión concubinaria, es requisito indispensable que dicha comunidad conste en sentencia que la declare y que ésta sentencia haya adquirido el carácter de cosa juzgada previo al juicio de partición o cuando la unión estable de hecho ha sido declarada por la primera autoridad del domicilio de los solicitantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 117 al 122 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Lo cual determina que resolver ambas acciones -declaración de la existencia de la comunidad y partición de bienes- en una misma decisión, lesionaría a la parte demanda el derecho de defensa, limitándole su posibilidad de alegar y probar al respecto.

 

                   Acorde con lo expuesto, la Sala observa que en el caso bajo estudio, el presente juicio inició por demanda de acción merodeclarativa, contenida en libelo inserto a los tres primeros folios de la primera pieza del presente expediente, debidamente admitida en fecha 20 de noviembre de 2006, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, fecha para la cual, aun cuando no estaba vigente la referida Ley Orgánica de Registro Público, ya imperaba el criterio sostenido por este Alto Tribunal, conforme al cual, para tramitar y decidir una acción de partición de bienes de la comunidad concubinaria, es necesario que conste en sentencia definitivamente firme, la declaratoria de existencia de esa comunidad. Con lo cual se pone de manifiesto que en ningún caso podría procederse directamente a la partición de la comunidad, ni mucho menos ordenar su liquidación. De hacerlo, deja claro, además del  desconocimiento del juzgador respecto de los aludidos criterios jurisprudenciales y normas legales ya mencionadas, la vulneración de su contenido.

 

 

                  

 

                   Con base a los anteriores razonamientos, esta Sala, en aplicación de la doctrina ut supra transcrita, considera que el juez superior extendió su decisión más allá de los límites del problema judicial planteado por la parte demandante, tal como fue delatado en el presente recurso de casación, lo que determina la procedencia de la denuncia de incongruencia del fallo, por haber infringido los artículos 12, 243 ordinal 5° y 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictada en fecha 26 de enero de 2012. En consecuencia, ANULA el fallo recurrido, y ordena al tribunal superior que resulte competente, dictar nueva decisión corrigiendo el vicio aquí detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas, por haber prosperado el recurso de casación propuesto.

 

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior anteriormente mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los  nueve (9) días del mes de  agosto de  dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

__________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Vicepresidenta-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

                                        

Secretario,

 

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2012-000243

Nota: Publicado en su fecha a las

Secretario,

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias