Sentencia N.º RC.000808
- Sentencia
- N.º RC.000808
- Fecha
- 13/12/2012
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 12-289
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2012-000289
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por la ciudadana YANETT JOSEFA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, representada por los abogados en libre ejercicio de su profesión Rafael Ygnacio Rivero Sarquis, Jeannett Mariela Ruiz Guzmán, Delma De Armas, Gricelys Torres y Humberto Meléndez, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación INMOBILIARIA 20.037 S.A., patrocinada por los abogados en libre ejercicio de su profesión Pedro Prada, Víctor Prada, Agustín Bracho, Sorelena Prada, Dailyth Mendoza, Armando Rodríguez, Francisco Betancourt, Nelly Oliveros Russian y Mayerling Bentolila, donde intervino como tercera interesada ANA MERCEDES HERNÁNDEZ, representada por el ciudadano abogado en libre ejercicio de su profesión Luís Rafael Godoy Rivolta; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 14 de octubre de 2011, dictó sentencia definitiva declarando lo siguiente:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, ciudadana YANETT JOSEFA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ; SEGUNDO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada, sociedad de comercio INMOBILIARIA 20.037 S.A.; TERCERO: SE MODIFICA la sentencia definitiva dictada en fecha 1 de febrero de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; CUARTO: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa al defecto de forma de la demanda y por acumulación prohibida; QUINTO: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 7º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la existencia de una condición o plazo pendientes; SEXTO: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil relativa a la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta; SÉPTIMO: SIN LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios intentada por la ciudadana YANETT JOSEFA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ contra la sociedad de comercio INMOBILIARIA 20.037 S.A.
No hay condena en costas procesales, por cuanto la sentencia no fue confirmada, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la citada sentencia, la demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
PUNTO PREVIO
La demandante consignó anexo a su escrito de formalización, un legajo de copias certificadas constante de 25 folios, que corre inserto a los folios 94 al 118, de la pieza cuatro de este expediente.
La Sala al respecto, observa:
No es dado a las partes durante el lapso de tramitación del recurso extraordinario de casación, el consignar ningún tipo de pruebas ante esta sede casacional, pues esta Suprema Jurisdicción tiene el encargo de vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron, en el desarrollo de su función sentenciadora, con todos los preceptos legales al efecto, dada su condición de tribunal de derecho, y por cuanto que, en el procedimiento establecido para la sustanciación del recurso extraordinario de casación, no se prevé ninguna oportunidad procesal para la promoción de pruebas, conforme a lo señalado en el libro primero, título octavo, del Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 312 al 326.
Al efecto esta Sala, en su fallo N° RC-14 del 11 de febrero de 2010, expediente N° 2009-491, caso: Leyddy Chávez De González, contra Dora Yuraima González Charmel y otros, reiterado mediante sentencia N° RC-340 del 6 de agosto de 2010, Exp. N° 2010-183, decisión N° RC-239 del 2 de junio de 2011. Exp. N° 2010-106, y fallo N° RC-629 del 3 de octubre de 2012. Exp. N° 2012-222, estableció lo siguiente:
...Ahora bien, la Sala, ejerciendo su función pedagógica jurídica, informa a la recurrente que ante esta Máxima Jurisdicción Civil, no resulta pertinente presentar ninguna clase de pruebas, ya que, este Tribunal Supremo de Justicia, por su condición de tribunal de derecho, debe revisar y controlar la legalidad de los fallos emitidos por los juzgados de instancia y es, sólo en casos excepcionales tales como cuando se delatan violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, entre otros y las que constituyen infracciones a garantías constitucionales derivadas de transgresiones a reglas procesales, que este Alto Juzgado analiza los hechos o las pruebas.
Asimismo, esta Sala de Casación Civil, observa con extrañeza que, siendo la formalizante profesional de la abogacía no hubiese promovido la documental en comentario, en las oportunidades previstas legalmente para ello.
Con base a los razonamientos expuestos la Sala no procede al análisis del instrumento consignado por la recurrente. Así se decide....
Es consideración a lo antes expuesto, esta Sala de Casación Civil, se ve imposibilitada de conocer, y por ende, no procede al análisis de los instrumentos probatorios consignados por la recurrente demandante, anexos a su escrito de formalización. Así se decide.
QUAESTIO IURIS
-I-
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la infracción del artículo 509 ibídem, por silencio de pruebas.
Por vía de argumentación se señala lo siguiente:
La denuncia que a continuación delato, constituye el vicio denominado silencio de la prueba, que se patentiza en aquellos casos en los cuales el juez incumple su deber de realizar el consabido e impretermitible análisis sobre una o varias pruebas consignadas en autos, ya sea que ni siquiera las menciona o cuando referida su existencia , no expresa su merito. En consecuencia, como lo ha dictado claramente esta honorable Sala de Casación Civil, la falta de valoración de alguno de los medios probatorios comporta la infracción de falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente y constituye esta conducta uno de los motivos de excepción previsto en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contemplados en el ordinal 2 del artículo 313 del mismo Código, tal como se denuncia en este acto.
La sentencia recurrida establece textualmente. ( )
De igual forma la sentencia recurrida en el capitulo (sic) pertinente a las pruebas promovidas por nuestra parte señala textualmente lo siguiente: ( )
Ahora bien, consta a los folios 198 al 206 de la Primera (sic) Pieza, (sic) de este expediente que presenté el 07 (sic) de diciembre de 2.005, escrito contentivo de la promoción de los respectivos medios probatorios que favorecen a mi mandante en la presente causa, medios probatorios que según el Juez (sic) que dictó la sentencia recurrida fueron debidamente analizados.
Si se observa en el mencionado escrito de promoción de medios de probatorios identifique claramente un particular, que denominé SÉPTIMO, y en el cual invoque y reproduje el contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada en esta causa INMOBILIARIA 20.037 S.A., identificada en autos representada por la ciudadana DAILYTH MENDOZA, y el ciudadano FAUZI ABDON RAMOS ( ) sobre el mismo inmueble que fue arrendado a mi representada, contrato otorgado ( ) el cual indique claramente que se encontraba anexo al cuaderno de medidas perteneciente a esta causa y que fue consignado por el representante de la demandada NELLY OLIVEROS RUSSIAN, en el momento de la práctica de la medida de secuestro.
