Venley

Sentencia N.º RC.00187

Sentencia
N.º RC.00187
Fecha
11/03/2004
Sala
Casación Civil
Expediente
03-249
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

         En el juicio por cobro de bolívares mediante el procedimiento por intimación intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano NICOLÁS DORTA CHANGIR, actuando en su propio nombre y en defensa de sus derechos e intereses contra el ciudadano JOAO VIEIRA DA LUZ, representado judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión José T. Monagas Paesano y Gregorio Andrade Zambrano; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 24 de enero de 2003, dictó sentencia declarando sin lugar el recurso procesal de apelación ejercido por el demandado, confirmando por vía de consecuencia la decisión del a quo que declaró con lugar la demanda, y lo condenó al pago de las costas procesales.

Contra la preindicada sentencia, el accionado anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

Concluida la sustanciación, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, y lo hace previa las siguientes consideraciones:

 

RECURSO POR DEFECTO DE FORMA

I

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil,  se denuncia la infracción de los artículos 12 y 244 ejusdem, por no haberse la recurrida atenido a lo alegado y probado en autos y haber incurrido en el vicio de contradicción.

         Se alega que:

“...Ahora bien, la contradicción como vicio de la sentencia que pone en evidencia cuando el juez de la recurrida declara con lugar la aclaratoria presentada por la parte intimante, expresando:

‘En consecuencia, este Juzgador Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, declara con lugar la aclaratoria de la sentencia dicta en fecha 24 de enero de 2003, sin que modifique sustancialmente el fondo del dispositivo debiendo adicionársele la corrección en los siguientes términos:

CUARTO: Se condena en costas a la parte recurrente en cuanto al recurso ejercido conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de Cobro de Bolívares (Sic) seguido por NICOLÁS DORTA CHANGIR en contra de JOAO (JUAN) VIEIRA DA LUZ. Y así se declara.

 

Ciudadano Magistrado, tal y como ha sido demostrado palmariamente, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 12 de diciembre de 2001, declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta, dejando expresamente expuesto que debido a la naturaleza del fallo dictado no había especial condenatoria en costas.

Esta decisión dictada por el a quo, una vez recurrida en apelación, fue revisada y conocida por el ad-quem, quien, en fecha 24 de enero de 2003, profirió sentencia definitiva CONFIRMANDO en todas sus partes la decisión dictada por el Tribunal de la causa. Tan es así que en el punto TERCERO, al declarar sin lugar la apelación interpuesta por la demanda, expresamente estableció:

TERCERO: Se declara sin lugar la apelación propuesta por (sic) para demandada y su alegación de prescripción de la acción cambiaria.

Motivado a la naturaleza del fallo, no se produce condenatoria en costas. (Resaltado y negritas mías)

De las anteriores transcripciones, se evidencia claramente que el ad-quem incurre en el vicio de contradicción, ya que CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal a-quo, mediante la cual había declarado que dada la naturaleza del fallo no había especial condenatoria en costas; ratifica dicha declaratoria al dictar su sentencia definitiva y considerar en el punto TERCERO que motivado a la naturaleza del fallo, no se produce condenatoria en costas; empero, al pronunciar la decisión de la aclaratoria solicitada por el intimante, condena en costas a mí representado conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.

Esta representación judicial considera que si bien es cierto que el artículo 281 del Código Adjetivo establece la condenatoria en costas a la parte que haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes, no menos cierto es que en el proceso se produjeron decisiones definitivas que declararon PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, y en virtud de ello, tanto el Tribunal de la causa como el Tribunal de Alzada, expresamente dejaron sentado que no había especial condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo.

De esta manera, considera esta representación judicial (Sic) queda demostrado el vicio de contradicción en el cual incurre la sentencia dictada, en fecha 24 de enero de 2003, por el Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana...”.

 

Alega el formalizante que el fallo recurrido incurre en el vicio de contradicción, cuando al resolver sobre la aclaratoria, condena al pago de las costas del recurso al demandado, no obstante haber sido él el único apelante, asimismo, habiendo esa alzada confirmado la decisión del a-quo, según la cual no hubo condenatoria en costas por haberse declarado parcialmente con lugar la demanda; razón por la cual estima infringidos los artículos 244 y 12 del Código de Procedimiento Civil.

