Venley

Sentencia N.º RC.000789

Sentencia
N.º RC.000789
Fecha
11/12/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
15-408
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro.  AA20-C-2015-000408

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta seguido por la ciudadana BÁRBARA MARGARITA ÁLVAREZ CONTRERAS, representada judicialmente por los abogados Carlos Colón Brito y Alfredo Colón Marcano, contra los ciudadanos ANDRÉS RAFAEL AULAR RANGEL y NATALIA CARIDAD PRADO DE AULAR, representados judicialmente por los abogados Carlota Salazar Calderón, Marina Castillo Abad y Cecilia Villarroel; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictó sentencia en fecha 7 de abril de 2015, mediante la cual declaró con lugar la apelación y ordenó la reposición de la causa al estado de oficiar al SAIME, a los fines de obtener la respuesta solicitada para sentenciar de nuevo con todas las probanzas. De esta manera revocó el fallo dictado en fecha 28 de mayo de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, el cual declaró con lugar la demanda y sin lugar la reconvención y ordenó a los demandados cumplir con el contrato de opción de compra venta, suscrito en fecha 16 de octubre de 2012.

 

                   Contra la referida sentencia de la alzada, la actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido mediante auto de fecha 21 de mayo de 2015, y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica extemporánea.

                  

                   Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 206 y 209 del referido Código Adjetivo por considerar que el juzgador de alzada incurrió en una reposición indebidamente decretada, y para fundamentar tal alegato expresó lo siguiente:

 

“la sentencia aquí impugnada violó los artículos 206 y 209 del Código de Procedimiento Civil… por cuanto el tribunal ad quem dispuso la reposición de la causa de manera indebida e inútil, la sentencia recurrida causó indefensión a nuestra representada, pues en vez de corregir los defectos de la sentencia de primera instancia y acto seguido valorar todas las pruebas promovidas y evacuadas por las partes y pronunciarse sobre el fondo del litigio, revocó la sentencia apelada y ordenó al nuevo juez que por distribución le corresponda, ratificar el oficio al SAIME a los fines de obtener la respuesta solicitada, desconociendo de esa manera su propia competencia”.

 

Acorde con el texto de la denuncia, el formalizante señala que la recurrida quebrantó los artículos 206 y 209 del Código de Procedimiento Civil y causó indefensión a la actora, luego de reponer la causa de manera indebida e inútil y sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, con la finalidad de ordenar al juez que por distribución correspondiera, que oficiara al SAIME para obtener respuesta acerca de una prueba promovida por la demandada.

 

 

Para decidir la Sala observa:

 

Se está ante una reposición de la causa cuando el juez, en la oportunidad de dictar sentencia, detiene el curso del proceso, anula las actuaciones realizadas y retrotrae el proceso al estado en que, conforme a su criterio, deba renovarse el acto esencial que haya estimado como quebrantado.

 

Será inútil o injustificada esta reposición, si no se verifica el quebrantamiento de un acto o de una forma esencial, o cuando el acto, supuestamente írrito, alcance su fin.

 

En cualquiera de estos casos, la actuación del juez podría menoscabar a una o ambas partes del proceso, bien porque se vulnere el derecho a la defensa de las partes y porque adicionalmente, se cause un retardo procesal que contraríe los principios de economía y celeridad procesal, perjuicios éstos que en definitiva atentan contra la garantía del debido proceso.

 

De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por tanto, para que proceda la reposición, además de la existencia de un acto írrito, es indispensable que quede comprobado que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el referido acto no haya cumplido su finalidad. (Vid. entre otras, sentencia N° 135, de fecha 4 de abril de 2013, caso: Santa Bárbara Barra y Fogón, C.A. contra Bar Restaurant El que bien, C.A.).

 

En el caso concreto, esta Sala aprecia que en criterio del formalizante, la alzada “dispuso la reposición de la causa de manera indebida e inútil… pues en vez de corregir los defectos de la sentencia de primera instancia… y pronunciarse sobre el fondo del litigio, revocó la sentencia apelada y ordenó al nuevo juez que por distribución le corresponda, ratificar el oficio al SAIME a los fines de obtener la respuesta solicitada”.

 

Al respecto, la sentencia recurrida decidió lo siguiente:

 

“El tribunal para decidir, precisa plantear el siguiente punto previo bajo las consideraciones siguientes:

La parte demandada, al momento de presentar informes ante esta alzada, indicó que “…Reposición de la causa… El tribunal… fijó informes y sentenció, sin que las resultas de los informes, dirigidos al banco Banesco… y al Servicio Administrativo de Identificación y Migración y Extranjería… llegaran al expediente”.

Existe por tanto, una solicitud de reposición de la causa, toda vez que el a quo dictó sentencia sin esperar las pruebas supra mencionadas.

…Omissis…

…el tribunal de origen sentenció el fondo de la causa sin esperar las resultas de las citadas probanzas, lo cual constituye un absurdo jurídico, toda vez que al momento de pronunciarse sobre las pruebas presentadas por las partes, éstas fueron admitidas por considerarlas legales y pertinentes, por lo cual el juez debía esperar las resultas o en todo caso ratificar los oficios enviados para así obtener la información solicitada, y de esta manera tener la certeza de lo eficaz o no de las probanzas aportadas; en consecuencia, le resulta forzoso a este juzgador revocar la sentencia apelada y ordenar al nuevo juez que por distribución corresponda, ratificar el oficio solo del SAIME a los fines de obtener la respuesta solicitada. Respecto a la información solicitada del Banco Banesco, se observa que la misma consta a los autos, específicamente al folio veintisiete (27) del cuaderno de apelación”. (Cursivas y negrillas de la recurrida)

 

 

De la precedente transcripción parcial de la recurrida, la Sala observa que la alzada, sin atender el fondo del asunto, ordenó la reposición de la causa al estado de que el juez que correspondiera oficiara al SAIME para obtener respuesta acerca de una prueba promovida por la demandada, por cuanto en su criterio, constituye un absurdo jurídico que el juez de primera instancia haya dictado sentencia definitiva sin esperar las resultas de dicha prueba o sin ratificar su oficio con la finalidad de obtener la respuesta solicitada.

 

 

Ahora bien, con la finalidad de determinar la utilidad de la reposición, resulta necesario hacer un recuento de las actuaciones para verificar si la información requerida al SAIME, es o no determinante del dispositivo del fallo:

 

Consta en el escrito de contestación a la demanda, consignado en fecha 13 de agosto de 2013, folios del 98 al 103 y su vuelto, alegato expuesto por la demandada mediante el cual pone de manifiesto que las partes contratantes suscribieron un primer contrato de opción de compra venta y cuatro días después de vencerse la obligación contraída, es decir, en fecha 24 de septiembre de 2012, la demandada recibió de la actora un cheque por la cantidad de ciento setenta mil bolívares (Bs. 170.000,00), que al pasar por la cámara de compensación del banco, fue devuelto por defecto de firma y sello, cuyo contenido y firma le fue opuesto a la parte actora.

 

En el referido escrito, la demandada manifiesta que en fecha 16 de octubre de 2012, las partes suscribieron un nuevo contrato de  opción de compra venta, y los vendedores declararon haber recibido la misma cantidad entregada, fraccionada o por partes, durante la vigencia del primer contrato.

 

En el escrito de contestación a la reconvención, presentado en fecha 10 de octubre de 2013, folios del 152 al 154, la actora rechazó y negó tanto el contrato privado de opción de compra venta como el mencionado cheque emitido por la cantidad de Bs. 170.000,00, luego de considerar que no tienen eficacia legal ni jurídica.

 

En el capítulo IV del escrito de promoción de pruebas, consignado en fecha 5 de noviembre de 2013 –folios del 179 al 182-, la demandada promovió el original del cheque de la entidad bancaria Banesco, identificado con el N° 43835361, girado en fecha 24 de septiembre de 2012 por la cantidad de Bs. 170.000,00, que se consignó con el escrito de contestación a la demanda. Al respecto, señala la demandada que al dorso de este instrumento se puede evidenciar que está firmado por el titular de la cuenta, quien se identifica con el número de cédula V-21.408.264, que corresponde al ciudadano Omar Antonio Piñango Álvarez, quien es hijo de la ciudadana Bárbara Margarita Álvarez Contreras, pero como no emana de la demandante reconvenida, sino de su hijo, consideraron necesario demostrar ese hecho filiatorio, y para ello promovieron también la prueba de informes, prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, con la finalidad solicitar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), los datos filiatorios del mencionado ciudadano Omar Antonio Piñango Álvarez.  

