Sentencia N.º RC.000868
- Sentencia
- N.º RC.000868
- Fecha
- 09/12/2014
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 14-551
- Ponente
- Yris Armenia Peña Espinoza
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
2014-000551
Ponencia de la Magistrada: YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
En el juicio que por cumplimiento de contrato de arrendamiento intentó la sociedad mercantil KOOL VENEZUELA C.A., patrocinada judicialmente por el abogado en el ejercicio de su profesión José Miguel Ugueto Escobar y Juan Ramón Hernández Osuna contra el ciudadano ROCCO MAZZEO, representado por los profesionales del derecho José Salazar Marval y Rosmarvic Salazar; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, dictó sentencia en fecha 11 de junio de 2014, mediante la cual declaró:
Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Abogado (sic) José Salazar Marval, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 26.064, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada ciudadano ROCCO MAZZEO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 9.482.906, contra la sentencia dictada en fecha 29 de abril de 2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Miranda con sede en Los Teques, la cual queda REVOCADA.
Segundo: SIN LUGAR, la Demanda (sic) de cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoada por la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero del Estado (sic) Bolivariano de Miranda, bajo el No. 2, Tomo 70-A, en fecha 30 de agosta de 2011. En contra del ciudadano ROCCO MAZZEO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 9.482.906, (sic)
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida.
Cuarto: Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Quinto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión .
Contra la precitada decisión, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado oportunamente, sin impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Con sustento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la representación judicial de la parte demandante formalizante, denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 5° eiusdem, asegurando, que en el respectivo escrito libelar fue alegado:
en forma expresa la violación de las cláusulas primera, tercera, quinta, séptima, octava y décima (sic) cuarta del contrato suscrito entre las partes, cuyo cumplimiento se demando (sic), tal como se infiere del escrito de demanda, sin que exista pronunciamiento alguno al respecto .
Para decidir, se observa:
Denuncia el formalizante, la incongruencia negativa del fallo dictado en la segunda instancia, cuando asegura que habiendo alegado el incumplimiento por parte del demandado de las cláusulas primera, tercera, quinta, séptima, octava y décima (sic) cuarta del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, nada sobre lo alegado en relación con dichas estipulaciones resolvió el juzgador.
Se atribuye en forma específica el denunciado vicio, a la supuesta omisión en la cual, a criterio de quien formaliza, incurrió la juzgadora de la segunda instancia, al no pronunciarse sobre lo alegado en el libelo de demanda respecto a las cláusulas quinta y décimo tercera, conforme a las cuales las partes pautaron las condiciones de los pagos por conceptos como depósito y canon de arrendamiento.
Ahora bien, constata la Sala, que no obstante encuadrarse la presente denuncia en un quebrantamiento de formas procesales como lo es la incongruencia, los alegatos presentados por el formalizante, se refieren en forma directa a la interpretación de las estipulaciones que conforman el contrato, en razón de lo cual debe la Sala dejar establecido, que el planteamiento debió hacerse con apoyo en el ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, como un quebrantamiento de fondo y no de forma, sobre todo cuando se verifica en los autos respectivos, que la juzgadora consideró que se trataba de un contrato condicionado, sin fecha de inicio de vigencia. Argumentos que impedían entrar a analizar lo relativo a pagos de cualquier naturaleza.
En consecuencia, se desecha la presente denuncia. Así se decide.
-II-
Con apoyo en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia lo siguiente:
la infracción en la recurrida de los artículos 12 del Código de Procedimiento Civil, por no decidir el sentenciador conforme a lo alegado y probado en autos, 15 eiusdem por menoscabo claro al derecho a la defensa, al no ser una sentencia expresa, positiva y precisa, y del ordinal 3° del artículo 243 Código de Procedimiento Civil, por estar viciada la recurrida de indeterminación de la controversia al no contener una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos que constan en autos .
Pretendiendo argumentar el enunciado anterior, continúa el fomalizante señalando:
la juez de Alzada (sic) circunscribió nuestra pretensión a vagos, escuetos e inocuos argumentos
( Omissis )
La sentenciadora de la recurrida, incumplió con el deber que le impone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual la obliga a decidir sobre todo lo que ha sido alegado y probado en autos; lo que significa que el sentenciador está en la obligación de revisar todos los elementos de hecho que han sido traídos por las partes al proceso, como constitutivos de pretensión (LIBELO DE LA DEMANDA-CONTESTACIÓN).
Por tanto, cuando el sentenciador no revisa todos los elementos de hecho derivados de la demanda y su contestación, como el sub examine, no está decidiendo conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual viola el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y así lo denuncio.
Con tal proceder, la sentenciadora de la recurrida incumplió con el deber que le impone el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, porque él (sic) escudriñamiento de la verdad con la lectura de la contestación y las defensas allí esgrimidas, configuró un menoscabo claro al derecho a la defensa y a la igualdad de condiciones de las partes en el juicio, al viciar la sentencia de indeterminación de la controversia que impide a su vez una clara determinación de la cosa juzgada, al no existir una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia.
Por tal motivo, debe concluirse en la violación del contenido del artículo 243 eiusdem, en su ordinal 3°, en cuya disposición jurídica el Legislador (sic) obliga al sentenciador a realizar como ya se dijo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha sido planteada la controversia, imponiéndole el deber de señalar lo que conforma el tema decidendum, de forma sintetizada . (Subrayados de la Sala).
Sirva lo transcrito para evidenciar -y así lo deja establecido la Sala- los imprecisos argumentos que presenta el denunciante, impidiendo el conocimiento del fondo de lo planteado en razón de la confusión que genera.
Ello, por cuanto se acusa en forma simultánea, vicios como la incongruencia negativa y la indeterminación de la controversia con el consecuente menoscabo al derecho de la defensa de la parte demandante formalizante, sin aportar con precisión -como es necesario para el respectivo conocimiento por parte de la Sala-, la forma en la cual se perfeccionan dichos vicios. Deficiencia en razón de la cual debe desecharse lo planteado. Así se decide.
-III-
Fundamentándose en el ordinal 1° de artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la motivación contradictoria de la sentencia recurrida.
A tales efectos afirma:
el juez de la recurrida reconoce la existencia del vínculo contractual existente (sic) entre las partes, aduciendo además que el mismo entraría en vigencia y surtiría efectos legales entre ellas a partir de su autenticación. Sin embargo, la recurrida contrariamente a lo que estableció, exime al demandado de su obligación, bajo el subterfugio de que tal obligación no se encuentra determinada en cuanto a su temporalidad, es decir, cuando deberían cumplirse, expresando lo siguiente:
( Omissis )
Honorables Magistrados de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pregunta esta representación judicial:
¿Cómo pudo la recurrida reconocer la obligación que además no fue un hecho controvertido, y luego establecer que no tenia fecha de inicio? ¿acaso (sic) transcurría el lapso contractual sin que mi representada pudiese exigir su cumplimiento tal como está ocurriendo?
La respuesta es axiomática, la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación bajo la modalidad de motivación contradictoria, al desvirtuarse sus alegatos y destruirse entre sí, resultando por tanto carente de fundamentos y por ende nula. Y ASÍ LO SOLICITAMOS .
Para decidir, la Sala observa:
Quien denuncia considera, que la recurrida está apoyada en una motivación contradictoria, por cuanto, no obstante haberse reconocido en dicha decisión la existencia del contrato de arrendamiento cuyo cumplimiento se demanda, al mismo tiempo se estimó en la misma, que dicho convenio no tenía fecha de inicio, señalamientos que a criterio del demandante formalizante, son contradictorios, lo cual manifiesta -así lo estima la Sala- sin explicar por qué.
A los efectos de resolver sobre dicho planteamiento, se estima necesario citar lo determinado por la recurrida cuando se señala lo siguiente:
DEL FONDO DEL ASUNTO
Precisado lo anterior, quien decide procede a realizar el correspondiente análisis sobre la pretensión por cumplimiento de contrato de arrendamiento pretendida por la representación judicial de la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA C.A., contra el ciudadano ROCCO MAZZEO, observándose del escrito libelar que la parte demandante fundamenta su pretensión en el presunto incumplimiento en que incurrió el referido ciudadano, al no hacer la entrega formal de un inmueble constituido por un (1) local, de aproximadamente Ochocientos Metros Cuadrados (800 mt2), situado en el Edificio (sic) Mazzeo, piso 5, de la Av. Principal (sic) de la Rosaleda Sur, Municipio (sic) Los Salías del Estado (sic) Miranda, objeto del contrato de arrendamiento que suscribieran las partes el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, quedando inserto bajo el No. 20, tomo 114.
Por su parte, la representación judicial de la parte demandada ciudadano ROCCO MAZZEO, en su escrito de contestación a la demanda presentado en fecha 21 de enero de 2012, negó, rechazo y contradijo tanto en los hechos como en el derecho lo alegado por la parte demandante en su escrito libelar, aduciendo además que en ningún momento su representado incumplió con las obligaciones contractuales convenidas en el contrato de arrendamiento suscrito con la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA C.A., toda vez que le otorgó un contrato primigenio el cual fue debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, en fecha 2 de junio de 2012, quedando inserto bajo el No. 52, tomo 71, de los libros llevados por esa Notaría, que a su juicio aún se encuentra vigente debido a que no existe en la referida Notaría (sic) alguna nota marginal que exprese que las partes lo hayan dejado sin efecto o anulado.
Aunado a ello alega la representación judicial de la parte demandada que ciertamente las partes suscribieron un contrato de arrendamiento el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, quedando inserto bajo el No. (sic) 20, tomo 114, sobre el inmueble objeto del presente litigio, expresando que este es complemento del contrato anteriormente descrito que a su criterio aun se encuentra vigente, y que por ende el contrato de arrendamiento no ha nacido, por lo que no puede en consecuencia pretender su ejecución o la entrega material del inmueble dado en arrendamiento.
En atención a lo antes expuesto, y en virtud de lo preceptuado en el artículo 1.159 del Código Civil, queda establecido por esta Alzada (sic) que entre las partes existe una relación contractual, que se rige bajo las modalidades y términos establecidos en el referido contrato, así como por las normas legales que rigen la materia, razón por la cual resulta oportuno traer a colación lo establecido por la Sala Político Administrativo, del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 02 de septiembre de 2004, Exp. N° 2003-1218, quien sostuvo lo siguiente:
( Omissis )
En virtud de lo expuesto, determinada la fuerza de Ley (sic) que de los contratos se emana, es de acotar que ésta (sic) siempre será, en la medida en que dicho acuerdo haya sido adoptado dentro de los límites de la libertad contractual que fija el artículo 6 del Código Civil, esto es que no pueden relajarse ni el orden público, ni las buenas costumbres. En este orden de ideas constata esta Juzgadora (sic) en el caso de autos la parte actora demando (sic) por cumplimiento del contrato que convinieron en la cláusula primera, octava y décima (sic) quinta del contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No. 20, tomo 114, y cuyo cumplimiento se pretende, lo siguiente:
( Omissis )
Del contenido de las clausula (sic) transcrita, evidencia quien aquí decide que las partes efectivamente convinieron en el referido contrato que el arrendador otorgaría en arrendamiento (1) inmueble constituido por un (1) Local (sic), con un área aproximada de Ochocientos (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) (800 M2) (sic), ubicado en el Edificio (sic) Mazzeo, piso 5, de la Avenida (sic) Principal (sic) de la Rosaleda Sur del Municipio (sic) Los Salías, Estado (sic) Bolivariano de Miranda, comprometiéndose a entregarlo con todas las condiciones necesarias y adecuadas para su uso, tales como instalaciones eléctricas completas, servicios de aguas blancas y aguas negras, baños funcionales con sus respectivos accesorios, entre otras condiciones de mantenimiento. Asimismo manifestaron su voluntad de dejar sin efecto el contrato suscrito por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, en fecha 2 de junio de 2012, el cual quedo (sic) inserto bajo el No (sic). 52, tomo 71, de los libros llevados por esa Notaría (sic), sobre el referido inmueble, expresando que el contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, entraría en vigencia y surtiría efectos legales entre ellas desde el momento de su autenticación.
En este orden de ideas esta Juzgadora (sic), considera oportuno advertir que la doctrina ha manifestado de manera reiterada y pacífica que los contratos deben respetarse conforme las disposiciones bajo las cuales se celebraron, siempre y cuando no sean contrarios a derecho ni a las buenas costumbres, todo ello de conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil Venezolano el cual reza que Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos según la equidad, el uso o la ley, y en concordancia con el artículo 1.205 de la mencionada norma la cual dispone que Toda condición debe cumplirse como las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fuese.
Partiendo de lo antes expuesto, evidencia esta Juzgadora (sic) que en el caso de autos la parte actora alega el incumplimiento por parte del ciudadano ROCCO MAZZEO, en su condición de propietario, arrendador del contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No. 20, tomo 114, y parte demandada del presente juicio; en virtud de hacer entrega a terceros el local objeto del contrato y no a su representada KOOL VENEZUELA, C.A., como presuntamente quedo (sic) demostrado en la inspección judicial practicada por el Juzgado del Municipio (sic) Los Salias en fecha 16 de septiembre de 2.013 (sic), y en el que a su decir se evidencia, la presencia de terceros. (Subrayado del Tribunal).
Revisadas y analizadas las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones, pasa esta alzada a decidir y para ello formula las siguientes observaciones:
( Omissis )
Observa esta Juzgadora (sic) que el contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes ciertamente establece en la cláusula OCTAVA: EL ARRENDADOR se compromete que al momento de entregar el Local (sic) a EL ARRENDATARIO este debe tener instalaciones (sic) Eléctricas (sic) Completas (sic), no menos de 24 lámparas de iluminación y lámparas de emergencia, servicios de aguas blancas y aguas negras, tres (3) baños funcionales con sus respectivos accesorios, tendrá un piso uniforme de cemento pulido quemado para mejor funcionamiento y limpieza, ventanales laterales de tres 3X1 Mts. (sic) Entre cada columna con sus respectivos vidrios y funcionando, techo de 4 Mts. (sic) de altura en los laterales y de cinco Mts. (sic) de altura en el techo. El Local (sic) estará acondicionado con un techo seguro y sin filtraciones de agua, tendrá un portón corredizo seguro para carga y descarga con una puerta de acceso peatonal, y será entregado a EL ARRENDADOR con todos estos trabajos terminados. ( ) como puede observarse está condicionada la entrega del inmueble arrendado; es decir cuando todos los trabajos de acondicionamiento estén terminados, quedo (sic) evidenciado de la inspección realizada y aportada en este expediente que los trabajos de remodelación aún no han concluido, ciertamente la inspección judicial practicada dejó constancia que el inmueble se encontraba en remodelación, quedando demostrado lo que quedo (sic) pautado en el tantas veces mencionado contrato de arrendamiento; ya que la entrega del inmueble dado en arrendamiento está condicionado a la culminación de las obras y a la posibilidad de poder entregarlo en las condiciones de habitabilidad exigidas por la ley; igualmente evidencia quien aquí decide que el contrato de arrendamiento no tiene fecha cierta de inicio y de entrega del inmueble objeto de la controversia, razon (sic) por la cual no puede haber incumplimiento del mismo y ASI SE DEJA ESTABLECIDO . (Destacados de la Sala).
A propósito de lo transcrito, debe referirse el criterio según el cual, una sentencia se considera contradictoria en sus motivos, cuando estos, por ser de tal modo graves e inconciliables, se destruyen unos a otros.
Este, no es el caso de la recurrida, en la cual, contrario a lo afirmado por el denunciante, muy claramente quedó determinado, sin contradicción alguna, lo siguiente:
a) La existencia de un contrato de arrendamiento que se consideró condicionado a la culminación de las obras y a la posibilidad de poder entregarlo en las condiciones de habitabilidad establecidas en la Ley (sic) .
b) que en dicho convenio no existe fecha cierta de inicio y de entrega del inmueble objeto de la controversia .
A criterio de la Sala, los motivos sobre los cuales apoya su decisión la juzgadora de la segunda instancia no son contradictorios, debiendo agregarse en tal sentido, que de existir cuestionamientos o desacuerdo con las determinaciones relativas al análisis de las estipulaciones suscritas por las partes, en casos como el de especie, el planteamiento respectivo debe hacerse a través de una denuncia que se fundamente en quebrantamientos de fondo y no de forma, como erróneamente lo ha expresado el formalizante actual.
En consecuencia, la presente denuncia, relativa al supuesto quebrantamiento del artículo 4° del Código de Procedimiento Civil, por las razones expuestas anteriormente, debe ser declarada sin lugar. Así se decide.
-IV-
De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por ser la sentencia impugnada inmotivada y por ende estar inficionada del vicio de inmotivación .
Al respecto, textualmente se expresa:
en la sentencia recurrida la Juez (sic) expresa inmotivadamente lo siguiente:
( Omissis )
Respecto de la afirmación efectuada por la Juez (sic) de Alzada (sic), cabría preguntarse, ¿Qué (sic) quedo (sic) demostrado con tales probanzas? ¿a (sic) que (sic) conclusión llego (sic) por haber valorado dicha prueba? ¿Qué valor probatorio le dio a dichas pruebas? ¿De indicio, de plena prueba, de prueba concordante?.
Es clara la inmotivación en este caso, pues no se conoce a qué se refiere la Juez (sic) cuando dice valorar dichas pruebas no entendiéndose a que (sic) se corresponde cuando señala que las valora, pues no dice que (sic) se probo (sic) con ellas, ni el mérito de la prueba y su influencia en el proceso, que serían necesarios para tomar su determinación conforme a la ley y no de forma arbitraria, lo que patentiza palmariamente el vicio de inmotivación en este caso.
No puede la Juez (sic) Superior (sic) dictar sentencia y fijar su dispositivo, sin existir una motivación al respecto de la valoración de las pruebas, pues deja en estado de indefensión a la parte demandante al desechar su pretensión no obstante haber valorado sus pruebas, sin saber que (sic) influencia tuvo en la decisión, ni como fue tomada en cuenta por la Juez (sic) para decidir, lo que no permite saber el criterio seguido para su análisis y en consecuencia imposibilita que sea atacada en casación, al no saber a qué se refiere, es decir, fueron apreciadas las pruebas y ya.
Veamos cómo se pronunció en el capítulo destinado a la valoración respecto a nuestras pruebas:
( Omissis )
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto es que existe inmotivación absoluta en la recurrida, entre los considerados de la parte motiva, con la decisión contenida en la parte dispositiva de la sentencia, dado que omitió totalmente en su establecimiento y razonamiento, el análisis de su contenido. Se entiende, por ende, que se fijó el dispositivo sin ningún sustento en el fallo, no se sabe como (sic) la Juez (sic) Superior (sic) determinó el contenido de las pruebas y su valor, sin analizarlas.
Con tal proceder la Juez (sic) superior (sic) violó lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 243 del código de Procedimiento Civil, pues al analizar la prueba de informes las consideró válidas y las valoró, pero no señaló en su fallo cuáles fueron los hechos que en su criterio- (sic) quedaron demostrados o comprobados por efecto de esa apreciación .
Para decidir, la Sala observa:
La inmotivación denunciada se relaciona directamente en la presente, con la valoración de las pruebas.
En dicho sentido, considera el formalizante, refiriéndose al material probatorio aportado por las partes, que tanto en la motiva como en la dispositiva de la sentencia objetada, se omitió totalmente , establecimiento y razonamiento, el análisis de su contenido , lo cual denuncia erróneamente como una infracción de forma, al manifestar, que no se sabe como la Juez (sic) Superior (sic) determinó el contenido de las pruebas y su valor . Afirmaciones suficientes para desechar su planteamiento, con fundamento en el criterio sostenido por la Sala, entre otros, en su fallo Nº 602 de fecha 12 de agosto de 2005, dictado para resolver el caso Antonia Bilbao de Pérez contra Benliu Hung Liu y Ham Ling Hung; según el cual:
...A objeto de configurar la estructura de esta decisión, es necesario puntualizar que la doctrina casacionista sobre el vicio en cuestión silencio de pruebas- había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada en sentencia N° 204 del 21 de junio de 2000, en el juicio por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY C.A., expediente N° 99-597, y la nueva establecida al respecto, fue ampliada por fallo N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, juicio Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente N° 99-889... que expresó que (sic) el silencio de prueba es un error de juzgamiento y su formalización debe hacerse con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 con denuncia de infracción del artículo 509 ambos del Código de Procedimiento Civil, doctrina aplicable al caso de autos por haber sido admitido el recurso de casación en fecha 15 de marzo de 2005, fecha evidentemente posterior al cambio jurisprudencial señalado.... (Mayúsculas y negritas de la Sala).
Como lo sostiene pacífica y reiteradamente la Sala, todo lo relacionado con el establecimiento y la valoración de las pruebas, debe ser denunciado con apoyo en el ordinal 2° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como una infracción de ley y no de forma, como lo hizo el apoderado judicial del formalizante del caso de especie, incumpliendo la técnica respectiva.
En consecuencia, la presente denuncia relativa a la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, necesariamente debe ser declarada sin lugar. Así se decide.
INFRACCIONES DE LEY
-I-
Con apoyo en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se acusa la infracción de los artículo 12 de Procedimiento Civil; 1.159 y 1.160 del Código Civil, por encontrarse la recurrida incursa en el primer caso de suposición falsa por desnaturalización del contrato cuyo cumplimiento se demandó en el presente juicio .
Los argumentos para fundamentar la denuncia, se transcriben a continuación.
Dice el recurrente:
En el caso concreto, la Juez (sic) de Alzada (sic) estableció previamente en su parte motiva lo que sigue:
En este orden de ideas esta Juzgadora (sic), considera oportuno advertir que la doctrina ha manifestado de manera reiterada y pacífica que los contratos deben respetarse conforme las disposiciones bajo las cuales se celebraron, siempre y cuando no sean contrarios a derecho ni a las buenas costumbres, todo ello de conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil Venezolano el cual reza que Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos según la equidad, el uso o la ley, y en concordancia con el artículo 1.205 de la mencionada norma la cual dispone que Toda condición debe cumplirse como las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fuese.
Tal argumentación de la Juez (sic) Recurrida (sic), denota que el contrato objeto de cumplimiento no era un hecho controvertido en la presente causa, por el contrario, gozaba de pleno valor y por tanto, se regía bajo las modalidades y términos allí establecidas, no entendiéndose entonces, como (sic) luego de tal establecimiento la Juez (sic) de la recurrida arriba a la siguiente conclusión:
Partiendo de lo antes expuesto, evidencia esta Juzgadora (sic) que en el caso de autos la parte actora alega el incumplimiento por parte del ciudadano ROCCO MAZZEO, en su condición de propietario, arrendador del contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No. 20, tomo 114, y parte demandada del presente juicio; en virtud de hacer entrega a terceros el local objeto del contrato y no a su representada KOOL VENEZUELA, C.A., como presuntamente quedo (sic) demostrado en la inspección judicial practicada por el Juzgado del Municipio (sic) Los Salias en fecha 16 de septiembre de 2.013, y en el que a su decir se evidencia, la presencia de terceros. (Subrayado del Tribunal).
Revisadas y analizadas las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones, pasa esta alzada a decidir y para ello formula las siguientes observaciones:
En los términos de la demanda y su contestación, es obvio que al haber asumido el demandado una conducta completamente denegatoria de las alegaciones de la actora, puesto que sus argumentos en sí mismos, aun cuando se refieren a la negativa de todas y cada una de las afirmaciones contenidas en el libelo, no constituyen la formulación de hechos nuevos, ya que si bien aceptó la existencia de la relación contractual, en modo alguno manifestó conformidad con los hechos en que la actora fundamentó su pretensión, evidentemente que el demandado dejó en cabeza de la actora la carga de la prueba de los hechos en que se fundamentó la demanda, a la luz de lo dispuesto en los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, pues la carga de la prueba se impone según la posición que tienen los litigantes en la litis, según el aforismo incumbi probatio qui dicit, non qui negat, o sea, que incumbe probar a quien afirma, no a quien niega; por lo que siendo evidente la negativa del demandado, el cual no se excepcionó en modo alguno, porque nada afirmó que fuera objeto de prueba, los hechos invocados por la actora como fundamento de su pretensión debieron ser probados por ésta en el curso del proceso.
Observa esta Juzgadora (sic) que el contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes ciertamente establece en la cláusula OCTAVA: EL ARRENDADOR se compromete que al momento de entregar el Local (sic) a EL ARRENDATARIO este debe tener instalaciones Eléctricas (sic) Completas (sic), no menos de 24 lámparas de iluminación y lámparas de emergencia, servicios de aguas blancas y aguas negras, tres (3) baños funcionales con sus respectivos accesorios, tendrá un piso uniforme de cemento pulido quemado para mejor funcionamiento y limpieza, ventanales laterales de tres 3X1 Mts. (sic) Entre cada columna con sus respectivos vidrios y funcionando, techo de 4 Mts. (sic) de altura en los laterales y de cinco Mts. (sic) de altura en el techo. El Local (sic) estará acondicionado con un techo seguro y sin filtraciones de agua, tendrá un portón corredizo seguro para carga y descarga con una puerta de acceso peatonal, y será entregado a EL ARRENDADOR con todos estos trabajos terminados. ( ) como puede observarse está condicionada la entrega del inmueble arrendado; es decir cuando todos los trabajos de acondicionamiento estén terminados, quedo (sic) evidenciado de la inspección realizada y aportada en este expediente que los trabajos de remodelación aún no han concluido, ciertamente la inspección judicial practicada dejó constancia que el inmueble se encontraba en remodelación, quedando demostrado lo que quedo (sic) pautado en el tantas veces mencionado contrato de arrendamiento; ya que la entrega del inmueble dado en arrendamiento está condicionado a la culminación de las obras y a la posibilidad de poder entregarlo en las condiciones de habitabilidad exigidas por la ley; igualmente evidencia quien aquí decide que el contrato de arrendamiento no tiene fecha cierta de inicio y de entrega del inmueble objeto de la controversia, razon (sic) por la cual no puede haber incumplimiento del mismo y ASI SE DEJA ESTABLECIDO....(Destacado añadido).
De esta manera, queda evidenciado que la Juez (sic) recurrida luego de reconocer la relación contractual y las obligaciones allí contraídas, dentro de las cuales figuraban en la CLÁUSULA SÉPTIMA: EL ARRENDADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL USO Y GOCE PACÍFICO DEL INMUEBLE A EL ARRENDATARIO DURANTE EL TIEMPO DEL CONTRATO; desnaturalizó su contenido estableciendo que NO TENÍA FECHA DE INICIO Y DE ENTREGA DEL INMUEBLE, todo lo cual fue determinante en el dispositivo del fallo al declararse sin lugar la demanda de cumplimiento fundamentada además en dicha cláusula.
Cabría preguntarse ciudadanos Magistrados, ¿Entonces el contrato que suscribió mi representado comenzó a transcurrir y prontamente fenecerá sin haber hecho uso de él?
Tales lagunas jurídicas son comunes en ese Tribunal (sic) Superior (sic) . (Negrillas del formalizante)
Para decidir, se observa lo siguiente:
La denuncia, acusa la desnaturalización del contrato por parte del juez de la segunda instancia, al cual correspondió conocer por efecto del recurso de apelación.
En ese orden de ideas, para quien formaliza, ocurre el vicio denunciado, cuando dicha sentenciadora dejó establecido, aun reconociendo la existencia del contrato de arrendamiento del cual se trata; que dicho convenio no tenía fecha de inicio ni de entrega del inmueble. Determinación en la cual se apoyó para declarar sin lugar la petición de su representada, la parte demandante.
Ahora bien, atendidas las indicadas aseveraciones, la Sala estima necesario, a los fines de conceder o negar la razón al denunciante, transcribir, como a continuación queda expuesto, el análisis contenido en la recurrida en relación con la convención en mención.
Esto resolvió al respecto la juez ad quem:
DEL FONDO DEL ASUNTO
Precisado lo anterior, quien decide procede a realizar el correspondiente análisis sobre la pretensión por cumplimiento de contrato de arrendamiento pretendida por la representación judicial de la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA C.A., contra el ciudadano ROCCO MAZZEO, observándose del escrito libelar que la parte demandante fundamenta su pretensión en el presunto incumplimiento en que incurrió el referido ciudadano, al no hacer la entrega formal de un inmueble constituido por un (1) local, de aproximadamente Ochocientos (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) (800 mt2), situado en el Edificio (sic) Mazzeo, piso 5, de la Av. (sic) Principal (sic) de la Rosaleda Sur, Municipio (sic) Los Salías del Estado (sic) Miranda, objeto del contrato de arrendamiento que suscribieran las partes el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, quedando inserto bajo el No. 20, tomo 114.
Por su parte, la representación judicial de la parte demandada ciudadano ROCCO MAZZEO, en su escrito de contestación a la demanda presentado en fecha 21 de enero de 2012, negó, rechazo y contradijo tanto en los hechos como en el derecho lo alegado por la parte demandante en su escrito libelar, aduciendo además que en ningún momento su representado incumplió con las obligaciones contractuales convenidas en el contrato de arrendamiento suscrito con la Sociedad Mercantil KOOL VENEZUELA C.A., toda vez que le otorgó un contrato primigenio el cual fue debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, en fecha 2 de junio de 2012, quedando inserto bajo el No. 52, tomo 71, de los libros llevados por esa Notaría (sic), que a su juicio aún se encuentra vigente debido a que no existe en la referida Notaría (sic) alguna nota marginal que exprese que las partes lo hayan dejado sin efecto o anulado.
Aunado a ello alega la representación judicial de la parte demandada que ciertamente las partes suscribieron un contrato de arrendamiento el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, quedando inserto bajo el No. (sic) 20, tomo 114, sobre el inmueble objeto del presente litigio, expresando que este es complemento del contrato anteriormente descrito que a su criterio aun se encuentra vigente , y que por ende el contrato de arrendamiento no ha nacido, por lo que no puede en consecuencia pretender su ejecución o la entrega material del inmueble dado en arrendamiento.
En atención a lo antes expuesto, y en virtud de lo preceptuado en el artículo 1.159 del Código Civil, queda establecido por esta Alzada (sic) que entre las partes existe una relación contractual, que se rige bajo las modalidades y términos establecidos en el referido contrato, así como por las normas legales que rigen la materia, razón por la cual resulta oportuno traer a colación lo establecido por la Sala Político Administrativo, del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 02 de septiembre de 2004, Exp. (sic) N° 2003-1218, quien sostuvo lo siguiente:
el contrato legalmente perfeccionado tiene fuerza de ley entre las partes, lo que significa que lo estipulado se constituye como de obligatorio cumplimiento para los contratantes, so pena de incurrir no sólo en la respectiva responsabilidad civil por incumplimiento, sino también en diversas consecuencias que acarrean para las partes las variadas situaciones que pueden presentarse con motivo de dicho incumplimiento (riesgo del contrato, acción resolutoria, excepción non adimpletti contractus, daños y perjuicios contractuales, entre otras). Es así como se entiende que los contratantes están obligados a cumplir el contrato del mismo modo que están obligados a cumplir la ley, lo cual viene a representar uno de los principios de mayor arraigo en el campo del derecho, cuyo origen se remonta a la antigüedad, llegándose a definir el contrato como ley particular que liga a las partes, reconociéndose tal principio, hoy día, en nuestro ordenamiento jurídico cuando, por ejemplo, en el artículo 1.159 del Código Civil se dispone que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes .
En virtud de lo expuesto, determinada la fuerza de Ley (sic) que de los contratos se emana (sic), es de acotar que ésta siempre será, en la medida en que dicho acuerdo haya sido adoptado dentro de los límites de la libertad contractual que fija el artículo 6 del Código Civil, esto es que no pueden relajarse ni el orden público, ni las buenas costumbres. En este orden de ideas constata esta Juzgadora (sic) en el caso de autos la parte actora demando (sic) por cumplimiento del contrato que convinieron en la cláusula primera, octava y décima quinta del contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No. 20, tomo 114, y cuyo cumplimiento se pretende, lo siguiente:
( ) CLÁUSULA PRIMERA: EL ARRENDADOR, otorga en ARRENDAMIENTO un (1) inmueble constituido por un (1) Local, con un área aproximada de Ochocientos (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) (800 M2) (sic), ubicado en Edificio (sic) Mazzeo, piso 5, de la Avenida (sic) Principal (sic) de la Rosaleda Sur, del Municipio (sic) Los Salías, del Estado (sic) Bolivariano de Miranda, de su exclusiva propiedad según se evidencia en documento registrado en la Oficina del Registro Subalterno de Los Teques, en fecha 15-12-1986, bajo el Nro. 11, Protocolo 1º, Tomo 24 del Cuatro Trimestre. ( ) CLÁUSULA OCTAVA: EL ARRENDADOR se compromete que al momento de entregar el Local (sic) a EL ARRENDATARIO este debe tener instalaciones Eléctricas (sic) Completas (sic), no menos de 24 lámparas de iluminación y lámparas de emergencia, servicios de aguas blancas y aguas negras, tres (3) baños funcionales con sus respectivos accesorios, tendrá un piso uniforme de cemento pulido quemado para mejor funcionamiento y limpieza, ventanales laterales de tres 3X1 Mts. (sic) Entre cada columna con sus respectivos vidrios y funcionando, techo de 4 Mts. (sic) de altura en los laterales y de cinco Mts. (sic) de altura en el techo. El Local estará acondicionado con un techo seguro y sin filtraciones de agua, tendrá un portón corredizo seguro para carga y descarga con una puerta de acceso peatonal, y será entregado a EL ARRENDADOR con todos estos trabajos terminados. ( ) CLÁUSULA DÉCIMA (sic) QUINTA: Las partes expresamente manifiestas (sic) que este queda sin efecto el anterior contrato de arrendamiento suscrito por ellas y que única y exclusivamente este texto de contrato de arrendamiento es el vigente y de pleno efecto legal entre ellas desde el momento de su Autenticación (sic). (Resaltado añadido)
Del contenido de las clausula (sic) transcrita (sic), evidencia quien aquí decide que las partes efectivamente convinieron en el referido contrato que el arrendador otorgaría en arrendamiento (1) inmueble constituido por un (1) Local (sic), con un área aproximada de Ochocientos (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) (800 M2) (sic), ubicado en el Edificio (sic) Mazzeo, piso 5, de la Avenida (sic) Principal (sic) de la Rosaleda Sur del Municipio (sic) Los Salías, Estado (sic) Bolivariano de Miranda, comprometiéndose a entregarlo con todas las condiciones necesarias y adecuadas para su uso, tales como instalaciones eléctricas completas, servicios de aguas blancas y aguas negras, baños funcionales con sus respectivos accesorios, entre otras condiciones de mantenimiento. Asimismo manifestaron su voluntad de dejar sin efecto el contrato suscrito por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, en fecha 2 de junio de 2012, el cual quedo inserto bajo el No. 52, tomo 71, de los libros llevados por esa Notaría (sic), sobre el referido inmueble, expresando que el contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, entraría en vigencia y surtiría efectos legales entre ellas desde el momento de su autenticación.
En este orden de ideas esta Juzgadora (sic), considera oportuno advertir que la doctrina ha manifestado de manera reiterada y pacífica que los contratos deben respetarse conforme las disposiciones bajo las cuales se celebraron, siempre y cuando no sean contrarios a derecho ni a las buenas costumbres, todo ello de conformidad con el artículo 1.160 del Código Civil Venezolano el cual reza que Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos según la equidad, el uso o la ley, y en concordancia con el artículo 1.205 de la mencionada norma la cual dispone que Toda condición debe cumplirse como las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fuese.
Partiendo de lo antes expuesto, evidencia esta Juzgadora (sic) que en el caso de autos la parte actora alega el incumplimiento por parte del ciudadano ROCCO MAZZEO, en su condición de propietario, arrendador del contrato de arrendamiento suscrito el 14 de de septiembre de 2012, por ante la Notaría Pública Cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, inserto bajo el No. 20, tomo 114, y parte demandada del presente juicio; en virtud de hacer entrega a terceros el local objeto del contrato y no a su representada KOOL VENEZUELA, C.A., como presuntamente quedo (sic) demostrado en la inspección judicial practicada por el Juzgado del Municipio (sic) Los Salias en fecha 16 de septiembre de 2.013, y en el que a su decir se evidencia, la presencia de terceros. (Subrayado del Tribunal)
Revisadas y analizadas las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones, pasa esta alzada a decidir y para ello formula las siguientes observaciones:
En los términos de la demanda y su contestación, es obvio que al haber asumido el demandado una conducta completamente denegatoria de las alegaciones de la actora, puesto que sus argumentos en sí mismos, aun cuando se refieren a la negativa de todas y cada una de las afirmaciones contenidas en el libelo, no constituyen la formulación de hechos nuevos, ya que si bien aceptó la existencia de la relación contractual, en modo alguno manifestó conformidad con los hechos en que la actora fundamentó su pretensión, evidentemente que el demandado dejó en cabeza de la actora la carga de la prueba de los hechos en que se fundamentó la demanda, a la luz de lo dispuesto en los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, según los cuales quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, pues la carga de la prueba se impone según la posición que tienen los litigantes en la litis, según el aforismo incumbi probatio qui dicit, non qui negat, o sea, que incumbe probar a quien afirma, no a quien niega; por lo que siendo evidente la negativa del demandado, el cual no se excepcionó en modo alguno, porque nada afirmó que fuera objeto de prueba, los hechos invocados por la actora como fundamento de su pretensión debieron ser probados por ésta en el curso del proceso.
Observa esta Juzgadora (sic) que el contrato de arrendamiento suscrito por ambas partes ciertamente establece en la cláusula OCTAVA: EL ARRENDADOR se compromete que al momento de entregar el Local (sic) a EL ARRENDATARIO este debe tener instalaciones Eléctricas (sic) Completas (sic), no menos de 24 lámparas de iluminación y lámparas de emergencia, servicios de aguas blancas y aguas negras, tres (3) baños funcionales con sus respectivos accesorios, tendrá un piso uniforme de cemento pulido quemado para mejor funcionamiento y limpieza, ventanales laterales de tres 3X1 Mts. (sic) Entre cada columna con sus respectivos vidrios y funcionando, techo de 4 Mts. (sic) de altura en los laterales y de cinco Mts. (sic) de altura en el techo. El Local (sic) estará acondicionado con un techo seguro y sin filtraciones de agua, tendrá un portón corredizo seguro para carga y descarga con una puerta de acceso peatonal, y será entregado a EL ARRENDADOR con todos estos trabajos terminados. ( ) como puede observarse está condicionada la entrega del inmueble arrendado; es decir cuando todos los trabajos de acondicionamiento estén terminados, quedo (sic) evidenciado de la inspección realizada y aportada en este expediente que los trabajos de remodelación aún no han concluido, ciertamente la inspección judicial practicada dejó constancia que el inmueble se encontraba en remodelación, quedando demostrado lo que quedo (sic) pautado en el tantas veces mencionado contrato de arrendamiento; ya que la entrega del inmueble dado en arrendamiento está condicionado a la culminación de las obras y a la posibilidad de poder entregarlo en las condiciones de habitabilidad exigidas por la ley; igualmente evidencia quien aquí decide que el contrato de arrendamiento no tiene fecha cierta de inicio y de entrega del inmueble objeto de la controversia, razon (sic) por la cual no puede haber incumplimiento del mismo y ASI SE DEJA ESTABLECIDO .
Se desprende de lo transcrito, que al analizar la mencionada convención, en la sentencia recurrida, resultó desnaturalizado lo suscrito por las partes, no solamente en cuanto a lo acusado por el formalizante respecto a que contrato del cual se trata NO TIENE FECHA DE INICIO NI DE ENTREGA DEL INMUEBLE , sino también, en cuanto a que la entrega del inmueble dado en arrendamiento está condicionado a la culminación de las obras y a la posibilidad de poder entregarlo en las condiciones de habitabilidad exigidas por la ley , como lo afirmó la juzgadora de la segunda instancia en la sentencia que se objeta con la interposición del recurso de casación resuelto en el presente fallo, con lo cual, como lo ha venido sosteniendo pacífica y reiteradamente la Sala, fue desnaturalizado el real acuerdo de voluntades de las partes.
Respecto al vicio cuya existencia se declara al resolver la presente denuncia, el cual supone la incompatibilidad entre la determinación final del juez y el texto que interpreta, la Sala, en su decisión de fecha 22-09-09, dictada para resolver el recurso de casación N° 00-515, interpuesto el caso Inversiones Alvamart, C.A. contra Edoval, C.A. y otra; sostuvo lo siguiente:
Respecto a la desnaturalización de los contratos, entendida esta como un vicio enmarcado dentro del primer caso de falso supuesto, esta Sala en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, caso: Miriam del Carmen Moreno y otros contra Asociación Civil Ávila , señaló:
...En sentencia de fecha 11 de marzo de 1992, expresó la Sala:
La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.
Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada.
El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato.
En aplicación de la doctrina transcrita, la Sala establece que la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, sólo puede ser atacada mediante el primer caso de suposición falsa... (caso: Carlos Rodríguez Palomo, c/ Inversiones Visil C.A.). (Subrayado de la Sala).
Conforme a la anterior jurisprudencia, la desnaturalización de la voluntad contractual está constituida por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que si la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto del contrato ocurre la desnaturalización del contrato .
Resulta claramente establecido en el criterio transcrito, que la desnaturalización del contrato se produce cuando la conclusión del juzgador es incompatible con las cláusulas que lo conforman.
Como lo dejó establecido la Sala en el fallo citado, Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato .
Teniendo en cuenta lo sostenido por la Sala respecto al vicio delatado, resulta necesario transcribir en líneas seguidas, el contrato objeto de análisis, a los efectos de dejar constancia en el presente fallo de lo pautado voluntariamente por las partes en dicha convención.
Textualmente, dispusieron lo siguiente:
Entre, ROCCO MAZZEO, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad n° v-9.482.906, quien en lo adelante y para los efectos del presente contrato se denominará EL ARRENDADOR por una parte y por la otra la sociedad (sic) Mercantil (sic) KOOL VENEZUELA, C.A. empresa (sic) debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero, bajo el Nro (sic) 2, Tomo 70-A, en fecha 30 de Agosto (sic) del Dos (sic) Mil (sic) Once (sic), representada e este acto por su Directora (sic) Gerente (sic) SOFIA LÓPEZ DE SCHWARZGRUBER, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. (sic) 4.846.461, tal como se evidencia de los Estatutos (sic) sociales (sic) de la misma, en lo sucesivo y a los mismo (sic) efectos de este documento se denominará EL ARRENDATARIO, se ha convenido celebrar el presente CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, contenido en las siguientes cláusulas:
CLAUSULA (sic) PRIMERA: EL ARRENDADOR, otorga en ARRENDAMIENTO un (1) inmueble constituido por un (1) Local, con un área aproximada de Ochocientos (sic) Metros (sic) Cuadrados (sic) (800 M2) (sic), ubicado en Edificio (sic) Mazzeo(sic), piso 5, de la Avenida (sic) Principal (sic) de la Rosaleda Sur, del Municipio (sic) Los Salías, del Estado (sic) Bolivariano de Miranda, de su exclusiva propiedad según se evidencia en documento registrado en la Oficina del Registro Subalterno de Los Teques, en fecha 15-12-1986, bajo el Nro. (sic) 11, Protocolo (sic) 1º, Tomo (sic) 24 del Cuatro (sic) Trimestre(sic).
CLAUSULA (sic)SEGUNDA: se obliga a utilizar el inmueble arrendado única y exclusivamente para la explotación de las actividades inherentes a l fondo de comercio, y a no cambiar su destino sin previa autorización por escrito de EL ARRENDADOR.
CLAUSULA (sic) TERCERA: La duración del presente contrato será de cuatro (4) año (sic) prorrogable automáticamente por periodos de dos (2) años, a menos que una de las dos partes decídalo contrario y lo notifique a la otra parte, por lo menos con ciento veinte (120) días de anticipación.
CLAUSULA (sic) CUARTA: El canon de arrendamiento por los primeros dos años de este contrato es la cantidad de VEINTIDOS MIL BOLÍVARES (22.000,00 Bs.) fijos, cantidad que se cancelará mensualmente, pagaderos los primeros cinco (5) días de cada mes por mensualidades vencidas en el domicilio de EL ARRENDADOR, ya conocido por EL ARRENDATARIO y los dos años siguientes el canon de Arrendamiento (sic) será de VEINTICUATRO MIL BOLÍVARES (24.000,00) fijos, cantidad que se cancelará mensualmente, pagaderos los primeros cinco (5) días de cada mes por Mensualidades (sic) vencidas en el domicilio de EL ARRENDADOR. Este Canon (sic) será ajustado en los períodos de su renovación si así fuere, con el índice de Inflación (sic) decretado y publicado por el Banco Central de Venezuela.
CLAUSULA (sic) QUINTA: Para garantizar el cumplimiento de las cláusulas suscritas en el presente contrato de arrendamiento, El ARRENDATARIO otorga en este acto a EL ARRENDADOR cuatro (4) meses canon de arrendamiento por concepto de Depósito (sic). No rembolsable (sic) a El ARRENDATARIO ya que el mismo está incluido en lo especificado en el monto de la CLAUSULA (sic) TERCERA.
CLAUSULA (sic) SEXTA: EL ARRENDADOR no se hace responsable por los daños y perjuicios que puedan sufrir, El ARRENDATARIO o las personas que trabajan en el inmueble, o de los inmuebles contiguos, ni por otras causas fortuitas o por motivos de fuerza mayor.
CLAUSULA (sic) SÉPTIMA: EL ARRENDADOR tiene la obligación de garantizar el uso y goce pacífico del inmueble a El ARRENDATARIO durante el tiempo del contrato.
CLAUSULA (sic) OCTAVA: EL ARRENDADOR se compromete que al momento de entregar el local a EL ARRENDATARIO este debe tener Instalaciones (sic) Eléctricas (sic) Completas (sic), no menos de 24 lámparas de iluminación y lámparas de emergencia, servicios de aguas blancas y aguas negras, tres (3) baños funcionales con sus respectivos accesorios, tendrá un piso uniforme de cemento pulido quemado para mejor funcionamiento y limpieza, ventanales laterales de tres 3X1 Mts. (sic). Entre cada columna con sus respectivos vidrios y funcionando, techo de 4 Mts. (sic) de altura en los laterales y de cinco Mts. (sic) de altura en el techo. El Local (sic) estará acondicionado con un techo seguro y sin filtraciones de agua, tendrá un Portón (sic) corredizo seguro para carga y descarga con una puerta de acceso peatonal, y será entregado a EL ARRENDADOR con todos estos trabajos terminados.
CLAUSULA (sic) NOVENA: La falta de cumplimiento por parte de EL ARRENDATARIO de cualquiera de las cláusulas contenidas en el presente contrato de arrendamiento, será causa suficiente para que EL ARRENDADOR lo considere rescindido, y pueda pedir la inmediata de (sic) de desocupación, los daños y perjuicios así como las cobranzas tanto judiciales como extrajudiciales a que hubiere lugar correrán siempre por cuenta de EL ARRENDATARIO.
CLAUSULA (sic) DECIMA (sic): Todas las reparaciones menores que realice EL ARRENDATARIO en el inmueble arrendado correrán (sic) por cuenta de éste (sic) y quedarán siempre a beneficio del inmueble arrendado, y las mayores correrán por cuenta de EL ARRENDADOR.
CLAUSULA (sic) DECIMA (sic) PRIMERA: EL ARRENDADOR. No estará obligado a hacer reparaciones que se originen por daños maliciosos causados por EL ARRENDATARIO.
CLAUSULA (sic) DECIMA (sic) SEGUNDA: Serán por cuenta de los gastos que se ocasionen el local Arrendado (sic) en este contrato por Luz (sic), agua y Aseo (sic) Urbano (sic).
CLÁUSULA (sic) DÉCIMA (sic) TERCERA: EL ARRENDATARIO entrega a EL ARRENDADOR la cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 174.000,00), y a la firma del presente documento entregará la cantidad de SETENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (sic) (76.000,00), a fin de completar la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (sic) (250.000,00), cantidad que incluye los cuatro (4) meses de deposito (sic) , para ser usados en el acondicionamiento del local especificado en la CLAUSULA (sic) SEPTIMA, de este contrato, los cuales serán imputados al y debitados en los cánones mensuales de Arrendamiento (sic) contados a partir de fecha en la cual será entregado el local a EL ARRENDATARIO en perfecto estado de Habitabilidad (sic).
CLÁUSULA (sic) DÉCIMA (sic) CUARTA: Es convenido entre las partes que el dinero adelantado a EL ARRENDADOR, será aplicado al pago de alquiler desde el momento en que EL ARRENDATARIO ocupe el inmueble.
CLAUSULA (sic) DÉCIMA (sic) QUINTA: Las partes expresamente manifiestan que este queda sin efecto el anterior contrato de arrendamiento suscrito por ellas y que única y exclusivamente este texto de contrato de arrendamiento es el vigente y de plano (sic) efecto legal entre ellas desde el momento de su Autenticación (sic).
CLAUSULA (sic) DÉCIMA (sic) SEXTA: Para todo lo no previsto en el presente contrato de arrendamiento serán válidas todas las estipulaciones de Ley que rigen la materia. Las partes eligen como domicilio especial la ciudad de Los Teques a cuya Jurisdicción (sic) de sus Tribunales (sic) declaran someterse en caso de controversia .
Ahora bien, visto y analizado el contenido del contrato de arrendamiento al cual se refiere el sub iudice, al aplicar el criterio en comentario al caso de especie, debe determinar la Sala, que en efecto, como lo sostiene el formalizante, la voluntad contractual de las partes ha sido desnaturalizada en la instancia superior, cuando la jueza a cargo del órgano judicial respectivo, a la cual le correspondió conocer por efecto de la apelación; para resolver la demanda, llegó a determinaciones incompatibles con lo estipulado por aquellas en el convenio del cual se trata.
La jueza de la recurrida, al interpretar el contrato, suscrito en fecha 14 de septiembre de 2012, por ante la Notaria Pública cuadragésima Primera del Municipio (sic) Libertador del Distrito Capital, quedando inserto bajo el No. (sic) 20 (sic) 114 de los libros de autenticaciones respectivos, consideró que la voluntad de las partes fue someter a condición la entrega del local comercial arrendado, sin establecer fecha de vigencia para el convenio en cuestión, lo cual, como lo constata la Sala en los autos, es incompatible con la voluntad expresa contenida en el contrato de arrendamiento cuyo cumplimiento ha sido demandado, inserto en los folios 19 y 20, y para el cual, como se desprende de su texto, las partes establecieron vigencia y su pleno efecto legal al momento de su Autenticación (Cláusula quinta), comprometiéndose EL ARRENDADOR a entregar a EL ARRENDATARIO el inmueble arrendado, en las condiciones dispuestas en forma precisa en la cláusula octava.
A criterio de la Sala, no se trata de un contrato cuya vigencia dependa del cumplimiento de una condición, como erróneamente lo consideró la juez de la segunda instancia desnaturalizando, como ya se dijo, la voluntad de las partes, sino, del compromiso adquirido por el arrendador, como lo estipula la cláusula octava; de entregar al arrendatario el inmueble en óptimas condiciones, para garantizarle a este último el goce pacífico, atributo determinante del contrato del cual se trata.
En consecuencia, por las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Civil declara con lugar la presente denuncia de falso supuesto por desviación ideológica o intelectual del contrato, por haberse infringido en la recurrida los artículos 1.159 y 1.160 del Código Civil. Así se establece.
-II-
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 509 eiusdem por falta de aplicación.
En la sentencia recurrida la Juez (sic) escuetamente expresa lo siguiente:
( Omissis )
Es claro el silencio parcial de prueba en este caso, pues la Juez (sic) de Alzada (sic) se limita a señalar la existencia de dicha prueba y considera pertinente otorgarle todo el valor probatorio, pero no realiza análisis de su contenido, por lo cual cabría preguntarse ¿a qué hechos se refieren dichas pruebas?, ¿Qué (sic) valor probatorio se le dio al juicio? Y ¿Qué (sic) quedó probado con ello?, pues, al ser incorporadas al proceso obligaban al Juez (sic) a su escudriñamiento lo cual no efectuó.
De la lectura de la sentencia recurrida se observa, que no existe ninguna apreciación del contenido de la prueba antes citada, no obstante, simula un análisis sesgado en su apreciación, sin emitir opinión en cuanto a su contenido, limitándose a un señalamiento meramente formalista que pretende simular el análisis del medio de prueba, desconociéndose por completo su valoración. En otras palabras el silencio parcial de esta prueba es evidente, por prescindencia de su análisis o simulación de este, infringiendo así el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil .
Para decidir, la Sala observa:
Denuncia el formalizante un quebrantamiento de fondo, como lo es el silencio de prueba sin expresar, como lo exige la técnica respectiva en sede casacional; la forma en la cual el vicio denunciado resultó ser determinante en la suerte de la controversia.
Expresar la forma en la cual el análisis de las pruebas cuyo silencio se acusa, hubiera producido una decisión distinta a la que se objeta es carga para quien denuncia, por tanto, no haberla cumplido impide a la Sala conocer su deficiente planteamiento. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, Kool Venezuela, C.A., contra la decisión de fecha 11 de junio de 2014, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Miranda.
En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Por la naturaleza de lo decidido, no es procedente la condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de diciembre de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.
Presidenta de la Sala-Ponente,
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
____________________
YRAIMA ZAPATA LARA
Secretario,
__________________________
Exp.: N° AA20-C-2014-000551
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretario,
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