Sentencia N.º RC.00174
- Sentencia
- N.º RC.00174
- Fecha
- 27/03/2007
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 06-588
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. 2006-000588
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
En el juicio por cobro de bolívares, seguido mediante el procedimiento por intimación, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de
Sentencia esta que fue objeto de aclaratoria mediante decisión de fecha 27 de abril de 2006, que dispuso: ...En cualquier caso, no debe dejarse de tener en cuenta que ese pronunciamiento respecto al porcentaje indicado fue motivado a que la actora, quizás por viveza, pretendía cobrar 4.705.206,00 por honorarios profesionales, y una cantidad igual por concepto de costas de la primera instancia y, por si fuese poco, otro tanto por costas de alzada. Si no hubiese sido así, quizás podía argumentar en el incidente relativo a los honorarios lo relacionado con el cálculo de las costas cuando hubiese habido oposición, y el tribunal de la causa o el de alzada, coincidir con ella en cuanto a que habiendo habido oposición no regiría la limitación referida, sino que sería aplicable el artículo 286 del referido código adjetivo. Por cuanto el contenido de esta decisión, aunque no coincida con la pretensión de la solicitante, precisa aún más las motivaciones que condujeron al dispositivo de la mencionada sentencia de fecha 1 de marzo de 2006, ésta queda aclarada en los términos expuestos, y la presente se considerará con aquella como un todo....
Contra la preindicada sentencia, la demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado, hubo impugnación, y no hubo réplica ni contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY.
-I-
De conformidad con lo estatuido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el encabezamiento del artículo 320 eiusdem, denuncia la formalizante el primer caso de falsa suposición y la infracción por la recurrida de los artículos 272 ibidem y 456, ordinal 2º, del Código Comercio, por falta de aplicación.
Por vía de fundamentación se señala:
...En el presente caso, tenemos que la recurrida en lo que se puede considerar un error de percepción acerca de hechos no planteados en la litis, ni establecidos en la sentencia definitiva dictada en fecha 28 de junio de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Vargas; ya que se pronuncia estableciendo que la suma de dinero cuantificada en el libelo de la demanda en la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00) como aquellos intereses de mora causados hasta la oportunidad previa a la proposición de la acción, a la cual fue condenada a pagar la demandada; se trata de intereses causados hasta el día de la sentencia de primera instancia. Violentando la cosa juzgada en que esta constituido el fallo referido, por haber quedado ésta definitivamente firme, habida consideración, que en la sentencia en cuestión en modo alguno se dispuso tal circunstancia; en efecto, en la sentencia de mérito se hicieron las siguientes consideraciones:
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada MARÍA EUGENIA CORDOVA LEAL, a pagar a la parte actora MIRIAM JOSEFINA ARAUJO de MENDEZ, la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs.13.255.925,00), discriminada en el auto de admisión del libelo de reforma de la demanda de la siguiente manera: 1) la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.820.000,00), correspondiente a la sumatoria descrita en las letras de cambio. 2) La cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740.00) por concepto de intereses de mora ocasionada de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimiento, calculados a la rata del 5% anual. 3) Los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación. 4) Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida. (Subrayado mío)
Como se puede apreciar, la sentencia definitiva, declara que la suma de dinero cuantificada por concepto de intereses de mora en el particular segundo del dispositivo del fallo, establece que dicho monto por intereses de mora, fueron causados desde la fecha de los respectivos vencimientos de cada letra de cambio; lo cual se colige con la reclamación planteada en el libelo de la demanda, atendiendo el Juzgador de
Esa decisión quedó firme para ambas partes, porque ninguna de ellas apeló. De modo que si bien es cierto que no procedía el cálculo de los intereses realizados por el Tribunal de la causa en su segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, por cuanto con ella modificó el fallo ejecutoriado, toda vez en la dictada se había señalado que la cantidad de Bs. 784.740,00, eran los intereses que se habían causado desde las fechas de los respectivos vencimiento de cada letra, y como no decía hasta cuando, habría que concluir que lo eran hasta el día de la sentencia, aunque los números no cuadrasen; porque en la sentencia de fecha 28 de junio de 2004, no se dijo expresamente que aquellos eran los intereses hasta la fecha de la introducción de la demanda. Por tanto, así como la parte actora deberá aceptar únicamente la referida cantidad de Bs. 784.740,00 por concepto de intereses desde la fecha de vencimiento de cada letra hasta la fecha de la sentencia, también la parte demandada tenía que pagar los intereses desde la fecha de esa decisión hacia adelante. Con ello se hace soportar a la demandante las consecuencia de no haber apelado de la decisión, en cuanto ésta indicó incorrectamente que los intereses desde la fecha de los respectivos vencimientos de la letra hasta la de la sentencia era la cantidad de Bs. 784.740,00, y a la parte demandada el pago de los intereses que se continuaron venciendo.
De modo que, no hay duda alguna que estamos en presencia de una falsa suposición por parte del Juez (sic) de la recurrida, quien por una errada percepción del hecho decidido, estableció que los tantas veces referidos intereses de mora, debe tenerse como causados hasta el día del pronunciamiento de la sentencia, a su decir aunque los números no cuadrasen, bajo el fundamento de que en la misma no se dijo que aquellos eran los intereses hasta la fecha de la introducción de la demanda. Lo cual no tiene asidero alguno de acuerdo a las actas procesales y menos aún de la sentencia comentada. En efecto en el escrito libelar y en su reforma, se discrimina con toda precisión de donde emana la referida suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLIVARES (Bs. 784.740,00), que reclama mi mandante por concepto de intereses de mora, causados hasta el día 30 de septiembre del año 2000, tal circunstancia se ve reflejada con claridad meridiana en la sentencia definitiva, cuando se condena su pago en los mismos términos en que fue reclamada, atendiendo como se ha dicho a las previsiones del articulo 12 del Código de Procedimiento Civil, pues de no ser así incurriría en vicios de incongruencia por ultra o citrapetita, lo cual no ocurrió en el presente caso; y si bien es cierto, que en el dispositivo del fallo no se expresó en palabras que dicho monto correspondía a los intereses causados hasta la fecha indicada, en modo alguno debe entenderse ello como lo percibe erradamente el Juzgador (sic) de la recurrida que eran los intereses causados hasta la fecha de
Es necesario destacar, que en los informes presentados ante el Tribunal (sic) Superior (sic), formalmente indicamos que no puede pretenderse en la decisión que fuera apelada, que el monto determinado en la misma como los intereses causados desde el 30 de septiembre de 2000 hasta el 22 de septiembre de 2005, puedan formar parte de lo condenado en el fallo de fecha 28 de junio de 2004, ya que el sentenciador no puede determinar a futuro cuanto son los intereses causados posterior a la demanda, ya que no puede tener la certeza de la fecha en que se va a producir el pago de la obligación. Así como también se argumentó formalmente, que no puede pretender la demandada pagar un decreto de intimación cuando ha hecho oposición al mismo, abriendo un proceso ordinario que terminó con fallo que quedó definitivamente firme por no haber sido recurrido por ninguna de las partes y que como resulta lógico, pagar después de transcurrido años desde que fue dictado el decreto intimatorio hasta la ejecución de un fallo condenatorio, la cantidad a pagar para satisfacer la obligación que voluntariamente asumió, debe ser superior; de no entenderlo así, como en efecto ocurrió por parte de la recurrida, se haría nugatoria la aplicación de justicia, pues no debe haber duda alguna, que el haberse mantenido este largo proceso, por la conducta de la demandada de mantener el pleito sin justa causa, le acarrea una sanción legal, que no es otra que cancelar los intereses imputables al capital por la mora en el incumplimiento de su obligación, que se causen hasta su definitiva cancelación y no es otro el reclamo de mi mandante, así como los accesorios que de derecho le son impuestos por consecuencia del proceso, como son las costas procesales....
...En el presente caso, el hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el Juez (sic) Superior (sic) en la sentencia recurrida, está constitutido como he indicado con anterioridad, al indicar que la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00), corresponden a los intereses de mora causados desde el vencimiento de las letras de cambio y hasta el día del pronunciamiento de la sentencia definitiva, pues a su decir, así habría de concluirse, porque en la misma no se expresó que aquellos eran los intereses hasta la fecha de introducción de la demanda, lo cual como he referido, ni se ajusta al planteamiento de la demanda, en la cual se preciso que dicha cantidad de dinero corresponde a los intereses causados hasta el día 30 de septiembre de 2000, calculados a la rata del cinco por ciento; así como tampoco se ajusta a lo expresado en el fallo, en el cual se estableció que efectivamente dichos intereses se habían causado, disponiendo que los mismos deben ser pagados por la demandada; así como los que se siguieran causando hasta la definitiva cancelación de la obligación. De modo que, tal manera de pronunciarse el Juez de la recurrida, infringe el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil....
...En el presente caso, es indudable que el pronunciamiento del Tribunal (sic) Superior (sic) modifica sustancialmente la sentencia definitiva dictada en fecha 28 de junio de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Vargas, ya que pretende establecer que dicho fallo contiene una declaración relativa a un término en el tiempo, a los fines del pago que debe realizar la parte demandada, que no aparece en modo alguno expresado en dicha sentencia, con lo cual deja de aplicar el mandato que le impone la referida norma, de no pronunciarse nuevamente sobre lo ya decidido.
Asimismo, la decisión recurrida acarrea consigo la falta de aplicación del artículo 456, en su ordinal 2º de (sic) Código de Comercio....
...En efecto, el pronunciamiento de la recurrida, adolece de la falta de aplicación de la referida norma, ya que aún cuando la sentencia definitiva condena a la parte demandada a cancelar los intereses de mora que se causen hasta la cancelación definitiva de la obligación, además de aquellos expresados cuantificados. Sin embargo, la sentencia recurrida establece un vació de tiempo, durante el cual dejará de imputarse a la obligación los intereses que dispone la norma en cuestión, es decir, desde el día 30 de septiembre de 2000 y hasta el día 28 de junio de 2004 fecha en la cual se pronunció la sentencia definitiva, cuando señala, ...que (sic) no procedía el cálculo de los intereses realizado por el Tribunal de la cusa en su decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, por cuanto con ella modificó el fallo ejecutoriado, toda vez en la dictada se había señalado que la cantidad de Bs. 784.740,00 eran los intereses que se habían causado desde las fechas de los respectivos vencimiento de cada letra, y como no decía hasta cuando, habría que concluir que lo eran hasta el día de la sentencia, aunque los números no cuadrasen..., lo cual colide además con lo decidido en el citado fallo, es en esa oportunidad que el Juez (sic) dejó de aplicar la norma infringida, ya que no puede disponer el Juzgador (sic) que lo (sic) intereses se calculen en una forma distinta a lo dispuesto en el artículo 456 citado, ni por un período que no ha sido establecido por la sentencia, más aún, cuando detectó que efectivamente nunca cuadraría la cantidad referida, con el hecho objetivo por ella establecido falsamente, relativo a que la misma es la suma que se debe imputar a los interese de mora causados desde el vencimiento de las letras de cambio hasta el día del pronunciamiento de la sentencia, lo cual es un contrasentido, que atenta contra la seguridad jurídica, siendo un hecho descartado, que solamente mediante el cálculo respectivo se podrá establecer cual es el crédito de mi mandante al momento de ser cancelada la obligación y no con ello, se modifica en modo alguno la sentencia definitiva, como pretende establecerlo la recurrida.
Las anteriores circunstancias recogidas en el fallo recurrido, llevó al Juez de Alzada, a determinar que el defecto de la sentencia cuando condenó el pago sin precisar a cual período correspondía, fuerzan a concluir que esos eran todos los intereses causados hasta la fecha de la decisión, tal pronunciamiento, amén de violentar la cosa juzgada, pues le está vedado al Juez pronunciarse nuevamente sobre lo ya decidido, siendo precisamente ese el argumento que le da sostén al recurso de apelación que originalmente intentamos, en cuanto a que se calcularan los intereses de mora son (sic) sujeción al fallo; allí encontramos, la influencia que tal modo de proceder ha tenido de forma directa sobre el dispositivo del fallo, ya que, al establecer sobre una falsa suposición un hecho no pronunciado en la sentencia definitiva, lo llevó a declarar sin lugar el recurso de apelación por nosotros interpuesto con el fin de que fueran corregidas las deficiencias relativas al cálculo del interés de mora, imponiéndole a mi mandante conformarse con la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLIVARES (Bs. 748.740,00) (sic) como intereses de mora causados por cada letra de cambio desde la fecha de los respectivos vencimientos, calculados a la rata del 5% anual, hasta el día 28 de junio de 2004, lo cual constituye una negación del justo derecho que le fue reconocido por la sentencia; así como tiene igual influencia relevante en el dispositivo del fallo, en cuanto a la respectiva imposición de costas, consabidamente negadas a mi mandante con motivo de esa decisión.
El recto modo de proceder en el presente juicio, se circunscribía por parte de la recurrida, a declarar que atendiendo a la cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, ordenar que la ejecución de la sentencia definitiva debe llevarse a cabo en los términos en que fue dictada, sin entrar a pronunciarse sobre otros aspectos que no sean aquellos estrictamente establecidos en el fallo ejecutoriado, y en consecuencia, en aplicación de las previsiones del artículo 456, ordinal 2º, del Código de Comercio, ordenar al Tribunal (sic) de la causa, que conforme a la condena impuesta a la parte demandada, se actualice el crédito de la parte actora, mediante el cálculo de los intereses de mora que se han seguido causando día a día, a partir del día 30 de septiembre de 2000; por todo ello, formalmente y con el debido respeto, solicitó (sic) en nombre de mi mandante sea declarado con lugar el presente recurso, por resultar infringida las normas que informa esta denuncia.(Resaltados del texto)
AL respecto cabe señalar que la sentencia recurrida del 1º de marzo de 2006, dispuso lo siguiente:
...En fecha 9 de noviembre de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial dictó dos (2) decisiones en este juicio.
Mediante la primera, declaró improcedente la oposición a la medida de embargo ejecutivo formulada por el ciudadano Mauricio José González Lugo, con fundamento en la circunstancia de que la medida recayó sobre los derechos de propiedad que tiene la demandada sobre el inmueble y que dicho ciudadano no tiene cualidad de tercero.
Y en la segunda, dicho juzgado, sin utilizar el término, consideró que faltaba el pago de las costas, pero además realizó un cálculo de intereses por cada una de las letras de cambio demandadas hasta un total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 2.442.722,33) y señaló, por otro lado, que las costas procesales no pueden ser objeto de ejecución en esta etapa, puesto que se requiere previamente el debido proceso que se inicia con la respectiva estimación e intimación de honorarios y la tasación de costas, si hubiera lugar a ello, declarando improcedente la pretensión de la parte actora relacionada con el cálculo de las costas, puesto que aún no se ha tramitado el cobro de las mismas, conforme al debido proceso.
En esta última concluye señalando: "En consecuencia considera este Tribunal que el monto consignado por la representación judicial de la parte demandada, cubre las cantidades líquidas que debían ser canceladas en este proceso, faltando sólo la cancelación de las costas procesales, conforme lo acordado en dicha sentencia, previos los trámites legales pertinentes por la parte gananciosa, tal como se señaló anteriormente." (...)
La parte actora, de su lado, consignó un escrito (fs. 199 al 201 de la misma pieza) mediante la cual afirma que no está conforme con la referida consignación, porque el ejecutado debía cancelar también los intereses que se continuasen venciendo hasta que se produjese el pago definitivo de la obligación y las costas de la primera instancia y las de alzada.
Según la parte actora, la parte demandada le adeuda la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 29.799.639,00) que incluyen el monto indicado en la sentencia de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), más la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 2.428.096,00) por concepto de intereses de mora calculados a la tasa del 5% anual, más tres (3) veces la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES (Bs. 4.705.206,00) una por concepto de honorarios profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, otra por concepto de las costas de la primera instancia, y una más por las costas de la segunda instancia.
Esa disputa fue la que motivó la segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005 que en esta parte de la sentencia se analiza, (...)
...La parte demandada apeló de esa decisión, argumentando que pagó la cantidad que se le condenó y, en consecuencia, que se debe dar por terminado el juicio, ordenarse el archivo del expediente y la suspensión de la medida de prohibición de enajenar y gravar que se decretó en el proceso y la de embargo ejecutivo que se practicó.
La parte actora, de su lado, considera que como en la decisión del día 28 de junio de 2004 se ordenó el pago no sólo de la cantidad de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), sino también de los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación y además se condenó en costas a la demandada, el monto que debió ésta pagar fue la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 29.799.639,00), en la que incluye, como se dijo, Bs. 4.705.206,00, por concepto de honorarios profesionales, Bs. 4.705.206,00 por concepto de costas de la primera instancia y Bs. 4.705.206,00 por las costas de la alzada, además, claro está, el principal de las letras de cambio que demandó y los intereses de mora calculados a la tasa del 5% anual.
Ahora bien, en esa decisión de fecha 28 de junio de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, luego de declarar con lugar la demanda, realizó el siguiente pronunciamiento:
"SEGUNDO: Se condena a la parte demandada MARÍA EUGENIA CORDOVA LEAL, a pagar a la parte actora MIRIAM JOSEFINA ARAUJO de MENDEZ, la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), discriminada en el auto de admisión del libelo de reforma de la demanda de la siguiente manera: 1) la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.820.000,00), correspondiente a la sumatoria descrita en las letras de cambio. 2) La cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00) por concepto de intereses de mora ocasionada de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimiento, calculados a la rata del 5% anual. 3) Los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación. 4) Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida."
Esa decisión quedó firme para ambas partes, porque ninguna de ellas apeló. De modo que si bien es cierto que no procedía el cálculo de los intereses realizados por el Tribunal de la causa en su segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, por cuanto con ella modificó el fallo ejecutoriado, toda vez en la dictada se había señalado que la cantidad de Bs. 784.740,00, eran los intereses que se habían causado desde las fechas de los respectivos vencimientos de cada letra, y como no decía hasta cuando, habría que concluir que lo eran hasta el día de la sentencia, aunque los números no cuadrasen; porque en la sentencia de fecha 28 de junio de 2004, no se dijo expresamente que aquellos eran los intereses hasta la fecha de la introducción de la demanda.
Por tanto, así como la parte actora deberá aceptar únicamente la referida cantidad de Bs. 784.740,00, por concepto de intereses desde la fecha de vencimiento de cada letra hasta la fecha de la sentencia, también la parte demandada tenía que pagar los intereses desde la fecha de esa decisión hacia adelante.
Con ello se hace soportar a la demandante las consecuencia de no haber apelado de la decisión, en cuanto ésta indicó incorrectamente que los intereses desde la fecha de los respectivos vencimientos de la letra hasta la de la sentencia era la cantidad de Bs. 784.740,00, y a la parte demandada el pago de los intereses que se continuaron venciendo.
Sin embargo, aún después que la parte demandada hizo la consignación de la cantidad de Bs. 13.255.925,00 indicada en la sentencia, no puede afirmarse que lo que debe son los intereses, pues debe aplicarse la disposición contenida en el artículo 1.303 del Código Civil, conforme al cual: "El obligado por una deuda que produce frutos o intereses no podrá, sin el consentimiento del acreedor, imputar sobre el capital lo que pague, con preferencia a los frutos e intereses. El pago hecho a cuenta del capital e intereses, si no fuere íntegro, se imputará primero a los intereses."
De manera que el indicado pago que realizó la parte demandada en fecha 22 de septiembre de 2005, debe imputarse así:
1) Intereses causados hasta el día de la decisión (28/06/04): Bs. 784.740,00
2) Intereses causados hasta la fecha del pago (22/09/05): Bs. 615.113,89
3) Suma total de todas las letras de cambio demandadas: Bs. 9.820.000,00
4) Diferencia: Bs. 2.036.071,11
TOTAL PAGADO Bs. 13.255.925,00
Esa diferencia sólo puede imputarse a costas, por cuanto son las únicas que para el momento de la consignación no eran exigibles, por cuanto no se realizó el trámite de estimación e intimación de honorarios.
No está demás añadir que como la sentencia debe bastarse a sí misma, no debía indicar que el monto de la condena estaba discriminado en el auto de admisión del libelo de reforma ni en ninguna otra actuación del expediente; pero así se hizo y ninguna de las partes recurrió del fallo.
También es conveniente puntualizar que el dispositivo de una sentencia no puede estar sujeto a un acontecimiento futuro e incierto como sería el pago de los intereses que se continúen causando hasta el definitivo pago de la obligación, porque este pago no se sabe cuándo se va a realizar y ni siquiera se tiene certeza de que se producirá. La decisión judicial no puede estar sujeta a condición, en el sentido técnico-jurídico de la expresión. Los intereses deben indicarse en ella con precisión, o sujetarlos, a lo sumo, a una experticia complementaria del fallo. Lo más que pudiera permitese es que se condenen hasta la fecha en que la decisión quede definitivamente firme, porque a pesar de ser también un acontecimiento futuro, su ocurrencia no es incierta. Nótese que aún en el caso de la experticia complementaria del fallo, el Tribunal tiene el deber de indicarle a los expertos los parámetros que utilizarán para los cálculos correspondientes, uno de los cuales es, precisamente, la señalización de la fecha hasta la cual se habrán de calcular, que no puede ser otra que la de la sentencia misma o la de la fecha cuando ésta quede ejecutoriada.
En otro orden de ideas, se observa que dentro del concepto de costas procesales se incluyen los honorarios profesionales, de modo que no puede pretender el ganancioso que se le pague la suma de Bs. 4.705.206,00 por honorarios profesionales, y una cantidad igual por concepto de costas de la primera instancia y, por si fuese poco, otro tanto por costas de alzada. En efecto, la norma contenida en el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil que limita el porcentaje de costas en los procedimientos por intimación al 25% del valor de la demanda, no puede ser interpretada en el sentido de que corresponda un 25% por cada instancia. El máximo es el 25% del valor de la demanda, independientemente de que hubiese habido apelación, de que se hubiese interpuesto o no el recurso de casación y de que, como consecuencia de éste, hubiese habido un fallo de reenvío sujeto a nueva casación o a recurso de nulidad. Por todo el proceso, sin importar las instancias por las que pase ni el tiempo de su duración, sólo se puede pretender el 25% del valor de la demanda, en concepto de costas, lo que incluye honorarios profesionales.
Las costas son la indemnización que el vencido debe satisfacer al vencedor por todos los gastos hechos en la litis y que estén en el pleito en una relación de causa-efecto incluyendo honorarios. De modo que después de la entrada en vigencia de
Pero, además, de acuerdo con el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, el valor de la demanda en el presente juicio quedó constituido únicamente por el capital y los intereses vencidos; es decir, la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 10.604.740,00), discriminado así: Bs. 9.820.000,00 que es el resultado de la suma de los montos nominales de todas las cinco (5) letras de cambio demandadas y Bs. 784.740,00 por concepto de dichos intereses calculados en el libelo.
El 25% de dicha cantidad representa la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 2.651.185,00), para un total de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00). Ello fue lo que motivó que en el auto de admisión de la demanda y en el de su reforma se intimase a la parte demandada al pago de esa suma. De modo que, aún cuando es cierto que en el juicio no ha habido ni la tasación de las costas (quizás innecesarias) ni estimación e intimación de honorarios, lo cierto del caso es que cuando la parte demandada consignó el cheque de gerencia a nombre del Tribunal, por esa misma cantidad, pagó íntegramente no sólo lo que adeuda por concepto de capital e intereses (calculados hasta la fecha del pago, como antes se indicó), sino también debe imputarse la diferencia como abono a las costas procesales (incluyendo honorarios profesionales) aunque para ese entonces no estaban liquidados, ni lo están todavía, ya que no se ha cumplido el procedimiento de estimación e intimación de los mismos. Y ASÍ SE DECIDE.
En otras palabras, lo reclamado en el libelo fue la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 10.604.740,00), más los intereses que se continuasen causando; pero como la sentencia dictada no clarificó que aquellos Bs. 784.740,00, eran sólo los intereses causados hasta el día de la interposición de la demanda, sino que dijo pura y simplemente que ellos eran los "intereses de mora ocasionada de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimientos", la parte demandada bien pudo limitarse a consignar en el expediente aquella cantidad un poco superior a los diez millones de bolívares, más los intereses calculados a la fecha del pago, a la espera que se realizase la tasación de las costas y el procedimiento de estimación e intimación de honorarios para ver si quedaba obligado al pago de los restantes Bs. 2.651.185,00, de acuerdo con el valor que a cada actuación realizase la parte gananciosa o los jueces retasadores; sin embargo, aceptando tácitamente que los abogados actores sí merecían el 25% completo por concepto de honorarios profesionales y acatando el contenido de la decisión, consignó el resultado de la sumatoria tanto del capital representado en las cinco letras de cambio demandadas, más los intereses que la sentencia le ordenó y una diferencia, que no se aclaró en la sentencia; pero que, como se ve, coincide exactamente con el 25% del valor de lo litigado; pero que no puede imputarse íntegramente a las costas (que incluyen los honorarios profesionales), porque la norma sobre imputación de pagos impone que primero consideren cancelados los intereses y luego el capital. No estando liquidadas las costas, eran éstas las que quedaron parcialmente abonadas.
En consecuencia:
1) El defecto de la sentencia cuando condenó al pago de los intereses sin precisar a cuál período correspondía, fuerzan a concluir que esos eran todos los causados desde la fecha de vencimiento de cada letra hasta la fecha de la decisión y que, por tanto, la falta de apelación contra dicha decisión definitiva, obliga a la parte actora a conformarse con la suma de Bs. 784.740,00 como intereses de mora "ocasionada de cada letra de cambio desde la fecha de los respectivos vencimientos, calculados a la rata del 5% anual.", hasta el día 28 de junio de 2004.
2) La misma falta de apelación contra la sentencia de mérito dictada el 28 de junio de 2004, obliga a la parte demandada a pagar los intereses que se continuaron venciendo desde la fecha de la decisión hasta el día 22 de septiembre de 2005, en que consignó la suma de 13.255.925,00 en el expediente de la causa, los cuales alcanzaron la suma de Bs. 615.113,89.
3) La condena en costas contenida en el dispositivo de la decisión definitivamente firme, no puede entenderse como que el demandado, además de los Bs. 13.255.925,00 debía pagar alguna cantidad adicional, porque ella incluye, como se dijo, un incremento del 25% respecto al valor de la demanda calculado de acuerdo con las pautas que prevé el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil; por ello, la consignación de la referida cantidad el día 22 de septiembre de 2005, cubría tanto el capital como los intereses causados hasta esa fecha, y un abono de Bs. 2.036.071,11 para costas procesales, quedando un remanente de éstas por la cantidad de Bs. 615.113,89, que no son susceptibles de producir intereses.
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en nombre de
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la misma parte contra la segunda decisión dictada también el día 9 de noviembre de 2005, que realizó un nuevo cálculo de intereses y que con ello modificó el dispositivo de la decisión de mérito, decisión ésta que queda modificada.
SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora, contra la segunda decisión dictada en la misma fecha por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en el juicio de cobro de bolívares que intentó la ciudadana MIRIAM JOSEFINA ARAUJO, en contra de la ciudadana MARÍA EUGENIA CÓRDOVA LEAL, suficientemente identificadas en el cuerpo del presente fallo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, en lo que respecta a la apelación interpuesta contra la primera decisión pronunciada en fecha 9 de noviembre de 2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial.
Por cuanto a pesar de haberse declarado improcedente la apelación de la parte actora, la decisión contra la que ella recurrió no fue confirmada en todas sus partes, ya que la misma se modificó por virtud de la apelación de la parte demandada contra esa segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, no procede la condenatoria en costas a la que se refiere el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil con respecto a la segunda decisión. (Resaltados del texto)
Posteriormente en la aclaratoria de fecha 27 de abril de 2006 se señaló:
...En el presente caso, por diligencia de fecha 25 de abril,
Respecto a los intereses de mora que no coinciden con los ordenados en el fallo de Primera Instancia de fecha 28 de junio de 2004 que adquirió la condición de cosa juzgada.
Para fundamentar su solicitud, la abogada afirma que el Tribunal de la causa los estableció en la cantidad de Bs. 784.740,00 y que ellos corresponden a los intereses de mora que se encontraban vencidos al momento de introducir la demanda, los cuales fueron legalmente calculados desde la fecha de los respectivos vencimientos de cada una de las letras de cambio hasta el 30 de septiembre de
Aduce que la primera parte de su escrito, la cual reproduce el consignante se refiere a lo condenado a pagar por la parte demandada en Sentencia de fecha 28 de Junio de 2004, donde declara "... discriminados en el auto de admisión del libelo de reforma de la demanda de la siguiente manera" y que luego de señalar el capital demandado, se refiere al punto 2 "La cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00) por concepto de intereses de mora ocasionados..."
Afirma que por cuanto la consignación la hace con arreglo a lo solicitado en la reforma del libelo de la demanda, es claro entender que la parte demandada ha tenido la intención de cancelar los intereses de mora tal como fueron demandados en el punto segundo del libelo; que ese punto no se debe tener como dijimos y que no debió ser objeto de modificación en la decisión de este Superior, porque los intereses vencidos de cada una de las letras, hasta la fecha de la introducción de la demanda, son los intereses pagados por la parte demandada en la consignación, y que con la decisión dictada por este Superior se está menoscabando los intereses económicos de su representada, quien además ha sufrido los embates del detrimento de su patrimonio, por una deuda que se generó a partir del 30 de Enero del año 1999 y que infructuosamente hizo múltiples gestiones para el cobro a la parte demandada, razón por la cual en el mes de Octubre de 2002 demandó el cobro y en ella costa que los intereses de mora exigidos en el punto Segundo tanto en el Libelo de
Con relación al punto tercero continúa diciéndose en la solicitud de aclaratoria lo solicitado en el libelo de la demanda y su reforma, donde fueron exigidos los intereses de mora que se siguieran produciendo hasta el definitivo pago de la obligación, afirma que es obvio que los mismos se corresponden desde la fecha en que se introdujo la demanda, porque para entonces quedaron establecidos en Bs. 784.740,00; que esa exigencia fue acogida por la sentenciadora acorde a lo solicitado en la reforma del libelo bajo el amparo del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil; que el interés del legislador al ordenar el pago de los intereses de mora al 5% anual, no fue otra que salvaguardar el patrimonio del acreedor con miras a que éste no se menoscabe ni deprima ante los casos en que el deudor no realice el pago oportuno de las letras de cambio, como en el caso que nos ocupa y que el cálculo de los intereses realizado por este Tribunal, a los que fue condenada a pagar la demandada no se corresponden con lo demandado y menos aún con lo sentenciado, y que, además, ese cálculo va en detrimento del patrimonio de su representada, en violación a sus derechos e intereses económicos y patrimoniales, desvirtuando la intención del legislador y se viola el derecho adjetivo y público, finalizando el capítulo solicitando un nuevo cálculo del monto que por concepto de intereses debe pagar la parte demandada.
En torno a esa solicitud, este Juzgador observa que las aclaratorias y las ampliaciones no pueden extenderse hasta la revisión de algún punto analizado y decidido en la sentencia respecto de la cual se solicita la aclaratoria o ampliación, sino para que, como su nombre lo indica, se aclaren, expresen con mayor sencillez, los puntos obscuros de la sentencia, o se amplíe respecto de algún punto controvertido sobre el cual no hubiese habido un pronunciamiento. En ningún caso puede el sentenciador regresar sobre sus mismos pasos para cambiar las motivaciones de su fallo, ni mucho menos el dispositivo, realizando un nuevo cálculo, como si nunca hubiese existido.
En la decisión dictada por este Tribunal, este Juzgador expresamente indicó que aún cuando los números no cuadrasen, la sentencia de la primera instancia condenó a la parte demandada a pagar una suma de dinero específica y afirmó que esa suma de dinero estaba discriminada de una forma determinada; pues bien, cuando la recurrida hizo la discriminación, afirmó que una parte era el capital, la otra eran los intereses moratorios ocasionados de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimientos, e inclusive, en el punto 3 de la misma discriminación, dijo que estaban los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación y, por último, las costas del proceso.
Por ello, por cuanto resultaba absurdo que dentro de la discriminación se comprendiesen intereses futuros que se causarían hasta una fecha indeterminada, a este Juzgador no le quedó otra alternativa que estimar que el monto total contenido en la condena incluía sólo los intereses vencidos; pero, además, como la indicada decisión no dijo hasta cuándo habían sido calculados esos intereses que precisó en el punto segundo del dispositivo, sino que se limitó a señalar que ellos eran los "...intereses mora ocasionada de cada letra de cambio desde la fecha de los respectivos vencimientos, calculados a la rata del 5% anual.", no dijo que lo eran hasta la fecha indicada en la demanda, aunque tampoco lo dijo que lo eran hasta la sentencia, como en caso de dudas se debe favorecer la posición del demandado, este Juzgador tuvo que decidir aunque los números no cuadrasen, se insiste en que ese cálculo debía reputarse realizado hasta el día de la sentencia y que, por tanto, los intereses que se continuasen venciendo a los que quedó obligado la parte demandada, lo eran a partir del fallo y hasta el día en que realizó la consignación en el expediente.
De modo que ese es un punto que quedó clara y expresamente decidido en la sentencia respecto de la cual se solicita la aclaratoria y que no puede ser modificado por esta vía.
Algo similar ocurre con la solicitud de aclaratoria respecto a las costas.
En la sentencia dictada por este Tribunal se indicó: (...)
....Quizás tenga razón la actora cuando señala que ese 25% de honorarios profesionales a que se refiere el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, parte de la base que no hubiese habido oposición. Para una decisión futura, este juzgador revisará su criterio al respecto; pero lamentablemente para este juicio ya hubo un pronunciamiento expreso y claro, aunque quizás errado, que le impide modificarlo por vía de una aclaratoria o de una ampliación.
En cualquier caso, no debe dejarse de tener en cuenta que ese pronunciamiento respecto al porcentaje indicado fue motivado a que la actora, quizás por viveza, pretendía cobrar 4.705.206,00 por honorarios profesionales, y una cantidad igual por concepto de costas de la primera instancia y, por si fuese poco, otro tanto por costas de alzada. Si no hubiese sido así, quizás podía argumentar en el incidente relativo a los honorarios lo relacionado con el cálculo de las costas cuando hubiese habido oposición, y el tribunal de la causa o el de alzada, coincidir con ella en cuanto a que habiendo habido oposición no regiría la limitación referida, sino que sería aplicable el artículo 286 del referido código adjetivo.
Por cuanto el contenido de esta decisión, aunque no coincida con la pretensión de la solicitante, precisa aún más las motivaciones que condujeron al dispositivo de la mencionada sentencia de fecha 1 de marzo de 2006, ésta queda aclarada en los términos expuestos, y la presente se considerará con aquella como un todo.... (Resaltados del texto)
Esta Sala para decidir observa:
En el presente caso se denuncia el primer caso de suposición falsa, con la consecuente infracción por la recurrida del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil y artículo 456 ordinal 2do. del Código Comercio, por falta de aplicación, señalándose que el hecho positivo y concreto establecido falsa e inexactamente por el juez superior, se contrae a indicar que la suma de Bolívares setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta (Bs. 784.740,00), corresponden a los intereses de mora causados desde el vencimiento de las letras de cambio y hasta el día del pronunciamiento de la sentencia definitiva, y así habría de concluirse, porque en la misma no se expresó que aquellos eran los intereses hasta la fecha de introducción de la demanda.
Se ha establecido, a través de nutrida y reiterada doctrina, el criterio según el cual la denuncia de suposición falsa requiere cumplir ciertos requisitos ineludibles para su conocimiento por parte de esta Máxima Jurisdicción. Entre otras, en sentencia N° 339 del 30 de julio de 2002, caso Nazareno Enrico DAmbrosio Rea y otra contra Inversiones Bricalla, S.A., expediente N° 2002-000032, se expresó:
...Esta denuncia el formalizante no la encuadró en alguno de los supuestos del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, exigido en la técnica de casación sobre los hechos, pues sabido es que esta modalidad en el recurso de casación, corresponde al recurso por infracción de Ley. Además de lo antes dicho, tampoco el formalizante cumple con la técnica que la Sala ha elaborado en su pacífica y constante doctrina, sin la cual la Sala en muchas ocasiones ha rechazado la denuncia sin entrar a decidirla.
Es de precepto que la determinación y valoración de los hechos y de las pruebas, corresponde, en principio a la soberana apreciación de los jueces de instancia, salvo que se pongan en movimiento los mecanismos de excepción previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, única ocasión en la cual esta Sala puede apartarse de su misión esencialmente contralora de la legalidad de las sentencias, y penetrar en la apreciación y determinación de los jueces del mérito sobre los hechos o de las pruebas, que sirvieron de fundamento al dispositivo del fallo impugnado.
En este orden de ideas el falso supuesto o suposición falsa, tiene como premisa el establecimiento por parte del Juez, de un hecho positivo y concreto sin respaldo probatorio en el expediente. Esta es la doctrina tradicional de la Sala mantenida hasta el presente, bien sea por atribuir a un acta o documento del expediente menciones que no contiene, o por haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen de autos; o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. De tal manera pues, que la figura de suposición falsa, tiene que referirse obligatoriamente a un hecho positivo y concreto, de lo contrario no estamos en presencia del falso supuesto o suposición falsa.
(...Omissis...)
Considera la Sala que en el presente caso no se configura el vicio de suposición falsa que se atribuye a la recurrida, pues lo que élla contiene es una apreciación de carácter jurídico y no de hecho. Ya se explicó que para que exista el vicio, éste tiene que consistir en una afirmación de hecho positivo y concreto. Así ha dicho
En consecuencia, considera la Sala que la denuncia analizada es improcedente por carecer de la técnica elaborada por la Sala en su pacífica y constante doctrina, como ya quedó explicado y también, por no contener los fundamentos fácticos para su procedencia. Así se decide....
En el sub iudice, lo que se acusa como falsamente supuesto no es un hecho positivo y concreto, sino la conclusión expuesta por el ad quem en su fallo, la cual deviene de un proceso de raciocinio mediante el cual, como lo señala la recurrente, se determinó que la suma de Bolívares setecientos ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta (Bs. 784.740,00), corresponden a los intereses de mora causados desde el vencimiento de las letras de cambio y hasta el día del pronunciamiento de la sentencia definitiva, y así habría de concluirse, porque en la misma no se expresó que aquellos eran los intereses hasta la fecha de introducción de la demanda. Siendo un razonamiento jurídico que conllevó al ad quem a declarar, parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la demandada, contra la segunda sentencia del 9 de noviembre de 2.005, que realizó un nuevo cálculo de intereses y que con ello modificó el dispositivo de la decisión de mérito, sentencia ésta que queda modificada, sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandante, contra la segunda decisión del 9 de noviembre de 2.005, y eximiendo de condenatoria en costas a la parte demandante en lo que respecta a la apelación contra la segunda decisión del 9 de noviembre de 2.005, arriba a una conclusión jurídica a la cual llega luego del análisis y proceso de raciocinio del caso.
La suposición falsa consiste en la afirmación por el sentenciador de un hecho positivo y concreto, falso o inexacto, dentro de los supuestos establecidos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: ...que la parte dispositiva del fallo sea consecuencia de una suposición falsa por parte del Juez, que atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo....
En definitiva, la sala considera que en el presente caso no se configura el vicio de suposición falsa que se le atribuye a la recurrida, pues lo que se endilga como tal no es un hecho sino una apreciación de carácter jurídico, lo cual conlleva a establecer que la presente denuncia debe ser declarada improcedente por incumplir la especial técnica requerida para realizar denuncias en materia de suposición falsa. Así se decide.
-II-
De conformidad con lo estatuido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia la formalizante la infracción en la recurrida de los artículos 22 y 23 de
Para fundamentar su delación expresa:
...habida consideración, que si bien es cierto que, las costas procesales se imponen en la sentencia definitiva que se dicta con motivo del juicio principal, no es menos cierto, que la reclamación que por honorarios profesionales de abogado pudiere surgir con motivo de acción judicial, debe ser tramitada en forma especial conforme a las reglas que establecen los artículos infringidos por la recurrida, en efecto, disponen los artículos de
...Se infiere de los citados artículos, que el abogado tiene derecho a apercibir honorarios por las actuaciones que realice y que en caso de reclamación que surgiere en juicio contenciosos, se sustanciará y decidirá conforme a lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil (artículo 607 de
Como vemos, la correspondiente reclamación de honorarios profesionales que tenga su fuente en las costas procesales, sólo puede ser hecha mediante demandada (sic) que debe sustanciarse en forma incidental en cuaderno separado y por los trámites del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y es en ese asunto incidental donde deberán estimarse los honorarios para la respectiva intimación al pago, de modo que, cualquier controversia que pudiere surgir en cuanto a los honorarios que debe cobrar el abogado, solo puede ser tramitada y decidida dentro de ese procedimiento; en tal sentido, en el presente juicio, el Juez de Primera Instancia así lo recogió en la decisión dictada en fecha 09 (sic) de noviembre de 2005, con un pronunciamiento que consideramos acertado, y así lo hicimos saber ante el Tribunal (sic) de la recurrida, en el escrito de informes, en el cual manifestamos nuestra conformidad con el pronunciamiento relativo a las costas (...)
...Ahora bien, en el presente caso, a pesar de nuestra manifestación de estar conforme con tal pronunciamiento, el Juez (sic) de la recurrida a pesar de que hubo un rechazo a las cantidades de dinero que por concepto de costas procesales fueron consignadas por la parte demandada, sin embargo, aún cuando señala que la parte demandada no pudo haberse limitado a pagar la cantidad que fuera condenada a pagar, a la espera que se realizase la tasación de las costas y el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, no obstante ello, se pronuncia sobre un quantum correspondiente a las costas procesales que por concepto de honorarios profesionales, sin que las partes impulsen el debido procedimiento, a pesar de que entre ellas han surgido diferencias de necesario pronunciamiento relativas a cuales con los honorarios que debe pagar la demandada perdidosa (...)
...Como se puede apreciar, de ese extracto de la sentencia recurrida, a pesar de que el Juez (sic) Superior (sic) indica expresamente que los honorarios no están liquidados ya que no se ha cumplido el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, sin embargo, se pronuncia sobre los mismos y fija cual es el quantum de dichos honorarios, sin que se haya verificado la debida oportunidad procesal para dicho pronunciamiento, que solo se materializará si se abre el debate correspondiente relativo al procedimiento especial de estimación e intimación de honorarios, y aún así, no se pude determinar en esta fase procesal, si llegará a estar facultado el Juez (sic) para emitir o no unipersonalmente dicho pronunciamiento, habida cuenta que, en el caso de que el obligado a pagar las costas llegará a acogerse al beneficio de la retasa, la decisión respectiva al monto de los honorarios profesionales, le tocará pronunciarla al Tribunal (sic) Colegiado (sic) de Retasa (sic) que al efecto se constituya.
Es indudable que, en el momento que la recurrida se pronuncia estableciendo cual es el monto de los honorarios profesionales, incurre en la infracción de las normas señaladas en el encabezamiento de esta denuncia, habida cuanta, que al dejar de aplicarlas emitió un pronunciamiento sin que se hubiere instaurado el procedimiento en el cual debió haberse pronunciado dicha decisión, lo cual ha tenido un (sic) influencia determinante en el dispositivo del fallo, ya que bajo tales fundamentos niega el recurso de apelación, con el riesgo de que se pueda crear cosa juzgada en cuanto a cuales con los honorarios que por costas procesales está obligada a pagar la parte demandada.
El recto modo de proceder en el presente juicio, se circunscribía por parte de la recurrida, a declarar que atendiendo a las previsiones de los artículos 22 y 23 de
Esta Sala para decidir observa:
El recurso de casación de fondo, también conocido como infracción de ley, se refiere a la infracción por parte de la recurrida, de las cuestiones que constituyen el fondo de la controversia, es decir, errores en el juzgamiento, los cuales en algunos casos pueden versar sobre normas de derecho procesal falsamente interpretadas y aplicadas u omitida su aplicación, del mismo modo que las de derecho sustantivo, requiriéndose en todo caso para casar el fallo, que la infracción de fondo por la recurrida sea determinante de su dispositivo.
El ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil comprende todas las hipótesis de posible inobservancia de las normas de derecho positivo por parte del juez, las cuales pueden ser clasificadas como: error de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley; aplicación falsa de una norma jurídica; aplicación de una norma que no esté vigente y negación de aplicación de una norma vigente.
La falta de aplicación de una norma que esté vigente, tiene lugar cuando el juzgador se niega a aplicar la norma a una relación jurídica que está bajo su alcance.
Al entrar al análisis de la denuncia formulada por el recurrente, observa la Sala que se pretende la aplicación de la normas previstas en los artículos 22 y 23 de
Al respecto cabe señalar, que el presente juicio es por cobro de bolívares, seguido mediante el procedimiento por intimación o monitorio, que la doctrina patria, ha definido como aquel de cognición reducida, con carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistidos por una prueba escrita. Puede ésta dirigirse en tal caso al Juez mediante demanda, y el Juez, inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), puede emitir un decreto con el que impone al deudor que cumpla su obligación. Esto debe ser notificado al deudor, y entonces, o el deudor hace oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario, o el deudor no hace oposición dentro del término, y entonces el decreto pasa a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. (Corsi, Luís, Apuntamiento sobre el Procedimiento por Intimación. Caracas, 1.986). (Fallo de esta Sala No 64 del 22 de marzo del 2.000, Exp. No 98-288, en el juicio de Rafael José Pinto contra (SACONPA).
El juicio de intimación cuyo decreto debe reunir los requisitos previstos en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, constituye de por si el auto que da inicio a este tipo de procedimiento y tiene lugar cuando examinados por el juez los requisitos de procedencia previstos en el artículo 640 eiusdem y se ha acompañado como prueba fundamental de la pretensión alguno de los instrumentos a que se refiere el artículo 644 ibidem, hacen admisible la demanda por cobro de bolívares a través de este procedimiento especial, por lo que si el decreto como tal puede adquirir la fuerza ejecutiva que se le otorga a la sentencia definitivamente firme pasada en autoridad de cosa juzgada ante la falta de oposición del demandado, el mismo constituye propiamente el auto de admisión de la demanda, y en este el juez de la causa tiene una limitación expresa, contenida en el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: El juez calculará prudencialmente las costas que debe pagar el intimado, pero no podrá acordar en concepto de honorarios del abogado del demandante, una cantidad que exceda del 25% del valor de la demanda. Quedando claro, que se presenta una limitación en el limite máximo de la cantidad a que puede ser condenado en costas el intimado, la cual no podrá exceder en concepto de honorarios del abogado del demandante del 25% del valor de la demanda y que dichas costas son calculadas en el auto de admisión de la demanda. (subrayado y negrillas de la Sala).
AL respecto cabe señalar que la sentencia recurrida del 1º de marzo de 2.006, dispuso lo siguiente:
...En fecha 9 de noviembre de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial dictó dos (2) decisiones en este juicio.
Mediante la primera, declaró improcedente la oposición a la medida de embargo ejecutivo formulada por el ciudadano Mauricio José González Lugo, con fundamento en la circunstancia de que la medida recayó sobre los derechos de propiedad que tiene la demandada sobre el inmueble y que dicho ciudadano no tiene cualidad de tercero.
Y en la segunda, dicho juzgado, sin utilizar el término, consideró que faltaba el pago de las costas, pero además realizó un cálculo de intereses por cada una de las letras de cambio demandadas hasta un total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 2.442.722,33) y señaló, por otro lado, que las costas procesales no pueden ser objeto de ejecución en esta etapa, puesto que se requiere previamente el debido proceso que se inicia con la respectiva estimación e intimación de honorarios y la tasación de costas, si hubiera lugar a ello, declarando improcedente la pretensión de la parte actora relacionada con el cálculo de las costas, puesto que aún no se ha tramitado el cobro de las mismas, conforme al debido proceso.
En esta última concluye señalando: "En consecuencia considera este Tribunal que el monto consignado por la representación judicial de la parte demandada, cubre las cantidades líquidas que debían ser canceladas en este proceso, faltando sólo la cancelación de las costas procesales, conforme lo acordado en dicha sentencia, previos los trámites legales pertinentes por la parte gananciosa, tal como se señaló anteriormente." (...)
La parte actora, de su lado, consignó un escrito (fs. 199 al 201 de la misma pieza) mediante la cual afirma que no está conforme con la referida consignación, porque el ejecutado debía cancelar también los intereses que se continuasen venciendo hasta que se produjese el pago definitivo de la obligación y las costas de la primera instancia y las de alzada.
Según la parte actora, la parte demandada le adeuda la suma de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 29.799.639,00) que incluyen el monto indicado en la sentencia de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), más la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES (Bs. 2.428.096,00) por concepto de intereses de mora calculados a la tasa del 5% anual, más tres (3) veces la cantidad de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES (Bs. 4.705.206,00) una por concepto de honorarios profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, otra por concepto de las costas de la primera instancia, y una más por las costas de la segunda instancia.
Esa disputa fue la que motivó la segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005 que en esta parte de la sentencia se analiza, (...)
...La parte demandada apeló de esa decisión, argumentando que pagó la cantidad que se le condenó y, en consecuencia, que se debe dar por terminado el juicio, ordenarse el archivo del expediente y la suspensión de la medida de prohibición de enajenar y gravar que se decretó en el proceso y la de embargo ejecutivo que se practicó.
La parte actora, de su lado, considera que como en la decisión del día 28 de junio de 2004 se ordenó el pago no sólo de la cantidad de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), sino también de los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación y además se condenó en costas a la demandada, el monto que debió ésta pagar fue la cantidad de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES (Bs. 29.799.639,00), en la que incluye, como se dijo, Bs. 4.705.206,00, por concepto de honorarios profesionales, Bs. 4.705.206,00 por concepto de costas de la primera instancia y Bs. 4.705.206,00 por las costas de la alzada, además, claro está, el principal de las letras de cambio que demandó y los intereses de mora calculados a la tasa del 5% anual.
Ahora bien, en esa decisión de fecha 28 de junio de 2004, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, luego de declarar con lugar la demanda, realizó el siguiente pronunciamiento:
"SEGUNDO: Se condena a la parte demandada MARÍA EUGENIA CORDOVA LEAL, a pagar a la parte actora MIRIAM JOSEFINA ARAUJO de MENDEZ, la suma de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00), discriminada en el auto de admisión del libelo de reforma de la demanda de la siguiente manera: 1) la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.820.000,00), correspondiente a la sumatoria descrita en las letras de cambio. 2) La cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00) por concepto de intereses de mora ocasionada de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimiento, calculados a la rata del 5% anual. 3) Los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación. 4) Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida."
Esa decisión quedó firme para ambas partes, porque ninguna de ellas apeló. De modo que si bien es cierto que no procedía el cálculo de los intereses realizados por el Tribunal de la causa en su segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, por cuanto con ella modificó el fallo ejecutoriado, toda vez en la dictada se había señalado que la cantidad de Bs. 784.740,00, eran los intereses que se habían causado desde las fechas de los respectivos vencimientos de cada letra, y como no decía hasta cuando, habría que concluir que lo eran hasta el día de la sentencia, aunque los números no cuadrasen; porque en la sentencia de fecha 28 de junio de 2004, no se dijo expresamente que aquellos eran los intereses hasta la fecha de la introducción de la demanda.
Por tanto, así como la parte actora deberá aceptar únicamente la referida cantidad de Bs. 784.740,00, por concepto de intereses desde la fecha de vencimiento de cada letra hasta la fecha de la sentencia, también la parte demandada tenía que pagar los intereses desde la fecha de esa decisión hacia adelante.
Con ello se hace soportar a la demandante las consecuencia de no haber apelado de la decisión, en cuanto ésta indicó incorrectamente que los intereses desde la fecha de los respectivos vencimientos de la letra hasta la de la sentencia era la cantidad de Bs. 784.740,00, y a la parte demandada el pago de los intereses que se continuaron venciendo.
Sin embargo, aún después que la parte demandada hizo la consignación de la cantidad de Bs. 13.255.925,00 indicada en la sentencia, no puede afirmarse que lo que debe son los intereses, pues debe aplicarse la disposición contenida en el artículo 1.303 del Código Civil, conforme al cual: "El obligado por una deuda que produce frutos o intereses no podrá, sin el consentimiento del acreedor, imputar sobre el capital lo que pague, con preferencia a los frutos e intereses. El pago hecho a cuenta del capital e intereses, si no fuere íntegro, se imputará primero a los intereses."
De manera que el indicado pago que realizó la parte demandada en fecha 22 de septiembre de 2005, debe imputarse así:
1) Intereses causados hasta el día de la decisión (28/06/04): Bs. 784.740,00
2) Intereses causados hasta la fecha del pago (22/09/05): Bs. 615.113,89
3) Suma total de todas las letras de cambio demandadas: Bs. 9.820.000,00
4) Diferencia: Bs. 2.036.071,11
TOTAL PAGADO Bs. 13.255.925,00
Esa diferencia sólo puede imputarse a costas, por cuanto son las únicas que para el momento de la consignación no eran exigibles, por cuanto no se realizó el trámite de estimación e intimación de honorarios.
No está demás añadir que como la sentencia debe bastarse a sí misma, no debía indicar que el monto de la condena estaba discriminado en el auto de admisión del libelo de reforma ni en ninguna otra actuación del expediente; pero así se hizo y ninguna de las partes recurrió del fallo.
También es conveniente puntualizar que el dispositivo de una sentencia no puede estar sujeto a un acontecimiento futuro e incierto como sería el pago de los intereses que se continúen causando hasta el definitivo pago de la obligación, porque este pago no se sabe cuándo se va a realizar y ni siquiera se tiene certeza de que se producirá. La decisión judicial no puede estar sujeta a condición, en el sentido técnico-jurídico de la expresión. Los intereses deben indicarse en ella con precisión, o sujetarlos, a lo sumo, a una experticia complementaria del fallo. Lo más que pudiera permitese es que se condenen hasta la fecha en que la decisión quede definitivamente firme, porque a pesar de ser también un acontecimiento futuro, su ocurrencia no es incierta. Nótese que aún en el caso de la experticia complementaria del fallo, el Tribunal tiene el deber de indicarle a los expertos los parámetros que utilizarán para los cálculos correspondientes, uno de los cuales es, precisamente, la señalización de la fecha hasta la cual se habrán de calcular, que no puede ser otra que la de la sentencia misma o la de la fecha cuando ésta quede ejecutoriada.
En otro orden de ideas, se observa que dentro del concepto de costas procesales se incluyen los honorarios profesionales, de modo que no puede pretender el ganancioso que se le pague la suma de Bs. 4.705.206,00 por honorarios profesionales, y una cantidad igual por concepto de costas de la primera instancia y, por si fuese poco, otro tanto por costas de alzada. En efecto, la norma contenida en el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil que limita el porcentaje de costas en los procedimientos por intimación al 25% del valor de la demanda, no puede ser interpretada en el sentido de que corresponda un 25% por cada instancia. El máximo es el 25% del valor de la demanda, independientemente de que hubiese habido apelación, de que se hubiese interpuesto o no el recurso de casación y de que, como consecuencia de éste, hubiese habido un fallo de reenvío sujeto a nueva casación o a recurso de nulidad. Por todo el proceso, sin importar las instancias por las que pase ni el tiempo de su duración, sólo se puede pretender el 25% del valor de la demanda, en concepto de costas, lo que incluye honorarios profesionales.
Las costas son la indemnización que el vencido debe satisfacer al vencedor por todos los gastos hechos en la litis y que estén en el pleito en una relación de causa-efecto incluyendo honorarios. De modo que después de la entrada en vigencia de
Pero, además, de acuerdo con el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil, el valor de la demanda en el presente juicio quedó constituido únicamente por el capital y los intereses vencidos; es decir, la cantidad de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 10.604.740,00), discriminado así: Bs. 9.820.000,00 que es el resultado de la suma de los montos nominales de todas las cinco (5) letras de cambio demandadas y Bs. 784.740,00 por concepto de dichos intereses calculados en el libelo.
El 25% de dicha cantidad representa la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 2.651.185,00), para un total de TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES (Bs. 13.255.925,00). Ello fue lo que motivó que en el auto de admisión de la demanda y en el de su reforma se intimase a la parte demandada al pago de esa suma. De modo que, aún cuando es cierto que en el juicio no ha habido ni la tasación de las costas (quizás innecesarias) ni estimación e intimación de honorarios, lo cierto del caso es que cuando la parte demandada consignó el cheque de gerencia a nombre del Tribunal, por esa misma cantidad, pagó íntegramente no sólo lo que adeuda por concepto de capital e intereses (calculados hasta la fecha del pago, como antes se indicó), sino también debe imputarse la diferencia como abono a las costas procesales (incluyendo honorarios profesionales) aunque para ese entonces no estaban liquidados, ni lo están todavía, ya que no se ha cumplido el procedimiento de estimación e intimación de los mismos. Y ASÍ SE DECIDE.
En otras palabras, lo reclamado en el libelo fue la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 10.604.740,00), más los intereses que se continuasen causando; pero como la sentencia dictada no clarificó que aquellos Bs. 784.740,00, eran sólo los intereses causados hasta el día de la interposición de la demanda, sino que dijo pura y simplemente que ellos eran los "intereses de mora ocasionada de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimientos", la parte demandada bien pudo limitarse a consignar en el expediente aquella cantidad un poco superior a los diez millones de bolívares, más los intereses calculados a la fecha del pago, a la espera que se realizase la tasación de las costas y el procedimiento de estimación e intimación de honorarios para ver si quedaba obligado al pago de los restantes Bs. 2.651.185,00, de acuerdo con el valor que a cada actuación realizase la parte gananciosa o los jueces retasadores; sin embargo, aceptando tácitamente que los abogados actores sí merecían el 25% completo por concepto de honorarios profesionales y acatando el contenido de la decisión, consignó el resultado de la sumatoria tanto del capital representado en las cinco letras de cambio demandadas, más los intereses que la sentencia le ordenó y una diferencia, que no se aclaró en la sentencia; pero que, como se ve, coincide exactamente con el 25% del valor de lo litigado; pero que no puede imputarse íntegramente a las costas (que incluyen los honorarios profesionales), porque la norma sobre imputación de pagos impone que primero consideren cancelados los intereses y luego el capital. No estando liquidadas las costas, eran éstas las que quedaron parcialmente abonadas.
En consecuencia:
1) El defecto de la sentencia cuando condenó al pago de los intereses sin precisar a cuál período correspondía, fuerzan a concluir que esos eran todos los causados desde la fecha de vencimiento de cada letra hasta la fecha de la decisión y que, por tanto, la falta de apelación contra dicha decisión definitiva, obliga a la parte actora a conformarse con la suma de Bs. 784.740,00 como intereses de mora "ocasionada de cada letra de cambio desde la fecha de los respectivos vencimientos, calculados a la rata del 5% anual.", hasta el día 28 de junio de 2004.
2) La misma falta de apelación contra la sentencia de mérito dictada el 28 de junio de 2004, obliga a la parte demandada a pagar los intereses que se continuaron venciendo desde la fecha de la decisión hasta el día 22 de septiembre de 2005, en que consignó la suma de 13.255.925,00 en el expediente de la causa, los cuales alcanzaron la suma de Bs. 615.113,89.
3) La condena en costas contenida en el dispositivo de la decisión definitivamente firme, no puede entenderse como que el demandado, además de los Bs. 13.255.925,00 debía pagar alguna cantidad adicional, porque ella incluye, como se dijo, un incremento del 25% respecto al valor de la demanda calculado de acuerdo con las pautas que prevé el artículo 31 del Código de Procedimiento Civil; por ello, la consignación de la referida cantidad el día 22 de septiembre de 2005, cubría tanto el capital como los intereses causados hasta esa fecha, y un abono de Bs. 2.036.071,11 para costas procesales, quedando un remanente de éstas por la cantidad de Bs. 615.113,89, que no son susceptibles de producir intereses.
En virtud de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en nombre de
PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por la misma parte contra la segunda decisión dictada también el día 9 de noviembre de 2005, que realizó un nuevo cálculo de intereses y que con ello modificó el dispositivo de la decisión de mérito, decisión ésta que queda modificada.
SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora, contra la segunda decisión dictada en la misma fecha por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en el juicio de cobro de bolívares que intentó la ciudadana MIRIAM JOSEFINA ARAUJO, en contra de la ciudadana MARÍA EUGENIA CÓRDOVA LEAL, suficientemente identificadas en el cuerpo del presente fallo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, en lo que respecta a la apelación interpuesta contra la primera decisión pronunciada en fecha 9 de noviembre de 2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial.
Por cuanto a pesar de haberse declarado improcedente la apelación de la parte actora, la decisión contra la que ella recurrió no fue confirmada en todas sus partes, ya que la misma se modificó por virtud de la apelación de la parte demandada contra esa segunda decisión de fecha 9 de noviembre de 2005, no procede la condenatoria en costas a la que se refiere el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil con respecto a la segunda decisión. (Resaltados del texto)
Posteriormente en la aclaratoria de fecha 27 de abril de 2006, señalo:
...En el presente caso, por diligencia de fecha 25 de abril,
Respecto a los intereses de mora que no coinciden con los ordenados en el fallo de Primera Instancia de fecha 28 de junio de 2004 que adquirió la condición de cosa juzgada.
Para fundamentar su solicitud, la abogada afirma que el Tribunal de la causa los estableció en la cantidad de Bs. 784.740,00 y que ellos corresponden a los intereses de mora que se encontraban vencidos al momento de introducir la demanda, los cuales fueron legalmente calculados desde la fecha de los respectivos vencimientos de cada una de las letras de cambio hasta el 30 de septiembre de
Aduce que la primera parte de su escrito, la cual reproduce el consignante se refiere a lo condenado a pagar por la parte demandada en Sentencia de fecha 28 de Junio de 2004, donde declara "... discriminados en el auto de admisión del libelo de reforma de la demanda de la siguiente manera" y que luego de señalar el capital demandado, se refiere al punto 2 "La cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA BOLÍVARES (Bs. 784.740,00) por concepto de intereses de mora ocasionados..."
Afirma que por cuanto la consignación la hace con arreglo a lo solicitado en la reforma del libelo de la demanda, es claro entender que la parte demandada ha tenido la intención de cancelar los intereses de mora tal como fueron demandados en el punto segundo del libelo; que ese punto no se debe tener como dijimos y que no debió ser objeto de modificación en la decisión de este Superior, porque los intereses vencidos de cada una de las letras, hasta la fecha de la introducción de la demanda, son los intereses pagados por la parte demandada en la consignación, y que con la decisión dictada por este Superior se está menoscabando los intereses económicos de su representada, quien además ha sufrido los embates del detrimento de su patrimonio, por una deuda que se generó a partir del 30 de Enero del año 1999 y que infructuosamente hizo múltiples gestiones para el cobro a la parte demandada, razón por la cual en el mes de Octubre de 2002 demandó el cobro y en ella costa que los intereses de mora exigidos en el punto Segundo tanto en el Libelo de
Con relación al punto tercero continúa diciéndose en la solicitud de aclaratoria lo solicitado en el libelo de la demanda y su reforma, donde fueron exigidos los intereses de mora que se siguieran produciendo hasta el definitivo pago de la obligación, afirma que es obvio que los mismos se corresponden desde la fecha en que se introdujo la demanda, porque para entonces quedaron establecidos en Bs. 784.740,00; que esa exigencia fue acogida por la sentenciadora acorde a lo solicitado en la reforma del libelo bajo el amparo del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil; que el interés del legislador al ordenar el pago de los intereses de mora al 5% anual, no fue otra que salvaguardar el patrimonio del acreedor con miras a que éste no se menoscabe ni deprima ante los casos en que el deudor no realice el pago oportuno de las letras de cambio, como en el caso que nos ocupa y que el cálculo de los intereses realizado por este Tribunal, a los que fue condenada a pagar la demandada no se corresponden con lo demandado y menos aún con lo sentenciado, y que, además, ese cálculo va en detrimento del patrimonio de su representada, en violación a sus derechos e intereses económicos y patrimoniales, desvirtuando la intención del legislador y se viola el derecho adjetivo y público, finalizando el capítulo solicitando un nuevo cálculo del monto que por concepto de intereses debe pagar la parte demandada.
En torno a esa solicitud, este Juzgador observa que las aclaratorias y las ampliaciones no pueden extenderse hasta la revisión de algún punto analizado y decidido en la sentencia respecto de la cual se solicita la aclaratoria o ampliación, sino para que, como su nombre lo indica, se aclaren, expresen con mayor sencillez, los puntos obscuros de la sentencia, o se amplíe respecto de algún punto controvertido sobre el cual no hubiese habido un pronunciamiento. En ningún caso puede el sentenciador regresar sobre sus mismos pasos para cambiar las motivaciones de su fallo, ni mucho menos el dispositivo, realizando un nuevo cálculo, como si nunca hubiese existido.
En la decisión dictada por este Tribunal, este Juzgador expresamente indicó que aún cuando los números no cuadrasen, la sentencia de la primera instancia condenó a la parte demandada a pagar una suma de dinero específica y afirmó que esa suma de dinero estaba discriminada de una forma determinada; pues bien, cuando la recurrida hizo la discriminación, afirmó que una parte era el capital, la otra eran los intereses moratorios ocasionados de cada letra desde la fecha de los respectivos vencimientos, e inclusive, en el punto 3 de la misma discriminación, dijo que estaban los intereses que se sigan venciendo hasta que se produzca el definitivo pago de la obligación y, por último, las costas del proceso.
Por ello, por cuanto resultaba absurdo que dentro de la discriminación se comprendiesen intereses futuros que se causarían hasta una fecha indeterminada, a este Juzgador no le quedó otra alternativa que estimar que el monto total contenido en la condena incluía sólo los intereses vencidos; pero, además, como la indicada decisión no dijo hasta cuándo habían sido calculados esos intereses que precisó en el punto segundo del dispositivo, sino que se limitó a señalar que ellos eran los "...intereses mora ocasionada de cada letra de cambio desde la fecha de los respectivos vencimientos, calculados a la rata del 5% anual.", no dijo que lo eran hasta la fecha indicada en la demanda, aunque tampoco lo dijo que lo eran hasta la sentencia, como en caso de dudas se debe favorecer la posición del demandado, este Juzgador tuvo que decidir aunque los números no cuadrasen, se insiste en que ese cálculo debía reputarse realizado hasta el día de la sentencia y que, por tanto, los intereses que se continuasen venciendo a los que quedó obligado la parte demandada, lo eran a partir del fallo y hasta el día en que realizó la consignación en el expediente.
De modo que ese es un punto que quedó clara y expresamente decidido en la sentencia respecto de la cual se solicita la aclaratoria y que no puede ser modificado por esta vía.
Algo similar ocurre con la solicitud de aclaratoria respecto a las costas.
En la sentencia dictada por este Tribunal se indicó: (...)
....Quizás tenga razón la actora cuando señala que ese 25% de honorarios profesionales a que se refiere el artículo 648 del Código de Procedimiento Civil, parte de la base que no hubiese habido oposición. Para una decisión futura, este juzgador revisará su criterio al respecto; pero lamentablemente para este juicio ya hubo un pronunciamiento expreso y claro, aunque quizás errado, que le impide modificarlo por vía de una aclaratoria o de una ampliación.
En cualquier caso, no debe dejarse de tener en cuenta que ese pronunciamiento respecto al porcentaje indicado fue motivado a que la actora, quizás por viveza, pretendía cobrar 4.705.206,00 por honorarios profesionales, y una cantidad igual por concepto de costas de la primera instancia y, por si fuese poco, otro tanto por costas de alzada. Si no hubiese sido así, quizás podía argumentar en el incidente relativo a los honorarios lo relacionado con el cálculo de las costas cuando hubiese habido oposición, y el tribunal de la causa o el de alzada, coincidir con ella en cuanto a que habiendo habido oposición no regiría la limitación referida, sino que sería aplicable el artículo 286 del referido código adjetivo.
Por cuanto el contenido de esta decisión, aunque no coincida con la pretensión de la solicitante, precisa aún más las motivaciones que condujeron al dispositivo de la mencionada sentencia de fecha 1 de marzo de 2006, ésta queda aclarada en los términos expuestos, y la presente se considerará con aquella como un todo.... (Resaltados del texto)
De lo anterior se desprende, que el Juzgado Superior hizo el debido análisis de la situación planteada en este juicio, con la correspondiente valoración de los hechos, con respecto al tipo de procedimiento, a la sentencia de primera instancia, que señala que quedó definitivamente firme, y sus efectos en el proceso, claramente determinados en torno a la condenatoria en costas.
Por lo cual, si la formalizante no esta de acuerdo con la valoración de los hechos realizada por el juez de la recurrida, este podría solicitar el control de la valoración de los hechos, mediante la apropiada denuncia fundada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en la modalidad de norma jurídica expresa para la valoración de los hechos. Ello requiere que el hecho haya sido establecido en la instancia, pero se le haya dado una valoración o calificación contraria a lo establecido en una expresa disposición legal. Observándose que éste no es el supuesto de la denuncia que se le plantea a
En fuerza de las precedentes consideraciones, esta Sala desecha por indebida fundamentación, la presente denuncia por supuesta falta de aplicación de los artículos 22 y 23 de
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
Se condena al recurrente al pago de las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial estado Vargas. Particípese dicha remisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial estado Vargas, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en
Presidenta de
____________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
_________________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado-Ponente,
______________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2006-000588
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