Venley

Sentencia N.º RC.00148

Sentencia
N.º RC.00148
Fecha
30/03/2009
Sala
Casación Civil
Expediente
08-714
Ponente
Luis Antonio Ortiz Hernández
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2008-000714

 

 

Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández

 

 

En el juicio por indemnización de daños y perjuicios materiales y morales, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por la ciudadana RUBIA ELENA NUÑEZ SÁNCHEZ viuda de QUINTERO, patrocinada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Lorena Beatriz Vargas Hernández, Nancy Labarca de Boscan, Miguel R. Uban Ramírez, Roberto de Jesús Delgado García, Miguel R. Uban Vera, José Gregorio Sánchez y Reidelmix Barrios Matheus, contra la ciudadana OLEIDA ROSA HERNÁNDEZ DELGADO, patrocinada judicialmente por el abogado en ejercicio de su profesión Iván Carruyo Márquez; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2008, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia definitiva de fecha 9 de junio de 2003, confirmando la misma, con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia interlocutoria de fecha 19 de septiembre de 2003, la cual anuló; con lugar la oposición al decreto de medida preventiva, revocado el auto que la acordó y levantó la medida, condenando en costas por la sentencia definitiva a la parte demandada, y por la sentencia interlocutoria de las medidas a la parte demandante.

 

Contra la preindicada sentencia la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:

ÚNICO

CASACIÓN DE OFICIO

En garantía del legítimo derecho que poseen las partes a la defensa y libre acceso a los órganos de administración de justicia para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva de los mismos y el de petición, consagrado en los artículos 49, numeral 1, 26 y 51, todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, esta Sala en sentencia numero 22 de fecha 24 de febrero del 2000, expediente numero 99-625, caso Fundación para el Desarrollo del estado Guarico (FUNDAGUÁRICO) contra José Milagro Padilla Silva, determinó que conforme a la disposición legal prevista en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y al principio constitucional establecido en el articulo 257 de la precitada Constitución, referido a que "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia..."., tiene la prerrogativa para extender su examen hasta el fondo del litigio, sin formalismos, cuando se detecte la infracción de una norma de orden público o constitucional.

 

En este sentido, con el fin de aplicar una recta y sana administración de justicia, la Sala procede a obviar las denuncias articuladas en el presente recurso, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por el recurrente. De allí que, con fundamento en lo anterior y autorizada por la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil hará pronunciamiento expreso, para casar el fallo recurrido con base en infracciones de orden público y constitucional, encontradas en el caso bajo estudio.

 

         El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso” y el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil consagra el derecho de defensa, la igualdad de las partes en el proceso, sin preferencias ni desigualdades y no permitir ni permitirse extralimitación de ningún género.

 

         La indefensión o la ruptura del equilibrio procesal debe ser imputable al Juez, y ocurre cuando en el procedimiento, se le impide a la parte el ejercicio de alguno de los medios legales en que puedan hacerse valer los derechos propios de los litigantes.

 

         En sentencia de fecha 19 de diciembre de 1968, ratificada el 24 de febrero de 1994, mediante fallo Nº 48, expediente Nº 1992-87, caso: Banco de Lara C.A. contra Agropecuaria La Ñapa C.A. y en relación con las medidas preventivas típicas que consagra el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, (hoy 588), la Sala expresó: “...El decreto que acuerda dichas medidas y la oposición que eventualmente se formula contra ellas, constituirán incidencias autónomas. Dicho decreto y oposición correspondiente se sustancian y deciden en cuaderno separado; no suspenden el curso de la causa principal la articulación sobre dichas medidas; no influyen así mismo, sobre la cuestión de fondo a decidir, ya que allí lo discutido es una materia diferente a la del juicio principal...” y más adelante agrega que “...las sentencias dictadas en las oposiciones u otras incidencias sobre medidas preventivas, son interlocutorias que tiene claramente fuerza de sentencias definitivas, en cuanto al fundamento de la oposición misma...”

 

         Además de lo expuesto, esta Sala, en sentencia de fecha 29 de marzo de 1984, expresó: “...La tramitación en cuaderno separado de las medidas preventivas es, conforme al artículo 383 del Código de Procedimiento Civil (hoy 604), de imperiosa necesidad, pues si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total...”

Todo lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, en lo que respecta a la obligatoria tramitación separada del juicio principal y el cuaderno de medidas, destacándose que, mediante decisión Nº RC-1, de fecha 11 de enero de 2008, expediente Nº 2007-527, caso: José Andrés Rolas Tovar y otro, contra la sociedad mercantil Centro Médico Calabozo, C.A., se estableció lo siguiente:

 

“...Ahora bien, esta Sala en decisión N° 686 de fecha 25 de octubre de 2006, en el juicio seguido por Gcs Corporation C.A., contra Inversiones Monterosa, C.A., expresó lo siguiente:

 

“…cabe resaltar que la medida cautelar debe tramitarse en un cuaderno separado, ya que la violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa. La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto. Esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia, la eventual nulidad del fallo, por un motivo atinente a la cautelar o al juicio principal, generará la nulidad de ambos pronunciamientos al unísono, admitiéndose el recurso en ambos efectos por tratarse de una sentencia definitiva. De esta forma, se distorsiona la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y casación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.

 

Sobre este particular, esta Sala en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, en el juicio seguido por Elízabeth Coromoto Rizco Dicuru y otra contra La Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, expediente N° 98-055, sentencia N° 421), expresó lo siguiente:

 

“...Considera la Sala que en la recurrida se incurre en subversión del procedimiento, pues el juez no podía sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la incidencia de oposición a la medida precautelativa y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia.

 

Por imperativo legal, tanto en el Código de Procedimiento Civil derogado (art. 386) como en el Código de Procedimiento Civil vigente, la articulación como la incidencia sobre medidas preventivas cualquiera que ella sea, se tramitarán y decidirán en cuaderno separado e independiente del juicio principal. La doctrina patria así lo enseña cuando expresa:

 

‘Ya hemos dicho que la articulación sobre las medidas preventivas, así como la originada por la oposición de tercero, se sustancian, no sólo en un mismo expediente distinto del de la causa principal, sino independientemente de ella, cuyo curso no suspenden. Así lo requiere la brevedad del procedimiento, que de otro modo sufriría inútiles retardos. Bajo el imperio del Código de Aranda, la articulación suspendía el procedimiento en lo principal, cuando se hallaba pendiente al concluir en éste el término probatorio, pues no se procedía a examinar las pruebas, ni a dar sentencia en lo principal hasta después de librada la correspondiente a la incidencia. Carecía en verdad de objeto semejante suspensión, pues la confirmación o revocatoria de las medidas preventivas no tiene influencia alguna sobre la cuestión de mérito.

 

El cuaderno especial de estas articulaciones y de la oposición de tercero que en ellas hubiere sido promovida, es parte, sin embargo, del expediente de la causa, y siendo una de sus piezas, deberá agregarse a él, cuando aquéllas se hayan terminado.’

 

En consecuencia, al sentenciar el juez de la recurrida en un mismo fallo la incidencia sobre la medida preventiva y decidir el fondo del asunto, infringió los artículos 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil.

 

El primero, relativo a la obligación de mantener a las partes en sus derechos privativos de cada uno sin preferencias ni desigualdades, y el segundo, al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado...”. (Subrayado de la Sala).

 

Del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende que la incidencia de medida cautelar debe sustanciarse en cuaderno separado independientemente del cuaderno principal, a los fines de que la misma sea decidida en primera instancia, a través de un fallo que pueda ser susceptible del ejercicio, del recurso procesal de apelación.

 

En tal sentido, observa esta Sala, en el caso in comento una subversión procesal, por motivo, que el juzgador de alzada al evidenciar el error procesal en que incurrió el juzgado de la cognición en la tramitación de la incidencia cautelar, como fue proferir decisión de la misma en la sentencia de mérito, ante tal situación, en lugar de acordar una reposición y nulidad de la causa, a los fines de rectificar la situación evidentemente anómala, convalidó dicho error y emitió pronunciamiento respecto a la apelación interpuesta en relación a la medida cautelar innominada solicitada por los demandantes.

 

En consecuencia, por los razonamientos anteriormente expuestos y en aplicación a la jurisprudencia de esta Máxima Jurisdicción, la Sala considera procedente la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 7, 15, 22, 206, 208, 245 y 604 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, declarará la nulidad de la sentencia de primera instancia de fecha 16 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, así como todas las actuaciones posteriores a esa sentencia, incluyendo la recurrida en casación, por tanto se ordena reponer la causa al estado de que vuelva a decidirse en primera instancia, tanto el juicio principal, como la incidencia de medida cautelar innominada solicitada por los demandantes. Así se decide. (Subrayado del fallo citado).

 

         En el caso de especie, ha ocurrido una situación similar al citado en la doctrina transcrita, que la Sala constata dada la índole del fallo. En efecto el Juez de la recurrida, como parte del fundamento de su decisión señala lo siguiente:

 

“...Por virtud de la distribución de Ley, corresponde conocer a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, de los recursos de apelación interpuestos por la ciudadana OLEIDA ROSA HERNÁNDEZ DELGADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.798.257, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, por intermedio de su apoderado judicial IVÁN CARRUYO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7.446, contra sentencia definitiva de fecha 9 de junio de 2003 y sentencia interlocutoria de fecha 19 de septiembre de 2003, ambas proferidas por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en el juicio que por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES sigue la ciudadana RUBIA NÚÑEZ de QUINTERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.763.055, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, contra la recurrente; decisiones éstas por medio de las cuales, el Juzgado a-quo declaró respectivamente: 1) Parcialmente con lugar la demanda incoada, condenando a la parte demandada al pago de la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.5.000.000,oo) por concepto de daño moral; y 2) Sin lugar la oposición formulada contra el decreto de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar.

Apeladas dichas decisiones y oído los recursos en ambos y en él solo efecto devolutivo respectivamente, este Tribunal procede a dictar sentencia, previa realización de las siguientes consideraciones:

 

 

PRIMERO

DE LA COMPETENCIA

 

 

Este Tribunal resulta competente para conocer de las sentencias de los presentes recursos de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 294 y 295 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la acumulación referida en el artículo 291 eiusdem, por ser este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el Tribunal de Alzada competente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma localidad y circunscripción judicial. Y ASÍ SE DECLARA.

 

 

 

SEGUNDO

DE LA DECISIÓN APELADA

 

La decisiones apeladas se contraen a sentencias definitiva e interlocutoria de fechas 9 de junio y 19 de septiembre de 2003 respectivamente, según las cuales, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma circunscripción judicial, declaró respectivamente: 1) Parcialmente con lugar la demanda incoada, condenando a la parte demandada al pago de la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.5.000.000,oo) por concepto de daño moral; y 2) Sin lugar la oposición formulada contra el decreto de medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar; fundamentándose en los siguientes términos:...” (Negrillas del fallo citado, y cursivas subrayadas de la Sala).

 

         Para concluir con el dispositivo siguiente:

 

“...DISPOSITIVO

 

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley en el juicio que por INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MATERIALES Y MORALES sigue la ciudadana RUBIA NÚÑEZ de QUINTERO contra la ciudadana OLEIDA ROSA HERNÁNDEZ DELGADO, declara:

 

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la ciudadana OLEIDA ROSA HERNÁNDEZ DELGADO, por intermedio de su apoderado judicial IVÁN CARRUYO, contra sentencia definitiva de fecha 9 de junio de 2003, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en consecuencia, SE CONFIRMA la aludida decisión, de conformidad con los términos explanados en el presente fallo.

 

SEGUNDO: CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por la misma ciudadana OLEIDA ROSA HERNÁNDEZ DELGADO, por intermedio de su apoderado judicial IVÁN CARRUYO, contra sentencia interlocutoria de fecha 19 de septiembre de 2003, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en derivación, SE ANULA la referida resolución.

 

TERCERO: CON LUGAR la oposición al decreto de la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar decretada mediante auto de fecha 30 de septiembre de 1999 proferido por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en consecuencia SE REVOCA el referido auto y, SE LEVANTA la singularizada medida cautelar, todo ello de conformidad con los términos explanados en el presente fallo.

 

Se condena en costas a la parte demandada-recurrente por haberse confirmado la decisión definitiva de fecha 9 de junio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, y por otro lado, se condena en costas a la parte demandante por haber resultado totalmente vencida en la incidencia de medidas cautelares suscitada en la presente causa, ello con base a lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil...” (Destacados de la decisión transcrita).

 

De la sentencia recurrida se desprende palmariamente, que el Juez apoyándose en la disposición contendida en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, acumuló la apelación ejercida contra la sentencia definitiva dictada en el cuaderno principal, con la apelación ejercida contra la decisión interlocutoria pronunciada en el cuaderno de medidas, y dictó un solo fallo arropando ambos pronunciamientos.

 

         Considera la Sala que el Juzgador ad-quem ha incurrido en error en la interpretación de la disposición legal donde apoyó su criterio, -caso clásico de falta de la más básica hermenéutica jurídica-, pues esta regla legal se refiere a las interlocutorias que resuelvan las incidencias surgidas dentro del juicio y en modo alguno a las interlocutorias sobre medidas preventivas, que, como ya se dijo, son autónomos, pues su tramitación se realiza en cuaderno separado, dado que, si se le une al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total.

 

         Esta conducta condujo al Juez Superior a violentar disposiciones de orden público y constitucionales, como son lo estatuido en los artículos 15 y 291 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 49 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cercenando el derecho de defensa a la parte contra quien se produjo la medida e infringiendo disposiciones de orden público, al subvertir el procedimiento, como son las reglas consagradas en el Código de Procedimiento Civil. Dado que como señala la Sala, “...es doctrina inveterada, diuturna y pacífica de este Supremo Tribunal de Justicia, -la cual queda aquí ratificada- desde el 24 de diciembre de 1915: “QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO”. (Memórias de 1916, Pág. 206. Sent. 24-12-15. -Ratificada: G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sent. 7-12-61; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589. Sent. 22-05-74; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sent. 15-11-78; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sent. 29-07-81; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sent. 14-12-82)’ (cfr. CSJ, Sent. 4-5-94, en Pierre Tapia, O.: ob. cit. N° 5, p. 283). (Fallo Nº RC-848, del 10 de diciembre de 2008, expediente Nº 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, contra la sociedad mercantil SERVIQUIM C.A. y otra.) (Destacados del fallo transcrito).

 

         De igual forma el Juez de Alzada violó lo estatuido en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, “...al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado...”

 

         En consecuencia, juzga la Sala, que al acordar el Superior en su fallo una inepta acumulación en causas diferentes y procedimientos incompatibles, y luego decidirlas en una misma sentencia, infringió por errónea interpretación, -con total falta de exegética jurídica, que condujo a un clásico caso de falsa aplicación de la norma-, lo estatuido en los artículos 291 y 604 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, casa de oficio el fallo recurrido, y ordena al Juez Superior de Reenvío a quien corresponda, dicte nuevas sentencias separadas, en el cuaderno donde se tramitan las medidas preventivas, y la definitiva en el expediente principal. Así se decide.

 

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expresadas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2008. Como consecuencia de lo anterior, se ANULA dicha decisión y se REPONE la causa al estado, de que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva decisión sin incurrir en el vicio observado por esta Sala, acatando la orden dada en este fallo.

 

No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

 

________________________

YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA

 

 

 

Vicepresidenta,

 

 

______________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

 

Magistrado-Ponente,

 

 

__________________________

LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

 

Magistrado,

 

 

___________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

Secretario,

 

 

________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

Exp. AA20-C-2008-000714.

 

 

 

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