Es evidente que el Juez (sic) no analizó este contrato de arrendamiento celebrado por la demandada con tercera persona en el año 2005; y es falso cuando indica que el punto SÉPTIMO del escrito de medios probatorios fue objeto de análisis, cuando en el extracto de la sentencia en el capítulo relativo a las pruebas promovidas por la demandante no se hace mención alguna al referido contrato de arrendamiento.
( omissis )
En consideración a ello, denuncio que la norma 509 antes citada, no fue aplicada por el Juez en el dictamen recurrido, al no analizar el referido contrato de arrendamiento acompañado al escrito de medios de probatorios promovidos por nuestra parte celebrado entre la demandada y FAUZI ABDON RAMOS, sobre el mismo inmueble arrendado a mi mandante, y en plena vigencia del término contractual, y visto que el referido artículo constituye una regla legal expresa ´para el establecimiento de los hechos que tiene el Juzgador (sic) de instancia de analizar todas y cada una de las pruebas que le hayan sido promovidas y evacuadas por las partes aun cuando no tengan ninguna relación con el caso que se ventila en el proceso; y en este caso en particular, el contrato de arrendamiento que celebró INMOBILIARIA 20.037 S.A, con FAUZI ABDON RAMOS como indiqué, demuestra claramente que la arrendadora de mi mandante, dispuso del inmueble arrendado aun existiendo vigencia en el contrato celebrado con nuestra parte de fecha 12 de junio de 2001, por cinco (05) (sic) años, es decir, vencía el 11 de junio de 2.006, y el cual no ha sido resuelto ni revocado por las partes, demuestra este medio probatorio, que la demandada arrendó a tercera persona existiendo un arrendamiento anterior vigente, y esta cuestión que justamente constituye el fondo del debate de esta causa, ello es el despojo arbitrario sufrido por mi mandante sobre el inmueble objeto de arrendamiento, sin que mediara juicio o causa legal para ello, por parte de INMOBILIARIA 20.037, C.A. queda suficientemente probada al traer a los autos el referido instrumento arrendaticio que emana justamente de la parte demandada.
( omissis )
Tan cierto es la infracción del referido artículo 509 por falta de aplicación que si la recurrida hubiere examinado o analizado por lo menos parcialmente el contrato de arrendamiento antes citado, ello evidentemente sería capaz de demostrar hechos que cambiarían la suerte de la controversia. Esta falta es decisiva en el dispositivo del fallo.
La sentencia recurrida establece textualmente: ( )
En consideración a lo anterior, y disculpando esta honorable Sala la repetición de lo alegado, el análisis y valoración del referido contrato de arrendamiento celebrado por la demandada con un tercero, aun existiendo vigencia en el contrato objeto de la presente demanda celebrado con mi mandante, por el inmueble constituido por un local signado con el N° M1-111, localizado en el Nivel (sic) Agua, Planta (sic) baja de la Primera (sic) Etapa, (sic) de Metrópolis Shopping, ubicado con frente a la Autopista (sic) Regional del Centro en el sector (sic) Los Manires, Municipio San Diego del estado (sic) Carabobo, el cual tiene una superficie aproximada de ochenta y ocho metros cuadrados (88 M2), cambiaría totalmente la suerte de la controversia.
Solicito se declara CON LUGAR esta denuncia. (Mayúsculas del recurrente).-
Para decidir, la Sala observa:
En la presente delación por infracción de ley, el formalizante denuncia la falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por silencio de prueba presuntamente cometido por el juez de la recurrida, y en concreto por la falta de análisis de la prueba promovida en el capítulo séptimo del escrito de promoción de pruebas de la parte demandante, referente al contrato de arrendamiento celebrado entre la INMOBILIARIA 20.037 S.A., representada por la ciudadana DAILYTH MENDOZA, y el ciudadano FAUZI ABDON RAMOS.
Al respecto de esta prueba el fallo recurrido señala:
En la oportunidad de promover pruebas, la parte demandante en el puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo de su escrito de promoción; reproduce el valor probatorio de los instrumentos consignados junto al libelo de demanda, los cuales ya fueron objeto de análisis por este juzgador, razón por la cual se reitera lo decidido. (Destacado de la Sala).-
Ahora bien, al descender al estudio de las actas que conforman el expediente, de forma excepcional, por así permitirlo la previsión legal contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se observa lo siguiente:
Del escrito de promoción de pruebas presentado por la parte demandante, en fecha 7 de diciembre de 2005, y que corre inserto a los folios 198 al 206 y sus vueltos de la pieza uno de este expediente, se desprende:
ante usted con el debido respeto ocurro a los fines de exponer, alegar y promover los medios probatorios pertinentes: ( )
SÉPTIMO: Invoco y reproduzco el contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada, sociedad mercantil INMOBILIARIA 20.037, S.A. (antes INMOBILIARIA MATEX, S.A.,) inscrita en el Registro Mercantil ( ) el (05) (sic) de Junio (sic) de 1.998, ( ) representada por DAILYTH MENDOZA, ( ) y el ciudadano FAUZI ABDÓN RAMOS ( ) sobre el inmueble constituido por un local asignado con el N° M1-111, localizado en el Nivel (sic) Agua, Planta (sic) baja de la Primera (sic) Etapa (sic) de Metrópolis Shopping, ( ) otorgado por ante la Notaría Pública Sexta de Chacao del Estado (sic) Miranda, en fecha 14 de abril de 2005, ( ) y por ante la Notaría Pública de San Diego del Estado (sic) Carabobo, en fecha 11 de abril de 2005, ( ) el cual riela en el cuaderno de medidas y fue consignado por la misma representante de la demandada en el acto de secuestro NELLY OLIVEROS RUSSIAN, quien confesó que el inmueble había sido arrendado a terceras personas, demostrándose claramente el despojo ilegal que ha sido objeto mi representada sin procedimiento judicial previo, lo que conlleva a la procedencia de una acción de esta naturaleza por los daños y perjuicios causados. (Destacados del formalizante).-
En torno a la prueba promovida en el capítulo séptimo, el juez de la primera instancia, mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2005, admitió dicha prueba de forma expresa, al no ser manifiestamente ilegal o impertinente, salvo su apreciación en la definitiva. (Folio 230 pieza uno).-
Ahora bien, según el Principio de Adquisición Procesal, la actividad de las partes no determina la conducta del juez en la formación de su convicción acerca del mérito de las pruebas, las cuales se consideran adquiridas para el proceso y no para cada una de las partes individualmente consideradas. Según este principio, una vez incorporada la prueba al proceso, deja de pertenecer al litigante que la ha producido, para transformarse en común, que es la denominada comunidad de la prueba; cada parte puede aprovecharse, indistintamente, de su prueba como de la producida por la contraparte, y a su vez, el juez puede utilizar las resultas probatorias aún para fines diferentes de aquellos que contemplan las partes que las producen, de modo que el juez puede valorarlas libremente, conforme a las reglas de la sana crítica, aún en beneficio del adversario de aquella parte que ha producido la prueba.
