Venley

Sentencia N.º RC.00129

Sentencia
N.º RC.00129
Fecha
25/02/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
02-784
Ponente
Tulio Alvarez Ledo
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: TULIO ALVAREZ LEDO.

 

En el juicio por indemnización de daños y perjuicios seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, por el ciudadano HENRRI MARÍA UZCÁTEGUI UZCATEGUI, representado judicialmente por los abogados Domingo Gámez Maimones y Lilian Mercedes Escalona Yaguas, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA NACIONAL ANÓNIMA DE SEGUROS LA PREVISORA, representada judicialmente en la instancia por los abogados Esteban Guart Guarro, Salvador Benaim y María Luisa Pérez Machín, y ante Tribunal Supremo de Justicia por el abogado Hedí Méndez Naranjo; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva el día 3 de octubre de 2002, en la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, en consecuencia condenó al demandado a cancelar al actor: ”...1) El 75% de la cantidad de Bs. 3.430.000,00, por concepto de seguro de casco; 2) Por concepto de pago de seguro por muerte de ocupante, la cantidad de Bs. 1.500.000,00; 3) Por asistencia legal la cantidad de Bs.500.000,00; y 4) La indexación judicial de las cantidades adeudadas que deberán ser calculadas desde la fecha que la demandada incurrió en mora, esto es desde la fecha en que su citación constó en el expediente, hasta la fecha en que se proceda al pago efectivo, cuyo cálculo deberá hacerlo el juez de primera instancia, tomando en cuenta el índice de Precios al Consumidor (IPC) final sobre el inicial, multiplicado por la cantidad a indexar, requiriendo la referida información al Banco Central de Venezuela...”. De esta manera, modificó la decisión del a quo dictada en fecha 28 de septiembre de 2001.

 

Contra este fallo de alzada, anunció recurso de casación la representación judicial de la parte demandada, el cual fue admitido, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la violación de los artículos 243 ordinales 5° y 6°, 244 y 249 eiusdem, al incurrir la recurrida en el vicio de indeterminación objetiva y dictar una decisión condicional.

 

Por vía de fundamentación, se expone:

 

“...Como a primera vista se aprecia, el citado pronunciamiento resulta condicional e indeterminado al mismo tiempo; pues al ordenar que la indexación se calculara “hasta la fecha en que se proceda al pago efectivo”, el Juez subordinó la liquidación de la condena a una condición imposible, ya que el “pago efectivo” es un acontecimiento futuro e incierto que sólo podría producirse con posterioridad al cálculo ordenado.

 

En efecto, si el “pago efectivo” es el dies ad quem del cálculo indexatorio, es obvio que el encargado de calcularlo debe aguardar a que ese acontecimiento suceda, pues, de adelantar la liquidación estaría alterando los limites de lo juzgado. Aunque, desde luego, su espera sería infructuosa, ya que el pago no puede efectuarse mientras la condena no haya sido liquidada; lo que nos regresa al mismo punto de partida: una condena ilíquida que no puede liquidarse.

 

Esta insanable indeterminación que comporta el haber supeditado la cuantificación de la condena a la verificación de una condena imposible, patentiza la violación de los ordinales 5° y 6°, respectivamente, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el primero, por haber faltado al deber de dictar decisión expresa, positiva y precisa, y el último, por no determinar con precisión la cosa u objeto sobre la que recayó la decisión. Proceder que, por lo demás, resulta encuadrable en el vicio de sentencia condicional tipificado en el artículo 244 ejusdem.

 

Sin embargo, honorables Magistrados, los vicios cometidos por la recurrida en esta sección de su dispositivo no se agotan en las infracciones recién señaladas; pues, lo cierto es que el superior resolvió agregarle otra “condición” -no prevista, sino más bien vedada por la ley- a su condena por indexación. En efecto, en crasa e inexcusable violación del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la alzada resolvió delegarle al Juez de primera instancia el irrito encargo de completar la sentencia recurrida, ordenándole que calculará la indexación.

 

La ilegalidad de semejante delegación es burda y manifiesta, ya que el Juez esta obligado a pronunciar decisión expresa, positiva y precisa, de modo que su sentencia sea un documento autónomo e integral, que se baste así mismo y que pueda ejecutarse en forma clara e inequívoca, sin ayuda o auxilio de otro fallo, instrumento o acto posterior. Que la decisión sea expresa – como enseñaba CUENCA – significa que no debe contener implícitos ni sobreentendidos; positiva, que sea cierta, efectiva y verdadera, sin dejar cuestiones pendientes, y precisa, que no deje lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, oscuridades ni ambigüedades.

 

Vale puntualizar en este sentido, que los únicos supuestos en los que el Juez puede sentenciar la causa sin determinar el quantum de la condena y ordenar su liquidación por acto separado, son aquellos que se encuentren contemplados en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, sólo en aquellos casos en que se condene el pago de frutos, intereses o indemnizaciones, y el Juez no pueda estimarlos o liquidarlos con arreglo a las pruebas o a las justificaciones de las partes, la ley autoriza a disponer que la estimación la hagan peritos, conforme a lo establecido para el justiprecio de bienes. Estamos hablando -desde luego- de la llamada experticia complementaria del fallo.

 

Es preciso destacar, en este orden de ideas, que al delegar en el juez a quo la tarea de liquidar la condena por indexación, el superior incurrió en una doble infracción de ley, ya que, por una parte, violó su obligación de dictar decisión positiva (art. 243, ord. 5°), al diferir para un acto posterior, no contemplado en la ley- la determinación del quantum de la condena (sentencia condicional), mientras que por la otra, infringió el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que el cálculo de la indexación fuera realizado por sujeto y por tramites extraños a la reglada experticia complementaria del fallo, lo que se resuelve en una arbitraria subversión del procedimiento legalmente establecido, que da al traste con garantía de legalidad de las formas de los actos procesales positivada en el artículo 7 del mismo Código de rito...”

 

Para decidir, la Sala observa:

 

                   Alega el formalizante que la sentencia recurrida está viciada de indeterminación objetiva con violación del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y por ser condicional en el dispositivo, lo que según ella determina su nulidad por mandato del artículo 244 eiusdem, al igual que infringe el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que el cálculo de la indexación fuera realizado por sujeto y trámites extraños.

 

Respecto del requisito de determinación del objeto sobre el que recae la decisión, previsto en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el criterio general que dicha determinación debe aparecer directamente del fallo, y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del fallo, porque la sentencia debe ser autosuficiente y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea preciso acudir a otros elementos extraños para complementarla o hacerla inteligible.

 

Sobre este particular, la Sala ha establecido que no llena la sentencia esta exigencia de la ley, cuando condena a pagar intereses sin determinar el quantum de la condenatoria, ni ordenar su determinación por una experticia  complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. (Sentencia de fecha 23 de febrero de 2001, caso: Comunidad de Propietarios del Edificio Torre Castel  Grande, contra Constructora Rusmel C.A.).

 

                   Ahora bien, la sentencia recurrida en la parte dispositiva establece:

 

“...DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS intentada por el ciudadano HENRRI MARÍA UZCATEGUI UZCATEGUI, en contra de la firma mercantil C.N.A. SEGUROS LA PREVISORA, ya identificados. En consecuencia, la empresa demandada deberá proceder a cancelar a la actora: 1) El 75% de la cantidad de tres millones cuatrocientos treinta mil bolívares (Bs. 3.430.000,00), por concepto de seguro de casco; 2) Por concepto de pago de seguro por muerte de ocupante, la cantidad de un millón quinientos mil bolívares (Bs. 1.500.000,00); 3) Por asistencia legal la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00); y 4) La indexación judicial de las cantidades adeudadas que deberán ser calculadas desde la fecha que la demandada incurrió en mora, esto es desde la fecha en que su citación constó en el expediente, hasta la fecha en que se proceda al pago efectivo, cuyo cálculo deberá hacerlo el juez de primera instancia, tomando en cuenta el índice de Precios al Consumidor (IPC) final sobre el inicial, multiplicado por la cantidad a indexar, requiriendo la referida información al Banco Central de Venezuela...”. (Resaltado de la Sala)

 

De la transcripción de la recurrida, la Sala puede constatar que el juez de alzada ordenó al a quo la indexación judicial de las cantidades adeudadas, sin ordenar la respectiva experticia complementaria del fallo, lo que no puede ser suplido por el juez ejecutor para subsanar el defecto de actividad contenido en la sentencia de alzada. Esta circunstancia hace inejecutable el fallo recurrido.

 

La Sala ha indicado de forma reiterada que si bien no es taxativa la enumeración de los casos en que el juez puede disponer que se practique una experticia complementaria del fallo, el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, prevé que la sentencia debe contener la determinación de la cantidad a pagar “y si el juez no pudiere estimarla según las pruebas”, debe ordenar que dicha estimación la hagan los peritos, so pena de que la sentencia incurra en el vicio de indeterminación objetiva.

 

En este sentido, en decisión de fecha 23 de noviembre de 2001, caso: Anthony De Blois Olivier c/ Omnivisión C.A., la Sala dejó sentado:

 

“...el formalizante afirma en su escrito que el sentenciador, al no precisar la fecha de vencimiento de las obligaciones reclamadas, dejó una zona de incertidumbre y penumbra que hace indeterminado al fallo, “pues ese importante aspecto quedó en manos de los peritos que llevarían a cabo la experticia”.

Advierte la Sala que, en el caso concreto, el sentenciador no hizo uso de la facultad de ordenar una experticia complementaria, como erróneamente lo señala el recurrente, sino que decidió oficiar al Banco Central de Venezuela con el fin de que informara los índices de inflación desde las respectivas fechas de exigibilidad de las obligaciones demandadas, de lo que se infiere que el cálculo de la indexación iba a ser efectuado por el propio juez.

Considera la Sala oportuno transcribir el artículo 249 del   Código de Procedimiento Civil, que regula lo relativo a la experticia complementaria, que se establece lo siguiente:

“…En la sentencia en que se condene a pagar frutos, intereses o daños, se determinará la cantidad de ellos, y si el Juez no pudiere estimarla según las pruebas, dispondrá que esta estimación la hagan peritos, con arreglo a lo establecido para el justiprecio de bienes en el Título sobre ejecuciones del presente Código. Lo mismo se hará cuando la sentencia ordene restitución de frutos o indemnización de cualquier especie, si no pudiere hacer el Juez la estimación o liquidación, con arreglo a lo que hayan justificado las partes en el pleito.

En todo caso de condenatoria, según este artículo, se determinará en la sentencia de modo preciso, en qué consisten los perjuicios probados que deban estimarse y los diversos puntos que deban servir de base a los expertos. En estos casos la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado;...” (Negrillas y subrayado de la Sala).

Sobre este mismo punto, en sentencia de fecha 27 de julio de 1994, esta Sala de Casación Civil, expresó lo que sigue:

...No es taxativa la enumeración de los casos en que puede el Juez acordar experticia complementaria del fallo. En todos los casos en que no le sea posible al Juez establecer una liquidación o estimación fijas con arreglo a lo deducido en el pleito, puede ocurrir a la experticia, pues de otro modo, el fallo se hallaría en abierta riña con las prescripciones del artículo 172 del Código de Procedimiento Civil...

Si bien no es taxativa la enumeración de los casos en que el juez puede disponer que se practique una experticia complementaria del fallo, el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito, expresa que en la sentencia se determinará la cantidad a pagar “y si el juez no pudiere estimarla según las pruebas”, ordenará que dicha estimación la hagan los peritos.

Por aplicación de lo antes expuesto al caso que nos ocupa,  es obvio que las actas que conforman el presente expediente no contienen los elementos necesarios e indispensables para que sea el propio juez quien efectúe el cálculo de las sumas indexadas que deben pagar las empresas codemandadas, pues para ello se requiere que el Banco Central de Venezuela informe los índices de inflación que deberán aplicarse de acuerdo con las fechas de exigibilidad de las obligaciones reclamadas.

Con base en lo expuesto, la Sala estima que el sentenciador superior ha debido ordenar la práctica de una experticia complementaria del fallo, indicando en su decisión los lineamientos o puntos de apoyo que servirán de base para que los expertos determinen cuantitativamente la corrección monetaria sobre el monto condenado a pagar, tales como: monto de la condena, cuotas en que fue pactado el pago de los honorarios reclamados, fechas de exigibilidad de dichas cuotas, fechas límites de la referida indexación y cualesquiera otros elementos que el juez considere indispensables para el desarrollo de las actividades técnicas de los peritos, ya que la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un sólo acto de procedimiento, complementándola e integrándose como una parte más de ella.

Por último, ciertamente, como lo delata el recurrente, la alzada incurrió en el error de no indicar las fechas de vencimiento de dichas obligaciones ni la oportunidad hasta la cual debe calcularse la mencionada indexación, lo que sin duda alguna vicia al fallo de indeterminación objetiva debido a que se desconocen los límites dentro de los cuales se deberá calcular la corrección monetaria acordada en el mismo. Así se declara...”. (Resaltado de la Sala).

 

A tal efecto, el Juez de alzada en la parte final de su dispositivo, ordenó al juez de primera instancia realizar el cálculo de la indexación de las cantidades adeudadas “...desde la fecha en que la demandada incurrió en mora, esto es desde la fecha en que su citación constó en el expediente, hasta la fecha en que se proceda al pago efectivo...”, todo lo cual comprueba la indeterminación y lo condicional del dispositivo del fallo, pues con tal pronunciamiento supeditó la ejecutabilidad del fallo a una condición consistente en la fecha en que se proceda al pago efectivo, quedando de esa forma sometida la eficacia de su pronunciamiento a una condición futura e incierta, pues correspondería exclusivamente al demandado la fijación de la fecha de pago. No puede quedar al arbitrio de las partes la forma para calcular el monto condenado.

 

El artículo 244 del vigente Código de Procedimiento Civil, prevé la nulidad de la sentencia cuando la misma sea condicional. A este respecto, el autor Leopoldo Márquez Añez, en su obra Motivos y Efectos del Recurso de Forma  en la Casación Civil Venezolana, página 79, expresa:

  “…El Juez no es libre ni tiene la autonomía de voluntad para someter la eficacia de su pronunciamiento, a la realización de acontecimientos futuros e inciertos, ya que a ello se opone la propia índole de la función que ejerce, y principios capitales de su actividad, como lo son el principio dispositivo, y el que le impone emitir en la causa un pronunciamiento dirimente del conflicto de interés que se le somete...”.

 

En igual sentido, la doctrina de la Sala ha señalado que habrá condicionalidad en el fallo, cada vez que se subordine la eficacia del pronunciamiento al cumplimiento de cualquier circunstancia indicada en la sentencia, en forma tal que quite a su dispositivo la positividad y precisión que le es inherente.

 

                                      Por las consideraciones antes expuestas y en aplicación a la jurisprudencia transcrita, la Sala establece que el juez de alzada cometió el vicio de indeterminación objetiva y condicionalidad en el dispositivo, por infracción del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la nulidad de la sentencia recurrida, por disposición del artículo 244 eiusdem. Así se decide.

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, declarada procedente esta denuncia por quebrantamiento de forma, la Sala se abstiene de considerar y resolver las restantes denuncias que contiene el escrito de formalización.

 

D E C I S I Ó N

             

 

En mérito de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada C.N.A. SEGUROS LA PREVISORA, contra la sentencia de fecha 3 de octubre de 2002, proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto; en consecuencia, CASA la sentencia recurrida y ORDENA al Juez Superior que resulte competente dictar nueva decisión sin incurrir en la infracción detectada.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,  firmada  y  sellada  en  la  Sala  de Despacho de la Sala de  Casación  Civil  de este Tribunal Supremo de  Justicia, en Caracas, a los  veinticinco (25) días del mes de  febrero de dos mil cuatro.  Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

_____________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

_____________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                Magistrado Suplente y Ponente,

__________________________

                                                          TULIO ALVAREZ LEDO

                                                                                                                       

 

 

 

 La Secretaria,

 

__________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

Nº 02-784

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