 

En fecha 12 de noviembre de 2013, la actora consignó escrito de oposición a la admisión de las pruebas de su contraparte –folios del 198 y su vuelto al 199- en donde expresó lo siguiente:

 

“Nos oponemos a la admisión de la prueba de informe… del escrito de promoción de pruebas de la demandada, por ser impertinentes a la presente causa, pues la misma está referida a que el tribunal sea informado sobre cuestiones referidas a un tercero extraño a la presente litis, el cual no es parte, y donde se pretende traer a los autos información de contenido personal de dicho ciudadano, que no está incorporado a este proceso, pudiéndosele quebrantar derechos inherentes a su persona, sin tener la oportunidad de defenderse. Debemos aclarar que la disposición del artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se refiere a solicitar información sobre hechos relacionados con alguna de las partes, que se encuentre en manos de un tercero, y no a solicitar información sobre un tercero que no es parte, deviniendo dicha pretendida prueba a ser manifiestamente impertinente e ilegal, siendo la misma contraria a lo contenido en el espíritu de lo dispuesto en el artículo 1.372 del Código Civil. Por lo que solicitamos no sea admitida”.

 

Mediante auto de fecha 18 de noviembre de 2013 –folios del 201 al 205-, el tribunal de primera instancia decidió la oposición a la admisión de las pruebas, realizada por ambas partes, y respecto de las pruebas promovidas por la demandada señaló lo siguiente:

 

“Este tribunal en aplicación del principio favorabilia ampliada (sic), considera:

…Omissis…

Que con la evacuación de las pruebas promovidas por la parte demandada no se sigue ningún perjuicio cierto, deveniente (sic) de la evacuación de las mismas para el demandante opositor, desestima dicha oposición; y en consecuencia, ordena admitir y evacuar las pruebas promovidas por la demandada, a reserva de poder descartarlas luego en la sentencia si estas resultan ilegales  o impertinentes”. (Negrillas de la decisión).

                  

                   En fecha 18 de noviembre de 2013, -folio 206 al 207, el tribunal de primera instancia ordenó oficiar al SAIME, a los fines de que informara sobre los particulares contenidos en el capítulo IV del escrito de promoción de pruebas de la demandada, relacionados con la solicitud de los datos filiatorios del titular del cheque.

 

                   Consta en el folio 274, oficio de fecha 18 de febrero de 2014, emanado de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central, Departamento de Datos Filiatorios del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), contentivo de los datos filiatorios de la ciudadana Jhoelin Maireth Pacheco Vilera, en atención a los requerimientos realizados por el tribunal de primera instancia.

 

                   Mediante diligencia de fecha 27 de marzo de 2014, folio 279, la demandada solicitó nuevamente al tribunal de primera instancia librara oficio al SAIME con la finalidad de requerir los datos filiatorios del ciudadano Omar Antonio Piñango Álvarez, visto que la información suministrada por el referido organismo no se corresponde con lo solicitado.

 

                   En fecha 28 de mayo de 2014, folios del 309 al 348, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, dictó sentencia, declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención.

 

                   Con respecto al cheque, el mencionado fallo señaló que el mismo “no es apreciado por el tribunal por ser  documento privado desconocido por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil”; y en relación con la prueba de informes, con la cual la demandada solicitó al tribunal oficiara al SAIME para obtener los datos filiatorios de Omar Antonio Piñango Álvarez, expresó que los referidos datos filiatorios recibidos no se corresponden con los solicitados y visto que después de enviar una nueva solicitud, no se recibió respuesta a la misma, señaló que no apreciaba dicha prueba, por no haberse evacuado correctamente.

 

De las actuaciones precedentemente reseñadas, la Sala aprecia lo siguiente:

 

Que la demandada reconviniente, a partir del acto de contestación de la demanda, manifiestó que recibió de la actora un cheque por la cantidad de Bs. 170.000,00, que al ser presentado para hacerlo efectivo ante Banesco fue devuelto por defectos de firma o sello y que le fue entregado como parte de pago, de manera tardía, durante la vigencia de un primer contrato de opción de compra venta suscrito por las partes.

 

Que en fecha posterior, las mismas partes suscribieron un nuevo contrato, reconociendo como inicial de esa opción de compra venta, la cantidad entregada por la compradora para el momento de cumplir con las obligaciones asumidas en el primer contrato.

 

Que la demandada promovió en su escrito de promoción de pruebas tanto el primer contrato suscrito entre las partes, como el cheque consignado en aquella oportunidad, para demostrar el incumplimiento de la actora y requirió al tribunal que oficiara al SAIME para establecer que el titular del referido cheque es hijo de la compradora, quien es la actora reconvenida en este juicio.

 

La admisión de esta prueba fue objeto de oposición por parte de la actora, lo cual fue denegado por el tribunal de primera instancia y posteriormente ordenó oficiar al SAIME para que comunicara la información requerida en el capítulo IV del escrito de promoción de pruebas consignado por la demandada.

 

Dicha información fue enviada al tribunal, pero los datos recibidos no se corresponden con los solicitados y pese a que el tribunal ratificó su solicitud ante el SAIME, dictó sentencia definitiva sin que llegaran al expediente los datos filiatorios correctos. No obstante, cabe mencionar que al momento de decidir, se pronunció en relación con la información proveniente del SAIME, y sobre el cheque antes mencionado, refiriendo que “respecto a la información solicitada del Banco Banesco, se observa que la misma consta a los autos, específicamente al folio veintisiete (27) del cuaderno de apelación”.

 

Al respecto, señaló el tribunal de primera instancia que desechaba tanto el cheque por haber sido desconocido, como la prueba de informes por cuanto dicha prueba no fue evacuada correctamente.

 

Del extracto y análisis de las actuaciones precedentes la Sala considera que los datos filiatorios del ciudadano Omar Antonio Piñango Álvarez, aun cuando evidencien su vínculo con la compradora, ciudadana Bárbara Margarita Álvarez Contreras, no resultan determinantes del dispositivo del fallo.

 

En efecto, se trata de un cheque entregado como forma de pago con ocasión a la suscripción del primer contrato de compra venta, que si bien fue devuelto por defectos de firma o sello, tal situación no evidencia el incumplimiento por parte de la actora reconvenida, pues de ser este el caso, tal conducta quedó convalidada por la demandada reconviniente desde el mismo momento en que suscribió con la compradora un segundo contrato de opción de compra venta y luego de reconocer como cierto y efectivo el pago realizado por la compradora con ocasión al primer contrato suscrito por las partes.

 

De allí que reponer la causa al estado de oficiar al SAIME para que consigne los datos filiatorios del ciudadano Omar Antonio Piñango Álvarez resulta inútil, pues aunque quede demostrada la existencia de un vínculo filiatorio entre el titular del cheque y la compradora, tal información es insuficiente para demostrar el incumplimiento de la actora reconvenida, razón por la cual dicha prueba en nada modificaría el dispositivo del fallo.

 

En este sentido, contrario a lo sostenido por la alzada, dictar sentencia sin atender el fondo del asunto sometido a su consideración y reponer la causa con el solo objetivo de oficiar al SAIME para que éste suministre una información que no es determinante del dispositivo del fallo, además de trasgredir el derecho a la defensa de la actora reconvenida, atenta contra los principios de celeridad y economía procesal, así como también quebranta el derecho de igualdad que debe existir entre las partes.

 

Al respecto, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil señala que “Los jueces garantizarán el derecho de defensa y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género”.

 

De allí que los jueces de instancia, como directores y guardianes del proceso deberán “procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal,” y sólo declararán la nulidad de algún acto procesal “en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”, acorde con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

 

Por último, cabe señalar que el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por el formalizante, no fue infringido por la alzada visto que su supuesto de hecho hace referencia a las sentencias que se encuentren viciadas por no contener los requisitos formales establecidos en el artículo 243 del reseñado código adjetivo y en el caso concreto, la sentencia recurrida se encuentra viciada por generar indefensión al recurrrente.

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala declara procedente la denuncia de reposición mal decretada, por la infracción de los artículos 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

       Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad, la Sala no decidirá las restantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara  CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia dictada en fecha 7 de abril de 2015, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida, y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del  presente recurso.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al tribunal superior de origen, anteriormente mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los once (11) días del mes de diciembre de  dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

_________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

____________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ 

Magistrada,

 

 

________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

Magistrada-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrada,

 

 

___________________________

MARISELA GODOY ESTABA

Secretario,

 

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2015-000408

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretario,

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