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Exp. 2008-000523
En el juicio por daños y perjuicios materiales y morales derivados de accidente de tránsito, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripció n Judicial del estado Anzoátegui, por los ciudadanos LORENZO RAMÓN BENÌTEZ MACHADO, MARÍA VIRGINIA y JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA y MARÍA MARTINA GARCÍA, quien actúa en representación de sus menores hijos FRANKLIN DAVID, MARBELY DEL VALLE, JENNIFER DUMARYS y MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ GARCÍA, representados judicialmente por el profesional del derecho Francisco Antonio Caminos, contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil EXPRESOS SOL DE MARGARITA, c.a., patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Rafael Alberto Díaz Rojas, Luis Gandica Montoya, Alejandro Urdaneta Arocha y Luis Alberto Malavé Medina; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia definitiva en fecha 30 de abril de 2008, mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la accionada y parcialmente con lugar el preindicado recurso ejercido por la accionante, ambos medios de impugnación contra la decisión proferida el 28 de febrero de 2007 por el a quo, parcialmente con lugar la demanda y, por vía de consecuencia, modificó la decisión apelada.
Contra el precitado fallo, la representación judicial de la accionada, anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, la Sala pasa a dictar su máxima decisión procesal bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, lo cual hace previas las consideraciones siguientes:
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
En el presente asunto, la Sala observa que la demandante está compuesta por varios niños, niñas y adolescentes quienes conjuntamente con otros, constituyen el litisconsorcio activo en la reclamación que por daños y perjuicios materiales y morales derivados de accidente de tránsito incoaron contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil EXPRESOS SOL DE MARGARITA, c.a.
Respecto a la jurisdicción competente para conocer los juicios donde existan niños, niñas y adolescentes como demandantes, esta Sala de Casación Civil viene aplicando el criterio de distribución competencial establecido desde la sentencia de la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 33, publicada el 24 de octubre de 2001, caso Bertha Elena Reyes y otro, expediente N° 2001-000034, y que se refiere a que la jurisdicción civil ordinaria será la competente para conocer de cualquier asunto patrimonial en el que la demandada este integrada por niño, niña y adolescente.
Ahora bien, en decisión de la Sala Plena, en sentencia N° 74, publicada el 19 de diciembre de 2006, expediente N° 2006-000229, tal criterio fue abandonado, al establecer lo siguiente:
No obstante, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 405 del 30 de noviembre de 2000, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez (Caso: Daniel Jesús González Camacho), ostenta un criterio diferente, en el que se inclina por atribuir la competencia de todos los asuntos judiciales en que se encuentre un menor de edad, a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, independientemente del carácter con que estos actúen en el juicio, por las siguientes razones:
de acuerdo a los preceptos contenidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la competencia funcional en primera Instancia (sic), de los casos en los cuales se encuentre involucrado el interés o el derecho de un menor, y cuya naturaleza debe resolverse judicialmente, corresponde a los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente, conforme lo prevé en sus artículos 173 y siguientes, de la precitada Ley.
( )
En el caso sub iudice, no existe duda que la competencia por la materia, en el caso en particular, está regulada en la normativa citada, verificándose de autos, que la prenombrada acción fue propuesta, entre otros, por un menor, cuyos derechos subjetivos están controvertidos.
A los efectos de ir conciliando en definitiva, una acertada determinación de la competencia casacionista en cada una de las situaciones que se presenten, la Sala aboga, por que se atiendan las previsiones contenidas el (sic) preindicado artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, o sea, dependiendo la naturaleza de la cuestión, emerge la competencia y el conocimiento para las distintas Salas.
Para el caso que nos ocupa, existen particularidades que enmarcan su naturaleza, las cuales ha saber son:
a) La legitimidad activa de uno de los demandantes, como se indicó, recae sobre un menor de edad, lo cual es objeto de la protección de la novísima Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
b) El contenido de la pretensión, en igual manera persigue hacer valer las garantías del menor como sujeto de derecho ( )
Bajo este esquema pedagógico, salvo una mejor institución al respecto, esta Sala, concluye que la naturaleza prejuzgada, del caso en particular, está ceñida estrictamente al orden e interés del menor, y por consiguiente la revisión jurisdiccional, encaminada a proferir una máxima, que resuelva en definitiva, las encontradas pretensiones de los justicieros, como se indicó, corresponde a la Sala de Casación Social .
Siendo estos los antecedentes hermenéuticos relacionados con el presente caso, esta Sala estima necesario profundizar aun más en el análisis de la disposición contenida en el literal c del Parágrafo Segundo del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, considerando en su conjunto todas las disposiciones de la Ley, en razón de que el objeto de la misma es garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarle desde el momento de su concepción, sin distingo de su posición subjetiva dentro del proceso.
Derechos y garantías cuyo ejercicio y disfrute pleno y efectivo necesitan de la protección estatal no sólo en aquellos casos en que los niños, niñas y adolescentes figuren como demandados, sino también, en aquellos casos en que figuren como demandantes, pues el patrimonio de éstos puede verse afectado en ambos casos. Cabe preguntarse, y sólo a título de ejemplo, qué pasaría si en un juicio cualquiera el demandado propone reconvención contra los niños, niñas y adolescentes que figuren como demandantes. O en aquellos casos donde el único patrimonio del niño, niña y adolescente es el objeto de la pretensión de que se trate. No necesitaría el niño, niña y adolescente también en estos casos una protección especial, integral y cabal de sus derechos e intereses. Claro que sí.
( Omissis )
Véase que no hay distinción entre niños, niñas y adolescente que figuren como demandados, o niños, niñas y adolescentes que figuren demandantes. De allí que la conjugación de un sistema de interpretación gramatical, relativo al sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí, y el sistema lógico de interpretación, relativo a la intención del Legislador, lleva a esta Sala a concluir que los asuntos de carácter patrimonial en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente de que sean demandados o demandantes, deben ser competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente; más aún si se piensa que estos Tribunales cuentan con especialistas en las distintas materias y servicios propios para una especial, integral y cabal protección de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional.
El interés superior del niño, según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, es la premisa fundamental de la doctrina de la protección integral. Dicho principio es la base para la interpretación y aplicación de la normativa para los niños y adolescentes, establece líneas de acción de carácter obligatorio para todas las instancias de la sociedad y pone límites a la discrecionalidad de sus actuaciones; y muy conectado a aquél se encuentra el principio de prioridad absoluta que implica atender antes que nada, las necesidades y derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes.
Es así como el Legislador busca que los niños, los adolescentes y sus familias tengan acceso a una ley de fácil lectura, sin remisiones a otras leyes o tratados internacionales difíciles de ubicar y entender, y de muy sencilla interpretación y aplicación por los órganos jurisdiccionales que integran el sistema de protección integral.
Cabe destacar, que entre los derechos que protege dicho sistema, se encuentra el de petición de justicia, según el cual todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales; y lógicamente es de suponer que entre los órganos judiciales a través de los cuales opera el sistema de protección integral de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, están los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.
Es por ello que esta Sala considera necesario abandonar el criterio establecido en la sentencia Nº 33 del 24 de octubre de 2001, y establecer que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que estos actúen, y así se decide (Resaltado de la Sala).
En este sentido, tal como claramente se desprende del cambio de criterio expuesto por la Sala Plena el 19 de diciembre de 2006, el mismo establece que en lo adelante los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente serán competentes para conocer de los asuntos de carácter patrimonial, en los que figuren niños, niñas y adolescentes, independientemente del carácter con que éstos actúen.
Aunado a lo anterior, y respecto a la precisión de la aplicación en el tiempo de dicho cambio de doctrina, la Sala se apoya el criterio sostenido por la Sala Constitucional, entre otros, en sentencia N° 2.321 de 14 de diciembre de 2006, caso Mara Alfredo Chamanare Blanco, expediente N° 2006-001331, que señala que los cambios de criterio jurisprudencial deberán aplicarse hacia adelante, para garantizar la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica necesaria en cada proceso, para concluir que a partir de la sentencia de la Sala Plena antes citada deberá aplicarse el cambio de criterio en ella contenida. Así se establece.
En aplicación de lo antes establecido y visto que la presente controversia fue admitida el 16 de diciembre de 2005, fecha muy anterior al cambio de doctrina señalado, razón por la cual será resuelta bajo el criterio que imperaba para la época de su presentación, previsto en el fallo de 24 de octubre de 2001, que excluía el conocimiento de las demandas de naturaleza patrimonial o laboral incoadas por niños y/o adolescentes de la competencia de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente y más aún, de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.
Por lo antes expuesto esta Sala de Casación Civil, en aplicación del criterio de la Sala Plena de 24 de octubre de 2001, es la competente para conocer sustanciar y decidir la presente controversia. En consecuencia, se procederá al estudio, análisis y resolución del presente recurso de casación. Así se decide.
El artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, prevé en su parte pertinente, lo siguiente:
Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en el primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días más el término de la distancia que haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por el órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos:
1°) La decisión o decisiones contra las cuales se recurre.
2°) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del Artículo (Sic) 313.
3°) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del Artículo (Sic) 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea.
4°) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas (Resaltado de la Sala).
Por su parte, el artículo 325 eiusdem, es del tenor siguiente:
Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el Artículo (Sic) 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo.
Por tanto, la Sala en uso de la facultad que le confiere el artículo 325 precedentemente transcrito, para examinar en forma previa si el escrito de formalización cumple con las exigencias consagradas en el artículo 317 supra trasladado, pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
El formalizante a través de una única denuncia titulada CASACIÓN DE FONDO RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD planteada de manera confusa y sin coherencia argumentativa, al amparo del ordinal 2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 320 y 322 eiusdem, imputa a la recurrida ciertas infracciones de normas jurídicas, tales como los artículos 12, 205, 209, 244, 243 ordinal 5°), 344 362 y 868 ibídem, que a su vez habrían generado supuestos vicios en la recurrida que él denomina motivación errónea in iudicando y abuso en la valoración de las pruebas.
Del citado escrito de formalización, se lee lo siguiente:
CASACIÓN DE FONDO
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
(MOTIVACIÓN ERRÓNEA IN IUDICANDO)
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 320 y 322, ejusdem, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 ibidem, en concordancia con los artículos 12, 205, 209, 244 y 344 del mismo Código Adjetivo, por haber incurrido la recurrida en el vicio de motivación errónea in iudicando.
En el presente caso, en nombre de nuestra representada, ejercimos recursos de apelación contra la sentencia definitiva dictada en fecha 28 de febrero de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Daños y perjuicios proveniente de accidente de tránsito, propuesta por la representación judicial de los Demandantes ciudadanos LORENZO RAMÓN BENITEZ MACHADO, MAREIRA VIRGINIA MARTÍNEZ GARCÍA y JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GARCÍA, venezolano, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-5.538.869; V- 16.783.239; y V-18.783.238, respectivamente, y MARÍA MARTINA GARCÍA, en representación de sus hijos, FRANKLIN DAVID MARTÍNEZ GARCÍA MARBELY DEL VALLE MARTÍNEZ GARCÍA, JENNIFER DUMARYS MARTÍNEZ FARCIA y MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°. V-13.469.825. Asim (Sic) ismo (Sic), con motivo de la referida apelación, hicimos valer los vicios contenidos en la sentencia de primera instancia, relativos a que ésta violentó el Principio General de Derecho de Igualdad entre las Partes, fundamentado en una justifica imparcial y equitativa, garantizado en la norma constitucional del Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no atenerse a lo alegado y probado en los autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos sin suplir excepciones o argumentos de hecho no alegado n probados, como establece la norma adjetiva contenida en el Artículo (Sic) 12 del Código de Procedimiento Civil, y el abuso en la valoración de las pruebas, con fundamento en la sana crítica y las máximas experiencia, al valorar hechos no probados, como elementos de convicción que, a su particular criterio, hacen plena prueba, como establece el Artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, alegatos éstos sostenidos formalmente por nosotros, tanto en la oportunidad de dar contestación a la Demanda, así como en el acto de Informes, y expresamente solicitamos a la recurrida que en la oportunidad de ser dictada la sentencia de segunda instancia, se declarará Con Lugar, con todos los pronunciamientos de Ley.
Ahora bien, el Juez de Alzada, según se puede detectar con facilidad del contenido de la sentencia recurrida casación, en lugar de pronunciarse sobre la denuncia de nulidad planteada contra la sentencia de primera instancia, lo cual estaba compelida a realizar con prelación a cualquier otro pronunciamiento, bien fuera acogiendo o desechado la denuncia, habida cuenta, de estar involucradas circunstancias procesales que por disposición del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, vician de nulidad el fallo, por faltar uno de los requisitos esenciales para la validez de la sentencia, específicamente el previsto en el ordinal 5° del artículo 243 de la citada Ley Adjetiva, el cual dispone:
( Omissis )
Consideró que se encontraban llenos los extremos de Ley, contenidos en el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 868 ejusdem, relativos a la CONFESIÓN FICTA, en sus tres elementos, a saber.1.- Que el demandado no de contestación a la demanda.- 2 Que el demandado nada probare que le favorezca durante el lapso probatorio; 3.- Que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho, fundamentando su criterio, en la parte motiva de la recurrida, en atención de la normas adjetivas antes citada , de la narrativa siguiente:
( Omissis )
La presente denuncia que, en nuestro criterio, tiene suficiente sustento en el presente caso, habida consideración, que del texto de la sentencia antes transcrito, en su parte motiva, y sin que haya necesidad de esculcar cualesquiera otras actas del expediente, se puede apreciar la existencia de la denuncia referida, atinente al vicio de motivación errónea in iudicando. Efectivamente, en la parte motiva del fallo, la recurrida expresó tal y como se transcribió anteriormente, que operaba la Confesión Ficta de mi Representada, la demandada, en sus tres elementos constitutivos, al haber contestado la demanda en fecha 09 de marzo de 2006, a los veintitrés (23) días de despacho siguientes al momentos de dejarse constancia, en los autos del expediente, de la consignación que demuestran su citación efectiva, hecho ocurrido el 31 de enero de 2006, siendo así extemporánea por tardía, con lo que incurre en error de derecho, al no tener en cuenta el contenido de los Artículos 205 y 344, primer aparte, del Código de Procedimiento Civil, los cuales se refieren al TERMINO DE LA DISTANCIA, que a la letra señalan:
( Omissis )
No existiendo de esta manera la extemporaneidad por tardía de la contestación, como primer elemento esencial de la confesión ficta, a la que falsamente hace alusión el Tribunal de Alzada en su recurrida, para fundamentar su decisión. Siendo así la extemporaneidad por tardía de la contestación de la demanda por parte de mi representada, la Demandada recurrente, como el primer elemento constitutivo de la Confesión Ficta, analizado por el Tribunal de Alzada, que incide de manera directa e indivisible, sobre los otros dos (Sic) elementos constitutivos, a saber, que nada probara en su defensa, con la relación a los alegatos de la parte actora, con probanzas capaces de enervarlos es decir, la contraprueba, no pudiendo hacer valer los simples alegatos propios de la contestación, y que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho, cabe concluir en derecho, su improcedencia, es decir, no hay tal confesión ficta, y el Tribunal de Alzada, al fundamentar su decisión en tales hechos, violenta el Principio General del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, garantizados en el contenido del Artículo 49 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, y configura el defecto de actividad denunciado, contenido en el ordinal 5 del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no decidir con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas en el proceso, que cursan a los autos del expediente, como o sostiene la citada norma adjetiva numeral, así como también se aparta del principio dispositivo contenido en el Artículo (Sic) 12 del Código Adjetivo, que lo obliga a conocer la verdad en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas del derecho, a la equidad, conforme a lo alegado y probado en autos para sacar los elementos de convicción, son suplir excepciones o elementos de hecho no alegados ni probados, lo que hace que su Sentencia, aquí recurrida en casación, encuadre perfectamente en los supuestos de hecho y consecuencias de derecho contenidas en el Artículo 244 ibidem, que la hace nula . (Resaltado del texto transcrito)
La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de élla. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones.
A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue corregir ilegalidades enfrentando el fallo a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.
Si bien la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como garantía de la justicia, tiende a la flexibilización de los formalismos, no puede considerarse implícito dentro del contenido y alcance de la norma contenida en el artículo 257 eiusdem, el absoluto quebrantamiento de la conducta que ha de seguirse para formular las denuncias en sede de casación, la cual se ha venido reiterando en forma didáctica a través de la jurisprudencia de este Alto Tribunal.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, precedentemente transcrito, establece que se observarán en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º) del artículo 313 eiusdem; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º) del artículo 313 ibídem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el preindicado artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Además de imponer al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la ley que realmente deben resolver la controversia planteada.
La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Ésta requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando.
Al respecto, la Sala en decisión N° 499, de fecha 10 de julio de 2007, Exp. N° 07-136, en el caso de Trina de Jesús Blanco Ramos contra Rosa Esther Hernández Lievano, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, estableció:
Sobre este particular, la Sala ha expresado, entre otros, en fallo de fecha 31 de octubre de 2000, caso Luis Eduardo León Parada contra Ángel Williams Alcalá Linares, expediente N° 00-320, sentencia N° 346, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:
...En numerosas decisiones la Sala ha señalado que el escrito de formalización del recurso de casación debe ser claro y preciso, debiendo el recurrente mencionar en sus denuncias las causales respectivas, de acuerdo con el recurso de casación invocado, dado que este recurso extraordinario equivale a una demanda de nulidad contra la sentencia recurrida. Esta carga le corresponde al recurrente, bajo pena de que el recurso extraordinario sea declarado perecido por falta de técnica.
En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el Artículo (Sic) 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden en que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1° del Artículo (Sic) (313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del Artículo (Sic) 313 ejusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y 4) La especificación de las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Como puede verse, el Artículo (Sic) 317 del Código de Procedimiento Civil, en lo relativo al escrito de formalización, establece con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias. Así, en primer término y de manera separada cuestión que no hizo el formalizante- deben denunciarse los quebrantamientos u omisiones contemplados en el ordinal 1° del Artículo (Sic) 313 del Código de Procedimiento Civil y, posteriormente, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2° del Artículo (Sic) 313 ejusdem, expresándose además las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea. Asimismo, se impone al formalizante la obligación de señalar las disposiciones de la Ley que se consideran infringidas, o las que realmente son aplicables para resolver la controversia planteada .
En el sub iudice, de la transcripción del escrito de formalización, precedentemente realizada, se observa que el recurrente en el planteamiento de la única denuncia que expone carece de coherencia argumentativa; incumpliendo con lo previsto en los ordinales 2°), 3°) y 4°) del preindicado artículo 317 del Código Adjetivo Civil, pues sus planteamientos equivocadamente se entremezclan de manera indistinta en el ordinal 1°) y en el ordinal 2°) del prenombrado artículo 313 ibídem, tal como se adelantó supra; luego, no explica en cuál de los casos contemplados en el ordinal 2°) del artículo 313 eiusdem, habría incurrido el ad quem, pues aduce la motivación errónea in iudicando y el abuso en la valoración de las prueba, que legalmente no se encuentran consagrados en el derecho procesal venezolano; asimismo, omite especificar las normas jurídicas que el tribunal de la última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.
Aunado a lo expuesto la denuncia está plagada de imprecisiones que dificultan a la Sala saber exactamente en qué consisten las violaciones delatadas, denotándose una ausencia de claridad y precisión en lo que se pretende, que dejan a la denuncia sin fundamentación, por lo que, en consecuencia, la Sala estima que el recurrente no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
Todo lo anteriormente expuesto, evidencia la deficiente técnica de formalización empleada, la cual es inconciliable a la evidencia de incongruencia normativa utilizada, que impide volcar la flexibilidad abanderada por la Sala para determinarlo como un error material. En síntesis, el escrito de formalización del recurso bajo análisis es un totum revolutum, al margen de las más elementales exigencias legalmente impuestas por una recta e ineludible técnica de formalización del recurso de casación.
En consecuencia, surgen para el caso particular los efectos previstos en el artículo 325 ibidem, para declararlo perecido, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa, en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación anunciado contra la sentencia proferida en fecha 30 de abril de 2.008 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.
Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial ya citada. Particípese dicha remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
Presidenta de la Sala,
____________________________
Vicepresidenta,
________________________
ISBELIA PEREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
___________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
______________________________
_____________________________
Exp. AA20-C-2008-000523
Nota: publicada en su fecha a las
El Secretario,