Sentencia N.º RC.000820
- Sentencia
- N.º RC.000820
- Fecha
- 11/12/2015
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 15-492
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2015-000492
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortiz Hernández
En el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción de compra-venta, incoado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación MK INGENIERÍA, C.A., representada judicialmente por las ciudadanas abogadas en libre ejercicio de su profesión María Elena y María Carolina Palacios, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación INVERSIONES RUJU, C.A., representada judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Fernando Lucas, Eduardo Balza, Hernando Díaz, Bernardo Weininger, Ramón Azpúrua, Arghemar Pérez, José Azpúrua, Enrique Story-Chapellín, Jennifer Dos Reis, Ramón Escovar Alvarado, Katherina Blanco, Ramón Escovar León y Andrés Carrasquero; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia definitiva en fecha 28 de mayo de 2015, en la cual declaró: 1) Con lugar el recurso de apelación ejercido por la demandada en contra de la decisión dictada por el a quo en fecha 14 de agosto de 2014, que declaró con lugar la demanda; y 2) Sin lugar la acción incoada. Hubo condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. De esa manera revocó el fallo apelado.
Contra la mencionada sentencia del juzgado de alzada, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
En fecha 11 de febrero de 2015 fue designada la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, y con motivo de ello, esta Sala de Casación Civil quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Magistrado Guillermo Blanco Vásquez, Vice-Presidente: Magistrado Luis Antonio Ortiz Hernández, Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, Magistrada Isbelia Pérez Velásquez y Magistrada Marisela Godoy Estaba.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO DE CASACIÓN
INFRACCIÓN DE LEY
-ÚNICA-
Por vía de fundamentación señala textualmente la formalizante lo siguiente:
CAPITULO Único
De la Casación prevista en el ordinal 2° del artículo 313 (313.2) del Código de Procedimiento Civil.
Sección Primera
De la Infracción de la Recurrida por falsa suposición
4.- Se denuncia infracción por parte de la Recurrida por adolecer, en el mismo orden, de los vicios previstos en el primer y tercer supuestos del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, a saber: ( ), en concordancia con los artículos 4 y 1.474 del Código Civil, infringidos por falta de aplicación, vicios mencionados por desviación intelectual o ideológica por parte del ad quem.
Omissis
Establecidos, como han quedado, doctrinal y jurisprudencialmente los principios rectores que gobiernan el instituto de la suposición falsa, pasemos al caso concreto.
9.- En efecto, la recurrida, después de analizar las Cláusulas Décima Sexta y Décima Séptima del contrato objeto del presente juicio, llega a la siguiente conclusión:
( ), considera quien decide, que el juzgador del primer grado yerra, al establecer que al haber recibido la sociedad mercantil INVERSIONES RUJU, C.A., la cantidad de cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000,oo) imputables al precio, (destacado nuestro), conforme a la cláusula décima séptima, se perfeccionó el contrato de compraventa; ello, por cuanto, de la lectura efectuada a la cláusula décima octava, se constata que dicha suma de dinero fue establecida como penalidad, en caso (de) que la actora no cumpliese su obligación de pago del resto del precio convenido, por concepto de daños y perjuicios; por lo que, podemos llegar a la conclusión que tal cantidad de dinero, según la intensión de las partes, fue dispuesta como arras y precio de la opción de compraventa, imputable al precio del contrato definitivo de compraventa, sólo en caso (de) que este llegase a perfeccionarse. Así se establece (p.24) (sic).
En este sentido, debemos tener en cuenta que el contrato de opción de compraventa, es un contrato preparatorio por medio del cual ambas partes se obligan a celebrar un contrato definitivo; y, sólo en determinados casos y con sus excepciones, es que puede llegar a considerarse como venta propiamente dicha; así pues, el contrato de opción de compraventa, en su concepción, se rige por las normas generales aplicables a los contratos, ex artículos 1.155 y siguientes del Código Civil; y el contrato de compraventa, se rige, aparte de dichas normas generales, por las normas específicas establecidas en los artículos 1.474 y siguientes eiusdem; situación que no se observa en el caso de marras. (p.24) (sic).
Como puede verse de los dos párrafos precedentemente transcritos, la Recurrida concluye que la cantidad de cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000,oo) que nuestra mandante entregó a la demandada, a cuenta del precio convenido de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,oo) por la venta del inmueble deslindado, lo fue, estas son sus palabras:
( ) dicha suma de dinero fue establecida como penalidad, ( ) por concepto de daños y perjuicios; por lo que, podemos llegar a la conclusión que tal cantidad de dinero, según la intención de las partes, fue dispuesta como arras y precio de la opción de compra venta, sólo en caso de que éste llegase a perfeccionarse. Así se establece. (Destacado nuestro). Además, de que el contrato de compra-venta es un contrato preliminar, previo al definitivo de compra-venta.
En primer lugar, la Recurrida supuso falsamente cuando afirma que la Cláusula Décima Séptima, referida, contenía una mención que no está en su texto, cual es que tal suma fue entregada en concepto de arras. En efecto, lo que se dice de dicha Cláusula es que tal cantidad constituía el primer pago de los Bs. 2.000.000,oo en que las partes convinieron en venta, y nunca como arras.
De allí, que cuando cambia dicho texto y le da a éste un sentido distinto al expresamente afirmado en aquélla, incurre en una falsa suposición, con lo cual estamos en presencia del primer supuesto del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo cual lleva al ad quem a sentenciar como lo hizo; además que dio por demostrado un hecho con pruebas cuya exactitud resulta de la ya dicha clausula Décima Séptima, con lo cual, también, estamos en presencia del tercer supuesto del mencionado artículo 320. Así lo demandamos.
Ambas calificaciones de la recurrida: a) que la cantidad mencionada lo fue dispuesta como arras y no como pago de parte del precio de la venta convenida; y, b) la de que el contrato en cuestión era un contrato preliminar, fueron determinante para el dispositivo del fallo. En efecto, tales apreciaciones llevaron a la mente del sentenciador la improcedencia de nuestra demanda. Por supuesto, que diferente hubiese sido tal dispositivo, si el ad quem hubiese ajustado su decisión a la jurisprudencia que al respecto estableció esta ilustre Sala en su sentencia N° 116 del 22/03/2013 (sic).
La calificación del contrato preliminar, la establece en los siguientes términos:
En este sentido, debemos tener en cuenta que el contrato de opción de compra venta, es un contrato preparatorio por medio del cual ambas partes se obligan a celebrar un contrato definitivo; ( ). (Destacado nuestro).
10.- Sin duda, que el Juez de la Recurrida, a pesar de sentenciar el día 28 de mayo del 2015, echó a un lado, o ignoró, la Sentencia N° 116 del 22/03/2013 de esta ilustre Sala (Expediente N° 2012-000274), en la cual ésta, retomando el criterio de la Sentencia N° 116 del 12/05/2005, estableció que los de opción de compra-venta son verdaderos contratos de compra-venta y por lo tanto deben equipararse a la venta pura y simple, tomando en consideración que se produzca el cruce de consentimientos en los contratantes y siempre y cuando se encuentren presentes, claramente en dicho contrato de opción de compra venta los requisitos objeto y precio, (destacado nuestro), tal es el caso debatido. Estos tres requisitos: consentimiento, objeto y precio, se cumple a plenitud en el presente caso. En efecto, en la Cláusula Primera del contrato objeto del presente litigio, la Arrendadora-Propietaria manifiesta, de manera indubitable, su voluntad de vender el inmueble deslindado y la arrendataria, la de comprar, se precisa, también, cuál es el inmueble comprometido en venta: sus características, su cabida, su ubicación y linderos, y se cita el documento de propiedad sobre el mismo. En la Cláusula Décima Sexta, la arrendadora-propietaria, otorga a nuestra mandante la referida opción de compra-venta. Este es su encabezamiento: EL ARRENDADOR concede al ARRENDATARIO, quien acepta, un derecho de opción de compra venta sobre el inmueble descrito en la cláusula Primera.
En la siguiente, Décima Séptima, se determinó el precio del inmueble referido y la forma de su pago. Estos son sus términos: ( ).
Como se ve, pues, en el caso bajo estudio, se cumplen los tres requisitos o extremos exigidos en la sentencia citada, supra, a saber: consentimiento, objeto y precio.
De allí, pues, que la apreciación del Juez de la recurrida de que el contrato que nos ocupa, por lo que respecta a la opción de compra-venta, era un contrato preparatorio, contraría la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, establecida en la sentencia N° 116 del 22/03/201 (sic), en el sentido de que éstos son verdaderos contratos de venta pura y simple, que en la más reciente jurisprudencia de la Sala, consagrada en Sentencia de fecha 18 de junio de 2015, los consideró como venta a plazo.
Al no haber declarado la Recurrida como no lo hizo- que, en el caso bajo estudio, el contrato de opción de compra-venta era una venta pura y simple, como lo tiene establecido la jurisprudencia de esta Ilustre Sala, infringió por vía de consecuencia, el artículo 1.474 del Código Civil, por falta de aplicación. Así lo demandamos.
11.- Por lo demás, es bueno señalar que la recurrida se fundamentó, en primer término, en la sentencia N° 460 del 27/10/2010 ( ), en la cual se trascribe parcialmente la del 09 de julio del 2009, ( ). En ambas Sentencias, la Sala de Casación Civil estableció que : ( ).
Obsérvese que ambas Sentencias son, la primera, del día 27/10/10 y la segunda del 09/07/2009; esto es, que fueron anteriores a la N° 116 del 22/03/2013 ( ), que retomó el criterio sustentado por esta ilustre Sala en la N° 116 del 12 de abril del 2005 ( ).
...Omissis
Por lo demás, la afirmación de la Recurrida de que los CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,oo) que MK INGENIERIA, C.A. entregó a la arrendadora-propietaria para pagar parte del precio convenido por la venta del inmueble arrendado, como de manera precisa lo dice la Cláusula Décima Sexta del contrato en cuestión: ( ) fue dispuesta como arras y precio de la opción de compra-venta , (pp24) (sic), contraría y con ello, infringió el mandato del artículo 4 del Código Civil, que ordena: A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según su conexión entre ellas y entre sí y la intensión del legislador ( ), por falta de aplicación. Así lo demandamos.
Sección Segunda
De la infracción del artículo 1.474 del Código Civil, por falta de aplicación
12.- Se denuncia la infracción por parte de la Recurrida del artículo 1.474 del Código Civil, por falta de aplicación.
Como se señaló en la Sección Primera, anterior, el ad quem fundamentó su decisión en una jurisprudencia abandonada, contenida en sendas sentencias, distinguidas, una, así: 2010-0031 y la otra, del 09/07/2009. En ambas, (p25) (sic), esta Sala había afirmado:
Los contratos de promesa bilateral son contratos preparatorios o preliminares, en el sentido de que sólo producen el efecto de obligar a las partes a celebrar entre sí un futuro contrato.
Como dijimos en la Sección anterior, tal jurisprudencia fue abandonada por esta ilustre Sala de Casación Civil mediante Sentencia N° 116 del 22/03/2013 (Expediente N° 2012-00274), que retomó el criterio establecido en la sentencia N° 116 del 12/04/2005. En esta sentencia del 2005, la Sala estableció:
Omissis
Esa ilustre Sala, al precisar las razones que la llevaron al (sic) retomar el criterio abandonado, establecido en su sentencia, citada supra, señaló:
Omissis
En el caso sub judice se da igual e idéntica situación que la referida en la Sentencia precedentemente citada. En efecto, en la Cláusula Primera del contrato cuyo cumplimiento hemos demandado, se identifica plenamente el inmueble arrendado y objeto de la opción de compra venta, bajo litigio. En la Cláusula Décima Sexta, las partes convienen en la opción de compra venta en cuestión y en la Décima Séptima se estableció el precio del inmueble opcionado y se determinó la forma del precio convenido, a saber: Bs. 400.000,oo, que la arrendataria-compradora entregó a la arrendadora-propietaria, a cuenta del precio estipulado, en el mismo acto de suscribirse el contrato de arrendamiento; y, el remanente, de bolívares 1.600.000,oo, que sería cancelado en la oportunidad de firmarse por ante el Registro Público respectivo, correspondiente documento de compra venta.
Del estudio de las Cláusulas citadas es fácil concluir, primero, la identificación plena del inmueble objeto de la venta; del consentimiento de las partes para concluir el negocio jurídico convenido; y, por último, el precio de aquel y la forma en que se cancelaría dicho precio.
De allí, pues, que cuando la recurrida obvió aplicar el artículo 1.474 del Código Civil y ordenar a la demandada a cumplir con la venta convenida, infringió dicho dispositivo por falta de aplicación. Así lo demandamos (Mayúsculas y negrillas del texto).
La Sala para decidir, observa:
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, el formalizante denunció que el juez de alzada incurrió en el primer y tercer caso de suposición falsa y en consecuencia de ello, en la falta de aplicación de los artículos 4 y 1.474 del Código Civil.
Señaló la formalizante, que el ad quem en el análisis de las cláusulas décima sexta y décima séptima del contrato de arrendamiento con opción de compra-venta de inmueble suscrito entre las partes, supuso falsamente al señalar que en la cláusula décima séptima las partes establecieron que la suma de cuatrocientos mil bolívares (Bs.400.000,00) fue entregada por la demandante por concepto de arras, no obstante, afirma la formalizante que dicha cláusula establece que esa cantidad de dinero constituía el primer pago del precio que las partes convinieron en la venta del inmueble, y nunca fue estipulado por las partes que tal cantidad de dinero fuese instaurada como arras, y por ello, el ad quem incurrió en el primer caso de suposición falsa por haberle dado un sentido distinto a lo expresamente acordado por los contratantes, incurriendo en la denominada desviación intelectual o ideológica.
Sostuvo además, que el ad quem al sentenciar de esa manera dio por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de dicha cláusula décima séptima del contrato, con lo cual incurrió en el tercer caso de suposición falsa.
Señaló también, que el ad quem infringió por vía de consecuencia en la falta de aplicación de los artículos 4 y 1.474 del Código Civil, por haberse fundamentado en una jurisprudencia abandonada por esta Sala, y no haber declarado en su fallo que el contrato de opción de compra-venta celebrado por las partes es un verdadero contrato de venta pura y simple, el cual cumple con los requisitos de consentimiento, objeto y precio, de acuerdo con el criterio jurisprudencial de esta Sala para el momento de incoarse la demanda en fecha 8 de octubre de 2013.
Finalmente, la formalizante argumentó que lo establecido por el ad quem fue determinante en el dispositivo del fallo, pues, el juez de la alzada en el análisis que efectuó sobre las referidas cláusulas contractuales estableció además que el contrato de opción de compra venta suscrito entre las partes era un contrato preliminar, y por ello, declaró la improcedencia de la demanda incoada, sin haberse ajustado a la jurisprudencia que al respecto estableció esta ilustre Sala en su sentencia N° 116 del 22/03/2013 (sic) .
Ahora bien, respecto a la desnaturalización del contrato por parte del juez, esta Sala en sentencia N° RC-515, de fecha 22 de septiembre de 2009, expediente N° 2008-613, caso de Inversiones Alvamart, C.A. contra Edoval C.A, estableció lo siguiente:
Respecto a la desnaturalización de los contratos, entendida esta como un vicio enmarcado dentro del primer caso de falso supuesto, esta Sala en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, caso: Miriam del Carmen Moreno y otros contra Asociación Civil Ávila , señaló:
...En sentencia de fecha 11 de marzo de 1992, expresó la Sala:
La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.
Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada.
El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato.
En aplicación de la doctrina transcrita, la Sala establece que la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, sólo puede ser atacada mediante el primer caso de suposición falsa... (caso: Carlos Rodríguez Palomo, c/ Inversiones Visil C.A.). (Subrayado de la Sala).
Conforme a la anterior jurisprudencia, la desnaturalización de la voluntad contractual está constituida por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que si la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto del contrato ocurre la desnaturalización del contrato (Negrillas y subrayado del fallo).
De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, si el establecimiento de los hechos realizado por el juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, se está en la esfera de la interpretación; y en caso contrario, si la conclusión a la que arribó el juez no es compatible con el texto de lo pactado por los contratantes, entonces, se incurrió en la desnaturalización del contrato.
De igual manera, la Sala ha establecido que la adecuada fundamentación de la denuncia de desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, comprende: a) indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición falsa; b) especificación del caso de suposición falsa a que se refiere la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, d) indicación y denuncia del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa; e) la exposición de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante de lo dispositivo de la sentencia, y f) expresión de las normas que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. (Fallo N° 336, de fecha 23 de julio de 2003, reiterada, entre otras, en sentencia N° 575, de fecha 1° de agosto de 2006, y decisión N° 389, de fecha 31 de mayo de 2012).
Por tanto, la jurisprudencia diuturna y pacífica de la Sala ha dejado establecido que es de la soberanía de los jueces de instancia la interpretación de los contratos, salvo que incurran en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, situación ésta que debe denunciarse a través del primer caso de suposición falsa con fundamento en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil. (Vid sentencia N° RC-543, de fecha 11 de agosto de 2014, expediente N° 14-183).
Por otro lado, respecto al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, el mismo se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto, y sobre este particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros, expediente N° 2011-299).
Ahora bien, los artículos 4 y 1.474 del Código Civil denunciados por la formalizante como no aplicados, señalan expresamente lo siguiente:
Artículo 4.- A la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.
Artículo 1 474.- La venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio.
Ahora bien, la Sala considera necesario transcribir las cláusulas primera, décima sexta, décima séptima y décima octava del contrato de arrendamiento con opción de compra venta del inmueble objeto de litigio, que riela a los folios 23 al 28 de la primera pieza del expediente, a fin de verificar lo delatado por la recurrente en casación, a decir:
PRIMERA: EL ARRENDADOR da y EL ARRENDATARIO recibe en arrendamiento, un inmueble constituido por un galpón con oficinas identificado como Galpón N° 2, demás construcciones, pertenencias y accesorios, que le corresponden de conformidad con el Documento de Condominio, debidamente protocolizado por ante el registro Público del Municipio Plaza Estado Miranda, en fecha 21 de marzo de 2012, bajo el N° 38, folio 251, Tomo 7, Protocolo de Transcripción del año 2012, el cual forma parte integrante del inmueble denominado: PARQUE INDUSTRIAL EL RECREO 1; se encuentra ubicado en la Urbanización El Recreo, adyacente a la población de Guarenas, Municipio Plaza del Estado Miranda, posee una superficie aproximada de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (798,00 M2) en planta principal, más un área de primera planta de NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (96 M2), para un total de construcción de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (894 m2) aproximadamente, y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos : ( ). Le corresponde a este Galpón seis (6) puestos de estacionamiento identificados con ( ).
DÉCIMA SEXTA: El ARRENDADOR concede al ARRENDATARIO, quien acepta, un derecho de opción de compra sobre el inmueble descrito en la cláusula I. El derecho de opción se concede por un período de tiempo de DOCE (12) MESES a partir de la fecha del presente contrato. EL ARRENDADOR se compromete a no gravar, ceder ni disponer de forma alguna del inmueble sin el consentimiento expreso del ARRENDATARIO durante la vigencia de esta opción.
DÉCIMA SÉPTIMA: El precio de venta del citado inmueble es por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES CON 00/100 CTS (sic). (Bs. 2.000.000,00) los cuales serán cancelados por EL COMPRADOR de la siguiente manera: 1) La cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00) que entrega EL COMPRADOR a EL PROPIETARIO en este acto en moneda de curso legal y a su entera satisfacción mediante un cheque del Banco Venezolano de Crédito de la cuenta número ( ), número de cheque ( ) a nombre de INVERSIONES RUJU, C.A. 2) y el restante o sea la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.600.000,00) lo entregará EL COMPRADOR a EL PROPIETARIO con la Protocolización del Documento definitivo de Compra-Venta por ante la Oficina Subalterna de Registro respectiva, libre de gravámenes, censos e hipotecas y sin deudas por concepto de impuestos nacionales, estadales o municipales o por cualquier otro concepto. EL PROPIETARIO pondrá a disposición del COMPRADOR, todos los documentos que acrediten la solvencia del inmueble y presentará las que sean requeridas para la protocolización del documento definitivo de compra-venta.
DÉCIMA OCTAVA: En caso de que transcurra la totalidad del tiempo establecido sin que EL COMPRADOR haya cumplido con el resto del pago EL COMPRADOR perderá la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00) por concepto de daños y perjuicios a EL PROPIETARIO en beneficio de estos . (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto).
Conforme a las cláusulas antes transcritas, se verifica que las partes contratantes acordaron expresamente mediante mutuo consentimiento celebrar un contrato de arrendamiento con opción de compra-venta de inmueble, de igual manera señalaron que el inmueble dado en arrendamiento y objeto de la opción de compra-venta se encuentra identificado o descrito en la cláusula I del contrato cuyo cumplimiento se demanda y, posteriormente los contratantes fijaron el precio respectivo del inmueble opcionado y la respectiva forma de pago.
Del mismo modo, la Sala considera necesario transcribir la parte pertinente del fallo recurrido, el cual señaló lo siguiente:
Por otra parte, considera quien decide, que el juzgador de primer grado yerra, al establecer que al haber recibido la sociedad mercantil INVERIONES (sic) RUJU, C.A., la cantidad de cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000,oo), imputables al precio, conforme a la cláusula décima séptima, se perfeccionó el contrato de compraventa; ello, por cuanto, de la lectura efectuada a la cláusula décima octava, se constata que dicha suma de dinero fue establecida como penalidad, en caso que la actora no cumpliese su obligación de pago del resto del precio convenido, por concepto de daños y perjuicios; por lo que, podemos llegar a la conclusión que tal cantidad de dinero, según la intención de las partes, fue dispuesta como arras y precio de la opción de compraventa, imputable al precio del contrato definitivo de compraventa, sólo en caso que éste llegase a perfeccionarse. Así se establece.
En este sentido, debemos tener en cuenta que el contrato de opción de compraventa, es un contrato preparatorio por medio del cual ambas partes se obligan a celebrar un contrato definitivo; y, sólo en determinados casos y con sus excepciones, es que puede llegar a considerarse como venta propiamente dicha; así pues, el contrato de opción de compraventa, en su concepción, se rige por las normas generales aplicables a los contratos, ex artículos 1.155 y siguientes del Código Civil; y el contrato de compraventa, se rige, aparte de dichas normas generales, por las normas específicas establecidas en los artículos 1.474 y siguientes eiusdem; situación que no se observa en el caso de marras. Ahora bien, estamos en presencia de una documental, que ilustra dos obligaciones, con fechas de inicio del cumplimiento distintas la una de la otra, períodos de duración distintos el uno con el otro y fechas de terminación distintas la una de la otra; por lo que, deben ser consideradas obligaciones distintas entre sí. Así expresamente se establece.
La doctrina imperante sobre la concepción del contrato preparatorio de compraventa y sus efectos jurídicos, la podemos encontrar en el precedente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diez, expediente No. 2010-000131, el cual se contrae en lo siguiente:
Omissis
Ahora bien, conforme lo dispuesto en los 1.159, 1.160 del Código Civil, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, no pudiendo revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por ley; amén, que deben ejecutarse de buena fe, estando obligadas las partes a cumplir no solamente lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos, según la equidad, el uso o la Ley; y, en cuanto a su interpretación, conforme lo establecido en el segundo aparte del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, la interpretación de estos, cuando presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces deben atenerse al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe; por lo que como anteriormente se expresó, teniendo el contrato cuya ejecución se demanda, dos obligaciones, con fechas de inicio, períodos de duración y fechas de terminación distintas, considera quien decide que la verdadera intención de las partes, era tener una obligación desligada de la otra, aún cuando versara entre ellas mismas y por el mismo bien. Así formalmente se decide.
En razón de ello, se declara con lugar la apelación interpuesta por el abogado EDUARDO BALZA EZAGÜI, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la decisión dictada el 14 de agosto de 2014, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en razón de ello, se debe declarar Sin lugar la demanda de cumplimiento de contrato de arrendamiento con opción de compraventa, incoada por la sociedad mercantil MK INGENIERÍA, C.A., en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES RUJU, C.A.; quedando así revocada la decisión apelada. Así formalmente se decide.
El ad quem en el fallo antes transcrito, señaló que en la cláusula décima octava del contrato de arrendamiento con opción de compra-venta de inmueble, las partes acordaron que la cantidad de dinero entregada previamente por la demandante fue dispuesta en forma de arras como penalidad por concepto de indemnización de daños y perjuicios solo cuando la opción de compra-venta no llegase a perfeccionarse por causa imputable al comprador; y, dicha cantidad de dinero sería aplicable al precio del contrato definitivo de compra-venta, si éste llegase a perfeccionarse.
Como puede observarse, el ad quem en esta parte de la denuncia interpretó correctamente la cláusula décima octava del referido contrato, en la cual la voluntad contractual de las partes se dirigió a acordar que la referida cantidad de dinero entregada por la demandante fuese establecida como penalidad por concepto de indemnización de daños y perjuicios solo si la opción de compra-venta no llegase a perfeccionarse por causa imputable al comprador.
No obstante a lo antes señalado, el ad quem sí incurrió en la suposición falsa delatada al incurrir en desviación intelectual o desnaturalización del contrato de opción de compra venta, al señalar que La doctrina imperante sobre la concepción del contrato preparatorio de compraventa y sus efectos jurídicos, la podemos encontrar en el precedente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha veintisiete (27) días del mes de octubre de dos mil diez, expediente No. 2010-000131, el cual se contrae en lo siguiente ( ) .
En atención a lo anterior, es preciso señalar que el presente juicio fue incoado en fecha 8 de octubre de 2013 y admitida por el a quo en fecha 16 de octubre del mismo año, y tal como lo señala la recurrente en casación, y la doctrina imperante de esta Sala de Casación Civil respecto a que los contrato de opción de compra-venta son considerados como verdaderos contratos de venta, se basa en la sentencia N° 116 de fecha 22 de marzo de 2013, caso de Diego Argüello Lastres contra María Isabel Gómez Del Rio, expediente N° 12-274, que dejó establecido lo siguiente:
Por su parte el artículo 1.474 del Código Civil denunciado, establece lo que debe entenderse por venta, vale decir, lo que caracteriza al señalado contrato; la recurrente alega que el juzgado superior le negó aplicación al mismo por cuanto determinó que el contrato que DERNIER COSMETICS, C.A., había celebrado con el demandante ciudadano Diego Arguello, que el contrato de opción de compra venta (al igual que los contratos preliminares) no equivale a compra-venta, a pesar de contener las bases necesarias para su consumación (objeto, precio, etc.), ni concede, al menos salvo pacto en contrario, la posesión sobre la cosa vendida al eventual comprador, más bien lo que crea es la posibilidad para el optante (eventual comprador) de aceptar o no la opción y para el promitente (eventual vendedor) la indisponibilidad del derecho objeto del contrato (derecho de propiedad sobre el bien) durante un tiempo en él determinado ).
Sobre el punto de si el contrato de opción de compra-venta puede estimarse una venta, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, efectivamente, si están presentes los elementos de consentimiento, objeto y precio debe considerarse una verdadera venta, así se colige de sentencia N° 116 del 12/4/05, expediente N°04-109 en el juicio de Ana Morela Serrano Iriarte y otro contra Trina Cecilia Ruiz Velutini, donde se estableció:
De la trascripción antes realizada, la Sala observa que el juez de alzada consideró que las partes al suscribir el contrato de opción de compra venta, realizaron una verdadera venta, al darse los dos elementos esenciales objeto y precio del cual se dio un anticipo, y la tradición había quedado diferida para el pago del saldo del precio, al momento de obtenerse el crédito por los accionantes, y el cumplimiento por la demandada vendedora de la transferencia de la propiedad del inmueble en forma registral.
Asimismo, observa la Sala, que el juez superior, contrariamente a lo denunciado, realizó una acertada interpretación del artículo 1.167 del Código Civil, pues en la misma el juzgador señaló la existencia de un contrato de opción de compra-venta y un documento privado celebrado entre las partes, en el cual quien lo incumplió fue la demandada, estando perfectamente facultados los actores para solicitar el cumplimiento del contrato, situación fáctica que forma parte del supuesto de hecho de la referida norma, que es precisamente lo planteado en el juicio .
El criterio reseñado fue abandonado en sentencias recientes en las que se estableció lo contrario, vale decir, que no deben considerarse los contratos de opción de compra venta una verdadera venta, sino contratos preparatorios aun cuando llenen los requisitos de consentimiento, objeto y precio, así se plasmó en las decisiones N°. 358 de fecha 9/7/09, caso Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A, N°. 460 del 27/10/10, caso Tomar contra sucesión Capuzzi y N°. 198 del 12/5/11, caso Luís Francisco Rodríguez contra Rosalba Peña.
Ahora bien, luego de realizar un estudio profundo y documentado sobre el asunto, esta Máxima Jurisdicción Civil, estimó pertinente retomar el criterio inveterado que se había abandonado y, por vía de consecuencia establecer que el mismo debe equipararse a la venta pura y simple, tomando en consideración que se produzca el cruce de consentimientos en los contratantes y siempre y cuando se encuentren presentes, claramente, en dicho contrato de opción de compra venta los requisitos del objeto y precio.
Advierte la Sala que el sub iudice, se encuentra efectivamente en la situación tal y como la establecía la jurisprudencia que se retoma y que, se repite, consideró que cuando en un contrato de opción de compra-venta se encontraran presentes los elementos de consentimiento, precio y objeto, ello equivaldría a un contrato de venta, razón por la que debe valorarse el contrato de opción de compra venta en análisis, como una verdadera venta.
Considera la Sala, que en el caso bajo estudio debió ser aplicado desde el inicio el criterio pacífico y reiterado, que consideraba la promesa bilateral de venta como venta, pues la presente demanda fue presentada el 4 de agosto de 2006, y admitida el 5 de octubre de 2006, folio 22 de la primera pieza del expediente. Quiere esto decir, que cuando el accionante demandó, estaba vigente el citado criterio de la Sala de Casación Civil. De esta forma, no podía aplicársele al caso bajo estudio el cambio jurisprudencial establecido en sentencia N°. 358 de fecha 9/7/09, caso Ada Preste contra Desarrollos 20699, C:A., pues no puede exigírsele al demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio futuro, que todavía no había sido establecido. Más bien la demanda fue cónsona con la doctrina vigente para ese momento. Por tal motivo, considera la Sala que al abandonarse el criterio del 9 de julio de 2009 para este caso concreto, no lesiona los intereses de los sujetos procesales ni la expectativa plausible, pues siempre sería aplicable al caso bajo estudio, la interpretación doctrinaria de la Sala anterior y que ahora se retoma.
Con base a los razonamientos expuestos y a la jurisprudencia señalada, es concluyente afirmar que en el caso bajo decisión, el ad quem negó esa posibilidad, expresando que el controvertido era sólo un contrato preparatorio de opción de compra-venta, razón por la que infringió el artículo 1.474 del Código Civil por falta de aplicación, por lo que se declara procedente esta parte de la denuncia. Así se decide (Negrillas y subrayado de la Sala.
De acuerdo con lo señalado en la jurisprudencia antes transcrita, la Sala retomó su antiguo criterio y estableció nuevamente que los contratos de opción de compra-venta se deben equiparar a la venta pura y simple, cuando se cumpla el consentimiento o voluntad de los contratantes y se encuentren presentes de manera clara los requisitos del objeto y precio.
En sintonía con lo anterior, la Sala en caso análogo al de estudio, se pronunció en sentencia N° RC-818, de fecha 8 de diciembre de 2014, caso de Elda Guevara contra Cira Hernández y otros, expediente N° 2014-459, de la siguiente manera:
Ahora bien, con respecto a la naturaleza jurídica del contrato de compra venta y de si el contrato de opción de compra venta puede considerarse un contrato de compra venta, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido el criterio según el cual, si están presentes en el contrato los elementos de consentimiento, objeto y precio, debe entenderse como una verdadera venta. El referido criterio se encuentra plasmado en sentencia N° 116, de fecha 12 de abril de 2005, caso: Ana Morella Serrano Iriarte y otro, contra Trina Cecilia Ruiz Velutini, donde se estableció lo siguiente:
Omissis
El criterio antes reseñado fue abandonado en las sentencias N° 358 de fecha 9 de julio de 2009, caso: Ada Preste de Suárez y otro contra Desarrollos 20699, C.A.; y en la N° 460 de fecha 27 de octubre de 2010, caso: Tomcar, C.A. Almacén contra Sucesión Amleto Antonio Capuzzi Di Prinzio, que establecían lo contrario y señalaban que los contratos de opción de compra venta no debían considerarse una verdadera venta sino como contratos preparatorios, pese a llenar los requisitos de consentimiento, objeto y precio.
Sin embargo, mediante sentencia N° 116 de fecha 22 de marzo de 2013, caso: Diego Argüello Lastres contra María Isabel Gómez Del Río, en el que intervino como tercera Dernier Cosmetics, S.A., esta Sala estimó pertinente retomar el criterio que se había abandonado, para establecer que la opción de compra venta debe equipararse a la venta pura y simple, siempre que se produzcan el consentimiento de ambos contratantes y siempre que estén presentes el precio y objeto del contrato.
Dicho criterio quedó plasmado de la siguiente manera:
Omissis
Acorde con los planteamientos antes expuestos, esta Sala advierte en el contrato del caso concreto la existencia de los elementos previstos y señalados en el artículo 1.141 del Código Civil, referidos al consentimiento, objeto y precio.
Por tal motivo esta Sala considera que el sub iudice se encuentra efectivamente en la misma situación planteada y establecida en la jurisprudencia que se retomó y que consideraba que cuando en un contrato de opción de compra-venta se encontraran presentes los elementos de consentimiento, precio y objeto, ello equivaldría a un contrato de venta, razón por la que debe valorarse el contrato de opción de compra venta en análisis, como una verdadera venta.
Al respecto, estima la Sala que en el juicio bajo estudio debió ser aplicado desde el inicio el criterio pacífico y reiterado que consideraba la opción de compra venta como una verdadera venta, visto que para la fecha de interposición de la demanda, es decir, para el día 8 de marzo de 2007, el criterio jurisprudencial vigente era el plasmado en sentencia N° 116, de fecha 12 de abril de 2005, pues no puede exigírsele al demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio futuro, que todavía no había sido establecido. Más bien la demanda fue cónsona con la doctrina vigente para ese momento.
Acorde con los razonamientos expuestos y a la jurisprudencia señalada, es concluyente afirmar que en el caso bajo decisión, la alzada interpretó erradamente la naturaleza jurídica del contrato objeto de este juicio, expresando que se trataba sólo de un contrato preparatorio de opción de compra-venta, razón por la que incurrió en el primer caso de suposición falsa y violó por falta de aplicación el artículo 1.474 del Código Civil .(Negrillas y subrayado de la Sala).
Así las cosas, esta Sala considera que en el presente asunto acaeció la misma situación establecida en la jurisprudencia retomada, en la cual, si en un contrato de opción de compra-venta se encuentran los requisitos de consentimiento, objeto y precio, entonces se está en presencia de un verdadero contrato de venta, y de esa manera debe valorarse.
Lo anterior establecido, le permite a la Sala evidenciar que la demanda incoada fue acorde con la doctrina vigente para ese momento, y en consecuencia de ello, el ad quem debió aplicar el criterio que considera la opción de compra venta como una verdadera venta, pues, para la fecha en que se inició el juicio -8 de octubre de 2013- el criterio jurisprudencial de esta Sala de Casación Civil es el formulado en la antes transcrita sentencia N° 116, de fecha 12 de abril de 2005, pues, es insostenible exigirle a la parte demandante que adecúe su pretensión procesal a un criterio ulterior aún no establecido.
Por lo tanto, a la luz de los postulados y las jurisprudencias antes señaladas, es concluyente para la Sala afirmar, que el juez de la alzada interpretó erradamente la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento con opción de compra-venta de un inmueble pactado entre las partes, al sostener equivocadamente que se trataba sólo de un contrato preparatorio de opción de compra-venta, incurriendo en el error de no establecer en su fallo que el referido contrato de opción de compra-venta es un verdadero contrato de venta, razón por la cual, la Sala determina que el ad quem incurrió en el primer caso de suposición falsa y violó por falta de aplicación el artículo 1.474 del Código Civil. Así se decide.
Por otra parte, la Sala considera necesario darle respuesta a la parte demandada que en su escrito de impugnación a la formalización presentada por la recurrente en casación, donde expuso lo siguiente:
OBSERVACIÓN PRELIMINAR
La formalización apoya sus denuncias en la sentencia de esa honorable Sala de Casación Civil, N° 116 de fecha 22 de marzo de 2013 que equiparó los contratos de opción de compra con la venta definitiva.
Sin embargo, la Sala Constitucional en su sentencia N° 878 de 20 de julio de 2015 fecha (sic) señaló que el contrato de opción de compra y la venta son distintos, Así lo proclamó dicha sentencia:
Omissis
Se observa del texto copiado que la sentencia de la Sala Constitucional N° 878 del 20.07.2015 (sic) estableció un criterio vinculante del cual no es posible separarse. Además, esta decisión aclara la confusión de la parte recurrente de creer que una opción de compra debe equipararse a venta. Además, en el caso que nos ocupa hay suficientes razones adicionales para desestimar la formalización, como lo pasamos hacer siguiendo la argumentación utilizada por la parte recurrente . (Mayúsculas del texto).
Así las cosas, resulta pertinente citar sentencia de esta Sala N° RC-181 de fecha 3 de mayo de 2011, caso: Miguel De Biase Masi contra Pasquale Borneo y otra, expediente N° 2010-617, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, en la cual se dispuso lo siguiente:
De la anterior transcripción se desprende que la Sala Constitucional de este máximo tribunal, considera que no existe litis consorcio pasivo necesario en los juicios de nulidad de acta de asamblea y que no se hace necesario que se demanden a todos los accionistas así como a la empresa, puesto que al dar la demandada contestación a la demanda, ésta queda a derecho ...lo cual implica que todos los accionistas (...) se encontraban a derecho por solidaridad, ya que, como se ha establecido en otros fallos, los accionistas constituyen una unidad tanto económica como de dirección de dichas sociedades mercantiles....
Ahora bien, la demanda en este caso se presentó en fecha 22 de noviembre de 2002, fue admitida en fecha 15 de enero de 2003, fue contestada en fecha 13 de agosto de 2003, fue decidida en primera instancia en fecha 25 de junio de 2008, y fue sentenciada por el juez superior en fecha 12 de mayo de 2010, lo cual determina que se presentó, admitió, trabó la litis y fue decidida en sus dos instancias bajo el imperio de la doctrina de esta Sala de Casación Civil, antes reseñada, que fue revisada por la Sala Constitucional en fecha 24 de mayo de 2010, criterio que claramente es posterior y por ende no existía para el momento en que el juez de alzada dictó su decisión en fecha 12 de mayo de 2010, por lo cual era imposible que lo aplicara, al no tener conocimiento de su existencia.
Admitir lo contrario, sería contrariar los principios de expectativa plausible y confianza legítima, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenida en su fallo N° 521 de fecha 3 de junio de 2010, exp. N° 2010-135, en la revisión constitucional incoada por Heberto José Ferrer Castellano contra la decisión dictada el 11 de mayo de 2009, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que remite a la doctrina sentada por la Sala Constitucional en fecha 1° de junio de 2001, mediante decisión N° 956, caso: Frank Valero González, entre otros, doctrina esta que resulta aplicable al caso de autos, pues al haberse presentado la demanda en fecha 22 de noviembre de 2002; no es posible que se le otorgue ...eficacia retroactiva del nuevo criterio jurisprudencial a una situación originada bajo la vigencia de la doctrina imperante para el momento en que se demandó y trabó la litis..., dado que de ser así se violarían ...normas y principios jurídicos fundamentales como el de igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica que debe brindar la actividad jurisdiccional a través de la estabilidad de sus precedentes....
En razón de lo anterior, esta Sala declara que en el caso de autos, la reposición solicitada es improcedente, pues se dictó el fallo recurrido bajo el imperio de la doctrina vigente para el momento en que se trabó la litis, y se decidió antes de que existiera el nuevo criterio establecido por la Sala Constitucional. (Destacado de lo transcrito).
En aplicación de la jurisprudencia antes transcrita, la Sala considera que la solución dada por el juez de alzada en el presente asunto fue incorrecta e ilegal, al no aplicar el criterio vigente para la fecha en que se presentó la demanda, dado que no es posible que se le otorgue eficacia retroactiva a un nuevo criterio jurisprudencial a una situación originada bajo la vigencia de la doctrina imperante para el momento en que se demandó y trabó la litis.
En este sentido también se observa, que no se le puede dar aplicación de forma retroactiva al nuevo criterio jurisprudencial, porque de hacerlo se estarían violando los principios constitucionales de derecho a la defensa, igualdad ante la ley, confianza legítima, seguridad jurídica, expectativa plausible y tutela judicial efectiva, de acuerdo con lo estatuido en los artículos 2, 21, 26, 49 cardinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por lo cual, y en consideración a todo lo antes expuesto, esta Sala concluye en declarar la procedencia de la presente delación por infracción de ley formulada por la recurrente en casación, y por ende declara con lugar la denuncia de suposición falsa por desviación ideológica o intelectual en la interpretación del contrato, y la falta de aplicación del artículo 1.474 del Código Civil. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 28 de mayo de 2015.
En consecuencia, SE ANULA la sentencia recurrida y se ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión en reenvío en estricto acatamiento a lo ordenado en este fallo.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase este expediente al juzgado superior antes mencionado, todo de conformidad con lo estatuido en los artículos 322 y 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
Presidente de la Sala,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente-ponente,
____________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
__________________
YRIS PEÑA ESPINOZA
Magistrada,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrada,
_____________________
MARISELA GODOY ESTABA
Secretario,
_______________________
CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. AA20-C-2015-000492.-
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretario,
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