Sentencia N.º RC.000856
- Sentencia
- N.º RC.000856
- Fecha
- 09/12/2014
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-539
- Ponente
- Isbelia Josefina Pérez Velásquez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. Nro. AA20-C-2014-000539
Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.
En el juicio por cobro de bolívares, vía intimación, iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná, por los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, GUSTAVO RAFAEL GALANTÓN COVA, LUISA MERCEDES GALANTÓN COVA, LUIS RAFAEL GALANTÓN COVA, ANÍBAL JOSÉ GALANTÓN y JOSEFINA DEL VALLE GALANTÓN, como miembros de la Sucesión de José Ramón Galantón Cova, representados judicialmente por los abogados Manuel Antonio Chacón Colmenares y Yadira Josefina Rojas Figueroa, contra la sociedad de comercio CANTERAS DE ORIENTE, C.A., representada judicialmente por la abogada Dahis Matute Goitía, en el que intervino forzosamente la SUCESIÓN de ANDRÉS GALANTÓN MACHADO, representada legalmente por el ciudadano Wilfredo Galantón Gutiérrez y judicialmente por el abogado Carlos E. Velásquez; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en alzada en virtud de que esta Sala dictó sentencia en fecha 13 de diciembre de 2012, mediante la cual declaró procedente una denuncia por defecto de actividad, profirió la decisión en fecha 10 de junio de 2014, en la cual declaró con lugar la defensa de falta de cualidad de la parte actora, sin lugar la apelación e inadmisible la demanda, confirmando el fallo del a quo.
Contra el referido fallo de alzada, anunció recurso de casación la parte actora, el cual fue admitido en fecha 20 de junio de 2014 y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la formalizante delata el vicio de incongruencia por la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del mismo Código, porque el sentenciador de Alzada dejó de examinar el documento que contiene el convenio suscrito entre las sucesiones que se atribuyen derechos en el fundo Gamero, el documento registrado en donde se revoca y se deja sin efecto el mencionado convenio, así como el contrato privado firmado por la tercerista y la empresa Canteras de Oriente C.A. De seguidas, alega que los mencionados documentos fueron ratificados tanto en los informes de primera instancia como ante el Superior donde fueron consignadas nuevas copias certificadas.
Para decidir, la Sala observa:
El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, dispone: Toda sentencia debe contener: 5º Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia ..
La referida norma debe ser analizada en concordancia con lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone, entre otras cuestiones, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una manifestación del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.
Efectivamente, las disposiciones antes citadas, sujetan el pronunciamiento del juez a todos los alegatos formulados por las partes, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones, argumentos de hecho no formulados en el proceso o excederse en lo solicitado oportunamente por las partes (incongruencia positiva). (Vid. sentencia Nº 409, de fecha 8 de junio de 2012, caso: Luis Bracho Valbuena contra Royal & Sunalliance Seguros (Venezuela), S.A., la cual ratifica entre otros, el fallo Nº 184, de fecha 10 de mayo de 2011, caso Servi Comidas Express C.A. contra Imosa Tuboacero Fabricación C.A.).
De allí que el vicio de incongruencia negativa, constituya una infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, ya sea porque el sentenciador no decide todo lo alegado en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Vid. sentencia N°443 del 30 de julio de 2013, Exp. N° 2012-602).
Ahora bien, el recurrente delata la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el juzgador de alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al dejar de analizar el convenio suscrito entre las sucesiones que se atribuyen derechos en el fundo Gamero que también fue promovido por la parte demandada, aquel en donde se revoca y se deja sin efecto el mencionado convenio que fue debidamente registrado, así como el contrato privado firmado por la tercerista y la empresa Canteras de Oriente C.A.
Esta Sala estima que lo planteado por el formalizante no se corresponde a hechos respecto de los cuales se encontrara el sentenciador obligado a pronunciarse en su decisión, so pena de cometer el vicio de incongruencia negativa sino que se refieren a la falta de análisis de pruebas documentales, respecto de lo cual es preciso señalar que esta Sala de Casación Civil de manera reiterada ha venido estableciendo que este tipo de vicios debe plantearse a través de una denuncia por infracción de ley, de conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, por cuanto el mismo no constituye un defecto de actividad.
Tal determinación, fue plasmada por esta Sala, en sentencia Nº 204, de fecha 14 de junio de 2000, caso: Farvenca Acarigua, C.A., vs Farmacia Claely, C.A., reiterada, entre otras, en sentencia N° 272, de fecha 13 de julio de 2010, caso: María Fabiola Azar Guédez contra Lucía Esculpi de Azar y Otros, en los términos siguientes:
No obstante, la declaratoria de procedencia de la denuncia anterior, esta Sala Civil, en ejercicio de su misión pedagógica, entiende oportuna la conveniencia de expresar lo siguiente:
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció en sentencia de fecha 28 de abril de 1993 la doctrina según la cual el vicio de silencio de pruebas como una de las variantes de la falta motivación, debía ser intentada al amparo del ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, es decir, como un vicio de procedimiento.
En tal sentido, bastaba que se observare el silencio total o parcial con relación a determinada prueba para que se produjera la demolición del fallo recurrido con la consecuente reposición al estado de dictar nueva sentencia, independientemente de la importancia o banalidad de la prueba silenciada en el dispositivo del fallo fulminado de nulidad.
Lógicamente, es fácil comprender que, en esas condiciones, se podía producir una nulidad innecesaria, desde luego que, era posible que la prueba silenciada en nada pudiera influir para sentenciar de otra manera, como sucedería si se dejaba de analizar el dicho de un testigo que declaraba en contra de lo contenido en un instrumento público.
Ahora, una vez vigente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyos artículos 257 y 26 consagran el proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, en el que debe privar la simplificación y eficacia de los trámites, donde no haya dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, la Sala considera conveniente fijar un nuevo criterio sobre la denuncia en casación del vicio por silencio de pruebas, de forma y manera que permita establecer si las pruebas aportadas al juicio y silenciadas por el juzgador, tienen el sentido y alcance que en realidad le corresponden para la fijación del hecho controvertido. La importancia o trascendencia de las pruebas sólo puede ser determinada, si se tiene el conocimiento de los aspectos formales y de fondo que las acompañan al momento de producirlas.
En este orden de ideas, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en las disposiciones constitucionales indicadas, y conforme con la ley procesal civil, la Sala sólo podrá tener conocimiento de estos extremos si la denuncia se encuadra en un recurso por infracción de ley; recurso en el cual el formalizante satisfaga las exigencias del artículo 313, ordinal 2º, único aparte del Código de Procedimiento Civil, dentro de los términos y condiciones previstos en la ley, donde la denuncia de violación de las respectivas normas relativas a la apreciación y carga de la prueba, así como las referidas al establecimiento o valoración de las pruebas, adquiere suma importancia, ya que permitirá precisar el servicio, la necesidad o la conveniencia de la prueba en la resolución de la pretensión contenciosa, y de allí dependerá la calificación jurídica de la utilidad o no de la casación.
Consecuencia de lo anterior, es que desaparece el silencio de prueba como especie de la falta de motivación. Por tanto, la Sala abandona el criterio sostenido en fecha 28 de abril de 1993, caso: Inversiones Sinamaica contra Parcelamiento Chacao y, aclara que, para evitar perjuicios a aquéllos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona o aquéllos cuyos lapsos de formalización están por concluir, el criterio aquí establecido se aplicará a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, a la publicación de este fallo. Por consiguiente, en lo sucesivo se establecerá como exigencia para la elaboración de la denuncia del vicio por silencio de pruebas, que se fundamente en un recurso por infracción de ley, es decir, en el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Al encontrar la Sala procedente una denuncia de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer las restantes delaciones contenidas en el escrito de formalización, en acatamiento del precepto normativo consagrado en el artículo 320 ejusdem .
En relación con el criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, que hoy se reitera, es importante destacar que el vicio de silencio de pruebas siempre debe ser delatado a través del recurso de infracción de ley; por tal razón, esta Sala concluye, que la presente denuncia incumple con una correcta fundamentación y la técnica requerida para su conocimiento, motivo por el cual deviene en su improcedencia. Así se establece.
II
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata el vicio de inmotivación por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del mismo Código, sustentado en lo siguiente:
Tal como podemos observar el juez de la recurrida hace una transcripción de la dispositiva dictada por la Juzgadora de la primera instancia, luego hace una transcripción de parte de los hechos históricos del libelo de la demanda explanados por la demandante, para finalmente señalar que existe un litisconsorcio activo de conformidad con lo establecido en el artículo 146, obviando por completo tanto los hechos como el derecho y de la misma manera los alegatos y el petitorio de la demandante. Es decir, desvió toda su atención al petitorio de la parte demandada relativo a la falta de cualidad y la fundamentó con un extinto contrato que si bien es cierto fue mencionado por la demandante fue sólo como referencia histórica, mas no como objeto o fundamento de la demanda, y sobre él descargó toda su atención para declarar la existencia de un litisconsorcio y dictar la falta de cualidad de la parte actora.
Ciudadanos Magistrados, el objeto de la demanda tratase (sic) de un cobro de bolívares, que el demandado le debe a la Sucesión Galantón Cova y herederos de Catalina Galantón, como consecuencia del dinero propiedad de los demandantes y que fue retirado del Banco Industrial de Venezuela por el Presidente de la empresa Canteras de Oriente C.A., ordenado por el Juzgado 2do., de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, una vez que le fue declarada mediante sentencia definitivamente firme y sin lugar el contrato de reconducción de explotación de piedra caliza en los terrenos del fundo Gamero en donde son propietarios comuneros (folios 40 al 50 primera pieza) y el cobro de dinero por los derechos que éstos tienen en el referido fundo desde el momento en que la empresa Canteras de Oriente C.A., dejó de pagarles como consecuencia de la explotación, extracción y venta de la piedra caliza en los terrenos de su propiedad; por otra parte, la oposición hecha por la demandada para alegar la falta de cualidad de la parte actora tratase (sic) de un documento privado (folios 104 y 105) en donde una Sucesión llamada Galantón Machado había firmado con el presidente de la empresa Canteras de Oriente C.A., y que en nada guarda relación con la demanda que fuera intentada.
Ha sido jurisprudencia constante de la Sala
Ahora bien, el requisito de la motivación no aparece cumplido por cuanto el sentenciador se apartó del deber de considerar y resolver todas y cada una de las alegaciones que constituyen el problema judicial debatido por las partes, no expresó en su sentencia materialmente ningún razonamiento que permita comprender el por qué declaró la falta de cualidad activa de los demandantes tomando como un fundamento un contrato que se encontraba totalmente resuelto mediante sentencia definitivamente firme y un convenio que tampoco tenía vigencia por cuanto había sido resuelto por los dos bloques de sucesiones .
Como puede observarse de la precedente transcripción, el formalizante denuncia que la recurrida está viciada de inmotivación, pues no expresó en su sentencia materialmente ningún razonamiento que permita comprender el por qué declaró la falta de cualidad activa de los demandantes tomando como un fundamento un contrato que se encontraba totalmente resuelto mediante sentencia definitivamente firme y un convenio que tampoco tenía vigencia por cuanto había sido resuelto por los dos bloques de sucesiones , respecto de lo cual concluye que la sentencia impugnada se sustentó en un extinto contrato que si bien es cierto fue mencionado por la demandante fue sólo como referencia histórica, mas no como objeto o fundamento de la demanda .
Ahora bien, a los fines de examinar si el juez de alzada al declarar la falta cualidad de la demandada incurrió en el vicio delatado, esta Sala pasa de seguidas a transcribir la decisión recurrida:
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA:
Observa quien sentencia, que el apoderado de la parte actora fundamentó su demanda señalando:
En fecha 20 de Diciembre de 1986, se suscribió un convenio, entre JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, quien actuando en su propio nombre y en representación de su madre Josefa del Carmen Cova, Francisca Catalina Galantón, Edilia Díaz, Cándido Galantón, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, por una parte, y por la otra los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado, integrada por los ciudadanos Luisa Batista Galantón, Ana del Carmen Machado de Presilla, Felicidad del Carmen Galantón, Buenaventura Galantón Machado, Luisa Teresa Galantón, Carmen Lucía Galantón, Luis Ramón Galantón, Antonio José Galantón, Andrés José Machado, Ángela Machado, Nila Eugenia Machado, José Antonio Machado y Jesús Ramón Machado.
Igualmente señalaron:
Consta de documento debidamente notariado, el cual anexo al presente escrito marcado con la letra D, que en fecha 03-11-87, anotado bajo el N° 30, Tomo 3 de los Libros de Reconocimientos respectivos llevados por la Notaría Publica de Cumaná, Estado Sucre, fue reconocido un contrato suscrito por los Administradores de las Sucesiones antes mencionadas ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA, por una parte y por la otra la empresa CANTERAS DE ORIENTE C.A.
Finalmente concluyen con su pretensión:
ocurro ante su competente autoridad a fin de demandar como formalmente demando a la empresa de este domicilio denominada CANTERAS DE ORIENTE C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta bajo el Nº 212, Folios 79 al 82 correspondiente al mes de Abril de 1974, y posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil de Cumaná, Estado Sucre, anotado bajo el Nº 81, Tomo A-16,en la persona de su representante legal ciudadano ENRIQUE LARRALDE MENDOZA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° 3.177.004, para que convenga en el pago en su defecto a ello sea condenada por este Tribunal con todos los efectos de Ley a pagar a mis representados, las cantidades de dinero que les debe por concepto de los royaltys, desde el 1° de Julio de 1997 hasta la presente fecha o hasta la fecha del definitivo pago, con los aumentos experimentados por la piedra caliza y detallados ut supra y teniéndose en cuenta, que el inicio del contrato Julio de 1986 el metro cúbico de piedra caliza montado sobre camiones en puerta de cantera, tenía un precio de Cien Bolívares (Bs. 100) y de los cuales Dieciocho bolívares con Dieciocho céntimos (Bs 18,18) les correspondía a los propietarios del fundo, es decir que de cada cien bolívares les correspondía a los propietarios Dieciocho bolívares con Dieciocho céntimos (Bs 18,18).
PUNTO PREVIO:
Trabada como quedó la litis, y fijados los límites de la controversia con la contestación presentada por el representante de la demandada, quien sentencia debe decidir el punto previo que alega la demandada de la falta de cualidad de los demandantes para ejercer la presente acción.
Como se observa de la contestación de la demanda, la representación de la empresa demandada, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opone para que sea resuelto como punto previo a la sentencia la falta de cualidad de los demandantes para intentar la presente acción, así como la falta de cualidad de la empresa para ser demandada y de interés para sostener el presente juicio.
La representación de la demandada fundamenta sus defensas en los siguientes términos:
De manera pues que una acción como la presente, en el supuesto negado de que mi representada llegase a estar insolvente en la cancelación de royalties correspondientes como contraprestación del derecho a explotar la piedra caliza en el Fundo Gamero, solo puede ser ejercida por quien tenga el carácter y la cualidad de ser parte integrante del respectivo contrato de concesión.
Ahora bien, conforme se aprecia en el libelo de la demanda suscrito por el apoderado actor, el contrato de explotación suscrito por mi representada y que tenía por objeto la explotación de la piedra caliza en terrenos del Fundo Gamero, y que tuvo una vigencia de cinco (05) años comprendido entre el primero de julio de 1987 y el 30 de junio de 1997, le fue otorgado por los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA, quienes actuaron como representantes ad hoc de dos bloques de personas, uno de ellos integrado por JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, GUSTAVO RAFAEL GALANTÓN COVA, LUISA MERCEDES GALANTÓN COVA, LUIS RAFAEL GALANTÓN COVA, LUIS JOSÉ GALANTÓN, ANIBAL JOSÉ GALANTÓN Y JOSEFINA DEL VALLE GALANTÓN (antes identificados), quienes ejercen la presente acción y el otro bloque, constituido por la SUCESIÓN de ANDRÉS GALANTÓN MACHADO, integrado por los ciudadanos LUISA BATISTA GALANTÓN, ANA DEL CARMEN MACHADO DE PRESILLA, FELICIDAD DEL CARMEN GALANTÓN, BUENAVENTURA GALANTÓN MACHADO, LUISA TERESA GALANTÓN, CARMEN LUCÍA GALANTÓN, LUIS RAMÓN GALANTÓN, ANTONIO JOSÉ GALANTÓN, ANDRÉS JOSÉ MACHADO, ÁNGELA MACHADO, NILA EUGENIA MACHADO y JESÚS RAMÓN MACHADO, para cuyo otorgamiento los mencionados representantes, ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA, actuaron con fundamento en el Convenio suscrito entre ambos bloques el 20 de diciembre de 1986, protocolizado en fecha catorce de enero de 1987, que fue dejado sin efecto por sus firmantes, conforme consta de los documentos privados que la parte actora acompañó a su libelo identificados F y G, haciendo cesar las funciones de los administradores; como consecuencia de lo cual, mi representada se vio en la obligación de suscribir un nuevo Contrato para la explotación de la piedra Caliza en el Fundo Gamero de esta localidad, habida cuenta que por decisión definitivamente firme había sido declarada SIN LUGAR la acción mero declarativa de tácita reconducción, incoada en contra de ambos bloques de personas, que se sustanció en el Expediente N° 0663 de la nomenclatura interna de este mismo Tribunal, lo cual consta de la sentencia que ha sido traída a los autos por la parte actora como anexo identificada con la letra J.
Ahora bien, viéndose mi representada, como he dicho, en la imperiosa necesidad de suscribir un nuevo contrato de explotación a fin de evitar el riesgo de paralizar su actividad económica, con el consiguiente perjuicio para la colectividad que depende de esa explotación por la generación de empleo directo e indirecto que ello representa y por la producción de insumos para la construcción de obras de interés público y de interés privado; tomando como consideración que el Bloque que le garantizaba la continuidad de la explotación y le ofrecía menos dudas acerca de su titularidad, es el constituido por la Sucesión GALANTÓN MACHADO, no dudó en suscribir en fecha primero de agosto de 2001, el Contrato de Explotación cuyo original anexo identificado B, que le fue presentado por el apoderado y representante de dicha Sucesión, el ciudadano WILFREDO GALANTÓN GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.871.414 y de este domicilio. En la celebración de ese nuevo contrato jugó un papel fundamental el hecho de que la acción mero declarativa de la tácita reconducción hubiera sido desechada por el Tribunal con la consiguiente extinción del Contrato anterior y que había sido resuelto, el Convenio que vinculaba a ambos bloques y facultaba a los dos administradores mencionados para otorgar el contrato, dejando por tanto en libertad a los integrantes de la Sucesión GALANTÓN MACHADO, para hacerse representar en todo lo atinente a la administración del Fundo GAMERO por órgano de la persona a quien le confirió poder mediante el documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Sucre, en fecha 29 de julio de 1997, bajo el N° 16 del Protocolo Tercero correspondiente al Tercer Trimestre de dicho año.
De manera pues, que habiendo quedado extinguido el Contrato anterior y estando resuelto el convenio que unía para continuar la administración del mencionado Fundo Gamero, es evidente que mi representada procedió ajustada a derecho al buscar y obtener la firma de una nueva contratación, y como consecuencia de ese nuevo contrato resulta lógico que las facultades, derechos y obligaciones que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a la parte contratante como otorgante de la concesión le vienen atribuidas a la Sucesión Galantón Machado como otorgante de ese nuevo contrato; y, por ende, las facultades, derechos y obligaciones inherentes a la figura del concesionario, nacen en cabeza de mi representado con respecto al arrendador.
Todo ello, conlleva a que los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, GUSTAVO RAFAEL GALANTÓN COVA, LUISA MERCEDES GALANTÓN COVA, LUIS RAFAEL GALANTÓN COVA, LUIS JOSÉ GALANTÓN, ANIBAL JOSÉ GALANTÓN y JOSEFINA DEL VALLE GALANTÓN, carezcan de cualidad para ejercer la presente acción de cobro de bolívares por concepto de royalties; y por ende, conduce a que mi representada carezca de cualidad para ser demandada y de interés para sostener el presente juicio; y así solicito formalmente que se declare, como punto previo de la sentencia que deba recaer en el presente juicio.
En la demanda, sostiene el apoderado actor, que se celebró un convenio entre JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, quien actuando en su propio nombre y en representación de su madre Josefa del Carmen Cova, Francisca Catalina Galantón, Edilia Díaz, Cándido Galantón, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, por una parte, y por la otra los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado, integrada por los ciudadanos Luisa Batista Galantón, Ana del Carmen Machado de Presilla, Felicidad del Carmen Galantón, Buenaventura Galantón Machado, Luisa Teresa Galantón, Carmen Lucía Galantón, Luis Ramón Galantón, Antonio José Galantón, Andrés José Machado, Ángela Machado, Nila Eugenia Machado, José Antonio Machado y Jesús Ramón Machado.
El referido convenio quedó registrado en fecha 14 de enero de 1987, ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Sucre, bajo el N° 6 de su serie, folios 21 al 24, del protocolo primero, Tomo Primero, del primer trimestre del mismo año, cursa en los folios 10 al 12 y su vto., cuya original fue consignado con el libelo de la demanda, por tratarse de un documento público no impugnado en su oportunidad, tiene todo su valor probatorio.
Que en virtud de ese convenio se designaron como administradores a JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA VIUDA DE BRITO, con este carácter celebraron un contrato con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., para la explotación de la piedra caliza dentro del Fundo Gamero, propiedad de sus administrados. Dicho contrato fue reconocido en fecha 03-11-87, anotado bajo el N° 30, Tomo 3 de los Libros de Reconocimientos respectivos llevados por la Notaría Pública de Cumaná, Estado Sucre. Este contrato consignado con el libelo de la demanda que cursa en los folios 13 al 15, se le concede todo su valor probatorio a no ser desconocido ni impugnado en su oportunidad.
En la cláusula primera del contrato establecieron:
PRIMERA: Los Administradores representan a los propietarios del Fundo denominado Gamero, que se identifica más adelante y en su nombre autorizan a La Empresa, a explotar la piedra caliza existente en el mencionado fundo Gamero, en las condiciones y términos en que ambas partes han convenido y que se especifican en las cláusulas posteriores.-
Los administradores en la oportunidad de la celebración del contrato con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre de los propietarios del fundo GAMERO, e indican el apoderado actor en su libelo que se trata de JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, quien actuando en su propio nombre y en representación de su madre Josefa del Carmen Cova, Francisca Catalina Galantón, Edilia Díaz, Cándido Galantón, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, por una parte, y por la otra los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado, integrada por los ciudadanos Luisa Batista Galantón, Ana del Carmen Machado de Presilla, Felicidad del Carmen Galantón, Buenaventura Galantón Machado, Luisa Teresa Galantón, Carmen Lucía Galantón, Luis Ramón Galantón, Antonio José Galantón, Andrés José Machado, Ángela Machado, Nila Eugenia Machado, José Antonio Machado y Jesús Ramón Machado, por lo que estaríamos en presencia de la existencia de un litisconsorcio activo necesario.
El artículo 146 del Código de Procedimiento Civil establece:
Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentres sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52.
El contrato celebrado con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., le produjo a los demandantes José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, y a los integrantes de la Sucesión Machado un interés común, determinado por la comunidad de derechos que tienen como herederos propietarios del fundo Gamero, tal como lo suscribieron en el convenio celebrado, antes señalado.
Ha sostenido la doctrina que el litisconsorcio necesario o forzoso, se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes y, por tanto, al momento de plantearse en juicio la controversia, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación frente a todos los demás.
En estos casos y en otros semejantes, la relación sustancial controvertida es única para todos los integrantes de ella, de modo que no puede modificarse sino a petición de uno o varios de ellos frente a todos los demás y resolverse de modo uniforme para todos, por lo cual la legitimación para contradecir en juicio corresponde en conjunto a todos, aun a los que no han asumido la condición de actores y no separadamente a cada uno de ellos, siendo por tanto necesario o forzoso el litisconsorcio.
En nuestro derecho, el actor que obra contra uno solo de los sujetos legitimados para contradecir, se expone a que se alegue en la contestación de la demanda la falta de cualidad (Art. 361 C.P.C.) porque la legitimación no corresponde pasivamente a uno solo de ellos sino conjuntamente a todos.
El contrato celebrado por los Administradores del Fundo Gamero con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre no sólo de José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, sino que tenían la representación de los otros copropietarios, los integrantes de la Sucesión Machado, por ello la parte actora carece de legimatio ad causam, para accionar la pretensión por ellos ejercida, por lo que ha de concluir que los demandantes no tienen cualidad para ejercer la presente demanda, y como consecuencia de ello se debe declara INADMISIBLE la demanda. Así se decide.
En virtud de lo anterior, este sentenciador considera innecesario cualquier otro análisis de los alegatos o pruebas presentados por las partes. Así se declara.. (Mayúsculas y cursivas de la decisión y subrayado de la Sala)
De la cita textual de la decisión recurrida, constata esta Sala que el ad quem sí motivó su decisión, pues para declarar la falta de cualidad activa dejó sentado que el contrato celebrado por los Administradores del Fundo Gamero con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre no sólo de José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, sino que tenían la representación de los otros copropietarios, los integrantes de la Sucesión Machado, por ello la parte actora carece de legimatio ad causam, para accionar la pretensión por ellos ejercida, por lo que ha de concluir que los demandantes no tienen cualidad para ejercer la presente demanda, y como consecuencia de ello se debe declarar INADMISIBLE la demanda .
En todo caso, si el formalizante consideraba que el juez superior ha debido analizar otras pruebas y no soportar su decisión en el contrato celebrado por los administradores del Fundo Gamero con la empresa Canteras de Oriente, C.A., ha debido interponer mediante el recurso de infracción de ley una denuncia por silencio de pruebas o de suposición falsa, de haber establecido la recurrida un hecho falso, mas no plantearla a través del recurso por defecto de actividad como en efecto lo hizo.
Por tal motivo, la denuncia por quebrantamiento del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil se declara improcedente. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
ÚNICA
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 146 y 361 eiusdem, por falsa aplicación, porque el sentenciador ad quem declaró con lugar la defensa de falta de cualidad, debido a la errónea relación entre la ley y el hecho.
En ese orden de ideas, sostiene que resulta verdaderamente extraño que el juez de alzada se haya apartado del problema sometido a su consideración y encuentre el apoyo de su decisión en un contrato que se encontraba totalmente resuelto mediante sentencia definitivamente firme y en un convenio que tampoco tenía vigencia tal y como consta en los documentos registrados que cursan a los folios 18 al 23 de la primera pieza del expediente, y que además sólo fueron mencionados en el libelo de demanda como un recuento histórico y no como fundamento de la pretensión, es decir que no guarda relación el contenido del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, con los hechos controvertidos erró en su decisión al pretender tomar el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil y relacionarlo con el encabezamiento del artículo 361 eiusdem, para finalmente considerar que existe un litisconsorcio activo y por tanto falta de cualidad activa por parte de los demandantes para intentar la presente acción.
Asimismo, señala que el objeto de la demanda es el cobro de una suma de dinero que la demandada le debe a la Sucesión de José Ramón Galantón Cova como consecuencia del dinero propiedad de los demandantes que fue retirado del Banco Industrial de Venezuela por el Presidente de la empresa Canteras de Oriente C.A., al declarársele sin lugar el contrato de reconducción de explotación de piedra caliza en los terrenos del fundo Gamero, por orden del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito Judicial del estado Sucre; todo ello sólo en lo concerniente a los derechos que los codemandantes tienen como propietarios del mencionado fundo. Hechos que se encuentran totalmente corroborados por la parte demandada en su contestación a la demanda.
De seguidas, sostiene que el juzgado superior al sustentar su sentencia en una errónea y falsa aplicación a los hechos puestos a su conocimiento, incurrió en el vicio denunciado, lo cual tuvo determinante influencia en las resultas del fallo.
Para decidir, la Sala observa:
La falsa aplicación de una norma jurídica, se produce cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en los autos y los previstos como supuesto de la norma jurídica que se aplica, es decir, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. (Ver, entre otras, sentencia del 30 de noviembre de 2007, Caso: Central Azucarero del Táchira C.A. contra Corporación Afianzadora de Venezuela C.A.).
Por su parte, el error de interpretación ocurre cuando un juez, aun reconociendo la existencia de una norma jurídica, interpreta erróneamente, su alcance general y abstracto. Es decir, ofrece una interpretación que no es conforme con el sentido del texto de la norma jurídica. Al respecto, la Sala ha establecido, que el error de interpretación se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, específicamente por la falta que puede cometer el juez al determinar el contenido y alcance de una regla que fue correctamente elegida para solucionar la controversia surgida entre las partes, bien sea en la hipótesis abstractamente prevista en la norma, o en la determinación de sus consecuencias jurídicas, esto es, cuando no le da a la norma su verdadero sentido, haciendo derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido . (Vid. sentencia de fecha 28 de octubre de 2005, Caso: María Luisa Díaz Gil Fortoul contra Constructora Hermanos Ruggiero C.A., reiterada el 18 de mayo de 2009, Caso: Manuel Vicente Navas Pietri contra Renacer C.A.).
Como puede observarse de la argumentación empleada en la delación, el formalizante incurre en una mezcla indebida de denuncias al delatar en una misma delación los vicios de falsa aplicación y errónea interpretación de los artículos 146 y 361 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, en cuanto a la técnica necesaria para interponer el recurso de casación, la Sala ha establecido que conforme a lo dispuesto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, se deben observar en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falta de aplicación, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. (Ver sentencia Nº 657, de 15 de octubre de 2012, caso: Bertha Pinto de Bastardo, contra Karin Jorge Kalaja Karakoc, que ratificó el criterio sentado en el fallo N° 555, de fecha 24 de noviembre de 2010, caso: Teodosia Silva de Luna, contra Pablo Jesús Alvarado y otro.
De lo anterior se pone de manifiesto, que para formular denuncias en casación, independientemente de su naturaleza, se deben encontrar satisfechas las exigencias previstas en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, al ser ineludible la utilización de una adecuada fundamentación jurídica junto con los argumentos que guarden una pertinente relación entre el error delatado y la infracción presuntamente cometida por la sentencia recurrida, para que pueda comprenderse lo que se pretende delatar ante este alto tribunal, carga esta propia del formalizante que no puede ser suplida por la Sala, pues al pretender interpretar las razones que el formalizante haya presentado de manera vaga o ambigua, pudiese dar lugar a una solución distinta a la que realmente se ajuste a lo solicitado.
Ahora bien, en aplicación de los principios contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantizan a los justiciables que los procesos judiciales se llevarán a cabo sin formalismos, y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, y dejando a un lado la falta de técnica del formalizante, la Sala aprecia que aun cuando se delata simultáneamente la falsa aplicación y errónea interpretación de los artículos 146 y 361 del Código de Procedimiento Civil, lo que realmente pretende denunciar el formalizante es el supuesto error cometido en la sentencia impugnada al declarar la falta de cualidad activa, al no tomarse en cuenta que en el caso que nos ocupa los únicos que tiene cualidad para demandar son los actores porque el objeto de la demanda es el cobro de una suma de dinero que la demandada le debe a la Sucesión de José Ramón Galantón Cova como consecuencia de haberla retirado el Presidente de la empresa Canteras de Oriente C.A., del Banco Industrial de Venezuela, por orden del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, que declaró sin lugar el contrato de reconducción de explotación de piedra caliza en los terrenos del fundo Gamero, todo ello sólo en lo concerniente a los derechos que los codemandantes tienen como propietarios del mencionado fundo. Hechos que se encuentran totalmente corroborados por la parte demandada en su contestación a la demanda, y al no considerar tales aspectos a su juicio infringió los artículos 146 y 361 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación; no obstante, en la parte final de su denuncia señala que los mismos fueron infringidos por errónea interpretación.
Por esta razón, será en estos términos que será examinada la denuncia, pues aun cuando incurrió en una mezcla de denuncias, se puede evidenciar que lo delatado fue la infracción de los artículos 146 y 361 del Código de Procedimiento Civil por por errónea interpretación, y en tal sentido se observa:
Los artículos 146 y 361 del Código de Procedimiento Civil, disponen:
Artículo 146: Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52.
Artículo 361: En la contestación de la demanda el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación, y las razones, defensas o excepciones perentorias que creyere conveniente alegar.
Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el demandado para intentar o sostener el juicio, y las cuestiones a que refieren los ordinales 9°, 10 y 11 del artículo 346, cuando estas últimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas.
Si el demandado quisiere proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, deberá hacerlo en la misma contestación.
La primera de las normas transcritas regula la figura del litisconsorcio. De su lectura, la Sala observa que el litisconsorcio se distingue de la simple pluralidad de partes en un proceso, y ocurre cuando existen dos o más personas naturales o jurídicas como partes en un mismo juicio, bien como actores o como demandados, llamados para integrar debidamente el contradictorio, pues la legitimación, activa o pasiva, no reside plenamente en cada una de ellas (necesario) o conexas entre sí por el objeto y la causa de pedir, pero nunca acumulación de sujetos (voluntario).
Por su parte, el primer aparte de la segunda de las disposiciones citadas se refiere a que el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda, entre otras circunstancias, puede hacer valer la falta de cualidad. Sobre el particular, considera esta Sala que en modo alguno fue infringida la mencionada disposición, pues únicamente establece la oportunidad en que debe hacerse valer la falta de cualidad, entre otras cuestiones, lo cual constituye un hecho admitido por las partes, según se evidencia de la sentencia de alzada.
Ahora bien, esta Sala observa que lo que cuestiona el formalizante es la declaratoria de falta de cualidad para proponer la demanda, respecto de lo cual la sentencia recurrida dejó sentado lo siguiente:
PUNTO PREVIO:
Trabada como quedó la litis, y fijados los límites de la controversia con la contestación presentada por el representante de la demandada, quien sentencia debe decidir el punto previo que alega la demandada de la falta de cualidad de los demandantes para ejercer la presente acción.
Como se observa de la contestación de la demanda, la representación de la empresa demandada, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opone para que sea resuelto como punto previo a la sentencia la falta de cualidad de los demandantes para intentar la presente acción, así como la falta de cualidad de la empresa para ser demandada y de interés para sostener el presente juicio.
La representación de la demandada fundamenta sus defensas en los siguientes términos:
De manera pues que una acción como la presente, en el supuesto negado de que mi representada llegase a estar insolvente en la cancelación de royalties correspondientes como contraprestación del derecho a explotar la piedra caliza en el Fundo Gamero, solo puede ser ejercida por quien tenga el carácter y la cualidad de ser parte integrante del respectivo contrato de concesión.
Ahora bien, conforme se aprecia en el libelo de la demanda suscrito por el apoderado actor, el contrato de explotación suscrito por mi representada y que tenía por objeto la explotación de la piedra caliza en terrenos del Fundo Gamero, y que tuvo una vigencia de cinco (05) años comprendido entre el primero de julio de 1987 y el 30 de junio de 1997, le fue otorgado por los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA, quienes actuaron como representantes ad hoc de dos bloques de personas, uno de ellos integrado por JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, GUSTAVO RAFAEL GALANTÓN COVA, LUISA MERCEDES GALANTÓN COVA, LUIS RAFAEL GALANTÓN COVA, LUIS JOSÉ GALANTÓN, ANIBAL JOSÉ GALANTÓN Y JOSEFINA DEL VALLE GALANTÓN (antes identificados), quienes ejercen la presente acción y el otro bloque, constituido por la SUCESIÓN de ANDRÉS GALANTÓN MACHADO, integrado por los ciudadanos LUISA BATISTA GALANTÓN, ANA DEL CARMEN MACHADO DE PRESILLA, FELICIDAD DEL CARMEN GALANTÓN, BUENAVENTURA GALANTÓN MACHADO, LUISA TERESA GALANTÓN, CARMEN LUCÍA GALANTÓN, LUIS RAMÓN GALANTÓN, ANTONIO JOSÉ GALANTÓN, ANDRÉS JOSÉ MACHADO, ÁNGELA MACHADO, NILA EUGENIA MACHADO y JESÚS RAMÓN MACHADO, para cuyo otorgamiento los mencionados representantes, ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA, actuaron con fundamento en el Convenio suscrito entre ambos bloques el 20 de diciembre de 1986, protocolizado en fecha catorce de enero de 1987, que fue dejado sin efecto por sus firmantes, conforme consta de los documentos privados que la parte actora acompañó a su libelo identificados F y G, haciendo cesar las funciones de los administradores; como consecuencia de lo cual, mi representada se vio en la obligación de suscribir un nuevo Contrato para la explotación de la piedra Caliza en el Fundo Gamero de esta localidad, habida cuenta que por decisión definitivamente firme había sido declarada SIN LUGAR la acción mero declarativa de tácita reconducción, incoada en contra de ambos bloques de personas, que se sustanció en el Expediente N° 0663 de la nomenclatura interna de este mismo Tribunal, lo cual consta de la sentencia que ha sido traída a los autos por la parte actora como anexo identificada con la letra J.
Ahora bien, viéndose mi representada, como he dicho, en la imperiosa necesidad de suscribir un nuevo contrato de explotación a fin de evitar el riesgo de paralizar su actividad económica, con el consiguiente perjuicio para la colectividad que depende de esa explotación por la generación de empleo directo e indirecto que ello representa y por la producción de insumos para la construcción de obras de interés público y de interés privado; tomando como consideración que el Bloque que le garantizaba la continuidad de la explotación y le ofrecía menos dudas acerca de su titularidad, es el constituido por la Sucesión GALANTÓN MACHADO, no dudó en suscribir en fecha primero de agosto de 2001, el Contrato de Explotación cuyo original anexo identificado B, que le fue presentado por el apoderado y representante de dicha Sucesión, el ciudadano WILFREDO GALANTÓN GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.871.414 y de este domicilio. En la celebración de ese nuevo contrato jugó un papel fundamental el hecho de que la acción mero declarativa de la tácita reconducción hubiera sido desechada por el Tribunal con la consiguiente extinción del Contrato anterior y que había sido resuelto, el Convenio que vinculaba a ambos bloques y facultaba a los dos administradores mencionados para otorgar el contrato, dejando por tanto en libertad a los integrantes de la Sucesión GALANTÓN MACHADO, para hacerse representar en todo lo atinente a la administración del Fundo GAMERO por órgano de la persona a quien le confirió poder mediante el documento debidamente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Sucre del Estado Sucre, en fecha 29 de julio de 1997, bajo el N° 16 del Protocolo Tercero correspondiente al Tercer Trimestre de dicho año.
De manera pues, que habiendo quedado extinguido el Contrato anterior y estando resuelto el convenio que unía para continuar la administración del mencionado Fundo Gamero, es evidente que mi representada procedió ajustada a derecho al buscar y obtener la firma de una nueva contratación, y como consecuencia de ese nuevo contrato resulta lógico que las facultades, derechos y obligaciones que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a la parte contratante como otorgante de la concesión le vienen atribuidas a la Sucesión Galantón Machado como otorgante de ese nuevo contrato; y, por ende, las facultades, derechos y obligaciones inherentes a la figura del concesionario, nacen en cabeza de mi representado con respecto al arrendador.
Todo ello, conlleva a que los ciudadanos JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, GUSTAVO RAFAEL GALANTÓN COVA, LUISA MERCEDES GALANTÓN COVA, LUIS RAFAEL GALANTÓN COVA, LUIS JOSÉ GALANTÓN, ANIBAL JOSÉ GALANTÓN y JOSEFINA DEL VALLE GALANTÓN, carezcan de cualidad para ejercer la presente acción de cobro de bolívares por concepto de royalties; y por ende, conduce a que mi representada carezca de cualidad para ser demandada y de interés para sostener el presente juicio; y así solicito formalmente que se declare, como punto previo de la sentencia que deba recaer en el presente juicio.
En la demanda, sostiene el apoderado actor, que se celebró un convenio entre JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, quien actuando en su propio nombre y en representación de su madre Josefa del Carmen Cova, Francisca Catalina Galantón, Edilia Díaz, Cándido Galantón, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, por una parte, y por la otra los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado, integrada por los ciudadanos Luisa Batista Galantón, Ana del Carmen Machado de Presilla, Felicidad del Carmen Galantón, Buenaventura Galantón Machado, Luisa Teresa Galantón, Carmen Lucía Galantón, Luis Ramón Galantón, Antonio José Galantón, Andrés José Machado, Ángela Machado, Nila Eugenia Machado, José Antonio Machado y Jesús Ramón Machado.
El referido convenio quedó registrado en fecha 14 de enero de 1987, ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Sucre del Estado Sucre, bajo el N° 6 de su serie, folios 21 al 24, del protocolo primero, Tomo Primero, del primer trimestre del mismo año, cursa en los folios 10 al 12 y su vto., cuya original fue consignado con el libelo de la demanda, por tratarse de un documento público no impugnado en su oportunidad, tiene todo su valor probatorio.
Que en virtud de ese convenio se designaron como administradores a JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA y ROSA ANA PRESILLA VIUDA DE BRITO, con este carácter celebraron un contrato con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., para la explotación de la piedra caliza dentro del Fundo Gamero, propiedad de sus administrados. Dicho contrato fue reconocido en fecha 03-11-87, anotado bajo el N° 30, Tomo 3 de los Libros de Reconocimientos respectivos llevados por la Notaría Pública de Cumaná, Estado Sucre. Este contrato consignado con el libelo de la demanda que cursa en los folios 13 al 15, se le concede todo su valor probatorio a no ser desconocido ni impugnado en su oportunidad.
En la cláusula primera del contrato establecieron:
PRIMERA: Los Administradores representan a los propietarios del Fundo denominado Gamero, que se identifica más adelante y en su nombre autorizan a La Empresa, a explotar la piedra caliza existente en el mencionado fundo Gamero, en las condiciones y términos en que ambas partes han convenido y que se especifican en las cláusulas posteriores.
Los administradores en la oportunidad de la celebración del contrato con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre de los propietarios del fundo GAMERO, e indican el apoderado actor en su libelo que se trata de JOSÉ RAMÓN GALANTÓN COVA, quien actuando en su propio nombre y en representación de su madre Josefa del Carmen Cova, Francisca Catalina Galantón, Edilia Díaz, Cándido Galantón, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, por una parte, y por la otra los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado, integrada por los ciudadanos Luisa Batista Galantón, Ana del Carmen Machado de Presilla, Felicidad del Carmen Galantón, Buenaventura Galantón Machado, Luisa Teresa Galantón, Carmen Lucía Galantón, Luis Ramón Galantón, Antonio José Galantón, Andrés José Machado, Ángela Machado, Nila Eugenia Machado, José Antonio Machado y Jesús Ramón Machado, por lo que estaríamos en presencia de la existencia de un litisconsorcio activo necesario.
El artículo 146 del Código de Procedimiento Civil establece:
Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentres sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52.
El contrato celebrado con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., le produjo a los demandantes José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, y a los integrantes de la Sucesión Machado un interés común, determinado por la comunidad de derechos que tienen como herederos propietarios del fundo Gamero, tal como lo suscribieron en el convenio celebrado, antes señalado.
Ha sostenido la doctrina que el litisconsorcio necesario o forzoso, se tiene cuando existe una relación sustancial o estado jurídico único para varios sujetos, en tal forma que las modificaciones de dicha relación o estado jurídico, para ser eficaces, deben operar frente a todos sus integrantes y, por tanto, al momento de plantearse en juicio la controversia, la pretensión debe hacerse valer por uno o por varios de los integrantes de la relación frente a todos los demás.
En estos casos y en otros semejantes, la relación sustancial controvertida es única para todos los integrantes de ella, de modo que no puede modificarse sino a petición de uno o varios de ellos frente a todos los demás y resolverse de modo uniforme para todos, por lo cual la legitimación para contradecir en juicio corresponde en conjunto a todos, aun a los que no han asumido la condición de actores y no separadamente a cada uno de ellos, siendo por tanto necesario o forzoso el litisconsorcio.
En nuestro derecho, el actor que obra contra uno solo de los sujetos legitimados para contradecir, se expone a que se alegue en la contestación de la demanda la falta de cualidad (Art. 361 C.P.C.) porque la legitimación no corresponde pasivamente a uno solo de ellos sino conjuntamente a todos.
El contrato celebrado por los Administradores del Fundo Gamero con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre no sólo de José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, sino que tenían la representación de los otros copropietarios, los integrantes de la Sucesión Machado, por ello la parte actora carece de legimatio ad causam, para accionar la pretensión por ellos ejercida, por lo que ha de concluir que los demandantes no tienen cualidad para ejercer la presente demanda, y como consecuencia de ello se debe declara INADMISIBLE la demanda. Así se decide.
En virtud de lo anterior, este sentenciador considera innecesario cualquier otro análisis de los alegatos o pruebas presentados por las partes. Así se declara.. (Mayúsculas y cursivas de la decisión y subrayado de la Sala)
Como se evidencia de la anterior transcripción, la recurrida con fundamento en la existencia de un litisconsorcio activo necesario, declaró la falta de cualidad de la actora e inadmisible la demanda al considerar que la demanda debió ser propuesta no sólo de José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, sino que tenían la representación de los otros copropietarios, los integrantes de la Sucesión Machado.
Ahora bien, para resolver la denuncia, hay que puntualizar dos aspectos, el primero es el concerniente al litisconsorcio, y el segundo, del cual ya se ha hecho una breve referencia, es el relativo a la falta de cualidad declarada por el juez superior.
Respecto del litisconsorcio, la Sala considera menester precisar la clara diferencia existente entre el litisconsorcio necesario y el potestativo. En el necesario, la obligación sólo puede ser hecha valer en conjunto, y en el potestativo, puede ser hecha individualmente, aun cuando la obligación hubiera sido asumida por varias personas, sin que sea necesario que acudan todos al juicio.
A mayor abundamiento un ejemplo de lo que se explica, se encuentra en los artículos 1.241 y 1.242 del Código Civil, cuyas normas disponen, en el primer caso, que el deudor pueda pagar a cualquiera de los acreedores solidarios, mientras no haya sido notificado de que alguno de ellos le haya reclamado judicialmente la deuda, y en el segundo, que la sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores contra el deudor común, aprovecha a los otros, a menos que se la haya fundado en una causa personal al acreedor demandante.
Asimismo, la Sala en sentencia del 4 de abril de 2006, Caso: César Palenzona Boccardo contra María Alejandra Palenzona Olavarría, estableció sobre el particular que ...la legitimación para acciones derivadas de los bienes indicados en el artículo 168 del Código Civil, se refiere a su enajenación, mas no a su reivindicación, que entraría a formar parte de los actos propiamente de administración de dichos bienes, para lo cual no se requiere del litis consorcio activo necesario. (Sentencia Nª 201 del 16 de julio de 1996, Caso: Juan Cruz Moreno c/ Hacienda Los Chaguaramos S.A.).
De los supuestos normativos traídos a colación a título ilustrativo, se evidencia que el legislador previó la posibilidad de que algunas obligaciones puedan ser hechas valer individualmente, sin que para ello sea necesario que acudan todos los litisconsortes al juicio, y en otros, obliga, como en el primer aparte del artículo 168 del Código Civil, que para la enajenación a título gratuito u oneroso de los bienes de la comunidad conyugal, sea necesario el consentimiento de ambos cónyuges, es decir, que acudan todos los integrantes del litisconsorcio. (Vid. Sentencia N° 2140 de fecha 1° de diciembre de 2006, proferida por la Sala Constitucional, caso: Amely Dolibeth Vivas Escalante, expediente N° 06-1181).
Aplicado el criterio anterior al caso de autos, la Sala considera que los ciudadanos José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón sí podían demandar separadamente, por cobro de bolívares, a la empresa Canteras de Oriente C.A., pues no conforman un litisconsorcio activo necesario como lo estableció la recurrida, porque de conformidad con el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, ellos podían intentar la acción separadamente. (Ver, entre otras, sentencia N° 637 dictada por la Sala de Casación Civil el 18 de enero de 2006, caso: Darcy Ruiz Molina y otros, contra Multimetal C.A.)
En efecto, en el sub iudice cualquiera de los litisconsortes tiene la potestad de demandar individualmente a la demandada si así lo considerasen o conjuntamente con los miembros de la sucesión de Andrés Galantón Machado para defender mejor sus derechos. En efecto, de conformidad con el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, ...Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes.... Evidentemente, esta norma tiene carácter potestativo, quiere decir, la intención del legislador es que el litisconsorcio pueda demandar en conjunto o individualmente, cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título.
Como puede observarse, en el caso que nos ocupa el objeto de la demanda es el cobro de una suma de dinero que -señala la parte actora- la demandada le debe a la Sucesión de José Ramón Galantón Cova como consecuencia de haberla retirado el Presidente de la empresa Canteras de Oriente C.A., del Banco Industrial de Venezuela, por orden del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito Judicial del estado Sucre, por efecto de haber declarado sin lugar el contrato de reconducción de explotación de piedra caliza en los terrenos del fundo Gamero, todo ello sólo en lo concerniente a los derechos que los codemandantes tienen como propietarios del mencionado fundo.
Ahora bien, esta Sala debe puntualizar que el derecho de propiedad no está dividido en partes materiales o ideales sino que cada copropietario tiene un derecho de propiedad pleno, cualitativamente igual al derecho del propietario exclusivo, y cuantitativamente diverso, al estar limitado por la concurrencia de los derechos iguales de los otros copropietarios. Es decir, el derecho de cada comunero se refiere y afecta a toda la cosa, no a una fracción de la misma, pero como debe coexistir con los derechos de los otros comuneros, es un derecho restringido en cuanto a la extensión de sus facultades.
Por consiguiente, el derecho de cada comunero le confiere los mismos efectos que produce el derecho exclusivo del propietario sobre el bien de su propiedad.
Este rasgo es importante a los efectos de la defensa judicial de su derecho frente a terceros o frente a los restantes condóminos, pues cada copropietario ha de ser tenido como propietario de la cosa entera, aunque sea una propiedad limitada por los derechos de los otros copropietarios; como tal, está facultado para ejercer las acciones judiciales frente a los terceros en beneficio o para la conservación de la cosa común, sobre todo en caso de negligencia de los demás. Desde este punto de vista, cada comunero está legitimado para intentar la acción judicial por sí mismo y no por cuenta de los otros, a menos que éstos lo hayan encargado de ello. (Vid., entre otras, sentencia N° 637 dictada por la Sala de Casación Civil el 18 de enero de 2006, citada).
Al respecto, Manuel Simón Egaña en su obra Bienes y Derechos Reales (Caracas, Editorial Criterio, Primera Reimpresión, 1974, p. 297 y 298), expresa:
...puede decirse que el fenómeno de la comunidad en la propiedad no produce alteración especial en la relación de dominio. La propiedad sobre el bien permanece inalterada, tal como si no existiese sino un solo titular. Esto quiere decir que todos los atributos integrantes del contenido de la propiedad permanecen sin modificación alguna, y que en consecuencia la parte activa integrada por los copropietarios o comuneros tiene todos los atributos que supone la plenitud del dominio.
Omissis
La copropiedad o condominio... no modifica la naturaleza, ni las consecuencias, ni las características fundamentales del derecho de propiedad. El dominio sigue existiendo en forma plena.
En este caso, la Sala observa que los actores sí podían demandar a la empresa Canteras de Oriente C.A., lo que dicho en otras palabras significa que sí podían demandar individualmente el cobro de bolívares objeto de la demanda.
Por otra parte, de la transcripción de la sentencia recurrida, la Sala evidencia que el juez superior equivocó la solución establecida en el fallo respecto de la existencia de un litisconsorcio activo necesario, la cual relacionó con la falta de cualidad. En este caso, si bien es cierto que los actores se encuentran vinculados con la Sucesión de Andrés Galantón Machado, al suscribir conjuntamente un contrato entre los administradores del Fundo Gamero con la empresa CANTERAS DE ORIENTE, C.A., lo realizaron a nombre no sólo de José Ramón Galantón Cova, Gustavo Rafael Galantón Cova, Luisa Mercedes Galantón Cova, Luis Rafael Galantón Cova, Luis José Galantón, Aníbal José Galantón y Josefina del Valle Galantón, sino que tenían la representación de los otros copropietarios, los integrantes de la Sucesión Machado; este hecho -que sólo demandó la Sucesión de José Ramón Galantón Cova- no puede servir de justificación para negarle el derecho a los actores de proponer el juicio separadamente, donde si bien se le permitió acceder a él, en principio, injustificadamente se le desestimó por carecer de cualidad para su continuación.
Con base en lo expuesto precedentemente, esta Sala considera que el juez superior erró en la interpretación del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, pues con fundamento en la existencia de un litisconsorcio activo necesario, declaró la falta de cualidad de los miembros de la Sucesión de José Ramón Galantón Cova, siendo que sí podía concurrir individualmente cada Sucesión a demandar por separado el cobro de bolívares.
Dicha infracción es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto la recurrida declaró improcedente la pretensión con fundamento en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, y de haber considerado que los miembros de la Sucesión de José Ramón Galantón Cova sí podían demandar individualmente el cobro de bolívares sin los miembros de la Sucesión de Andrés Galantón Machado no habría declarado inadmisible la demanda.
En consecuencia, esta Sala de Casación Civil, declara procedente la denuncia de infracción del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación. Así se establece.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación propuesto contra la sentencia de fecha 10 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al tribunal superior que le corresponda decidir, dicte nueva sentencia de alzada acatando la doctrina sentada en la decisión.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Por la naturaleza de la decisión, no hay condenatoria en costas del recurso.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta-ponente,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado,
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LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
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AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
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YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
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CARLOS WILFREDO FUENTES
Exp. Nro. AA20-C-2014-0000539
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretario,
El Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, disiente de la mayoría de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, de conformidad con lo establecido en los artículos 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 de su Reglamento Interno, en consecuencia salva su voto en la presente decisión, por cuanto, en la única denuncia por infracción de ley, el formalizante no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 317, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, es decir, no especificó las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia.
En adición a lo anterior, tampoco explicó la influencia determinante en el dispositivo del fallo del error de juzgamiento denunciado.
Por si ello fuera poco, en la sentencia de la cual me aparto, la mayoría sentenciadora reconoce expresamente que el mismo incurrió en una mezcla indebida de denuncias al delatar simultáneamente los vicios de falsa aplicación y errónea interpretación, no obstante todas esas deficiencias se dejó a un lado la falta de técnica advertida y se entró a conocer y decidir el fondo de lo denunciado, con lo cual no estoy de acuerdo porque ello implica conceder una ventaja indebida a una de las partes y por ende una ruptura del equilibrio procesal entre las mismas, puesto que lo procedente en estos casos es desechar la denuncia por falta de técnica, tal como se ha hecho en muchos otros casos.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidenta de la Sala,
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YRIS PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
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ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-disidente,
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LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrada,
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AURIDES MERCEDES MORA
Magistrada,
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YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
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CARLOS WILFREDO FUENTES
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