En tal sentido cabe señalar, que de conformidad con lo estatuido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respecto de ellas.
Es criterio reiterado de esta Sala, que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.
En atención al precedente jurisprudencial antes transcrito, el vicio de silencio de pruebas se configura, cuando el juzgador no toma en cuenta en lo absoluto, algún medio probatorio sometido a su consideración por las partes, o cuando aún haciendo mención sobre éste, no expresa su mérito o valor, no obstante que la ley adjetiva que rige la materia lo constriñe a ofrecer un análisis y pronunciamiento al respecto. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-542 del 19 de noviembre de 2010. Exp. N° 2009-576, caso: Luis Guillermo Rincón contra José Gregorio Ibáñez y Ketty Nava Casanova).
Por constituir un error de juzgamiento, el recurso de casación sólo procede si la infracción es determinante de lo dispositivo del fallo, lo que en relación con el silencio de prueba tiene que ver con la importancia de la misma en la suerte de la controversia, pues si el medio probatorio es ineficaz por alguna razón de derecho, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
Entre los casos, que se considera la prueba ineficaz por alguna razón de derecho, tenemos los siguientes:
1) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso.
2) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley.
3) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria.
4) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal.
5) La ley dispone que el hecho no puede ser establecido con base en la prueba silenciada, o por el contrario, la ley establece que el hecho sólo puede ser demostrado por un determinado medio de prueba, que no es la silenciada, y
6) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.
En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y por ende, que no es decisiva en el dispositivo del fallo.
La prueba señalada como silenciada por el formalizante, se refiere a contrato de arrendamiento celebrado entre la demandada, sociedad mercantil INMOBILIARIA 20.037, S.A. (antes INMOBILIARIA MATEX, S.A.,) representada por la ciudadana DAILYTH MENDOZA, y el ciudadano FAUZI ABDÓN RAMOS, sobre un inmueble constituido por un local asignado con el N° M1-111, localizado en el nivel Agua, planta baja de la primera etapa del centro comercial distinguido con la denominación Metrópolis Shopping, otorgado ante la Notaría Pública Sexta de Chacao del estado Miranda, en fecha 14 de abril de 2005, y por ante la Notaría Pública de San Diego del estado Carabobo, en fecha 11 de abril de 2005, que corre inserto en el cuaderno de medidas y se señala fue consignado por la representante de la demandada, ciudadana NELLY OLIVEROS RUSSIAN, en el acto de secuestro.
Con esta prueba el demandante formalizante, pretende probar lo que él considera una confesión, de que el inmueble había sido arrendado a terceras personas, y por ende el despojo ilegal, del cual señala fue objeto su representada, como fundamento de esta acción.-
Es criterio reiterado de esta Sala que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresa su mérito probatorio, pues el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.
Para que pueda declararse procedente el vicio delatado (silencio de pruebas) el examen de la prueba denunciada como silenciada debe ser necesario para resolver el mérito de la controversia, queriendo decir esto, que la falta de apreciación de dicho material probatorio, necesariamente debe incidir en forma determinante de lo dispositivo del fallo del cual se trate. (Cfr. Fallo N° RC-51 del 1° de febrero de 2008, expediente N° 2007-507, caso: ISABEL SÁNCHEZ DE CORREDOR contra DALIA ZUNILDE RODRÍGUEZ DE GÓMEZ, con ponencia del mismo Magistrado que suscribe el presente fallo como ponente).-
Así lo señala expresamente el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuando expresa:
Se declarará con lugar el recurso de casación:
1° Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; o cuando en la sentencia no se hubieren cumplido los requisitos del artículo 243, o cuando adoleciere de los vicios enumerados en el artículo 244; siempre que contra dichos quebrantamientos u omisiones se hayan agotado todos los recursos, o que la omisión o quebrantamiento lesionen el orden público.
2º Cuando se haya incurrido en un error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o aplicado falsamente una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no esté vigente, o se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; o cuando se haya violado una máxima de experiencia.
En los casos de este ordinal la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia. (Destacado de la Sala).-
De la lectura de la sentencia recurrida se desprende, ciertamente la falta de análisis o silencio de prueba, en referencia a la prueba de la parte demandante, reseñada en el capítulo séptimo de su escrito de promoción de pruebas, antes descrito en este fallo, consistente de un contrato de arrendamiento, la cual fue admitida por el juez de primera instancia, salvo su apreciación en la definitiva, lo que determina que fue debidamente establecida a juicio, más no valorada por el juez de la recurrida, pues este sólo se limitó a señalar su existencia, como si fuera consignada anexa al libelo de la demanda, y dio por ratificado un supuesto análisis hecho al respecto, el cual no existe, pues la prueba fue promovida en el lapso de promoción de pruebas y fue incorporada al juicio en el cuaderno de medidas en el acto de oposición a la ejecución de una medida cautelar, por parte de la demandada.
Por lo cual, el juez utiliza como fundamento de su supuesto análisis de la prueba un hecho falso, que no existe en el proceso, como que la prueba fue promovida anexa al libelo de la demanda, cuando esta fue anexada en el cuaderno de medidas, y bajo un pretexto semántico, evita su análisis y lo simula, estableciendo que ya lo había hecho, lo cual es falso, cumpliendo la prueba con el supuesto de silencio de prueba, referente a que el juez señala la existencia de la prueba, pero no la analiza, o lo que es lo mismo, hace mención de la prueba, pero no expresa su mérito probatorio, no se sabe si la acoge o la desecha.
