Venley

Sentencia N.º RC.000616

Sentencia
N.º RC.000616
Fecha
27/09/2012
Sala
Casación Civil
Expediente
12-278
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C-2012-000278

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

 

En el juicio por resolución de contrato, daño emergente y lucro cesante seguido por la sociedad mercantil INVERSIONES TINECO C.A., representada judicialmente por los abogados Carlos Eduardo García Núñez, Miguel Santelmo Bravo contra la sociedad de comercio LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK PRESS C.A., representada judicialmente por los abogados Luis Roberto Ponte Puigbó, Bernardo Soto Negrón, Gabriela Acosta García, América Scarlet Silva Arenas y Cesar Mossi Aparicio; en el que hubo reconvención por resolución de contrato; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 22 de febrero de 2012, mediante la cual declaró: sin lugar la acción intentada, con lugar la reconvención propuesta, sin lugar la apelación intentada por la parte demandante reconvenida, y  confirmó el fallo dictado el 16 de mayo de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial.

 

Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto del 19 de marzo de 2012, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

    

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Por razones metodológicas, esta Sala altera el orden de conocimiento de las denuncias y, en consecuencia, pasa a resolver la tercera denuncia contenida en el escrito de formalización, en la cual, con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 y 12 eiusdem, por considerar que la sentencia recurrida es inmotivada acogida en la sentencia de alzada, en los siguientes términos:

 

“…TERCERA DENUNCIA DE FORMA:

3.1.-Motivo:

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal primero del artículo 313 del código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal cuarto del artículo 243 y 12 del mismo texto, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.

3.2.- Desarrollo:

Acuso a la recurrida de incurrir en inmotivación, porque al valorar las pruebas de la parte actora, que hace fuera de todo contexto fáctico de sus alegaciones en el escrito de reforma de la demanda, se copia textual y casi íntegramente, las tesis desarrolladas por el juzgador de primera instancia, al hacer lo propio y sin agregar nada de su propia cosecha intelectual. Eso proyecta sobre el fallo la noción de “motivación acogida”, que es una de las especies que integran el vicio denunciado.

…Omissis…

En efecto, la sentenciadora, después de hacer una síntesis del mérito la controversia, en el punto primero del rubro que denomina “motivos para decidir”, pasó a pronunciarse respecto a las probanzas aportadas (Sic) por las partes integrantes del juicio” e hizo exposición del valor de algunas, consideraciones que copió a (sic) pié de la letra  de la sentencia apelada, sólo excluyendo la valoración del contrato de licencia y parte de los elementos señalados  por el juez de primera instancia respecto de la valoración de la experticia promovida por la actora.

…Omissis…

Sin más palabras que decir, porque la identidad de los párrafos en paralelo transcritos se basta a sí misma, sólo se añade que la nulidad de la sentencia se impone como lo manda el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Así pido se decida. (Mayúsculas, cursivas, negrillas y  subrayado del formalizante).

De la transcripción parcial del escrito de formalización, el recurrente denuncia que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de inmotivación acogida, pues manifiesta que al momento de elaborar el fallo no efectúa un razonamiento, sino que “…se copia textual y casi íntegramente, las tesis desarrolladas por el juzgador de primera instancia, al hacer lo propio y sin agregar nada de su propia cosecha intelectual…”.

 

Arguye que el juez superior luego de efectuar la síntesis del mérito de la controversia, en lugar de examinar y pronunciarse respecto a los medios probatorios aportadas por la parte actora y cursante a las actas procesales únicamente se limitó y “…copio a (Sic) pié de la letra  de la sentencia apelada…”, exceptuando en el fallo, “…la valoración del contrato de licencia y parte de los elementos señalados  por el juez de primera instancia respecto de la valoración de la experticia promovida por la actora…”

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Al respecto, el requisito de motivación de la sentencia consagrada en el numeral 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, obliga al juez a expresar los motivos de hecho y de derecho, lo cual debe ser traducido como los verdaderos elementos que le sirvieron de fundamento para dictar su fallo, con la debida  aplicación de las disposiciones legales en el caso concreto.

 

Por lo tanto, la debida motivación como requisito indispensable de validez constitucional exige al juez la elaboración de un fallo, que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa, a los efectos de garantizar a las partes una tutela efectiva de sus derechos e intereses.

 

De allí, la obligación del Estado de proporcionar una respuesta razonada con conclusiones lógicas, sin arbitrariedades y en los términos de derecho, en la medida en que las partes logren conocer el análisis racional del ordenamiento jurídico, así como el sentido y alcance de la decisión que permita el ejercicio del control de la legalidad.

 

Conforme a los requerimientos exigidos en la motivación de los fallos, la Sala en sentencia Nro. 35 de fecha 24 de enero de 2012, caso: Inversiones 77 C.A. contra Inversiones Tántalo, C.A. expresó respecto al vicio de motivación acogida, lo siguiente:

 

“…Ahora bien, es preciso aclarar que el requisito contenido en el supra artículo 243 ordinal 4, no se satisface con simples transcripciones o reproducciones totales de las sentencias dictadas por los tribunales de primera instancia, pues las razones dadas por el juez superior deben bastarse a sí mismas como decisiones de alzada. Ahora bien, esto no significa que los fallos de alzada puedan referirse a los de primera instancia, inclusive realizar ciertas citas o trascripciones de las decisiones dictadas por los tribunales de primera instancia como apoyo de su decisión, siempre que ésta pueda diferenciar un criterio o fundamento propio sobre lo decidido, de modo que si tal independencia no puede verificarse, observándose una evidente “motivación acogida” esto se equipararía a la falta absoluta de motivos individuales para sostener lo decidido.

Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia de fecha 9 de junio de 2008, caso: Marvelis Antonia Lethildel de Montero y Llovinza Trinidad Salazar Jiménez contra Carmen Yolanda Bello de Marcano, estableció que ‘...es necesario –la decisión- que en ella se expresen los motivos sobre los cuales se fundamenta el juez para arribar a la solución dada a la causa en particular, lo que no significa que el ad-quem no pueda insertar algunas transcripciones de la sentencia de primera instancia, como parte de los argumentos empleados para su decisión. Distinto resulta, que se tomen esas transcripciones como único soporte para motivar el fallo de alzada, sin esgrimir una fundamentación propia que conlleve a demostrar que hubo de su parte algún análisis sobre el conflicto planteado, lejos de expresar sus propias razones de hecho y de derecho exigidos por la Ley, porque entonces se estaría incurriendo en el vicio de inmotivación de la sentencia…’. (Cursivas de la sentencia).

 

 

De los precedentes pasajes jurisprudenciales que hoy se reitera, pone de manifiesto la obligación del juzgador de alzada de realizar un proceso de formación lógica al momento de elaborar el fallo, cuyos razonamientos y enlaces permitan conocer al justiciable, la aplicación de la hipótesis fáctica de una regla legal y las conclusiones o pensamientos inequívocos y su justo pensar. De allí que constituye una falta absoluta de motivos las “…transcripciones o reproducciones totales de las sentencias de los juzgadores de primer grado…” por no presentar motivos o argumentos propios para resolver el asunto sometido a su consideración.

 

De allí que, pudiera darse el caso que ambos jueces arribaran a razonamientos y conclusiones similares, no obstante lo cuestionado es pretender circunscribir su decisión a transcribir íntegramente lo dicho por el inferior y/o ratificarlo, sin emitir un pronunciamiento propio, pues con tal proceder  impediría un nuevo examen de la controversia en el segundo grado de la jurisdicción.  

 

En el caso particular, la Sala considera oportuno citar la sentencia Nro. 146 de fecha en 6 de marzo de 2012, Caso: Hugo León Villamizar Mora contra Livian Yajira Di Berardino Ramírez, en la cual se declaró con lugar el recurso de casación por haber prosperado el vicio de inmotivación  por cuanto el juzgado a quem al momento de elaborar el fallo y apreciar las pruebas “…simplemente se limitó a copiar de manera por demás grosera, en el texto su decisión, la motiva de hecho y derecho que el a quo plasmó en la sentencia apelada, al momento de apreciar las testimoniales rendidas en el sub iudice, razón por la cual, el fallo hoy recurrido, ciertamente carece de toda motivación…”.

 

 

Ahora bien, a los fines de verificar lo alegado por el formalizante, esta Sala considera necesario transcribir la sentencia del juzgador a quo, en los términos expuestos a continuación:

 

“…PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA: 2. Copia del Manual de Operaciones de QUICK PRESS Tintorería Ecológica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y al ser considerado como parte integrante del contrato y ser suministrado por la contraparte en el presente juicio, este Juzgador le otorga valor de instrumento privado reconocido. En este documento se evidencia que la franquiciada, o sea, el actor se constituyó en detentador de un derecho de exclusividad sobre el territorio asignado en el contrato, y que salvo las causas previstas en éste, ningún otro establecimiento QUICK PRESS podrá ser instalado en esta área exclusiva; que la demandada funcionaría como una central de compras, quien conseguiría las mejores condiciones del mercado, para la actora, como integrante de la red de franquiciados QUICK PRESS, aprovechando las ventajas obvias de una economía de escala; quién por esta razón se comprometía a comprar exclusivamente a la casa matriz, todos aquellos productos necesarios para la gestión del negocio; que la demandada se comprometió mantener un stock mínimo de productos consumibles para un mes de trabajo, y que la demandada entregaría los pedidos firmes de suministro de consumibles en un plazo de 30 días, en el local de la actora. Así se establece.-

…Omissis…

…la parte actora promovió pruebas de experticia de profesionales en administración, con experiencia en preparación de análisis de factibilidad económica-financiera y en evaluación de resultados económicos-financieros de empresas…

…Omissis…

4. Original de la comunicación de LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK PRESS, C.A.; de fecha 04 de diciembre de 2001, suscrita por el Lic. Lennar Colina, como Gerente de Administración, dirigida a la actora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y al no ser desconocido por la contraparte en el presente juicio, este Juzgador le otorga valor de instrumento privado reconocido. En este documento se evidencia que la suspensión del crédito a la actora, fue por un saldo pendiente de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 300.000,00), equivalente a TRESCIENTOS BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 300,00), con una mora superior a NOVENTA (90) días; y que la actora debería pagar al contado, los bienes o servicios suministrados o prestados por la demandada. Así se establece.-

5. Copia simple de la comunicación de INVERSIONES TINECO, C.A., con fecha 11 de febrero de 2005, recibida por la demandada en esa misma fecha, de acuerdo a sello húmedo con la siguiente leyenda: “RECIBIDO” y “LAVANDERÍA y TINTORERÍA QUICK PRESS, C.A.”, sin firma del destinatario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgador no le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.-
6. Copia simple de la Comunicación QUICK PRESS de fecha 29 de marzo de 2001, dirigida a la actora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgador no le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.
7. Copia simple de la Comunicación INVERSIONES TINECO, C.A., de fecha 03 de abril de 2001, dirigida a la demandada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgador no le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.

8. Prueba de Informes de FÁBRICA DE GANCHOS LA PERCHA, C.A.; de fecha 12 de febrero de 2007. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgador le otorga valor probatorio de instrumento privado. Este informe se analiza y valora a continuación, sobre la base de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. En el informe puede evidenciarse que TREINTA Y SIETE (37) empresas, que operan como franquicia QUICK PRESS, son clientes de la sociedad mercantil FÁBRICA DE GANCHOS LA PERCHA, C.A.; los cuales compran OCHENTA Y SIETE (87) renglones de sus productos, que van desde gancho hasta productos para limpieza. Así se establece.-

9. Prueba de Informes del Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, de fecha 12 de febrero de 2007. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y al no haber sido impugnada por la parte contraria, este Juzgador le otorga valor probatorio de instrumento administrativo. Este informe se analiza y valora a continuación, sobre la base de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. En el informe no pueden evidenciarse los ingresos bruto percibidos por la demandada, en los ejercicios fiscales que van desde noviembre de 1999 hasta diciembre de 2005, de acuerdo a Declaración Jurada de Ingreso Bruto de fecha 31 de enero de 2006. El informe del SEMAT, no ofrece información alguna de los ingresos brutos percibidos por la demandada, especialmente sus ingresos por servicio de lavandería y tintorería, en el Municipio Baruta. Por tal motivo, este Juzgador no le otorga valor probatorio alguno, por considerar que no aporta algún elemento concluyente que sirva para dilucidar el mérito de la controversia. Así se establece.-

 

 

Seguidamente, el juez superior señaló en la sentencia recurrida, lo siguiente:

 

“…1.- Copia del Manual de Operaciones de QUICK PRESS Tintorería Ecológica. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y al ser considerado como parte integrante del contrato y ser suministrado por la contraparte en el presente juicio, esta Juzgadora le otorga valor de instrumento privado reconocido. En este documento se evidencia que la franquiciada, o sea, la actora se constituyó en detentador de un derecho de exclusividad sobre el territorio asignado en el contrato, y que salvo las causas previstas en éste, ningún otro establecimiento QUICK PRESS podría ser instalado en el área exclusiva; que la demandada funcionaría como una central de compras, quien conseguiría las mejores condiciones del mercado, para la actora, como integrante de la red de franquiciados QUICK PRESS, aprovechando las ventajas obvias de una economía de escala; quién por esta razón se comprometía a comprar exclusivamente a la casa matriz, todos aquellos productos necesarios para la gestión del negocio; que la demandada se comprometió mantener un stock mínimo de productos consumibles para un mes de trabajo, y que la demandada entregaría los pedidos firmes de suministro de consumibles en un plazo de 30 días, en el local de la actora. Así se establece.-

2. Prueba de experticia de profesionales en administración, con experiencia en preparación de análisis de factibilidad económica-financiera y en evaluación de resultados económicos-financieros de empresas…

3. Original de la comunicación de LAVANDERÍA Y TINTORERÍA QUICK PRESS, C.A.; de fecha 04 de diciembre de 2001, suscrita por el Licenciado LENNAR COLINA, como Gerente de Administración, dirigida a la actora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.363 del Código Civil, y al no ser desconocida por la contraparte en el presente juicio, quien decide le otorga valor de instrumento privado reconocido. En este documento se evidencia que la suspensión del crédito a la actora, fue por un saldo pendiente de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 300.000,00), equivalente a TRESCIENTOS BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (BsF. 300,00), con una mora superior a NOVENTA (90) días; y que la actora debería pagar al contado, los bienes o servicios suministrados o prestados por la demandada. Así se establece.

4. Copia simple de la comunicación de INVERSIONES TINECO, C.A., con fecha 11 de febrero de 2005, recibida por la demandada en esa misma fecha, de acuerdo a sello húmedo con la siguiente leyenda: “RECIBIDO” y “LAVANDERÍA y TINTORERÍA QUICK PRESS, C.A.”, sin firma del destinatario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora no le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.-
5. Copia simple de la Comunicación QUICK PRESS de fecha 29 de marzo de 2001, dirigida a la actora. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora no le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.

6. Copia simple de la Comunicación INVERSIONES TINECO, C.A., de fecha 03 de abril de 2001, dirigida a la demandada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no se le otorga ningún valor probatorio, por no tratarse de alguno de los instrumentos que dicha norma permite presentar en copia simple. Así se establece.
7. Prueba de informes de FÁBRICA DE GANCHOS LA PERCHA, C.A.; de fecha 12 de febrero de 2007. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora le otorga valor probatorio de instrumento privado. Este informe se analiza y valora a continuación, sobre la base de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. En el informe puede evidenciarse que TREINTA Y SIETE (37) empresas, que operan como franquicia QUICK PRESS, son clientes de la sociedad mercantil FÁBRICA DE GANCHOS LA PERCHA, C.A.; los cuales compran OCHENTA Y SIETE (87) renglones de sus productos, que van desde ganchos hasta productos para limpieza. Así se establece.-

8. Prueba de informes requerida al Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT) de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda, de fecha 12 de febrero del 2007. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y al no haber sido impugnada por la parte contraria, esta juzgadora le otorga valor probatorio de instrumento administrativo. Este informe se analiza y valora a continuación, sobre la base de la sana crítica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. En el informe no pueden evidenciarse los ingresos brutos percibidos por la demandada, en los ejercicios fiscales que van desde noviembre de 1999 hasta diciembre de 2005, de acuerdo a Declaración Jurada de Ingreso Bruto de fecha 31 de enero de 2006. El informe del SEMAT, no ofrece información alguna de los ingresos brutos percibidos por la demandada, especialmente sus ingresos por servicio de lavandería y tintorería, en el Municipio Baruta; por tal motivo, quien aquí decide, no le otorga valor probatorio alguno por considerar que no aporta algún elemento concluyente que sirva para dilucidar el mérito de la controversia. Así se decide.- (Negrillas y subrayado de la Sala y mayúsculas de la sentencia recurrida).

 

 

Conforme a la transcripción anterior, esta Sala evidencia que el juzgador de alzada para decidir el juicio por resolución de contrato, daño emergente y lucro cesante, intentada por la sociedad mercantil Inversiones TINECO C.A. y la reconvención formulada por la demandada reconviniente sociedad de comercio Lavandería y Tintorería QUICK PRESS, C.A., se limitó a transcribir de manera íntegra y textual la sentencia dictada por el juzgado de primer grado, sin efectuar análisis alguno de las probanzas cursantes en autos, y con ello pretendió dar por analizado y cumplido los extremos de fundamentación de hecho y de derecho.

 

Ciertamente, el juez superior se eximió de pronunciar sus propias razones de hecho y derecho y simplemente se acogió íntegramente en todas y cada una de sus partes la motivación del juzgado a quo, sin efectuar análisis alguno de las probanzas aportadas por las partes litigantes en el decurso del juicio, y contener sus propias conclusiones para considerar la no procedencia de la presente demanda y la declaratoria con lugar de la reconvención en el presente juicio.

 

Adicionalmente a las reproducciones y transcripciones textuales de la sentencia de primer grado respecto de las valoraciones de las pruebas aportadas por la parte demandante, la Sala evidencia a los folios 164 al 169 y a los folios 173 a 175 que la alzada “…se limitó a copiar de manera por demás grosera…” tanto las apreciaciones dadas por el a quo correspondientes de las pruebas aportadas por la parte demandada como los razonamientos lógicos o valoraciones descriptivas de los hechos y de derecho que eran propios del a quo para sustentar la decisión. 

 

 

Así, la Sala considera acertada la apreciación del recurrente en la cual esgrime que el juzgador de alzada se limitó a “…copiar textual y casi íntegramente, las tesis desarrolladas por el juzgador de primera instancia…” y con ello, hizo suya las expresiones de hecho y de derecho sin efectuar algún aporte para fundamentar su dispositivo.

 

 Por consiguiente, siendo la motivación de la sentencia  para el justiciable una de las más preciadas garantías de validez constitucional y de mayor relevancia, por representar la racionalización de la potestad jurisdiccional, esta  Sala reitera, una vez más, que el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, obliga al jurisdicente a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, por lo tanto es imprescindible que los jueces superiores al momento de elaborar la sentencia no pueden limitar su razonamiento en simples transcripciones o referencias de lo decidido por los Juzgados de Primer Grado, pues la misma estaría inficionada del vicio de inmotivación acogida.

 

 

Por todo lo antes expuesto, esta Sala declara procedente la denuncia de infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por falta de motivación. Tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.

 

Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

 

D E C I S I Ó N

 

 

En mérito de los motivos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la sociedad mercantil Inversiones TINECO C.A., contra la sentencia dictada en alzada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 22 de febrero de 2012. En consecuencia, se ANULA la sentencia recurrida y, se ORDENA al juez superior que le corresponda decidir en alzada, dicte nueva sentencia sin incurrir en el defecto de actividad detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

    Por la naturaleza de la decisión, no hay condenatoria en costas del recurso.

 

  Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al juzgado superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

               Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los veintisiete (27) días del mes de  septiembre de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

__________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

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CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

____________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Secretario,

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2012-000278

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretario,

 

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