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Exp. Nro. AA20-C-2013-000307
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por prescripción adquisitiva, seguido por la ciudadana MARTHA LUCÍA GONZÁLEZ GARCÍA, representada judicialmente por los abogados Euclides Sebastiani Márquez y José Ramón Contreras Quiroz, contra los ciudadanos MIRIAN LUCENA DE GODOY, FRANKLIN LUCENA ESCALONA y PEDRO JOSÉ LUCENA ESCALONA, representados judicialmente por los abogados Miguel Adolfo Anzola Crespo, José Nayib Abraham y Marco Antonio Pernalete Rodríguez; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto, dictó sentencia en fecha 15 de abril de 2013, mediante la cual declaró: 1) Con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, contra el fallo dictado en fecha 22 de noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial y sede, que declaró con lugar la demanda, en consecuencia, quedó revocada dicha sentencia; y, 2) Sin lugar la demanda.
Contra la referida sentencia de la alzada, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 2 de mayo de 2013, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 5°, 244 y 320 del Código de Procedimiento Civil por INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. INCURRIR EN LOS VICIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 244 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL .
Sostiene el formalizante en su escrito, que el juez de alzada al dictar sentencia, incurrió en menoscabo de nuestro derecho alegado y demandado, así como la desestimación de las pruebas instrumentales y testificales aportadas en la etapa procesal respectiva por mí en mi carácter de apoderado judicial de la parte actora ( ) trayendo por lo tanto como consecuencia su falta de valoración ( ) también concordancia con el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, los cuales establecen el principio de exhaustividad de la sentencia, en virtud del cual los jueces están obligados a examinar y resolver todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración .
El recurrente denuncia que el juez ad quem incurrió en ultrapetita porque aportó un nuevo hecho no alegado por las partes, que el inmueble objeto de la usucapión es distinto al demandado, y fundamenta dicho alegato en que el juez hizo una incorrecta interpretación de [las] instrumentales [que no fueron promovidas] para probar el hecho fáctico de la posesión o no del bien pretendido en usucapión, ( ) sino que justamente el hecho de haber promovido las mismas ( ) fue la de demostrar y determinar que el bien inmueble de menor extensión el cual forma parte de uno de mayor extensión, (identificado con la Parcela N° 4), el cual según la nomenclatura catastral está identificado con el N° 2-60 y con un número catastral diferente a la otra parte de la parcela de mayor extensión el cual según la nomenclatura catastral se identifica con el N° 2-74 el cual y según reconoce y alega la parte demandada es el que ellos ocupan y poseen en su carácter de propietarios, no desconociendo nunca ( ) la existencia de la otra parte ( ) sobre la cual es que mi poderdante reclama ; que si el juez hubiese valorado las inspecciones judiciales promovidas por ambas partes, y concatenado con las demás pruebas, en especial con la copia certificada del documento de propiedad promovida por la actora, hubiese concluido que el área de terreno objeto de la usucapión es parte de la parcela de terreno propiedad de los demandados.
Concluye el formalizante que si bien es cierto que no fue señalado en el libelo la identificación del inmueble (2-60) sobre el cual fue solicitada la prescripción adquisitiva, siempre se habló y así quedó establecido [que se trata] de una parcela de menor extensión perteneciente a un terreno de mayor extensión , que el juez incurrió en una mala interpretación del instrumento de propiedad en que se fundamenta la presente acción , todo lo cual hace que la sentencia recurrida sea contradictoria, que no pueda ejecutarse .
Para decidir la Sala observa:
Esta Sala observa, que el formalizante pretende alegar como infracción del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, que el juez de alzada fijó un hecho no alegado por la actora en su libelo, que la parcela de terreno a usucapir es distinta a aquella propiedad de los demandados, porque la actora ocupa el inmueble sobre el cual está ubicada la casa N° 2-60 y la demandada la casa N° 2-74; y que dejó de fijar el hecho de que el inmueble sobre el cual pretende solicitar la prescripción adquisitiva es una porción de terreno que forma parte de una de mayor extensión que es propiedad de los demandados.
Para fundamentar su denuncia el formalizante alegó que el juez no valoró las pruebas instrumentales promovidas por la actora, porque lo que pretendía probar con ellas no era la posesión del inmueble, sino que el bien inmueble a usucapir era una porción de terreno de menor extensión, perteneciente a una parcela de terreno mayor del cual son propietarios los demandados, así como las bienhechurías consistentes de una casa identificada con el N° 2-60, entre otras.
