Venley

Sentencia N.º RC.00098

Sentencia
N.º RC.00098
Fecha
12/04/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
03-055
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

 

                   En el juicio por saneamiento por evicción iniciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, San Cristóbal, por HUGO EUSEBIO URDANETA FERNÁNDEZ representado por los abogados Jhony Claret Duque Paz y Marieva del Valle Jáuregui Sosa, contra JUAN AMENODORO FLORES ROA, asistido por el abogado José Marcelino Sánchez Vargas y ante casación por el abogado Gerardo Pacheco Vivas, el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, posteriormente denominado Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia el día 30 de septiembre de 2002 mediante la cual declaró con lugar la demanda y revocó la sentencia apelada.

 

                   Contra ese fallo de la alzada anunció recurso de casación la parte demandada, el cual, una vez admitido, fue oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

                  Cumplidos los trámites de sustanciación, procede esta Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, con arreglo a las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

                   De conformidad con el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 1° del artículo 243 del mismo Código.

 

                   El formalizante expresa su denuncia de la siguiente manera:

 

“... la recurrida está encabezada en su primera página, en el folio ciento doce (112) con la indicación de que quien actúa en nombre de la República Bolivariana de Venezuela es “TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, TRABAJO Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA” pero esa no es la denominación o nombre del Tribunal existente en tal Circunscripción Judicial, como tampoco lo es la del que supuestamente decide que también es “... este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira” como dice en su parte DISPOSITIVA ...; y finalmente, como si le hubiera sido prestada, la recurrida en el folio ciento veintiséis (f. 126) dice: “Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaria en la Sala de Despacho (sic) del Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los 30 días del mes de septiembre del año 2002. Años 192° de la Independencia y 143° de la Federación”. Decimos que como si le hubiera sido prestada, refiriéndonos a la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, porque éste no es el que dice actuar y lo que exige la Ley no es el lugar sino la identificación del Tribunal por su nombre; y por último, encontramos que aparece sellada -la recurrida- con un sello estampado con tinta que menciona al “República Bolivariana de Venezuela Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira”, pero ese no es el que dice actuar en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en el encabezamiento de la recurrida en su primera página, y éste no es el que decide, por lo cual como aparecen cuatro (4) denominaciones diferentes, no puede afirmarse cual de los dos (2) que dicen actuar: Si el “TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, TRABAJO Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA” o el “TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, DEL TRABAJO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTES (sic) DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA” es el sentenciador, a lo cual se agrega que en el Tribunal que tramitó la causa en segunda instancia al solicitar la información acerca de sí había un acto legal de autoridad competente cambiándole el nombre que aparecía en el sello estampado y por el cual se le conoció desde que le suprimieron la competencia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público, la respuesta fue de que no sabían nada sobre cambio alguno.-

En todo caso, señores magistrados, la denominación en que la primera palabra es TRIBUNAL, no corresponde a ningún Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por lo cual afirmamos que la sentencia recurrida no cumple lo exigido por el ordinal 1° (primero) del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual respetuosamente solicitamos de este honorable Tribunal Supremo de Justicia, case la recurrida y ordene al Juez de reenvío pronunciar nueva sentencia sin el vicio denunciado...”. (Mayúsculas, negritas y subrayado del formalizante)

 

La Sala observa:

 

                   Establece el artículo 243 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que toda sentencia debe contener la indicación del tribunal que la pronuncia, es decir, basta que en cualquier lugar de la decisión se establezca expresamente el nombre del Tribunal para que ese requisito esté cumplido y el acto tenga validez legal.

 

                   En ese sentido, la Sala reitera el principio de unidad procesal, en virtud del cual la sentencia forma un todo indivisible por la vinculación lógica de la narrativa, motiva y dispositiva, por lo cual es posible que el requisito de forma esté expresado en cualquiera de ellas (Ver sentencia N° 0298 de fecha 11 de octubre de 2001, caso: José Antonio Rondón Lara c/ José Antonio Castro).

 

                   En el presente caso, el juez sí identificó el tribunal en cuyo nombre dictó la decisión, tal como se evidencia de la siguiente cita:

 

“...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, TRABAJO Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA

...Omissis…

DISPOSITIVA

En mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento a las disposiciones legales expuestas, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide: ...

…Omissis…

Dada, firmada, sellada y refrendada por la Secretaría en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira ...” (Mayúsculas de la recurrida).

 

 

                   La Sala estima que aunque en el encabezado de la sentencia aparezca la mención Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y después Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente, ello no quiere decir que la decisión haya incumplido el requisito del ordinal 1° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil como lo denuncia el formalizante, porque se trata del mismo tribunal toda vez que de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente la denominación de menores cambió a la de Protección de Niños y Adolescentes.

 

                   Por estas razones se declara improcedente la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.

II

 

                   De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del mencionado Código.

 

                   Alega el formalizante que el actor en el libelo demandó el pago de la cantidad de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) y la recurrida no se pronunció sobre ese alegato.

 

                   Señala el formalizante lo siguiente:

 

“... la recurrida no contiene DECISIÓN EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA sobre la demanda en su pedimento TERCERO que dice: “Demando también me sea cancelada (sic) la cantidad de TRES MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 3.000.000,00) por concepto de aumento en su valor, para un total de DIECIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 18.000.000,00).-

A pesar de que en el ordinal PRIMERO de su parte DISPOSITIVA la recurrida declara con lugar la apelación interpuesta por el demandante; de que en el SEGUNDO declara con lugar la demanda de saneamiento por evicción interpuesta por Hugo Eusebio Urdaneta Fernández contra Juan Amenodoro Florez Roa, SOLAMENTE ordena al demandado pagar al demandante, la restitución del precio pagado por el vehículo, ya identificado, o sea, la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00), sin resolver nada sobre la demanda de que “me sea cancelada (sic) la cantidad de TRES MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 3.000.000,00) por concepto de aumento en su valor, para un total de DIECIOCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 18.000.000,00).

Incumplido el requisito del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, procede la denuncia de su infracción y la declaratoria del recurso de casación ...”. (Mayúsculas del formalizante)

 

                   La Sala observa:

 

Conforme lo establece el artículo 243 ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Esta exigencia legal tiene relación con el deber del juez de pronunciarse sólo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado por las partes en la demanda y en la contestación, mandato legal que está en concordancia con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez “... Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados ...”.

 

                  El vicio de incongruencia se verifica cuando el juez omite pronunciarse sobre algún alegato de las partes (incongruencia negativa), o bien cuando extiende su pronunciamiento mas allá de los alegatos formulados por las partes (incongruencia positiva).

 

                   En el presente caso, el formalizante alega que en la recurrida está presente el vicio de incongruencia negativa porque no se pronunció sobre un pedimento formulado en el libelo por su contraparte.

 

                   Para plantear este tipo de denuncia se requiere que exista un interés legítimo. En otras palabras, es necesario que la decisión dictada por el juez ocasione un perjuicio o agravio a una de las partes (o de ambas), que impulse el planteamiento de la denuncia para impugnar el pronunciamiento del juez.

 

                   En el presente caso, la Sala no puede determinar si está presente el vicio denunciado por el formalizante porque éste carece de interés procesal para plantear esa denuncia.

 

              En efecto, la delación del demandado consiste en que la recurrida dejó de pronunciarse sobre un pedimento del actor, lo cual ni lo perjudica ni le causa un agravio directamente, sino que más bien podría beneficiarlo, pues el formalizante señala que la recurrida no “resolvió nada sobre la demanda de que me sea cancelada la cantidad de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) por concepto de aumento en su valor”.

 

                  Sobre el particular, la Sala en sentencia 05 de febrero de 2002, Caso: 23-21 Oficina Técnica de Construcciones C.A., c/ Banco Unión S.A.C.A. y otra, expresó lo siguiente:

 

“... El recurrente fundamenta la denuncia de incongruencia negativa en la omisión de pronunciamiento respecto de alegatos formulados en el libelo por su contraparte, los cuales contradijo en la contestación. Al respecto, la Sala considera que el formalizante carece de interés procesal en efectuar tal planteamiento, pues de ser cierto lo aseverado por el formalizante, la única agraviada sería la demandante y sólo ella tendría interés procesal en denunciarlo ante la Sala...”.

 

 

                  Y en sentencia de fecha 11 de marzo de 2004, caso: Inversiones Kurosy C.A., c/ Tienda Disueño C.A., y Otro, señaló lo siguiente:

 

“... La Sala ha indicado de forma reiterada que el recurrente sólo tiene interés y legitimación para formular el vicio de incongruencia negativa respecto de los alegatos formulados por él y no por su contraparte. En efecto, en decisión de fecha 5 de febrero de 2002, (caso: 23-21 Oficina Técnica de Construcciones C.A., c/ “Banco Unión S.A.C.A. y otro), la Sala dejó sentado que en caso de que el recurrente fundamente “...la denuncia de incongruencia negativa en la omisión de pronunciamiento respecto de alegatos formulados en el libelo por su contraparte, los cuales contradijo en la contestación ...carece de interés procesal en efectuar tal planteamiento, pues de ser cierto lo aseverado por el formalizante, la única agraviada sería la demandante y sólo ella tendría interés procesal en denunciarlo ante la Sala...”. La Sala reitera este precedente jurisprudencial y establece que el recurrente no tiene interés ni legitimación para denunciar el vicio de incongruencia negativa respecto de alegatos formulados por su contraparte, que de ser decididos sólo podrían desfavorecerle”.

 

 

                   La Sala reitera esos precedentes jurisprudenciales y deja sentado que el recurrente no tiene interés en alegar la omisión de pronunciamiento respecto a los alegatos formulados por su contraparte, lo cual determina la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

 

 

III

 

                   De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 509 del mismo Código por cuanto la recurrida no analizó la prueba consistente en la certificación de datos N° 1 emitida por la Dirección de Registros de Tránsito Terrestre adscrita al Ministerio de Infraestructura.

 

                   La Sala observa:

 

                   El formalizante denuncia el silencio de la certificación de datos N° 1 emitida por la Dirección de Registros de Tránsito Terrestre adscrita al Ministerio de Infraestructura, mediante un recurso por defecto de actividad, a pesar de que la jurisprudencia vigente en esta Sala exige, para alegar un vicio de tal índole, que se formalice en un recurso por infracción de ley.

 

                   Así, en sentencia de fecha 21 de junio de 2000 (caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A.), la Sala señaló que la falta de valoración y examen de las pruebas por parte del sentenciador, constituye una infracción de la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; violación que debe denunciarse con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, lo cual no ocurrió en el presente caso.

 

                   El anterior criterio fue ratificado por esta Sala en sentencia N° 00189 de fecha 11 de marzo de 2004, caso: Carlos Brito y Beatriz Amayo De Brito c/ Julian Orlando Hernández. Allí señaló lo siguiente:

 

“... A objeto de configurar la estructura de esta decisión, es necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio en cuestión (silencio de pruebas), había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad, con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia, la Sala considera oportuno y necesario señalar que la doctrina relacionada con la técnica casacionista para denunciar el vicio del silencio de prueba fue abandonada, y la nueva doctrina, establecida al respecto, ha sido considerada pedagógicamente con la intención de darle amplitud a los argumentos del criterio implantado, encaminado a consolidar la verdadera maximización y conceptualización de la ciencia del derecho, como fin perfeccionista de la reestructuración del Sistema Judicial, por lo cual en decisión de fecha 21 de junio de 2000, en el juicio seguido por FARVENCA ACARIGUA C.A. contra FARMACIA CLEALY, C.A., expediente N° 99-597, sentencia N° 204, se estableció a partir de esa data, que para que la Sala conozca una denuncia de esta naturaleza, la misma deberá ser fundamentada como infracción de ley, en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, es menester aclarar que la nueva doctrina, supra reseñada, debe ser aplicada al sub iudice, en virtud de que la admisión del recurso de casación bajo análisis, lo fue el 9 de junio de 2003, fecha evidentemente posterior a la sentencia que contiene el cambio de jurisprudencia acotado”. (Resaltado de la sentencia)

 

 

                   En consecuencia, se desecha la denuncia de infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por inadecuada fundamentación, y así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

                   La Sala acumula en este capítulo las dos denuncias de fondo del escrito de formalización, dada la similitud de su contenido.

 

                   De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del artículo 274 del mismo Código por error de interpretación y falsa aplicación.

 

                   El formalizante plantea su denuncia de la siguiente manera:

“... la recurrida luego de declarar con lugar la apelación interpuesta por el demandante y con lugar la demanda incoada condena en costas al demandado pero le da un alcance que no tiene al aplicar el artículo 274 mencionado, extendiendo al caso concreto en el que no condenó al mismo demandado al pago de la totalidad de lo demandado, cuando su aplicación correcta solamente procede contra el vencido totalmente, vencimiento total que no resulta de la condena u orden que imparte al demandado a pagar QUINCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,00). Esa errónea interpretación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil es la determinante de la condena en costas porque tal norma rectamente interpretada debe aplicarse a quien se condena a dar todo lo que el demandante exige, tratándose como en el caso de autos, del demandado, no simplemente en que se declara con lugar la demanda pero la condena es por una cantidad inferior a lo demandado, inferior en este juicio en tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00). Si hubiera interpretado bien esta norma ... hubiera expresado que no hay condenatoria porque no ha resultado el demandado totalmente vencido dado que se le condena solamente al pago parcial de lo demandado, inferior en tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00)

…Omissis…

... la hipótesis contemplada en la norma es el vencimiento total de la parte en el proceso, pero en este proceso en la recurrida no ha sucedido el hecho de haber resultado la parte demandada totalmente vencida porque no se la condenó a pagar dieciocho millones de bolívares (Bs. 18.000.000,00) que se le demandaron, sino a la restitución del precio pagado por el vehículo, ya identificado, o sea, la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00).

Esa falsa aplicación denunciada, la falta de relación entre la norma y el hecho de vencimiento parcial, no total del demandado, constante en la misma recurrida, generó la condena en costas proferida en el ordinal cuarto de la DISPOSITIVA de la recurrida, por lo cual procede la denuncia, como respetuosamente solicito sea declarado por este Tribunal Supremo de Justicia ...”.

                   La Sala observa:

 

                   En primer lugar, el formalizante incurre en una deficiente fundamentación al delatar el error de interpretación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, pues de conformidad con lo establecido en sentencia de esta Sala N° 106 de fecha 13 de abril de 2000, debió denunciar la falta de aplicación o la falsa aplicación como lo hizo en la segunda denuncia. En efecto, la mencionada sentencia señaló lo siguiente:

“... si lo relativo a las costas no forma parte del tema debatido por las partes, sino que se trata de una consecuencia del debido pronunciamiento, su imposición o silencio indebido, no constituye el vicio de incongruencia positiva o negativa sino más bien la violación de los artículos 274 o 281 del Código de Procedimiento Civil, por falsa o falta de aplicación, según el caso, violación ésta cuyo examen, como es notorio, no lo puede realizar la Sala de Casación Civil, dentro de un recurso de forma ...

En consecuencia declara que, en lo sucesivo, esta conducta del sentenciador debe ser denunciada por conducto de los motivos de casación de fondo consagrados en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por falsa o falta de aplicación de los artículos 274 o 281 eiusdem, según sea el caso ...”.

 

 

                   El formalizante tiene razón en cuanto al planteamiento relativo a que el sentenciador no debió condenarlo en costas porque no hubo vencimiento total, al no ordenar el pago de la totalidad de lo demandado.

 

                   En efecto, ha sido criterio de esta Sala que lo único que debe tenerse en cuenta para determinar el vencimiento total a los fines de la condena en costas es la correspondencia entre la pretensión deducida, con el dispositivo de la sentencia definitiva. En este sentido, el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil establece que “A la parte que fuera vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas”. Ello quiere decir, que si el juez declara con lugar la demanda habrá vencimiento total y por tanto debe condenar en costas.

 

                   En sentencia N° 363 del 16 de noviembre de 2001, caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/ Microsoft Corporation, esta Sala expresó lo siguiente:

 

 

“... La Sala entra a considerar que existe vencimiento total, cuando el demandado es absuelto totalmente o el actor obtiene en la definitiva todo lo que pide en el libelo; lo único que debe tenerse en cuenta para determinar el vencimiento total a los fines de la condenatoria en costas es la correspondencia de la pretensión deducida con el dispositivo de la sentencia definitiva ... A juicio de esta Sala y con fundamento en reiterada doctrina, el concepto de vencimiento total debe encontrarse en el dispositivo del fallo y, concretamente, en el examen de la pretensión procesal ejercida mediante la interposición de la acción correspondiente ...”.

 

En el presente caso, la recurrida expresó lo siguiente:

 

“... El ciudadano Hugo Eusebio Urdaneta Fernández ... demanda al ciudadano Juan Amenodoro Flores Roa, para que convenga o sea condenado por el Tribunal, en la restitución de la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) y las costas y honorarios profesionales, afirma que el vehículo objeto de la compra-venta, por efectos de la devaluación de la moneda, aumentó su valor, por lo tanto, pide se le cancele el monto de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) por mantenimiento del vehículo, lo cual da un total de dieciocho millones de bolívares (Bs. 18.000.000,00) suma en que estima la acción ...

...Omissis…

Del análisis de las actas procesales y de todas las pruebas que consta en autos, se evidencia que el demandante adquiere por documento público del demandado el vehículo objeto de la acción. Considera quien juzga, que el comprador accionante no tiene la posesión del bien que adquirió, pues al escudriñar las actas procesales se colige que el vehículo en cuestión, se encuentra a ordenes de la Fiscalía XX del Ministerio Público, viéndose privado del uso, goce y disposición del bien que de buena fe adquirió en propiedad. Así mismo, se observa del documento de compra venta, que el actor cumplió con su obligación de pago, no obstante, el demandado incumplió con el saneamiento de ley, obligación que pesa sobre el vendedor en ser garante del daño que al comprador pueda sobrevenir, por efecto de la cosa enajenada, ya por vicio de la misma o por causa anterior a la venta, por lo que es forzoso concluir que debe declararse con lugar la demanda interpuesta por Hugo Eusebio Urdaneta Fernández, contra Juan Amenodoro Florez Roa por saneamiento por evicción, en consecuencia debe ordenarse al demandado pagar al demandante, la restitución del precio pagado por el vehículo, ya identificado, o sea, la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00). Así se resuelve

”.Dispositiva

…Omissis…

Primero: Declara con lugar la apelación interpuesta por la representación del demandante, en diligencia de fecha 05 de mayo de 2002, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 02 de mayo de 2002.

 

Segundo: Declara con lugar la demanda de saneamiento por evicción, interpuesta por Hugo Eusebio Urdaneta Fernández, contra Juan Amenodoro Flores Roa, ya identificados. En consecuencia, ordena al demandado pagar al demandante, la restitución del precio pagado por el vehículo, ya identificado, o sea, la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00).

Tercero: Revoca la decisión dictada por el Juzgado de primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 02 de mayo de 2002.

Cuarto: Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

 

De la precedente transcripción parcial de la sentencia se constata que el actor solicitó en el libelo que el demandado fuera condenado a la restitución de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) y al pago de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00) por aumento del valor del vehículo.

                 

                  Asimismo, de la recurrida se deriva que el juez, luego de examinar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la pretensión, declaró con lugar la demanda cuando debió declararla parcialmente con lugar porque condenó al demandado sólo al pago de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) y no a la totalidad de lo demandado que fue dieciocho millones de bolívares (Bs. 18.000.000,00).

 

A pesar de que no hubo el vencimiento total, pues el actor no obtuvo en el fallo todo lo que pidió en el libelo, el juez superior condenó en costas al demandado, con lo cual infringió el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que sólo cuando hay vencimiento total el juez debe condenar en costas. Así se establece.

 

Por esas razones, la Sala declara procedente la denuncia de infracción del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

CASACIÓN SIN REENVÍO

 

                  De conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la Sala puede casar sin reenvío el fallo recurrido cuando su decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo o bien cuando los hechos hayan sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo y ello permita aplicar la apropiada regla de derecho. En esos casos, el fallo dictado y el expediente deben ser remitidos directamente al Tribunal al cual corresponda la ejecución.

 

                  En el caso concreto, la Sala declaró la infracción, por falsa aplicación, del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto de los hechos establecidos en la sentencia recurrida, no discutidos por las partes, consta que no hubo vencimiento total.

 

                  Ese pronunciamiento de la Sala referido a que el juez no debió condenar en costas del proceso de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, porque no hubo vencimiento total, hace innecesario dictar nueva decisión de fondo por parte de un juez de reenvío, criterio este establecido entre otras, en sentencia de fecha 14 de marzo de 2000, caso: Ángel Rafael Rojas Mariño y otro, C/ Italcaucho, C.A., mediante la cual dejó sentado:

 

“...el Juez de la recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, ya que la reconvención declarada sin lugar lo obligaba a condenar en costas a la demandada-reconviniente y no lo hizo. Por tanto debe declararse la procedencia de la única denuncia examinada...

...Omissis…

... los casos en que produce la casación sin reenvío son taxativos, carácter que viene justificado pues esta modalidad representa una excepción al principio general conforme al cual casado un fallo por cualquiera de las causas enumeradas en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ésta debe enviarse al tribunal de reenvío a objeto de que se dicte nueva sentencia de conformidad con la doctrina expuesta por la Sala, la cual tiene carácter vinculante para el juez de reenvío en el presente asunto sometido a consideración del Tribunal Supremo.

De conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, la casación sin reenvío tiene lugar “cuando la decisión sobre el recurso haga innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo”. – Sobre este punto – explica la doctrina – se resume en la conocida fórmula de la jurisprudencia francesa conforme a la cual el fallo anulativo de casación no deja nada por juzgar, quedando excluido el reenvío por inútil o supérfluo. Y también no hay lugar al reenvío cuando, “cada vez que los hechos que han sido soberanamente establecidos y apreciados por los jueces del fondo, le permitan aplicar la apropiada regla de derecho”. En este caso, que es mas complicado, ha tratado de ser caracterizada por la afirmación de que él va mas lejos de la primera hipótesis, y consiste en que la casación si deja algo que decidir, pero que el error de derecho cometido en el fallo anulado puede ser reparado sin que sea necesario nuevas apreciaciones de hecho, a través de la simple sustitución de un dispositivo nuevo sin necesidad de que el asunto sea remitido, al tribunal de reenvío. En el sub-judice, la casación debe limitarse a aquellos casos en que se trata de la apreciación de hechos claros y simples, respecto de los cuales la subsanación del error de derecho cometido por el juez de fondo es fácilmente realizable. En este caso la casación al dictar el fallo sin reenvío, aplica a los hechos la apropiada regla de derecho.

En el presente asunto, considera la Sala que debe declarar con lugar el recurso de casación, como en efecto se declarará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión; y por vía de consecuencia, se casará la sentencia sin reenvío, y con los demás pronunciamientos de Ley por cuanto, su decisión hace innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo. Así se decide...”.

 

 

 

 

                  Por consiguiente, la Sala casa sin reenvío el fallo recurrido, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 322 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

 

 

                   Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la  República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2002, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. En consecuencia, CASA SIN REENVÍO el fallo recurrido y declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de saneamiento por evicción, interpuesta por Hugo Eusebio Urdaneta Fernández contra Juan Amenodoro Flores Roa, ya identificados. En consecuencia, ordena al demandado restituir al demandante el precio pagado por el vehículo, ya identificado, es decir, el pago de la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00), 2) PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación del demandante, en diligencia de fecha 05 de mayo de 2002, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero  de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 02 de mayo 2002, y 3) REVOCA la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 02 de mayo de 2002.

 

                  

                   No procede la condenatoria de costas del proceso, de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no hubo vencimiento total, ni se imponen las costas del recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281 eiusdem, por haber sido ejercido con éxito el recurso de apelación y, en consecuencia, resultar revocada la sentencia de primera instancia.

 

                  Publíquese y regístrese. Remítese este expediente al Tribunal de la causa, que lo es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, San Cristóbal a los fines de la ejecución del presente fallo. Particípese esta decisión al Tribunal Superior de origen.

 

                   Dada,  firmada  y  sellada en  la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de abril de dos mil cinco. Años: 194º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                                           

 

 Vipresidenta,

 

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Magistrado,

 

 

_______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada Ponente,

 

 

 

________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

                  Magistrado,

 

 

 

___________________________________

 LUIS  ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

                   

Secretario,

 

 

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nº AA20-C-2003-000055

 

Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente “voto salvado” al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones: Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba, la cual fue desestimada por "inadecuada fundamentación".

 

En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad  con  la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.

 

Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.

 

En Caracas, fecha ut-supra.

 

 

 Presidente de la Sala,

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

Vipresidenta,

 

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

                                                                                       

 

                                                                                      Magistrado,

 

 

 

_____________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

                                                            

 

 

Magistrada Ponente,

 

 

 

________________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

Magistrado,

 

 

 

 ___________________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

                                       Secretario,

 

 

_______________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. N° AA20-C-2003-000055

 

 

 

 

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias