Venley

Sentencia N.º RC.00171

Sentencia
N.º RC.00171
Fecha
11/03/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
03-311
Ponente
Franklin Arrieche Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHE G.

 

                   En el juicio por partición seguido por MARÍA ELENA RAMÍREZ DE VARELA, MARIA DOLORES, JESÚS MANUEL y MARIA TIBISAY RAMÍREZ ARAQUE, representadas por Reinaldo Romero Urbina y Héctor Dávila Ocque, y ante este Alto Tribunal por el abogado José M. Medina Briceño, contra FLOR DE MARÍA RAMÍREZ ARAQUE y MARÍA MARLENE RAMÍREZ DE CAMARGO, representadas por Efraín José Ramírez Gómez y Evelia Marlene Chacón; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, dictó sentencia en fecha 20 de diciembre de 2002, mediante la cual declaró con lugar la demanda, sin lugar las apelaciones propuestas por los accionantes y la co-demandada María Marlene de Camargo, y parcialmente con lugar la apelación ejercida por la codemandada Flor de María Ramírez Araque, en lo que respecta a los derechos de créditos a su favor en contra de la comunidad, por los gastos y mejoras hechos con dinero propio en el inmueble cuya partición fue demandada. en consecuencia, quedó modificado el fallo apelado, dictado en fecha 7 de octubre de 2002, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

 

                   La parte actora anunció recurso de casación contra la mencionada sentencia de alzada, el cual fue admitido y formalizado, sin impugnación.

 

                   Concluida la sustanciación del recuso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el fallo, en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

                   De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4º eiusdem, con base en que el juez de alzada silenció las repreguntas formuladas a los testigos Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo, y por otra parte, no expresó los motivos por los cuales concluyó que la co-demandada “...Flor de María Ramírez Araque había realizado mejoras y gastos de conservación en el inmueble en referencia;  y mucho menos expresó las razones por las cuales dio por demostrado que tales mejoras y gastos ascendían a la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,oo)...”.

 

                   Para decidir, se observa:

 

                   La Sala ha indicado de forma reiterada que el vicio de silencio de pruebas no constituye inmotivación, sino un error de juzgamiento denunciable en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, pues el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil impone al juez el deber de examinar todas y cada una de las pruebas para fijar los hechos, y por ende, constituye una norma que regula la actividad del sentenciador en el establecimiento de los hechos. (Sentencia de fecha 21 de junio de 2000 caso: Farvenca c/ Farmacia Claely)).

 

                   Por consiguiente, la Sala desestima, por inadecuada fundamentación, los alegatos referidos a la falta de examen de las repreguntas formuladas a los testigos Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo. Así se establece.

 

                   Por otra parte, consta de la sentencia recurrida que el juez de alzada declaró el derecho de crédito a cargo de la comunidad y a favor de Flor de María Ramírez Araque, por causa de los gastos de mantenimiento y mejoras hechas con dinero de su peculio, con fundamento en que los testigos Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo, declararon que la referida co-demandanda “...los contrató para realizar trabajos en el inmueble objeto de controversia, específicamente en el local comercial, de herrería el primero y de construcción de paredes divisorias, pintura e instalaciones eléctricas y sanitarias, el segundo...”, luego de lo cual dejó sentado que “...Las anteriores deposiciones se valoran conforme a lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, además de que no fueron impugnadas por la parte accionante; de su contenido esta Juzgadora infiere que la codemandada... realizó mejoras y gastos de conservación en el inmueble objeto de controversia, en un local comercial destinado para abasto...”.

 

                   Asimismo, en sustento de dicha conclusión jurídica el sentenciador expresó que de la inspección judicial llevada a cabo en el inmueble objeto de partición, consta que en una de las habitaciones funciona el “Abasto Los Ramírez”, razón por la cual tiene por cierto que  dicha habitación “...está destinada a local comercial...”, luego de lo cual dejó sentado que las testimoniales rendidas por Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo, son contestes con la inspección judicial, y “...en su conjunto demuestran el hecho alegado por la codemandada Flor de Marìa Ramírez Araque de que realizó mejoras en el inmueble objeto de partición, a sus propias expensas, por la cantidad de diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,oo)...”.

 

                   Las consideraciones expuestas demuestran que el fallo recurrido sí está motivado, pues contiene la expresión de las razones por las cuales el juez de alzada consideró demostrado el alegato de que la referida co-demandada realizó mejoras en el inmueble, con dinero de su peculio, por la cantidad de diez millones de bolívares.