Ahora bien, por cuanto la prueba pretende demostrar el alquiler del inmueble durante la vigencia de otro contrato de arrendamiento y la confesión de la contraparte al respecto, hecha en el acto de oposición a la ejecución de la medida, se hace evidente que en el presente caso, la prueba silenciada, palmariamente puede incidir de forma determinante de lo dispositivo del fallo recurrido, al estar relacionada al despojo del inmueble alegado y la vigencia de la posesión sobre el mismo, derivada de un contrato de arrendamiento, por lo cual el juez de reenvío deberá recabar mediante oficio una copia certificada del cuaderno de medidas, para poder dictar sentencia, dada la autonomía del cuaderno de medidas y el juicio principal, en su tramitación. Así se decide. (Cfr. Fallo N° RC-472 del 2 de julio de 2012, expediente N° 2012-129).-
Por las razones antes expresadas, la Sala considera que la denuncia formulada por silencio de prueba, por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es procedente. Así se decide.
-II-
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12 y 320 eiusdem, denuncia el formalizante la infracción del artículo 508 ibídem, por errónea interpretación.
Señala el formalizante lo siguiente:
...La sentencia recurrida establece:
Produjo la demandante a los folios 45 al 48 justificativo de testigos evacuados ante la Notaria Publica Tercero de Valencia, en fecha 1 de agosto de 2003, donde constan las deposiciones de las ciudadanas INÉS MARÍA RAMOS BASTARDO y RITA DESIREE GARCÍA, quienes fueron promovidas como testigos en el capitulo sexto del escrito de promoción de pruebas y admitidas por el (sic) a quo mediante auto del 14 de diciembre de 2005 fijando oportunidad para su evacuación.
( omissis )
La errónea interpretación de la ley existe cuando el juez, aun reconociendo la existencia y validez de la norma apropiada al caso, equivoca su interpretación y alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido a la norma haciendo derivar de ella consecuencias jurídicas que no concuerdan con su contenido; así lo determina de manera pacífica y reiterada nuestra doctrina.
El artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, establece: ( )
La norma en referencia establece que para la apreciación de los testigos el juez debe examinar la concurrencia de las deposiciones entre éstos y con las otras pruebas, estimar los motivos de su declaración, así como la confianza que le merece el testigo tomando en cuanta su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias, desechando al inhábil y aquel que no pareciera decir la verdad; por tanto, la referida disposición faculta ampliamente a los jueces para la apreciación de la prueba de testigos.
Tal como lo ha señalado en anterior oportunidad esta misma Sala de Casación Civil en innumerables citas jurídicas de sus decisiones, la estimación de la referida prueba implica para el sentenciador un juicio de valor intelectivo y volitivo a la vez, pues opera en él un acto de voluntad por el cual acoge o rechaza la deposición del testigo, sustentado en que le merece confianza en razón de su edad, vida, costumbres, profesión y demás circunstancias o si es hábil para declarar sobre lo que conoce; de manera que en este contexto el juez es soberano y libre en su apreciación.
La sentencia recurrida estableció:
La parte actora afirma que la arrendadora decidió unilateralmente no continuar con el contrato y cambió las cerraduras del local, no permitiendo más el acceso al mismo, hecho negado expresamente por la demandada.
El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente: ( )
Por su parte el artículo 1354 del Código Civil dispone: ( )
Esta misma Sala de casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha (20) de agosto de 2004 ( ) Exp. AA-20-C-2003-000448 estableció: ( )
Por lo tanto, el Juez ( ) que dictó la sentencia recurrida, desatendió la doctrina y la jurisprudencia imperante en nuestro país que admiten la apreciación del testigo, pues consideró que nuestra parte no demostró el hacho constitutivo de la pretensión, y desecha las declaraciones rendidas en la causa sin indicar si lo hizo porque el testigo es inhábil o no le merece fe o confianza. Contrario a la declaración de los testigos la cual es evidentemente cónsona con los hechos esgrimidos en el libelo y que fundan la pretensión, y ello se circunscribe en la declaración de ambos que manifiestan que el condominio ordenó cortar el servicio de electricidad al local; que demuestra no permitir por parte de la arrendadora, el uso del local arrendado a la arrendataria; ya que sin electricidad no es posible ejercer el comercio en un centro comercial de esta naturaleza.
Esta infracción es determinante del dispositivo del fallo, por cuanto lo único que analiza el juzgador, son las testimoniales que fueron evacuadas satisfactoriamente en el proceso y converge a posteriori en una consideración distinta a lo que indican las declaraciones rendidas y por ello es totalmente procedente la presente denuncia.
La Sala para decidir, observa:
En la presente delación por infracción de ley, el formalizante denuncia la errónea interpretación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el juez de alzada no debió desechar el dicho de los testigos, y que por el contrario debió apreciar las deposiciones judiciales evacuadas, dado que para desechar las testimoniales, el juez no señaló si lo hizo porque el testigo es inhábil o no le merece fe o confianza, contrariando la declaración de los testigos, que considera el formalizante son cónsonas con los hechos esgrimidos en el libelo.
Al respecto el fallo recurrido señala:
Para decidir esta alzada observa:
Quedó como un hecho no controvertido y por ende excluido del debate probatorio que las partes celebraron un contrato un contrato de arrendamiento sobre un (1) inmueble constituido por un local signado con el N° M1-111, localizado en el Nivel Agua, Planta baja de la Primera Etapa, de Metrópolis Shopping.
La parte actora afirma que la arrendadora decidió unilateralmente no continuar con el contrato y cambió las cerraduras del local, no permitiendo más el acceso al mismo, hecho negado expresamente por la demandada.
El artículo 506 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:
Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
Por su parte el artículo 1354 del Código Civil dispone:
Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.
Estas normas establecen lo que la doctrina gusta llamar la distribución de la carga de la prueba, que permite al Juez decidir cuál de las partes debe soportar las consecuencias de la omisión o carencia de pruebas. En el caso de marras, corresponde a la parte actora demostrar que la arrendadora decidió unilateralmente no continuar con el contrato y cambió las cerraduras del local, desalojándola e impidiéndole el acceso al mismo.
De un minucioso análisis del acervo probatorio, se aprecia que la única prueba promovida por la parte actora tendente a demostrar el alegado incumplimiento de la sociedad de comercio INMOBILIARIA 20.037 S.A. que pudo ser valorada por este juzgador fue la testimonial de las ciudadanas INES MARÍA RAMOS BASTARDO y RITA DEYSIREET GARCÍA ZORRILA, habida cuenta que la inspección judicial extra-litem, no pudo ser valorada por falta de técnica conforme al criterio de nuestra máxima jurisdicción acogido en esta sentencia.
En este sentido, de las declaraciones de las ciudadanas INES MARÍA RAMOS BASTARDO y RITA DEYSIREET GARCÍA ZORRILA que fueron debidamente valoradas en el decurso de esta sentencia, se desprende que las mismas declararon en forma conteste que el 6 de febrero de 2003 se suspendió el servicio de luz por orden del condominio en la tienda Obssesion del Centro Comercial Metrópolis.
Queda de bulto, que la demandante no logra demostrar el incumplimiento alegado, toda vez que afirma que la arrendadora decidió unilateralmente no continuar con el mismo y cambió las cerraduras del local, no permitiendo más el acceso al mismo, mientras los testigos declararon que en el local fue suspendido el servicio de luz.
Como quiera que la parte actora no logra demostrar los hechos que en su decir constituyen el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de la sociedad de comercio INMOBILIARIA 20.037 S.A. la pretensión de cumplimiento de contrato no puede prosperar, así como tampoco puede prosperar la pretensión de pago de daños y perjuicios, toda vez que estos derivan del alegado incumplimiento no demostrado por la parte actora, Y ASÍ SE DECIDE.
Como quiera que la recurrida declaró sin lugar la demanda por falta de cualidad de la demandante, se hace necesario modificar la sentencia recurrida, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo, Y ASÍ SE ESTABLECE.
De donde se desprende que el juez de alzada, usando su libre albedrío, determinó que las testimoniales apreciadas no eran suficientes para probar los hechos establecidos en el libelo de la demanda, pues a su forma de entender el asunto sometido a su consideración, quedo claro que la demandante no logró demostrar el incumplimiento alegado, toda vez que afirma que la arrendadora decidió unilateralmente no continuar con el mismo y cambió las cerraduras del local, no permitiendo más el acceso al mismo, mientras los testigos declararon que en el local fue suspendido el servicio de luz.
Por su parte el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.
La errónea interpretación de la ley existe cuando el juez, aún reconociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan en su contenido. (Cfr. Fallo N° RNyC-623 del 8 de agosto de 2006. Exp. N° 2005-809).-
Ahora bien, en relación al control casacional de las deposiciones judiciales, cabe señalar, que en sentencia de esta Sala N° RC-259, del 19 de mayo de 2005, caso: JESÚS ENRIQUE GUTIÉRREZ FLORES contra CARMEN NOELIA CONTRERAS. Exp. N° 03-721, reiterada en decisión N° 400 de fecha 21 de junio de 2005, en el juicio seguido por SOL MILENIO, C.A. contra MULTI SERVICE ON LINE, ratificada en fallo N° RC-707 del 28 de octubre de 2005, expediente N° 2004-021, caso: CENTRO DE AUTO-EDICIÓN COLORS PRINT C.A., contra SEGUROS LA FEDERACIÓN C.A., y nuevamente reiterada en fallo N° RC-641 del 9 de octubre de 2012, expediente N° 2012-241, caso: MARITZA JOSEFINA RINCÓN RIVERA contra PROPIETARIA DE INMUEBLES DON SILVIO C.A., se estableció lo siguiente:
Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:
[e]sta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:
Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que ...en vez de frenar pisó el acelerador..., mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.
En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.).
En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:
...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.
2. El Juez deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.
3. En el proceso mental que siga el Juez al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias.... (Subrayado por la Sala).
De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.
...omissis
Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre.... (Negritas de la Sala) (Subrayado de la sentencia).
No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.
Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.
omissis
De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.
Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.
La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva. (Destacados del texto transcrito).
En el presente caso, al igual que en la doctrina antes citada, el formalizante pretende que la Sala descienda al análisis de los hechos y se inmiscuya en la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merecen los testigos y a la existencia de razones para desechar sus testimonios, lo cual escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia al juez de instancia, este es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva, en conformidad precisamente con la norma denunciada como infringida, prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, siendo una facultad subjetiva en el acto de juzgamiento.- (Cfr. Fallo N° RC-12 del 9 de febrero de 2010, expediente N° 2009-427, -La actividad del juzgador de alzada en el establecimiento o apreciación de la prueba, sólo puede ser denunciada por medio de los alegatos de suposición falsa, violación de máximas de experiencia, infracción de las normas reguladoras del examen de la prueba en general o de la testimonial y las relativas a las condiciones de modo, tiempo y lugar.-)
Por lo cual, a menos que se cometa la violación de una norma expresa en el establecimiento o valoración de la prueba, se cometa el vicio de suposición falsa, se incurra en la violación de una máxima de experiencia, o se incurra en la violación de cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la prueba testimonial, la presente delación de infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, es improcedente, pues se refiere a una función o labor soberana que le es propia al juez de instancia y su determinación es subjetiva.
En consideración a todo lo precedentemente expuesto, esta denuncia es improcedente. Así se declara.-
-III-
De conformidad con lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncia el formalizante la infracción del artículo 1357 del Código Civil, por falta de aplicación.-
Como fundamento de la denuncia se señala lo siguiente:
Consta en el escrito de pruebas promovidas por nuestra parte, a los folios 49 al 64 de la primera pieza del expediente las resultas del laudo arbitral presentado por mi mandante donde se declaró que la cámara de arbitraje le estaba vedado conocer de la materia arrendaticia, ya que la misma es de evidente orden pública y social.
A su vez en la sentencia recurrida el juez estableció con respecto al mencionado medio probatorio lo siguiente:
Marcado con la letra D, produjo junto al libelo de la demanda cursante del folio 49 al 54 de la primera pieza del expediente, original de notificación emanada de la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004, donde se notifica a Inmobiliaria 20.037, S.A. y a las ciudadanas Yanett Josefa Rodríguez y Ana Mercedes Hernández, el Laudo Arbitral dictado en el procedimiento N° CA01-2003-000004, documento al que este juzgador no otorga valor probatorio, habida cuenta que en materia de arrendamiento donde se regula un hecho social sensible cuyas normas son de orden público, está vedado a las partes someter los conflictos al arbitraje. (Ver entre otras sentencias de fecha 27 de junio de 2006, Exp. N° 2006-0951 y sentencia de fecha 13 de junio de 2006, Exp. 2006-0886, ambas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia)
En consecuencia con la jurisprudencia imperante para el ejercicio de este tipo de denuncia, debo indicar que el juez no aplicó el artículo 1.357 Del Código Civil el cual establece lo siguiente: Instrumento publico o autentico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe público, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.
Con ello pretendo indicar a la honorable Sala según los lineamientos exigidos para este tipo de denuncia, el articulo infringido, como fue infringido y cuando y donde ocurrió la infracción alegada con la finalidad de revisar si la valoración dada a las pruebas por sentenciador está acorde a derecho, específicamente la valoración dada a esta instrumento emanado de la cámara de arbitraje, por cuanto indique que no fue valorado bajo el argumento que tal medio probatorio no es susceptible de ser valorado de ser apreciado en materia arrendaticia; lo que hace necesario ejercer la presente denuncia, fundamentada en un error de derecho, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, según lo pautado en el articulo 320 eiusdem.
En tal sentido, esta Sala de Casación Civil, mediante decisión N° 610, de fecha 30 de octubre de 2009, expediente N° 2009-000348 ( ) estableció: ( )
El juez debió aplicar el artículo 1.357 del Código Civil, puesto que la intención de promover esta decisión arbitral no es otra cosa que enterar al juez que conoce del fondo del debate que efectivamente mi mandante fue despojada del inmueble arrendado sin orden judicial y por ello acudió ante la cámara de arbitraje como lo pautaba el contrato de arrendamiento, donde ordena a las partes dirimir el conflicto que se presentara ante la cámara de arbitraje de Caracas, y lo hizo en tiempo oportuno; ello demuestra que fue como indiqué en la demanda mi representada cercenada en sus derechos de inquilina y oportunamente actuó en resguardo de los mismos, aún cuando la cámara de arbitraje no era la instancia para dirimir el conflicto.
Este es el sentido del referido medio probatorio, que de haber sido valorado por el juez y este aplicado el articulo 1.357 antes citado, tal valoración debió ser cónsona a la intención de promoción de este medio de prueba por nuestra parte, y perfectamente hubiere quedado demostrado que si fue despojada la inquilina del local objeto de arrendamiento, por medios no pautados por la ley, y por ello la procedencia de la demanda de indemnización de daños y perjuicios es innegable; ello trae como consecuencia que la no aplicación de este artículo, es determinante en el dispositivo del fallo, por las razones descritas .
Para decidir, la Sala observa:
En la presente delación por infracción de ley, el formalizante denuncia la falta de aplicación del artículo 1357 del Código Civil, en relación a la valoración dada a una prueba en el proceso, consistente de original de notificación emanada de la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004.
Al respecto de esta prueba el fallo recurrido señala:
Que la cláusula décima quinta del contrato donde se establece que cualquier controversia que se suscite en relación al arrendamiento las partes deberán someterse a arbitraje institucional, de acuerdo a la Ley de Arbitraje Comercial, se procedió a ejecutar el respectivo laudo arbitral, y fue conocido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, quien en el Expediente N° CA01-A-2003-00004, dictó una decisión donde señala que la Cláusula Décima Quinta del contrato de arrendamiento es ineficaz, por cuanto el instrumento contentivo del arrendamiento en razón de una sana administración de los dueños del Centro Comercial, contiene cláusulas constantes y uniformes para todos los arrendatarios, lo que implica que es un contrato de los llamados normalizados y ello constituye una garantía para el otorgante que se adhiere, siendo una especie del género contrato de adhesión.
Que el artículo 6 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que en los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someten el contrato a arbitraje, deberá hacerse en forma expresa e independiente, ya que la misma se encuentra contenida en el mismo cuerpo del contrato de arrendamiento, el Tribunal Arbitral consideró que no tiene materia sobre la cual decidir.
( omissis )
Marcado con la letra D, produjo junto al libelo de demanda cursante del folio 49 al 64 de la primera pieza del expediente, original de notificación emanada de la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004, donde se notifica a Inmobiliaria 20.037, S.A. y a las ciudadanas Yanett Josefa Rodríguez y Ana Mercedes Hernández, el Laudo Arbitral dictado en el procedimiento N° CA01-A-2003-000004, documento al que este juzgador no otorga valor probatorio, habida cuenta que en materia de arrendamiento donde se regula un hecho social sensible cuyas normas son de orden público, está vedado a las partes someter los conflictos al arbitraje. (Ver entre otras sentencia de fecha 27 de junio de 2006, Exp. N° 2006-0951 y sentencia de fecha 13 de junio de 2006, Exp. Nº 2006-0886, ambas de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.)
( omissis )
En el mismo capítulo segundo, punto segundo, invoca a su favor la providencia proferida por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, de fecha 28 de junio de 2004, cursante del folio 49 al 64 de la primera pieza del expediente, instrumento consignados por la parte demandante junto con el libelo de demanda, el cual ya fue objeto de análisis por este juzgador, razón por la cual se reitera lo decidido.
En cuanto a la falta de aplicación de una norma, la Sala, en sentencia Nº 169, de fecha 24 de septiembre de 2009, expediente Nº 2008-514; dejó establecido lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, el denunciante, a través del recurso de casación por infracción de ley, subsume la conducta del juez en el vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, el cual ocurre cuando el juez deja de aplicar una norma jurídica vigente, que resulta idónea para resolver el asunto sometido a su consideración.
Respecto a esta infracción legal previamente referida, la Sala, mediante sentencia Nº 016, de fecha 25 de enero de 2008, caso: Diego Orozco Bernal contra Diego Orozco Arria y otros, estableció el siguiente criterio:
de manera reiterada la doctrina de casación ha sostenido que, la falta de aplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance .
Asimismo, esta Sala, en sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra, respecto al señalado vicio, estableció lo siguiente:
Si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez no aplicó.
Asimismo, es importante señalar, que mediante el desarrollo jurisprudencial, el supuesto de falta de aplicación, se ha extendido a aquellos casos en los cuales el juez no aplica una norma jurídica que el recurrente considere como determinante en la resolución de la controversia y más favorable a sus intereses, lo que también puede dar lugar a una sentencia injusta y en consecuencia, susceptible de nulidad. (Destacado de la Sala).-
Por lo cual, la falta de aplicación de una norma jurídica: Se trata de una falta de aplicación de la norma legal, que configura un error sobre la existencia o validez en el tiempo y en el espacio, de una norma. Es la negación o el desconocimiento del precepto, o mejor, de la voluntad abstracta de la ley. (Cfr. Fallo N° RC-12 del 9 de febrero de 2010, expediente N° 2009-427).-
En el presente caso, el formalizante arguye que la notificación emanada de la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004, es un documento público y como tal debió ser apreciado por el juez de alzada, más no desechada.
Al respecto esta Sala observa, que al descender al estudio de las actas que conforman el expediente, de forma excepcional, por así permitirlo la previsión legal contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, encuentra que la prueba en cuestión cursa a los folios 49 al 64 de la pieza uno de este expediente, y se compone de dos elementos, el primero a saber, en original de comunicación emitida por la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004, suscrito por la ciudadana Diana C. Droulers, quien se identifica como Secretaria Ejecutiva, y el segundo, consistente de una copia fotostática simple que señala Arbitraje de derecho entre INMOBILIARIA 20.037 S.A., vs. YANETT JOSEFA RODRÍGUEZ Y MERCEDES HERNÁNDEZ Expediente N° CA01-A-20003-000004 LAUDO ARBITRAL DEFINITIVO, suscrita por los ciudadanos abogados José Luís Bonnemaison W, Irma Isabel Lovera De Sola y José Pedro Barnola Quintero.
La Sala en su labor de pedagogía jurídica considera oportuno realizar las siguientes consideraciones, acerca de la distinción de documento público o autentico, documento privado o autenticado y documento administrativo, y su diferenciación, que es del tenor siguiente:
Con respecto a la denuncia de infracción del artículo 1.360 del Código Civil, por falta de aplicación por entender el formalizante, que debió apreciarse con el valor de público el documento en comentario, ello en razón de que el mismo emanó de la autoridad administrativa supra mencionada, la Sala considera oportuno señalar el criterio que la doctrina ha sostenido sobre la tasación que debe dársele a los documentos administrativos, así en decisión Nº 416 de la Sala Político Administrativa de la extinta Cortes Suprema de Justicia, de fecha 8 de julio de 1998, en el juicio de Concetta Serino Olivero c/ Arpigra C.A., expediente Nº 7.995, en cuyo texto se señaló:
...En referencia al anterior alegato de la recurrente la Corte considera oportuno señalar lo siguiente:
Esta Sala Político-Administrativa ha establecido mediante sentencia de fecha 2 de diciembre de 1993, lo que se entiende por documento público estableciendo que, En particular define el artículo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un Juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El artículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes. (Resaltado de la Corte).
Por otro lado, para esta Corte son Documentos Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad....
En este estado y en razón de la declaratoria del jurisdicente superior mediante la cual le otorga el carácter de documento público al acta de asamblea celebrada en la sede de la Asociación Civil demandada, estima la Sala pertinente realizar la siguiente aclaratoria referente a cuales documentos deben reputarse con la investidura de públicos a la luz de la preceptiva legal contenida en el artículo 1.357 del Código Civil. Al efecto deben considerarse tales, aquellos que han nacido bajo la autoridad del funcionario competente para darle fe pública, vale decir, que en su formación haya intervenido ese funcionario; ello es así en razón de que existe una clase de instrumentos (la gran mayoría dentro de los variados y múltiples negocios jurídicos sujetos a la formalidad del registro) que aun cuando sean presentados ante un registrador u otro funcionario investido de la función pública y por ende capaces de conferir fe de esta especie al documento, no por ello pueden catalogarse como revestidos de la condición de documentos públicos, ellos deben considerarse documentos autenticados ya que, se repite, su elaboración no estuvo a cargo del funcionario y tampoco éste deja constancia del contenido del mismo.
Sobre éste punto la doctrina reiterada y pacífica de ésta Sala de Casación Civil, ha establecido como deben entenderse las denominaciones y las diferencias entre los vocablos de público o privado, cuando ellos se refieran a caracterizar documentos, así en sentencia Nº 624, de fecha 2 de octubre de 2003, expediente 2000-000872, en el juicio de Humberto Vitale y otra contra Cesar David Martínez Rengifo, cuando bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, se ratificó:
...Se incurre en confusión cuando se asimila el documento público con el autenticado, ya que ambos difieren en lo siguiente:
El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo es redactado o creado por el o los interesados otorgantes y el hecho de autenticarse no le quita lo privado, ni lo convierte en público, -y en ese sentido ha dicho la doctrina y en esto ha sido unánime- que el documento que nace privado sigue siendo privado por siempre y jamás se convertirá en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La autenticación lo que hace es darle oponibilidad al documento, pero jamás lo inviste a ese documento de la naturaleza de público.
Mientras que el contenido de un documento público, es redactado y creado por el funcionario competente. El documento autenticado es redactado por el interesado y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente.
De las anteriores consideraciones como ya se indicó, el artículo 1.357 del Código Civil, viene a definir la regla de valoración y no el concepto propiamente dicho de documento público o auténtico cuyo mérito definitivo surge de los supuestos de hecho y circunstancias determinadas, a través de las cuales conciliara el juez su apreciación con atención a los principios consignados y dentro del propósito y alcance del artículo comentado y no como efecto erga omnes, como lo pretende el recurrente. De esta manera, mal puede atribuírsele al jurisdicente la falta de aplicación del mentado artículo. En consecuencia, la denuncia bajo estudio sobre el referido artículo debe ser declarada improcedente. Así se resuelve....
( omissis )
Sobre el valor probatorio de los instrumentos, esta Sala en sentencia N° 474 de fecha 26 de mayo de 2004, expediente N° 2003-235, señaló lo siguiente:
Para decidir, la Sala observa:
Señala la formalizante que el juez de la recurrida erró en la interpretación de los artículos 1.357, 1.359, 1.360, 1.920 del Código Civil y 546 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto según sus dichos, el instrumento fundamental de la oposición de la tercera interviniente a la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, lo es un documento autenticado, válido ya que no fue impugnado y que hace plena fe frente a terceros.
La errónea interpretación de la ley se configura cuando el juez aún reconociendo la existencia y la validez de una norma apropiada al caso, eligiéndola acertadamente, equivoca la interpretación en su alcance general y abstracto, es decir, cuando no le da el verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido.
La Sala en su labor de pedagogía jurídica considera oportuno realizar las siguientes consideraciones acerca del documento público, el autenticado y sus efectos.
El instrumento autenticado no constituye documento público, ya que la formalidad de la autenticación no lo convierte en este tipo de documentos, como tampoco el registro le comunica tal naturaleza. Todo documento que nace privado -aun cuando sea registrado- siempre seguirá siendo privado, pues la formalidad de registro solamente lo hace oponible a terceros; por el contrario, el documento público es sustanciado por el funcionario con competencia para ello.
Es común observar en la práctica forense, la confusión de los conceptos atinentes al documento público y al autenticado. El primero, según la doctrina autorial, de casación y la legislación (artículo 1.357 del Código Civil) es aquél que ha sido autorizado por el funcionario competente. La confusión reinante nace de los términos público o auténtico empleados por el legislador civil y que los intérpretes han asimilado, confundiendo el término auténtico con el término autenticado. Aquél (el auténtico) es cuya autoría y redacción no puede ser discutida, sino por vía de tacha, mientras que el autenticado, puede ser tachado en su otorgamiento.
El documento público o auténtico, está referido a su contenido, vale decir, el texto del documento que ha sido autorizado con las solemnidades legales por el funcionario competente, autorizado significa, que es el funcionario quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay duda de su autoría y de su validez. Mientras que, los documentos autenticados, -que no auténticos- son elaborados, concebidos o redactados por la parte interesada. En este tipo de documentos, el funcionario tan sólo interviene para dar fe del dicho de los otorgantes.
Se incurre en confusión cuando se asimila el documento público con el autenticado, ya que ambos difieren en lo siguiente:
El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo es redactado o creado por el interesado -otorgante- y el hecho de autenticarse no le quita lo privado ni lo convierte en público y, en ese sentido, ha dicho la doctrina, y en esto ha sido unánime, que el documento que nace privado sigue siendo privado por siempre y jamás puede convertirse en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La autenticación lo que hace es darle el efecto de público al otorgamiento, pero jamás al contenido del documento.
En tanto que el contenido de un documento público es redactado y creado por el funcionario. El documento autenticado es redactado por el interesado y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente. (Resaltado de la Sala)
En el presente caso, advierte la Sala de la transcripción pertinente que se hiciera de la impugnación realizada por la actora al referido instrumento, que la misma no va dirigida a desconocer o atacar su contenido o firma sino que lo perseguido es cuestionar el acto como tal, pues señala que no se han incluido en el referido acuerdo, la totalidad de los bienes que integraban el patrimonio de la comunidad concubinaria existente para el momento de su celebración.
Ahora bien, al verificar la Sala dicho instrumento, observa que el mismo nace como un documento privado, pues ni en su redacción ni en los términos en que fue celebrado el acuerdo, ha intervenido un funcionario que como tal, y cumpliendo las solemnidades previstas en la ley, pudiera darle el alcance y la condición de un instrumento público.
Por tal motivo, yerra el sentenciador de alzada al otorgarle valor probatorio de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.360 del Código Civil, por cuanto este artículo regula el valor de convicción de los documentos públicos y no el de los documentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos.
En el presente caso, la comunicación emitida por la Cámara de Comercio de Caracas, Centro de Arbitraje, de fecha 28 de junio de 2004, y la copia fotostática simple anexa a esta, ya descritas en este fallo, constituyen claramente documentos privados, pues ni en su redacción ni en los términos en que fue dictado el laudo arbitral, ha intervenido un funcionario, que como tal, y cumpliendo las solemnidades previstas en la ley, pudiera darle el alcance y la condición de un instrumento público.
Esto también es claramente deducible del hecho, de que el arbitraje no puede ser considerado como una institución excepcional a la jurisdicción ejercida por el Poder Judicial, así lo ha establecido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo N° 1773 del 30 de noviembre de 2011, expediente N° 2001-0381, que señala lo siguiente:
A juicio de esta Sala, al ampliar la Constitución el sistema de justicia con la inclusión de el arbitraje al de la función jurisdiccional ordinaria que ejerce el Poder Judicial, se replanteó el arquetipo del sistema de justicia, lo cual si bien implica un desahogo de la justicia ordinaria, comporta que el arbitraje no pueda ser considerado como una institución ajena al logro de una tutela jurisdiccional verdaderamente eficaz y, por lo tanto, excluye la posibilidad que el arbitraje y demás medios alternativos de resolución de conflictos sean calificados como instituciones excepcionales a la jurisdicción ejercida por el Poder Judicial. Con ello, en términos generales debe afirmarse que el derecho a someter a arbitraje la controversia, implica que la misma puede y debe ser objeto de arbitraje en los precisos términos y ámbitos que establece el ordenamiento jurídico vigente -Vid. Sentencia vinculante de esta Sala Nº 1.541/08, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.055 del 10 de noviembre de 2008-
De igual forma el arbitraje se encuentra establecido en los artículos 607 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y el arbitraje comercial está regulado en la Ley de Arbitraje Comercial, y en ninguno de los cuerpos normativos antes citados, se hace alusión a carácter alguno de funcionario público, de los árbitros, ni referencia a que los centros de arbitramiento dependan de algún ente público del Estado Venezolano, por lo cual, esto confirma a juicio de esta Sala, su carácter de ente privado, del cual no pueden emanar documentos públicos. Así se declara.
Por ello, al no ser la Cámara de Comercio de Caracas, en su Centro de Arbitraje, ni los árbitros designados, ni su directora ejecutiva, funcionarios públicos dependientes del Estado Venezolano, los documentos que emanan de su autoría, no han sido autorizados con las solemnidades legales por un funcionario público competente, para ser considerados documentos públicos, a tenor de lo estatuido en el artículo 1.357 del Código Civil, vale decir, que sea el funcionario quien concibe o redacta el documento, para que sea autentico o público y no haya duda de su autoría y de su validez.
________
Por las razones antes expresadas, la Sala considera que la denuncia formulada por infracción de ley, por falta de aplicación es improcedente. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha 14 de octubre de 2011. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al Tribunal Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido y acatando la doctrina fijada en este caso.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2012-000289.-
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, aun cuando considera correcta la solución adoptada, consigna el presente voto concurrente al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, comparte lo decidido por la mayoría en la presente decisión; sin embargo, no comparte la solución dada al trámite para el análisis del silencio de prueba.
En efecto, la Constitución vigente y el Código adjetivo civil exigen que la justicia sea completa y exhaustiva, pero no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso. Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta.-
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto concurrente del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidenta de la Sala,
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2012-000289.-
Secretario,
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