De igual manera alega, que si el juez de alzada hubiese valorado en su conjunto todas las pruebas, como las inspecciones judiciales promovidas por ambas partes, y la copia certificada del documento de propiedad del inmueble de mayor extensión, constituido por la Parcela N° 4, ubicada entre calles 2 y 3, Sector Cruz Blanca, Barquisimeto, estado Lara, hubiese concluido que la actora pretendía tomar posesión de una porción de terreno de menor extensión, perteneciente a una parcela de terreno mayor del cual son propietarios los demandados, y las bienhechurías construidas sobre el mismo.
De los argumentos expuestos por el formalizante para soportar su denuncia por defecto de actividad, esta Sala advierte que lo alegado fundamentalmente es su inconformidad respecto a lo decidido por el juez ad quem, pues a su parecer no valoró correctamente las pruebas promovidas por las partes, ello trajo como consecuencia que el juez incurriera en un error de juzgamiento, y tal alegato es propio de una denuncia por infracción de ley.
Por tanto, si el recurrente pretendía que esta Sala verificara a través de una denuncia de defecto de actividad si el juez de alzada analizó en conformidad con la ley, las pruebas promovidas por ambas partes, referidas a las inspecciones judiciales y a la copia certificada del documento de propiedad del inmueble que pertenece a los demandados, y que por ello incurrió en un error de juzgamiento, debió dirigir su denuncia mediante un recurso por infracción de ley, al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, razonando de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, si es por falsa aplicación, errónea interpretación, falta de aplicación, violación de máxima de experiencia, o si se trata de una casación sobre los hechos (artículo 320 del Código de Procedimiento Civil), además también es deber del recurrente plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinta en uno u otro caso, y en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, se debe demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.
En el caso que nos ocupa, como la denuncia va dirigida a impugnar el modo en que el juez valoró las pruebas promovidas por las partes, porque a juicio del formalizante lo hizo de manera errada y ello trajo como consecuencia que incurriera en un error de juzgamiento, el recurrente debió encauzar su denuncia según lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y no la infracción de los artículos 244 y 243 ordinal 5° del mismo Código pues estos últimos se corresponden con los defectos de actividad o errores in procedendo que pudieran estar presentes en la sentencia recurrida.
Por los motivos antes expuestos esta Sala desestima la presente denuncia de infracción de los artículos 243 ordinal 5°, 244 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en Barquisimeto, en fecha 15 de abril de 2013.
Por haber resultado infructuoso el recurso de casación formalizado, se condena a la parte recurrente al pago de las costas de dicho recurso.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (Civil) del estado Lara. Particípese de la presente remisión, al juzgado superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154° de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
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AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
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YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
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CARLOS WILFREDO FUENTES
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,
El Magistrado Luís Antonio Ortíz Hernández manifiesta su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por las demás Magistradas integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal, en consecuencia salva su voto en los siguientes términos:
La decisión suscrita por la mayoría sentenciadora de la Sala SIN LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en Barquisimeto, en fecha 15 de abril de 2013 .
Considera quien disiente que si bien los Magistrados que integramos la Sala atendiendo los postulados contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hemos flexibilizado criterios que veníamos sosteniendo en pro del no sacrificio de la justicia por formalidades no esenciales, lo que no puede servir para desnaturalizar las normas de la lógica al resolver en la práctica lo que no existe en la teoría dándose lugar al no esclarecimiento de la duda en el colectivo y dejando la impresión de la arbitrariedad de este órgano colegiado al resolver las causas sometidas a su consideración. Más si esa es la intención del órgano, al menos deberíamos advertirlo a la colectividad.
En la decisión aprobada por la mayoría, bajo el escudo de ser progresistas, no se realiza una transcripción de la denuncia planteada oportunamente por el formalizante. Lo que no permitiría al ciudadano común leer la decisión y comprender el por qué la Sala está desechando lo denunciado, y esto porque el justiciable, el ciudadano común o un estudiante de derecho no van a tener acceso a las actas procesales como si pudo tenerlo quien disiente y así poder entender la génesis de la decisión.
Por otro lado considera quien disiente, que de una lectura desde la perspectiva verdaderamente progresista y en salvaguarda de los principios constitucionales, hecha plenamente a la única denuncia planteada por el formalizante se entiende claramente lo peticionado por este, por una parte, y por la otra pudiese resultar la procedencia de la misma.
Queda así expresado el fundamento del voto salvado en relación a la sentencia que en ésta causa ha tomado la mayoría sentenciadora.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidenta de la Sala,
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Vicepresidenta,
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Magistrado-Disidente,
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Magistrada,
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Magistrada,
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YRAIMA ZAPATA LARA
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