Venley

Sentencia N.º RC.000735

Sentencia
N.º RC.000735
Fecha
01/12/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
15-528
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C- 2015-000528

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

                   En el juicio por indemnización de daños materiales y morales derivados de accidente de tránsito seguido por los ciudadanos JUANA ISABEL MARTÍNEZ DE LÓPEZ, NEILA ROSA SIMANCAS DE ZÚÑIGA y CARLOS IGNACIO CASTRO PEREIRA, representados judicialmente por el abogado Rafael Rumbos Gil,  contra las empresas EXPRESOS AMERLUJO C.A. y SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL C.A., representados judicialmente por los abogados Juan Francisco Martínez y Emilio José Zámar; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en fecha 3 de junio de 2015, declaró: parcialmente con lugar el recurso de apelación planteado por el representante de las codemandadas, dado que operó la prescripción de la acción para la codemandada Seguros Caracas de Liberty Mutual C.A., con lugar la demanda de daño moral contra la empresa Expresos Amerlujo C.A., quedando incólume los montos fijados por el juez a quo en la sentencia apelada y sin lugar la prescripción de la acción para la codemandada Expresos Amerlujo C.A. En consecuencia quedó modificada la sentencia de fecha 31 de octubre de 2014 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial que declaró: primero sin lugar la prescripción de la acción, segundo: sin lugar la defensa de falta de cualidad, sin lugar la solicitud de perención de la instancia, cuarto: parcialmente con lugar la demanda propuesta por los actores; quinto: sin lugar la pretensión de indemnización por daños emergentes; sexta: sin lugar la pretensión de indemnización por lucro cesante; séptima: con lugar la pretensión de indemnización de daño moral, en consecuencia se condena a la empresa mercantil Expresos Amerlujo C.A. al pago de las siguientes cantidades: a) la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00) a la ciudadana Juana Isabel Martínez de López, b) la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00) a la ciudadana Neila Rosa Simancas de Zúñiga y la suma de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00) al ciudadano Carlos Ignacio Castro Pereira y se ordenó indexar las sumas antes indicadas; octava: se condenó solidariamente a la empresa aseguradora Seguros Caracas de Liberty  Mutual C.A., hasta la concurrencia de la cobertura de la póliza de seguros, esto es hasta el monto de Treinta y Siete Mil Bolívares (Bs. 37.000,00), por cada uno de los accionantes, teniendo en cuenta que el pago por parte de la aseguradora de tal monto liberará a la sociedad mercantil Expresos Amerlujo C.A. del monto total, y en caso que sea ésta última quien pague íntegramente el monto condenado, podrá requerir de la aseguradora el reembolso de dicho pago, todo en virtud de la responsabilidad solidaria de las codemandadas frente a los actores.   

 

Contra la decisión del mencionado Tribunal Superior, la parte demandada anunció recurso de casación en fecha 16 de junio  de 2015, el cual fue admitido por el juez de la recurrida en fecha  22 de junio de 2015 y formalizado el 20 de julio de 2015. No hubo impugnación.

 

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones.

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Al amparo de lo previsto en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata el vicio de indeterminación objetiva, por cuanto afirma que el juez superior “…se limitó a declarar parcialmente con lugar la apelación ejercida por la demandada…sin imponer condena alguna”.

 

  Así, el formalizante para fundamentar su delación sostiene lo siguiente:     

 

“…En el caso que nos ocupa, el juez de alzada se limitó a declarar parcialmente con lugar la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión proferida por el juez a quo; a declarar con lugar la demanda y sin lugar la defensa relativa a la prescripción de la acción propuesta por la codemandada Expresos Amerlujo C.A., sin imponer condena alguna, salvo la referida a las costas procesales.

…Omissis…

Nótese que aun cuando el juez de la recurrida declaró con lugar la demanda no impuso condena alguna que se relacionara con la pretensión deducida en juicio, pues la única referencia numérica de la condena que contiene el fallo impugnado deviene de una cita de la decisión apelada, lo cual originó la indeterminación de la decisión, pues no puede precisarse de forma alguna el efecto y alcance de la cosa juzgada, para permitir la ejecución de la sentencia”. (Subrayado del formalizante).    

 

De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el recurrente delata el vicio de indeterminación objetiva pues afirma que el juez superior “…a pesar de que declaró con lugar la pretensión… la única referencia numérica de la condena que contiene el fallo impugnado deviene de una cita de la decisión apelada…” de allí que a su juicio “…originara la indeterminación de la decisión…”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

 

Al respecto de los argumentos expresados por el recurrente para sostener el vicio de indeterminación objetiva, la Sala estima importante definir preliminarmente los supuestos específicos bajo los cuales éste se configura, para luego verificar si efectivamente la sentencia recurrida resulta de imposible ejecución por no contener identificación de los montos de condena.

 

Así, el artículo 243 ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil contempla el requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, respecto del cual la Sala ha venido estableciendo de manera pacífica y reiterada que su expresión resulta indispensable y necesaria para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, que contenga en sí mismo la prueba de su legalidad, y en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos o actas que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. De igual forma, se ha sostenido que este requisito persigue garantizar, que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Vid. sentencia N° N° 559 de fecha 24 de noviembre de 2011, caso: Distribuidora K.T.D.C. C.A. contra Seguros Mercantil C.A., reiterada en sentencia N°  357 de fecha 22 de junio de 2015, caso: Kem Gerard Mosley contra Mapfre La Seguridad, C.A.).

 

En este sentido, la Sala también agrega que en los casos en que la cosa u objeto de la sentencia fuere mencionado en otras partes de la sentencia y no en la parte dispositiva, de ningún modo se puede considerar viciada la sentencia por este motivo de casación.

 

Por otra parte, resulta fundamental señalar que junto con el examen de los supuestos considerados de indeterminación objetiva debe ponderarse la imposibilidad definitiva de hacer efectivo el fallo, pues aquél requisito convive con el principio  de interpretación a favor de la ejecución. Sobre el particular, la Sala en la referida decisión N° 559 del 24 de noviembre de 2011, y siguiendo el criterio sostenido por la Sala Constitucional en relación con el tema, estableció lo siguiente: “la Sala ha reconocido el principio en favor de la ejecución del fallo, fundamentado en el marco del ‘principio pro actione’… como garantía de una verdadera tutela judicial efectiva, eficaz y en omisión a las formalidades no esenciales capaces de entorpecer la celeridad procesal, que propugna la Carta Magna en sus artículos 26 y 257, que impone la exigencia  de la interpretación del derecho a la ejecución de la sentencia en el sentido más favorable a la ejecución, siempre que no se desmejore la situación del perdidoso”. Precisamente, lo anterior resulta fundamental pues ya “…la Sala Constitucional, mediante sentencia de fecha  19 de mayo de 2011, caso: amparo constitucional interpuesto por  Seguridad Venezuela C.A., dejó asentado que ...aun cuando no se hayan especificado en la sentencia condenatoria los parámetros para la ejecución del fallo, el juez deberá, para lograr la concretización de la tutela judicial eficaz para la parte que fue favorecida por el pronunciamiento judicial, tomar las medidas necesarias para la ejecución de dicha decisión...”. Por tanto será necesario revisar cada caso en particular, para determinar si “...existe  un vicio de indeterminación objetiva tal que haga inejecutable el fallo objeto de impugnación...’, capaz de evidenciar ‘...la violación a su derecho a la tutela judicial efectiva”.

 

Una vez precisado lo anterior, se observa en el presente caso que el formalizante sostiene que el juez superior incurrió en el vicio de indeterminación del objeto del fallo, por cuanto en su criterio“...a pesar de que declaró con lugar la pretensión de daño moral, la única referencia numérica deviene de una cita de la decisión apelada...”. Al respecto de esta afirmación, la Sala pasa de seguida a transcribir parcialmente la decisión con el fin de constatar si resulta imposible conocer  en el fallo los montos de la condena por daño moral. Así, el juez superior estableció lo siguiente: 

               

 “…5.- De la sentencia apelada

…Omissis…

…Finalmente, conforme los motivos antes expuestos y con fundamento en los artículos 1.185 y 1.196 del Código Civil, el daño moral se fija en la cantidad de: a) la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00), a la ciudadana Juana Isabel Martínez de López; la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00) a la ciudadana Neila Rosa Simancas De Zúñiga y la suma de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs.250.000,00) al ciudadano CARLOS INGNACIO CASTRO PEREIRA…

…Omissis…

RATIO DECIDENDI

(Razones para decidir)

…Omissis…

…referencias pecuniarias estimados por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Tomando en cuenta que para el momento del accidente los codemandantes contaban con las edades de 53, 51, 44 años y tomando igualmente el promedio de vida tanto para el hombre como para la mujer es de 75 años y haciendo una comparación con las edades actualmente de los codemandantes podemos concluir que es justo y necesario indemnizar moralmente a los actores por cuanto su promedio de vida está cerca de los 75 años lo que trae como consecuencia que el resto de las vida que les queda puedan sentirse útiles y valerse por sí solos para cubrir sus necesidades aunque sea eventualmente porque sabemos que el dinero no es para toda la vida por lo que finalmente se cumple con este requisito y así se decide.

Finalmente como consecuencia de la condenatoria a la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C A por daño moral por el a quo y que esta instancia superior confirma, no sin antes advertir que dicho monto por daño moral fue ordenado su indexación por el a quo siendo esto errado, por cuanto el daño moral no puede ser objeto de corrección monetaria porque no es una deuda liquidad y exigible antes del accidente donde se produjeron unos daños materiales por lo que se deja sin efecto dicha corrección monetaria al monto del daño moral que debe de pagar la codemandada a los actores. Ahora bien con esta rectificación en nada cambia el dispositivo de este fallo y así se decide.

Decisión
En mérito de los razonamientos expuestos, este Juzgado Superior Civil Yaracuyano administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: PARCIAMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto el 5 de noviembre de 2014 por el abogado Juan F. Martínez, Inpreabogado Nº 567, contra la decisión dictada el 31 de octubre de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, ya que operó la prescripción de la acción para la codemandada Seguros Caracas de Libertty Mutual C A. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por daño moral contra la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., quedando incólume los montos fijados por el a quo en la sentencia apelada”. (Mayúsculas del juez superior).

 

 

De la sentencia recurrida parcialmente transcrita, la Sala pudo evidenciar que el juez superior sí determinó plenamente los montos de la condena de daño moral a cargo de la demandada, específicamente cuando establece en la parte motiva de la decisión denominada “Ratio Decidendi” que confirma los montos establecidos por el juez de primera instancia, que no son otros que los referidos y relacionados expresamente de la sentencia apelada, cuales son: “…a) la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00), a la ciudadana Juana Isabel Martínez de López; la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00) a la ciudadana Neila Rosa Simancas de Zúñiga y la suma de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs.250.000,00) al ciudadano Carlos Ingnacio Castro Pereira…”.

 

Ciertamente, se pudo advertir que el juez expresó literalmente en la parte motiva del fallo lo siguiente “…como consecuencia de la condenatoria a la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A. por daño moral por el juez a quo y que esta instancia superior confirma, no sin antes advertir que dicho monto por daño moral fue ordenado su indexación por el a quo siendo esto errado, por cuanto el daño moral no puede ser objeto de corrección monetaria porque no es una deuda líquida y exigible antes del accidente donde se produjeron unos daños materiales por lo que se deja sin efecto dicha corrección monetaria al monto del daño moral que debe de pagar la codemandada a los actores. Ahora bien con esta rectificación en nada cambia el dispositivo de este fallo y así se decide”.

 

Luego, se pudo observar que el juez ad quem en la parte dispositiva de su decisión ratifica el anterior pronunciamiento cuando establece “…En mérito de los razonamientos expuestos, este Juzgado Superior Civil yaracuyano administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: … con lugar la demanda por daño moral contra la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A., quedando incólume los montos fijados por el a quo en la sentencia apelada”.

 

Por consiguiente, la Sala pudo constatar que no es cierta la afirmación del recurrente en el sentido de considerar que la sentencia del juez ad quem carece de identificación propia y unívoca de los montos ordenados a pagar por daño moral, pues tal como se relacionó previamente el juez de alzada ratificó e indicó los montos ordenados a pagar por el juez de primera instancia, cuales son: “…a) la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00), a la ciudadana Juana Isabel Martínez de López; la suma de Trescientos Mil Bolívares (Bs.300.000,00) a la ciudadana Neila Rosa Simancas de Zúñiga y la suma de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs.250.000,00) al ciudadano Carlos Ingnacio Castro Pereira…”, haciendo la salvedad de que por tratarse de daños morales no procede la indexación “…por cuanto el daño moral no puede ser objeto de corrección monetaria, dado que no es una deuda líquida y exigible antes del accidente donde se produjeron aquéllos, por lo que se deja sin efecto dicha corrección monetaria…”.  Aún más, el juez de alzada  en su parte dispositiva  declaró “…con lugar la demanda por daño moral contra la codemandada Expresos Amerlujo C.A., quedando incólume los montos fijados por el a quo en la sentencia apelada…”.

 

En cualquier caso, la Sala advierte que de ningún modo se configuró el vicio de indeterminación objetiva, máxime cuando para el juez superior existen límites precisos en la condena y la reforma no puede hacer más gravosa la situación de la apelante, de allí la máxima “tantum devolutum quantum apellatum”.

 

En consecuencia, la Sala desestima la denuncia de infracción del artículo 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

II

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el recurrente delata el vicio de inmotivación por cuanto considera que el juez ad quem “…realizó un razonamiento ajeno al cumplimiento del requisito atinente a las referencias pecuniarios de la condena…”.

 

El formalizante para soportar su denuncia sostiene lo siguiente: 

 

“En el presente caso el juez de la recurrida pretendió motivar la sentencia conjugando varios aspectos que a su juicio debía ser objeto de análisis para determinar el daño en referencia. A tal efecto indica que:

‘…debe hacer un examen del caso concreto analizando los siguientes aspectos: a) entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales); b) el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva); c) la conducta de la víctima; d) grado de educación y cultura del reclamante; posición social y económica del reclamante; e) capacidad económica del accionante; f) capacidad económica de la aparte accionada; g) los posibles atenuantes a favor del responsable; h) el tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y por último, i) referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. En consecuencia, el juez debe expresamente señalar en su decisión el análisis que realizó de los aspectos objetivos señalados en el presente párrafo, exponiendo las razones que justifican su estimación, las cuales lo llevaron a una indemnización razonable, que permita controlar la legalidad del quantum del daño moral fijado por el juez’.

Como puede observarse de la transcripción anterior, el juez del juzgado superior, pese haber señalado varios elementos que a su juicio debían ser examinados para determinar el daño y su extensión al pretender justificar el cumplimiento del requisito atinente a las referencias pecuniarias realizó un razonamiento totalmente ajeno al aspecto que según su razonamiento debía  analizar.

Para ello el juez argumentó lo siguiente:

‘Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Tomando en cuenta que para el momento del accidente los codemandantes contaban con las edades de 53, 51 y 44 años y tomando igualmente el promedio de vida tanto para el hombre como para la mujer es de 75 años y haciendo una comparación con las edades actualmente de los codemandantes podemos concluir que es justo y necesario indemnizar moralmente a los actores por cuanto su promedio de vida está cerca de los 75 años lo que trae como consecuencia que el resto de la vida que les queda puedan sentirse útiles y valerse por sí solos para cubrir sus necesidades aunque sea eventualmente porque sabemos que el dinero no es para toda la vida  por lo que finalmente se cumple este requisito y asís e decide’.

Los pasajes anteriores de la recurrida revelan inexorablemente el vicio delatado, pues el sentenciador de lazada al suponer que analizaba y valoraba las referencias pecuniarias desvió su atención en un aspecto ajeno al que debía considerar, que no es otro que la edad de los demandantes sin atender al elemento pecuniario propiamente dicho, lo cual se aleja de la racionalidad del argumento, y constituye per se una falacia que propende a dejar huérfana la motivación de hecho, por entrañar motivos inconciliables”.    

                

  

 

De la denuncia parcialmente transcrita, se observa que el formalizante delta el vicio de inmotivación pues en su criterio el razonamiento efectuado por el juez de alzada resulta “…totalmente ajeno al cumplimiento del requisito atinente a las referencias pecuniarias…”, es decir,  “…el juez atendió a las edades de los demandantes sin revisar el elemento pecuniario propiamente dicho de la condena…”, de allí que afirme que “…la sentencia quedó huérfana de motivos, por entrañar motivos inconciliables…”.

 

Para decidir, la observa:

 

Al respecto del vicio de inmotivación en relación con sentencias que acuerdan daño moral, esta Sala estima fundamental referirse a los requisitos establecidos vía jurisprudencial  que permiten determinar si una sentencia de esta naturaleza cumple o no con el requisito de motivación. Luego, será necesario transcribir la parte pertinente de la sentencia recurrida, con el objeto de  verificar si la misma incurre en el vicio delatado.   

 

A propósito de la motivación requerida en aquellas sentencias que comprendan indemnización de daños morales, esta Sala en sentencia N° 632 de fecha 15 de octubre de 2014, estableció lo siguiente:

 

“…en sentencia N° 848 de fecha 10 de diciembre de 2008, caso: Antonio Arenas y otros contra Serviquim C.A., y otras estableció lo siguiente: ‘… es doctrina reiterada de esta Sala… que la sentencia que condene al pago de una indemnización por daño moral, debe contener los siguientes supuestos de hecho, para que no sea considerada inmotivada en cuanto a la determinación del monto del mismo, los cuales son: 1.- La importancia del daño. 2.- El grado de culpabilidad del autor. 3.- La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño. 4.- La llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. 5.- El alcance de la indemnización, y 6.- Los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral’.

Asimismo, la Sala en sentencias Nros. 297 de fecha 8  de mayo de 2007 y 52 de fecha 4 de febrero de 2014, entre otras, reiteró el criterio jurisprudencial seguido en esta materia y ratificó que al decidirse una cuestión de daños morales, el sentenciador necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando desde luego la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable.

…Omissis…

En todo caso, la Sala debe advertir que la inconformidad o insuficiencia que en criterio del formalizante  puede existir respeto a los motivos objetivamente expresados y confrontados por la Sala respecto de la decisión recurrida, no configura de ninguna manera el vicio de inmotivación, y así lo ha resuelto la Sala en sentencias Nros. 183 y 127 de fechas 25 de mayo de 2010 y 29 de febrero de 2012, respectivamente en cuya oportunidad dejó claro que ‘…los motivos escasos o insuficientes, no son subsumibles en el vicio de inmotivación de la decisión, por cuanto éste sólo se verifica cuando hay carencia absoluta de motivos o fundamentos o específicamente en los casos explicados por la doctrina- los cuales en definitiva  hacen imposible conocer las razones de lo decidido por el juez respectivo. En todo caso, el desacuerdo que pueda tener el formalizante respecto a los fundamentos dados por el juez en su sentencia, en ningún modo constituye un argumento válido para obtener la declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida’.

 

Finalmente, es importante agregar que debe tenerse extremo cuidado cuando se discute la cuantificación de los daños morales fijados por el juez en su decisión, cuando se pretende atacar elementos intrínsecos, subjetivos o de convicción del juez que lo llevan a establecer determinada suma de dinero para resarcir el daño causado, pues en un caso resuelto por esta Sala en sentencia N° 6 de fecha 12 de noviembre de 2002, caso: Víctor José Colina Arenas contra Raúl Aldemar Salas Rodríguez, Adrática de Seguros C.A. y otras, a propósito de una demanda de daños morales a causa de un accidente de tránsito, la parte perdidosa discutió en dos oportunidades en casación que el juez superior había concedido una suma mayor a la solicitada por daño moral, y sobre el particular la Sala explic󠑅el sentenciador superior no concedió más de lo pedido, sino justamente lo solicitado, pues el daño moral, por referirse a la esfera afectiva del lesionado, no es de naturaleza patrimonial y no existen parámetros internos que puedan determinar su cuantía, sino que el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimiento, debe colocarse en la situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podría reparar por equivalente dicho daño. Los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana”. Precisamente, ni siquiera pudiera dejarse estimación a un auxiliar de justicia pues“…no existe auxiliar o medio alguno que permita determinar cuánto sufrimiento, dolor o molestia fue causado a la víctima. Por esa razón, el juez debe apreciar las repercusiones psíquicas o de índole afectiva, sin que existan patrones definidos en la ley, pues esta estimación queda a cargo de su esencia humana, su conciencia y su sensibilidad. No existen directrices técnicas o periciales que permitan medir los estados del alma”. (Cursivas de la sentencia).

 

 

 

Del criterio jurisprudencial parcialmente transcrito y que en esta oportunidad se reitera, el sentenciador que resuelve una pretensión de daño moral necesariamente ha de sujetarse al proceso lógico de establecer los hechos, de calificarlos y de llegar a través de este examen a la aplicación del derecho, analizando siempre; 1° la importancia del daño, 2° el grado de culpabilidad del autor, 3° la conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño y 4° la llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable. Asimismo, es necesario distinguir cuando se discute la cuantificación del daño moral, los elementos externos u objetivos de la decisión de los elementos internos o intrínsecos que pertenecen a la esfera subjetiva o de convicción del sentenciador  que lo lleva a establecer determinada suma de dinero para resarcir el daño causado. En efecto debe comprenderse que el daño moral, por referirse a la esfera afectiva del lesionado, no es de naturaleza patrimonial y no existen parámetros internos que puedan determinar su cuantía, sino que el juez debe percibir cuál es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimientos, debe colocarse en la situación de la víctima para comprender qué cantidad razonable y equitativa podría reparar por equivalente dicho daño. Los criterios empleados por el sentenciador son enteramente subjetivos y guiados por su condición humana.

 

Precisado lo anterior, esta Sala pasa a transcribir la parte motiva de la sentencia recurrida con el objeto de constatar si efectivamente el juez ad quem motivó o no su decisión conforme al criterio previamente relacionado. Así, el juez superior estableció lo siguiente:

 

“…Ahora bien, partiendo de que está aceptado por todas las partes involucradas que efectivamente ocurrió un accidente de tránsito y donde la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., aceptó que los codemandantes sí viajaban en su unidad de transporte de pasajeros produciéndoles daños físicos producto del accidente de tránsito tal y como quedó demostrado con los informes médicos que constan en autos, lo que queda es determinar si la reclamación del daño moral cumple con los siguientes requisitos.