 

 

Para decidir la Sala observa:

            La denuncia que ocupa la atención de ésta Máxima Jurisdicción, se advierte fundamentada en la infracción de los artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por considerar el formalizante que la recurrida, al dictar su decisión, no se atuvo a lo alegado y probado en autos, asimismo  la acusa de ser contradictoria al condenar vía aclaratoria, al demandado, al pago de las costas procesales.

            Al respecto cabe destacar, que mediante sentencia Nº. 186, de fecha 8/6/00, en el juicio de Corporación para el Desarrollo Inmobiliario C.A. contra Pentafarma C.A, expediente Nº 99-922, esta Sala estableció la doctrina que a continuación se cita:

“...Ahora, las costas procesales no forman ni puede (Sic) formar parte de la pretensión deducida desde luego que ellas no son sino la sanción que se impone al litigante que resulta totalmente vencido en el proceso o en una incidencia.

 

De allí que su pronunciamiento está supeditado al acontecimiento futuro e incierto del vencimiento total. En este sentido las costas son un accesorio del fracaso absoluto y es deber del Juez su declaratoria sin necesidad de que se le exija y sin posibilidad de exoneración dado el supuesto dicho.

(...Omissis...)

En este orden de ideas se observa igualmente, que si lo relativo a las costas no forma parte del tema debatido por las partes, sino una consecuencia del debido pronunciamiento, su imposición o silencio indebido, no constituye el vicio de incongruencia positiva o negativa sino mas bien una violación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, según el caso, violación ésta cuyo examen, como es notorio, no la puede realizar la Sala de Casación Civil, dentro de los ámbitos de un recurso de forma...”.

Según el criterio invocado se advierte que en los supuestos en los cuales se pretenda denunciar algún yerro del jurisdicente referente a la imposición de costas, ello debe conducirse por la vía de una denuncia de infracción de ley con fundamentación en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por falta o falsa aplicación o errónea interpretación de norma legal; ello en razón de que al no formar las costas parte integrante del thema decidendum, no puede imputársele al juez que se pronuncie u omita pronunciarse sobre su procedencia, o que lo haga de forma equivocada, el no decidir conforme a lo alegado y probado en autos con infracción del mentado artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y con apoyo en el ordinal 1º del artículo 313 ejusdem.

En el caso sublitis, se observa que el recurrente formuló su denuncia, precisamente fundamentado en un defecto de actividad, razón por la cual la denuncia en estudio deberá desecharse por no cumplir con la técnica de fundamentación establecida para estos casos. Así se decide.

No obstante lo señalado, este Tribunal Supremo de Justicia, extremando sus deberes cumple con informar al recurrente que mediante reiterada y pacífica doctrina esta Máxima Jurisdicción ha establecido cuando puede considerarse la sentencia viciada de contradicción por infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, instituyendo que tal quebrantamiento sólo puede perpetrarse en el dispositivo de ella cuando las resoluciones contenidas en la decisión sean de tal manera opuestas, que resulte imposible ejecutarlas simultáneamente, en razón de excluirse las unas a las otras impidiendo, de esta manera, determinar el alcance de la cosa juzgada y en consecuencia imposibilitándose conocer cual es el mandamiento a cumplir.

Sobre el vicio en comentario se ha dicho que: 

 

“...Para que la contradicción sea causa de anulabilidad del fallo y, por tanto, censurable en casación, es necesario que la sentencia no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea... La contradicción debe concentrarse, pues, en la parte dispositiva de la sentencia para que configure este vicio, de manera, que sea inejecutable o tan incierta que no pueda entenderse cuál sea la condena en ella establecida. Pero el núcleo conflictivo de la sentencia contradictoria radica en que contiene varias manifestaciones de voluntad, en una misma declaración de certeza, que se excluyen mutuamente o se destruyen entre sí, de manera que la ejecución de una parte implica la inejecución de otra...”. CUENCA, Humberto, “Curso de Casación Civil. Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela. Caracas 1962. Tomo I. pp.146)

 

En el sub-judice, se observa que el dispositivo es claro, preciso y definitivamente ejecutable, ya que la condenatoria en costas establecida por el ad-quem, en virtud de la aclaratoria, se refiere a las correspondientes al recurso y no a las del juicio. 

A efectos de una mejor inteligencia de la decisión a tomar, estima pertinente la Sala realizar la trascripción del texto del dispositivo de la recurrida, la cual estableció:

“...Por las motivaciones precedentes, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia:

PRIMERO: Confirma la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 12 de diciembre de 2001, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda de cobro (Sic) incoada por NICOLÁS A. DORTA CHANGIR (Parte Actora) en contra de JOAO (JUAN) VIEIRA DA LUZ (Parte Demandada), ambos antes identificados;

SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de las sumas siguientes: 1º) La cantidad de nueve millones setecientos setenta y siete mil bolívares (Bs. 9.777.000), monto de capital de las dos (2) letras de cambio con vencimiento el 27 de noviembre de 1994 y el 15 de agosto de 1995, respectivamente; 2º) El monto global de ciento ochenta y seis mil ochocientos veintiséis bolívares con cincuenta y seis céntimos Bs. 186.826, 56), por concepto de intereses moratorios calculados a la rata del cinco por ciento (5%) anual, de conformidad con lo establecido en el artículo 456, ordinal 2º del Código de Comercio, correspondientes a las letras con vencimiento el 27 de noviembre de 1994 (Bs. 40.576,56) y el 15 de agosto de 1995 (Bs. 146.250), y los intereses que han continuado causándose, los cuales deberá ser determinados por un perito mediante experticia complementaria del fallo y en la forma pautada en la parte motiva del presente fallo.

TERCERO: Se declara sin lugar la apelación propuesta por parte demandada y su alegación de prescripción de la acción cambiaria.

Motivado a la naturaleza del fallo, no se produce condenatoria en costas...”.

 

Siendo la aclaratoria parte integrante de la sentencia y no una decisión independiente, se hace necesario revisar si lo establecido en ésta resulta opuesto o discrepante con el dispositivo a aclarar o si por el contrario no existe entre ellas motivo que haga inejecutable el mismo; a tal efecto se observa que la aclaratoria dictada se resolvió:

“...Vista la diligencia anterior suscrita en fecha 07 de febrero de 2003, por el abogado NICOLAS DORTA CHANGIR, parte actora en el presente proceso, mediante la cual solicita aclaratoria de la sentencia proferida en fecha 24 de enero de 2003, este juzgado a los fines de pronunciarse sobre la misma señala lo siguiente:

El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece:

 

(...Omissis...)

Del contenido de la norma parcialmente transcrita se infiere, que corresponde a las partes dentro del lapso establecido para ello, solicitar aclaratorias, ampliaciones u omisiones que se hayan involuntariamente cometido en el fallo proferido.

En el caso bajo examen, se dictó sentencia de fondo en la cual por omisión no hubo pronunciamiento sobre condenatoria en costas del recurrente, la cual resulta procedente de acuerdo con el artículo 281 de nuestra Ley Adjetiva Civil, pues no se trata de una condenatoria proveniente de su vencimiento en el juicio general, sino del recurso que fue propuesto y declarado sin lugar.

En consecuencia, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara Con Lugar la aclaratoria de la sentencia dictada en fecha 24 de enero de 2003 sin que se modifique sustancialmente el fondo del dispositivo, debiendo adicionalmente la corrección en los siguientes términos:

‘CUARTO: Se condena en costa a la parte recurrente en cuanto al recurso ejercido, conforme al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de Cobro (Sic) de Bolívares (Sic) seguido por NICOLAS A. DORTA CHANGIR, en contra de JOAO (JUAN) VIEIRA DA LUZ. Y así se decide...”.

 

Se advierte que mediante la aclaratoria sólo se solventó la omisión cometida en el fallo definitivo, relativa al pronunciamiento sobre las costas del recurso de apelación ejercido por el demandado, el que fue declarado sin lugar.

En este orden de ideas es pertinente señalar, que una cosa son las costas en un proceso o en una incidencia con las que se le condena a la parte que fuere vencida totalmente, reguladas por el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, y otra las costas del recurso (art. 281 c.p.c.), que se imponen “...a quien haya apelado de una sentencia que sea confirmada en todas sus partes”.

Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, la condenatoria en costas impuesta por el ad quem, se encuentra ajustada al texto legal, ya que, si bien la demanda fue declarada parcialmente con lugar, el apelante resultó totalmente vencido en el recurso al haber sido el mismo declarado sin lugar y  confirmada en todas sus partes la sentencia impugnada.

Del análisis realizado por esta Sala de Casación Civil sobre el contenido del texto supra trascrito y bajo el amparo de la doctrina imperante en ella, resulta necesario desechar la presente denuncia por improcedente. Así se decide.

 

II

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5º  en concordancia con el 244 ejusdem.

Alega que:

“...Ciudadano Magistrado, de las actas del expediente, se evidencia palmariamente que en el caso de marras, el único apelante fue mí representado, ciudadano JOAO VIEIRA DA LUZ, quien resultó condenado por la sentencia dictada por el Tribunal a-quo, a pagar las cantidades siguientes:

(...Omissis...)

dejando establecido expresamente que dada la naturaleza del fallo no había especial condenatoria en costas.

(...Omissis...)

se infiere que el Ad- (Sic) quem, ex profeso, al dejar constancia en su sentencia, de que el intimante no ejerció el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de la causa, ni tampoco se adhirió, por ante la Alzada, a la apelación interpuesta por mi representado, por efecto de la Prohibición (Sic) de Reformatio In Peius, no podía desmejorar la condición del ciudadano JOAO VIEIRA DA LUZ, condenándolo a pagar las costas del recurso, cuando en la sentencia definitiva había decidido que motivado a la naturaleza del fallo proferido no había especial condenatoria en costas.

Además, también es importante resaltar que la parte intimante presentó solicitud de aclaratoria contra el fallo dictado, en fecha 24 de enero de 2003, por el ad-quem, pretendiendo una condenatoria en costas de la parte demandada, cuando lo procedente en derecho, eventualmente, era una ampliación del fallo...”.

 

Denuncia el formalizante que la alzada al decidir en la aclaratoria sobre la condena en costas del recurso al demandado, incurrió en la figura de la reformatio in peius, desmejorando la condición de quien fue el único apelante de la sentencia del a quo, violando en consecuencia su deber de congruencia, quebrantando así los artículos 12, 243 ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil.

 

Para decidir la Sala observa:

         La denuncia que se analiza se fundamenta en que la recurrida infringió la preceptiva legal contenida en los artículos 12 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, amparándose en el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, vale decir, que va dirigida a impugnar el pronunciamiento que sobre la materia de costas emitió el ad-quem, al igual que la resuelta en el capítulo anterior.

Ahora bien, por considerarse pertinentes, se acogen para decidir la presente, los argumentos expresados para desestimar la denuncia analizada precedentemente, referentes a la fundamentación exigida en caso de pretender delatar  infracciones relacionadas con la materia de costas, en razón de haber sentado esta Sala el criterio reseñado supra, referido a que ellas no forman parte del tema a decidir y todo lo relacionado con  la materia deberá encausarse con fundamento a una infracción de ley con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia su condenatoria no se compadece con el vicio de incongruencia ya que esta infracción, precisamente, se produce en los casos en que el juez deja de resolver sobre algún punto debatido durante el iter procesal, o que decida excediendo lo pedido o sobre asunto distinto a lo pretendido.

En este orden de ideas, es necesario resaltar, que el juez de alzada, no dejó de resolver asunto alguno que hubiese sido sometido a su conocimiento, todo lo contrario, corrigió su omisión y cumpliendo con el mandamiento legal preceptuado en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, condenó al pago de las costas procesales del RECURSO, al apelante vencido.

Con base a las consideraciones expuestas y dejando sentado que las costas no forman parte del thema decidendum, se hace necesario concluir que, su condenatoria indebida o la omisión de pronunciamiento sobre el punto, haría responsable al ad-quem de una infracción de la ley y no de incongruencia alguna, razón por la cual debe esta Sala desechar, por no cumplir con la técnica establecida, la denuncia en estudio. Así se decide. 

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICA

Con apoyo en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción de los artículos 281 y 275, ejusdem, por falsa y falta de aplicación, respectivamente.

Como fundamento de la denuncia, alega:

“...Ciertamente, ciudadano Magistrado, de las actas procesales se evidencia, que el ad-quem incurrió en los vicios delatados, y, en consecuencia infringió las normas señaladas, por cuanto el Juez de la recurrida legalmente no podía aplicar correctamente el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, sin desmejorar la condición de mí representado como único apelante.

(...Omissis...)

Con tal decisión, considero que el Juez de la recurrida, al aplicar el contenido del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil al pronunciarse sobre la ‘Improcedente’ solicitud de aclaratoria, dejó de aplicar la disposición contenida en el artículo 275 eiusdem, y que la falsa aplicación y falta de aplicación en que incurrió el prenombrado funcionario judicial fue determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto de haber aplicado el contenido de la norma infringida, no hubiere condenado a mí representado a pagar las costas del recurso de apelación, cuando el único apelante lo fue el ciudadano JOAO VIEIRA DA LUZ, produciendo, en consecuencia, una situación más gravosa que la que tenía originalmente con la decisión del a-quo y su propia decisión de fecha 24 de enero de 2003...”.

 

Con una precaria redacción pretende el formalizante acusar que el juez ad-quem dejo de aplicar la norma contenida en el artículo 275 y por otra parte uso indebidamente el artículo 281 ibidem, por cuanto en su decir, al declarar con lugar la aclaratoria que solicitara el demandante y, como consecuencia, subsanar la omisión en la que había incurrido al obviar condenar en costas del recurso al apelante cuyo recurso había sido declarado sin lugar, empeoró la condición de su representado quien fue el único apelante en el sub-judice.

 

Para decidir la Sala observa:

Mediante pacífica y reiterada doctrina esta Máxima Jurisdicción, en interpretación del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, ha establecido que en la elaboración del recurso de casación se hace necesario cumplir con los requisitos que la norma citada prevé. Así se evidencia de la sentencia Nº. 480, de fecha 20/12/01, en el juicio de Ray-o-vac de Venezuela contra Luis Wilhem Hernández Wiedenhofer y otra, expediente Nº.01141 y bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, se reiteró:

“La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, asi como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.

En relación con las formalidades que debe cumplir el escrito de formalización, el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, establece que se observarán en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: 1) La decisión o las decisiones contra las cuales se recurre; 2) Los quebrantamientos u omisiones a que se refiere el ordinal 1º del artículo 313; 3) La denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313 eiusdem, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación o aplicación errónea; y, 4) La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas.

Como puede verse, el legislador en el mentado artículo 317, estableció con carácter obligatorio un orden de prelación en las denuncias, para la estructuración del escrito de formalización. Además de imponer al recurrente la obligación de señalar las disposiciones de la ley que realmente deben resolver la controversia planteada.

La fundamentación, como ya lo ha explicado la doctrina de la Sala, es la carga procesal más exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización, por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica clara y concreta, y al mismo tiempo a los principios que, primordialmente, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido elaborando...”.

 

De igual manera se ha pronunciado, sobre éste punto, la doctrina autoral patria, así el Dr. José S. Núñez Aristimuño, en su libro Aspectos de la Técnica de la Formalización del Recursos de Casación, pág. 101, expresó:

“...las fundamentación es la carga procesal mas exigente impuesta al recurrente como requisito esencial de la formalización por su amplitud, complejidad y trascendencia. Requiere el desarrollo de razonamientos sometidos a una lógica jurídica clara y correcta y al mismo tiempo, a los principios que, primordialmente la doctrina de casación, ha elaborado durante toda la existencia del Alto Tribunal, lo cual revela en profundo y detenido estudio de la normativa que regula la materia concretando en postulados que, mediante una diuturna y pacífica jurisprudencia, constituye verdaderas premisas generales respecto a la técnica de la formalización...”.

 

No obstante la doctrina invocada, esta Sala en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha flexibilizado la rigidez del criterio y ha procedido a conocer aquellas denuncias que aun no cumpliendo estrictamente con la técnica casacionista, permita de alguna manera entender lo que se pretende acusar.

En el sub-iudice, no resulta posible aplicar el criterio elástico referido en virtud de que el formalizante, pretendiendo denunciar la falsa aplicación del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil y falta de aplicación del artículo 275 eiusdem, no explana explicación alguna de la cual pueda, siquiera inferirse, el motivo de la delación. No existe fundamentación alguna que la sustente. Asimismo expresa el recurrente que “de las actas procesales se evidencia, que el ad-quem incurrió en los vicios delatados...” ; ahora bien, en desarrollo de su función pedagógica jurídica, la Sala cumple con informarle al recurrente que en el conocimiento y decisión de una denuncia por infracción de ley, no le es permitido a ella descender a las actas del expediente para verificar la certeza de lo denunciado. Siendo, en consecuencia, carga del formalizante fundamentar suficientemente su delación, ya que a este Máximo Órgano de Justicia, en su condición de tribunal de derecho, no le corresponde escudriñar el texto de aquellas para sustraer con ese análisis, la intención de la acusación y su eventual procedencia.

Con base a las consideraciones que preceden y demostrado como ha sido la ausencia de una correcta fundamentación esta Sala la desecha por carecer de la debida técnica casacionista. Así se decide.

 

DECISIÓN

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por el demandado, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la  Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 24 de enero de 2003.

Se condena al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la precitada Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  once (11) días del mes de marzo de dos mil cuatro. Años: 193º de la Independencia y 145º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

_________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

Exp. Nº. AA20-C-2003-000249

 

 

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