Sentencia N.º RC.00106
- Sentencia
- N.º RC.00106
- Fecha
- 25/02/2004
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 01-915
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por cobro de bolívares por concepto de honorarios profesionales intentado ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana ANA ROSA GARCÍA ALCEDO, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos e interéses, contra el ciudadano SABATINO FERRUCCIO CUCULO, patrocinado por la abogada en ejercicio de su profesión María Teresa Salazar; el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, el 25 de junio de 2001 dictó sentencia declarando sin lugar los recursos procesales de apelación ejercidos por el intimado y la intimante y con lugar el derecho de la demandante a cobrar sus honorarios profesionales. No hubo condenatoria al pago de las costas procesales.
Contra la preindicada sentencia, la intimante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación. vencidos los lapsos previstos en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, la Sala, por auto de fecha 4 de febrero de 2002, declaró concluida la sustanciación del recurso.
Posteriormente, el día 20 de mayo de 2002, la demandante consignó en autos el acta de defunción del demandado Sabatino Ferruccio Cuculo, donde consta que falleció el día 12 de febrero de 2002.
El 4 de junio del 2001, el Juzgado de Sustanciación suspendió la causa de conformidad con el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil y ordenó la citación de los sucesores desconocidos, de acuerdo con el artículo 231 del mismo Código, en repuesta al escrito presentado por la demandante, donde solicitó la citación de los herederos del causante.
Constatado de autos que la actora consignó los edictos publicados en diferentes medios de comunicación escrito en los días 28 y 31 de octubre de 2002, los herederos del de cujus, José Vicente, María Antonia, Doris y Pedro Javier Ferruccio González, otorgaron poder a la abogada María Teresa Salazar para que defendiera sus derechos.
El día 12 de diciembre de 2002, la abogada Ana Rosa García Alcedo, solicitó a esta Sala ordenara designar defensor ad litem, a los herederos desconocidos del de cujus; y el 15 de mayo de 2003, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala designó como defensor ad litem, al abogado defensor Salvador Yannuzzi, quien lo aceptó y se juramentó el día 21 de mayo de 2003.
Cumplidos los trámites de ley, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, y lo hace previa las siguientes consideraciones:
I
PUNTO PREVIO
En fecha 25 de febrero de 2002 fue presentado ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, por parte de la abogada María Teresa Salazar, escrito mediante el cual pretendió impugnar la formalización.
Ahora bien de la revisión de las actas procesales se observa: 1.- El presente recurso de casación fue admitido por el juzgado superior del conocimiento, por auto fechado 28 de noviembre de 2001, en el cual se señala que el último día de los diez que se otorgan para el anuncio del referido recurso fue el 26 de noviembre de 2001. Contados a partir del día siguiente a éste, los cuarenta para la presentación de la formalización, vencieron el 19 de enero de 2002, de allí que el lapso para formular impugnación feneció el 8 de febrero del mencionado año. Vista la data en que fue consignado el escrito de impugnación, 25/2/02, observa la Sala que su presentación resulta extemporánea por tardía y en consecuencia, se le tendrá como no presentado. Así se decide.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Del estudio detenido sobre las denuncias presentadas en el escrito de formalización, esta Sala considera necesario, en fundamento al principio de economía procesal y a objeto de evitar desgastes irrecuperables en la función jurisdiccional jerárquica vertical que le toca ejercer con relación al recurso anunciado y admitido, invertir el orden de la numeración con las cuales el formalizante ha identificado las denuncias por quebrantamientos de forma, pasando a decidir directamente la indicada como Segunda, en los términos siguientes:
Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º eiusdem, por haber suplido defensas al intimado.
Alega el formalizante, que:
...en este sentido la Ley obliga a los Jueces a(Sic) tenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la EQUIDAD; y es el caso que el Juez SENTENCIADOR EN LA RECURRIDA NO OBSERVÓ lo establecido en la LEY DE ABOGADO, en concordancia a lo ordenado por el artículo 22 ei jusde(Sic), además suplió una excepción o defensa no alegada por el intimado.