Al respecto, la Sala de Casación Civil, N° de expediente: 01-654, N° de Sentencia: 144 del 6 de marzo de 2002…

…Omissis…

Veamos entonces si se cumple con los requisitos exigidos:

a) La entidad (importancia) del daño, tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales). Con respecto a este requisito es evidente que los codemandantes, producto del accidente sufrieron serios daños físicos tal y como quedó demostrado con los informes médicos que entre los daños, se mencionan que la codemandante Juana Martínez sufrió politraumatismo o sea fractura  tercio medio de clavícula derecha ameritando placa de reconstrucción maleable de 7 orificios de 3,5 mas tornillos de cortical de 3x5, mecha de 2,7 y tarraja de 3,5 (folio 74) la codemandante Neila Simancas sufrió fractura de tercio proximal de humero derecho neer 3 ameritando reducción abierta y fijación interna con placa PHILOS y tornillos de bloqueo de 3,5 (folio 77), el codemandante Carlos Castro sufrió fractura de tercio de radio derecho ameritando reducción cerrada y fijación con tutor para muñeca y alambres de Krischner de 1.6 m.m. (folio 78), ahora bien como puede observarse los informes médicos son detallados, el (sic) cual se les confiere valor probatorio por emanar de un funcionario público y los mismo se valoran por ser documentos públicos administrativos y no fueron impugnados todo de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, con dichos informes queda demostrado la magnitud de los daños sufridos, aparte de que se observa que los daños fueron en los brazos y manos el (sic) cual son órganos de expresión corporal del cerebro con lo que una persona se vale para realizar gran parte de las actividades de su vida cotidiana como por ejemplo asearse o comer y si sufre una lesión como lo que sufrieron los codemandantes esto hace una reducción en su utilidad en las manos produciéndoles traumas psicológicos como por ejemplo no poder valerse por sí solo para bañarse o manejar un vehículo para realizar sus actividades de trabajo, es por eso que considera quien decide que los daños sufridos por los codemandantes son de suma importancia porque tiene que ver con el normal desenvolvimiento social de las personas antes de que ocurriera el accidente, aparte de que para el momento en que ocurrió el accidente era en horas de la madrugada en donde –por máximas de experiencia- en este tipo de vehículo los pasajeros iban dormidos o prácticamente a siegas (sic) ya que la mayoría de estas unidades poseen los vidrios ahumados y no puede ver para el exterior lo que resulta traumático que poniendo en la capacidad de una persona la vida de 23 pasajeros de repente se vean sorprendidos por un volcamiento de la unidad minutos después se encuentran con daños físicos es por eso que considera quien decide que este requisito se cumple y así se decide.

b) El grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño (según sea responsabilidad objetiva o subjetiva). Con respecto a este requisito considera quien decide que la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., incurrió en responsabilidad por cuanto no demostró ni quedó demostrado que el accidente se debió a un hecho o caso fortuito como lo alegó, porque el simple hecho de decir que fue un caso fortuito no significa que el juez en el momento de decidir tenga que inventar o sacar una conclusión para establecer que fue un caso fortuito el accidente, por el contrario era la parte codemandada quien ha debido demostrar tal defensa lo cual no ocurrió, aparte que cuando el funcionario actuante hace las investigaciones determina… ‘se puede observar que esta vía se proyecta como una semi curva seguida de recta, con doble sentido de circulación separados por una isla que en su centro presenta aéreas verdes, cada sentido con dos canales de circulación y un hombrillo que se orientan de Este Oeste y Oeste Este, en buen estado seco y asfaltado, oscuro por falta de alumbrado público, bordeada por áreas verdes de la isla se observó una marca de neumáticos con longitud de 20,00 metros, sobre el asfaltado se observó una marca de coleada con longitud de 12,00 metros seguida de esta una marca de fricción de metal sobre el asfaltado,’ (folio 51 1° pieza). Ahora bien de acuerdo con lo dicho por el funcionario no se determina que haya sido producto por ejemplo de un mal estado de la vía o haya llovido o estaba mojado el pavimento o que habían obstáculos en la vía nada de eso ocurrió sólo existe es (sic) que la unidad de transporte produjo un frenazo largo y se encontró con una curva lo que trajo como consecuencia que se volteara en ese momento, y en cuanto al conductor no está en auto que en el momento del accidente o después haya dado las razones o causas del accidente por lo que la culpabilidad de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A. es extracontractual y así se decide.

c) La conducta de la víctima. Con respecto a este requisito considera quien decide que no demostró la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A. que las victimas hayan contribuido con el daño que sufrieron, es decir que los codemandantes fueron culpables del accidente de tránsito por lo que se cumple con este requisito ya que no fue por culpa de los codemandantes que ocurrió el accidente y así se decide.
d) Grado de educación y cultura del reclamante. Con respecto a este requisito considera quien decide que a pesar de no constar en el expediente el nivel de educación de los codemandantes y sólo se refiere a una que es de profesión oficios del hogar, no se puede desmejorar o poner un precio o hacer una diferenciación entre personas por el sólo hecho de no poseer ningún título académico porque al fin de cuenta son todos personas y tienen el mismo valor humano y tomando en cuenta que la necesidad de tomar una unidad de pasajero público dan muestras de que la condición social es sencilla o por lo menos precaria por no poseer un vehículo particular donde pudieran trasladarse por lo que este requisito queda demostrado por el solo hecho de ser una persona que puso su vida en manos de otra persona y así se decide.

e) Posición social y económica del reclamante. En cuanto a este requisito valen las mismas consideraciones anteriores y así se decide.
f) Capacidad económica de la parte accionada; en cuanto a este requisito consta en auto la copia certificad del acta constitutiva (folios del 24 al 33) de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., del 29 de julio de 1996 en donde su capital inicial fue de Cien Millones Doscientos Mil Bolívares (100.200,00) es de presumir como requisito actual que dicho capital tuvo que ser aumentado ya que de acuerdo con la actividad que desarrolla dicha empresa su capital tiene que ser proporcional con su actividad comercial por lo que se cumple con este requisito y queda demostrado que la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A., sí tiene capacidad para cubrir los montos declarados y así se decide.

g) Los posibles atenuantes a favor del responsable. Con respecto a este requisito no existe en auto un atenuante a favor de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., por el contrario existe una responsabilidad clara de acuerdo con el artículo 1.193 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no fue negado el hecho de que la unidad placa AA04AT no fuera propiedad de la codemandada por el contrario siendo dicha unidad propiedad de la codemandada entonces todo los daños causados por ella son responsabilidad solidaria del propietario ya que –como se dijo anteriormente- no está demostrado que se haya producido el accidente y los daños físicos por el hecho de la víctima, por un tercero o por un hecho fortuito, tampoco existe un estudio psicosocial o perfil psicológico del conductor de esa unidad para determinar si para el momento del accidente ese chofer cumplió con los requisitos mínimos para conducir un transporte tan importante como lo es el de cargar personas de un lugar a otro por lo que EXPRESOS AMERLUJO C. A., es responsable por ser la guarda o custodia de la unidad de transporte antes mencionada y así se decide.
h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad; y, por último. En cuanto a este requisito considera quien decide que es justo indemnizar a los codemandantes con una cantidad que puedan cubrir sus necesidades básicas como por ejemplo tratamientos psicológicos que se sabe que no se pueden realizar dichos tratamientos por tiempos específicos, no se sabe cuánto tiempo tardarían en recuperarse de dicho trauma aparte de que son personas que en la actualidad les sería difícil conseguir empleo por su edad y su deficiencia motora o de movimientos en los brazos y manos, lo que sin lugar a dudas causa un sufrimiento moral y así se decide.

i) Referencias pecuniarias estimados por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto. Tomando en cuenta que para el momento del accidente los codemandantes contaban con las edades de 53, 51, 44 años y tomando igualmente el promedio de vida tanto para el hombre como para la mujer es de 75 años y haciendo una comparación con las edades actualmente de los codemandantes podemos concluir que es justo y necesario indemnizar moralmente a los actores por cuanto su promedio de vida está cerca de los 75 años lo que trae como consecuencia que el resto de las vida que les queda puedan sentirse útiles y valerse por sí solos para cubrir sus necesidades aunque sea eventualmente porque sabemos que el dinero no es para toda la vida por lo que finalmente se cumple con este requisito y así se decide.

Finalmente como consecuencia de la condenatoria a la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C. A., por daño moral por el a-quo y que esta instancia superior confirma, no sin antes advertir que dicho monto por daño moral fue ordenado su indexación por el a quo siendo esto errado, por cuanto el daño moral no puede ser objeto de corrección monetaria porque no es una deuda liquidad y exigible antes del accidente donde se produjeron unos daños materiales por lo que se deja sin efecto dicha corrección monetaria al monto del daño moral que debe de pagar la codemandada a los actores . Ahora bien con esta rectificación en nada cambia el dispositivo de este fallo…”. (Mayúsculas del juez superior).

 

 

De la sentencia recurrida parcialmente transcrita, esta Sala pudo verificar que el juez de alzada en relación con los parámetros sujetos a análisis para cuantificar el daño moral, estableció en primer término, respecto de “…la importancia del daño tanto físico como psíquico (la llamada escala de los sufrimientos morales)… se observa que los codemandantes producto del accidente sufrieron serios daños físicos tal y como quedó demostrado con los informes médicos que entre los daños, se mencionan que la codemandante Juana Martínez sufrió politraumatismo o sea fractura  tercio medio de clavícula derecha ameritando placa de reconstrucción maleable de 7 orificios de 3,5 más tornillos de cortical de 3x5, mecha de 2,7 y tarraja de 3,5 (folio 74)… en cuanto a la codemandante Neila Simancas sufrió fractura de tercio proximal de humero derecho neer 3 ameritando reducción abierta y fijación interna con placa philos  y tornillos de bloqueo de 3,5 (folio 77), y en relación con el codemandante Carlos Castro sufrió fractura de tercio de radio derecho ameritando reducción cerrada y fijación con tutor para muñeca y alambres de Krischner de 1.6 m.m. (folio 78)”.

 

En este sentido, el juez superior en relación con la magnitud del daño y específicamente la escala de sufrimientos estableció que “…los informes médicos son detallados… con dichos informes queda demostrado la magnitud de los daños sufridos, aparte de que se observa que los daños fueron en los brazos y manos, los cuales son órganos de expresión corporal del cerebro con lo que una persona se vale para realizar gran parte de las actividades de su vida cotidiana como por ejemplo asearse o comer y si sufre una lesión como lo que sufrieron los codemandantes esto hace una reducción en su utilidad en las manos produciéndoles traumas psicológicos como por ejemplo no poder valerse por sí solo para bañarse o manejar un vehículo para realizar sus actividades de trabajo, es por eso que considera quien decide que los daños sufridos por los codemandantes son de suma importancia porque tiene que ver con el normal desenvolvimiento social de las personas antes de que ocurriera el accidente, aparte de que para el momento en que ocurrió el accidente era en horas de la madrugada en donde –por máximas de experiencia- en este tipo de vehículo los pasajeros iban dormidos o prácticamente a ciegas ya que la mayoría de estas unidades poseen los vidrios ahumados y no puede ver para el exterior lo que resulta traumático que poniendo en la capacidad de una persona la vida de 23 pasajeros de repente se vean sorprendidos por un volcamiento de la unidad y minutos después se encuentran con daños físicos es por eso que considera quien decide que este requisito se cumple”.

 

Luego, el juez superior al examinar el segundo parámetro atinente al  grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente o acto ilícito que causó el daño, expresó que “…no quedó demostrado ningún eximente de responsabilidad…” por las razones siguientes: “…cuando el funcionario actuante hace las investigaciones determina… ‘se puede observar que esta vía se proyecta como una semi curva seguida de recta, con doble sentido de circulación separados por una isla que en su centro presenta áreas verdes, cada sentido con dos canales de circulación y un hombrillo que se orientan de este oeste y oeste este, en buen estado seco y asfaltado, oscuro por falta de alumbrado público, bordeada por áreas verdes de la isla se observó una marca de neumáticos con longitud de 20,00 metros, sobre el asfaltado se observó una marca de coleada con longitud de 12,00 metros seguida de esta una marca de fricción de metal sobre el asfaltado,’ (folio 51 1° pieza)… de acuerdo con lo dicho por el funcionario no se determina que haya sido producto por ejemplo de un mal estado de la vía o haya llovido o estaba mojado el pavimento o que habían obstáculos en la vía nada de eso ocurrió sólo [se pudo verificar] que la unidad de transporte produjo un frenazo largo y se encontró con una curva lo que trajo como consecuencia que se volteara en ese momento, y en cuanto al conductor no está en autos que en el momento del accidente o después haya dado las razones o causas del accidente” de allí que estableciera la responsabilidad extracontractual “…de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A.”.

 

En tercer lugar, el juez superior se pronunció respecto del “…grado de educación y cultura de los reclamantes…o posición social de aquéllos…” y estableció que si bien “…a pesar de no constar en el expediente el nivel de educación de los codemandantes, pues  sólo se refiere a una de ellas que es de profesión oficios del hogar, no se puede desmejorar o poner un precio o hacer una diferenciación entre personas por el sólo hecho de no poseer ningún título académico porque a fin de cuentas son todos personas y tienen el mismo valor humano y tomando en cuenta que la necesidad de tomar una unidad de pasajero público dan muestras de que la condición social es sencilla o por lo menos precaria por no poseer un vehículo particular donde pudieran trasladarse por lo que este requisito queda demostrado por el solo hecho de ser una persona que puso su vida en manos de otra persona…”.

 

Asimismo, el juez superior examinó la existencia o no de atenuantes de responsabilidad cuando estableció lo siguiente: “…no existe en autos un atenuante a favor de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A., por el contrario existe una responsabilidad clara de acuerdo con el artículo 1.193 del Código Civil, por cuanto no fue negado el hecho de que la unidad placa AA04AT no fuera propiedad de la codemandada por el contrario siendo dicha unidad propiedad de la codemandada entonces todo los daños causados por ella son responsabilidad solidaria del propietario ya que –como se dijo anteriormente- no está demostrado que se haya producido el accidente y los daños físicos por el hecho de la víctima, por un tercero o por un hecho fortuito, tampoco existe un estudio psicosocial o perfil psicológico del conductor de esa unidad para determinar si para el momento del accidente ese chofer cumplió con los requisitos mínimos para conducir un transporte tan importante como lo es el de cargar personas de un lugar a otro por lo que Expresos Amerlujo C. A., es responsable por corresponderle la guarda o custodia de la unidad de transporte antes mencionada”.

 

En virtud de todo lo anterior, el juez superior al revisar “…la retribución satisfactoria que necesitaría la víctima para ocupar una situación similar a la anterior al accidente o enfermedad” estableció que sin lugar a dudas “…es justo indemnizar a los codemandantes con una cantidad que puedan cubrir sus necesidades básicas como por ejemplo tratamientos psicológicos que se sabe que no se pueden realizar dichos tratamientos por tiempos específicos, no se sabe cuánto tiempo tardarían en recuperarse de dicho trauma aparte de que son personas que en la actualidad les sería difícil conseguir empleo por su edad y su deficiencia motora o de movimientos en los brazos y manos, lo que sin lugar a dudas causa un sufrimiento moral”. Además, agregó como soporte de sus fundamentos que para “…tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto… valía tomar en cuenta que para el momento del accidente los codemandantes contaban con las edades de 53, 51, 44 años y tomando igualmente el promedio de vida tanto para el hombre como para la mujer, partiendo de que el mismo es de 75 años y haciendo una comparación con las edades actualmente de los codemandantes podemos concluir que es justo y necesario indemnizar moralmente a los actores por cuanto su promedio de vida está cerca de los 75 años lo que trae como consecuencia que el resto de la vida que les queda puedan sentirse útiles y valerse por sí solos para cubrir sus necesidades aunque sea eventualmente porque sabemos que el dinero no es para toda la vida”.

 

En virtud de todo lo anterior, la Sala pudo constatar que el juez superior motivó su decisión de condena de daño moral,  conforme a los parámetros definidos por la doctrina de esta Sala de Casación Civil, específicamente cuando explicó en cuanto a la trascendencia e importancia del daño “…que quedó  demostrado con los informes médicos que entre los daños, se mencionan que la codemandante Juana Martínez sufrió politraumatismo o fractura especificada en el informe… en cuanto a la codemandante Neila Simancas sufrió fractura de tercio proximal de humero derecho y requirió intervención quirúrgica y en relación con el codemandante Carlos Castro sufrió fractura de tercio de radio derecho ameritando reducción cerrada y fijación con tutor para muñeca y alambres…” lo anterior da cuenta de la magnitud del daño, pues a juicio del sentenciador “…los daños fueron en los brazos y manos, los cuales son órganos de expresión corporal del cerebro con lo que una persona se vale para realizar gran parte de las actividades de su vida cotidiana como por ejemplo asearse o comer y si sufre una lesión como lo que sufrieron los codemandantes esto hace una reducción en su utilidad… produciéndoles traumas psicológicos como por ejemplo no poder valerse por sí solo para bañarse o manejar un vehículo para realizar sus actividades de trabajo, es por eso que considera quien decide que los daños sufridos por los codemandantes son de suma importancia porque tiene que ver con el normal desenvolvimiento social de las personas antes de que ocurriera el accidente…”.

 

 

Asimismo, la Sala pudo constatar que el juez superior estableció en relación con el grado de culpabilidad del accionado o su participación en el accidente y culpa de la víctima que “…para el momento en que ocurrió el accidente era en horas de la madrugada en donde –por máximas de experiencia- en este tipo de vehículo los pasajeros iban dormidos o prácticamente a ciegas ya que la mayoría de estas unidades poseen los vidrios ahumados y no puede ver para el exterior lo que resulta traumático que poniendo en la capacidad de una persona la vida de 23 pasajeros de repente se vean sorprendidos por un volcamiento de la unidad minutos y después se encuentran con daños físicos”; también se refiere a que no hubo eximentes de responsabilidad por las siguientes razones “de acuerdo con lo dicho por el funcionario no se determina que haya sido producto por ejemplo de un mal estado de la vía o haya llovido o estaba mojado el pavimento o que habían obstáculos en la vía nada de eso ocurrió sólo [se pudo verificar] que la unidad de transporte produjo un frenazo largo y se encontró con una curva lo que trajo como consecuencia que se volteara en ese momento, y en cuanto al conductor no está en autos que en el momento del accidente o después haya dado las razones o causas del accidente”.

 

 

Aún más, en cuanto al resto de las circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral, se pronunció por una parte en cuanto a la existencia o no de atenuantes de responsabilidad para la empresa demandada, así como respecto del “…grado de educación y cultura de los reclamantes…o posición social de aquéllos”; en relación con los primeros  explicó “…no existe en autos un atenuante a favor de la codemandada EXPRESOS AMERLUJO C.A., por el contrario existe una responsabilidad clara de acuerdo con el artículo 1.193 del Código Civil, por cuanto no fue negado el hecho de que la unidad placa AA04AT no fuera propiedad de la codemandada por el contrario siendo dicha unidad propiedad de la codemandada entonces todo los daños causados por ella son responsabilidad solidaria del propietario ya que –como se dijo anteriormente- no está demostrado que se haya producido el accidente y los daños físicos por el hecho de la víctima, por un tercero o por un hecho fortuito, tampoco existe un estudio psicosocial o perfil psicológico del conductor de esa unidad para determinar si para el momento del accidente ese chofer cumplió con los requisitos mínimos para conducir un transporte tan importante como lo es el de cargar personas de un lugar a otro por lo que Expresos Amerlujo C.A….”; y en relación con lo segundo estableció “que no constaba en autos el nivel de educación de los actores… sólo de uno de ellos       quien declara que es de profesión oficios del hogar”, lo cual a su juicio resulta intrascendente pues “…a fin de cuentas son todos personas y tienen el mismo valor humano y tomando en cuenta que la necesidad de tomar una unidad de pasajero público dan muestras de que la condición social es sencilla o por lo menos precaria por no poseer un vehículo particular donde pudieran trasladarse por lo que este requisito queda demostrado por el solo hecho de ser una persona que puso su vida en manos de otra persona…”.

 

 

Finalmente, la Sala pudo verificar que el juez superior añadió como parte de sus motivos para acordar la indemnización que para “…tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto… debe tomarse en cuenta que para el momento del accidente los codemandantes contaban con las edades de 53, 51, 44 años y tomando igualmente el promedio de vida tanto para el hombre como para la mujer, partiendo de que el mismo es de 75 años y haciendo una comparación con las edades actualmente de los codemandantes podemos concluir que es justo y necesario indemnizar moralmente a los actores por cuanto su promedio de vida está cerca de los 75 años lo que trae como consecuencia que el resto de la vida que les queda puedan sentirse útiles y valerse por sí solos para cubrir sus necesidades aunque sea eventualmente porque sabemos que el dinero no es para toda la vida”.

 

 

En virtud de todo lo anterior, no queda duda de la motivación ofrecida por el juez superior para condenar al daño moral conforme a la doctrina antes relacionada.

 

En todo caso, se advierte que cuando el recurrente afirma que “…el juez atendió a las edades de los demandantes sin revisar el elemento pecuniario propiamente dicho de la condena…”, tal argumento denota que el mismo cuestiona las razones subjetivas o de convicción que guiaron al juez desde su perspectiva personal para acordarle a los actores una cantidad razonable y equitativa que permitiera compensar el daño sufrido, lo cual de ninguna manera pudiera dar lugar a la nulidad de la sentencia, pues tal como se explicó precedentemente la estimación de la esfera afectiva del lesionado, no es de naturaleza patrimonial y no existen parámetros internos que puedan determinar su cuantía, pues esta estimación queda a cargo de la esencia humana, la conciencia y la sensibilidad del sentenciador.

 

Por consiguiente, resulta forzoso para la Sala desestimar la denuncia infracción del artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

D E C I S I Ó N

 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación presentado contra la sentencia de fecha 3 de junio de 2015, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.

 

 

Por haber resultado infructuoso el recurso interpuesto, se condena a la parte demandada al pago de las costas derivadas de su interposición.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

                   Dada, firmada  y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia,  en Caracas, al primer (1°) día del mes de diciembre de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

__________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

Vicepresidente,

 

 

____________________________________

 LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

Magistrada,

 

______________________

   YRIS PEÑA ESPINOZA

Magistrada-ponente,

 

____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrada,

 

 

_____________________________

MARISELA GODOY ESTABA

Secretario,

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2015-000528

NOTA: Publicada en su fecha a las

Secretario,

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