Venley

Sentencia N.º RC.000821

Sentencia
N.º RC.000821
Fecha
08/12/2014
Sala
Casación Civil
Expediente
14-546
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C- 2014-000546

 

Ponencia de la Magistrada  ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.    

                  

                   En el juicio por resolución de contrato de arrendamiento incoado por la ciudadana STEFANIA BARBIER PINCA, representada judicialmente por los abogados Enrique Luque De Lázaro, Nuri López Maza, Mercedes Luque Sandoval, Claudia Ilarraza y Onelia Freites, contra el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRAITA, representado judicialmente por los abogados Carlos Gustavo Ferrer Olivares y Carlos Luis Petit Guerra; el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 4 de julio de 2014, mediante la cual declaró con lugar la demanda, sin lugar la apelación, resuelto el contrato de arrendamiento, ordenó a la parte demandada entregar el inmueble y  pagar a la parte actora la suma de setecientos cincuenta mil cuatrocientos bolívares (Bs. 750.400) por concepto de veintiocho (28) meses de cánones  de arrendamiento mensuales vencidos desde el mes de junio de 2010, hasta el mes de octubre de 2012, así como los que se sigan venciendo hasta que sea recibido el expediente en el Tribunal de la causa. De esta manera confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en fecha 28 de abril de 2014, que había declarado con lugar la demanda.

 

Contra la referida sentencia de alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido por auto de fecha 15 de julio de 2014, fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

    

 

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASACIÓN DE OFICIO

 

Teniendo por norte las garantías que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras, la contenida en su artículo 257, que textualmente expresa: “…El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (…) No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales…”, esta Sala de Casación Civil, mediante decisión Nº 22 de fecha 24 de febrero de 2000, abrió brecha a una casación de mayor amplitud, eliminando acertadamente la posición anterior, que establecía una lista de supuestos en los cuales excepcionalmente procedía la casación de oficio y, en este sentido, estableció lo siguiente:

 

“…en vigencia del nuevo texto constitucional que orienta en cuanto a las características que deben informar al proceso, la Sala cree oportuno revisar su criterio sobre la casación de oficio, lo cual hace en los términos siguientes:

La Constitución de la República, especialmente, señala que “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia...” y esto no sería posible sin el adecuado ejercicio de las facultades otorgadas al sistema judicial por las leyes procesales. El artículo 320, cuarto aparte, del Código de Procedimiento Civil, establece que “Podrá también la Corte Suprema de Justicia en su sentencia hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en las infracciones de orden público o constitucionales que ella encontrare, aunque no se les haya denunciado.”

Conforme con esta disposición legal, la Sala de Casación Civil tiene la prerrogativa para extender su examen al fondo del litigio, sin formalismos, cuando, a motu propio, detecte la infracción normas de orden público o constitucional. Esta atribución puede ser ejercida por la Sala con objeto de materializar la correcta aplicación de la justicia, habida cuenta que el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil señala que “Cuando la ley dice: “el Juez o Tribunal puede o podrá“, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad”. En este sentido, cuando la norma establece esta facultad para ser ejercida por cualquier juez de la República, no puede excluirse de su ámbito de aplicación a este Supremo Tribunal, ya que se crearía una excepción no prevista y menos aún, instituir limitaciones de carácter formal como las señaladas en la decisión de fecha 24 de abril de 1998. Desde luego que ello conduciría a convertirla en un sustitutivo de la norma, toda vez que se traduce en una derogatoria o desaplicación de la facultad discrecional prevista en el párrafo citado del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, reduciendo las potestades, precisamente del Máximo Tribunal.

De acuerdo con este nuevo criterio, la Sala abandona la posición asumida en su decisión de fecha 24 de abril de 1998 y, en consecuencia, declara que, en lo sucesivo, podrá casar de oficio los fallos sometidos a su consideración, para lo cual sólo es necesario que se detecte en ellos infracción de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ateniéndose siempre, claro está, a los postulados del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.” (Negritas de la Sala).

 

A partir del anterior criterio, el cual se reitera en esta oportunidad, esta Sala ha venido aplicando la casación de oficio, obedeciendo siempre su utilización a violaciones de orden constitucional y público advertidas por este Alto Tribunal, las cuales no pueden ser pasadas por alto, en provecho de la realización de la justicia y la igualdad de las partes en el curso del proceso.

 

Precisado entonces, que la figura de la casación de oficio fue incluida en el Código de Procedimiento Civil, con el propósito de que se pueda anular de oficio el fallo, esto es, sin que medie denuncia por parte del recurrente,  por las infracciones que haya cometido el jurisdicente de orden público y constitucional, esta Sala procede, en este caso concreto, a ejercer la analizada facultad prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que le permite casar de oficio el fallo recurrido y, a tal efecto, observa lo siguiente:

 

 

La doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido de forma insistente, que los requisitos intrínsecos de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público.

 

En ese sentido, esta Sala, en fecha 11 de marzo de 2004, (Caso: Jesús Antonio Luna y otro c/ Ernestina Soledad Hidalgo Lavado de Silva y otro), reiteró “...que los errores in procedendo que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación de orden público…”. (Negritas del texto de la cita).

 

 

Precisamente, uno de los requisitos de las sentencias dispuestos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es el previsto en su ordinal 4º, el cual indica, que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que la sustentan.

 

 

En ese sentido, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante sentencia Nº 1676 de fecha 3 de agosto de 2007, Caso: Francisco Rafael Croce y otros, refiriéndose a tal requisito, vale decir, el de motivación de los fallos como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, estableció lo siguiente:

 

“…El derecho de los justiciables a tener una decisión fundada en derecho, así como el derecho a conocer las razones de las decisiones judiciales, es decir, a una decisión motivada, constituyen derivaciones específicas del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de las normas, el justiciable tiene la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado al caso concreto obedece a una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad. En efecto, la motivación de la sentencia constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decisión, a los fines de poder ejercer los recursos correspondientes, y en último término, para oponerse a las resoluciones judiciales arbitrarias…”.

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia que los juzgadores establezcan en sus fallos los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentan para arribar a determinada conclusión jurídica. 

 

Con respecto a este requisito intrínseco de la sentencia, es necesario destacar, que el mismo cumple una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía contra las decisiones arbitrarias, porque la sentencia, a pesar de ser un acto de autoridad, no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido pues debe contener prueba de su legalidad; y, por otra parte, que exista expresión en su contenido de la forma en la cual los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, indicando cuál fue el proceso intelectual realizado, para llegar a sus conclusiones.

 

 

La exigencia de la motivación de las decisiones judiciales es un componente esencial del debido proceso y, la misma, materializa el derecho fundamental a una tutela judicial del derecho o interés por el cual se actúa jurisdiccionalmente en la búsqueda de reconocimiento o protección. De lo anterior se deduce, que sólo pueden ser consideradas válidas, aquellas decisiones fundamentadas en juicios, criterios o razones claramente identificables y, que por éstas características, puedan examinarse desde una perspectiva externa, esto es, que sea posible para el interesado conocer las razones que consideró el juez para dictar la sentencia, de modo que pueda establecerse, en cuáles términos o condiciones ha sido reconocido o protegido el derecho o interés debatido, y si fuere el caso, el justiciable tiene la posibilidad de ejercer los medios de impugnación que el legislador pone a su alcance, con base en esas razones aportadas por el juzgador.

 

Ahora bien, cuando el sentenciador no cumple con el analizado requisito de expresar los motivos de hecho y de derecho que sustentan su sentencia, la misma resulta inmotivada y, una de las modalidades en las cuales se presenta, la cual quiere significar la Sala en esta oportunidad, es la inmotivación de las sentencias por contradicción en sus motivos.

