Sentencia N.º RC.00131
- Sentencia
- N.º RC.00131
- Fecha
- 13/04/2005
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 04-763
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio por partición de comunidad hereditaria, intentado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Contra el precitado fallo, tanto los demandantes como el demandado anunciaron recurso de casación, los cuales, una vez admitidos, solamente el accionado consignó escrito de formalización. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación, pasa
RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR LOS DEMANDANTES
El 11 de agosto de 2004 compareció ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente, el profesional del derecho Daniel Enrique Pérez Rojas, supra identificado y consignó diligencia mediante la cual anunció recurso de casación contra la sentencia proferida por ese órgano jurisdiccional el 2 de los prenombrados mes y año en tal sentido, expuso lo siguiente:
...comparecen por (sic) ante este Tribunal (sic) DANIEL ENRIQUE PEREZ (sic) ROJAS, venezolano, mayor de edad, Abogado (sic) en ejercicio, titular de la cédula de identidad N° V-9.350.967, e inscrito en el Impreabogado bajo el N° 36.421. Actuando en este acto con el carácter de apoderado judicial de la parte demandante, identificados en autos. Igualmente comparece la adolescente DEIPSI ELIZABETH CHACON (sic) CONTRERAS, venezolana, domiciliada en la ciudad de Colón, Municipio Ayacucho del Estado Táchira, titular de la cédula de identidad N° V-17.677.815, quien igualmente actúa con el carácter de parte demandante, en el presente proceso, asistida por DANIEL ENRIQUE PEREZ (sic) ROJAS. Quienes exponen: Estando dentro de la oportunidad procesal contemplada en el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil, anunciamos recurso de casación contra la sentencia que antecede, dictada por este Tribunal (sic) con fecha 02 de agosto de 2004, tanto en nombre de mis representados como de la citada adolescente... (Mayúscula de lo transcrito).
El 17 de agosto de 2004 el accionado igualmente anunció recurso de casación contra la preindicada sentencia.
El 19 de agosto de 2004, el ad quem admitió ambos recursos interpuestos, señalando en tal sentido que:
...Visto el recurso de casación anunciado por los apoderados judiciales de las partes demandante y demandada en la presente causa, mediante diligencia de fecha 11 de agosto de 2004 y escrito de fecha 17 de agosto de 2004, en su orden, contra la decisión dictada por este Juzgado Superior en fecha 02 de agosto de 2004, se admite por haber sido interpuesto en tiempo hábil. Se hace constar que el día miércoles 18 de agosto de 2004, vencieron los diez días hábiles que
Admitidos como fueron los recursos de casación anunciados por los sujetos procesales involucrados, el lapso previsto en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, comenzó a correr el 19 de agosto de 2004, luego de computarse los nueve (9) días de término de distancia establecidos entre la ciudad de San Cristóbal, asiento del tribunal recurrido y la ciudad de Caracas, sede del Tribunal Supremo de Justicia, y venció el 6 de octubre de igual año, sin que conste en autos la presentación del escrito de formalización por parte de los demandantes recurrentes, por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 325 eiusdem, debe declararse perecido el recurso de casación anunciado y no formalizado por los accionantes, tal como se hará en forma expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
RECURSO DE CASACIÓN ANUNCIADO POR EL DEMANDADO
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción por parte de la recurrida de los artículos 15, 206, 208, 146 y 341 eiusdem, y 129, 131 ordinal 5°, 170 literales c, y g, 172 y 457 de
Alega el recurrente:
...Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida de los artículos 15, 206, 208, 146 y 341 del mismo Código, en concordancia con los artículos 129 y 131 ordinal 5º- ejusdem y los artículos 170 literales c y g- y 172 de
En principio ineludible que la función jurisdiccional por parte del juzgador es la recta aplicabilidad de las normas que se subsuman en los supuestos de hecho a que se contrae la litis trabada. En el presente caso la recurrida, de oficio, debió reponer la causa al estado de dictar un nuevo auto de admisión que incluyera a todos los demandantes, designarle un representante legal (curador especial) en el mismo acto a la co-demandante DEIPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS adolescente-, notificar mediante boleta a un representante del Ministerio Público con competencia en Protección del Niño y del Adolescente y declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso desde el auto de fecha 3-9-2003 corriente a los folios 91 y 92 inclusive-.
(...Omissis...)
La jueza ad-quem obvió que en el auto de providenciación de fecha 29 de septiembre de 2004, solamente fue admitida la demanda para los cuatro (4) co-demandantes mayores de edad pero no así para la co-demandante adolescente DEPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS, como se demuestra a continuación.
(...Omissis...)
En el caso subjudice
(...Omissis...)
En efecto, como ocurre en el caso concreto, cuando de las actas procesales se desprende que la demanda no fue admitida para todos los litis consorte, el juez ad quem, de oficio debió ordenar la reposición de la causa al estado de que se admita nuevamente la demanda con la inclusión de los cinco (5) co-demandantes designarle un representante legal (curador especial) en el mismo acto a la co-demandante DEIPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS adolescente- y notificar al Ministerio Público, es decir, cumpliendo todas las formalidades que la ley establece, por ello es de ineludible cumplimiento para el Juez para evitar futuras reposiciones y nulidades o bien para que alguno o algunos de los litis consortes puedan verse perjudicados en sus derechos- la aplicación de lo previsto en el supuesto del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.
(...Omissis...)
En el caso concreto, cinco (5) personas demandaron conjuntamente como litis consortes a mi representado, por lo cual tiene ajustada aplicabilidad el invocado artículo 146, como sigue a continuación:
(...Omissis...)
De manera que, en el presente proceso de partición, puede apreciarse que fueron cinco (5) los litis consortes que actuaron ab initio en la demanda, pero en la admisión de la misma (folio 91) sin motivación alguna fue suprimido uno (1) de ellos, quedando en juicio sólo cuatro (4).
No obstante a ello,
(...Omissis...)
En consecuencia, la no aplicabilidad por parte de la juzgadora en Alzada de los artículos 206, 146 y 341 transcritos up supra, trajo como consecuencia que la adolescente DEIPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS codemandante de autos- hubiese quedado fuera de la relación sustancial controvertida, que es única para todos los (5) integrantes del indicado litis consorcio activo y que debe resolverse de modo uniforme para todos los coherederos 5 demandantes y un demandado- y no separadamente a cada uno de ellos. Si
De acuerdo a las normas recién anotadas, es evidente que la nulidad en este caso se encentra establecida en la propia ley. Por ello,
(...Omissis...)
En este sentido,
En tal sentido, las precitadas normas contenidas en los artículos 206, 208 y 341 del Código del Procedimiento Civil, persiguen como fin inmediato, poner a derecho a quien debe defender los derechos litigiosos, como es el caso concreto de la adolescente DEIPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS, evitando que la providencia definitiva a profenir, condene o absuelva a quien no haya sido parte del proceso por no haber sido tomada en cuenta en el mismo, con mayor razón si forma parte de un litisconsorcio activo bien determinado en el libelo. Es la consecuencia del cumplimiento de las formalidades, que las normas procesales han previsto para garantizar que todos los litisconsortes, sus representantes y el Ministerio Público, tengan conocimiento de sus derechos a intervenir en el juicio, porque de lo contrario se les cercenaría toda oportunidad para alegar todo cuanto consideren perteneciente para hacer valer sus derechos, y se les negaría todo medio de defensa.
En consecuencia, la recurrida al no ordenar de oficio la reposición de la causa al estado de que se admita nuevamente la demanda con inclusión de los cinco (5) litisconsortes demandantes, designarle un representante legal en el mismo acto a la co-demandante DEIPSI ELIZABETH CHACÓN CONTRERAS adolescente- y, notificar al Ministerio Público, violó por falta de aplicación los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, que imponen reponer la causa cuando verifique la existencia de un acto nulo; violó también por falta de aplicación del artículo 341 ejusdem, al no actuar conforme al supuesto de esa norma, la cual está revestida de eminente orden público, que no puede ser relajada ni por las partes aún de acuerdo ni por el órgano jurisdiccional, y, violó, igualmente por falta de aplicación, el artículo 15 ejusdem al obviar la exclusión de la precitada adolescente en el auto de admisión y no ordenar corregir la falta con la indicada reposición, quebrantando de esa manera formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de la defensa de las partes y de la prenombrada litisconsorte, cuestión de eminente orden público.
Por todo cuanto he expuesto, respetuosamente solicito a esta augusta Sala que declare con lugar la presente denuncia, REPONGA
Del contenido de la denuncia supra transcrita advierte
Para decidir,
En el sub iudice el recurrente arguye que el ad quem debió reponer la causa al estado de nueva admisión de la demanda, toda vez que el auto proferido a tales fines en fecha 3 de septiembre de 2004 por el tribunal de cognición, es nulo, pues carece de tres formalidades, según sus dichos, esenciales para su validez. En ese sentido, el formalizante explica que, en primer lugar, dicho pronunciamiento contiene de manera incompleta la identificación de los accionantes, pues no hace mención de la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón Contreras, lo cual, según sus dichos, se tradujo en negativa de admisión de la demanda con respecto a ella; en segundo lugar, porque omite designar para la predicha adolescente un curador especial; y en tercer lugar, dada la falta de notificación a
Finalmente, el recurrente, quien, se repite, actúa con el carácter de apoderado judicial del accionado, a los fines de demostrar el efecto que produjo el aducido quebrantamiento de formas procesales, es decir, el menoscabo del derecho a la defensa, lo que supondría la nulidad de la recurrida, manifiesta que las supuestas deficiencias contenidas en el auto de admisión de la demanda, supra enumeradas, quebrantaron, no a él sino a la adolescente codemandante los derechos que ella tiene a la defensa, a ser juzgada por sus jueces naturales, a ser oída y al debido proceso.
Esto último señalado conlleva a analizar la siguiente situación, y es que quien recurre en casación es el demandado pretendiendo la nulidad de la sentencia y la reposición de la causa, bajo un aducido quebrantamiento de formas procesales que estarían regidas por el orden público en menoscabo del derecho a la defensa, pero de un sujeto procesal distinto al formalizante, específicamente de uno de sus contraparte (la adolescente).
En cuanto al menoscabo del derecho a la defensa, esta sede casacional considera relevante, reiterar el criterio que tiene establecido al respecto, así, entre otras, en sentencia N° 185, de fecha 25 de abril de 2003, expediente N° 2001-000050, en el caso de Instituto Municipal de Crédito Popular del Municipio Libertador contra Cira Clínica de Cirugía Ambulatoria C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, se estableció:
...La indefensión o menoscabo del derecho de defensa, según la doctrina, es la consagración del principio que se denomina equilibrio procesal. Pues bien, así como en el artículo 421 del Código anterior, la indefensión o menoscabo del derecho a la defensa era causal de casación, en el vigente también ocurre lo mismo según se desprende del ordinal 1º del artículo 313, al expresar:
...Se declarará con lugar el recurso de casación: 1º Cuando en el proceso se haya quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa.....
Según el maestro de maestro Humberto Cuenca, en su obra, Curso de Casación Civil. Tomo I. Pág. 105.
...se rompe la igualdad procesal cuando: Se establecen preferencias y desigualdades; se acuerdan facultades, medios o recursos no establecidos por la ley o se niegan los permitidos en ella; si el juez no provee sobre las peticiones en tiempo hábil en perjuicio de una parte; se niega o silencia una prueba o se resiste a verificar su evacuación; en general cuando el Juez menoscaba o excede sus poderes de manera que rompe el equilibrio procesal con perjuicio de un litigante....
Por su parte,
(...Omissis...)
En conclusión, existe indefensión cuando el juez priva o limita el ejercicio por las partes, de los medios y recursos que
En este sentido es importante destacar que la recurrida, atendiendo precisamente la intervención en el juicio de la adolescente como accionante, y a la solicitud de reposición de la causa planteada por el accionado en la oportunidad de rendir informes ante la alzada, procedió a acordarla en los siguientes términos:
...En este orden de ideas, al analizar las actas procesales se observa que en el libelo de demanda, corriente a los folios 01 al 15, se presenta como parte actora la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón Contreras, demandando por anticipación de comunidad hereditaria a su padre Jorge Antonio Chacón Chacón en su carácter de cónyuge sobreviviente y heredero de la causante Ana Mercedes Contreras de Chacón, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 177, parágrafo segundo, literal c) y en apego a los criterios jurisprudenciales antes expuestos, es forzoso concluir que el Tribunal de Primera Instancia Civil es el competente para el conocimiento de dicha causa. Así se decide.
Respecto a la solicitud de reposición de la causa en virtud de la falta de representación legal de la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón Contreras, se observa, en el libelo de demanda que la misma actúa como codemandante en la presente causa, asistida por el abogado Daniel Enrique Pérez Rojas, de conformidad con los postulados de los artículos 85 al 88 de
(...Omissis...)
Del contenido de las normas supra transcritas, se desprende la posibilidad de que los adolescentes ante los órganos de administración de justicia en defensa de sus derechos e intereses, ya que los mismos tienen capacidad para ejercer directa y personalmente dicho derecho, lo cual está consagrado también en
(...Omissis...)
De las normas transcritas ut supra y del criterio jurisprudencial precedentemente señalado, se desprende la potestad de los adolescentes de ejercer directamente el derecho de acceso a la justicia, pudiendo requerir del Estado la prestación jurisdiccional o tutela judicial de sus derechos, sin que con ello se les conceda plena capacidad procesal a los mismos, ya que como bien lo señala la norma especial que rige la materia en su artículo 457, ésta debe integrarse por su representante legal conforme a los artículos 13 y 348 eiusdem, y en caso de que existan intereses contrapuestos entre éstos y su representante legal, debe designárseles un representante judicial por el Juez, con la finalidad de proseguir con el procedimiento respectivo una vez planteada la solicitud o petición directa y personalmente por el adolescente con la prescindencia inicial de representante.
(...Omissis...)
De la norma anteriormente señalada se colige, que en caso de instaurarse demanda por un adolescente en forma directa y personal, es decir, con exclusión de representante legal, ya sea por defecto de éste o por existir intereses contrapuestos entre ambos, es deber del juez designarle al adolescente un representante judicial para que le otorgue asistencia al niño o adolescente en la continuación del proceso.
(...Omissis...)
Es decir, que queda la existencia de contraposición de intereses entre la adolescente codemandante y su padre único representante legal, y pudiendo ésta proceder a instaurar demanda en su contra de manera personal y directa, es decir, con exclusión inicial de representante legal, como en efecto lo hizo, se origina el deber del Juez de la causa de nombrarle a la referida adolescente un curador especial, con la finalidad de que la misma esté debidamente asistida durante el proceso.
En razón de lo expuesto, por cuanto
En cuanto al tercer alegato relativo a la falta de notificación del fiscal del Ministerio Público, es necesario señalar lo siguiente:
Del libelo de demanda se desprende que la acción intentada por los demandantes consiste en una demanda de partición, instaurada con fundamento en el artículo 770 del Código de Procedimiento Civil, así con el artículo 822 del Código Civil... (Negrillas de lo transcrito).
De lo anterior se desprende que si bien el formalizante posee la cualidad requerida para acceder ante esta sede casacional, pues la recurrida constituye una definitiva formal que por su naturaleza podría eventualmente causarle algún gravamen, de lo que deviene su interés manifiesto en impugnar el fallo de alzada; no ocurre lo mismo con la delación planteada, toda vez que el recurrente carece de legitimidad para aducir los supuestos quebrantamientos, antes referidos, ya que en modo alguno los invoca como perjuicios propios, en razón de los cuales a él se le hubiere desfavorecido, limitado o privado en el ejercicio de los medios para la mejor defensa de sus derechos e intereses, y lo mas importante, que le provocaren indefensión.
Esto constituye razón suficiente para desechar la presente denuncia; sin embargo esta Sala considera oportuno hacer algunas consideraciones respecto a las supuestas deficiencias supra referidas contenidas en el auto de admisión de la demanda, en razón al vicio aducido y a que ciertamente dentro del litis consorcio activo que conforma la causa, se encuentran involucrados los intereses de un sector de la sociedad especialmente protegido por el Estado, como son, los adolescentes.
En este orden de ideas, estima oportuno esta sede casacional resaltar el criterio que tiene establecido en cuanto a la finalidad útil que debe perseguir la aplicación de la institución procesal de la reposición, señalado, entre otras, en decisión N° 669, de fecha 20 de julio de 2004, Exp. N° 2003-001069, en el caso de Giuseppina Calandro de Morelly contra Desarrollos Caleuche, C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, en la cual se asentó:
...En cuanto a la finalidad útil que debe perseguir cualquier reposición de una causa,
Sobre el punto de cuando debe y cuando no, ordenarse la reposición de la causa,
En primer lugar, es importante destacar que de la identificación de los demandantes contenida en el auto de admisión de la demanda proferido el 3 de septiembre de 2003 por el tribunal de cognición, si bien es cierto que se omitió la correspondiente a la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón, ello constituye un error material, toda vez que en el mismo pronunciamiento se dejó asentado que la causa igualmente se encontraba constituida por una menor de edad.
Veámoslo:
...Recibida por Distribución, proveniente del Juzgado Segundo de primera Instancia en lo Civil, mercantil y del Tránsito de
Del texto trasladado se evidencia que la demanda por partición fue admitida y, contrario a lo señalado por el recurrente, en lugar alguno de su contenido fue negada para la accionante Deipsi Elizabeth Chacón Contreras, lo cual, además, en cualquier caso dicha negativa debe ser mediante pronunciamiento expreso del sentenciador. De otro lado, también se verifica que a los fines de hacerle saber al accionado de la predicha demanda, se ordenó anexar conjuntamente con la orden de comparecencia copia certificada del libelo, esto dicho implica que al recibirla al demandado se le puso en conocimiento de quienes intentaron la acción en su contra.
En lo atinente al alegato referido a la falta de notificación del Fiscal del Ministerio Público, lo que según los dichos del formalizante contravino la norma legal prevista en el artículo 170, literal c de
Artículo 170:
...Son atribuciones de Fiscal del Ministerio Público para la protección del niño y del adolescente:
(...Omissis...)
c) defender el interés del niño y del adolescente en procedimientos judiciales o administrativos....
Artículo 172:
...La falta de intervención del Ministerio Público en lo juicios que la requieran implica la nulidad de éstos... (Subrayado y negrillas de
De las normas supra transcritas y partiendo del hecho que se trate de juicios en los que se encuentren involucrados los intereses de niños, niñas y adolescentes, se colige que para algunos de estos casos, resulta obligatoria la notificación del Fiscal del Ministerio Público como órgano fundamental dentro del sistema de protección, para que intervenga en aquellos de buena fe, a los fines de resguardar las disposiciones de orden público contenidas en la mencionada ley especial, la cual tiene como propósito materializar la protección que brinda el Estado a estos sujetos de derecho, so pena de nulidad de la causa en caso de faltar tal notificación.
Ahora bien, igualmente puede suceder que aún constando en autos la participación del niño, la niña o el adolescente en juicio, se trate de asuntos en los cuales la ley no exija la intervención del Ministerio Público, pues si bien éste puede interesarse, dado el predicho carácter de órgano de protección, no es necesaria su notificación por lo que, mal podría entonces aplicarse por esa razón la nulidad de la causa.
En ese orden de ideas se ha pronunciado este Alto Tribunal en su Sala Constitucional, mediante sentencia que esta sede casacional se permite transcribir. Así, en fallo de la prenombradas Sala, del 15 de mayo de 2002, decisión N° 936, expediente N° 01-2612, en el recurso de amparo interpuesto por Lourdes Fernández, se estableció:
...La madre alegó, en la audiencia pública oral, que el Ministerio Público no fue notificado de la admisión de su demanda, lo que acarrea la nulidad del proceso, según el artículo 172 de
Dicho alegato fue rebatido por la supuesta agraviante, quien argumentó que
Para la decisión del punto controvertido,
(...Omissis...)
La demandante, al parecer, ha interpretado, de los artículos que fueron transcritos, que es necesaria la notificación del Ministerio Público en todos los procedimientos de menores, so pena de nulidad. Sin embargo,
Conforme con las razones precedentemente expuestas, observa esta Sala que en el sub iudice, mal puede considerarse la infracción de los artículos 170, literales c y g, y 172 eiusdem, pues el sub iudice no se trata de un juicio en los cuales la ley ordene la intervención necesaria del Ministerio Público, caso en el cual si se habría quebrantado el orden público procesal.
Finalmente, observa esta máxima jurisdicción que en cuanto a la aducida falta de nombramiento de representante judicial a la adolescente accionante, ciertamente no consta en autos que en el transcurso del proceso se le hubiere designado un representante judicial. Ahora bien, por su parte la recurrida, precedentemente transcrita, ordena que, previa a la continuación de la causa, y en razón de su reposición al estado de promoción de pruebas, le sea designado un curador especial al adolescente, toda vez que teniendo los adolescentes la potestad de ejercer directamente el derecho de acceso a la justicia con prescindencia inicial de representante judicial, para los demás actos del proceso tales como, promoción de pruebas e informes, se hace necesario que se encuentre debidamente asistido, en atención al principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente.
En este orden de ideas, respecto a la capacidad que otorga el artículo 87 de
...Dispone a la letra el artículo 87 de
Artículo 87.-Derecho a
Todos los niños y adolescentes tienen derecho a acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. Todos los adolescentes tienen plena capacidad de ejercer directa y personalmente este derecho.
Para el ejercicio de este derecho, el Estado garantiza asistencia y representación jurídica gratuita a los niños y adolescentes que carezcan de los medios económicos suficientes.
Señala la exposición de motivos de
(...Omissis...)
Por otro lado y a mayor abundamiento, siendo la norma en análisis una disposición de carácter general, debe
Observa
En tal sentido, debe observarse que a los niños y adolescentes a partir de la promulgación de
Empero, no debe considerarse que el ejercicio del derecho en referencia concede plena capacidad procesal, pues como lo refiere
En ese orden queda interpretada la norma jurídica componente del presente recurso...(Subrayado de
En aplicación del texto trasladado al sub iudice, donde se configuran los mencionados intereses contrapuestos entre la adolescente demandante y su representante legal (padre) quien es el demandado, siendo que tal como acertadamente dispuso el ad quem, el artículo 87 eiusdem reconoce a los predichos sujetos especiales la facultad que tienen de acudir ab initio de manera directa y personal ante la vía jurisdiccional para plantear la defensa de sus derechos e intereses, lo cual posteriormente debe perfeccionarse con un representante judicial designado por el juez, considera
Con base en los razonamientos anteriores, es concluyente para esta Sala afirmar que en el caso bajo análisis no se incurrió en quebrantamiento del orden público procesal denunciado. En consecuencia, la denuncia formulada es improcedente por no haber infracción de los artículos 15, 206, 208, 146, 341, 129 y 131 ordinal 5°, todos del Código de Procedimiento Civil, como tampoco de los artículos 170 literales c y g, 172 y 457 de
II
Bajo el título ...INFRACCIONES COMETIDAS POR
Alega que:
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CAPÍTULO I
INCONGRUENCIA NEGATIVA O CITRAPETITA
Con base en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción del ordinal 5º del artículo 243, en consecuencia con el artículo 12 del mismo Código.
En el escrito de informes que presenté ante
(...Omissis...)
Más adelante en el mismo escrito de informes que presenté ante el ad quem, preciso sobre el Tribunal que debe conocer sobre la presente causa, así:
Si bien es cierto que
En este sentido el Código Civil, en el artículo 270, nos presenta que:
(...)
Disposición legal que la jueza a-quo tampoco consideró a los fines de hacer prevalecer los derechos e intereses de la precitada adolescente.
Nótese que en el presente caso la competencia está referida especialmente al Juez de Menores, a pesar de que está consagrada en una ley ordinaria (artículo 270 del Código Civil), no especial, que remite a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción especial de protección del niño y del adolescente.
No obstante, lo precedentemente expuesto, la propia Ley Orgánica Para (Sic)
Artículo 177.- Competencia de
...omissis
Parágrafo segundo: Asuntos patrimoniales y del trabajo:
a)Administración de los bienes patrimoniales de los hijos:
b) Conflictos Laborales;
c) Demanda contra los niños y adolescentes;
d)Cualquier otro afin a esta naturaleza que deba resolverse judicialmente.
La jurisprudencia de
a)CUANDO EXISTE CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE PADRES E HIJOS Y EN CONSECUENCIA, LOS MENORES CARECEN DE REPRESENTACIÓN,
(Omissis)
DISTINTO ES
Por otras parte, debo destacar que, en mi escrito de observaciones a los informes particularmente a los folios 276 y 277- dejé bien claro lo siguiente:
(...Omissis...)
En su decisión la recurrida transcribió el dispositivo del fallo de la a quo (folio 292) así:
(...Omissis...)
La jueza ad quem al decidir, no se atuvo a las peticiones, alegatos o defensas opuestas en el escrito de informes. Por consiguiente, se trata de un defecto de actividad, concretamente, de vicio de la sentencia por incongruencia.
Una vez más, considero oportuno reiterar la doctrina de esta Honorables Sala sobre dicha materia. En efecto estableció en su sentencia nº 434 el 15 de noviembre de 2002 (caso: Pedro Azuaje) lo siguiente:
(...Omissis...)
En este sentido, la incongruencia adoptó la modalidad de incongruencia negativa o citrapetita, porque
No obstante a ello,
(...Omissis...)
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243 ordinal 5º- y 244 del Código de Procedimiento Civil.
(...Omissis...)
Como lo sostuve anteriormente, la sentencia recurrida, no evidencia pronunciamiento alguno referente al alegato de que no es el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito sino el Juzgado de protección del Niño y del Adolescente, el competente para conocer la presente causa (Ver CAPÍTULO II de mis informes ante la alzada, folios
Las razones expuestas demuestran claramente la existencia de la infracción arriba señalada. Sin lugar a dudas dichas infracción fue determinante del dispositivo de la demanda.
Por lo expuesto, solicito respetuosamente, Ciudadanos Magistrados, declaren CON LUGAR la infracción denunciada en este capítulo... (Cursiva, mayúscula, negrillas y recuadro con texto es de lo transcrito).
Para decidir,
De la delación supra transcrita, esta Sala evidencia la deficiencia advertida precedentemente respecto al planteamiento de la denuncia, pues en ésta existe falta de correspondencia entre el título y el vicio señalado por el formalizante, toda vez que al endilgar el quebrantamiento del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil se denuncian supuestos por defecto de actividad (y no por infracción de ley) que como tal deben invocarse desde el principio, cuestión que el recurrente se abstuvo de formular bajo esa forma.
No obstante la falta observada, aplicando el criterio flexibilizante de esta Sala de Casación Civil en acatamiento al mandato constitucional contenido en los artículos 26 y 257 de
Ahora bien, delata el formalizante que ante la alzada, en la oportunidad de rendir informes, advirtió sobre una supuesta incompetencia del tribunal a quo para conocer y decidir la causa, en atención a que entre los accionantes quienes la conforman se encuentra la adolescente, anteriormente identificada, por lo que el juicio debió tramitarse a través de la jurisdicción especial del niño y del adolescente; cuestión ésta sobre la competencia que, según los dichos del recurrente, el sentenciador de alzada omitió pronunciarse, de lo cual deviene la aducida incongruencia negativa.
En el referido escrito de informes, el recurrente señala:
...Si bien es cierto, que
Por su parte, el juzgador de segundo grado en atención al predicho alegato de incompetencia por la materia, en la recurrida estableció:
...El apoderado judicial de la parte demandada apelante, en su escrito de informes presentado ante esta alzada, solicita como punto previo la reposición de la causa al estado de admisión de la demanda y, en consecuencia, que se declare la nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales cumplidas a partir del auto de admisión dictado por el Juzgado de la causa en fecha 03 de septiembre de 2003, alegando que la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón Contreras no tiene representación legal para actuar en juicio, existiendo contraposición de intereses entre ella como demandantes y su padre como demandado, por lo que la misma está sujeta a que se le conceda el régimen especial de protección del niño y de adolescente previsto en
En consecuencia, entra esta alzada a resolver como punto previo, los alegatos anteriormente señalado, realizados por la representación judicial de la parte demandada apelante.
En primer término, debe dilucidar lo relativo a la supuesta incompetencia del Juzgado a quo para conocer la presente causa.
En este sentido,
(...Omissis...)
Al respecto, se ha pronunciado nuestro Máximo Tribunal. Así,
(...Omissis...)
En el mismo sentido se ha pronunciado
Así en decisión de fecha 7 de marzo de 2002, al decidir sobre un conflicto negativo de competencia, planteado en el juicio por participación y liquidación de comunidad conyugal seguido por la ciudadana ELEIDA MARGARITA GUZMÁN ROMERO, contra el ciudadano FREDDY ANTONIO GARCÍA PÉREZ, expresó.
(...Omissis...)
En este orden de ideas, al analizar las actas procesales se observa que en el libelo de demanda, corriente a los folios 01 al 15, se presenta como parte actora la adolescente Deipsi Elizabeth Chacón Contreras, demandando por participación de comunidad hereditaria a si padre Jorge Antonio Chacón Chacón en su carácter de cónyuge sobreviviente y coheredero de la causante Ana Mercedes Contreras de Chacón, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 177, Parágrafo Segundo, literal c) y en apego a los criterios jurisprudenciales antes expuestos, es forzoso concluir que el Tribunal de Primera Instancia Civil es el componente para el conocimiento de dicha causa. Así se decide... (Mayúscula de los transcrito).
Del texto supra trasladado esta sede casacional constata que la recurrida, contrario a lo denunciado por el formalizante, se pronunció sobre la supuesta incompetencia por la materia del tribunal de cognición para decidir la causa, desechando tal alegato sobre la base de lo dispuesto en el artículo 177, Parágrafo Segundo, literal c de
De lo anterior, es concluyente afirmar que la recurrida lejos de incurrir en omisión de pronunciamiento, confirmó la competencia de la jurisdicción civil ordinaria para conocer el asunto planteado. Así se decide.
Además considera oportuno
En este sentido, es importante destacar el criterio que tiene establecido esta Sala cuando figuren niños, niñas o adolescentes como demandantes en juicio, así entre otras, en decisión N° 179, de fecha 9 de septiembre de 2003, Exp. N° 2003-000643, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:
...Ahora bien, a los fines de determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer la presente causa, es menester tener presente que la acción ha sido intentada por una persona mayor de edad, actuando en su propio nombre y en el de su menor hija y, en tal supuesto, la ley es sumamente clara al determinar la competencia en materia especial de Protección del Niño y al Adolescente. En efecto,
En este sentido,
...En el caso bajo estudio, la demanda intentada está referida a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de tránsito, acción en la que si bien es cierto se encuentra involucrado un menor de edad, éste no es el único sujeto activo de la pretensión.
Sobre este asunto, considera oportuno esta Sala, destacar lo establecido en sentencia de Sala Plena de fecha 24 de octubre de 2001, (caso: Bertha Elena Reyes y otros contra Sociedad Anónima Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), en cuanto a la competencia para conocer de las causas en las cuales los menores y adolescentes funjan como demandantes, en la cual se precisó lo siguiente:
...Es por ello que, a juicio de
En aplicación de la jurisprudencia supra transcrita al sub iudice, es concluyente determinar que por cuanto la naturaleza de la acción intentada es eminentemente civil en la cual, la adolescente involucrada se encuentra como demandante, el conocimiento de la acción intentada es de la competencia única de la jurisdicción civil ordinaria. Así se decide.
Con base en todos los razonamientos anteriores, esta Sala considera que la denuncia formulada es improcedente, por consiguiente no existe la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia de
De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena a los recurrentes al pago de las costas procesales del recurso, a los accionantes, por haber dejado perecer el que ejercieron, y a los demandados por la declaratoria sin lugar del suyo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
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CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta,
_________________________
YRIS PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
____________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Magistrado,
_______________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2004-000763
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