Venley

Sentencia N.º RC.000816

Sentencia
N.º RC.000816
Fecha
11/12/2015
Sala
Casación Civil
Expediente
15-429
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2015-000429

 

 

Magistrado Ponente: Luis Antonio Ortiz Hernández

 

En el juicio por reconocimiento de unión estable de hecho (concubinato), incoada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, por la ciudadana YANNELY YRALYS ILARRAZA ASTUDILLO, representada judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Richard Javier Sierra Pérez, Celina Mercedes Díaz Rodríguez y Danilo Enrique Iguarán Rodríguez, contra el ciudadano JESÚS ALBERTO LEAL SILVA, representado judicialmente por los abogados ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Luis José Velandia, Milangel Arellan Cermeño y Sergio Gamuzza Rivas; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, actuando como tribunal superior de reenvío, dictó sentencia definitiva formal, en fecha 4 de mayo de 2015, mediante la cual repuso la causa declarando lo siguiente:

“…PRIMERO: NULA la sentencia definitiva dictada el 13 de marzo de 2013 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, así como de todos los actos procesales posteriores a la admisión de la demanda, por lo que se decreta la reposición de la causa al estado de que se ordene previamente a cualquier otra actuación la notificación del Ministerio Público y la publicación de un edicto en un periódico de la localidad que determinará el a quo llamando a hacerse parte a todo aquél que tenga interés manifiesto y directo en el asunto, debiendo cumplir el edicto con las exigencias del artículo 587 del Código Civil; de esta manera este Juzgado Superior Accidental acoge la doctrina establecida por la Sala Constitucional tal cual lo determinó la Sala de Casación Civil en su reciente decisión Nº 205 del 22-4-2015.

SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a través de su co-apoderado judicial, abogado SERGIO GAMUZZA RIVAS en fecha 13 de Junio de 2010.

TERCERO: No hay condena en costas dada la naturaleza netamente de ordenación procesal de este fallo.” (Destacados de lo transcrito).-

 

Contra la referida decisión definitiva formal del tribunal superior accidental de reenvío, la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue debidamente admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación y replica pertinentes, sin contrarréplica.

En fecha 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación múltiple y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 209 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 26, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Expresa el formalizante lo siguiente:

 

“…En efecto, el juez accidental de alzada decidiendo en reenvío, en lugar de decidir al fondo en control pleno de alzada tanto de los hechos como del derecho, conforme lo estableció la Sala de Casación Civil, cuando casó el primer fallo de alzada (…) publicó una sentencia definitiva formal que implica la nulidad procesal y reposición al estado de admisión.

 

(…omissis…)

 

Lo cual es compatible con las sentencias de la Sala de Casación Civil, reiteradas donde se ha ordenado que se publique el edicto en la alzada, antes de la sentencia definitiva que resuelva la apelación, para determinar así la posible y eventual comparecencia de algún interesado en solicitar la nulidad y reposición de todo lo actuado y, sólo así anular y reponer (…) todo aplicable al presente caso, por lo que al aplicar el juzgado superior accidental el reciente criterio establecido en la sentencia N° 205 del 22/4/2015 atenta contra los derechos procesales constitucionalizados de mi representada.”

 

        La Sala para decidir, observa:

        De la denuncia antes transcrita la Sala entiende, que el formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 15 y 209 del Código de Procedimiento Civil y de los artículos 26, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por violación de los principios de expectativa plausible y confianza legitima, al considerar que en este caso la juez de alzada no podía aplicar el criterio de esta Sala establecido en su fallo N° RC-205 del 22 de abril de 2015, referente a la reposición de la causa al estado de que se cumpla con el libramiento de los edictos a que se contrae el artículo 507 del Código Civil, en los procedimientos de reconocimiento de unión concubinaria.

        Al respecto esta Sala observa, que el cambió de criterio vigente de esta Sala se ve reflejado en su fallo N° RC-205, de fecha 22 de abril de 2015, expediente N° 2014-185, caso: David Eduardo Padrino García contra Dulce María Subero Ramírez, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, y en el cual se dejó establecido lo siguiente:

 

“…De la minuciosa revisión que se hizo a las actas procesales que conforman el expediente se comprueba que no consta en las mismas que se haya dado cumplimiento a la formalidad esencial y de orden público que establece el último aparte del artículo 507 del Código Civil, en cuanto a la expedición y publicación del edicto en el cual, en forma resumida, se hiciera del conocimiento público que el demandante dedujo pretensión de establecimiento de unión estable de hecho (concubinato) contra la demandada.

 

Tal omisión impidió que dicha norma alcanzara su finalidad, la cual no es otra, que cualquier persona interesada en el juicio que tuviese interés directo y manifiesto en el asunto pudiera participar activamente en el mismo –desde su inicio-, pudiendo realizar sus respectivos alegatos y promover y evacuar las pruebas que considerare pertinentes, así como ejercer el control y contradicción sobre aquellas producidas, promovidas y evacuadas por los demás sujetos procesales.

 

Lo anterior evidencia una clara violación del orden público que no pudo haber sido consentida ni convalidada por inadvertencia de las partes o por la negligencia de los jueces que tuvieron a su cargo la instrucción y decisión del presente caso, todo lo cual justifica plenamente la reposición de la presente causa al estado de nueva admisión, para que se ordene la publicación del mencionado edicto.

 

Ha sostenido esta Sala de forma reiterada que la publicación del referido edicto constituye una formalidad esencial, de orden público, que debe cumplirse inexorablemente en este tipo de juicios, sin embargo, no ha sido pacífico el criterio en cuanto a los términos de la nulidad y reposición de la causa y el momento en que ha de ordenarse dicha publicación.

 

En efecto, en algunas decisiones ha establecido que tal publicación debe ordenarse en el auto de admisión de la demanda, y que, tal omisión acarrea la reposición de la causa a dicho estado (Vid. Entre otras, sentencias RC-310 del 15/7/2011; RC-419 del 12/8/2011; RC-316 del 11/5/2012 y RC-132 del 13/3/2014).

 

Sin embargo, en otros fallos ha ordenado que se publique el edicto en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva que resuelva la apelación, para determinar así la posible y eventual comparecencia de algún interesado en solicitar la nulidad y reposición de todo lo actuado (Vid. RC-55 del 8/2/2012, RC-476 del 1/8/2013; RC-170 del 17/4/2013, RC-476 del 1/8/2013; RC-547 del 24/9/2013; RC-558 del 25/9/2013; RC-552 del 11/8/2014 y RC-764 del 3/12/2014).

 

Ahora bien, por notoriedad judicial esta Sala pudo constatar que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 1630 del 19 de noviembre de 2013, expediente N° 13-420, caso: Zulay Josefina Viña, estableció:

 

“No obstante, lo anterior, visto que se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en la referida norma civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que esta Sala Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público.

(…omissis…)

…el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, al momento de la admisión de la demanda de declaración concubinaria, no publicó el edicto que contempla el referido artículo, donde se hiciera saber que se había propuesto la acción mero declarativa de concubinato, al cual hace especial referencia la sentencia dictada por esta Sala Constitucional antes transcrita parcialmente, en el que se llamará a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés directo y manifiesto en el asunto, sin lo cual no puede considerarse que hubiere iniciado el juicio en referencia, por lo que corresponde a esta Sala Constitucional, al ejercer la potestad de revisión, de oficio, anular, tanto el juicio de acción mero declarativa de concubinato como el de partición y liquidación de la comunidad concubinaria que se fundamentó en una sentencia que resulta nula e inexistente.

 

Por lo tanto, se repone la causa contentiva de la acción mero declarativa de concubinato al estado de la admisión y que se ordene el edicto en el cual se haga saber que se ha propuesto dicha acción, en aras del debido proceso, la seguridad jurídica, y la transparencia en los procesos, en acatamiento de la doctrina de esta Sala Constitucional, por lo que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa debe remitir el expediente contentivo de las actuaciones de dicho juicio, al Juzgado de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, que tenga las funciones de distribución, por ser competente en virtud de estar involucrado los intereses de un niño, que para la fecha es adolescente. Así se decide” (Resaltado y subrayado añadido).

 

De la transcripción de la decisión que antecede se comprueba que la Sala Constitucional es del criterio que la publicación del edicto a que se refiere el último aparte del artículo 507 del Código Civil es una formalidad esencial de orden público que debe cumplirse al inicio del juicio, en el auto de admisión de la demanda, cuya omisión apareja la nulidad de todo lo actuado y la consecuente reposición de la causa a dicho estado.

 

Así lo ratificó en reciente sentencia N° 124 del 3 de marzo de 2015, expediente 12-1050, caso: Carmen Cristel Cusnir Paba en la que dejó claro que:

 

“Constituye un imperativo, que esta Sala debe corregir incluso de oficio, como se hizo en la sentencia N°1630 del 19 de septiembre [rectius: noviembre] de 2013 (caso: Zulay Josefina Viña), en la cual se estableció de manera expresa, lo siguiente:

 

‘…visto que se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en la referida norma civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que esta Sala Constitucional, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público’ (Resaltado y subrayado añadido).

 

Visto que en el caso sub examine se alegó la omisión de publicar el edicto previsto en el último aparte del artículo 507 del Código Civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato, donde se hiciera saber a los terceros interesados que se había propuesto dicha acción; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, lo cual no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, es por lo que, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entra de oficio a conocer de la presente revisión constitucional, a fin de preservar la seguridad jurídica, por tratar el asunto de una materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público (Resaltado y subrayado añadido de esta Sala de Casación Civil).

 

En ese sentido, la Sala observa, de las actas cursantes al presente expediente, que efectivamente el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el conocimiento de la causa contentiva del reconocimiento de la unión concubinaria, interpuesta por el ciudadano Fernando Alberto Daza Varela, contra la hoy solicitante, admitió la demanda el 7 de octubre de 2008 (folios 26 al 28), y en esa misma oportunidad se ordenó la citación de la demandada, la cual constó en autos el 13 de noviembre de 2008 (folio 42), siendo que, el 19 de noviembre de ese año, ella contestó la demanda y a su vez reconvino a la parte actora (folio 43 al 55); siendo admitida dicha reconvención el 15 de diciembre de 2008 (folio 65) y la contestación a la misma la efectuó la apoderada judicial de la parte actora el 9 de enero de 2009 (folios 70 al 76); el 26 de enero de 2009, tanto la parte actora como la parte demandada consignaron escrito de promoción de pruebas, luego, el 11 de febrero de 2009, se admitieron las pruebas promovidas por la demandada y, el 7 de octubre de 2009, se declaró con lugar la demanda y, en consecuencia, declaró que existió una relación concubinaria – entre los ciudadanos Fernando Alberto Daza Varela y Carmen Cristel Cusnir Pava- y sin lugar, la reconvención planteada por la ciudadana Carmen Cristel Cusnir Pava (folios del 252 al 268). Contra dicha decisión la parte demandada ejerció recurso de apelación, el 13 de octubre de 2009 (folio 270), oída la apelación ejercida en ambos efectos, el 9 de marzo de 2011.

 

El Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó la decisión objeto de la presente solicitud de revisión, a través de la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido y, se confirma la sentencia dictada el 7 de octubre de 2009 (folios 287 al 302).

 

Al respecto, resulta oportuno citar el artículo 507, del Código Civil, en su último aparte, establece lo siguiente:

(…Omissis…)

De igual manera, en cuanto a la interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala se pronunció en sentencia N° 1682, del 15 de julio de 2005, (caso: Carmela Manpieri Giuliani), en la que se declaró lo siguiente:

(…Omissis…)

Así las cosas, se evidencia que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 9 de marzo de 2011, fue dictada en desconocimiento del criterio señalado supra, relativo a la publicación de los edictos para el llamado de los terceros que pudieran tener interés en los juicios relativos al estado civil de las personas, omitiendo aplicar lo previsto en la mencionada norma del Código Civil, al igual que lo hizo el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Ello así, y visto que en el presente caso se verifica uno de los supuestos que se enuncian en el artículo 25 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, como lo es el desconocimiento a la jurisprudencia vinculante de esta Sala, dictada en violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva se declara HA LUGAR la presente solicitud de revisión, y nula la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira el 9 de marzo de 2011, y, en atención a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se anula seguidamente la sentencia dictada el 7 de octubre de 2009, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la misma Circunscripción Judicial y, en consecuencia, se repone el juicio de reconocimiento de la unión concubinaria, intentado por el ciudadano Fernando Alberto Daza Varela contra la ciudadana Carmen Cristel Cusnir Paba, al estado que se ordene la publicación del edicto que prevé el último aparte del artículo 507 del Código Civil, acatando la doctrina de la Sala…”.

 

Como puede observarse, la Sala Constitucional ha revisado ya en dos oportunidades, incluso de oficio, decisiones que han sido dictadas en desconocimiento del criterio señalado supra, relativo a la publicación del edicto para el llamado de los terceros que pudieran tener interés en los juicios relativos al estado civil de las personas, en el momento en que se admite la demanda, dejando sin efecto todo lo actuado tanto en primera como en segunda instancia luego de tal omisión, dado el carácter vinculante del mismo.

 

Ante la disconformidad existente entre dicho criterio vinculante y el sostenido por esta Sala en cuanto al momento en que ha de publicarse el edicto a que se refiere el último aparte del artículo 507 del Código Civil y a los términos en que procede la reposición en caso de su omisión, no cabe duda que debe imperar el primero en aplicación de lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece:

 

“Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República” (Resaltado y subrayado añadido).

 

Es por ello que esta Sala juzga necesario garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, por ser este Tribunal Supremo de Justicia el máximo y último intérprete de la Constitución encargado de velar por su uniforme interpretación y aplicación, y tomando en consideración que de acuerdo con lo establecido en dicho precepto, las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, es por lo que se retoma el criterio jurisprudencial sostenido en sentencias RC-310 del 15/7/2011; RC-419 del 12/8/2011; RC-316 del 11/5/2012 y RC-132 del 13/3/2014, según el cual, en las acciones mero declarativas de unión concubinaria debe ordenarse publicar el edicto a que se refiere el último aparte del artículo 507 del Código Civil al inicio del juicio, en el auto de admisión de la demanda, debiendo cumplirse con dicha formalidad, antes de la contestación de la misma, so pena de que se declare la nulidad de todo lo actuado.

 

En adición a lo anterior, la Sala considera que el criterio que aquí se retoma resulta el más ajustado a los principios de orden consecutivo legal y preclusividad de los lapsos procesales, así como a la normativa vigente en materia de nulidades procesales, y más concretamente a lo establecido en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, ya que, al tratarse de una formalidad esencial para la validez de los actos subsiguientes, la reposición de la causa ha de ordenarse “al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad y la renovación del acto írrito” que en estos casos no es otro que el auto de admisión de la demanda.

Como consecuencia de lo anterior, se abandona expresamente el criterio que posibilitaba la publicación del mencionado edicto en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva que resuelva la apelación, a los efectos de determinar así la posible y eventual comparecencia de algún interesado en solicitar la nulidad y reposición de todo lo actuado (Vid. RC-55 del 8/2/2012, RC-476 del 1/8/2013; RC-170 del 17/4/2013, RC-476 del 1/8/2013; RC-547 del 24/9/2013; RC-558 del 25/9/2013; RC-552 del 11/8/2014 y RC-764 del 3/12/2014), no aplicable al presente caso, por la particular circunstancia de la existencia de un tercero con interés directo y manifiesto, puesta en evidencia por la propia parte demandada en su contestación al alegar y acreditar su estado civil de casada, lo cual justifica la reposición de la causa al estado de nueva admisión.

 

Ante tal circunstancia (certeza de la existencia de un tercero con interés en la causa), era obligación del juez superior ordenar la reposición de la misma al estado de nueva admisión para que se expidiera y publicara el edicto comentado, debiendo anular todo lo actuado para que partiendo de allí se desarrollara el procedimiento, al no haberlo hecho así, incurrió en el vicio de reposición preterida o no decretada, lo que sin lugar a dudas justifica el uso de la casación de oficio, puesto que por mandato constitucional corresponde a este Máximo Tribunal garantizar la transparencia de la justicia, la seguridad jurídica, la tutela judicial eficaz, el derecho a la defensa y el debido proceso (ex artículos 2, 7, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

 

Es por ello que se ordena la reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda, para que se lleve a cabo el llamamiento a que se refiere el último aparte del artículo 507 del Código Civil y para evitar mayor dilación, se ordena la remisión del expediente al tribunal de la causa para que de cumplimiento a la aludida formalidad. Así se establece.” (Destacados de lo transcrito).-

 

        Del fallo antes transcrito de esta Sala se desprende, que el criterio fijado en cuanto a la reposición de la causa y el libramiento de edictos en los juicios de reconocimiento de unión estable de hecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 507 del Código Civil, era que se publicara el edicto en segunda instancia, antes de la sentencia definitiva que resuelva la apelación, para determinar así la posible y eventual comparecencia de algún interesado en solicitar la nulidad y reposición de todo lo actuado (Cfr. Fallos RC-55 del 8/2/2012, RC-476 del 1/8/2013; RC-170 del 17/4/2013, RC-476 del 1/8/2013; RC-547 del 24/9/2013; RC-558 del 25/9/2013; RC-552 del 11/8/2014 y RC-764 del 3/12/2014).

        Pero actualmente, el criterio fijado es el de reposición de la causa al estado de admisión, y que se ordene con dicha admisión el libramiento de los edictos. (Vid. Fallo N° RC-205, de fecha 22 de abril de 2015, expediente N° 2014-185).

        Ahora bien, la demanda fue presentada en fecha 11 de octubre de 2011, lo que determina que fue incoada estando en vigencia el criterio anterior de esta Sala, al fijado mediante su fallo N° RC-205, de fecha 22 de abril de 2015, expediente N° 2014-185.

        Lo antes expuesto determina que ciertamente le fueron violados a la demandante sus derechos constitucionales a una expectativa plausible y confianza legitima, derivando como consecuencia en la violación del debido proceso y derecho de defensa, con la infracción de los artículos 15 y 208 del Código de Procedimiento Civil, más no del artículo 209 eiusdem, denunciado por el formalizante, dado que la juez de alzada, repuso la causa aplicando un criterio que no existía para el momento en que se presentó la demanda, causando con su reposición un desequilibrio procesal, al no dar un trato igual ante la ley a las partes en litigio conforme a la jurisprudencia vigente para el momento en que se presentó la demanda, por lo cual, la presente denuncia es procedente, y se declara la nulidad de la sentencia de alzada recurrida con la consecuente reposición de la causa al estado de que el juez superior de reenvío dé cumplimiento al procedimiento establecido por esta Sala, conforme al criterio vinculante vigente para la fecha de la presentación de la demanda, vale decir el establecido en sus fallos Nos. RC-55 del 8/2/2012, RC-476 del 1/8/2013; RC-170 del 17/4/2013, RC-476 del 1/8/2013; RC-547 del 24/9/2013; RC-558 del 25/9/2013; RC-552 del 11/8/2014 y RC-764 del 3/12/2014, Así se decide.

Por cuanto se ha encontrado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.

 

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, actuando como tribunal superior de reenvío, en fecha 4 de mayo de 2015.

En consecuencia, SE ANULA la sentencia recurrida y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión en acatamiento a lo ordenado en este fallo.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No hay condenatoria en las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado superior antes mencionado, todo de conformidad con lo estatuido en los artículos 322 y 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los__________días del mes de__________de dos mil quince Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vi-

cepresidente-ponente,

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

Secretario,

 

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. AA20-C-2015-000429.-

Nota: Publicada en su fecha a las (    )

 

 

 

 

Secretario,

 

 

Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, expresa su disentimiento con respecto al fondo de la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de las Magistradas y el Magistrado integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara “…CON LUGAR el recurso extraordinario de casación múltiple, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, actuando como tribunal superior de reenvío, en fecha 4 de mayo de 2015…”, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Alto Tribunal. En consecuencia, salva su voto y fundamenta su desacuerdo en los siguientes términos:

 

En el caso planteado, la mayoría sentenciadora de la Sala sostiene que el juez de alzada no podía reponer la causa al estado que se libren los edictos indicados en el artículo 507 del Código Civil, toda vez que ello significaría la aplicación retroactiva del criterio de la Sala asentado en decisión N° 205 del 22 de abril de 2015, contraviniendo los principios de expectativa plausible y confianza legítima. Sobre esa base, se declara con lugar el recurso ejercido por el accionante.

 

Al respecto, respetuosamente disiento de la precitada solución jurídica, pues la omisión de publicar el edicto previsto en el último aparte del artículo 507 del Código Civil, en el momento de dictar el auto de admisión de la acción mero declarativa de concubinato para hacer saber a los terceros interesados la proposición de dicha acción y, a su vez, para llamar a hacerse parte en el juicio a todo el que tuviera interés en el mismo, no es una carga procesal subsanable, por constituir una formalidad esencial en el procedimiento relacionado con la garantía al debido proceso, siendo el asunto materia relacionada al estado y capacidad de las personas, lo cual es de orden público.

 

Estimo necesario hacer énfasis, en que la decisión N° 124, dictada en revisión por la Sala Constitucional el 3 de marzo de 2015, produjo su efecto procesal ex tunc a una demanda admitida el 7 de octubre de 2008, esto es tres (3) años antes a la que hoy es sometida a consideración de la Sala, en la cual por razones de orden público repuso la causa al estado que se mantuviera vigente la admisión de la demanda y se librara el edicto en cuestión.

 

En tal sentido, el precitado fallo dictado por la Sala Constitucional, dispuso:

“…se repone el juicio de reconocimiento de la unión concubinaria, intentado por el ciudadano Fernando Alberto Daza Varela contra la ciudadana Carmen Cristel Cusnir Paba, al estado que se ordene la publicación del edicto que prevé el último aparte del artículo 507 del Código Civil, acatando la doctrina de la Sala, manteniéndose la vigencia de la admisión de la demanda y el decreto de la medida de prohibición de enajenar y gravar del inmueble, dictada el 7 de octubre de 2008, por lo que, se ordena al Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, remitir el expediente contentivo de las actuaciones de dicho juicio, al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para que se cumpla lo ordenado y se continúe el juicio. Así se decide.

 

Sobre la base de lo anteriormente indicado, considero que la recurrida actuó ajustado a Derecho, al reponer la causa al estado que se de cumplimiento al libramiento del edicto a que se refiere el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo con la decisión N° 124, dictada por la Sala Constitucional, el 3 de marzo de 2015, supra transcrita.

 

            Dejo así expresado el fundamento del voto salvado con relación a la sentencia que en esta causa ha tomado la mayoría sentenciadora de la Sala. Fecha ut supra.

 

Presidente de la Sala-disidente,

 

 

 

_________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

Vicepresidente-ponente,

 

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

MARISELA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretario,

 

 

 

 

________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2015-000429.-

 

 

 

 

 

 

Secretario,

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