 

                   Si el recurrente estima que esos motivos son erróneos o contrarios a derecho, bien porque esas menciones no están contenidas en las pruebas examinadas por el juez, o porque no son admisibles para la demostración de esos hechos, o por alguna otra razón, ha debido formular la respectiva denuncia de infracción de ley.

                   Por consiguiente, la Sala desestima la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

II

 

                   De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4º eiusdem, con base en que el juez superior exoneró del pago de las costas procesales a la parte demandada, sin expresar las razones por las cuales concluyó que no hubo vencimiento total, a pesar de que declaró con lugar la demanda de partición.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   El requisito de motivación persigue que las partes tengan conocimiento del razonamiento seguido por el juez para dictar su decisión, con el objeto de impedir la arbitrariedad por parte de éste, así como una posterior revisión de su fallo, pues sólo si son conocidos sus fundamentos puede ser determinada su legalidad, tanto por las partes como por los jueces que deban pronunciarse sobre ello, con motivo del ejercicio de la vía recursiva.

                   En el caso concreto, la parte alega que el pronunciamiento del juez referido a la exoneración de costas no está motivado, lo que esta Sala estima es improcedente, por cuanto las costas son un efecto del proceso regulado en la ley, la cual establece los supuestos en que ellas proceden.

 

 

                   Por consiguiente, si el juez de la recurrida se equivoca en la aplicación de estas normas, por cuanto condena cuando no ha  debido hacerlo, o por el contrario, no las impone, a pesar de que éstas proceden, lo que se verifica es un error de juzgamiento, perfectamente controlable por las partes mediante la respectiva denuncia de infracción de ley.

 

 

                   Por las razones expuestas, la Sala declara improcedente la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

III

 

                   De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º eiusdem, con fundamento en que el sentenciador superior “...valoró pruebas que no fueron válidamente promovidas...”, pues no fue indicado el objeto que se pretendía demostrar con ellas.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   La ineficacia de la prueba por no haber sido promovida y evacuada de acuerdo con las formalidades exigidas en la ley para ello, no constituye el vicio de incongruencia, sino un error de juzgamiento cometido por el juez en el establecimiento de la prueba, que debe denunciarse de conformidad con lo previsto en los artículos 313 ordinal 2º y 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Por consiguiente, esta Sala desestima, por inadecuada fundamentación, la denuncia de infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil.

 

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY

I

 

                   De acuerdo con lo pautado en los artículos 313 ordinal 2º y 320 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 507 y 508 eiusdem, por cuanto el juez de alzada cometió el primer caso de suposición falsa, por establecer con base en las testimoniales de Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo, y de la inspección judicial, que las mejoras realizadas en el inmueble objeto de partición, por la codemandada Flor de María Ramírez Araque, con dinero de su peculio, ascienden a la cantidad de diez millones de bolívares, hecho éste que en su criterio resulta falso o inexacto, pues las referidas pruebas no contienen esa mención.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   En sentencia de fecha 8 de agosto de 1995, caso: Manuel Da Freitas c/ Cesco D`Agostino Mascia y otro), la Sala modificó su criterio y estableció que los tres casos de suposición falsa no constituyen infracción de regla de valoración de prueba, sino un motivo autónomo y distinto, comprendido igualmente en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual dejó sentado que la adecuada fundamentación de este tipo de denuncias comprende, entre otras cosas, la necesaria indicación del texto o los textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de una suposición falsa, con expresión de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante del dispositivo de la sentencia.

 

                   Por otra parte, en decisión de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez c/ Rafael Sepúlveda, la Sala precisó que el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil contiene reglas de valoración de la prueba de testigo, y dejó sentado que la denuncia de alguno de los casos de suposición falsa cometidos en el examen de este tipo de pruebas, debe tener por sustento  la infracción de dicha norma, en oposición al criterio citado en el párrafo anterior de este fallo, conforme al cual la suposición falsa no constituye una infracción de regla de valoración de la prueba, sino de las normas en que fue subsumido el hecho positivo y preciso que resulta falso, por cuanto constituye un motivo autónomo y diferente de aquél.