(...OMISSIS...)
en ese sentido exige que la sentencia contenga decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las decisiones y defensas opuestas, puede observarse como el SENTENCIADOR INCURRIO EN ULTRAPETITA POSITIVA AL ACORDAR EL DERECHO A RETASA; que fue una excepción o defensa que no ejerció la parte INTIMADA NI EN EL ACTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, NI DENTRO DE LOS DIEZ (10) días de haberse opuesto a la intimación....
Denuncia la recurrente, que el juez superior del conocimiento, infringió los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, en razón de que, en su decir, suplió defensas al intimado al haberse pronunciado, de oficio, sobre la retasa, ya que esto no formó parte de lo peticionado por aquél.
Al respecto estima la Sala pertinente realizar el análisis de la normativa mediante la cual se regula el derecho de los profesionales del derecho a percibir honorarios, a saber la estimación e intimación de tales honorarios profesionales en los supuestos en que se hayan generado por actuaciones judiciales, debe ser tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone:
El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias....
Debe recordarse que la interpretación concatenada de los artículos 22 de la Ley de Abogados y de su Reglamento, definen claramente la existencia de dos etapas procesales en la sustanciación del procedimiento de honorarios profesionales por actuaciones judiciales, sean estos demandados al propio cliente o al condenado en costas. La primera etapa se encuentra destinada tan sólo al establecimiento del derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama. Esta fase se desarrolla en forma incidental en el propio expediente donde se realizaron las actuaciones judiciales generadoras del precitado derecho, su sustanciación debe hacerse en cuaderno separado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, que equivale al artículo 386 del Código derogado y, la decisión que se dicte en tal incidencia, acordando o negando el derecho reclamado, es apelable libremente, e inclusive, se le concede recurso de casación si la cuantía del asunto lo permite.
La segunda etapa, que solo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado, está concebida para que el demandado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos. Esta segunda etapa requiere del titular del derecho de percibir honorarios profesionales, la estimación de aquellas actuaciones que le han sido reconocidas, para que, una vez intimadas al obligado, éste manifieste si se acoge al derecho de retasa. A diferencia de la primera etapa, las decisiones que se dicten en esta fase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Abogados, son inapelables y, por tanto, tampoco tienen concedido el recurso de casación.
Por otra parte, el artículo 25 de la Ley en comentario, expresa:
La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en la jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte.
La intimación puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado en el juicio.
Si no fuere localizado el obligado ni existiere apoderado, la intimación podrá hacerse por medio de carteles, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil....
La letra de la norma transcrita claramente expresa la necesidad de que la retasa sea acordada a solicitud de parte, vale decir, no es posible que ella sea decretada de oficio, salvo para quienes representen personas morales de carácter público, derechos e intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes, en cuyo caso podrá, de no ser peticionada, ordenarse oficiosamente por el juez. Aplicando las anteriores consideraciones al presente asunto, encuentra la Sala que realizada una revisión exhaustiva sobre las actas del expediente, se constató que la retasa no fue solicitada por el intimado, ni en el acto de contestación a la demanda ni en ningún otro momento del iter procesal. Asimismo se observa, que el juez de la alzada, declaró en el dispositivo de su fallo: CUARTO: una vez firme la presente decisión se abrirá la fase de retasa... con este proceder, ciertamente, el ad-quem le suplió una defensa al demandado, en razón de que siendo el interés en peticionar la retasa la obtención de una disminución o rebaja en el cuantum de los honorarios intimados, la legitimación para solicitarla recae en cabeza del intimado.
Con base a las consideraciones que preceden, advierte la Sala que efectivamente al asumir el jurisdicente del conocimiento jerárquico vertical la conducta reseñada supra, inficionó su sentencia del vicio de incongruencia, al haber desorbitado el thema decidendum emitiendo un pronunciamiento en una materia sobre la cual ninguno de los litigantes lo requirió, todo lo cual deviene en infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, razón por la que se estima procedente la presente denuncia y, por vía de consecuencia, con lugar el recurso de casación que ocupa la atención de la Sala, tal como se declarará de manera expresa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.
Por haber encontrado procedente una denuncia por vicio de actividad, la Sala se abstiene de conocer las demás delaciones contenidas en el escrito de formalización, todo de conformidad con la preceptiva legal contenida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
DECISIÓN
Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 25 de junio de 2001.
En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.-
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
__________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado-Suplente,
_________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
La Secretaria,
_________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. Nº. AA20-C-2001-000915
El Magistrado Franklin Arrieche Gutiérrez lamenta disentir de los integrantes de esta Sala de Casación Civil que aprobaron el fallo que antecede, en el cual se declaró con lugar el recurso de casación anunciado, por cuanto ...el ad quem le suplió una defensa al demandado, en razón de que siendo el interés en peticionar la retasa la obtención de una disminución o rebaja en el cuantum de los honorarios intimados, la legitimación para solicitarla recae en cabeza del intimado....
Considera quien disiente de la mayoría sentenciadora, que en el presente caso el juez no acordó al intimado el derecho de retasa; sólo declaró que es posible solicitarla una vez se haya reconocido al actor el derecho al pago de sus honorarios profesionales, cuando el intimado considere que lo reclamado por este concepto es exagerado y deba ser revisado por los jueces retasadores designados para tal fin.
De la sentencia de alzada se desprende que la recurrida acertadamente señaló que aun cuando no se haya solicitado la retasa en la contestación de la demanda, ello no impide que se le de al intimado la oportunidad de revisar los conceptos reclamados a través de los jueces retasadores, pues como lo ha precisado la Sala en anteriores fallos, sólo cuando se reconoce el derecho al pago de los honorarios profesionales, surge la posibilidad para el intimado de manifestar si se acoge a la retasa prevista por el legislador.
La Sala de Casación Civil ha reiterado en distintos fallos el anterior criterio, entre ellos, en decisión dictada el 12 agosto de 2002 (Jhony Claret Duque Paz c/ Gerardo Augusto Rojas Falla y Depósitos Aduaneros Ureña), en el cual se expresó lo siguiente:
La segunda fase o etapa ejecutiva, sólo tendrá lugar si previamente se ha reconocido el derecho a cobrar honorarios profesionales por aquél que los ha reclamado y está concebida para que el demandado por tales honorarios, si considera exagerada la estimación que de ellos se ha hecho, pueda someter a la revisión de un Tribunal de Retasa el monto de los mismos. Esta etapa requiere del titular el derecho de percibir honorarios profesionales, la estimación de aquellas actuaciones que le han sido reconocidas, para que una vez intimadas al obligado, éste manifieste si se acoge al derecho de retasa
En este sentido, el artículo 22 y siguientes de la Ley de Abogados y su Reglamento, establecen claramente la existencia de dos etapas procesales para el cobro de honorarios profesionales, una declarativa y otra ejecutiva, bien cuando estos son demandados al propio cliente o al condenado en costas.
La primera fase, también llamada etapa declarativa, está destinada a determinar el derecho al cobro de honorarios profesionales por aquél que los reclama.
La segunda fase o etapa ejecutiva, contempla la posibilidad de que el demandado pueda someter a un tribunal de retasa el monto de los honorarios si no está de acuerdo con la estimación que se ha hecho. Por ello se requiere, según la jurisprudencia citada, que se haya reconocido previamente el derecho a cobrar honorarios para que una vez intimadas al obligado, éste manifieste si se acoge al derecho de retasa, que fue lo que ocurrió en el caso resuelto en el fallo del cual disiento.
Por lo expuesto, considero que en modo alguno el juez superior suplió defensa al intimado, al decidir que la fase de retasa se abriría una vez quedara firme la sentencia impugnada en casación.
En estos términos, dejo salvado mi voto.
El Presidente de la Sala,
__________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
___________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado-Suplente,
_________________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. Nº. AA20-C-2001-000915
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