Sentencia N.º RC.000972
- Sentencia
- N.º RC.000972
- Fecha
- 16/12/2016
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-207
- Ponente
- Francisco Velázquez Estévez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2016-000207
Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
En el juicio por cumplimiento de contrato, seguido por los ciudadanos JUAN GONZÁLEZ BUSTAMANTE y CAROLINA PROAÑO DE GONZÁLEZ, el primero de los mencionados actuando en su propio nombre y representación de la segunda, ambos representados judicialmente por los abogados Belkys Coromoto Carreño Guillen, contra las ciudadanas GEOCONDA ANAIS TOREALBA DE INCIARTE y GIOCONDA SHALOM INCIARTE TORREALBA, representadas judicialmente por los abogados José Gregorio Torrealba, Lisette García Gandica, entre otros, el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el 22 de junio de 2015, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada, parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato y en consecuencia, confirmó la sentencia apelada.
Contra la referida sentencia de alzada, la parte demandada anunció recurso de casación, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado, no hubo contestación, ni réplica, ni contrarréplica.
Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia, pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:
-I-
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la infracción de los artículos 341 y 78, y por vía de consecuencia los artículos 11, 12, 14, 15, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, indicando textualmente, lo siguiente:
III.l VICIO DE ACTIVIDAD: OMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS DE ORDEN PUBLICO (sic) QUE EXIGEN LA DECLATORIA (sic) DE INADMISIBIDAD (sic) DE LA DEMANDA POR INEPTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. MATERIA DE ORDEN PÚBLICO.
De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil y del numeral 1° del artículo 313 eiusdem en concordancia con el artículo 320 eiusdem, denuncio por parte de la recurrida la infracción de los artículos 341, 78, y por vía de consecuencia los artículos 11, 12, 14, 15, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación de estas disposiciones legales, habiendo incurrido en infracciones de orden público y constitucionales vinculados con el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva previstos en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
( Omissis )
Resulta pues evidente que, en la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal, la acumulación de pretensiones es materia de orden público y la inepta acumulación de las mismas es causal de inadmisibilidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil que prohíbe la acumulación en el mismo libelo de pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí en concordancia con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual prohíbe a los jueces de la República (sic) admitir demandas que sean contrarias al orden público. Este es el caso de la demanda intentada por los ciudadanos JUAN GONZÁLEZ BUSTAMANTE y CAROLINA PROAÑO DE GONZÁLEZ en contra de las ciudadanas GEOCONDA NAIS TORRE ALBA DE INCIARTE y GIOCONDA SHALOM INCIARTE TORREALBA, todos suficientemente identificados en autos.
( Omissis )
De la lectura del petitorio de la demanda reformada, es claro que las pretensiones de la parte demandante son: (i) el cumplimiento del contrato y (ii) el pago de la indemnización por incumplimiento del contrato, establecida en la cláusula quinta del mismo (cláusula penal), y, además, que se imputen las arras al precio pagado.
( Omissis )
Las pretensiones de cumplimiento y pago de indemnización por incumplimiento son excluyentes, a tal punto que la propia sentencia de Primera (sic) instancia (apelada) expresó en su página 7, lo siguiente:
( Omissis )
No obstante la afirmación realizada en la sentencia de primera instancia, en lugar de declarar la inadmisibilidad de la demanda interpuesta en contra de nuestros representados, pues la admisibilidad puede ser revisada en todo estado y grado del proceso, el a quo eligió, de una manera caprichosa, declarar CON LUGAR la pretensión de cumplimiento de contrato
Posterior a ello, fue alegado en segunda instancia en escrito de informes, y la sentencia del Juzgado (sic) Superior (sic), nada dijo con relación a tal alegato de inminente orden público.
( Omissis )
Por tal motivo, esta Sala debe necesariamente revisar la admisibilidad de la demanda interpuesta (cuestión de orden público que puede ser revisada en todo estado y grado de la causa) en virtud de que la misma debió ser declarada inadmisible por el a quo ya que es contraria al orden público debido a la inepta acumulación de pretensiones, cuestión que también es de orden público de acuerdo a la doctrina fijada por las Salas Constitucional y de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia . (Negrillas y mayúsculas del texto).
El formalizante en su escrito, señala que la presente denuncia es por vicio de actividad, fundamentándose para ello en el artículo 313 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, señalando que la recurrida incurre en falta de aplicación de los artículos antes especificados.
Ahora bien, como quiera que la presente denuncia, está enfocada a denunciar la inepta acumulación, la cual es materia de orden público, observándose, en el caso sub iudice, que el formalizante fundamenta la denuncia en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento, así pasa a conocerla esta Sala a los fines de constatar si efectivamente el juez de instancia erró en la admisión de la demanda por cuanto en el mismo libelo se acumulan pretensiones que se excluyen mutuamente o que son contrarias entre sí, o por razón de la materia no corresponden al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyo procedimientos son incompatibles entre sí, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
La pacífica y reiterada doctrina de esta Sala, ha venido sosteniendo que para que el juez pueda declarar la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones, debe verificar que efectivamente se hayan acumulado pretensiones que se excluyan mutuamente, en el caso concreto, se demandó el cumplimiento del contrato de opción de compra venta, más la cantidad dada en arras, más una suma igual por el incumplimiento culposo de las obligaciones contraídas solicitando que sea imputada al precio del inmueble objeto del referido contrato.
El juez ad quem dictó la sentencia que se recurre, cuyo contenido fue del siguiente tenor:
.Ahora bien, con respecto a la Cláusula (sic) Tercera (sic) concatenada con las Cláusulas (sic) Quinta (sic) y Novena (sic) del convenio celebrado entre las partes el 2 de Marzo (sic) de 2001, así como las pruebas aportadas al proceso, se evidencia de autos que cursa a los folios noventa y siete (97) al noventa y nueve (99) del expediente, copia simple del documento autenticado ante la Notaria (sic) Pública Trigésima Octava del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 23 de Marzo (sic) de 2001, bajo el Nº 72, Tomo (sic) 21 de los Libros de Autenticaciones (sic) llevados por esa Notaria (sic), que las demandadas, ciudadanas GEOCONDO (sic) ANAÍS TORREALBA DE INCIARTE y GIOCONDA SHALOM INCIARTE TORREALBA dieron en venta al ciudadano ESTEBAN EDUARDO INCIARTE PORTILLO, el inmueble de marras, estando vigente el Contrato (sic) de Opción (sic) de Compra (sic) Venta (sic) cuyo cumplimiento se demanda, así como el plazo establecido en la Cláusula (sic) Tercera (sic) del referido convenio.
( Omissis )
Ahora bien, los actores reclaman el cumplimiento del contrato de compra venta conjuntamente con la aplicación de la cláusula penal establecida en la Cláusula (sic) Quinta (sic) del convenio. Al respecto esta Juzgadora (sic) de Alzada (sic) observa, que en el presente caso no procede la aplicación de la cláusula penal, ya que los demandantes lo que persiguen con la demanda en el cumplimiento del contrato de opción de compra venta que suscribieran con las demandadas, y aplicar la misma acarrearía un enriquecimiento a favor de los accionantes, lo cual en el presente caso no es procedente, y consecuencialmente con ello es igualmente improcedente la indexación solicitada, y así se declara . (Mayúsculas del texto).
Ahora bien, el juzgador de alzada señaló la improcedencia de condenar el cumplimiento del contrato de opción de compra, conjuntamente con la aplicación de la cláusula penal establecida en la cláusula quinta del convenio, ello por cuanto, los demandantes lo que pretenden es el cumplimiento del contrato de opción de compra venta que suscribieran con las demandadas, y aplicar la misma acarrearía un enriquecimiento a favor de los accionantes.
Esta Sala considera oportuno en el estudio del presente caso, como quiera que la inepta acumulación alegada está basada en la cláusula penal contenida en el documento de opción de compra venta que cursa a los autos (folio 6 al 8 de la primera pieza del expediente), transcribir la cláusula quinta bajo estudio:
Quinta: en caso que las VENDEDORAS desistieren vender el inmueble en referencia, las mismas deberán reintegrarle a LOS COMPRADORES la cantidad que estos hayan entregado por concepto de arras de fiel cumplimiento, para el momento en que se le notifique de dicho desistimiento e igualmente le harán entrega de una suma igual por concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento. De igual forma LOS COMPRADORES si desistieren de dicha negociación, las VENDEDORAS retendrán y harán suya la cantidad que este le haya entregado por concepto de arras de fiel cumplimiento, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por tal incumplimiento y sin que los mismos en ambos caso haya que probarlos .
Ahora bien, del documento antes trascrito se evidencia que efectivamente las partes acordaron el pago de la cláusula penal, en caso de incumplimiento culposo.
Al respecto, sobre la cláusula penal ha señalado esta Sala el criterio imperante, entre ellas en sentencia Nº 00653, de fecha 7 de noviembre de 2003, Exp. Nº 646, en el juicio por cumplimiento de contrato de pre-venta de un bien inmueble seguido por los ciudadanos Carlos Luis Lugo Borges y Marisamil Coromoto Itanare Lugo; contra Corporación Dialvar C.A., la cual expresamente señaló lo siguiente:
Sobre el particular, la Sala observa que el Juez de alzada cometió un error al calificar como condición resolutoria a la referida cláusula, pues lo realmente convenido por las partes fue una cláusula penal, entendida como la estipulación mediante la cual las partes disponen que en caso de inejecución culposa de la obligación o de retardo en la ejecución, el deudor se compromete a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer.
A este respecto, nuestro Código Civil en su artículo 1.257 establece lo siguiente: Hay obligación con cláusula penal cuando el deudor, para asegurar el cumplimiento de la obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa para el caso de inejecución o retardo.
Por su parte, el artículo 1.258 eiusdem define la cláusula penal de la siguiente forma:
La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal.
El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, sino la hubiere estipulado por el simple retardo.
De los artículos precedentes se desprende que la cláusula penal debe considerarse como una simple indemnización sustitutiva de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento o por el retardo en el cumplimiento de alguna obligación, destinada a resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, y sea total o parcial, y por tanto, no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, a menos que se hubiese estipulado por el simple retardo.
Tal indemnización sustitutiva es susceptible de ser garantizada mediante la entrega de una cosa por una de las partes a la otra, que se denomina arras, y que a falta de estipulación en contrario, da derecho al contratante a quien no se le ha cumplido la obligación, de retener su importe, o de exigir el doble de su valor, según el caso, a menos que prefiera pedir la ejecución del contrato. Así lo dispone el artículo 1.263 del Código Civil:
A falta de estipulación contraria, lo que se da en arras al tiempo de la celebración del contrato o con anterioridad a este acto, se considera como garantía de los daños y perjuicios para el caso de contravención.
Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la convención, puede retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado.
Lo anterior permite afirmar, siguiendo el criterio sostenido por José Luis Aguilar Gorrondona, (Derecho Civil IV - Contratos y Garantías, 10° Edición, 1996, UCAB; pág. 159), que en el derecho positivo venezolano la parte que no ha incurrido en culpa puede elegir entre exigir el cumplimiento de la obligación principal, o retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado, lo que también permite sostener, a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas de derecho, que en Venezuela una venta con arras no puede considerarse una venta condicional.
( Omissis )
pues como ya se señaló, no obstante la existencia de la mencionada cláusula penal, la parte que no dio lugar al incumplimiento puede perfectamente exigir a su libre elección, el cumplimiento del contrato o su resolución, con los daños y perjuicios si hubiere lugar a ello, u optar por ejecutar la cláusula penal, no pudiendo en este supuesto ser solicitada su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, según ya se señaló....
Cónsono con lo expuesto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido la imposibilidad derivada del texto del artículo 1.258 del Código Civil, de reclamar judicialmente el cumplimiento del contrato, conjuntamente con el pago de lo acordado por la cláusula penal.
Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, y en aplicación de los criterios jurisprudenciales examinados, resulta necesario concluir en la imposibilidad que tiene quien demanda el cumplimiento de un contrato de exigir junto con tal pretensión, el pago de la cláusula penal, en el caso de autos, la actora en su escrito libelar solicitó lo siguiente:
Por las razones expuestas demandamos a las ciudadanas.
( Omissis )
de conformidad con el artículo 1167 (sic) de nuestra norma sustantiva, por cumplimiento de Contrato (sic) de Opción (sic) de compra-Venta (sic) que cumpla, con lo establecido en el referido contrato y por consiguiente que sea condenada a ello por este tribunal a pagar los costos y costas del presente juicio, incluyendo honorarios de abogados, etc. En tal sentido, estimamos la presente demanda en la cantidad de diez millones de bolívares (10.000.000,00 Bs.) en virtud de lo pactado por las partes en la clausula (sic) Quinta (sic) del contrato de Opción (sic) de Compra-Venta (sic), es decir, la cantidad dada en arras mas una suma igual por el incumplimiento culposo de las obligaciones contraídas. Dicha suma solicito sea imputada al precio del inmueble objeto del referido contrato .
De la anterior transcripción se evidencia que lo pretendido por la parte accionante es una acción por cumplimiento de contrato opción de compra venta, así como el pago de diez millones de bolívares, que se corresponde a lo dado en arras más la indemnización de daños y perjuicios por su incumplimiento culposo, solicitando que los mismos sean imputados al precio del inmueble.
Sobre las demandas de cumplimiento de contrato conjuntamente con la cláusula penal, esta Sala se ha pronunciado en los siguientes términos. (Ver sentencia dictada en fecha 5 de agosto de dos mil catorce, Exp. Nro. 2013-000815, caso: juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta seguido por el ciudadano Ernesto Federico Branger Llorens, contra el ciudadano Tom Raúl Sánchez Ayala):
Al respecto, afirma el recurrente que la alzada al fundamentar su decisión, calificó erradamente la mencionada cláusula cuarta del contrato como una cláusula penal, puesto que en su criterio la misma está referida es a los daños y perjuicios establecidos en base a unas arras de garantía por el incumplimiento del vendedor.
( Omissis )
Para decidir, la Sala observa:
En este sentido, de una revisión de las actuaciones del expediente, específicamente en el folio 3 y su vuelto del expediente, esta Sala aprecia que la actora, en el petitorio de su libelo de demanda solicitó lo siguiente:
De las transcripciones precedentemente expuestas, se desprende lo siguiente:
( Omissis )
Que en el libelo de demanda el actor solicitó de manera conjunta tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios estipulados en la cláusula cuarta del referido contrato.
Al respecto, la alzada declaró la inepta acumulación de pretensiones luego de sostener que la actora pretende tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de una indemnización por los daños y perjuicios estipulados en la cláusula cuarta del mismo, que en su criterio es una cláusula penal, sin que se evidenciara que dichos daños fueran demandados de forma subsidiaria.
Por último, de la referida cláusula cuarta del contrato se aprecian las sanciones estipuladas por las partes en caso de que una ellas incumpla con las obligaciones contraídas.
( Omissis )
Ahora bien, respecto de la inepta acumulación de pretensiones, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil establece que no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí .
( Omissis )
En relación con ello, el artículo 1.258 del Código Civil establece que la cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios causados por la inejecución de la obligación principal. El acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, si no la hubiere estipulado por el simple retardo.
Acorde con la norma sustantiva antes referida, el artículo 1.259 eiusdem señala que el acreedor puede pedir al deudor que esté constituido en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada.
Sobre la base de estas precisiones, esta Sala observa que en el petitorio del libelo de demanda, el actor solicitó dos pretensiones de manera conjunta, es decir, tanto el cumplimiento del contrato de opción de compra venta como el pago de la indemnización por los daños y perjuicios, sin que pueda evidenciarse que el segundo requerimiento se haya realizado de manera subsidiaria al primero.
En lo que respecta al contrato de opción de compra venta, esta Sala aprecia que, independientemente de la calificación otorgada por el formalizante, la cláusula cuarta está referida a una cláusula penal que sólo puede ejecutarse de manera condicional, es decir, si el vendedor incumple con su obligación de vender. Por interpretación en contrario, si el vendedor cumple con dicha obligación, resulta imposible la exigencia del pago de una indemnización por daños y perjuicios.
En otras palabras, en lo que respecta al libelo de demanda, no cabe duda que el cumplimiento del contrato y el pago de una indemnización por daños y perjuicios fueron solicitados de manera conjunta; a diferencia de la cláusula cuarta del contrato, en donde ambos conceptos se estipularon en forma excluyente, pues sólo si se incumple con la primera obligación, nace el derecho de exigir la segunda, ello en virtud de que el referido pago de una indemnización por daños y perjuicios fue establecido como una sanción ante el posible incumplimiento.
De allí que si el obligado cumple, desaparecen los daños y perjuicios, salvo que se estipulen éstos por el simple retardo, acorde con la excepción contemplada en el artículo 1.258 del Código Civil, lo cual no ocurrió en este caso.
En consecuencia, resulta incompatible exigir a un mismo tiempo la observancia de una obligación y la sanción ante su posible incumplimiento, es decir, el cumplimiento del contrato de opción de compra venta y a la vez el pago de una indemnización por los daños y perjuicios, puesto que ambas pretensiones se excluyen mutuamente, más aún si el actor omitió solicitar al tribunal fueran resueltas una como subsidiaria de otra de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil.
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala considera que, acorde con lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, la inepta acumulación de pretensiones declarada por la alzada en el caso concreto resulta ajustada a derecho. Así se establece .
Criterio que ha sido sostenido por esta Sala, en reiteradas decisiones, siendo pertinente invocar la sentencia de fecha 24 de octubre de 2007, Exp. Nro. 2007-000078, caso juicio por cumplimiento de contrato de opción de compra venta y compensación por daños y perjuicios, seguido por Reinaldo Antonio Simoes Gómez, contra Nancy Bajares & Asociados y José Manuel Carreño Voigt:
En el caso concreto, la Sala advierte que el actor en la presente acción, demanda el cumplimiento del contrato de opción de compra venta, suscrito el 18 de noviembre de 1994, y a su vez, pretende la compensación de los daños y perjuicios ocasionados por su inejecución con soporte en lo siguiente:
...esta Sala constata que lo que verdaderamente es solicitado, es la ejecución del contrato y la compensación de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula penal convenida en el contrato.
En cuanto a la posibilidad de demandar la ejecución de la obligación contenida en el contrato y la de compensación por daños y perjuicios contenida en la cláusula penal, la Sala observa que éstas tampoco son pretensiones excluyentes; sin embargo, para que ellas prosperen tendrá el juez de la causa que apreciar el contenido de los artículos 1.258 y 1.259 del Código Civil, los cuales establecen que el acreedor no puede reclamar a un mismo tiempo la cosa principal y la pena, y que el acreedor puede pedir al deudor que esté en mora, la ejecución de la obligación principal, en lugar de la pena estipulada .
De lo anterior se colige, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose, que las pretensiones contenidas en el libelo se excluyen, por cuanto de acuerdo a la doctrina, desarrollada ut supra, el cumplimiento del contrato no puede ser peticionado conjuntamente con la cláusula penal, dada la naturaleza de esta, ya que es el acreedor el que debe decidir si solicita el cumplimiento del contrato o en su defecto la cláusula penal ello con fundamento en el artículo 1.258 del Código Civil, así lo ha sostenido el autor Eloy Maduro Luyando, en su obra Curso de Obligaciones Derecho Civil III, octava edición, págs. 565 y 566, en la cual expresó:
La cláusula penal compensatoria, como su nombre lo indica, es aquella destinada resarcir al acreedor por el incumplimiento definitivo, total o parcial, de la obligación, y por tanto, no puede pedirse su ejecución junto con el cumplimiento de la obligación principal, a menos que se hubiese estipulado por el simple retardo. Así lo dispone el artículo 1.258 del Código Civil .
En este orden de ideas el autor antes mencionado en la misma obra, en la página 569 señala lo siguiente:
Efecto de las arras.
(1182) Los principales efectos son los siguientes:
1°- las arras son garantía de la indemnización de los daños y perjuicios en caso de incumplimiento culposo; por lo tanto, dan derecho a la parte a quien no se le ha cumplido el contrato de retener su importe, si es la que ha recibido las arras, o de exigir el doble de su valor, si es la parte que las ha dado; a menos que prefiera pedir la ejecución del contrato. Así lo dispone el segundo párrafo del artículo 1.263: Si la parte que no ha incurrido en culpa no prefiere exigir el cumplimiento de la convención, puede retener las arras que haya recibido o exigir el doble de las que haya dado. Escogida una acción no puede recurrirse a la otra .
Conforme a los postulados constitucionales, y a la reiterada jurisprudencia antes referida, es deber de los jueces analizar las actas del proceso de modo de evitar formalismos inútiles que impidan la tutela judicial, en este sentido, se evidencia del libelo de la demanda que lo peticionado por el accionante que la cantidad de dinero dadas en arras de fiel cumplimiento, más lo estipulado por concepto de cláusula penal, y que los mismos sean imputados al precio del inmueble.
De acuerdo a lo antes indicado, estamos en presencia de una inepta acumulación de pretensiones, por cuanto se configuran los elementos para que prospere la misma, ya que en los casos como el de autos, debe el juez entrar analizar el caso concreto de acuerdo a lo pactado en el correspondiente contrato, así como, lo señalado en el libelo y en consecuencia, pronunciarse sobre su procedencia en los términos antes indicados, de modo que concluye esta Sala, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose, que las pretensiones contenidas en el libelo son incompatibles, visto como fue señalado que el accionante solicita el cumplimiento del contrato, conjuntamente, con la cláusula penal, lo cual ha sido ampliamente desarrollado por nuestra doctrina.
En consecuencia, esta Sala estima que el juez de la recurrida incurrió en el menoscabo de formas procesales del procedimiento que causan indefensión a las partes, infringiendo los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, constituye razones suficientes para que la Sala proceda a declarar la procedencia de la denuncia examinada. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se declara NULA la recurrida y el auto de admisión de la demanda, dictado en fecha 24 de febrero de 2003, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, así como todas las actuaciones posteriores a dicho auto e INADMISIBLE la demanda por la inepta acumulación de pretensiones.
No hay especial condenatoria en las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
Presidente de la Sala,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Vicepresidente-Ponente,
______________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
__________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
_________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrado,
_____________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Secretaria temporal,
________________________
Exp.: Nº AA20-C-2016-000207
Nota: Publicada en su fecha a las
Secretaria temporal,
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