 

 

Con respecto a la inmotivación por contradicción en los motivos, esta Sala de Casación Civil, entre otras decisiones, mediante sentencia número 58 de fecha 8 de febrero de 2012 (caso: La Liberal C.A., contra Antonia María Barrios y Otros) ha precisado cómo se configura la misma y, en este sentido, se puntualizó lo siguiente:

“…la Sala ha expresado que “...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Vid. Sent. Nº 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro).

Al respecto, la Sala ha indicado que “...la motivación contradictoria, como ya se señaló, constituye una de las modalidades de inmotivación del fallo y se verifica si los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y ello conllevaría a la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...”. (Vid. sentencia de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Marco Antonio Rojas Toledo, contra Máximo Enrique Quintero Cisneros, reiterada entre otras, en sentencia N° 034, de fecha 4 de marzo de 2010, caso: Edgar Coromoto León Díaz contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.). (Negritas de la sentencia).

De conformidad con los criterios jurisprudenciales precedentemente expuestos, la contradicción entre los motivos del fallo, ocurre cuando el juez establece en una misma decisión, dos razonamientos que entre sí se destruyen o desvirtúan, generando un estado de confusión, que indudablemente trae como consecuencia que el fallo carezca de fundamentos y, por ende, se configure el vicio de inmotivación establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...”. (Cursivas y negrillas del texto de la sentencia citada). 

 

Como puede apreciarse del criterio jurisprudencial antes transcrito, de conformidad con el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia que los juzgadores establezcan los motivos de hecho y de derecho en los cuales fundamentan la decisión para arribar a determinada conclusión jurídica y, para cumplir con tal requisito, particularmente con una motivación que no resulte carente de fundamentos dada su contradicción, no debe exponer el sentenciador fundamentos o razones en su fallo que se destruyan unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables, en vista, de que ante tal supuesto se genera una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos.

 

Es necesario precisar igualmente, dado el avance de la concepción actual del vicio de inmotivación, que lo que cobra verdadera importancia en la motivación del fallo, es que el juzgador refleje las razones de su decisión apropiadamente, es decir, una completa argumentación jurídica convincente, que no incurra en la modalidad de inmotivación antes aludida y, que demuestre que la norma o figura jurídica empleada, era la más apropiada o idónea para resolver el caso concreto y que además se encuentra en el ordenamiento jurídico en vigor. Confírmese mediante sentencia de esta Sala número 491, de fecha 27 de octubre de 2011, (caso: Manuel García Méndez contra C.A., contra La Electricidad de Caracas).

 

Realizadas las anteriores precisiones sobre el requisito de motivación de los fallos y, del vicio de inmotivación en su modalidad de contradicción en los motivos, esta Sala advierte, que en la sentencia recurrida, la sentenciadora al examinar las pruebas consignadas por las partes, en primer término expresa que de los originales de recibos de pagos expedidos por la ciudadana Stefania Barbier Pinca, representada por el ciudadano Ángelo José Cutolo, a nombre del ciudadano Harnt José Zarikian Arratia, “marcados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”, de fechas siete (7) de febrero, ocho (8) de marzo, ocho (8) de abril, ocho (8) de mayo, ocho (08) de julio, ocho (8) de agosto, ocho (8) de septiembre de dos mil ocho (2008), cada uno por un monto de cuatro mil dólares americanos (US$ 4,000.00) ; y, quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), por una cantidad de OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 8.000,00); a los efectos de demostrar que su representado había pagado el canon mensual en dólares y no en bolívares como había sido expresado por la parte actora… demuestra que la parte demandante a través de su representante ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO, y el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA parte demandada, establecieron que el canon de arrendamiento establecido en el contrato cuyo resolución se demanda sería pagado en dólares, por medio de transferencias en el banco en la cuenta de la arrendataria y que el depósito sería devuelto al arrendadora en dólares americanos; a pesar de no ser un hecho controvertido en la causa”.

 

Posteriormente, concluye “que el contrato que hoy se demanda; es de fecha ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009); y en el mismo se puede observar en su cláusula segunda; que las partes establecieron como canon de arrendamiento mensual la cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 26.800,oo), mensuales; no evidenciándose en los autos, que tal pago hubiera sido pactado en moneda extranjera, por lo que mal puede alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extranjera; y su falta de cumplimiento en su obligación principal sobre el nuevo contrato de arrendamiento, hoy demandado, habiendo sido cifrada en bolívares el pago de los cánones de arrendamiento, tal como consta del contrato de arrendamiento que hoy se demanda”.

 

 

                   Ahora bien, con el propósito de verificar textualmente lo referido, esta Sala procede a transcribir los extractos pertinentes del fallo recurrido, donde la juzgadora estableció expresamente lo siguiente:

 

“…En el presente caso se aprecia que la demandante, a los efectos de fundamentar sus alegatos, acompañó a su libelo, los siguientes documentos: 

…Omissis… 

2.- Copia certificada de contrato de arrendamiento suscrito entre la ciudadana STEFANIA BARBIER PINCA, en su condición de arrendadora, representada por el ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO, y el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA, en su condición de arrendatario; autenticado ante la Notaría Primera del Municipio Chacao, en fecha ocho (08) de julio de dos mil nueve (2009), bajo el Nº 50, Tomo 133, de los libros respectivos de autenticaciones llevados por la mencionada notaría; a los efectos de demostrar la existencia de la relación contractual.

El referido documento es un documento público, conforme a lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, toda vez que fue otorgado por los funcionarios capaces de otorgarles fe pública y con las solemnidades establecidas para este tipo de instrumentos, y por cuanto el mismo no fue tachado de falso, este Tribunal le atribuye valor probatorio, a tenor de los previsto en los artículo 1.359 y 1.360 del Código Civil. Así se establece. 

Dicho medio probatorio es demostrativo de que entre la ciudadana STEFANIA BARBIER PINCA, representada por el ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO; y, el ciudadano HRANT JOSE ZARIKIAN ARRATIA, fue suscrito un contrato de arrendamiento por un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº PH-C, situado en la Planta Pent-House del Edificio “C” del Conjunto Residencial Loma Real, en la Urbanización Lomas del Mirador, al Sur de la Urbanización San Román y Lomas de San Román, calle Los Altos con avenida Panorama en jurisdicción del Municipio Baruta, Distrito Sucre del estado Miranda. 

Es demostrativo de que, las partes, tal como se desprende de la cláusula segunda, establecieron como canon de arrendamiento por el inmueble identificado en autos una suma de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 26.800,00) mensuales, pagaderos dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, por mensualidades adelantadas; y que, en la cláusula octava establecieron un lapso de duración del contrato de un (1) año, el cual regiría a partir del ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009); prorrogables por períodos iguales, a menos que alguna de las partes notificara su término, por lo menos con sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de el mismo. Así se decide. 

En el presente caso, se observa que la parte demandada en la oportunidad de dar contestación al fondo de la demanda, como ya fue indicado, no discutió ni la existencia de la relación arrendaticia; ni el monto del canon de arrendamiento por ellos pactado; con lo cual, a criterio de quien aquí decide, se encuentra demostrada la existencia de la relación.

…Omissis…

Por otro lado, se observa que la parte demandada en la oportunidad de dar contestación a la demandada promovió los siguientes medios probatorios: 

1.- Original de documento privado suscrito por los ciudadanos STEFANIA BARBIER PINCA, representada por el ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.917.204, y el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA, de fecha ocho (8) de febrero de dos mil ocho (2008), a fin de demostrar que las partes habían acordado que el pago de canon de arrendamiento expresado en el contrato de arrendamiento, fijado en la cantidad VEINTICINCO MIL BOLÍVARES FUERTES CON 00/100 (Bs.f 25.000,00), mensuales, sería pagado en dólares americanos entendiéndose que la cantidad a pagar era de CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 4,000.00) mensuales, que serian transferidos al banco y cuenta que la arrendadora; y, que el depósito en garantía que en el contrato celebrado se había expresado como SESENTA MIL BOLÍVARES FUERTES CON 00/100 (Bs.f 60.000,00), había sido de DOCE MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 12,000), y sería devuelto por el arrendador al arrendatario. 

El referido documento es un documento que aparece emanado de la parte demandante y por cuanto no fue desconocido, el mismo ha quedado reconocido de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil; le atribuye valor probatorio de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil; y, del mismo se desprende que la parte demandante a través de su representante ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO, y el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA parte demandada, establecieron que el canon de arrendamiento establecido en el contrato cuyo resolución se demanda sería pagado en dólares, por medio de transferencias en el banco en la cuenta de la arrendataria y que el depósito sería devuelto al arrendatario en dólares americanos; a pesar de no ser un hecho controvertido en la causa. Así se decide. 

2. Originales de recibos de pagos expedidos por la ciudadana STEFANIA BARBIER PINCA, representada por el ciudadano ÁNGELO JOSÉ CUTOLO, a nombre del ciudadano HARNT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA, marcados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”, de fechas siete (7) de febrero, ocho (8) de marzo, ocho (8) de abril, ocho (8) de mayo, ocho (08) de julio, ocho (8) de agosto, ocho (8) de septiembre de dos mil ocho (2008), cada uno por un monto de CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 4,000.00) ; y, quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), por una cantidad de OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 8.000,00); a los efectos de demostrar que su representado había pagado el canon mensual en dólares y no en bolívares como había sido expresado por la parte actora. 

Los referidos instrumentos aparecen emanados de la parte demandante; y, por cuanto no fueron desconocidos, los mismos han quedado reconocidos de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil; por lo que se les atribuye valor probatorio de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.363 del Código Civil. De dichos documentos se desprende que el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA, canceló a la demandante en la persona de su representante ciudadano JOSÉ CUTOLO OSORIO, la suma de CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 4.000,00), mensuales por concepto de cánones de arrendamiento correspondientes al período comprendido del ocho (8) de febrero al siete (7) de marzo del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de marzo al siete (7) de abril del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de abril al siete (7) de mayo del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de mayo al siete (7) de junio del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de julio al siete (7) de agosto del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de agosto al siete (7) de septiembre del dos mil ocho (2008); del ocho (8) de septiembre al siete (7) de octubre del dos mil ocho (2008); y los meses de junio y julio de dos mil nueve (2009); a pesar de no ser un hecho controvertido en la presente causa. Así se decide. 

…Omissis…

En el presente caso, si bien, consta de las actas procesales, que la parte demandada comenzó la relación arrendaticia con la parte demandante, en fecha ocho (8) de febrero de dos mil ocho (2008), donde se había establecido mediante documento privado el pago de los cánones de arrendamiento en dólares; los cuales fueron cancelados con los recibos también valorados por este Juzgado Superior; no es menos cierto; que el contrato que hoy se demanda; es de fecha ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009); y en el mismo se puede observar en su cláusula segunda; que las partes establecieron como canon de arrendamiento mensual la cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 26.800,oo), mensuales; no evidenciándose en los autos, que tal pago hubiera sido pactado en moneda extranjera, por lo que mal pude alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extrajera; y su falta de cumplimiento en su obligación principal sobre el nuevo contrato de arrendamiento, hoy demandado, habiendo sido cifrada en bolívares el pago de los cánones de arrendamiento, tal como consta del contrato de arrendamiento que hoy se demanda…”. (Mayúsculas del texto, subrayado y negritas de la Sala).  

 

Como puede observarse de la precedente transcripción parcial de la parte motiva del fallo recurrido, esta Sala observa, que la ad quem al examinar los originales de recibos de pagos expedidos por la ciudadana Stefania Barbier Pinca, representada por el ciudadano Ángelo José Cutolo, a nombre del ciudadano Harnt José Zarikian Arratia, “marcados con las letras “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”, de fechas siete (7) de febrero, ocho (8) de marzo, ocho (8) de abril, ocho (8) de mayo, ocho (08) de julio, ocho (8) de agosto, ocho (8) de septiembre de dos mil ocho (2008), cada uno por un monto de cuatro mil dólares americanos (US$ 4,000.00) ; y, quince (15) de julio de dos mil nueve (2009), por una cantidad de OCHO MIL DÓLARES AMERICANOS (US$ 8.000,00); a los efectos de demostrar que su representado había pagado el canon mensual en dólares y no en bolívares como había sido expresado por la parte actora… demuestra que la parte demandante a través de su representante ciudadano ÁNGELO CUTOLO OSORIO, y el ciudadano HRANT JOSÉ ZARIKIAN ARRATIA parte demandada, establecieron que el canon de arrendamiento establecido en el contrato cuyo resolución se demanda sería pagado en dólares, por medio de transferencias en el banco en la cuenta de la arrendadora y que el depósito sería devuelto al arrendatario en dólares americanos; a pesar de no ser un hecho controvertido en la causa”; no obstante lo expresado, a continuación estableció que  ““que el contrato que hoy se demanda; es de fecha ocho (8) de junio de dos mil nueve (2009); y en el mismo se puede observar en su cláusula segunda; que las partes establecieron como canon de arrendamiento mensual la cantidad de VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES CON 00/100 (Bs. 26.800,oo), mensuales; no evidenciándose en los autos, que tal pago hubiera sido pactado en moneda extranjera, por lo que mal pude alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extranjera; y su falta de cumplimiento en su obligación principal sobre el nuevo contrato de arrendamiento, hoy demandado, habiendo sido cifrada en bolívares el pago de los cánones de arrendamiento, tal como consta del contrato de arrendamiento que hoy se demanda”.

 

Tales afirmaciones de la juzgadora de alzada, contrarían completamente lo expuesto en su fallo, por cuanto luego de establecer que el canon de arrendamiento fue fijado  por las partes en dólares americanos al examinar los originales de recibos de pagos realizados en el lapso de vigencia de ambos contratos, es decir, tanto el firmado por las partes el 8 de febrero de 2008 así como el 8 de junio de 2009, expedidos por la ciudadana Stefania Barbier Pinca, representada por el ciudadano Ángelo José Cutolo, a nombre del ciudadano Harnt José Zarikian Arratia; posteriormente señaló que mal puede alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extranjera y su falta de cumplimiento en su obligación principal sobre el nuevo contrato de arrendamiento hoy demandado, fue pactado en bolívares el pago de los cánones de arrendamiento, tal como consta del contrato de arrendamiento que hoy se demanda; lo cual evidentemente hace inmotivado el fallo recurrido por contradicción en sus motivos.

En efecto, los motivos precedentemente transcritos y analizados por esta Sala, en los cuales se sustenta la sentencia recurrida, evidencian que los mismos se excluyen entre sí, lo cual genera una confusión  insalvable que impide el control de la legalidad del pronunciamiento y, que además, se equipara a una falta absoluta de motivos. El referido vicio evidencia la infracción por parte del juzgador del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

En consecuencia, esta Sala debe casar de oficio el fallo recurrido, por haberse infringido el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que contempla un requisito intrínseco y de orden público del fallo. Tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

 

                   Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 4 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al tribunal superior que le corresponda decidir, dicte nueva sentencia de alzada sin incurrir en el defecto de actividad detectado.

 

 

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

 

       Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

 

          Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a los ocho (8) días del mes de diciembre de  dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

_______________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

 

 Vicepresidenta-ponente,

 

  

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

 ___________________________________

 LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 Magistrada,

 

 

 _____________________________

 AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

 

 

_______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

 

  

________________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Exp. Nro. AA20-C-2014-000546

Nota: Publicado en su fecha a las

 

 

Secretario,

 

 

 

 

La Magistrada Yris Peña Espinoza, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto, y disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, en el cual se casa de oficio en virtud de la existencia de un vicio por defecto de actividad, en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de julio de 2014, la cual declaró con lugar la demanda y sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 28 de abril de 2014, proferida por su a quo, en consecuencia, confirmó el fallo apelado.

        

El fallo casa la sentencia recurrida por el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos, por considerar que el juez de alzada por una parte afirmó que “luego de establecer que el canon de arrendamiento fue fijado por las partes en dólares americanos al examinar los originales  de recibos de pagos realizados en el lapso de vigencia de ambos contratos”, y por otra “que mal puede alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extranjera y su falta de cumplimiento en su obligación principal  sobre el nuevo contrato de arrendamiento hoy demandado, fue pactado en bolívares el pago de los cánones de arrendamiento, tal como consta del contrato de arrendamiento que hoy se demanda”

Quien disiente, estima que de la lectura íntegra de la recurrida es improcedente la casación de oficio por contradicción en los motivos, pues la misma no ocurrió, ya que el juez al establecer “que mal puede alegar la parte demandada la existencia de un pacto en moneda extranjera” lo hizo en un contexto que no generaba contradicción con la valoración de las pruebas aportadas por la parte demandada en el juicio.

 

Además, es criterio reiterado de la Sala que la contradicción en los motivos, se verifica cuando los motivos se destruyen los unos con los otros por contradicciones graves e inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos, situación esta que no se configura en la presente causa, ya que, la pretensión de la actora se circunscribe al incumplimiento por parte del arrendatario de la obligación de pagar el canon de arrendamiento pactado, siendo que,  el juez de la recurrida argumentó lo siguiente:

 

“…la parte accionada, quien tuvo la obligación de demostrar el pago de los cánones de arrendamiento reclamados por la parte actora, lo cual no fue así, pues, por un lado, no demostró que la forma de pago se haya transfigurado de bolívares a dólares americanos y tampoco acreditó que tal cumplimiento se haya efectuado a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), implementado por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI); sumado a ello, en la audiencia de juicio quedó asentada la aceptación del estado de insolvencia en que se encuentra el demandado, por lo que, la insolvencia del demandado, se tiene como un hecho aceptado y admitido, y, por ende, no controvertido, por tanto, al no haber quedado plenamente probada en autos la excepción por excelencia mediante la acreditación del cumplimiento de las obligaciones contraídas, la acción de resolución que origina estas actuaciones debe prosperar en derecho, conforme al marco legal antes descrito y ASÍ FORMALMENTE SE DECIDE...”

 

         Como se aprecia de la transcripción parcial de la recurrida, el juez de segunda instancia estableció que el demandado no “transfiguró” el canon de bolívares a dólares, y además señaló que en todo caso quedó admitido en la audiencia la aceptación del estado de insolvencia del demandado, lo cual conlleva a la demostración de la falta de pago y por ende la procedencia de la pretensión de resolución del contrato.

    Por lo demás, evidencia quien suscribe el presente voto salvado que el hecho referido a liberación de la obligación mediante el pago en moneda de curso de legal o en dólares, no sólo no era un hecho controvertido, sino que adicionalmente no genera una excepción capaz de enervar la pretensión de declaratoria de incumplimiento del contrato por falta de pago de las pensiones arrendaticias que a fin de cuentas es lo que se demandó, razón que la que la casación de oficio declarada deviene en inútil.

 

Queda de esta forma expresado el presente voto salvado.

    En Caracas, fecha ut-supra.

 

Presidenta de la Sala-disidente,

 

 

____________________________

YRIS  PEÑA ESPINOZA

 

Vicepresidenta,

 

 

 

____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

 

 

__________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

Magistrada,

 

 

 

_____________________________

AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

 

 

 

 

_______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

 

                                      Secretario,

 

 

 

______________________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias