Venley

Sentencia N.º RC.000812

Sentencia
N.º RC.000812
Fecha
11/12/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
15-120
Ponente
Guillermo Blanco Vázquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2015-000120

 

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

En el juicio por cumplimiento de contrato, incoado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil GALERÍA PUBLICITARIA PLAZA LAS AMÉRICAS, C.A., representada judicialmente por los abogados Marco Useche e Ismael Da Costa Mendoza, contra el CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS representado judicialmente por los abogados Frank Petit Da Costa y Solmerys Cares Rengifo, donde intervinieron como terceros apelantes las sociedades mercantiles INVERSIONES 3RS, C.A., representada judicialmente por los abogados Álvaro Badell Madrid, Carmelo de Grazia Suárez, David Quiróz Rendón, José Ignacio Hernández, Renato de Sousa Pardo, Luis Raúl Chacín, Jaime Heli Pirela León, María Eugenia Rodríguez Rojas y José Francisco Novoa Nontao; INVERSIONES PIRALTE, C.A., representada judicialmente por los abogados Antonio Brando, Irving Maurell, Miguel A. Galíndez G., Federica Alcalá y Mario Brando; BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, representado judicialmente por los abogados Jaime Heli Pirela Ruz y Alexandra Álvarez Medina y, la ciudadana PILAR DE DI PLACIDO, representada legalmente por el abogado Leonardo Alcocer y, como terceros intervinientes, BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, debidamente representado por los abogados Joaquín Díaz Cañabate B, Mario Pesci Feltri Martínez, Carlos Zurita De Rada, Joaquín Díaz Cañabate S, José María Díaz Cañabate S., Rafael Díaz Cañabate S. y Cecilia Villegas; CINE PLAZA LAS AMÉRICAS, C.A., representado judicialmente por los abogados Nilyan Santana, Gustavo Domínguez y Carlo La Marca; REPRESENTACIONES ALTO RELIEVE, C.A., representada judicialmente por los abogados Nilyan Santana, Gustavo Domínguez Florido, Carlo La Marca Erazo, Pedro Pablo Calvani y Leonardo Alcocer; MERCERÍA LA GAVETA, S.R.L., representada judicialmente por los abogados Pedro Pablo Calvani, Alberto Blanco-Uribe Quintero, Salvador Benaim Azaguri, Nilyan Santana, Gustavo Domínguez Florido, Carlo La Marca Erazo, Adriana Guerra Lizcano y Yojalberth Ulichny Pedreañez; y los ciudadanos RITA PABÓN DE GARCÍA, representada judicialmente por los abogados Pedro Pablo Calvani, Manuel Elias Feliver, Nilyan Santana Longa, Gustavo Domínguez, Alla Castillo y Leonardo Alcocer y, MIGUEL ZURITA, representado judicialmente por los abogados Alejandra Correa Martín, Abelardo Noguera Garbán, Juan José Figueroa y Víctor Robayo De La Rosa; el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, actuando como tribunal de reenvío, dictó sentencia en fecha 29 de abril de 2014, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por los terceros Inversiones 3RS, C.A., Inversiones Piralte, C.A. y la ciudadana Pilar de Di Plácido, así como las adhesiones a dicho recurso realizadas por Banco de Venezuela, S.A., Banca Universal, Cine Plaza Las Américas, C.A., Representaciones Alto Relieve, C.A., Mercería La Gaveta, S.R.L. y los ciudadanos Rita Pabón de García y Miguel Zurita. En consecuencia, confirmó el auto de fecha 17 de julio de 2006 dictado por el tribunal de cognición y, condenó a los apelantes al pago de costas procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Contra la precitada decisión, el demandado CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS y los terceros intervinientes INVERSIONES 3RS, C.A. y BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL,  anunciaron sus respectivos recursos de casación los cuales fueron admitidos, presentando formalización en fecha 2 de marzo de 2015, el precitado condominio y la institución financiera. Hubo impugnación contra las formalizaciones, réplica y contrarréplica con relación con la institución financiera.

Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, previas las consideraciones siguientes:

PUNTOS PREVIOS

I

DEL RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR LA TERCERA APELANTE INVERSIONES 3RS, C.A.

Contra la sentencia dictada por la Alzada el 29 de abril de 2014, la sociedad mercantil INVERSIONES 3RS, C.A., actuando en su condición de tercero apelante, anunció recurso de casación a través de su representante judicial en fecha 20 de enero de 2015.

Así las cosas, mediante auto de fecha 29 de enero del mismo año, el citado Juzgado Superior admitió los recursos de casación anunciados, en los siguientes términos:

“…Visto el cómputo que antecede se pudo constatar que el lapso de los diez (10) días otorgados para anunciar Recurso de Casación venció el 28 de enero de 2015, por lo tanto, esta Superioridad Admite el Recurso ejercido por el abogado José María Díaz Cañabate, en su carácter de apoderado judicial del Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, en fechas 09 de diciembre de 2013 y 20 de enero de 2015, por la abogada Solmerys Cares Rengifo, en su carácter de apoderada judicial del Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas, el 09 de diciembre de 2014 y por el abogado Alvaro (sic) Badell Madrid, en su carácter de apoderado judicial de Inversiones 3RS, C.A., el día 20 de enero de 2015, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, se ordena la remisión del expediente mediante oficio a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto que conozca del Recurso interpuesto…” (Resaltado de la Alzada. Subrayado de la Sala).

 

Admitidos como fueron los recursos de casación por parte de la Alzada, comenzó a discurrir el lapso al que se contrae el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes formalizaran sus respectivos recursos, el cual venció en fecha 9 de marzo del mismo año, de lo cual da cuenta esta Sala en auto del 22 de mayo de 2015, inserto al folio 299 de la pieza 11 de 11, sin que se verifique en las actas que comporta el expediente, la presentación del escrito de formalización por parte de la tercera apelante INVERSIONES 3RS, C.A., en tal razón, a tenor de lo dispuesto en el artículo 325 ibidem, debe declarase perecido el correspondiente recurso de casación anunciado y no formalizado por la parte apelante tantas veces citada, lo cual se hará constar en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

II

DE LAS FORMALIZACIONES PRESENTADAS

Se constata en el presente caso que en fecha 2 de marzo de 2015, la parte demandada CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS y el tercero interviniente BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL, presentaron de manera separada ante la Secretaría de esta Sala escritos de formalización al recurso de casación, verificándose en primer término que la formalización de la demandada fue recibida a las 9:13 am; de igual forma, el tercero interviniente ya identificado, presentó escrito de formalización, el cual fue debidamente recibido por la Secretaría de esta Sala de Casación Civil a las 9:24 am, ambos escritos contentivos de denuncias por defectos de actividad e infracción de ley.

Igualmente la parte accionante GALERÍA PUBLICITARIA PLAZA LAS AMÉRICAS, C.A., presentó ante la Secretaría de la Sala, dos escritos de impugnación contra los recursos propuestos.

Ahora bien, en atención a la normativa procesal desarrollada y consolidada por la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala, los recursos de casación ejercidos deben ser atendidos y resueltos en el orden de su presentación.

En este sentido, el análisis de los mismos se hará de acuerdo con el orden de consignación, es decir, en primer término, se conocerá de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por la demandada, por ser primera de acuerdo con la hora de presentación, en caso de no existir o no prosperar ninguna de ellas, procederá al análisis de las denuncias por defecto de actividad del escrito de formalización presentado por la entidad financiera tercera interviniente, segunda de acuerdo con la hora de presentación; de no prosperar ninguna de las denuncias por defecto de actividad, conocerá -en caso de existir- las delaciones por infracción de ley contenidas en ambas formalizaciones, tomando en cuenta igualmente el orden de presentación de cada uno de los escritos que las contienen.

Establecido lo anterior, esta Sala por razones metodológicas, altera el orden de conocimiento de las denuncias y pasa a resolver la primera denuncia por defecto de actividad contenida en el escrito de formalización presentado por la tercero interviniente BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL. Así se decide.

RECURSO DE FORMALIZACIÓN PRESENTADO POR EL TERCERO INTERVINIENTE BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

Con fundamento a lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia el quebrantamiento de normas procesales que lesiona el derecho a la defensa y la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva que contempla nuestra Carta Política, contra la precitada entidad financiera.

Para fundamentar su denuncia, la formalizante señaló:

“…el superior hizo caso omiso del deber en que estaba, de acuerdo con el artículo 208 del citado Código, al conocer en grado de la causa en etapa de ejecución, de reponer dicha ejecución al estado de declarar la nulidad del auto del 17 de julio del año 2006, proferido por el tribunal que actuaba en dicha ejecución, y en razón de cuyo auto ilegítimamente se extendieron los efectos de la sentencia definitiva del superior respectivo (Tribunal Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial ) (sic), a quienes eran propietarios de los locales comerciales que, a su vez, formaban parte del CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, (…) actuación señalada por parte del Tribunal ejecutor que también implicó hacer caso omiso de lo preceptuado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que establece que después de pronunciarse la sentencia definitiva no podrá revocarla ni reformarla el tribunal que la haya dictado; luego con mayor razón, si cabe, le estaba vedado al tribunal ejecutor ampliar o reformar la sentencia definitiva firme ;(…) todo ello, además, obviamente también conllevó la violación del artículo 206 del citado Código, (…) las razones por las cuales dicha nulidad debió ser observada por el tribunal superior sexto (…), por implicar violación flagrante de lo establecido en el artículo 252 de igual Código, al producirse la ilícita extensión producida, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 212 que también fue violado por la decisión del superior correspondiente, (…) incurriendo también en violación por falta de aplicación de lo establecido en el artículo 206 de igual Código (…) que implicó flagrante violación de lo establecido en el artículo 251 mencionado (…) además implicó incurrir en la grave infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se permitió la indefensión (…).

…en este sentido nos permitimos resaltar que tanto el auto del 17 de julio del año 2006 del respectivo tribunal a quo, como la decisión impugnada del juzgado superior octavo, se produjeron en etapa de ejecución del juicio (…) y en tal sentido hacemos constar (…) que en el libelo de demanda con el que se iniciara el señalado juicio (…), con claridad se determina que quien fue demandado en el mismo fue “EL CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZAS (sic) LAS AMÉRICAS” (…) y de quien se pidió la citación respectiva en cualquiera de sus tres (3) administradores designados (…)Resaltamos que en ninguna parte del libelo se hace referencia a que la pretensión judicial abarcase, o con ella se pretendiera, su extensión a quienes eran propietarios de los distintos locales que forman parte del expresado Centro Comercial.

(…Omissis…)

Como se puede observar (…) es que quien fue demandado, y condenado a pagar el indicado juicio, es el CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, (…). Así mismo se desprende que la ejecución ordenada y el oficio correspondiente librado para efectos de tal ejecución, se refiere única y exclusivamente por lo que respecta a bienes propiedad del mencionado CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, y no, bajo ningún respecto, sobre bienes propiedad de terceros que, a su vez, sean propietarios de locales que forman parte de dicho Centro (…)

(…Omissis…)

Por otra parte, como se desprende con claridad meridiana, (…) la decisión de fecha 17 de Julo (sic) del año 2006, que, es de aquellas a las cuales se refiere el Ordinal 3° del Artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, implica un apartarse abruptamente de lo establecido en el artículo 252 del igual Código, de acuerdo al cual se impide que después de pronunciarse la sentencia definitiva ésta pueda ser objeto de revocatoria o reforma por parte del respectivo tribunal que la pronunció, y si bien dicho artículo prevé la posibilidad de aclarar puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar errores o aun dictar ampliaciones, esto no solo es posible cuando haya sido solicitado por alguna de las partes en el día de su publicación o en el siguiente, sino que, además, quien únicamente podía efectuar tales aclaratorias (…) sería el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que fue quien dictó la sentencia cuya ejecución se está llevando a cabo. A dicho juzgado superior no se le hizo solicitud alguna en el sentido indicado, y, en todo caso, le estaba vedada la reforma de lo que había decidido. (…) menos aun le está permitido al tribunal a quo procediendo en ejecución de lo resuelto por el respectivo superior, reformar la sentencia en cuestión del superior, aclarándola, en principio, y, lo que es más relevante, ampliándola en los términos que se desprenden de su decisión del 17 de julio del año 2006, conducta que, (…) implicó violación flagrante de lo establecido en el indicado precepto legal, lo cual denunciamos. (…) en la decisión del 17 de julio de 2006, (…) se resuelve inesperadamente, (incluyendo la peculiar y particular orden de que se celebre la Asamblea General de Propietarios …) (sic), y sin que ni siquiera haya sido solicitada por la parte ejecutante en los términos que se desprende dicha decisión, que la ejecución ordenada y practicada sobre bienes propiedad del condenado a pagar, CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, se extienda en peculiar e inaceptable forma que señala el juez ejecutor, a los propietarios de locales comerciales que forman parte del CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, responsabilidad que se sujeta a la celebración de la aludida asamblea, lo que implica una insólita obligación de hacer, y que le atribuye a los copropietarios el carácter de obligados subsidiarios, y sin siquiera haberse acreditado que no existen bienes propios del condominio del CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS que pudiesen ser objeto de la medida de embargo decretada. Si se permitiese la decisión definitiva aludida (…) se estaría lesionando gravísimamente el derecho a la defensa y al debido proceso de nuestro representado y dejando sin efecto la garantía a la tutela judicial efectiva que se consagra en el artículo 26 de la Constitución. (…)Con la decisión (…) de fecha 17 de julio de 2006, fue llamado nuestro representado como propietario de dos locales que forman parte del Centro Comercial indicado, a cumplir en un juicio donde él no forma parte en ningún momento y donde no fue condenado a pagar monto alguno, y que se pretende practicar sobre bienes que no son propiedad de la parte ejecutada sino exclusivamente de nuestro representado. (…) mal puede decidirse por el tribunal que está ejecutando una responsabilidad subsidiaria en etapa de ejecución, sin haberse solicitado aquella al accionar ni haberse resuelto al decidir, puesto que ni el accionante pidió tal subsidiariedad ni, menos aun, hubo tal solidaridad en la condena, para que fuera extensible, en su caso a los copropietarios de locales que formaban y forman parte del citado centro comercial (…) la extensión, (…) implica una clara violación de los preceptos legales indicados y hace caso omiso de las garantías constitucionales del derecho a la defensa y al debido proceso y violación de la exigible tutela judicial efectiva, por lo que se refiere a los copropietarios en general del expresado centro comercial (…), en particular, a nuestro representado, quien, sin ser oído en el proceso y ni siquiera condenado, se pretende que quede afectado por una decisión en un juicio, al que nunca fue llamado, todo lo cual implica la nulidad del auto apelado (…).

De tal manera (…) el tribunal a quo, actuando en etapa de ejecución, con su decisión del 17 de julio de 2006 produjo un auto, sin lugar a dudas, nulo por las circunstancias que quedasen indicadas que, en definitiva, consistiesen en la indebida extensión de la sentencia del citado superior séptimo que (…), que tal auto implicó una clara indefensión en cuanto a los derechos de nuestro representado, puesto que con el proceder del tribunal a quo extendiendo los efectos de la decisión del superior al BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, a éste se le hizo parte de la ejecución del aludido juicio sin que hubiese tenido el banco (…) oportunidad alguna para haber dado contestación a la correspondiente demanda, haberse opuesto a la misma y promover pruebas y evacuarlas dentro de la etapa respectiva, presentar los correspondientes informes y, en su caso, observaciones a lo largo de esa primera instancia, ni apelar de la correspondiente decisión del tribunal a quo y con dicha apelación hacer valer los derechos del banco ante el tribunal superior correspondiente, y aun, en su caso anunciar recurso de casación, porque como se desprende de los autos nuestro representado nunca fue citado al juicio en cuestión y, por ende, se le produjo un estado de indefensión total con respecto al mismo, ya que es exclusivamente en la etapa de ejecución cuando se pretende la indebida extensión de los efectos de la sentencia del superior correspondiente a nuestro representado, como copropietario de los dos locales comerciales que forman parte del centro comercial señalado. Estas circunstancias (…) debieron ser tomadas en cuenta por el tribunal superior octavo al decidir el 29 de abril de 2014, puesto que no cabe duda le correspondía a dicho tribunal  superior (…) concluir, sin lugar a dudas, la nulidad del mismo (…), debió observar que el auto al cual se referían las apelaciones y adhesiones era evidentemente nulo, (…) pues mantener la vigencia del auto en cuestión implicaría dejar sin efecto el derecho a la defensa de nuestro representado (…), resaltamos que con respecto al acto en cuestión fue ejercido oportunamente el derecho de apelación de nuestro representado el cual fue ratificado, (…) con la adhesión (…) formulada por otros condóminos, y la nulidad solicitada se hizo valer en nuestros respectivos escritos de informes ante ambos superiores, sexto y octavo, lo que implica haber ejercido los recursos del caso  y haber hecho valer las defensas al efecto, pero, (…) la falta indicada de hacer caso omiso de la obligación en que estaba el superior octavo de acuerdo con el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, al no declarar la nulidad del auto del 17 de julio de 2006, implicó un actuar que significó un quebrantamiento de leyes de orden público que, de acuerdo con el artículo 212 del indicado Código no podía subsanarse ni aun con el consentimiento de las partes, en razón de lo cual (…), quedó también infringido como consecuencia de la omisión señalada (…), la violación del artículo 206 de igual Código (…), infringiendo lo preceptuado en el artículo 252 de igual Código (…).

(…) pedimos a esta Sala (…) establezca la nulidad de la sentencia impugnada y ordene al nuevo superior que conozca, que expresamente declare la nulidad del auto del 17 de julio del año 2006, por las razones que dejamos aquí expresadas, en los términos en que la Sala Juzgue conveniente acoger y citar, y subsidiariamente pedimos a la Sala (…) decrete la nulidad del auto en cuestión y ello en uso de las facultades que le corresponde de acuerdo a lo establecido al efecto del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil…”. (Negrillas del escrito de formalización. Resaltado y doble subrayado de la Sala).

 

De la supra citada denuncia, se sustrae que el Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, actuando como tercero interviniente, delató ante esta sede casacional, quebrantamientos de normas procesales contenidos en sentencia del 29 de abril de 2014, las cuales son lesivas del derecho a la defensa y la tutela judicial, principios fundamentales garantizados en nuestra Carta Política, en el entendido que la precitada sentencia al declarar sin lugar la apelación ejercida contra los autos de fechas 22 y 27 de febrero ambas de 2007 y 05 de marzo del mismo año, ratificó la sentencia que ilegítimamente confirma la extensión de los efectos de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sobre quienes son los propietarios de los locales comerciales que, a su vez, forman parte del CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS.

En este sentido, refiere la formalización, que las alteraciones realizadas en ejecución de la sentencia, trastornan inexorablemente la sentencia definitivamente firme en contravención de lo preceptuado en los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, que obligaban al tribunal de Alzada a anular el auto de fecha 17 de julio de 2006, en procura del equilibrio del proceso para garantizar el derecho a la defensa de las partes, preceptuado en el artículo 15 eiusdem, en el entendido que, quien fuera demandado y condenado en el procedimiento por cumplimiento de contrato es única y exclusivamente el Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas, y la subsidiariedad contra el Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, generada con el auto del 17 de julio de 2006, implicó una obligación de hacer contra los copropietarios de los locales comerciales que arropa a la formalizante, en franca violación de su derecho a la defensa, en el entendido que ésta, al no ser llamada dentro del proceso como legitimada, no tuvo oportunidad alguna para ejercer sus defensas y recursos, produciéndosele un estado de indefensión, ya que es, exclusivamente en la etapa de ejecución cuando se pretende sobre ella la indebida extensión de los efectos de la sentencia del Superior.

Para decidir la Sala observa:

La Sala, ha sido constante al señalar que las formas procesales dispuestas por el Legislador constituyen fórmulas de modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, que permiten el normal desenvolvimiento de los procedimientos establecidos, para dirimir las pretensiones de las partes.

La observancia de esos trámites esenciales del procedimiento está directamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales. Por esa razón, no se le está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es precisamente, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse dichos actos procesales, dado que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva atañen al orden público, y al Estado le corresponde, particularmente ser el garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Vid. Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2009, caso: Antonio Manuel López Márquez contra Luis Zambrano Moros, Exp. Nro. 2009-000412).

Asimismo, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 15 consagra de forma expresa el derecho de defensa, el cual constituye una garantía constitucional inviolable en todo estado y grado del proceso, tal como se encuentra preceptuado en el ordinal 1º del artículo 49 de la Carta Política de Venezuela, lo cual se traduce en la posibilidad de ejercer los recursos o medios procesales establecidos en la ley, así como, la posibilidad de cuestionar, contradecir, impugnar y probar los alegatos realizados o efectuados por la contraparte; teniendo los jueces, en consecuencia la obligación de garantizar el desenvolvimiento del proceso de conformidad con la ley y en igualdad de condiciones, así como el deber de otorgarle a ambas partes, los mismos lapsos y recursos procesales, siempre que por disposición de la ley o la naturaleza del acto no resultare contrario a la misma, conforme lo prevé el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil. (Vid. Sentencia de fecha 24 de marzo de 2011, caso: C.O.G. Construcciones, C.A., contra Constructora Consabarca, C.A., Exp. Nro. 2010-000353.).

En este orden de ideas, el artículo 206 eiusdem establece la obligación de los jueces de evitar o corregir las faltas que pudieran anular un acto procesal y en el caso de observarse alguna irregularidad, el Tribunal se encuentra en la obligación de aclarar aquellos casos establecidos en la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez.

Ahora bien, en atención al sub iudice, encuentra esta Sala importante destacar que en fecha 26 de febrero de 2003, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en relación con el juicio por cumplimiento de contrato intentado por Galerías Publicitarias Plaza Las Américas, condenando al cumplimiento de sentencia como parte perdidosa en el juicio, -al único demandado- El Condominio del Centro Comercial Plaza las Américas.

De las actas del expediente se desprende con notoria claridad que desde el 26 de febrero de 2003, cuando se produjo la supra aludida sentencia, hasta el 17 de julio de 2006, cuando el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Ejecutor, el proceso se había integrado única y exclusivamente entre Galerías Publicitarias Plaza Las Américas –en su carácter de demandante- y El Condominio del Centro Comercial Plaza las Américas, actuando como exclusivo demandado, habiendo este último ejercido, todos los recursos que la legislación le permite, haciendo valer sus defensas e intereses.

Así las cosas, esta Máxima Jurisdicente estima relevante señalar, que el auto decretado por el aludido Tribunal Ejecutor el 17 de julio de 2006, incidió de manera abrupta sobre el orden procesal, en una arrebato interpretativo de la Ley de Propiedad Horizontal alejado a todas luces de preceptos de rango constitucional que garantizan a los justiciables el derecho a la defensa y al debido proceso, acordando que: “ …cuando los sujetos vinculados al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada no hayan pagado las cuotas que les corresponden, atendiendo al origen de la obligación, contraída por la obligación de la comunidad, por los órganos de administración y no individualmente por cada propietario, estos responden con los respectivos apartamentos y locales que tengan en el inmueble, en virtud de la norma que dispone que ‘la obligación del propietario del apartamento o local por gastos comunes sigue siempre a la propiedad del apartamento o local’…”, disponiendo adicionalmente en contravención de la sentencia definitivamente firme que: “…en el proceso de ejecución seguido en contra del CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, debe entenderse como propuesto contra los miembros de la comunidad propietaria del inmueble…”.

Corolario de lo anterior, queda expuesto de la transcripción del auto que antecede, que el Tribunal Ejecutor, convirtió en parte condenada a terceros que hasta ese momento jamás fueron demandados y condenados en este juicio, violentando flagrantemente su derecho a la defensa y al debido proceso, ya que del simple entendimiento sobre las formas procesales, el juzgador de cognición podía suponer que estando el juicio en etapa de ejecución, estos terceros no pertenecientes al proceso, de manera alguna estarían en condiciones de ejercer sus defensas y recursos, menoscabando con la precitada decisión, garantías de rango constitucional y legal.

Ahora bien, encuentra oportuno la Sala traer a colación asuntos atinentes al punto expuesto por el juez ejecutor en el auto de fecha 17 de julio de 2006 para convertir en partes condenadas a terceros fuera del proceso, el cual fue confirmado por el Tribunal Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario el 29 de abril del 2014, al declarar sin lugar la apelación interpuesta por terceros lesionados, en relación con el criterio sobre el cual, los propietarios –terceros no demandados- debían ser condenados deliberadamente a responder por una obligación contra el Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas, que no le es de modo alguno transmitible, en tal sentido la Alzada puntualizó:

“…es resaltante lo expuesto por el Juzgado A quo (sic), quien en el auto bajo estudio, realizó la siguiente afirmación: “(…) 1.- Que el proceso de ejecución seguido en contra del CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, debe entenderse como propuesto contra los miembros de la comunidad propietaria del inmueble y, por las razones explicadas (…)”, a lo que, dicha conclusión se adapta específicamente a la naturaleza de la figura jurídica sustantiva sui generis del condominio, ya que de un profundo análisis de la base de dicha institución, en la representación del todo de los copropietarios, debidamente elegida y acreditada asamblea que conforma la junta de condominio, pasivamente los copropietarios son los que son requeridos para responder por las responsabilidades comunes, que de dicha conformación del todo se generen…” (Resaltados de la Alzada).

 

Sobre el particular, la Ley de Propiedad Horizontal, vigente a la fecha, destaca en su literal “e” del artículo 20 que “…Corresponde a los administradores: (…) e) ejercer en juicio la representación de los propietarios en los asuntos concernientes a la administración de las cosas comunes, debidamente asistidos por abogados o bien otorgado el correspondiente poder. Para ejercer esta facultad deberá estar debidamente autorizado por la Junta de Condominio, y de acuerdo con lo establecido en el respectivo documento. Esta autorización debe constar en el Libro de Actas de la Junta de Condominio…”.

Corolario de lo anterior, dicho precepto legal indubitablemente hace referencia a la disposición y administración de las cosas comunes sobre la masa que conforma el condominio por parte de los administradores, para lo cual éste debe contar igualmente, con la debida autorización de la Junta de Condominio, lo cual debe constar en el Libro de Actas de la Junta de Condominio, con el aval del 75% de la consulta, votos y acuerdo de todos aquellos propietarios que conforman la comunidad.

Siendo así, se precisa de los folios 1 al 21 concernientes a la demanda por cumplimiento de contrato intentada por Galerías Publicitarias Plaza Las Américas C.A., contra el Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas, así como, del contrato marcado como anexo “B”, ambos insertos en la pieza 1 de 11 de este expediente, que el contrato se estableció exclusivamente entre la sociedad mercantil Galería Publicitaria Plaza Las Américas C.A., y -el único demandado- Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas.

Adicionalmente se colige, de las actas que conforman el presente expediente, que no es posible sustraer que el contrato se produjo con la anuencia de los propietarios en los términos acordados por el legislador en la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, a través de la realización de una asamblea de propietarios que determinaran la aprobación del contrato con la actora, con la aprobación de la mayoría calificada de los condóminos; ni la existencia del Acta de la Junta que avalara dicha contratación, siendo esta la formalidad de acuerdo con lo preceptuado en la Ley, para que los propietarios, hoy terceros lesionados, quedaran sujetos a un litisconsorcio pasivo necesario, con obligación de responder ante esta condena.

En otras palabras, el administrador, Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas, para comprometer a los terceros patrimonialmente en las consecuencias de las obligaciones contraídas, necesariamente requería de la aprobación de la mayoría calificada de los propietarios condóminos, lo cual claramente se evidenció no fue el caso, obligándose solamente al Condominio con los fondos y bienes que le son propios, sin que dicha ejecución recaiga sobre terceros que nunca fueron parte en el proceso, máxime, cuando éstos no se encuentran obligados conforme a lo expresamente previsto en la legislación vigente.

Corolario de lo anterior, el administrador Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas – (único demandado), a través de la contratación realizada con la sociedad mercantil Galerías Publicitarias Plaza Las Américas C.A., no le era dado sustituirse en la persona de todos los propietarios de los locales comerciales en particular en calidad de titular de sus derechos, “…haciendo valer en nombre propio y en interés de sus representados el derecho perteneciente no a la entidad asociativa, sino a éste o aquel propietario…”, valga señalar el derecho ajeno previsto en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, razón por la cual, mal podía convalidar la Alzada el auto del 17 de julio de 2006, condenando a los copropietarios al pago de una obligación que de forma alguna les era trasmisible en detrimento de sus derechos. (Ver. BRICEÑO, Rafael. (1989). “De la propiedad horizontal y sus acciones judiciales”  Editorial ABC, Primera Edición. Caracas, Venzuela. págs. 161 y 162)

Precisado lo anterior, atañe a esta Máxima Jurisdicente señalar, que el principio del “equilibrio procesal” supone prevenir la indefensión o menoscabo del derecho de defensa para los justiciables dentro del proceso, rompiendo con la desigualdad procesal, lo cual implica otorgar a las partes en contienda, facultades para hacer valer sus derechos y ejercer los recursos que consideren pertinentes, configurándose un grave estado de indefensión, cuando el juez priva o niega a las partes su participación en el proceso.

Así las cosas, de acuerdo con lo alegado por el Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, en su condición de tercero adhesivo al proceso, no se verifica de las actas contenidas en el expediente que se materializara citación alguna durante el juicio a esta entidad financiera, lo cual hiciera presumir su cualidad de legitimada pasiva en el proceso, trascendiendo de este modo a la afectación directa de su derecho a la defensa, en el entendido que al no ser parte del juicio no tuvo a su alcance los medios que permitieran defenderse contra lo demandado, quebrantándose al unísono a través del pronunciamiento del Superior Jerárquico, formas procesales que menoscabaron el derecho a la defensa de Banco de Venezuela.

Sobre el particular, resulta determinante destacar al respecto, que en situaciones como la que afirma el formalizante, donde se verifica el quebrantamiento de formas procesales preestablecidas, violentando el derecho a la defensa, esta Sala de Casación Civil en criterio sostenido en la decisión de fecha 18 de mayo de 2010, dictada para resolver el recurso de casación interpuesto en el caso Alida Cira Leonetti Briceño, contra Pablo Antonio Curiel Riera, contenido en el expediente N° 09-658; se determinó lo siguiente:

“…La descripción de los eventos procesales ocurridos en el curso del sub iudice, a consideración de esta Sala, hacen pertinente la referencia del criterio que respecto al quebrantamiento de normas procesales que generan menoscabo del derecho a la defensa; ha sostenido en sus numerosas decisiones.

En cuanto a dicho vicio, se ha establecido, entre otras; en sentencia dictada en fecha 31 de octubre de 2006 para resolver el recurso de casación Nº 00809, en el caso Enrique José Chacón Breto y otro contra Zoraida del Valle Luján Blasini, expediente Nº 05-730; lo siguiente:

‘…Según la doctrina, la indefensión o menoscabo del derecho de defensa, es la consagración del principio que se denomina “equilibrio procesal’.

Según el maestro Humberto Cuenca, en su obra, Curso de Casación Civil. Tomo I. Pág. 105.

‘...se rompe la igualdad procesal cuando: Se establecen preferencias y desigualdades; se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella; si el juez no provee sobre las peticiones en tiempo hábil en perjuicio de una parte; se niega o silencia una prueba o se resiste a verificar su evacuación; en general cuando el Juez menoscaba o excede sus poderes de manera que rompe el equilibrio procesal con perjuicio de un litigante...’.

Para el jurista Alex Carocca, existen dos presupuestos concurrentes cuya existencia implica indefensión. Según él, se necesita verificar la existencia de ambos requisitos para determinar que en efecto se ha producido violación al derecho a la defensa.

Uno de los referidos criterios, es la lesión a las oportunidades de defensa de alguno de los litigantes, no bastando la trasgresión de la norma procedimental de la cual se trate, sino que tal trasgresión, en forma real, y no hipotéticamente; produzca una disminución en las posibilidades de defenderse. El segundo criterio, (o requisito) se refiere a que no es suficiente la lesividad mencionada ut supra, sino que además se tome en cuenta ¿de dónde vino tal lesión? Debe examinarse entonces, la forma en la cual se produjo.

En este mismo sentido, la Sala sostiene, que hay menoscabo del derecho a la defensa, cuando aquella referida violación proviene del juez, quien priva o limita a las partes, la utilización de los medios y recursos que la ley procesal le concede para la defensa de sus derechos; pero también existe cuando se rompe la igualdad procesal, estableciendo preferencias y desigualdades, al acordar facultades, medios o recursos no establecidos por la ley. Ello implica, que se niega o cercena a las partes, los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos.

En cuanto al contenido esencial de la garantía del ejercicio pleno y efectivo del derecho a la defensa, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en el expediente Nº 1323, de fecha 24 de enero de 2001, en el juicio de Supermercado Fátima S.R.L., estableció lo siguiente:

‘…el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas.

En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias...’.

De la lectura del criterio citado, se desprende con claridad, que el menoscabo del derecho a la defensa en un determinado proceso judicial, supone para las partes, entre otras cosas, que el juez los coloque en una situación, que implique la limitación o imposibilidad de defender los intereses que les son propios, siendo además necesario que: “…1) no obedezca la indefensión a la impericia, abandono o negligencia de la propia parte; y 2) haya habido perjuicio cierto para la parte que arguye la indefensión, pues de lo contrario sería intrascendente la ilegalidad de la actuación del juez y no habría vicio que subsanar…”. (Sentencia del 20 de octubre de 2004, caso: Luís Antonio Bello Valera, contra Municipio Aragua del estado Anzoátegui)…” (Negrillas y Resaltados de la Sala).

 

Por aplicación al caso concreto del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito y las consideraciones aquí explanadas, queda en evidencia que el Juzgador de alzada violó flagrantemente el derecho a la defensa del tercero interviniente, Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, así como la garantía constitucional del debido proceso, ambos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, infringiendo lo dispuesto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, que contempla tanto el derecho a la defensa como el principio de igualdad entre las partes en litigio, al apartarse del precepto contemplado en el artículo 206 eiusdem, que lo conminaba a procurar la estabilidad del juicio, evitando o corrigiendo las faltas que anulaban el acto procesal, reponiendo la causa al estado en que el tribunal de cognición dictara nuevo pronunciamiento ajustado a los sobradamente conocidos preceptos de orden constitucional y legal que propende nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, conforme lo establecido en el artículo 208 ibidem, atendiendo a lo solicitado por la formalizante mediante sus apelaciones de fechas 20 de julio de 2006 y 07 de febrero de 2012.

Siendo así, no queda otra alternativa para la Sala que declarar procedente la infracción delatada por el formalizante, atinente a la violación del derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, con la correspondiente infracción de los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad, prevista en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de conocer las restantes denuncias contenidas en ambos escritos de formalización, por mandato del artículo 320 eiusdem.

CASACIÓN SIN REENVÍO

Dentro del estudio detenido respecto a la denuncia delatada por Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, en su condición de tercero interviniente-no demandado, la cual ha dado lugar a casar el fallo recurrido, esta Sala encuentra que están suficientemente establecidos los pormenores del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, que hacen innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, pues enviar al juez de reenvío atentaría el principio de la utilidad y la celeridad procesal, y siendo que la materia objeto de la casación declarada, versa sobre hechos soberanamente establecidos, razones por demás suficientes para hacer uso de la facultad de casar sin reenvío el fallo cuestionado y corregir la infracción develada, en el sentido de declarar infringidos por el Juzgador de segundo grado de conocimiento normas procedimentales contenidas en los artículos 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, lo cual indefectiblemente lesiona garantías previstas en nuestra Carta Política que atienden al derecho que tenía la institución financiera sobradamente identificada, de hacer valer sus derechos en juicio, lo cual era imposible en su condición de tercero interviniente, ya que como quedó claramente expuesto en la presente sentencia, al no haber sido la formalizante, ni demandada ni conminada en el proceso, mal podría la instancia, a través de un auto en ejecución de sentencia, cambiar la sentencia definitivamente firme para condenar a obligaciones de hacer y responder a terceros intervinientes que hasta ese momento nunca formaron parte en el proceso.

En razón a lo expuesto, y declarada con lugar, como ha sido por esta Sala la violación contenida en el vicio delatado por Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, por medio de la cual la Alzada convalidó la condena a terceros que nunca fueron parte en el proceso, contrario al derecho a la defensa establecido en nuestra Carta Política y la Convención sobre de Derechos Humanos o Pacto de San José, en cuanto a las garantías judiciales que deben ser observadas a favor de las partes dentro de proceso, también aplicables en el proceso civil, tendentes a permitir el derecho a su defensa y hacer valer las pretensiones de las partes, como expresión del ideal de justicia que propende nuestro Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia, que conlleva a la búsqueda inequívoca del bienestar y la estabilidad social del país.

En tal sentido, acuerda esta Sala, que la ejecución iniciada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debe continuar, -exclusivamente- en los términos establecidos en la sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 26 de febrero de 2003, donde quedó claramente establecido que la sentencia y sus obligaciones de hacer surten efecto solo contra la única demandada CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS, Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1.- PERECIDO el recurso de casación anunciado y no formalizado por la sociedad mercantil INVERSIONES 3RS. C.A., Se condena en costas del recurso por no haber sido formalizado, de acuerdo al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. 2.- CON LUGAR el recurso de casación anunciado por el tercer adhesivo BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL contra la sentencia dictada en fecha 29 de abril del 2014, por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en esta ciudad de Caracas. 3.- CASA SIN REENVÍO la sentencia cuestionada, la cual queda anulada, y declara: PRIMERO: CON LUGAR los recursos de apelación ejercidos en fechas 22 y 27 de febrero y 5 de marzo todos de 2007, por los abogados Álvaro Badell Madrid, Federica Alcalá y Leonardo Alcoser, en su condición de apoderados judiciales de INVERSIONES 3RS, C.A., INVERSIONES PILARTE, C.A., y de la ciudadana PILAR DE DI PLÁCIDO, respectivamente; así como las adhesiones a dicho recurso realizadas por BANCO DE VENEZUELA C.A., BANCO UNIVERSAL y CINE PLAZA LAS AMÉRICAS C.A., REPRESENTACIONES ALTO RELIEVE C.A:, MIGUEL ZURITA, MERCERÍA LA GAVETA S.R.L y RITA PABÓN DE GARCÍA; SEGUNDO: Se ordena continuar la ejecución única y exclusivamente contra la demandada CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS AMÉRICAS; TERCERO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas contra la parte recurrente.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese de esta decisión al Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

______________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

__________________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

Magistrada,

 

 

 

________________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Magistrada,

 

 

____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrada,

 

 

________________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretario,

 

 

______________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. AA20-C-2015-000120

 

 

 

Nota: publicada en su fecha a las

 

 

 

 

Secretario,

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias