Venley

Sentencia N.º RC.00162

Sentencia
N.º RC.00162
Fecha
11/04/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
01-305
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En el procedimiento por cumplimiento de contrato de opción de compra-venta, iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por el ciudadano JORGE ENRIQUE TACORONTE LOPEZ, representado judicialmente por los abogados Jesús Vargas Gutiérrez, Héctor Vargas Tacoronte, Igor José Rojas y Ramón Elías Esculpi, contra el ciudadano ARTURO RODRIGO BRITO BLANCO, representado por los abogados Berta Elena de Salazar, Argenis José Lares, Alí Marcelo Ríos Herrera y Héctor Rafael Antoima Fernández; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 6 de noviembre del 2000, desestimando la apelación interpuesta por la representación de la parte demandada y confirmando la sentencia dictada en fecha 13 de agosto de 1998, por el tribunal de la causa, anteriormente identificado, que declaró con lugar la acción resolutoria y sin lugar la reconvención propuesta por la parte demandada, ordenando, en consecuencia, que la parte demandada procediera a la desocupación del inmueble objeto de la controversia.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial de la parte demandada, anunció y formalizó oportunamente, recurso de casación. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, siendo la oportunidad para decidir, lo hace esta Sala bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

-I-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, por carecer de los motivos de hecho y de derecho que la sustenten.

 

Al respecto, alega el formalizante:

 

“...La recurrida habla de la resolución de un contrato, pero no indica de que contrato se trata; ni de que contrato se pide la resolución; ni que obligaciones tenía cada uno de ellos; pues en ninguna parte del texto de la recurrida acepta que la demandada en su contestación aduce que se encuentra bajo la protección de EXCEPTIO NON ADIMPLETIS CONTRACTUS, del artículo 1168, pues la actora se había negado a venderle el inmueble, incumpliendo con su obligación, habiéndole impedido también el cumplimiento de las cláusulas contractuales, relacionadas con el pago del condominio y del derecho de frente.

 

En todo el texto analizado de la Sentencia recurrida, no ha determinado que contrato o a que contrato pertenece la resolución solicitada, si es un contrato principal o un contrato accesorio, ni tampoco cuales son las obligaciones derivadas del supuesto contrato cuya resolución se pide.

 

He sostenido y sostengo que hay in-motivación (sic) por parte de la recurrida ya que mi denuncia se apoya fundamentalmente en que la motivación de la recurrida es superficial, y porque así son también los motivos de la fundamentación acogida. En el Código de Procedimiento Civil vigente la exigencia de la motivación consiste en la expresión de los motivos de hecho y de derecho de la decisión. En todo caso cuando la motivación acogida es vaga, general y superficial, también la sentencia que la acoge resulta ser a su vez inmotivada.

 

En consecuencia, no habiéndose señalado en la recurrida los fundamentos de hecho y de derecho, de cual contrato es que se pide la resolución y de haber omitido los motivos de hecho y de derecho en forma expresa en que se fundamenta, ha infringido la norma señalada y es por ello que denuncio formalmente la violación por parte de la recurrida del Ordinal 4º, del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

En Sentencia Nº 57, de fecha 5 de abril del 2001, expediente Nº 00-390, con ponencia del Magistrado Dr. Franklín Arrieche, la Sala, estableció respecto al vicio de inmotivación, lo siguiente:

 

“...El vicio de inmotivación puede darse cuando: a) Se omite todo razonamiento de hecho o de derecho; b) Las razones del juzgador no tienen relación con el asunto decidido; c) Los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e insubsanables, o son tan vagos o absurdos, que impiden conocer el criterio seguido para decidir; y, d) Cuando se dejan de analizar las pruebas aportadas a los autos...”.

 

En este mismo sentido, la Sala por decisión Nº 241, de fecha 19 de julio del 2000, expediente Nº  99-481, con ponencia de quien suscribe, textualmente señaló:

 

“...El requisito de motivación impone al Juez el deber de expresar en la sentencia los motivos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido. Esta exigencia tiene por objeto: a) controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo; y b) garantizar el legítimo derecho de defensa de las partes, porque éstas requieren conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ellos...”.

 

En el caso de autos, el formalizante alega inmotivación del fallo por omisión de los motivos de hechos y de derecho que lo sustenten; sin embargo, la sentencia recurrida en sus partes pertinentes, textualmente expresa:

 

“...Alegó la parte actora que según documento autenticado ente la Notaría Pública Trigésima Sexta de Caracas, el 27 de Septiembre (sic) de 1.995, (sic) bajo el No. 5, Tomo 105, celebró un contrato de opción de compra venta, en el cual, se comprometió a vender al demandado, un inmueble constituido por un apartamento distinguido como C-11, ubicado en el piso 2, del Bloque No. 10, ubicado en la Urbanización Caricuao, sector UV 9 (sic), Parroquia Caricuao, Caracas...

 

Que dentro del término del contrato, incumplió el demandado su obligación de adquirir el inmueble en la fecha prevista, incumplió la obligación de pagar intereses, la de pagar gastos de condominio y derechos de frente; incumpliendo además la obligación que tenía de comunicar con sesenta días de anticipación que no compraría el inmueble y la de desocupar el inmueble vencido el término.

 

Invocó el contenido de los artículos 1160 (sic) y 1167 (sic) del Código Civil y, en consecuencia, procedió a solicitar la resolución del contrato, solicitando además del demandado que conviniera o fuera obligado a desalojar el inmueble, en pagar los intereses insolutos, el pago de daños y perjuicios que estimó en la suma de tres millones de bolívares y las costas y costos del presente juicio...(folios 215 y 216 del expediente.

 

En lo términos de la demanda y su contestación, es evidente que, lo que la parte actora solicitó de la demandada fue la resolución del contrato celebrado con la demandada, es decir, ejerció la acción prevista en el artículo 1167(sic) del Código Civil, según el cual, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra, puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo y, en ambos casos, optó la parte actora por la acción resolutoria.

 

En el mismo orden de ideas, es evidente que, independientemente de las calificaciones dadas por las partes a los hechos alegados, lo que adujo la demandada en su contestación es la EXCEPCIO (sic) NON  ADIMPLETIS CONTRACTUS, prevista en el artículo 1168 (sic) del Civil (sic), pues la demandada señaló que la actora se había negado a venderle el inmueble, incumpliendo con su obligación, habiéndole impedido también el cumplimiento de las cláusulas contractuales relacionadas con el pago de condominio y derecho de frente y, habiéndose negado a recibir las sumas estipuladas por concepto de intereses; de forma tal, que el incumplimiento por parte de la parte actora, la eximiría de su obligación de cumplir el contrato y la legitimaría para solicitar su cumplimiento; pues, evidentemente, el otro alegato de la demandada sobre el hecho de no haber cumplido porque sobre el inmueble pesaba una prohibición de enajenar y gravar (CAUSA EXTRAÑA NO IMPUTABLE), utilizado también para fundamentar su reconvención, solo sirvió para desviar el curso de la discusión hacia un punto diferente al del cumplimiento por parte de la parte actora; imponiéndosele al Tribunal, la obligación de examinar mas adelante, si este argumento hace procedente la excepcio (sic) non adimpletis, a través de la interpretación del contrato, documento fundamental de la acción y de la interpretación de los alegatos de ambas partes. De manera que, corresponde al Tribunal determinar la procedencia o no de la demanda y de la reconvención según las consideraciones siguientes:...(folios 216, 217 y 218 del expediente).

 

De las probanzas y argumentos antes reseñados, considera este tribunal, que no se evidencia que la parte demandada haya señalado o probado en modo alguno que dio cumplimiento a las obligaciones  que había contraído según el contrato a que se refiere el litigio, pues de ninguna manera probó que hubiese podido cancelar la suma a la que estaba  obligado en las (sic) fecha prevista, cual es el precio del inmueble establecido en el instrumento fundamental de la acción, pues no consta del expediente que tenía disponibilidad de la suma de dinero que estaba obligado a cancelar el 27 de Septiembre (sic) de 1.996 (sic). De manera que, si se aceptara la tesis de que las consignaciones de alquileres pudieran equipararse al pago de los intereses y, hubieran podido ser apreciadas dichas consignaciones, debería igualmente esta alzada concluir en que el demandado no le dio cumplimiento a la principal de las obligaciones que contrajera, cual era el pago del precio del inmueble. Tampoco consta del expediente que el precio del inmueble, vale decir la suma de cuatro millones de bolívares , en la fecha prevista para su pago, hubiese estado depositada a favor de la parte actora.

 

Por lo demás la parte demandada tampoco acreditó que hubiese dejado de pagar el concepto de derecho de frente del inmueble, por causa imputable a la parte actora, ni que ésta mantuviese una deuda de larga data que le impidiera efectuar la cancelación.

 

En lo que concierne al pago de condominio, produjo la parte demandada en la oportunidad de informes rendidos en Alzada, un documento privado, en el cual se deja constancia de que en el edificio donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la controversia no se encuentra legalmente constituido condominio alguno. Este documento por ser de carácter eminentemente privado no constituye la clase de probanza que puede ser presentada en Alzada, en virtud de que así lo prevé el Código de Procedimiento Civil, en razón de que no existe oportunidad para su impugnación. De manera que, nada aporta al asunto que se discute. ASI SE ESTABLECE.

En consecuencia, concluye el Tribunal en que para la fecha prevista para la cancelación del precio, no estaba el demandado en posición de cumlir (sic) su obligación y mal podía imputarle el demandado a la parte actora, el hecho de haber incumplido en venderle el inmueble, pues si bien es cierto que en el contrato, la parte actora se comprometió a vender, no es menos cierto que el compromiso de vender quedó supeditado al cumplimiento por parte del demandado en pagar el precio dentro del lapso estipulado o a su vencimiento.

 

Se observa además que, en el caso de estudio, como antes se anotó, tampoco existen evidencias de que, le hubiera impedido la actora la cancelación del derecho de frente y le hubiese sido imposible efectuar la cancelación del condominio.

 

De forma que, no tenía el demandado legitimación para reconvenir por cumplimiento del contrato y pago de daños y perjuicios, pues no cumplió por su parte con todas y cada una de sus obligaciones y, en este sentido, la excepcio (sic) non adimpleti opuesta por la demandada, mal puede prosperar y se hace improcedente la acción ejercida por la demandada, puesto que lo pedido por la actora es la resolución del contrato y no su cumplimiento. ASI SE ESTABLECE...( folios 226 y 227 del expediente)...”.

 

 

De la simple lectura de los extractos de la recurrida, anteriormente transcritos, esta Sala ha podido constatar que el sentenciador de alzada, a diferencia de lo alegado por el formalizante, cumplió con identificar debidamente la naturaleza del contrato cuya resolución fue demandada, exponiendo, además, las razones y fundamentos que sustentaron su decisión.

 

Por lo tanto, siendo que la jurisprudencia reiterada de esta Sala, ha sostenido de manera consistente que el vicio de inmotivación sólo se configura cuando la sentencia recurrida carece en forma absoluta de fundamentos que apoyen lo decidido, supuesto en modo alguno, evidenciado en el presente caso, la presente denuncia por supuesta infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil resulta improcedente. Y así se decide.

 

-II-

 

 De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los ordinales 4º y 5º del artículo 243 eiusdem, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en los vicios de inmotivación e incongruencia.

 

Al respecto, alega el recurrente:

 

“...La Sentencia recurrida dice textualmente:

 

‘...este documento revestido de fé pública evidencia que las partes, efectivamente realizaron la operación en los términos antes expresados...’ (me pregunto cual (sic) operación o contrato si éste no ha sido identificado en la sentencia), lo cual constituye un hecho no discutido. Si es así como lo afirma la recurrida, en el contrato dado por válido la obligación del vendedor, es según el propio texto de la sentencia ‘...que para el día Veintisiete (sic) (27) de Abril (sic) de Mil (sic) Novecientos Noventa (sic) y Seis (sic) (1996), debía la parte haber recibido del comprador el precio pactado, y que, una vez recibido el precio pactado nacía la obligación del vendedor de efectivamente suscribir el documento definitivo aunque el documento nada dice al respecto, es lógico que si las partes establecen el término para que el comprador pagara el precio, de acuerdo a la opción de compra que le concedió el comprador, mal puede estar obligado el vendedor a vender si (sic) dentro del término establecido, si en el momento de su vencimiento no le había sido pagado el precio...’.

 

Del propio texto de la sentencia se desprende que el vendedor no podía traspasar la propiedad, aún cuando hubiese pagado el precio el comprador, debido a que existía una prohibición de enajenar y gravar que le impedía cumplir con su obligación y que ello hacía que el comprador pudiese cumplir con la suya y no hay garantía posible, de que esto ocurriera; porque de ello no hay prueba en Autos (sic), ni existe tampoco constancia que para la fecha de cumplir con su obligación se había liberado la prohibición de enajenar y gravar. No entiendo ni se entiende por nadie, como la recurrida toma para sí el argumento siguiente:

 

‘...del citado documento no se establece alusión alguna al hecho de que sobre el inmueble objeto del contrato no pesaba prohibición de enajenar y gravar, ni gravamen alguno, de lo cual, debe concluirse en que la actora no incumplió el contrato por este respecto, puesto que no contrajo compromiso alguno en este sentido...’.

 

Este alegato es lo más anti-jurídico (sic) que pueda sustentarse pues hay dos hechos incontrovertibles: A) de que existía una prohibición de enajenar y gravar que el vendedor conocía; y B) que aún cuando no se hubiese pactado nada al respecto, es obligación como vendedor entregar el inmueble libre de gravamen para su protocolización definitiva, y ello no se podía hacer al vencimiento del contrato, ni con posterioridad al vencimiento, pues no consta en autos si le liberó o no dicha prohibición.

Por todo lo expuesto es por lo que considero que la recurrida infringió el Artículo (sic) 243 del Código de Procedimiento Civil en sus Ordinales 4º y 5º todo de conformidad con el Artículo (sic)  313 Ordinal (sic) 1º EIUSDEM (sic)...”.

 

La Sala para decidir, observa:

La congruencia en el lenguaje procesal, es la correspondencia formal que debe existir entre la sentencia dictada y las contrarias pretensiones de las partes, criterio conforme al cual el juzgador debe limitar su decisión a sólo lo alegado, para acatar así el principio dispositivo que domina la estructura de nuestro proceso civil; fallando sobre todo lo alegado, en cumplimiento al principio que la moderna teoría procesal denomina exhaustividad.

 

Por otra parte, la inmotivación del fallo, conforme a jurisprudencia reiterada de este Máximo Tribunal se interpreta como la carencia absoluta de fundamentos que sustenten la decisión, es decir, que los motivos del fallo por ser impertinentes, contradictorios o integralmente vagos o inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia, finalidad esencial de la motivación.

 

En el caso bajo análisis, el formalizante alega que la recurrida incurrió en los vicios de inmotivación e incongruencia; a tal fin, transcribe en su denuncia jurisprudencia de esta Sala referida a tales vicios, luego de lo cual, incluye extractos de la parte motiva del fallo recurrido y procede a cuestionar algunas de las conclusiones a las que arribó el sentenciador de alzada; no obstante, incurrió en la omisión de especificar el cómo, donde y porque se configuraron en el fallo recurrido, los supuestos vicios por defecto de actividad delatados, lo cual, aunado a la naturaleza de los argumentos expuestos para sustentar su denuncia, referidos fundamentalmente a conclusiones del juez de alzada sobre la interpretación del contrato y otros elementos insertos en autos, impiden que esta Sala pueda conocer de los mismos en el marco de una denuncia por defecto de actividad, por tratarse de elementos propios de una denuncia por infracción de ley.

 

Por lo tanto, la Sala desecha la presente denuncia por supuesta infracción de los ordinales 4º y 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

 

RECURSO POR INFRACCION DE LEY

-I-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por “mala aplicación”  de los artículos 1.167 y 1.168 del Código Civil.

Al respecto, alega el recurrente:

 

“...Ciudadanos Magistrados de este ilustre Tribunal Supremo, el Contrato de Opción de Compra – Venta como identifican las partes, es un contrato accesorio del contrato de compra – venta, y como tal sigue el mismo destino que el Contrato Principal; mas aún, las obligaciones contenidas en el referido Contrato son las mismas que la Ley ha creado para el comprador y el vendedor. Al contrato en cuestión, solo falta que el comprador cancele el saldo del precio total que habían fijado en Cuatro (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 4.000.000,oo), para que éste se perfeccione, y el vendedor deberá transferir la plena propiedad del inmueble vendido por (sic) ante la Oficina Subalterna de Registro correspondiente; pero como se evidencia claramente del párrafo transcrito de la Recurrida (sic), no podía cumplir con su obligación y no consta en autos, que dicha prohibición hubiese sido suspendida.

 

A mayor abundamiento, me permito señalar que en el Contrato de Opción de Compra – Venta, causa de este Juicio, el Comprador se comprometía a pagar el monto de Cuatro (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs. 4.000.000,oo), como precio total del Contrato Principal, el día Veintisiete (sic) (27) de Septiembre (sic) de Mil (sic) Novecientos (sic) Noventa (sic) y Seis (sic) (1996); y para la fecha en que fue expedida la Certificación de Gravamen señalada, o sea, el Nueve (09) de Junio de Mil Novecientos (sic) Noventa (sic) y Siete (sic) (1997), aún subsistía la misma, lo que impedía jurídicamente al vendedor de perfeccionar la venta; y mucho menos transferir la plena propiedad del inmueble objeto del Contrato, porque la Ley le impedía al Vendedor cumplir con esa obligación. Mal puede exigírsele a una de las partes contratantes que cumpla con su obligación, cuando existe un impedimento que hace inejecutable la obligación del otro.

 

Por todo lo expuesto, es por lo que estimo que han sido violados los Artículos (sic) 1167 y 1168, del Código Civil, y en consecuencia debe ser declarada la infracción de Ley expresa aquí denunciada, según el Ordinal (sic) 2º, del Artículo(sic) 313 del Código de Procedimiento Civil...”.

 

 La Sala para decidir, observa:

 

Conforme a reiterada doctrina y jurisprudencia de esta Sala, la clasificación de las hipótesis por infracción de ley, previstas en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, son las siguientes:

 

1)                            Interpretación errónea: Consiste en el error acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, comprensiva, por ende, de los errores de interpretación en los que puede incurrir el juez, en lo relativo a la hipótesis abstractamente prevista en la norma, como a la determinación de sus consecuencias legales.

 

2)                             Falsa aplicación: Tiene lugar cuando el juez hace la aplicación de una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, es decir, es el error que puede provenir de la comprobación de los hechos o de un error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta.

3)                            Infracción de ley en sentido estricto: Cuando se aplica una norma que no está vigente o se le niega aplicación o vigencia a una que lo esté.

 

Sin embargo, en forma común, tal como ha sucedido en el presente caso, los formalizantes incurren en el error de alegar la “mala aplicación” de una norma jurídica, siendo ésta una hipótesis que en nada se equivale con los supuestos del recurso anteriormente explicados.

 

Así, constante doctrina de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ratificada recientemente en sentencia Nº 102, de fecha 27 de abril del 2001, expediente 00-382, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, textualmente ha sostenido que:

 

“...La fundamentación del recurso de casación y, por ende, de las denuncias de infracción que lo conforman, es la carga procesal más exigente que se le impone al formalizante, porque la formalización del medio recursorio extraordinario debe ser un modelo de precisión y claridad, al estimarse como una demanda de nulidad que se propone contra una sentencia que se considera infractora de la ley.

 

La reiterada doctrina de la Corte tiene establecido que cada denuncia de infracción debe guardar la siguiente estructura:

 

a)       Cita de la causal o motivo del recurso de casación, de conformidad con los supuestos consagrados en el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

b)       Indicación de los preceptos legales infringidos.

 

c)       Razonamiento o motivación que explique la infracción legal.

 

Si los artículos denunciados son distintos unos de otros, debe establecerse la vinculación indispensable entre los hechos y el precepto que se dice infringido. Este vínculo debe ser objetivamente ofrecido por el recurrente, ya que no es misión de la Corte establecer esta conexión, ni puede suplirla en ningún caso.

 

Es indispensable que el formalizante fundamente cada denuncia de infracción en forma clara y precisa, sin incurrir en imputaciones vagas, vinculando el contenido de las normas que se pretenden infringidas con los hechos y circunstancias a que se refiere la infracción, señalando cómo, cuándo y en qué sentido se incurrió en la violación alegada.

 

 De tal modo pues, que no basta citar en el escrito de formalización las disposiciones legales presuntamente infringidas, sino que resulta indispensable relacionar las mismas con las denuncias de infracción que se pretenden atribuir a la recurrida, pues es principio de técnica en la formalización el que toda denuncia debe ser individualizada con la cita del correspondiente precepto legal infringido y el razonamiento que explica y fundamenta la denuncia...”.

 

En el caso bajo análisis, como ya fue señalado, el formalizante alegó la “mala aplicación” de los artículos 1.167 y 1.168 del Código Civil, con lo cual impide que esta Sala pueda determinar con precisión la hipótesis de casación referida por su denuncia, es decir, la  falsa aplicación de dichas normas o  la errada interpretación de las mismas.

 

Lo anterior, aunado a que el recurrente tampoco cumplió en este caso, el requisito de vincular objetivamente los hechos con los preceptos legales supuestamente infringidos, lo cual, en cierta manera hubiese permitido a la Sala determinar con precisión el tipo de infracción denunciada, obligan a que la presente denuncia sea desechada por falta de técnica en su formalización. Y así se decide.

-II-

 De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por “mala aplicación” de los artículos 1.142, 1.146, 1.154 y 1.474 del Código Civil.

Al respecto, alega el formalizante:

“...La recurrida no apreció como he venido diciendo los hechos sobre a que Contrato se refiere ella en su texto, porque sea cual fuere su naturaleza, cuando el consentimiento está viciado, se puede pedir la nulidad del contrato, y cuando existe dolo el contrato es anulable de acuerdo con los Artículos 1142, 1146 y 1154 (sic) del Código Civil...

 

Las obligaciones contenidas en el Contrato dado por válido e indiscutible por la recurrida, son todas aquellas que existen en los Contratos de Compra – Venta, de conformidad con el Artículo 1474 (sic) del Código Civil, pues la misma recurrida así lo establece; pero lo que ella omite en su parte dispositiva es el hecho de que la obligación de transferir la propiedad de una cosa del vendedor conforme a la citada disposición legal, no podría cumplirla por la existencia de la Prohibición de Enajenar y Gravar que subsistía para el momento en que el comprador debía pagar el precio; pero aún cuando hubiese cumplido con su obligación de pagar el precio, el vendedor no podía cumplir con su obligación de transferir su propiedad de la cosa vendida...

 

Esa omisión de no indicar la Prohibición de Enajenar y Gravar existente en el inmueble objeto de la Opción de Compra – Venta, por parte de el Vendedor, configura todo el vicio de dolo, que acarrea la nulidad de dicho Contrato.

 

Del análisis sustentado a lo largo de la presente denuncia por infracción de Ley, es justo y estricto derecho válido que, la Sentencia recurrida infringió por falta de aplicación y mala aplicación los Artículos (sic) 1.141, 1.142, 1.146, 1.154 y 1.474 del Código Civil; por ello pido que así se declare...”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

Al igual que en la anterior denuncia, el formalizante en el presente caso, incurre en el error de alegar la “mala aplicación” de determinadas disposiciones legales, siendo ésta una hipótesis que en nada se comparece con los supuestos de un recurso por infracción de ley, mas aún, cuando respecto a las mismas normas el formalizante pretende alegar también su falta de aplicación por la recurrida, señalando para ello entre sus argumentos que: “...Del análisis sustentado a lo largo de la presente denuncia por infracción de Ley, es justo y estricto derecho válido que, la Sentencia recurrida infringió por falta de aplicación y mala aplicación los Artículos 1141, 1142, 1146, 1154 y 1474 del Código Civil, por ello pido que así se declare...(Subrayado de la Sala)”.

 

Todos estos defectos de técnica en la formalización de la presente denuncia resultan imposible de suplir por esta Sala, por lo que esta sede se abstiene de emitir pronunciamiento alguno, y desecha la presente denuncia por defecto de técnica en su formalización. Y así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

 Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial del ciudadano ARTURO RODRIGO BRITO BLANCO, contra la sentencia dictada en fecha 6 de noviembre del 2000, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

Se condena a la parte recurrente en constas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

 Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

 

  Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los   once  (11) días del mes de   abril  de dos mil tres. Años: 192° de la Independencia y 144° de la Federación.

 

            El Presidente de la Sala,

 

________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

                      

         

El Vicepresidente,

 

 

______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

                                               Magistrado Ponente,                                                               

                                                                                                                                                                                             

                                                    

__________________________

 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

         

La  Secretaria,

 

 

___________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

RC Nº 2001-305

 

 

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