Venley

Sentencia N.º RC.000869

Sentencia
N.º RC.000869
Fecha
09/12/2014
Sala
Casación Civil
Expediente
13-510
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2013-000510

 

Magistrado Ponente: LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

En el juicio por nulidad de laudo arbitral, incoado por la sociedad mercantil INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., patrocinada judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión, Rubén González Almirail y Melvis José Berbín Marcano contra la sociedad mercantil INVERSIONES VINCENZO, C.A., representada judicialmente por los abogados en el libre ejercicio de su profesión Carlos Fernández, Rafael Aneas Rodríguez y Alessandra Luciani; y por ante esta Sala por el abogado Mauricio Izaguirre Luján, en fecha 13 de marzo de 2013, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó sentencia en la cual declaró PRIMERO: Sin lugar el recurso de nulidad. SEGUNDO: Condenó en costas a la parte recurrente.

Contra la preindicada sentencia la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

-I-

 

Sostiene el formalizante:

“Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, con base en las razones siguientes:

…omissis…

De esta forma, no hay dudas que uno de los alegatos esgrimidos para combatir la validez del laudo arbitral fue que el defecto en la convención de la cláusula compromisoria por insuficiencia del mandato por parte del apoderado, de ser convalidable, sólo lo sería por la propia parte, de forma expresa, lo cual no ocurrió en el caso en concreto.


Pues es bien, este argumento fue ignorado por la recurrida, la que a pesar de haberlo referido, lo ignoró completamente…” (Resaltado de la Sala)

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el juzgador de alzada al momento de dictar su decisión omitió pronunciamiento sobre  el alegato referido al “…defecto en la convención de la cláusula compromisoria por insuficiencia del mandato por parte del apoderado, de ser convalidable, sólo lo sería por la propia parte, de forma expresa, lo cual no ocurrió en el caso en concreto.”

         En ese sentido, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido de forma insistente, que los requisitos intrínsecos de la sentencia, contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público.

Conforme a lo anterior, esta Sala, en fecha 11 de marzo de 2004, (Caso: Jesús Antonio Luna y otro c/ Ernestina Soledad Hidalgo Lavado de Silva y otro), reiteró “...que los errores in procedendo que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación de orden público…”. (Negritas del texto de la cita).

 

         El ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil prevé, que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta norma es acorde con el artículo 12 eiusdem, el cual dispone, entre otras cosas, que el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

         Estas normas permiten definir la congruencia de la sentencia, como la conformidad que debe existir entre ésta, el asunto controvertido, y los hechos alegados oportunamente por las partes.

         Así lo ha venido ratificando reiteradamente de manera pacífica esta Sala de Casación Civil, entre otras decisiones, mediante la número 43, de fecha 19 de febrero de 2009, caso: Xiomara Coromoto Sosa Anzola contra Gladys del Carmen Zambrano Roa, en la cual se puntualizó lo siguiente:

“…Ha sido pacífica y constante la jurisprudencia de esta Sala, respecto a la obligación que tienen los jueces de pronunciarse sobre todo cuanto haya sido alegado y probado por las partes durante el proceso, sin que le sea posible dejar de decidir alguno de ellos (incongruencia negativa), o por el contrario, extender su decisión sobre excepciones o argumentos de hechos no formulados en el proceso (incongruencia positiva). Por tanto, resulta viciada la sentencia que no resuelve en forma expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

En este sentido, el Código de Procedimiento Civil establece determinados requerimientos entre los que se encuentra el contenido en el ordinal 5° del artículo 243 del mencionado cuerpo normativo, según el cual, toda sentencia debe contener: “Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”.

Asimismo, el artículo 12 del mencionado Código Adjetivo expresa que el juez “...debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados...”. (Cursivas del texto de la Sala).

         Ahora bien, acerca de lo denunciado por el recurrente, la Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

 “Por su parte, el panel arbitral del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), afirma que, ciertamente, el poder otorgado a la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, no le daba la potestad de convenir un arbitraje. Que, si bien, conforme el artículo 1.689 del Código Civil, el mandatario no puede exceder los límites de su mandato, y que, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, exige que se tenga facultad expresa para comprometer en árbitros, no obstante, señaló que el vicio se refiere a una falta de representación, y que los vicios de representación son convalidables conforme el artículo 1.698 del Código Civil, pues, dicho vicio se subsana mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, y además, con la ratificación de los actos efectuados con el mandato defectuoso.
Por ende, estimó que, esa ausencia de facultad para comprometer en árbitros, afecta al contrato de nulidad relativa, y que con la presentación de la solicitud/demanda de arbitraje en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), por el abogado CARLOS FERNANDEZ, en su carácter de apoderado de INVERSIONES VINCENZO, C.A., con facultad expresa para comprometer en árbitros, quedó convalidada la carencia de facultad expresa en el mandato de la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ. Y adiciona, que, en todo caso, ese vicio sólo podía ser denunciado por la parte afectada, en este caso, la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., y no por su contraparte.
A propósito de ello, se debe señalar que, cuando se está en el caso de acuerdos arbitrales, se suele establecer según una interpretación concatenada de los artículos 3 de la Ley de Arbitraje Comercial y 1.688 del Código Civil, que, para convenir o suscribir un acuerdo o cláusula arbitral, el mandatario o apoderado necesita de facultad expresa.

Sin duda, esa ausencia de facultad en el mandatario o apoderado puede ser atacada mediante la causal a) del artículo 44 de la Ley arbitral, que nos dice: “Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”.

Ahora, conviene preguntarse con referencia al caso sub iudice: ¿puede la no inclusión de la facultad de convenir un arbitraje, considerarse un vicio de nulidad absoluta, que lleve a borrar esa voluntad expresada en el acuerdo arbitral, sentido en el que han caminado algunas sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, (cfr., entre otras, sentencia No. 855 de fecha 5 de abril de 2006, caso Compañía Anónima Venezolana de Televisión interpone recurso de nulidad vs. Laudo arbitral de fecha 29 de enero de 2001)? Y, ¿cuáles son esas razones de interés general que se violaron, máxime cuando, como lo expresa el profesor Dr. Melich Orsini, aunque “la norma viole una regla de orden público, puede darse el caso de que el orden público no resulte afectado por el mantenimiento del acto, porque el orden público solo esté interesado en el aseguramiento al titular de ciertos intereses particulares del derecho a disponer sobre la validación o no del acto” (cfr. MELICH ORSINI, José, Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie estudios, pág. 367)?

Aun cuando, el artículo 44.a) eiusdem, que expresa “…al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”, pareciera diferir de la regla general de la ratificación a posteriori de los actos o negocios jurídicos efectuados sin facultad expresa por el mandatario o apoderado (artículos 1.698/1.351 Código Civil). Sin embargo, es allí donde vale hacer una interpretación sistemática o a completudine –como dice el recurrente- del ordenamiento jurídico, para entender que la noción de capacidad no está regulada por la Ley de Arbitraje Comercial sino por el Código Civil, por manera que, se debe distinguir cuándo el interés jurídico protegido puede viciar en forma absoluta o relativa una cláusula o acuerdo de arbitraje, para poder estimar la procedencia o no de la fórmula de la ratificación en esos casos.

En ese sentido, huelga señalar que, si bien las normas que establecen incapacidades suelen ser de orden público; éstas únicamente buscan proteger los intereses de los mismos incapaces, de modo que, su inobservancia solo produce una nulidad relativa, pues, el orden público no se afecta con el mantenimiento del negocio jurídico o contrato, que solo se interesa en la protección a los incapaces de sus intereses, en cuanto establece para éstos el derecho a disponer sobre la validación o no del negocio o contrato.

No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa. En efecto, ese artículo 1.145 in commento, establece que:

“La persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del menor, del entredicho, ni del inhabilitado con quien ha contratado.

La incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de condenación penal, puede oponerse por todos aquellos a quienes interese.”

Esa regla general en materia de nulidades, por tanto, se hace aplicable por analogía a cualquier caso de nulidad por incapacidad de los mandantes o de las partes. Si acaso, y sin entrar a examinar la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa, quizás ésta encuentra sentido en un caso de nulidad absoluta que se refiere a las exigencias para los entes o empresas nacionales o del Estado, que se establecen en el artículo 4 de la Ley de arbitraje, al señalar que:

“Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de la aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor de tres (3).”

Y es allí, donde se ha señalado que, “por concepto la ‘aprobación’ del órgano estatutario competente puede consistir en un acto posterior. No sucede lo mismo con la ‘autorización’ por escrito del Ministro de tutela, ya que por concepto, la autorización es un acto previo, permisivo, que en este caso concreto podría calificarse como una autorización que elimina la prohibición de una actividad impuesta con el fin de asegurar la protección de un interés”. (cfr. DE JESÚS O., Alfredo, “Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas/Venezuela, 2005, pág. 83). Si se subsume el acuerdo de arbitraje, en ese supuesto del artículo 4 de la ley, sí se podría aplicar “al pie de la letra” la causal del literal a) del artículo 44 ibídem, en tanto que se produciría como lo dice el profesor Domenico Barbero “un estado originario de muerte” (cfr. BARBERO, Domenico, Sistema de Derecho Privado, Tomo IV, Pág. 632), en el convenio de arbitraje que no podría ser subsanado.

En consecuencia, es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa.

En ese sentido, en el sub iudice se denuncia la ausencia de facultad expresa de la mandataria o apoderada, ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, para comprometer a su mandante en un arbitraje. Ahora bien, esa ausencia de facultad expresa de la mencionada mandataria o apoderada solo podía ser acusada por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A.

Sin perjuicio de ello, se constata que las cláusulas de arbitraje aparecen insertas en: a) Contrato de obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, en el c) Contrato de compromiso de dación en pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90.

Ciertamente, en el sub lite las cláusulas de arbitraje aparecen convenidas por una apoderada que no tenía facultad expresa para comprometer en árbitros, según se evidencia del poder que se le otorgó y que se encuentra protocolizado en la Oficina Inmobiliaria del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, el 5 de julio de 2008, bajo el N. ° 43, Tomo 2, Protocolo 3, empero, si bien, prima facie, se constata tal vicio de ese acuerdo de arbitraje, no es menos cierto que, por tratarse de un caso de nulidad relativa, donde se excedió la apoderada de los límites de su poder (no tenía facultad expresa para comprometer en arbitraje), en consecuencia, corresponde a la parte afectada por la incapacidad al convenir el acuerdo de arbitraje, a saber la empresa INVERSIONES VINCENZO C.A., acusar el vicio de nulidad o ratificar el acuerdo, ya sea de manera expresa, ya sea de manera tácita, conforme el artículo 1.351 del Código Civil.

En consecuencia, siendo incoada una demanda de arbitraje por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., mediante el abogado CARLOS E. FERNANDEZ, en su condición de apoderado, exhibiendo un poder otorgado en la Notaría Pública Primera de Porlamar, Estado Nueva Esparta, el 1 de septiembre de 2010, bajo el N. º 31, Tomo 124, donde se le permite de manera expresa, “comprometer la solución de los conflictos en tribunales arbitrales, arbitradores o de derecho y sustanciar este tipo de procedimiento en todos sus estados, trámites, etapas e incidencias”, se debe concluir que ese es un acto de ratificación tácita (ex artículo 1.351 del Código Civil) de la cláusula de arbitraje inserta en: a) Contrato de Obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N°16, Tomo 90; b) Contrato de Obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N° 12, Tomo 9; y, c) Contrato de Dación en Pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N° 11, Tomo 90. Así se declara.

En efecto, es esa una ratificación tácita, con la cual se produce la validación de todas las cláusulas arbitrales, sin que pueda señalarse que se efectuó de manera unilateral, pues, en esencia la ratificación es unilateral, como es unilateral la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje, las cuales quedan a disposición de la parte afectada por la incapacidad.

Luego, se estima improcedente la nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, y así se decide..”  (Resaltado de la Sala)

 

         De la anterior transcripción de la parte pertinente de la recurrida, se desprende que el juez de alzada toma en consideración, para desechar la causal de nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, que “es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa”, de lo que se desprende que sí tomó en consideración el alegato supuestamente silenciado  sobre  que si  el “defecto en la convención de la cláusula compromisoria por insuficiencia del mandato por parte del apoderado, de ser convalidable, sólo lo sería por la propia parte, de forma expresa” y le dio la debida y suficiente resolución, ahora bien, si el formalizante no estaba de acuerdo con la solución dada a su alegato, otra debió ser su denuncia.

 

         Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

 

 

 

-II-

 

Sostiene el formalizante:

 
“Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida de artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, con base en las razones siguientes: Otro de los planteamientos por los que se argumentó contra la validez del laudo arbitral tuvo que ver con la insólita tesis que, en un todo divorciada del artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial, sostiene que sólo una parte puede invocar esta causal de nulidad y, para colmo de desaguisados, esa parte sería precisamente la que ha incurrido en el vicio que entraña la nulidad de la cláusula compromisoria.

…omissis…

La recurrida, por su parte, identificó este alegato y parcialmente lo respondió, pero en modo alguno explicó por qué, a su criterio, la nulidad del laudo arbitral sólo la podría invocar la propia parte que ha dado lugar a la causal de nulidad. No resolvió el planteamiento de la odiosa discriminación que esa tesis entraña, pero esto último será objeto de una denuncia separada por incongruencia

…omissis…

De esta forma, denuncio que la recurrida infringió lo dispuesto en el numeral 4° artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al omitir expresar las razones por las  que solo la parte generadora de la nulidad sería la legitimada para invocar la nulidad del laudo y no ambas partes como consagra el artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje comercial, tal como fuera oportunamente denunciado…” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

         Plantea el recurrente que la recurrida omite “expresar las razones por las que sólo la parte generadora de la nulidad sería la legitimada para invocar la nulidad del laudo y no ambas partes como consagra el artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial…”

         Al respecto, el requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, representa un acto de solemnidad argumentativa constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar cada uno de los puntos de la controversia, que son respaldados por hechos relevantes planteados en el thema decidendum, y deben ser subsumidos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso objeto de decisión. (Sentencia Nº de fecha 25 de octubre de 2005, Caso: María Elena Quintero Rojas, contra Banco Provincial, S.A. Banco Universal, y Otra)

         En este sentido, la omisión del requisito de motivación o falta de argumentos en el fallo, priva a las partes el derecho de conocer las resultas del problema planteado en el juicio, así como las razones de hecho y de derecho que condujeron al juez a tomar la decisión, lo que imposibilita el ejercicio pleno del control de la legalidad.

         Sobre el particular, la doctrina ha establecido de manera reiterada que una sentencia es inmotivada: “…a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo, y; d) Cuando hay una contradicción en los motivos …”. (Vid. Sentencia Nº 183, de fecha 25 de mayo de 2010, caso: Desarrollos Punta Alta Despunta, C.A., contra Chevrontexaco Corporation).

         En efecto, esta Sala indica que el vicio de inmotivación del fallo se configura cuando los argumentos son ambiguos o indeterminados; exista ausencia absoluta de motivos de hecho y de derecho por el juez para fundamentar su decisión; o los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicción o entre éstos y la dispositiva.

         Aunado a lo anterior, en lo que respecta al requisito de la motivación de los fallos, esta Sala de Casación Civil, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en sentencia RC 00576, de fecha 08 de agosto de 2008, Exp. N° 2006-1036, caso: José Severiano Quijada Bellorín contra Jesús Palacios, señaló:

 

“En este sentido, la Sala ha sostenido en relación al vicio de inmotivación, en sentencia N° 00164, de fecha 02 de mayo de 2005, expediente N° 04-749, lo que a continuación se transcribe:

“…En relación al vicio de inmotivación, la Sala en decisión N° 231 de 30 de abril de 2002, juicio Nory Raquel Quiñonez y otros contra Instituto Autónomo de Policía del estado Yaracuy y otro, expediente N° 01-180, ratificada en fallo Nº 476 de 26 de mayo de 2004, juicio Avilio José Trujillo contra Inversiones El Rolito, C.A., expediente Nº 2002-000099, …se dijo lo siguiente:

“...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.

Sobre este particular, la Sala ha señalado en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia Nº 83 del 23 de marzo de 1992, lo siguiente:

“…La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Negrillas de la Sala).

 

         Ahora bien, acerca de lo denunciado por el recurrente, la Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

 “Por su parte, el panel arbitral del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), afirma que, ciertamente, el poder otorgado a la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, no le daba la potestad de convenir un arbitraje. Que, si bien, conforme el artículo 1.689 del Código Civil, el mandatario no puede exceder los límites de su mandato, y que, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, exige que se tenga facultad expresa para comprometer en árbitros, no obstante, señaló que el vicio se refiere a una falta de representación, y que los vicios de representación son convalidables conforme el artículo 1.698 del Código Civil, pues, dicho vicio se subsana mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, y además, con la ratificación de los actos efectuados con el mandato defectuoso.
Por ende, estimó que, esa ausencia de facultad para comprometer en árbitros, afecta al contrato de nulidad relativa, y que con la presentación de la solicitud/demanda de arbitraje en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), por el abogado CARLOS FERNANDEZ, en su carácter de apoderado de INVERSIONES VINCENZO, C.A., con facultad expresa para comprometer en árbitros, quedó convalidada la carencia de facultad expresa en el mandato de la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ. Y adiciona, que, en todo caso, ese vicio sólo podía ser denunciado por la parte afectada, en este caso, la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., y no por su contraparte.
A propósito de ello, se debe señalar que, cuando se está en el caso de acuerdos arbitrales, se suele establecer según una interpretación concatenada de los artículos 3 de la Ley de Arbitraje Comercial y 1.688 del Código Civil, que, para convenir o suscribir un acuerdo o cláusula arbitral, el mandatario o apoderado necesita de facultad expresa.

Sin duda, esa ausencia de facultad en el mandatario o apoderado puede ser atacada mediante la causal a) del artículo 44 de la Ley arbitral, que nos dice: “Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”.

Ahora, conviene preguntarse con referencia al caso sub iudice: ¿puede la no inclusión de la facultad de convenir un arbitraje, considerarse un vicio de nulidad absoluta, que lleve a borrar esa voluntad expresada en el acuerdo arbitral, sentido en el que han caminado algunas sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, (cfr., entre otras, sentencia No. 855 de fecha 5 de abril de 2006, caso Compañía Anónima Venezolana de Televisión interpone recurso de nulidad vs. Laudo arbitral de fecha 29 de enero de 2001)? Y, ¿cuáles son esas razones de interés general que se violaron, máxime cuando, como lo expresa el profesor Dr. Melich Orsini, aunque “la norma viole una regla de orden público, puede darse el caso de que el orden público no resulte afectado por el mantenimiento del acto, porque el orden público solo esté interesado en el aseguramiento al titular de ciertos intereses particulares del derecho a disponer sobre la validación o no del acto” (cfr. MELICH ORSINI, José, Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie estudios, pág. 367)?

Aun cuando, el artículo 44.a) eiusdem, que expresa “…al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”, pareciera diferir de la regla general de la ratificación a posteriori de los actos o negocios jurídicos efectuados sin facultad expresa por el mandatario o apoderado (artículos 1.698/1.351 Código Civil). Sin embargo, es allí donde vale hacer una interpretación sistemática o a completudine –como dice el recurrente- del ordenamiento jurídico, para entender que la noción de capacidad no está regulada por la Ley de Arbitraje Comercial sino por el Código Civil, por manera que, se debe distinguir cuándo el interés jurídico protegido puede viciar en forma absoluta o relativa una cláusula o acuerdo de arbitraje, para poder estimar la procedencia o no de la fórmula de la ratificación en esos casos.

En ese sentido, huelga señalar que, si bien las normas que establecen incapacidades suelen ser de orden público; éstas únicamente buscan proteger los intereses de los mismos incapaces, de modo que, su inobservancia solo produce una nulidad relativa, pues, el orden público no se afecta con el mantenimiento del negocio jurídico o contrato, que solo se interesa en la protección a los incapaces de sus intereses, en cuanto establece para éstos el derecho a disponer sobre la validación o no del negocio o contrato.

No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa. En efecto, ese artículo 1.145 in commento, establece que:

“La persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del menor, del entredicho, ni del inhabilitado con quien ha contratado.

La incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de condenación penal, puede oponerse por todos aquellos a quienes interese.”

Esa regla general en materia de nulidades, por tanto, se hace aplicable por analogía a cualquier caso de nulidad por incapacidad de los mandantes o de las partes. Si acaso, y sin entrar a examinar la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa, quizás ésta encuentra sentido en un caso de nulidad absoluta que se refiere a las exigencias para los entes o empresas nacionales o del Estado, que se establecen en el artículo 4 de la Ley de arbitraje, al señalar que:

“Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de la aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor de tres (3).”

Y es allí, donde se ha señalado que, “por concepto la ‘aprobación’ del órgano estatutario competente puede consistir en un acto posterior. No sucede lo mismo con la ‘autorización’ por escrito del Ministro de tutela, ya que por concepto, la autorización es un acto previo, permisivo, que en este caso concreto podría calificarse como una autorización que elimina la prohibición de una actividad impuesta con el fin de asegurar la protección de un interés”. (cfr. DE JESÚS O., Alfredo, “Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas/Venezuela, 2005, pág. 83). Si se subsume el acuerdo de arbitraje, en ese supuesto del artículo 4 de la ley, sí se podría aplicar “al pie de la letra” la causal del literal a) del artículo 44 ibídem, en tanto que se produciría como lo dice el profesor Domenico Barbero “un estado originario de muerte” (cfr. BARBERO, Domenico, Sistema de Derecho Privado, Tomo IV, Pág. 632), en el convenio de arbitraje que no podría ser subsanado.

En consecuencia, es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa.

En ese sentido, en el sub iudice se denuncia la ausencia de facultad expresa de la mandataria o apoderada, ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, para comprometer a su mandante en un arbitraje. Ahora bien, esa ausencia de facultad expresa de la mencionada mandataria o apoderada solo podía ser acusada por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A.

Sin perjuicio de ello, se constata que las cláusulas de arbitraje aparecen insertas en: a) Contrato de obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, en el c) Contrato de compromiso de dación en pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90.

Ciertamente, en el sub lite las cláusulas de arbitraje aparecen convenidas por una apoderada que no tenía facultad expresa para comprometer en árbitros, según se evidencia del poder que se le otorgó y que se encuentra protocolizado en la Oficina Inmobiliaria del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, el 5 de julio de 2008, bajo el N. ° 43, Tomo 2, Protocolo 3, empero, si bien, prima facie, se constata tal vicio de ese acuerdo de arbitraje, no es menos cierto que, por tratarse de un caso de nulidad relativa, donde se excedió la apoderada de los límites de su poder (no tenía facultad expresa para comprometer en arbitraje), en consecuencia, corresponde a la parte afectada por la incapacidad al convenir el acuerdo de arbitraje, a saber la empresa INVERSIONES VINCENZO C.A., acusar el vicio de nulidad o ratificar el acuerdo, ya sea de manera expresa, ya sea de manera tácita, conforme el artículo 1.351 del Código Civil.

En consecuencia, siendo incoada una demanda de arbitraje por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., mediante el abogado CARLOS E. FERNANDEZ, en su condición de apoderado, exhibiendo un poder otorgado en la Notaría Pública Primera de Porlamar, Estado Nueva Esparta, el 1 de septiembre de 2010, bajo el N. º 31, Tomo 124, donde se le permite de manera expresa, “comprometer la solución de los conflictos en tribunales arbitrales, arbitradores o de derecho y sustanciar este tipo de procedimiento en todos sus estados, trámites, etapas e incidencias”, se debe concluir que ese es un acto de ratificación tácita (ex artículo 1.351 del Código Civil) de la cláusula de arbitraje inserta en: a) Contrato de Obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de Obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, c) Contrato de Dación en Pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90. Así se declara.

En efecto, es esa una ratificación tácita, con la cual se produce la validación de todas las cláusulas arbitrales, sin que pueda señalarse que se efectuó de manera unilateral, pues, en esencia la ratificación es unilateral, como es unilateral la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje, las cuales quedan a disposición de la parte afectada por la incapacidad.

Luego, se estima improcedente la nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, y así se decide..”  (Resaltado de la Sala)

 

         De la anterior transcripción de la parte pertinente de la recurrida, se desprende que el juez de alzada toma en consideración, para desechar la causal de nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, que “es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa”, de lo que se desprende que sí expresó “las razones por las que sólo la parte generadora de la nulidad sería la legitimada para invocar la nulidad del laudo y no ambas partes como consagra el artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje comercial…” lo que a todas luces posibilita que el mencionado razonamiento sea susceptible del ejercicio de control de legalidad por medio de la correspondiente denuncia por infracción de ley.  Así se establece.

         Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

-III-

 

Sostiene el formalizante:

 
“Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, con base en las razones siguientes:

La presente denuncia, en estricta armonía que antecede (sic), plantea la incongruencia negativa en la que incurrió la recurrida respecto al alegato relativo a la inconstitucionalidad de la tesis que defienda que la nulidad de un laudo arbitral con base en el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial sólo podría hacerla valer la propia parte que hubiere dado lugar a esa nulidad. En efecto, mi representada, además de alegar que la legitimación para demandar la nulidad de un laudo con base en el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial correspondía a ambas partes, lo cual fue resuelto pero inmotivadamente, también planteo que esa tesis, de tener algún soporte, era inconstitucional por generar una odiosa discriminación amén de pasar a ser germen fértil para el fraude. Estos últimos aspectos fueron censurablemente silenciados por la recurrida, la que al respecto guardó silencio absoluto con la consecuente sanción de nulidad.

De esta forma, no hay duda que uno de los alegatos esgrimidos para combatir la validez del laudo arbitral fue que la tesis relacionada con que sólo la parte afectada por la nulidad del laudo sería la legitimada para demandar su nulidad entraña una discriminación inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, aunado a ser fuente de fraudes por los inescrupulosos. Pues bien, este argumento fue ignorado por la recurrida, la que lo ignoró completamente aparejando entonces su nulidad. (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

         Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por considerar que el juzgador de alzada al momento de dictar su decisión silenció el alegato de que  “la tesis relacionada con que sólo la parte afectada por la nulidad del laudo sería la legitimada para demandar su nulidad entraña una discriminación constitucional y violatoria de los derechos humanos, aunado a ser fuente de fraudes por los inescrupulosos”.

         En atención a lo anterior, se evidencia nuevamente el planteamiento del vicio de incongruencia negativa, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida las doctrinas citadas en la resolución de la primera denuncia de forma.

         Ahora bien, el formalizante plantea que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia por silenciar el alegato de que “la tesis relacionada con que sólo la parte afectada por la nulidad del laudo sería la legitimada para demandar su nulidad entraña una discriminación constitucional y violatoria de los derechos humanos, aunado a ser fuente de fraudes por los inescrupulosos.”

         De conformidad con lo anterior y dada la estrecha relación entre esta denuncia y primera de actividad, esta Sala también da por reproducida la transcripción de la parte pertinente de la recurrida, hecha en la resolución de la referida denuncia para desvirtuar lo expuesto en esta oportunidad, ya que el juez de la recurrida al decidir que sólo la parte afectada por la nulidad del laudo sería la legitimada para demandar su nulidad sostuvo “En consecuencia, es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa…” de lo que se desprende que luego de determinar el caso de nulidad relativa en la presente causa, tomó en consideración el alegato supuestamente silenciado dandole la debida y suficiente resolución, ahora bien si el formalizante no está de acuerdo con la solución dada a lo que él denomina “alegato”, ya que el mismo no forma parte del conflicto de intereses intersubjetivos susceptible de reconocimiento judicial,  otra debió ser su denuncia.

         Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCION DE LEY

 

-I-

 

Sostiene el formalizante:

“Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida, por falta de aplicación, de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 154 del Código de Procedimiento Civil, y 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial; y, por falsa aplicación, de los artículos 1.145, 1.698 y 1.351 del Código Civil, con base en las razones siguientes:

En la presente denuncia no se combaten los hechos establecidos por la recurrida, sino el derecho aplicado a los mismos. La recurrida fijó como cierto el hecho que la apoderada de Inversiones Vincenzo, C.A., no tenía facultades para comprometer en árbitros a su mandante al momento de suscribir los contratos en los que se habría incluido una cláusula compromisoria y por cuyo efecto se produjo el laudo arbitral cuya nulidad se demandó y fue negada por la recurrida. De esta forma, el hecho de la insuficiencia del poder se debe tener por cierto, por lo que sólo venimos a cuestionar el derecho aplicado a esta situación. Lo anterior quedó nítidamente establecido en el siguiente pasaje de la recurrida:

…se constata que las cláusulas de arbitraje aparecen insertas en: a) Contrato de obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, en el c) Contrato de compromiso de dación en pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90.

Ciertamente, en el sub lite las cláusulas de arbitraje aparecen convenidas por una apoderada que no tenía facultad expresa para comprometer en árbitros, según se evidencia del poder que se le otorgó y que se encuentra protocolizado en la Oficina Inmobiliaria del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, el 5 de julio de 2008, bajo el N. ° 43, Tomo 2, Protocolo 3...

En opinión de la recurrida, esa carencia de facultad en la apoderada de Inversiones Vincenzo, C.A., daría lugar a un vicio de nulidad relativa y, por tanto, sería convalidable. Por tanto, la recurrida además de fijar adecuadamente el hecho de la insuficiencia del poder mediante el cual se celebró la cláusula compromisoria, reconoce que la misma está viciada de nulidad, pero en vez de absoluta como corresponde en derecho, la ubicó dentro de las convalidables o subsanables y allí radica su grotesco error.

Por tanto, en la presente denuncia planteamos que la nulidad de la cláusula compromisoria, contrariamente a lo sostenido por la recurrida, es de estricto orden público y, en consecuencia, inconvalidable.


En este sentido, la sentencia de la Sala Político Administrativa número 855 del 5 de abril de 2006 (Caso: Venezolana de Televisión), de la que la recurrida insólitamente se aparta a pesar de referirla, dejó claro que la incapacidad de la persona que en nombre de otro compromete en árbitros una determinada controversia, acarrea inevitablemente la nulidad de dicha cláusula compromisoria y del eventual laudo. En su parte pertinente esa sentencia estableció:

…omissis…

Del anterior pasaje y su cotejo con la recurrida, no quedan dudas del obsceno desacato por parte de esta última al criterio jurisprudencial de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. No es cierto que pueda hacerse una distinción entre el precedente citado y el caso de la recurrida por tratarse en el primero de un caso que involucra a una empresa del estado y en el segundo de un conflicto entre particulares. La causa de la nulidad del precedente jurisprudencial fue la falta de capacidad de quien suscribió en nombre de una de las partes la cláusula compromisoria, siendo que esa omisión es de orden público, insubsanable e inconvalidable, incluso si en ello se acordaren las partes al respecto. Esa, y no la naturaleza de empresa pública de la parte, fue la razón para declarar la nulidad de dicha cláusula compromisoria. Cualquier otra interpretación no es más que un artificio para tratar de torcer la letra de la ley y su desarrollo jurisprudencial.

Conforme a los artículos 5° y 7° de la Ley de Arbitraje Comercial, queda muy claro que la llamada cláusula compromisoria constituye un verdadero acuerdo autónomo cuyo objeto se restringe a la forma de dirimir las controversias que se deriven de otro contrato, al punto que según la última de las normas referidas, los árbitros pueden establecer la nulidad del contrato contentivo de la cláusula compromisoria sin que ello implique la de la cláusula misma. El compromiso arbitral, como es bien sabido, puede estar contenido o no dentro de otro contrato, pero ello no le resta su autonomía e independencia. De esta forma queda claro que la validez del contrato no acarrea la de la cláusula compromisoria ni viceversa.

En la presente denuncia, como se planteó en el recurso de nulidad decidido por la recurrida, lo que se delata es la nulidad de la cláusula compromisoria, cuya declaratoria conlleva a su vez al fruto podrido del írrito laudo arbitral ilegalmente librado contra mi mandante.

El artículo 154 del Código de Procedimiento Civil establece claramente que para que el apoderado judicial pueda comprometer en árbitros, es preciso que el poderdante le haya atribuido expresamente esa facultad. En el presente caso, la apoderada que celebró las cláusulas compromisorias por cuya apariencia se produjo el laudo atacado en nulidad carecía de la facultad para comprometer en árbitros a su mandante, tal como lo dejó establecido la recurrida. Tal requisito, indudablemente es una formalidad impuesta por el legislador para la celebración del especial acuerdo contractual denominado doctrinariamente como cláusula compromisoria. No se trata de analizar las buenas o malas razones del legislador para el establecimiento de esta formalidad, de este requisito esencial a la existencia del contrato: se trata de una formalidad ad representationem por cuya omisión el contrato es simplemente nulo, radicalmente nulo.

Así las cosas, resultaba ineludible a la recurrida la aplicación del artículo 1.352 del Código Civil, por cuyo mandato, no se puede hacer desaparecer por ningún acto confirmatorio los vicios de un acto absolutamente nulo por falta de formalidades. Esta norma es categórica respecto a la nulidad que regula. Omitida la formalidad del apoderado de tener la facultad para comprometer en árbitros, ello no se puede hacer desaparecer por ningún acto confirmatorio, esto es, no es subsanable por tratarse de -una situación de absoluto orden público.

La recurrida, con grave desconocimiento de la Ley, porfía contra esta disposición y pretende que la actuación de otro apoderado, activando una cláusula compromisoria radicalmente nula, irradie imposibles efectos saneadores del vicio original y rectifique el entuerto. Ello, por mandato de Ley, es simplemente imposible, incluso a las partes propiamente dichas, quienes en caso de desear someter sus diferencias a un arbitraje, deberían celebrar en forma la respectiva cláusula compromisoria, pero mal podrían intentar convalidar y derivar efectos de aquel acuerdo radicalmente nulo.

El artículo 1.352 del Código Civil, convenientemente ignorado por la recurrida, no deja espacios a la interpretación ni a la duda. El negocio al cual falten las formalidades establecidas en la ley para su formación es nulo. En tales términos, es indudable el carácter de orden público de la norma, al punto que el juez queda autorizado para su declaratoria oficiosa conforme el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, pues no importa lo que las partes acuerden o convengan: el acto así viciado es y será siempre radicalmente nulo.

De esta forma, cuando la recurrida considera que los actos realizados por otro apoderado de Inversiones Vincenzo, C.A., constituyen una subsanación de los vicios originales de la cláusula compromisoria, aplicó falsamente lo dispuesto en los artículos 1.698 y 1.351 del Código Civil. En efecto, la primera razón es por cuanto la norma rectora sobre la materia y de aplicación preferente, artículo 1.352 eiusdem, niega la posibilidad de la convalidación, y la segunda, amén de la imposibilidad jurídica de convalidar un acto radicalmente nulo por omisión de las formalidades esenciales al mismo, por cuanto aún si fuera convalidable, sería necesario que la parte misma, en el acto de convalidación, exprese la sustancia misma del acto nulo, el motivo del vicio y la declaratoria expresa de rectificación. Nada de lo cual ocurrió en el caso de autos. La falsa aplicación de estas normas es consecuencia directa del grave error de la recurrida en considerar que el vicio del que adolece la cláusula compromisoria en cuestión es subsanable o convalidable, cuando según se ha demostrado, dado su carácter de orden público, no puede subsanarse de forma alguna.

De esta forma y a modo de conclusión, de haber aplicado la recurrida los artículos denunciados por falta de aplicación, esto es, los artículos 1.352 del Código Civil; y, 11 y 154 del Código de Procedimiento Civil, habría concluido que la facultad del apoderado para comprometer en árbitros es una formalidad esencial y de orden público para la validez de una cláusula compromisoria y, en cuanto tal, su omisión hace a la misma radicalmente nula y sin posibilidad alguna de subsanación posterior. Asimismo, de no haber incurrido en la anterior equivocación y consecuente infracción de ley, la recurrida no habria aplicado falsamente los artículos 1.698 y 1.351 del Código Civil para declarar como convalidado el aludido vicio, inclinándose forzosamente por la nulidad de la cláusula compromisoria y del laudo al que con su base se pretende oponer a mi mandante.

Comentario aparte merece el análisis de la recurrida sobre la posición privilegiada que en el caso concreto habría tenido Inversiones Vincenzo, C.A., con relación a mi mandante respecto a la írrita cláusula compromisoria en concreto. Según la recurrida, la cláusula compromisoria efectivamente nació viciada de nulidad por el defecto del poder de quien en su nombre pretendió celebrarla. No obstante, Inversiones Vincenzo, C.A., otorgante del defectuoso e insuficiente poder para comprometer en árbitros, quedó en la increíble posición de escoger si acudía a la jurisdicción ordinaria o al arbitraje en caso de necesitar dirimir alguna controversia con mi mandante, o de excepcionarse del foro que hubiere escogido mi mandante al momento de proponer una demanda. En efecto, según la recurrida, el defecto de la cláusula compromisoria se convalidó por la actuación del nuevo apoderado acudiendo al centro de arbitraje, pero de no haber obrado de esa forma sino de haber acudido a la jurisdicción ordinara, forzoso es colegir, entonces también habría sido válido, pues en tal hipótesis, la cláusula compromisorio nula no habría sido convalidada de forma alguna.

Tal razonamiento y la conclusión de absoluto ventajismo en la que supuestamente habría quedado Inversiones Vincenzo, C.A., repugna al ordenamiento jurídico y al más elemental sentido de buena fe sustancial y procesal. En tales términos, el arbitraje quedaba a la mera potestad facultativa de Inversiones Vincenzo, C.A., quien según su capricho escogería que vía tomar para hacer valer sus pretensiones. De allí que resulte una falacia lógica la falsa analogía que la recurrida pretendió hacer al comparar la situación del caso de marras a la nulidad invocable por el menor que se ha obligado contractualmente con fundamento en el artículo 1.145 del Código Civil, el cual resulta así falsamente aplicado. En el caso del menor no se ha omitido una formalidad inconvalidable, como se explicara previamente, sino que habría un débil jurídico al que el derecho le concede una especial protección ante la eventualidad de que resulte perjudicado por su propia incapacidad. Se trata de una norma de excepción que no es extensible en sus efectos ni admite analogía, menos aún para enervar la nulidad expresa a que se ha hecho referencia.

En apoyo de esta denuncia, resulta relevante el criterio jurisprudencial de la Sala Político Administrativa vigente desde hace más de una década que considera el defecto de representación en la celebración de la cláusula compromisoria como una ¡nfracción de orden público insubsanable. En efecto en su sentencia número 1209 del 20 de junio de 2001 (Caso: Corporación L’Hotels), esa Sala dejó establecido lo siguiente:

…omissis…

De todo lo anterior, y muy especialmente del precedente jurisdiccional citado inmediatamente antes que el presente párrafo, ratificado por sentencia número 98 de fecha 29 de enero de 2002, dictada por la propia Sala Político Administrativa (Caso: Banco Venezolano de Crédito, S.A.C.A.), resulta claro que de haber aplicado la recurrida los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 154 del Código de Procedimiento Civil, y 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial; y no haber aplicado falsamente los artículos 1.145, 1.698 y 1.351 del Código Civil, ésta habría concluido la nulidad de la cláusula compromisoria, por ausencia de una formalidad esencial a su formación y, conforme al artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial, habría declarado asimismo la nulidad del subsecuente laudo arbitral, por ser cierta e indiscutible la falta de capacidad de la apoderada de Inversiones Vincenzo, C.A., para pactar dicha cláusula compromisoria, lo cual inevitablemente apareja esa tantas veces referida nulidad.

Naturalmente que las anteriores infracciones fueron trascendentales al dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido en ellas la recurrida, habría declarado con lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el referido laudo arbitral, estableciendo a su vez la nulidad de la cláusula compromisoria, reenviando a las partes a la jurisdicción ordinaria para dirimir sus eventuales controversias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, señalo que las normas que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia y no aplicó, fueron precisamente las denunciadas por falta de aplicación, esto es, los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 154 del Código de Procedimiento Civil, y 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial.

Finalmente, comoquiera que con los hechos soberanamente establecidos por la recurrida es perfectamente posible aplicar la debida consecuencia jurídica al presente caso, respetuosamente pido que no sólo se case el fallo recurrido, sino que además se lo haga sin reenvío dado que, en los términos de la presente denuncia, no quedaría otra cosa que resolver a los jueces de instancia. (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

         Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida por falta de aplicación de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 154 ambos del Código de Procedimiento Civil y 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial y por falsa aplicación de los artículos 1.145, 1.698 y 1.351 del Código Civil.

         En atención a lo anterior, tenemos que esta Sala ha establecido en relación con el vicio de falta de aplicación de una norma, esta se verifica, cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior se colige que, la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley. (Vid. sentencia N° 665 de fecha 4 de noviembre de 2014, caso Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros)

         Asimismo, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con la falsa aplicación de una norma, esta ha sido definida por la doctrina como lo equívoco de la relación entre la ley y el hecho, como lo es por ejemplo, el vicio de declarar legal una relación que no existe entre los hechos demandados y los establecidos en los artículos que el Juzgador cita, desnaturalizando el verdadero sentido de la norma, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella, o cuando se aplica de forma tal que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley (Vid. sentencia publicada en fecha 24 de octubre de 2007, caso: José Domingo Herrera Carrasco contra Dexi Raquel Morales Galué, en el expediente N° 2006- 001033)

         En ese sentido y antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala de Casación Civil ha establecido mediante reiteradas decisiones, cuál es la técnica que debe cumplir el recurrente, con el fin de que se pueda entender y resolver a cabalidad los planteamientos que sustentan las denuncias contenidas en el escrito de formalización.

         Así, mediante sentencia N° 991, de fecha 12 de diciembre de 2006, (caso: Jesús María Vásquez Ocanto, contra José Nicolás Méndez y otra), dictada en el expediente N° 06-303, la cual ratificada  en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros) esta Sala dejó establecido, respecto a la necesidad de fundamentar cabalmente el escrito de formalización, lo siguiente:

“...el recurso de casación por su naturaleza, objeto y consecuencias, está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos, pues únicamente con el cumplimiento de estos requerimientos, pueden corregirse las ilegalidades del fallo, al permitir, entre otras cosas, el cotejo de la decisión con el resto de las actas procesales, tomando en consideración las argumentaciones contenidas en la formalización; por tanto, su fundamentación es requisito indispensable para resolver el recurso de casación. Así, esta Sala de Casación Civil ha dejado establecido en sentencia de fecha 18 de marzo de 1999 (caso: Félix Romero y otros c/ Fundación para del Aseo Urbano y Domiciliario del Área Metropolitana de Caracas), lo siguiente: “...Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada. De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretende atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia...”. Ello, dicho en otras palabras significa, que el escrito de formalización del recurso de casación sin fundamentación, esto es, sin el razonamiento mínimo de las denuncias, hace imposible comprender cuál es el motivo concreto por el cual se solicita la nulidad del fallo, lo que conlleva a la inexistencia de la fundamentación requerida para entrar a conocer la denuncia planteada en el recurso de casación; mucho más cuando además de haberse dejado de señalar correctamente y de forma separada la infracción de los artículos supuestamente infringidos, tampoco se haya indicado su influencia en la suerte de la controversia…

…Omissis…

…no es carga de la Sala completar en qué sentido, o bajo cuál de los supuestos del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, apoya el formalizante su denuncia, ni tampoco es carga de la Sala suponer cual es el objetivo que persigue el formalizante con la denuncia. Lo que evidencia en este caso, la omisión de las reglas que debe cumplir una correcta formalización y, la debida técnica que debe observarse al recurrir en casación, carga impuesta al recurrente que no puede ser suplida por esta Sala…”. (Subrayado de la Sala).

 

         La anterior cita se reproduce con ocasión a la mixtura de vicios que acumula el formalizante en la presente denuncia y que por sí sólo dejaría sin fundamentos la misma, aun cuando todos pertenecen a las denominadas infracciones de ley, no pueden ser planteados como una suerte de efecto cascada, donde al prosperar uno prosperarían todos los demás, siendo que se obviaría la correcta fundamentación por separado de cada uno de los vicios, como evidentemente ocurrió y, ello tiene sentido, ya que esta Sala de Casación Civil como tribunal de derecho que es, no puede conocer a su antojo los escritos de formalización que son sometidos a su conocimiento, para que a la suerte pudiera prosperar lo que no fue intención del formalizante. Así se establece.

         Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala percibe como el recurrente se confunde al plantear su denuncia pretendiendo que la falta de aplicación de unas normas conlleve, como consecuencia y no al revés, a la falsa aplicación de otras, sin embargo, acerca de lo denunciado por el recurrente con respecto a la falta de aplicación de las normas contenidas en los artículos 1.352 del Código Civil y, 11 y 154 ambos del Código de Procedimiento Civil, referidas a “la facultad del apoderado para comprometer en árbitros es una formalidad esencial y de orden público para la validez de una cláusula compromisoria” y, en cuanto tal, “su omisión hace a la misma radicalmente nula y sin posibilidad alguna de subsanación posterior”, la Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

  “Por su parte, el panel arbitral del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), afirma que, ciertamente, el poder otorgado a la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, no le daba la potestad de convenir un arbitraje. Que, si bien, conforme el artículo 1.689 del Código Civil, el mandatario no puede exceder los límites de su mandato, y que, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, exige que se tenga facultad expresa para comprometer en árbitros, no obstante, señaló que el vicio se refiere a una falta de representación, y que los vicios de representación son convalidables conforme el artículo 1.698 del Código Civil, pues, dicho vicio se subsana mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, y además, con la ratificación de los actos efectuados con el mandato defectuoso.
Por ende, estimó que, esa ausencia de facultad para comprometer en árbitros, afecta al contrato de nulidad relativa, y que con la presentación de la solicitud/demanda de arbitraje en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), por el abogado CARLOS FERNANDEZ, en su carácter de apoderado de INVERSIONES VINCENZO, C.A., con facultad expresa para comprometer en árbitros, quedó convalidada la carencia de facultad expresa en el mandato de la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ. Y adiciona, que, en todo caso, ese vicio sólo podía ser denunciado por la parte afectada, en este caso, la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., y no por su contraparte.
A propósito de ello, se debe señalar que, cuando se está en el caso de acuerdos arbitrales, se suele establecer según una interpretación concatenada de los artículos 3 de la Ley de Arbitraje Comercial y 1.688 del Código Civil, que, para convenir o suscribir un acuerdo o cláusula arbitral, el mandatario o apoderado necesita de facultad expresa.

Sin duda, esa ausencia de facultad en el mandatario o apoderado puede ser atacada mediante la causal a) del artículo 44 de la Ley arbitral, que nos dice: “Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”.

Ahora, conviene preguntarse con referencia al caso sub iudice: ¿puede la no inclusión de la facultad de convenir un arbitraje, considerarse un vicio de nulidad absoluta, que lleve a borrar esa voluntad expresada en el acuerdo arbitral, sentido en el que han caminado algunas sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, (cfr., entre otras, sentencia No. 855 de fecha 5 de abril de 2006, caso Compañía Anónima Venezolana de Televisión interpone recurso de nulidad vs. Laudo arbitral de fecha 29 de enero de 2001)? Y, ¿cuáles son esas razones de interés general que se violaron, máxime cuando, como lo expresa el profesor Dr. Melich Orsini, aunque “la norma viole una regla de orden público, puede darse el caso de que el orden público no resulte afectado por el mantenimiento del acto, porque el orden público solo esté interesado en el aseguramiento al titular de ciertos intereses particulares del derecho a disponer sobre la validación o no del acto” (cfr. MELICH ORSINI, José, Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie estudios, pág. 367)?

Aun cuando, el artículo 44.a) eiusdem, que expresa “…al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”, pareciera diferir de la regla general de la ratificación a posteriori de los actos o negocios jurídicos efectuados sin facultad expresa por el mandatario o apoderado (artículos 1.698/1.351 Código Civil). Sin embargo, es allí donde vale hacer una interpretación sistemática o a completudine -como dice el recurrente- del ordenamiento jurídico, para entender que la noción de capacidad no está regulada por la Ley de Arbitraje Comercial sino por el Código Civil, por manera que, se debe distinguir cuándo el interés jurídico protegido puede viciar en forma absoluta o relativa una cláusula o acuerdo de arbitraje, para poder estimar la procedencia o no de la fórmula de la ratificación en esos casos.

En ese sentido, huelga señalar que, si bien las normas que establecen incapacidades suelen ser de orden público; éstas únicamente buscan proteger los intereses de los mismos incapaces, de modo que, su inobservancia solo produce una nulidad relativa, pues, el orden público no se afecta con el mantenimiento del negocio jurídico o contrato, que solo se interesa en la protección a los incapaces de sus intereses, en cuanto establece para éstos el derecho a disponer sobre la validación o no del negocio o contrato.

No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa. En efecto, ese artículo 1.145 in commento, establece que:

“La persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del menor, del entredicho, ni del inhabilitado con quien ha contratado.

La incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de condenación penal, puede oponerse por todos aquellos a quienes interese.”

Esa regla general en materia de nulidades, por tanto, se hace aplicable por analogía a cualquier caso de nulidad por incapacidad de los mandantes o de las partes. Si acaso, y sin entrar a examinar la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa, quizás ésta encuentra sentido en un caso de nulidad absoluta que se refiere a las exigencias para los entes o empresas nacionales o del Estado, que se establecen en el artículo 4 de la Ley de arbitraje, al señalar que:

“Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de la aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor de tres (3).”

Y es allí, donde se ha señalado que, “por concepto la ‘aprobación’ del órgano estatutario competente puede consistir en un acto posterior. No sucede lo mismo con la ‘autorización’ por escrito del Ministro de tutela, ya que por concepto, la autorización es un acto previo, permisivo, que en este caso concreto podría calificarse como una autorización que elimina la prohibición de una actividad impuesta con el fin de asegurar la protección de un interés”. (cfr. DE JESÚS O., Alfredo, “Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas/Venezuela, 2005, pág. 83). Si se subsume el acuerdo de arbitraje, en ese supuesto del artículo 4 de la ley, sí se podría aplicar “al pie de la letra” la causal del literal a) del artículo 44 ibídem, en tanto que se produciría como lo dice el profesor Domenico Barbero “un estado originario de muerte” (cfr. BARBERO, Domenico, Sistema de Derecho Privado, Tomo IV, Pág. 632), en el convenio de arbitraje que no podría ser subsanado.

En consecuencia, es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa.

En ese sentido, en el sub iudice se denuncia la ausencia de facultad expresa de la mandataria o apoderada, ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, para comprometer a su mandante en un arbitraje. Ahora bien, esa ausencia de facultad expresa de la mencionada mandataria o apoderada solo podía ser acusada por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A.

Sin perjuicio de ello, se constata que las cláusulas de arbitraje aparecen insertas en: a) Contrato de obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, en el c) Contrato de compromiso de dación en pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90.

Ciertamente, en el sub lite las cláusulas de arbitraje aparecen convenidas por una apoderada que no tenía facultad expresa para comprometer en árbitros, según se evidencia del poder que se le otorgó y que se encuentra protocolizado en la Oficina Inmobiliaria del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, el 5 de julio de 2008, bajo el N. ° 43, Tomo 2, Protocolo 3, empero, si bien, prima facie, se constata tal vicio de ese acuerdo de arbitraje, no es menos cierto que, por tratarse de un caso de nulidad relativa, donde se excedió la apoderada de los límites de su poder (no tenía facultad expresa para comprometer en arbitraje), en consecuencia, corresponde a la parte afectada por la incapacidad al convenir el acuerdo de arbitraje, a saber la empresa INVERSIONES VINCENZO C.A., acusar el vicio de nulidad o ratificar el acuerdo, ya sea de manera expresa, ya sea de manera tácita, conforme el artículo 1.351 del Código Civil.

En consecuencia, siendo incoada una demanda de arbitraje por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., mediante el abogado CARLOS E. FERNANDEZ, en su condición de apoderado, exhibiendo un poder otorgado en la Notaría Pública Primera de Porlamar, Estado Nueva Esparta, el 1 de septiembre de 2010, bajo el N. º 31, Tomo 124, donde se le permite de manera expresa, “comprometer la solución de los conflictos en tribunales arbitrales, arbitradores o de derecho y sustanciar este tipo de procedimiento en todos sus estados, trámites, etapas e incidencias”, se debe concluir que ese es un acto de ratificación tácita (ex artículo 1.351 del Código Civil) de la cláusula de arbitraje inserta en: a) Contrato de Obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de Obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, c) Contrato de Dación en Pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90. Así se declara.

En efecto, es esa una ratificación tácita, con la cual se produce la validación de todas las cláusulas arbitrales, sin que pueda señalarse que se efectuó de manera unilateral, pues, en esencia la ratificación es unilateral, como es unilateral la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje, las cuales quedan a disposición de la parte afectada por la incapacidad.

Luego, se estima improcedente la nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, y así se decide..”  (Resaltado de la Sala)

 

De la anterior transcripción de la parte pertinente de la recurrida, se desprende que aun cuando se evidencia la exégesis de la norma contenida en el artículo 154 denunciada por falta de aplicación, el juez de alzada toma en consideración, para desechar la causal de nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, que “es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa”, de lo que se desprende que las normas delatadas como infringidas no eran las llamadas  a resolver el problema de fondo planteado, ya que como la misma recurrida sostuvo “No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa.”

Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

-II-

Sostiene el formalizante:

“Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida, por error de interpretación del artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial; y, por falsa aplicación, del artículo 1.351 del Código Civil con base en las razones siguientes:

Sin que en general quepa el planteo de denuncias subsidiarias en el ámbito del recurso de casación, la presente denuncia se propone con mucha prudencia según se expone a continuación. En la segunda denuncia de forma de la presente formalización, se planteó que la recurrida estaría inmotivada por no haber explicado de dónde habría extraído la tesis según la cual sólo la parte que ha dado lugar a un vicio de nulidad de un laudo arbitral sería la legitimada para pedir su nulidad a tenor de lo establecido en el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.

Pues bien, dado que esa es la norma que establece la causal y la legitimación para demandar la nulidad con base en la incapacidad de una de las partes al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje, de considerarse que la recurrida no incurrió en inmotivación, denuncio entonces que cometió el vicio de error de interpretación respecto a esa norma en concreto. La única forma de considerar que la recurrida no estuvo inmotivada, es concluir que aunque no lo haya dicho, interpretó el artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial, de forma tal que dicha disposición sólo legitima para pedir la nulidad del laudo a ¡a parte contra la cual se lo invoque y que, a su vez, sea la que esté afectada por alguna incapacidad.

Por mi parte sostengo, como lo hice al momento de demandar la nulidad del laudo arbitral, que conforme a la disposición cuyo error de interpretación se denuncia, de aplicación preferente por elementales reglas de hermenéutica jurídica, que cualquiera de las partes a la que se le opone un laudo arbitral, puede invocar la nulidad del mismo sobre la base de la incapacidad de cualquiera de las partes al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje. Esa y no otra tiene que ser ¡a interpretación correcta de la literalidad de la norma que hace referencia a que el así impugnante “demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad’

Si la Ley especial hubiere querido que esa nulidad sólo fuere accionable por la parte afectada, muy distinta debía ser la redacción. Por ello, tal como se hizo valer en el recurso de nulidad contra el laudo arbitral, cuando el legislador venezolano estableció esta causal de nulidad en la Ley de Arbitraje Comercial, lo que hizo fue advertir a todos aquellos interesados en elegir la vía del arbitraje comercial, que la única forma de someter válidamente un asunto al fuero arbitral, es que “al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje todas y cada una de las partes que intervinieren en dicha celebración, tuvieren la capacidad plena para suscribir dicho compromiso.

Esto explica por qué la ley, a los fines del examen y la declaratoria de nulidad de los Laudos arbitrales, exige al Juez únicamente la comprobación del hecho de que “una de las partes [estuviere] afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje’

En consecuencia, la redacción tan clara y categórica de la causal de nulidad prevista en el literal “a” del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, hace concluir que cuando una de las partes se encuentre afectada por alguna incapacidad “al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje éste nunca podrá ser convalidado.

De haber interpretado adecuadamente esta disposición la recurrida, habría concluido entonces, además de la legitimidad de mi mandante para demandar la nulidad del laudo arbitral, que dicha nulidad no podía ser convalidada de forma alguna por la otra pues el tiempo para determinar la ocurrencia del vicio se retrotrae a aquel en el que pretendidamente se hubiere pactado la cláusula compromisoria.

Consecuencia del error de interpretación denunciado es la falsa aplicación del artículo 1.351 del Código Civil, en cuanto la recurrida le concedió a la parte que dio lugar a la nulidad, la posibilidad de subsanar el acuerdo de arbitraje originalmente nulo, unilateralmente y con posterioridad al tiempo de la celebración de dicho acuerdo. Dicha parte, entonces, tuvo la desequilibrada ventaja respecto a mi mandante de optar entre el arbitraje o la vía judicial según su mejor parece (sic) y conveniencia.

Naturalmente que las anteriores infracciones fueron trascendentales al dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido en ellas la recurrida, habría declarado con lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el referido laudo arbitral, estableciendo a su vez la nulidad de la cláusula compromisoria, reenviando a las partes a la jurisdicción ordinaria para dirimir sus eventuales controversias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 40 del Código de Procedimiento Civil, señalo que la norma que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia y no aplicó, fue precisamente el artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial, pero interpretado correcta mente.

Finalmente, comoquiera que con los hechos soberanamente establecidos por la recurrida es perfectamente posible aplicar la debida consecuencia jurídica al presente caso, respetuosamente pido que no sólo se case el fallo recurrido, sino que además se lo haga sin reenvío dado que, en los términos de la presente denuncia, no quedaría otra cosa que resolver a los jueces de instancia.”

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción por errónea interpretación del artículo del artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial; y que como consecuencia de esa “errónea interpretación” incurrió en la “falsa de aplicación” de lo dispuesto en el artículo 1.351 del Código Civil.

En ese sentido, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con el vicio de error de interpretación, que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aun cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido. (Vid. sentencia N° 609 de fecha 11 de octubre de 2013, caso: Molinos Hidalgo, C.A. contra Romeo N. Naranja y Otra), ratificada  en sentencia N° 665, de fecha 4 de noviembre de 2014, (caso: Banco Occidental de Descuento, C.A. Banco Universal contra Responsable de Venezuela, C.A. y otros).

Asimismo tenemos que esta Sala ha sostenido, que en relación con la falsa aplicación de una norma, esta ha sido definida por la doctrina como lo equívoco de la relación entre la ley y el hecho, como lo es por ejemplo, el vicio de declarar legal una relación que no existe entre los hechos demandados y los establecidos en los artículos que el Juzgador cita, desnaturalizando el verdadero sentido de la norma, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella, o cuando se aplica de forma tal que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley, tal y como se sostuvo en la denuncia anterior.

En ese sentido y antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala de Casación Civil ha establecido mediante reiteradas decisiones, cuál es la técnica que debe cumplir el recurrente, con el fin de que se pueda entender y resolver a cabalidad los planteamientos que sustentan las denuncias contenidas en el escrito de formalización, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida la doctrina citada en la resolución de la denuncia anterior.

Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala percibe como el recurrente se confunde al plantear su denuncia pretendiendo que la errónea interpretación de la norma delatada, que sería la llamada a resolver el caso,  conlleve, como consecuencia ilógica, a la falsa aplicación de otra, que no era la llamada a resolverlo, sin embargo, acerca de lo denunciado por el recurrente con respecto la errónea interpretación del artículo 44, literal a) de la Ley de Arbitraje Comercial, referida a lo que su entender era que “De haber interpretado adecuadamente esta disposición la recurrida, habría concluido entonces, además de la legitimidad de mi mandante para demandar la nulidad del laudo arbitral, que dicha nulidad no podía ser convalidada de forma alguna por la otra pues el tiempo para determinar la ocurrencia del vicio se retrotrae a aquel en el que pretendidamente se hubiere pactado la cláusula compromisoria”, la Sala estima pertinente transcribir un extracto de la sentencia recurrida, correspondiente a la resolución que se le dio a la causa, a los fines de evidenciar o no lo delatado, en tal sentido el ad quem expresó lo siguiente:

  “Por su parte, el panel arbitral del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), afirma que, ciertamente, el poder otorgado a la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, no le daba la potestad de convenir un arbitraje. Que, si bien, conforme el artículo 1.689 del Código Civil, el mandatario no puede exceder los límites de su mandato, y que, el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, exige que se tenga facultad expresa para comprometer en árbitros, no obstante, señaló que el vicio se refiere a una falta de representación, y que los vicios de representación son convalidables conforme el artículo 1.698 del Código Civil, pues, dicho vicio se subsana mediante la comparecencia del representante legítimo del actor o del apoderado debidamente constituido, y además, con la ratificación de los actos efectuados con el mandato defectuoso.
Por ende, estimó que, esa ausencia de facultad para comprometer en árbitros, afecta al contrato de nulidad relativa, y que con la presentación de la solicitud/demanda de arbitraje en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), por el abogado CARLOS FERNANDEZ, en su carácter de apoderado de INVERSIONES VINCENZO, C.A., con facultad expresa para comprometer en árbitros, quedó convalidada la carencia de facultad expresa en el mandato de la ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ. Y adiciona, que, en todo caso, ese vicio sólo podía ser denunciado por la parte afectada, en este caso, la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., y no por su contraparte.
A propósito de ello, se debe señalar que, cuando se está en el caso de acuerdos arbitrales, se suele establecer según una interpretación concatenada de los artículos 3 de la Ley de Arbitraje Comercial y 1.688 del Código Civil, que, para convenir o suscribir un acuerdo o cláusula arbitral, el mandatario o apoderado necesita de facultad expresa.

Sin duda, esa ausencia de facultad en el mandatario o apoderado puede ser atacada mediante la causal a) del artículo 44 de la Ley arbitral, que nos dice: “Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”.

Ahora, conviene preguntarse con referencia al caso sub iudice: ¿puede la no inclusión de la facultad de convenir un arbitraje, considerarse un vicio de nulidad absoluta, que lleve a borrar esa voluntad expresada en el acuerdo arbitral, sentido en el que han caminado algunas sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, (cfr., entre otras, sentencia No. 855 de fecha 5 de abril de 2006, caso Compañía Anónima Venezolana de Televisión interpone recurso de nulidad vs. Laudo arbitral de fecha 29 de enero de 2001)? Y, ¿cuáles son esas razones de interés general que se violaron, máxime cuando, como lo expresa el profesor Dr. Melich Orsini, aunque “la norma viole una regla de orden público, puede darse el caso de que el orden público no resulte afectado por el mantenimiento del acto, porque el orden público solo esté interesado en el aseguramiento al titular de ciertos intereses particulares del derecho a disponer sobre la validación o no del acto” (cfr. MELICH ORSINI, José, Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Serie estudios, pág. 367)?

Aun cuando, el artículo 44.a) eiusdem, que expresa “…al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje”, pareciera diferir de la regla general de la ratificación a posteriori de los actos o negocios jurídicos efectuados sin facultad expresa por el mandatario o apoderado (artículos 1.698/1.351 Código Civil). Sin embargo, es allí donde vale hacer una interpretación sistemática o a completudine –como dice el recurrente- del ordenamiento jurídico, para entender que la noción de capacidad no está regulada por la Ley de Arbitraje Comercial sino por el Código Civil, por manera que, se debe distinguir cuándo el interés jurídico protegido puede viciar en forma absoluta o relativa una cláusula o acuerdo de arbitraje, para poder estimar la procedencia o no de la fórmula de la ratificación en esos casos.

En ese sentido, huelga señalar que, si bien las normas que establecen incapacidades suelen ser de orden público; éstas únicamente buscan proteger los intereses de los mismos incapaces, de modo que, su inobservancia solo produce una nulidad relativa, pues, el orden público no se afecta con el mantenimiento del negocio jurídico o contrato, que solo se interesa en la protección a los incapaces de sus intereses, en cuanto establece para éstos el derecho a disponer sobre la validación o no del negocio o contrato.

No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa. En efecto, ese artículo 1.145 in commento, establece que:

“La persona capaz de obligarse no puede oponer la incapacidad del menor, del entredicho, ni del inhabilitado con quien ha contratado.

La incapacidad que se deriva de la interdicción por causa de condenación penal, puede oponerse por todos aquellos a quienes interese.”

Esa regla general en materia de nulidades, por tanto, se hace aplicable por analogía a cualquier caso de nulidad por incapacidad de los mandantes o de las partes. Si acaso, y sin entrar a examinar la jurisprudencia de la Sala Político Administrativa, quizás ésta encuentra sentido en un caso de nulidad absoluta que se refiere a las exigencias para los entes o empresas nacionales o del Estado, que se establecen en el artículo 4 de la Ley de arbitraje, al señalar que:

“Cuando en un acuerdo de arbitraje al menos una de las partes sea una sociedad en la cual la República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, se requerirá para su validez de la aprobación de todos los miembros de la Junta Directiva de dicha empresa y la autorización por escrito del ministro de tutela. El acuerdo de arbitraje especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, el cual en ningún caso será menor de tres (3).”

Y es allí, donde se ha señalado que, “por concepto la ‘aprobación’ del órgano estatutario competente puede consistir en un acto posterior. No sucede lo mismo con la ‘autorización’ por escrito del Ministro de tutela, ya que por concepto, la autorización es un acto previo, permisivo, que en este caso concreto podría calificarse como una autorización que elimina la prohibición de una actividad impuesta con el fin de asegurar la protección de un interés”. (cfr. DE JESÚS O., Alfredo, “Validez y Eficacia del Acuerdo de Arbitraje en el Derecho Venezolano”. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas/Venezuela, 2005, pág. 83). Si se subsume el acuerdo de arbitraje, en ese supuesto del artículo 4 de la ley, sí se podría aplicar “al pie de la letra” la causal del literal a) del artículo 44 ibídem, en tanto que se produciría como lo dice el profesor Domenico Barbero “un estado originario de muerte” (cfr. BARBERO, Domenico, Sistema de Derecho Privado, Tomo IV, Pág. 632), en el convenio de arbitraje que no podría ser subsanado.

En consecuencia, es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa.

En ese sentido, en el sub iudice se denuncia la ausencia de facultad expresa de la mandataria o apoderada, ciudadana LEONOR ISABEL ITRIAGO ÁLVAREZ, para comprometer a su mandante en un arbitraje. Ahora bien, esa ausencia de facultad expresa de la mencionada mandataria o apoderada solo podía ser acusada por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A.

Sin perjuicio de ello, se constata que las cláusulas de arbitraje aparecen insertas en: a) Contrato de obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, en el c) Contrato de compromiso de dación en pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90.

Ciertamente, en el sub lite las cláusulas de arbitraje aparecen convenidas por una apoderada que no tenía facultad expresa para comprometer en árbitros, según se evidencia del poder que se le otorgó y que se encuentra protocolizado en la Oficina Inmobiliaria del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, el 5 de julio de 2008, bajo el N. ° 43, Tomo 2, Protocolo 3, empero, si bien, prima facie, se constata tal vicio de ese acuerdo de arbitraje, no es menos cierto que, por tratarse de un caso de nulidad relativa, donde se excedió la apoderada de los límites de su poder (no tenía facultad expresa para comprometer en arbitraje), en consecuencia, corresponde a la parte afectada por la incapacidad al convenir el acuerdo de arbitraje, a saber la empresa INVERSIONES VINCENZO C.A., acusar el vicio de nulidad o ratificar el acuerdo, ya sea de manera expresa, ya sea de manera tácita, conforme el artículo 1.351 del Código Civil.

En consecuencia, siendo incoada una demanda de arbitraje por la empresa INVERSIONES VINCENZO, C.A., mediante el abogado CARLOS E. FERNANDEZ, en su condición de apoderado, exhibiendo un poder otorgado en la Notaría Pública Primera de Porlamar, Estado Nueva Esparta, el 1 de septiembre de 2010, bajo el N. º 31, Tomo 124, donde se le permite de manera expresa, “comprometer la solución de los conflictos en tribunales arbitrales, arbitradores o de derecho y sustanciar este tipo de procedimiento en todos sus estados, trámites, etapas e incidencias”, se debe concluir que ese es un acto de ratificación tácita (ex artículo 1.351 del Código Civil) de la cláusula de arbitraje inserta en: a) Contrato de Obra suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 16, Tomo 90; b) Contrato de Obra adicional suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 12, Tomo 90; y, c) Contrato de Dación en Pago suscrito en la Notaría Pública de Pampatar, el 23 de septiembre de 2009, bajo el N. ° 11, Tomo 90. Así se declara.

En efecto, es esa una ratificación tácita, con la cual se produce la validación de todas las cláusulas arbitrales, sin que pueda señalarse que se efectuó de manera unilateral, pues, en esencia la ratificación es unilateral, como es unilateral la acción de nulidad del acuerdo de arbitraje, las cuales quedan a disposición de la parte afectada por la incapacidad.

Luego, se estima improcedente la nulidad conforme el literal a) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, y así se decide…”  (Resaltado de la Sala)

 

De la anterior transcripción de la parte pertinente de la recurrida, se desprende como la misma ofrece un razonamiento lógico en cuanto a la interpretación de la referida norma al sostener que “es precisamente una interpretación e integración a completudine del artículo 44.a) de la Ley de Arbitraje Comercial en el ordenamiento jurídico, la que nos permite el recurrir a los artículos 1.351 y 1.698 del Código Civil, para entender que sí es posible que opere la fórmula de la ratificación (expresa o tácita) del acuerdo arbitral anulable por incapacidad del mandante o apoderado de una de las partes, en tanto que se trata de un caso de nulidad relativa”, de lo que se desprende que la referida norma, al ser la aplicable para la resolución de uno de los puntos del thema decidendum lo fue interpretada en concatenación a doctrinas y otros artículos de rango legal para llegar a la conclusión de que la nulidad a que se alude “se trata de un caso de nulidad relativa”  y  contrario a lo sostenido  por el formalizante, no violenta el orden público, ya que como la misma recurrida sostuvo “No puede, entonces, argüirse que por violarse una norma de este tipo, la nulidad puede declararse a solicitud de cualquiera de las partes contratantes o incluso ex officio, lo cual se pueda evidenciar de algunos casos de nulidades de negocios jurídicos o contratos en áreas sensibles (de orden público) del ordenamiento jurídico, como lo es el del artículo 1.145 del Código Civil, por ejemplo, donde aun cuando se trata de casos donde mediante normas de orden público se busca proteger intereses de personas que pueden denominarse débiles jurídicos (entredichos, inhabilitados, niños y adolescentes, por ejemplo), se establece que la nulidad no podrá ser alegada por las contrapartes de estos, sino por los propios incapaces, lo cual, refuerza la tesis de considerarse como casos de nulidad relativa.”, razonamiento suficiente por los cuales esta Sala considera que la recurrida no erró en la interpretación de la norma denunciada.

 

Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

-III-

 

Sostiene el formalizante:

“Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida, por error de interpretación del artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial, por falta de aplicación, de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 del Código de Procedimiento Civil y 12 de la Ley de Arbitraje Comercial y 19.1 del Reglamento del centro empresarial de conciliación y Arbitraje (CEDCA); y, por falsa aplicación, del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las razones siguientes:

La presente denuncia la propongo con la mayor prudencia y mesura, pues sin renunciar a los planteamientos hechos valer en la primera denuncia de fondo y nulidad de la propia cláusula compromisoria, existen además otras causas que afectan al laudo propiamente dicho y que no se pueden omitir en la salvaguarda de los derechos de mi mandante.

En efecto, el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, en sus distintos ordinales establece criterios objetivos de nulidad de los laudos arbitrales dictados en el marco de esa regulación especial. En esa dirección hay que destacar que, no le es dable al operador jurídico hacer consideraciones personales sobre los fines remotos de la norma, sino que debe aplicarla tal cual es, atribuyéndole el sentido propio a las palabras tal como pauta la norma rectora de la hermenéutica jurídica en Venezuela, esto es, artículo 4 del Código Civil.

En la presente denuncia se constata que la recurrida reconoce que a mi mandante se le abrevió ilegalmente el lapso para contestar la demanda al habérsele concedido sólo diecinueve (19) días hábiles para contestar su demanda y no los veinte (20) que al efecto prevé el propio reglamento del centro arbitral. En efecto, la recurrida constató lo siguiente:

Así, en la boleta de citación, se estableció que: “...deberá dar contestación por escrito en la sede de este Centro (...) dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la demanda que se acompaña a la presente, lapso que vence el día jueves (16) de diciembre de 2010, a las 5:30 p.m., todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)...”.

En ese sentido, del escenario procesal se desprende que:

El 3 de diciembre de 2010 (cfr. folio 369, Recaudos No. 1), el panel arbitral hace saber que la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., recibió la notificación de la demanda y los documentos anexos a ésta el 30 de noviembre de 2010, siendo que, de un simple cómputo se evidencia que el lapso de contestación vencería el 17 de enero de 2011.

Señala, pues, que ello indujo a error a la parte demandada, no pudiendo ejercer sus derechos, violándose su derecho de defensa.

Así, si bien se puede observar que el panel arbitral al momento de emitir la boleta de citación incurrió en un error en el momento de precisar cuándo concluiría el lapso de contestación, no puede estimarse como un error que hiciera nugatoria la defensa de la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A.

Sobre el lapso para contestar la demanda en el marco del procedimiento arbitral llevado ante el CEDCA, el artículo 19.1 de su Reglamento es preciso al indicar que son veinte (20) días para contestar la demanda. Dicha disposición reglamentaria, de aplicación forzosa por mandato del artículo 12 de la Ley de Arbitraje Comercial, fue desacatada por la recurrida, lo cual conlleva su nulidad por haber dejado de aplicar los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.

En total desacato al ordenamiento, la recurrida considera que esa disminución del lapso es inocua y carece de consecuencias jurídicas por cuanto mi mandante en realidad no quería defenderse y no le afectó esa amputación del lapso. Sostuvo la recurrida:

De ahí, pues, que la causal de nulidad contenida en el literal b) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, cuando expresa “...o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos”, presupone que la parte haya querido ejercer dichos derechos que se dicen menoscabados.

De imponerse la fórmula de la recurrida, se admitirían absurdos como que el condenado penalmente, con violación al debido proceso, no podrá cuestionar su indefensión si el juez que conoce del recurso lo considera culpable. El debido proceso y el derecho a la defensa son garantías constitucionales y pilares fundamentales del estado democrático, social, de derecho y de justicia. No puede el juez que no deja transcurrir el lapso de apelación excusar su violación al ordenamiento bajo la tesis que la sentencia era muy buena, incluso perfecta.

La conducta de la recurrida raya en lo sospechoso al excusar y proteger el laudo a costa de estas preciosas garantías constitucionales, interpretando lo que mi mandante habría o no hecho de habérsele concedido íntegramente su lapso para contestar la demanda. Esto es francamente el colmo y debe ser censurado en protección del orden público constitucional.

En todo caso, lo que queda muy claro a los efectos de la presente denuncia, es que la recurrida erró en la interpretación del artículo 44, literales b) y f) (sic) de la Ley de Arbitraje Comercial, pues le atribuyó un sentido distinto al que éstos literales en realidad contienen, estableciendo como presupuesto de la nulidad textual de la ley el descubrimiento previo de la intención de la parte. Según la interpretación de la recurrida, el laudo será nulo siempre que a la parte se le haya violado o menoscabado sus derechos pero esa misma parte hubiere querido hacer valer esos derechos. Esa interpretación está reñida abiertamente con la letra e intención de la ley y, contrariamente, se trata de una nulidad objetiva en la que basta la constatación de la violación al derecho a la defensa de la parte para que se produzca como forzosa e ineludible la consecuencia de nulidad. Esta y no otra es la recta interpretación del literal b) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.

Dada la naturaleza del recurso de nulidad hecho valer contra el laudo arbitral, que lo que se persigue es fulminar al laudo arbitral ilegalmente habido, en lo que a este vicio atañe, solo puede ser combatido mediante la adecuada denuncia por infracción de ley. No puede mi mandante plantear la subversión procesal ocurrida en el trámite arbitral que dio lugar al laudo cuya nulidad se demandó como un problema de indefensión al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, pues mal podría esta honorable Sala reponer la causa al estado en que se conceda el lapso íntegro de emplazamiento a mi mandante, sino que, por el contrario, forzosamente debe proponérsela al amparo del ordinal 2° de dicha norma, pues la única consecuencia posible derivable del recurso de nulidad contra un laudo arbitral, en caso de prosperar, es precisamente su nulidad. En el presente caso, la recurrida se dicta como única instancia contra un laudo arbitral y no como alzada en segundo grado de jurisdicción.

Por tal razón, a pesar que mi mandante sufrió una situación objetiva de indefensión en el procedimiento que dio lugar al laudo cuya nulidad se ha demandado, lo que se denuncia en la recurrida es el error de interpretación del artículo 44, literales b) y c), según los cuales, como se apuntó previamente, el laudo será nulo siempre que por cualquier razón la parte no haya podido hacer valer sus derechos o cuando el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la Ley. Como queda claro de los literales de la norma que se analiza, estos no admiten criterios subjetivistas como los aventurados por la recurrida, esto es, que en el presente caso no importa que a mi mandante se le hubiere privado de un lapso procesal de emplazamiento porque en realidad no quería valerse del mismo. Siempre que se constate la violación de los derechos de una parte, el laudo será nulo.

En este sentido, la recurrida ignoró que las causales de nulidad del laudo arbitral son de orden público y de derecho estricto. Las violaciones que dan lugar a esa nulidad no son convalidables, ni subsanables, ni relajables, por muy altruistas que sean las causas que muevan al juzgador. Por ello la recurrida, al omitir pronunciar la nulidad del laudo arbitral, además de errar en la interpretación del artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial, violó por falta de aplicación el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, desconociendo el carácter de orden público de las causales de nulidad del laudo, entre otras, cuando se ha violado el derecho a la defensa a una de las partes. Violó igualmente el artículo 1.352 del Código Civil, pues para que un laudo sea válido es preciso que haya sido consecuencia de un proceso debidamente sustanciado y satisfechas todas las formalidades del mismo, de lo que resulta que la violación del derecho a la defensa de mi mandante, objetivamente, constituye una violación procesal y una formalidad cuya omisión no puede subsanarse por ningún acto confirmatorio, ni menos aún por lucubraciones teleológicas de la recurrida sobre la verdadera voluntad o intención de las partes.

De esta forma, consecuencia de todo lo anterior, denuncio que la recurrida interpretó erradamente el artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial pues de habérselo interpretado adecuadamente, ha debido declararse la nulidad del laudo en cuestión. En efecto, dada la violación al derecho a la defensa de mi mandante y al debido proceso, al haberse contravenido lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento del CEDCA, a cuya rígida aplicación estaba obligada la recurrida por mandato del artículo 12 de la Ley de Arbitraje Comercial, las que fueron violadas igualmente por falta de aplicación, forzosa era la consecuencia jurídica de la nulidad del laudo. Por ello, queda muy clara la falsa aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que nada tiene que ver con un problema de nulidad expresa de ley, ni puede ser invocado para ignorar tas violaciones y nulidades literales denunciadas.

Naturalmente que las anteriores infracciones fueron trascendentales al dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido en ellas la recurrida, habría declarado con lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el referido laudo arbitral.

Señalamiento aparte a todo lo hasta ahora expuesto, es el comentario que a modo de reflexión hace la recurrida sobre la buena o mala fe respecto a la oportunidad para denunciar la nulidad referida en esta denuncia. La nulidad que he planteado es textual, de orden público e inconvalidable. Mi mandante no tenía carga alguna para hacerla valer pues en cuanto tal es declarable de oficio. No ha habido mala fe de mi mandante, lo que ha habido es un sinfín de atropellos al ordenamiento y los derechos de mi mandante, respecto a los cuales fue la recurrida la que muy sospechosamente se empecinó en ignorar y evadir, omitiendo así la necesaria declaratoria de nulidad del laudo y la supuesta cláusula compromisoria que lo justificaría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, señalo que las normas que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia y no aplicó, fueron precisamente las denunciadas por falta de aplicación, esto es, el artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial, correctamente interpretado, los artículos 1.352 del Código Civil y 11 del Código de Procedimiento Civil, 12 de la Ley de Arbitraje Comercial; y, el artículo 19.1 del Reglamento del CEDCA.

Finalmente, como quiera que con los hechos soberanamente establecidos por la recurrida es perfectamente posible aplicar la debida consecuencia jurídica al presente caso, respetuosamente pido que no sólo se case el fallo recurrido, sino que además se lo haga sin reenvío dado que, en los términos de la presente denuncia, no quedaría otra cosa que resolver a los jueces de instancia.” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia la infracción por errónea interpretación del artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial, y que como consecuencia de esa “errónea interpretación” incurrió en “falta de aplicación” de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 del Código de Procedimiento Civil y 12 de la Ley de Arbitraje Comercial y 19.1 del Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA); y la “falsa aplicación” del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, la cual fue citada en la solución a la  denuncia anterior ha establecido en relación con el vicio de error de interpretación, que el mismo comprende un vicio de infracción de ley, específicamente de las normas tendentes a resolver el mérito del asunto discutido, el cual se produce cuando el juez no le da a la norma su verdadero sentido y alcance y que aun cuando fue correctamente elegida y aplicada para solucionar el conflicto surgido entre las partes, hace derivar de ella consecuencias que no concuerdan con su contenido.

Asimismo,  la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con el vicio de falta de aplicación de una norma, esta se verifica, cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior se colige que, la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley.

Igual como se sostuvo en la solución  de la denuncia anterior, tenemos que esta Sala ha sostenido, que en relación con la falsa aplicación de una norma, esta ha sido definida por la doctrina como lo equívoco de la relación entre la ley y el hecho, como lo es por ejemplo, el vicio de declarar legal una relación que no existe entre los hechos demandados y los establecidos en los artículos que el Juzgador cita, desnaturalizando el verdadero sentido de la norma, lo cual ocurre cuando se aplica la norma a un hecho no regulado por ella, o cuando se aplica de forma tal que se arriba a consecuencias jurídicas distintas o contrarias a las perseguidas por la ley, tal y como también se sostuvo en la denuncia anterior.

 Nuevamente, y antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala de Casación Civil ha establecido mediante reiteradas decisiones, cuál es la técnica que debe cumplir el recurrente, con el fin de que se pueda entender y resolver a cabalidad los planteamientos que sustentan las denuncias contenidas en el escrito de formalización, a lo que esta Sala a fin de evitar tediosas repeticiones inútiles da por reproducida las doctrinas citadas en la resolución de la denuncia anterior.

Asimismo se observa en lo que respecta a las normas constitucionales que supuestamente fueron infringidas por la recurrida, que la revisión por violación de normas de rango constitucional solo es competencia de esta Sala, cuando las mismas sean denunciadas como corolario en la violación de normas de naturaleza infra constitucional cuyo conocimiento sea competencia de esta Sala, mas no cuando las mismas sean denunciadas de forma independiente.

En ese sentido, ha venido indicando la Sala, que en los casos en que la violación de la norma de rango legal sea de tal magnitud que implique la infracción del orden constitucional, esta suprema jurisdicción podrá actuar de oficio para restablecer el error cometido, más no para declarar la infracción de la norma constitucional de forma autónoma, que en todo caso sólo podría ser utilizada por el formalizante para colorear o apoyar su denuncia, sin pretender la declaratoria de violación por parte de la Sala, pues el recurso extraordinario de casación es un medio de impugnación dirigido al control de la legalidad de los fallos y no de su constitucionalidad (Cfr. Sentencia de esta Sala N° RC-200, del 12 de mayo de 2011, Exp. 2010-469, caso: Luis José Guerrero Carrero contra Claudia Patricia Reyes)

Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala observa que lo pretendido por este es delatar que “En la presente denuncia se constata que la recurrida reconoce que a mi mandante se le abrevió ilegalmente el lapso para contestar la demanda al habérsele concedido sólo diecinueve (19) días hábiles para contestar su demanda y no los veinte (20) que al efecto prevé el propio reglamento del centro arbitral” y que  “Por tal razón, a pesar que mi mandante sufrió una situación objetiva de indefensión en el procedimiento que dio lugar al laudo cuya nulidad se ha demandado, lo que se denuncia en la recurrida es el error de interpretación del artículo 44, literales b) y c),”  lo que pudiera constituir un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso por menoscabo al derecho a la defensa, y así pasa a conocerla.

Ahora bien, para resolver la presente denuncia, pasa la Sala a verificar las actas del expediente, específicamente en la pieza número 1 que conforma el presente expediente,  a los fines de comprobar la existencia o no del quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que hayan podido causar el menoscabo del derecho de defensa de la recurrente, por ello se constatan los siguientes eventos procesales:

 

1.- Constancia de recepción de demanda y sus recaudos, suscrita por el Director Ejecutivo del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), de fecha 17 de noviembre de 2010. Folio 366.

2.- Boleta de citación dirigida a la Sociedad Mercantil Inversiones Salazar y Marin, Salymar, C.A. suscrita por el Director Ejecutivo del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), de fecha 18 de noviembre de 2010. Folio 367.

3.- Constancia de recepción por parte de la referida sociedad de comercio, de la “notificación de la demanda y los documentos anexos a esta”, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), de fecha 03 de diciembre de 2010. Folio 369.

4.- Comunicación de los días de no despacho comprendidos desde el día viernes 17 de diciembre de 2010 hasta el día 10 de enero de 2011 emanada de la Secretaría Ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), de  fecha 14 de diciembre de 2010. Folio 370.

5.- Comunicación donde se deja constancia de que el día 17 de enero de 2011, venció el plazo para la contestación a la demanda, que la parte demandada no consignó escrito alguno  de contestación y se procederá a convocar a la partes para la fase previa conciliatoria, emanada de la Secretaria Ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), de  fecha 18 de enero de 2011. Folio 371.

6.- Desistida la fase previa conciliatoria por inasistencia de las partes y constituido el tribunal arbitral, la parte demandada presentó  escrito de alegatos, acompañados de poder y recaudos “…a los fines de objetar, rechazar, e impugnar en su totalidad el procedimiento contenido en el expediente signado con el N° 052-10, de la nomenclatura de este Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)…”, en fecha 03 de mayo de 2011. Folio 524 y siguientes.

Ahora bien, realizado el recuento de los eventos procesales ocurridos en el sub iudice, la Sala observa que  desde la fecha de la constancia en autos del recibo de la notificación del procedimiento, que se realizara a la demandada, ocurrida el día 03 de diciembre de 2010 a la fecha del recibo del escrito de alegatos consignado por la parte demandada, lo cual lo fue el 03 de mayo de 2011, ha transcurrido sobradamente el lapso de 20 días concedido para contestar, por lo que desde ese ángulo procesal no se puede evidenciar la supuesta violación al derecho de la defensa del recurrente, asimismo se observa como la recurrida, con respecto al referido escrito de alegatos, se pronunció:

“Por otro lado, asimismo, se alega de conformidad con el literal c), que se violó el derecho de defensa de la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., por cuanto no se cito correctamente y no se dejó transcurrir el lapso procesal de contestación.

La parte recurrente, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., afirma que en la boleta de citación se estableció que el lapso de contestación vencería el 16 de diciembre de 2010 (cfr. folio 367, Recaudos No. 1), cuando lo cierto es que dicho lapso venció el 17 de enero de 2011 (cfr. folio 370, Recaudos No. 1).

De acuerdo con el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el artículo 19.1., expresa:

“Dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la demanda, la parte demandada deberá presentar por escrito su contestación (la ‘contestación’) a la demanda. En caso de varios demandados, estos podrán actuar en forma conjunta o separada.”

Así, en la boleta de citación, se estableció que: “…deberá dar contestación por escrito en la sede de este Centro (…) dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción de la demanda que se acompaña a la presente, lapso que vence el día jueves (16) de diciembre de 2010, a las 5:30 p.m., todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA)…”.

En ese sentido, del escenario procesal se desprende que:

El 3 de diciembre de 2010 (cfr. folio 369, Recaudos No. 1), el panel arbitral hace saber que la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., recibió la notificación de la demanda y los documentos anexos a ésta el 30 de noviembre de 2010, siendo que, de un simple cómputo se evidencia que el lapso de contestación vencería el 17 de enero de 2011.

Señala, pues, que ello indujo a error a la parte demandada, no pudiendo ejercer sus derechos, violándose su derecho de defensa.

Así, si bien se puede observar que el panel arbitral al momento de emitir la boleta de citación incurrió en un error en el momento de precisar cuándo concluiría el lapso de contestación, no puede estimarse como un error que hiciera nugatoria la defensa de la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A.

En efecto, no se evidencia en el expediente de arbitraje, que la parte recurrente se presentara el 17 de diciembre de 2010 (cuando según la boleta de citación correspondía dar contestación), o posteriormente, en las fechas de los días de enero de 2011 (que ella señala), a consignar su contestación o reclamar que se le cercenaron sus lapsos.

Igualmente, no asistiría a la audiencia de conciliación que sería pautada el 21 de noviembre de 2011 (cfr. folio 373, Recaudos No. 1), mediante la publicación de sendos carteles de notificación en los diarios El Universal y El Sol de Margarita del 3 de febrero de 2011 (cfr. folio 377 y 378, Recaudos No. 1), celebrada el 7 de febrero de 2011 (cfr. folio 384, Recaudos No. 1).

Ello se debe, pues, a que la parte recurrente, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., se mostró en rebeldía durante todo el proceso de arbitraje, por estimar que el acuerdo de arbitraje era nulo y los árbitros no tenían jurisdicción.

Y pese, a habérsele citado –hecho de la citación que no se discute, sino el lapso para contestar-, es el 3 de mayo de 2011 (cfr. folio 524 al 534, Recaudos No. 1), cuando comparece a plantear (única y exclusivamente) la excepción de invalidez del acuerdo de arbitraje, la cual, aun cuando se planteó de manera extemporánea, se tomó en cuenta en el laudo arbitral, conforme el artículo 25 de la Ley de Arbitraje Comercial.

Si, en todo caso, se llegó a menoscabar o cercenar el lapso de contestación de la demanda, el panel arbitral no estimó que la empresa SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., incurriera en la figura de la confesión ficta, y por el contrario, se consideró y decidió en el laudo arbitral la única excepción o defensa opuesta por la empresa SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., en el proceso de arbitraje, de donde resulta que sería inocuo sancionar con la nulidad el proceso de arbitraje, contrariando ese principio clásico que expresa que “no hay nulidad sin perjuicio”, contenido en los postulados de justicia efectiva y célere sin nulidades ni reposiciones inútiles, del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De ahí, pues, que la causal de nulidad contenida en el literal b) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, cuando expresa “…o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos”, presupone que la parte haya querido ejercer dichos derechos que se dicen menoscabados.

Así pues, mutatis mutandi, debe señalarse que no cabe la posibilidad de redargüir el hecho de que se incurrió en una omisión al no fijar un término de la distancia en el lapso de contestación de la demanda.

Y es que, aun cuando, la parte recurrente estaba en su derecho de mostrarse en rebeldía ante quienes pensaba no eran sus jueces naturales, sin embargo, lo que resulta inaceptable y contrario a la buena fe procesal, es que se pretenda plantear u oponer, por primera vez, en este iter procedimental del recurso de nulidad, la violación de unos derechos y garantías que, en ningún momento, pretendió ejercer en el procedimiento de arbitraje (como por ejemplo, el de contestar el fondo de la demanda).

Por ende, se estima que con la citación (hecho no discutido) y posteriormente, con la convocatoria para una audiencia de conciliación, se le dio suficiente oportunidad a la parte demandada, empresa INVERSIONES SALAZAR Y MARIN, SALYMAR, C.A., para ejercer su derecho de defensa. Luego, se estima improcedente la nulidad por este motivo, y así se decide.

 

De la anterior transcripción que se hiciera de la recurrida se desprende que la misma, aun cuando el escrito de alegatos fue presentado de forma extemporánea, se pronunció con respecto a las defensas expuestas en el mismo, por lo que la Sala no evidencia violación alguna al derecho a la defensa de la demandada en el caso concreto.

 

 Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

-IV-

Sostiene el formalizante:

“Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código, denuncio que la recurrida incurrió en el segundo caso de suposición falsa, al haber atribuido a actas del expediente menciones que no contiene, lo cual provocó la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 12 y 44 literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial; y, 206, 460 y 466 del Código de Procedimiento Civil; y, por falsa aplicación, del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con base en las razones siguientes:

La presente denuncia, al igual que la anterior, se propone en resguardo del derecho a la defensa de mi representada, pero sin que ella implique una renuncia a los planteamientos hechos valer respecto a la nulidad de la propia cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria por la que se propuso el laudo arbitral es nula, e igualmente nulo fue, en consecuencia, el laudo impugnado y que la recurrida porfiadamente insistió en reconocerle validez. Dicha nulidad deriva, en primer término, de la inexistencia por nulidad absoluta de la cláusula compromisoria y, adicionalmente, para el caso improbable que se estime válida esa cláusula compromisoria, de las violaciones al derecho a la defensa y al debido proceso ocurridas en la tramitación del arbitraje, lo que es censurado conforme a los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.

En efecto, se reitera, el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, en sus distintos ordinales establece criterios objetivos de nulidad de los laudos arbitrales dictados en el marco de esa regulación especial. En esa dirección hay que destacar que, no le es dable al operador jurídico hacer consideraciones personales sobre los fines remotos de la norma, sino que debe aplicarla tal cual es, atribuyéndole el sentido propio a las palabras tal como pauta la norma rectora de la hermenéutica jurídica en Venezuela, esto es, artículo 4° del Código Civil.

En la presente denuncia, se combate el irregular trámite que se le dio a la prueba de experticia en el marco del ilegal arbitraje adelantado ante el CEDCA. De considerarse válida la cláusula compromisoria, dicha prueba y sus conclusiones era de vital trascendencia para las resultas de ese arbitraje, pues de ella dependió en altísimo grado la determinación del cumplimiento o no de las obligaciones de los contratos que vincularon a las partes en conflicto. Así las cosas, en el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo, se denunció entre otros aspectos que el procedimiento que se siguió para la evacuación de esa experticia estuvo viciado, pues los expertos habrían omitido dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 460 y 466 del Código de Procedimiento Civil al omitir el término de la distancia ni haber señalado, con por lo menos veinticuatro (24) horas de antelación, el lugar y hora en la que iniciarían su actividad.

Estos planteamientos fueron desechados por la recurrida con base en dos argumentos. En primer término, la recurrida planteó que el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone una interpretación elástica del derecho procesal la que debía flexibilizar la forma de evacuar las pruebas en sede arbitral; y, en segundo término, que en todo caso los expertos sí dieron cumplimiento al artículo 466 del Código de Procedimiento Civil. En su parte pertinente, la recurrida sostuvo:

“Siendo ello así, afirman que los expertos no cumplieron con la formalidad esencial del artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual tenían que dejar constancia con veinticuatro (24) horas de anticipación sobre el inicio de sus tareas.

Asimismo, se señala que el panel arbitral cuando fijó el período de tiempo para la práctica de la experticia, omitió fijar el término de la distancia, de conformidad con el artículo 460 eiusdem.

Pues bien, como se dijo, la exclusión o sustracción del Poder Judicial, trae consigo que el enjuiciamiento en sede de arbitraje, tienda a una mayor flexibilidad y sea mediante un proceso impregnado de diálogo e informalidad en las formas procesales.

Si bien, los árbitros en algunos casos, como sucede en la aducción y evacuación de pruebas, pueden hacer referencia a las normas del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, esa referencia debe ser entendida como una pauta para evitar la arbitrariedad en sede arbitral.

En efecto, aun cuando los árbitros hagan referencia a la norma procesal civil, no se debe entender como que se está renunciando a la flexibilidad que es fundamental en e) arbitraje. Lo contrario, sería hacer muy semejante el arbitraje a la administración de justicia del Poder Judicial, lo cual, estaría reñido con el desiderátum constitucional de promover los medios alternativos de justicia, conforme lo establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Como expresara el Dr. Hernando Díaz-Candia:

“la flexibilidad jamás debe implicar una violación al derecho a la defensa, ni la producción de sorpresas en la introducción de pruebas sin que la otra parte tenga el derecho de contradecirlas. No debe atraparse desprevenida a ninguna de las partes mediante descubrimientos o decisiones procedimentales o sustantivas imprevistas, desbalanceadas o incomprensibles. El tribunal arbitral jamás debe permitir que una parte sea engañada aprovechando su buena fe.” (cfr. DIAZ-CANDIA, Hernando, El Correcto Funcionamiento Expansivo del Arbitraje (Teoría general del arbitraje), Editorial Legis, Caracas/Venezuela 2011, Pág. 101).

En ese sentido, para impedir arbitrariedades en el proceso de arbitraje, con las cuales se viole el acceso a la prueba (dentro del sistema probatorio de rango constitucional), en tanto que derecho fundamental del debido proceso (artículo 49,1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que comprende el control y contradicción de las pruebas de la contraparte, que se haría nugatorio si no se conocen las reglas procedimentales de esa fase de aducción y evacuación de pruebas, produciéndose sorpresas e imprevisiones, es que se hace admisible que los árbitros hagan referencia a las normas procesales civiles, pero sin que se entienda que su aplicación deba ser rígida como en sede judicial, pues, de ese modo se desconocería la flexibilidad que es fundamental en el arbitraje, haciéndolo muy semejante al Poder Judicial, y soslayándose el desiderátum constitucional de promoción de los medios alternativos de justicia, ex artículo 257 de la Carta Fundamental.

En el sub iudice, si bien el panel arbitral no fijó el término de la distancia, conforme el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, como se expresó, la flexibilidad de las formas procesales del arbitraje, justifica que no sea necesario establecer un término de la distancia. Por lo demás, esa omisión no afectó el acceso a la prueba de la recurrente (parte demandada en el arbitraje), que comprende el control y contradicción, pues, ello quedó garantizado con lo establecido en el artículo 33.3 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje, que permite el interrogatorio de los peritos o expertos, el cual no se solicitó, y con la audiencia oral para debatir sobre lo fijado en el período probatorio, a la cual no asistió (cfr. folio 481, Recaudos No. 2).

Por otro lado, no es verdad que los expertos no dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, dado que de una revisión del escenario procesal, se evidencia que, el 20 de junio de 2011 (cfr. folio 403, Recaudo No. 2), dichos expertos se dirigieron al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, y expresaron:

“Por medio de la presente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil vigente, ‘Artículo 466: Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia’, informamos a este tribunal arbitral que en esta fecha estamos dando inicio a las labores correspondientes a las experticias causadas para la elaboración del informa solicitado por ustedes y las cuales estimamos se realizaran de acuerdo a la siguiente programación:

1. Revisión expediente 052-10.

2. Programación de la labores a realizar durante la experticia.
3. Elección de los mecanismos y/o métodos de valoración a ser aplicados.

 4. Reconocimiento e inspección del bien objeto de la experticia.

5. Análisis para verificación de las cantidades faltantes en base a Inspección Judicial.

6. Solicitud de Presupuestos con cantidades faltantes a precio actual.

7. Análisis y Verificación de resultados.

8. Elaboración del Informe Final.

9. Consignación del Informe ante el Tribunal Arbitral

Sin más a que referirnos, quedamos de ustedes.”

Luego, se estima improcedente la nulidad alegada conforme a los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley Arbitraje Comercial, y así se decide.

Así las cosas, en lo que respecta a la pretendida flexibilización del derecho procesal en sede arbitral, denuncio en la recurrida una falsa aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues dicha disposición en modo alguno autoriza el incumplimiento de los trámites procesales legalmente preestablecidos. Recuérdese que, contrariamente a lo sostenido por la recurrida, el arbitraje es una excepción al monopolio jurisdiccional del Estado, el cual se ejerce por intermedio de los tribunales de justicia. De esta forma, el procedimiento arbitral, en cuanto al desarrollo del procedimiento, es de estricto derecho y no puede ir más allá de los límites de la propia cláusula compromisoria y de los cauces predeterminados legalmente.

De esta forma, cuando los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, denunciados por falta de aplicación, censuran con nulidad el laudo al que a alguna de las partes se le hubiere privado del ejercicio de sus derechos, o en el que el procedimiento no se hubiere ajustado a la Ley, lejos de autorizar esta pretendida flexibilización del proceso, por el contrario, lo que se hace es un profundo hincapié en la tutela del derecho a la defensa y del debido proceso.

Por tanto, en lo que atañe a la supresión del término de la distancia, la recurrida violó, por falsa aplicación, lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por falta de aplicación, el artículo 1.352 del Código Civil, los artículos 206 y 460 del Código de Procedimiento Civil, así como los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. En efecto, la supresión del término de la distancia previsto en el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil, constituye una omisión cuya nulidad, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.352 del Código Civil, constituye una formalidad cuya omisión no se puede subsanar mediante ningún acto confirmatorio, lo cual es igualmente sancionado adjetivamente en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y, taxativamente, en los literales b) y c) del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial.

Por su parte, en lo que atañe al cumplimiento de la formalidad de la fijación por parte de los expertos, con por lo menos veinticuatro (24) horas de anticipación del lugar y hora en la que han de iniciar su actividad, la recurrida la afirma como cumplida con base en una suposición falsa al haber atribuido a actas del expediente menciones que no contienen. En efecto, la recurrida señala que esa formalidad se cumplió mediante diligencia de fecha 20 de junio de 2011, lo cual pasa a ser el hecho positivo y preciso fijado falsamente por la recurrida, siendo que de la lectura de esa diligencia, transcrita, por la recurrida, se evidencia que en dicha diligencia son los propios expertos quienes delatan su incumplimiento al indicar que en ese mismo acto daban inicio a sus diligencias, esto es, sin aguardar el transcurso de esas veinticuatro (24) horas ni indicar el lugar del inicio de las mismas.

En este sentido, la recurrida desechó la nulidad del laudo arbitral alegada con fundamento en los literales b) y c) del artículo 44 de fa Ley de Arbitraje Comercial, no por cuanto la omisión de esa fijación por parte de los expertos no constituya una violación al derecho a la defensa y al debido proceso, sino por cuanto consideró que no hubo tal omisión. Ahora bien, esa consideración de cumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, como se ha denunciado, fue la consecuencia de una suposición falsa al habérsele atribuido a la diligencia de los expertos del 20 de junio de 2011 menciones que no contiene.

De no haber incurrido la recurrida en la suposición falsa denunciada, ésta habría concluido que los expertos violaron el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil y la formalidad allí prevista, la que a su vez, impidió el ejercicio de la potestad prevista en el artículo 464 del mismo Código, en cuanto a que los expertos que han de desempeñar su oficio deben tomar en consideración las observaciones que les hagan las partes, precisamente, en el sitio y hora a que alude el artículo 466 denunciado, y previo el anuncio y tiempo en referencia.

De todo lo hasta ahora expuesto, se tiene que de haber aplicado la recurrida las disposiciones denunciadas, habría concluido que la evacuación de la experticia promovida dentro del írrito proceso arbitral, estuvo plagada de ilegalidades que violaron el derecho a la defensa y al debido proceso de mi mandante, primero por la supresión del término de la distancia y segundo por la falta de fijación previa, con por lo menos veinticuatro (24) horas de anticipación, del lugar y hora en el que tales expertos iniciarían sus diligencias, lo cual cercenó a su vez a mi mandante la oportunidad para hacer las observaciones que a bien tuviera a los expertos en los términos del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.

Se reitera entonces que el debido proceso y el derecho a la defensa son garantías constitucionales y pilares fundamentales del estado democrático, social, de derecho y de justicia. No puede el juez, so pretexto de flexibilizaciones al derecho procesal, impedir a las partes el control de los medios probatorios.

La conducta de la recurrida aparece así como una verdadera afrenta a estas preciosas garantías constitucionales, interpretando lo que mi mandante habría o no hecho o su intención respecto al proceso arbitral en cuestión lo que debe ser censurado en protección del orden público constitucional.

Dada la naturaleza del recurso de nulidad hecho valer contra el laudo arbitral, que lo que persigue es la extirpación del laudo arbitral ilegalmente habido, en el caso concreto sólo puede ser combatido mediante la denuncia de infracciones de ley. No puede mi mandante plantear la subversión procesal ocurrida en el trámite arbitral que dio lugar al laudo cuya nulidad se demandó como un problema de indefensión al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, pues mal podría esta honorable Sala reponer la causa al estado en que se evacúe en debida forma la prueba de experticia referida, sino que, por el contrario, forzosamente debe proponérsela al amparo del ordinal 2° de dicha norma, pues la única consecuencia posible derivable del recurso de nulidad contra un laudo arbitral, en caso de prosperar, es precisamente su nulidad por mandato del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial. Por ello, se reitera, la recurrida conoció en única instancia y no como alzada de los árbitros, por lo que su conocimiento estaba referido a la nulidad o no del laudo, más no a su reposición.

Por tal razón, a pesar que mi mandante sufrió una situación objetiva de indefensión en el procedimiento que dio lugar al laudo cuya nulidad se ha demandado, lo que se denuncia en la recurrida es la falta de aplicación del artículo 44, literales b) y c), según los cuales, el laudo será nulo siempre que por cualquier razón la parte no haya podido hacer valer sus derechos, o no se haya respetado el proceso conforme a la Ley. Como queda claro, estas disposiciones no admiten criterios subjetivistas como los aventurados por la recurrida, en el sentido de que en el presente caso se deben flexibilizar los rigores de la ley en tutela del derecho a la defensa y del debido proceso. Por el contrario, siempre que se constate la violación de los derechos de una parte en el proceso arbitral, el laudo será nulo.

En este sentido, la recurrida ignoró que las causales de nulidad del laudo arbitral son de orden público y de derecho estricto. Las violaciones que dan lugar a esa nulidad no son convalidables ni subsanables ni relajables. Por ello la recurrida, al omitir pronunciar la nulidad del laudo arbitral, violó por falta de aplicación el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, desconociendo el carácter de orden público de las causales de nulidad del laudo, entre otras cuando se ha violado el derecho a la defensa a una de las partes o el derecho al debido proceso. Violó igualmente el artículo 1.352 del Código Civil, pues para que un laudo sea válido es preciso que haya sido consecuencia de un proceso debidamente sustanciado y satisfechas todas las formalidades del mismo, de lo que resulta que la violación del derecho a la defensa de mi mandante, objetivamente, constituye una violación procesal y una formalidad cuya omisión no puede subsanarse por ningún acto confirmatorio.

Violó la recurrida los artículos 12, 460, 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, también por falta de aplicación, pues como se ha denunciado, privó a mi mandante del término de la distancia a que tenía derecho respecto a la evacuación de la prueba de experticia, privó a mi mandante de la oportunidad de formular observaciones a los expertos quienes omitieron al efecto indicar con por lo menos veinticuatro (24) horas de antelación el lugar y hora en que iniciarían su actividad, a pesar de haber afirmado lo contrario cuando, sin atenerse a lo alegado y probado en autos, por lo que incurrió en una suposición falsa al haber atribuido a actas del expediente menciones que no contiene.

De esta forma, consecuencia de todo lo anterior, denuncio que la recurrida dejó de aplicar el artículo 44, literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial puesto que, dada la violación al derecho a la defensa y al debido proceso de mi mandante en el trámite que dio lugar al laudo cuya nulidad se demandó, forzosa era la consecuencia jurídica de su nulidad, resultando entonces falsamente aplicado el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que en modo alguno puede invocarse como excusa para el acatamiento estricto de la ley y para dejar de aplicar la nulidad expresa de misma.

Naturalmente que las anteriores infracciones fueron trascendentales al dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido en ellas la recurrida, habría declarado con lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el referido laudo arbitral, más aún cuando dicha experticia pasó a formar el fundamento central que sirvió de base a los pretendidos árbitros al momento de pronunciar el laudo en cuestión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, señalo que las normas que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia y no aplicó, fueron precisamente las denunciadas por falta de aplicación, esto es, los artículos 1352 del Código Civil y 11, 206, 460. 464 y 466 del Código de Procedimiento Civil, y 44, literales b) y c) de fa Ley de Arbitraje Comercial.
Finalmente, respetuosamente pido que se case el fallo recurrido y sin reenvío dado que, en los términos de la presente denuncia, declarada con lugar esta denuncia, no quedaría otra cosa que resolver a los jueces de instancia.” (Resaltado de la Sala)

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante denuncia que la recurrida incurrió en el “segundo caso de suposición falsa”, al haber atribuido a actas del expediente menciones que no contiene, lo cual provocó la infracción por “falta de aplicación” de los artículos 1.352 del Código Civil, 11 y 12 y 44 literales b) y c) de la Ley de Arbitraje Comercial y 206, 460 y 466 todos del Código de Procedimiento Civil; y por “falsa aplicación”, del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Igual como se sostuvo en la solución de la denuncia anterior,  la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con el vicio de falta de aplicación de una norma, esta se verifica, cuando el sentenciador deja de aplicar una norma jurídica vigente apropiada al caso. De lo anterior se colige que, la obligación del jurisdicente radica en la adecuación de los hechos alegados y probados en juicio a las normas jurídicas pertinentes, realizando el enlace lógico de una situación particular, con la previsión abstracta predeterminada en la ley.

 

Por otra parte, en lo que respecta a las normas constitucionales que supuestamente fueron infringidas por la recurrida, esta Sala ratifica lo sostenido en la solución de la denuncia anterior en que la revisión por violación de normas de rango constitucional solo es competencia de esta Sala, cuando las mismas sean denunciadas como corolario en la violación de normas de naturaleza infra constitucional cuyo conocimiento sea competencia de esta Sala, mas no cuando las mismas sean denunciadas de forma independiente.

 

Ahora bien, antes de entrar a su resolución, tenemos que esta Sala en jurisprudencia reiterada y pacífica, ha sostenido el criterio según el cual para que una denuncia de suposición falsa prospere, el denunciante debe cumplir ciertos requisitos que han sido establecidos y que pueden evidenciarse de la sentencia N° 397, de fecha 11 de agosto de 2011, expediente N°2011-000233, juicio de Marcia Contreras Fernández y otra, contra Marisela Coromoto León Decan, en la que se ratificó:

“…En relación a la suposición falsa ha sido reiterada jurisprudencia de esta sala de Casación Civil, en que la misma tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, cuya inexistencia resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. El tercer caso de suposición falsa consiste en que exista inexactitud de actas e instrumentos del expediente mismo.

En sentencia Nº 845 del 10/12/08, expediente Nº 2008-00008, en el juicio de Martha Virginia Gillés Redondo, contra Jorge Eliécer Peñuela Ortega con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe esta, se ratificó:

“…La doctrina casacionista reiterada de esta Sala, ha sostenido el criterio según el que el falso supuesto o suposición falsa se produce en los casos en los que el Juez mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta afirma o establece un hecho. Es decir, para que se pueda tratar del vicio de suposición falsa, este tiene necesariamente que referirse a un hecho positivo y concreto.

Sobre la suposición falsa esta Sala, entre otras decisiones, en la N° 339 de fecha 30 de julio de 2002, aún vigente, caso Nazareno Enrico D’Ambrosio Rea y otra contra Inversiones Bricalla, S.A., expediente N° 2002-000032, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, ratificó lo siguiente:

‘...En este orden de ideas el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del Juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia del falso supuesto o suposición falsa.

Para la formalización de la denuncia del vicio de suposición falsa, la Sala, en fecha 20-1-99, Exp. Nº 97-177, Sentencia Nº 13, ha elaborado la siguiente doctrina:’

‘...esta Sala de Casación Civil, establece los siguientes requisitos: a) por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 ejusdem; b) por cuanto la suposición falsa consiste en dar por demostrado un hecho positivo, particular y concreto sin el apropiado respaldo probatorio, debe indicarse el mimo con el contexto de la denuncia; c) por cuanto existen tres sub-hipótesis de suposición falsa contempladas en el artículo 320 ejusdem, especificar de cuál de dichas sub-hipótesis se trata; d) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) la denuncia, como infringidos, por falsa o falta de aplicación, de los preceptos o normas jurídicas que en la recurrida se utilizaron o se dejaron de utilizar, respectivamente, como resultado del hecho particular, positivo y concreto, falsamente supuesto; normas jurídicas que pueden ser tanto de derecho sustantivo como de derecho adjetivo; f) en indisoluble conexión con el requisito expuesto en el literal anterior, está la exigencia de que se explique las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia...” (Resaltado es del texto transcrito).

 

Así las cosas, tenemos que en la denuncia bajo análisis, se verifica una ausencia de técnica casacionista, ya que el formalizante de ninguna forma explica por qué estima que la recurrida incurrió en el segundo caso de suposición falsa, lo que se pone de bulto cuando sostiene “Ahora bien, esa consideración de cumplimiento de la formalidad prevista en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, como se ha denunciado, fue la consecuencia de una suposición falsa al habérsele atribuido a la diligencia de los expertos del 20 de junio de 2011 menciones que no contiene” lo que presupone que fue de los actos del proceso y no de la prueba de experticia de donde la recurrida establece que no se violó la formalidad prevista en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se hace imposible que se configure el delatado vicio, por cuanto lo que señala el formalizante como una prueba no lo es, pues se refiere a una diligencia de los expertos, que cursa en un acta del expediente, y las pruebas a que se contrae la suposición falsa, se refiere a las pruebas aportadas por las partes al proceso, más no a las actas del proceso, pues esto no constituye prueba alguna.

 

Teniendo entonces los anteriores razonamientos como suficientes para desechar la presente denuncia, la Sala observa que lo pretendido por este es delatar que “En la presente denuncia, se combate el irregular trámite que se le dio a la prueba de experticia en el marco del ilegal arbitraje adelantado ante el CEDCA.” lo que pudiera constituir un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso por menoscabo al derecho a la defensa, sin embargo esta Sala, ha sido constante al señalar que existe quebrantamiento u omisión de las formas sustanciales que menoscaban el derecho de defensa, específicamente en cuanto al trámite de las pruebas cuando el juez “se niega o silencia una prueba o se resiste a verificar su evacuación; en general cuando el juez niega o cercena a las partes los medios legales con que pueden hacer valer sus derechos, rompiendo así el equilibrio procesal en perjuicio de un litigante. (Sentencia N° 484, del 27/10/2011; expediente N° 11-244, Caso: Inversiones Las 24 Horas, C.A., C/ Centro Médico Valle de San Diego, C.A.). (Resaltado de la Sala)

 

En atención a lo anterior, la recurrida ante la situación planteada sostuvo:

“En el sub iudice, si bien el panel arbitral no fijó el término de la distancia, conforme el artículo 460 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, como se expresó, la flexibilidad de las formas procesales del arbitraje, justifica que no sea necesario establecer un término de la distancia. Por lo demás, esa omisión no afectó el acceso a la prueba de la recurrente (parte demandada en el arbitraje), que comprende el control y contradicción, pues, ello quedó garantizado con lo establecido en el artículo 33.3 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje, que permite el interrogatorio de los peritos o expertos, el cual no se solicitó, y con la audiencia oral para debatir sobre lo fijado en el período probatorio, a la cual no asistió (cfr. folio 481, Recaudos No. 2). (Resaltado de la Sala)

Por otro lado, no es verdad que los expertos no dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil, dado que de una revisión del escenario procesal, se evidencia que, el 20 de junio de 2011 (cfr. folio 403, Recaudo No. 2), dichos expertos se dirigieron al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, y expresaron:“Por medio de la presente y cumpliendo con lo establecido en el artículo 466 del Código de Procedimiento Civil vigente, ‘Artículo 466: Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia’, informamos a este tribunal arbitral que en esta fecha estamos dando inicio a las labores correspondientes a las experticias causadas para la elaboración del informa solicitado por ustedes y las cuales estimamos se realizaran de acuerdo a la siguiente programación:…”

 

De la anterior transcripción que se hiciera de la recurrida, aun cuando  se evidencia la falta de técnica en la denuncia que se resuelve, la Sala no evidencia violación alguna al derecho a la defensa de la recurrente en el caso concreto, por cuanto teniendo los medios para controlar la prueba de experticia, después de haber sido recibida en el proceso, no lo hizo, quedando la misma con toda su fuerza probatoria.

 

Por todo lo anteriormente expuesto se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de los motivos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora, contra la sentencia dictada en alzada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de marzo de 2013.

 

Se condena en costas del recurso al recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado superior de origen.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de diciembre dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 154º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

 

 

 

 

__________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta,

 

 

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado Ponente,

 

 

 

 

_________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

Magistrada,

 

 

 

______________________

AURIDES MERCEDES MORA

Magistrada,

 

 

 

__________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

 

 

 

_______________________

CARLOS WILFREDO FUENTES

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2013-000510.-

Nota: Publicado en su fecha a las  (    )

 

 

 
Secretario,

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