Venley

Sentencia N.º RC.00103

Sentencia
N.º RC.00103
Fecha
25/02/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
99-395
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

         En el juicio por indemnización de daños materiales y morales intentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Territorio Federal Amazonas, por la ciudadana MERCEDES ISABEL REYES BASTIDAS, representada judicialmente por los profesionales del derecho Alexis Rafael Moreno López y Freddy Gustavo González Colmenares, contra los ciudadanos RICARDO FADUS YARJUARA y TANNOUS BOUTROS FADUS, patrocinados por los abogados en ejercicio de su profesión Astrid Espitia Guzmán, Róger Morillo Lizardo, Yoletty Cristina Fernández Luis, Mariela Mayaudón de Mayaudón y María Lucrecia Bustos Parra; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Distrito Arismendi del estado Barinas, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 9 de abril de 1999, dictó sentencia declarando con lugar el recurso procesal de apelación y sin lugar la demanda, revocando por vía de consecuencia la sentencia apelada. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.

Contra la preindicada sentencia, la demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.

Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, y lo hace previa las siguientes consideraciones:

 

CASACION DE OFICIO

 

 

En resguardo del legítimo derecho que tienen las partes a la defensa y al libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho de petición, consagrado en los artículos 51, 49, numeral 1 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala en fallo de fecha 24 de febrero del 2000, expediente Nº. 99-625, sentencia Nº. 22, en el caso de la Fundación para el Desarrollo del estado Guárico (FUNDAGUÁRICO) contra JOSÉ DEL MILAGRO PADILLA SILVA, determinó que conforme con la disposición legal prevista en el articulo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el artículo 257 de la preindicada Constitución, referido a que el proceso es un instrumento para la justicia; tiene la prerrogativa de extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional, siempre que no se haya denunciado. En consecuencia, casar de oficio el fallo recurrido, sin entrar a analizar las denuncias articuladas en el recurso de casación, atendiendo siempre a los postulados del artículo 23 eiusdem.

Pues bien, con objeto de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso de casación y a hacer uso de la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que la autoriza a “...hacer pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional....”, si éstas no hubieran sido denunciadas por el formalizante. En consecuencia, se pasa a resolver la situación de hecho configurada en el sub-iudice, en los términos siguientes:

         La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable a la Sala ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

         En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, ratificó el criterio, que hoy  se reitera, cuyo tenor es el siguiente:

“...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)...”.

 

 

         La inmotivación o falta de fundamentos es el vicio que provoca la omisión de uno de los requisitos intrínsecos de la sentencia, concretamente, el consagrado en el ordinal 4º del articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, que impone al juez el deber de expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

Con el establecimiento de tal requisito intrínseco de la sentencia se persigue, permitir el conocimiento del razonamiento del juez, pues ello constituye el presupuesto necesario para obtener un posterior control sobre la legalidad de lo decidido.

            Los motivos de hecho están conformados por el establecimiento de los mismos con sujeción a las pruebas que los demuestran, y los de derecho por la aplicación de los principios doctrinarios y las normas jurídicas atinentes a tales hechos.

Ha sido criterio reiterado y pacífico en la doctrina de la Sala, entre otras, en sentencia Nº 318, de fecha 10 de julio de 2002, Exp. 00-890, en el caso de Gregorio Renzo Pantoli contra Transagro C.A. y Otros, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, que el vicio de inmotivación existe entre otros casos, cuando los motivos se destruyen los unos con los otros por contradicciones graves e inconciliables, generando así una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos.

               Ahora bien, en la sentencia recurrida se señala lo siguiente:

“...con excepción del anexo “L” que constituye una copia fotostática certificada expedida por la secretaría del Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, pero que carece de eficacia probatoria por no ajustarse a los requerimientos o exigencias de la Ley de Registro Público (Art. 105) en vigencia para la fecha de su expedición, en virtud de que el Secretario del Tribunal, ALEXIS RIVERO PEREIRA, y la ciudadana ROSA MATEY no suscriben la copia en todos sus folios como lo prescribe la precitada Ley. En consecuencia, los anexos (...) carecen de eficacia probatoria alguna (...).

(...Omissis...)

La copia certificada de todo el expediente penal N° 1.085 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, solicitada por el Juzgado de la causa en atención al Capítulo III del escrito de promoción de pruebas de la actora, que cursa de los folios 143 al 315 vto., carece igualmente de eficacia probatoria, porque no se insertó el decreto del Juez, según lo exige el único aparte del artículo 112 del Código de Procedimiento Civil y porque, además, la copia no fue suscrita por la persona autorizada para efectuarla, que no se indica cual fue, ni tampoco fue suscrita en todas y cada una de sus páginas por la secretaría y la persona que la elaboró conforme lo exige la Ley de Registro Público vigente para la fecha de su expedición.

(...Omissis...)

La copia certificada de la sentencia del Juzgado Superior de Salvaguarda (folios 44 al 64 vto.), a la cual no se le atribuyó valor probatorio alguno, así como tampoco se le atribuyó valor probatorio a la contenida en la copia del expediente (folios 143 al 315 vto.), en el supuesto negado de que algo probara, solamente comprobaría que ‘si bien es cierto que la ciudadana MERCEDES ISABEL REYES DE REYES coaccionó al ciudadano RICARDO FADUS, con multarlo y cerrarle el establecimiento, no es menos cierto que el propio apoderado de la Mueblería La Nacional, convenció al ciudadano RICARDO FADUS, a que reembolsara el dinero correspondiente a una lavadora, a su adquirente ciudadano ANUNCIATO ARONE’, tal como se dice en la parte motiva de ese fallo (f. 62), añadiendo la referida sentencia del Juzgado Superior de Salvaguarda que ‘si  no hubo aprovechamiento o utilidad por parte de la ciudadana MERCEDES de REYES, no se puede encuadrar esta conducta dentro del artículo 69 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público que reza...’. Asimismo establece en el mismo folio el referido fallo que ‘considera que los hechos no revisten carácter penal y de llegar a revestir tal carácter no serían materia de Salvaguarda’. De lo expuesto concluye esta Alzada que la denuncia formulada por RICARDO FADUS de ninguna manera ha sido declarada falsa por Tribunal alguno. (Subrayado y negritas de la Sala)

 

 

Para resolver se observa:

 

De la anterior transcripción, se puede constatar que el Juez de alzada luego de establecer que no le otorgó valor probatorio alguno a la copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, vale decir ni a la presentada individualmente como prueba ni a la contenida en las copias certificadas del expediente penal, procedió a realizar una serie de conclusiones referentes a dicho fallo que más allá de meras especulaciones, constituyen a juicio de esta Sala, un pronunciamiento del mérito jurídico, traducido en la determinación de los supuestos contenidos en la misma en relación a ciertos hechos que dicha prueba supuestamente demuestra, los cuales le sirvieron de fundamento, para concluir que la denuncia formulada por el demandado no ha sido declarada falsa por tribunal alguno, lo cual sin lugar a dudas implica una valoración de la referida prueba y por consiguiente constituye una contradicción tan grave e inconciliable que, por equipararse a la falta absoluta de fundamentos, de acuerdo con el precedente jurisprudencial comentado, hace inmotivado el fallo recurrido, pues resulta incompatible con los postulados de la lógica formal, que se diga que una prueba carece de valor probatorio, pero simultáneamente se establezcan hechos y se saquen conclusiones jurídicas de ella. Así se resuelve.

En consecuencia, la Sala considera que con tal proceder el Juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación, lo cual constituye infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y determina la nulidad del fallo recurrido por disposición del artículo 244 eiusdem, tal como se declara de manera expresa, positiva y precisa. Así de oficio se declara.

 

DECISIÓN

 

 

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Distrito Arismendi del estado Barinas, en fecha 9 de abril de 1999.

En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No se condena al pago de las costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los              (      ) días del mes de         de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

__________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

El-

 

 

 

 

 Vicepresidente-Ponente,

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

 

Magistrado-Suplente,

 

 

_________________________

TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

Exp. Nº. AA20-C- 1999-000395

 

 

 

 

 

La Secretaria.-

 

 

      El Magistrado que suscribe Franklin Arrieche Gutiérrez lamenta disentir de sus colegas, Magistrados Carlos Oberto Vélez y Tulio Álvarez Ledo en el fallo que antecede, el cual respeto pero no comparto por las razones siguientes:

 

                   La facultad de casar de oficio un fallo, es posible cuando el juez comete infracciones de orden público y constitucionales no alegadas por el formalizante, según establece el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Precisamente por ser una facultad, debe ser ejercida en los casos en que la nulidad de la sentencia tenga justificación y utilidad en el proceso.

 

      En el caso concreto, la mayoría sentenciadora casa de oficio la sentencia recurrida, con fundamento en la infracción del artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el juez de alzada respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, producida en copia por las partes durante el lapso probatorio, establece que no tiene valor probatorio, y en contra de este primer razonamiento, luego toma en consideración esa prueba para concluir que la denuncia penal no fue declarada falsa.

 

               No estoy de acuerdo con este pronunciamiento, pues consta de la sentencia recurrida que el sentenciador superior consideró ineficaz la prueba en referencia, y a continuación dejó sentado que “...en el supuesto negado de que algo probara, solamente comprobaría que... la denuncia formulada de ninguna manera ha sido declarada falsa por Tribunal alguno...”.

 

      Aunado a ello, el juez ad quem precisa que en todo caso la denuncia de un delito propuesta de mala fe o que resulta falsa, sólo comporta responsabilidad penal, pero no civil, y a continuación establece que esta última sólo procede en caso de que el derecho de denunciar sea ejercido de forma abusiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.185 del Código Civil, lo que no fue alegado ni probado por la parte actora.

 

               Por consiguiente, no comparto que la decisión de alzada sea contradictoria en sus motivos, pues el juez deja en claro que la prueba es ineficaz, y agrega que “...en el supuesto negado de que algo demostrara...”, con lo cual reitera que en el caso concreto no tiene valor alguno, a título de referencia y mayor abundamiento, señala que sólo sería capaz de probar que la denuncia penal no fue declarada falsa, ello con el propósito de desmentir lo alegado por su promovente. Y además, añade que en definitiva estos hechos no generan responsabilidad civil, sino penal.

 

               Estimo que el juez de alzada hizo un pronunciamiento al margen, que en modo alguno constituye el fundamento de su decisión, el cual no considero contradictorio.

 

       Por las razones expuestas, considero que la Sala, en vez de casar de oficio el fallo y decretar una reposición que no tiene utilidad ni justificación en el juicio, ha debido examinar el recurso de casación formalizado. Fecha ut supra.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

_________________________

CARLOS  OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado-Suplente,

 

__________________________

TULIO ÁLVAREZ LEDO

 

 

 

 

La Secretaria,

 

 

___________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. Nº. AA20-C- 1999-000395

 

 

 

 

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