 

                   Posteriormente, en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, caso: Lucía Gómez de Delago c/ Afra María Vivas, la Sala complementó el cambio de criterio referido a la adecuada fundamentación de las denuncias de suposición falsa, aplicable respecto de cualquier tipo de prueba y sin exclusión particular de la prueba de testigo, en la cual dejó sentado que “...los vicios de juzgamiento de que puede adolecer el fallo judicial, son desglosables en dos categorías: errores iuris in iudicando –contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil-, y errores facti in iudicando –previstos en el artículo 320 eiusdem...”; y precisó esta última categoría comprende, a su vez, el error facti in iudicando de derecho y el error facti in iudicando de hecho, ambos referidos al juzgamiento de los hechos, y el último de ellos sólo referido a los casos de suposición falsa. Por esta razón, ratificó que se trata de un motivo autónomo y diferente cuya denuncia no exige el alegato de infracción de una regla de establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, sino de los preceptos jurídicos que se utilizaron o dejaron de utilizar, como resultado del hecho particular, positivo y concreto falsamente supuesto; preceptos éstos que pueden ser de derecho sustantivo o adjetivo.

 

                   En decisión de fecha 14 de agosto de 1998, (José Rafael Bohorquez c/Neptalí de Jesús Fuentes y otro), la Sala reiteró que las normas jurídicas que resultan infringidas en estos últimos casos son aquéllas en que fue subsumido el hecho que no tiene soporte probatorio, pues como consecuencia de que el mismo resulta falso o inexacto, no existe correspondencia lógica con los hechos en abstracto previstos en la norma aplicada.

 

                   Los anteriores criterios jurisprudenciales ponen de manifiesto que de ser cometido algún caso de suposición falsa en el examen de la prueba testimonial, ello no puede tener por sustento el alegato de infracción de los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, considerados actualmente como reglas de valoración de la prueba, pues se trata de un motivo autónomo y diferente de este último.

 

                   En este caso, las normas jurídicas infringidas no son aquellas que determinan la eficacia de la prueba respecto de la que se cometió la suposición falsa, sino aquellas que resultaron falsamente aplicadas por consecuencia de que los hechos establecidos resultan falsos o inexactos, por no tener soporte probatorio, pues al variar la hipótesis fáctica concreta se destruye la correspondencia lógica con la norma aplicada, la cual resulta violada por falsa aplicación, y por contrapartida, se dejan de aplicar las normas jurídicas pertinentes.

 

                   Por consiguiente, la Sala estima necesario armonizar su doctrina, puesen sentencia de fecha 8 de agosto de 1995, la Sala modificó su criterio y estableció que la suposición falsa constituye un motivo autónomo y diferente no comprendido en el error de valoración de la prueba; por tanto no es posible permitir la denuncia de suposición falsa respecto de la prueba testimonial, con el sólo alegato de infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, por ser la regla de valoración de este tipo prueba.

 

                   En este caso, la denuncia no puede estar sustentada en el alegato de infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, ni de cualquier otra norma de valoración de pruebas, sino en las normas jurídicas en que fueron subsumidos los hechos que resultan falsos o inexactos por no tener soporte probatorio, las cuales resultan infringidas por falsa aplicación, y por contrapartida, en los preceptos jurídicos que el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación de las razones que demuestren que dichas infracciones son determinantes en el dispositivo del fallo, lo que resulta acorde con la doctrina sentada por esta Sala respecto de la adecuada fundamentación que permita la comprensión y análisis de la denuncia de suposición falsa.

 

Con base en las consideraciones expuestas, la Sala abandona el criterio sostenido en sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, sólo respecto de que la denuncia de suposición falsa cometida en el examen de la prueba de testigo debe ser sustentada en la infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y aclara que para evitar prejuicios a aquellos que adecuaron su conducta a la doctrina que hoy se abandona, el criterio aquí establecido será aplicado a todos los recursos que se admitan a partir del día siguiente, inclusive, de la publicación de este fallo.

 

Por consiguiente, en lo sucesivo el formalizante deberá precisar cuál fue la norma en que fue subsumido el hecho cuya falsedad alega, que considera fue falsamente aplicada en el caso concreto, y cuál es aquella que en su opinión el juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, con indicación y razonamiento de la influencia de esas infracciones en el dispositivo del fallo.

 

Cabe advertir que las consideraciones señaladas para la prueba testimonial, rigen igual para la inspección judicial, pues no basta que se alegue la infracción del artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, por ser la regla de valoración de este tipo de prueba, sino que es necesario alegar la infracción de las normas falsamente aplicadas por consecuencia del hecho falso, y de las que debió aplicar el juez y no aplicó para resolver la controversia, con la indicación de las razones que demuestren la influencia de dichas infracciones en el dispositivo del fallo.

 

                   Hechas estas consideraciones, la Sala observa que en el caso concreto ciertamente el juez de alzada atribuyó menciones que no contienen a las declaraciones rendidas por Orlando Niño Hernández y Antonio María González Angulo, así como a la inspección judicial llevada a cabo en este juicio, pues ninguna de ellas hace referencia al valor de las mejoras hechas con dinero propio por la co-demandada Flor de María Ramírez Araque.

 

                   Por consiguiente, el juez de alzada cometió el primer caso de suposición falsa, lo cual determina la procedencia de la denuncia de infracción de los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

II

 

                   De conformidad con lo previsto en los artículos 313 ordinal 2º y 320 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto a pesar de haber sido declarada con lugar la demanda y confirmado el fallo apelado, las demandadas no fueron condenadas en costas del proceso y del recurso.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   El artículo 274 del Código de Procedimiento Civil dispone que procede la condena en costas si la parte es vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, y el artículo 281 establece que deben ser impuestas las costas a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes. La primera regula la condena en costas del proceso, y la segunda del recurso de apelación.

 

                   En el caso examinado, ninguno de estos supuestos está cumplido, pues consta de la parte motiva de la sentencia recurrida que la codemandada Flor de María Ramírez Araque alegó la compensación o reembolso de las mejoras hechas con dinero de su peculio en la cosa común, las cuales aumentaron el valor de ésta, defensa que fue declarada procedente por el juez de la recurrida, lo cual determina que no hubo vencimiento total y, por ende, no procede la condena en costas del proceso.

 

                   Por otra parte, tampoco fue confirmado en todas sus partes el fallo apelado, pues el recurso ejercido por la codemandada Flor de María Ramírez Araque fue declarado parcialmente con lugar, con base en que le fue reconocido el derecho de crédito en su beneficio y a cargo de la comunidad, por concepto de las mejoras hechas al bien común con dinero propio, lo cual determina que no procede la condenatoria en costas del recurso. 

 

                   El juez ha debido declarar parcialmente con lugar la demanda por no existir vencimiento total, pues consideró procedente una de las defensas opuestas por la co-demandada Flor de María Ramírez Araque, y en consecuencia de ello, ordenó partir el inmueble, previa colación de la deuda de la comunidad, en beneficio de la referida comunera.

 

                   En mérito de las referidas consideraciones, la Sala declara improcedente esta denuncia de infracción de os artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

                 Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,  declara CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 20 de diciembre de 2002. En consecuencia, CASA el fallo recurrido y ordena al juez superior que resulte competente, dictar nueva sentencia con sujeción a la doctrina sentada en este fallo.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase al Juzgado Superior de origen.

 

                 Dada, firmada y  sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de  marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

___________________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

_________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

                                                                    Magistrado,

 

 

         ______________________________         ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

 

______________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. N° 2003-000311

 

 

El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez disiente del criterio sostenido en el presente fallo por la mayoría sentenciadora, con base en las consideraciones siguientes:

 

En nuestro sistema judicial la actividad del Juez se encuentra reglada por la Ley, y éste no puede separarse bajo ningún respecto de los lineamientos que ésta le da, por ello, cuando se desvía de dicho proceder no se produce una infracción en el juzgamiento, sino que se rompe la estructura procesal que la Ley le impone.

 

Cuestión diferente ocurre cuando el Juez decide o se pronuncia sobre determinado aspecto, pues en ese caso, como aplicador de la Ley, la entiende y la interpreta, si al realizar dicha labor incurre en algún error, éste por ser tal, no irrumpe contra el proceso, sino que afecta específicamente la decisión.-

 

En tal sentido, se puede afirmar, que la omisión del análisis de una prueba, más que una infracción de la norma contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es una subversión procedimental que afecta la motivación del fallo y por ende siempre debe ser denunciado el vicio de silencio de prueba bajo un recurso por defecto de actividad, según la doctrina reiterada establecida por la Sala en su ya conocida sentencia de fecha 28 de abril de 1993 (Inversiones Sinamaica C.A. c/ Parcelamiento Chacao C.A.).

 

Por otra parte, el establecimiento de los hechos por parte del Juez, supone siempre la función de apreciar los medios probatorios que los comprueban, por lo que examinar las pruebas es una garantía sobre el establecimiento de esos hechos, que en definitiva son determinantes para el dispositivo del fallo. Es ese y no otro el sentido que debe darse al dispositivo contenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual recoge ese principio de que todas las pruebas deben ser analizadas.

 

                   La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca por primera vez que la forma no debe prevalecer sobre la justicia y que ésta última debe ser producida en el plazo más breve posible. El Código de Procedimiento Civil de 1986 también contiene buena parte de esos principios. En efecto, el artículo 10 pauta que la justicia debe administrarse en el plazo más breve y a falta de fijación del término, el Tribunal tendrá tres (3) días de despacho para proveer sobre la petición.

 

El artículo 206 del mismo código consagró, de manera expresa, un criterio reiterado de la Sala, en el sentido que no se declarará la reposición  de la causa si la misma no persigue un fin útil y el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado, criterio que ya venía aplicándose desde el año 1943. También el artículo 213 eiusdem dispone que si la parte afectada por la nulidad no atacó la misma en la primera oportunidad que actuó, convalidó los vicios existentes, lo cual puso fin a una serie de largas demoras en el proceso, entre ellas la eliminación de la querella nulitatis y condujo a la implantación de la figura de la citación tácita o presunta.

 

Ahora bien, lo cierto es que la Constitución vigente y el Código adjetivo civil exigen que la justicia sea completa y exhaustiva, pero no se lograría el fin de la justicia si se omite algún elemento clarificador del proceso. Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta.

 

Ciertamente, resulta imperiosa la necesidad de que el Juez emita un pronunciamiento sobre la prueba, porque solo de esa manera la parte podrá atacarlo si estimara que ese análisis no fue correcto. De contrario, al no existir pronunciamiento, el recurrente tiene prácticamente negada la posibilidad de atacar el fallo recurrido, quedando truncado el desideratum de la Constitución de 1999.

 

Por tanto, la exhaustividad del fallo exige, ahora con mayor razón, que los Jueces examinen todo el material probatorio que las partes aporten al expediente, pues normalmente la parte al promover una prueba procura demostrar las afirmaciones de hecho.

 

No cabe dudas que el principio axiológico que inspira el criterio de la mayoría, contenido en el artículo 257 de la Constitución vigente, plantea como finalidad para la obtención de la justicia, la omisión de formalidades, pero resulta que la aplicación de dicho principio como argumento para sustentar las razones del cambio doctrinal, inevitablemente generará la violación flagrante de la norma constitucional que contiene otro principio axiológico de carácter superior, es decir, el que alude al derecho a la defensa consagrado en el artículo 26 de la ya referida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

La decisión de la mayoría de los distinguidos Magistrados, salvo referir que la denuncia deberá realizarse a través de un recurso de fondo con base en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no precisa la técnica a seguir por el formalizante situación que, aunada a los basamentos jurídicos planteados previamente, no permite debidamente el ejercicio del derecho a la defensa de quienes acuden  ante los órganos de administración de justicia.

 

Por tanto, respetando siempre el criterio de la mayoría sentenciadora, en criterio del Magistrado que suscribe, no debe la Sala determinar si la prueba tiene o no influencia en el dispositivo del fallo, ya que justamente esa es la labor de los Jueces de instancia, que la Sala excepcionalmente examina bajo la “casación sobre los hechos”. Tampoco puede pasar la Sala a examinar la conducencia de la prueba, para lo cual es obligatorio realizar un examen de todo el expediente, incluyendo todas las pruebas, labor esencial que igualmente deben realizar los jueces de instancia, motivo por el cual la Sala no puede exceder la competencia que el instituto de la casación le tiene atribuida y permitir con ello laxitud del tribunal de la recurrida en el cumplimiento de sus obligaciones. Por estas razones, quien disiente de la mayoría estima que el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.

 

Fecha  ut supra.-

 

El Presidente de la Sala,

 

______________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ                                                               

 

                                                      Magistrado,

 

 

                                       ________________________________

                                         ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

La Secretaria,

 

 

_____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

Exp. N° 03-311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias