Sentencia N.º RC.00188
- Sentencia
- N.º RC.00188
- Fecha
- 03/05/2005
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 03-605
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio de indemnización por daño moral intentado ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Contra el precitado fallo, la accionada anunció recurso de casación, el cual fue admitido, formalizado y ampliado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación, pasa
PUNTO PREVIO
Por escrito de fecha 8 de agosto de 2003, la representación judicial del demandante, impugna la formalización, alegando:
...Por diligencia de fecha 4 de junio de 2003 presentada ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Posteriormente, estando dentro del lapso para presentar
Es decir, el Recurso de Casación fue Anunciado por la sociedad de comercio Seguros Mercantil C.A. y los escritos presentados en
Lo cierto es que la sociedad mercantil C.A. Seguros Orinoco, no podía y no puede actuar en ningún proceso judicial ni participar en acto jurídico alguno porque ya se había extinguido como persona jurídica. En efecto, el ordinal 7º del Artículo (Sic) 320 del Código de Comercio, nos señala expresamente que Las compañías de comercio se disuelven:... 7º Por la incorporación a otra sociedad. Igualmente, los mandatos se extinguen, cuando se extingue el mandante, de modo que si la sociedad mercantil C.A. Seguros Orinoco se extinguió por haberse incorporado a Seguros Mercantil C.A.; tal como ocurrió y así lo afirmó el abogado Juan A. Ramírez Torres, en su diligencia de fecha 4 de junio de 2003, presentada ante
(...Omissis...)
Es más, aún en el supuesto negado que pudiéramos considerar, contra lo establecido por la ley, que no obstante la fusión de C.A. Seguros Orinoco y Seguros Mercantil C.A., éstas mantuvieron sus personalidades independientes, debe ser declarado perecido el recurso anunciado por Seguros Mercantil C.A. porque no lo formalizó; y, en cuanto a los escritos presentados por abogados (Sic) Rosemary Thomas y Esteban Palacios Lozada, en fechas 18 de Julio (Sic) y 21 de Julio (Sic) de 2003, actuando por ante esta Sala de Casación Civil como apoderados de C.A. Seguros Orinoco, no anunciaron el Recurso que pretendieron formalizar.
Una de las características del Recurso de Casación es que las formalidades requeridas, tanto en el Anuncio como en
Ciudadanos Magistrados, concluimos que la situación procesal que se presenta en este juicio es la siguiente: Primero: la sociedad de comercio Seguros Mercantil, C.A., anunció el Recurso de Casación ante el Tribunal de Alzada por diligencia de fecha 4 de junio de 2003, pero no lo formalizó, por tanto debe declararse perecido el recurso anunciado; Segundo: aparecen a los autos dos (2) escritos llamados Formalización y Ampliación de
Para decidir,
El impugnante en su escrito plantea que el anuncio del recurso de casación fue realizado a nombre de la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil Seguros Mercantil, C.A., mas, el escrito de formalización fue consignado a favor de la también empresa de comercio Seguros Orinoco, C.A., motivo por el cual solicita a esta Sala que declare perecido el recurso de casación anunciado por la primeramente nombrada por no haberlo formalizado y tenga como no presentado el de la últimamente señalada, porque según su dicho- ésta no anunció recurso alguno.
En este sentido,
...En horas de despacho del día de hoy, cuatro(4) (Sic) de junio de 2003, comparece por ante este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Asimismo
MARIA DEL PILAR MARZO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº 6.509.846 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 40.331, declaro: (antes La-Central de Seguros C.A.), sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Primero de
(
Omissis...)
Dichos abogados, actuando conjunta o separadamente, podrán presentar y sostener los intereses de Seguros Mercantil C.A. en todos los asuntos judiciales que le conciernen y en cuanto tenga interés. En ejercicio de este mandato quedan facultados los abogados sustitutos para intentar y contestar demandas o reconvenciones; promover y contestar cuestiones previas, subsanando los defectos y/u omisiones invocados, promover y evacuar toda clase de pruebas, darse por notificados, interponer, formalizar y ejercer toda clase de recurso, tanto ordinarios como extraordinarios, solicitar medidas preventivas y ejecutivas; comprometer en árbitros, hacer posturas de remate y caucionarlas, recibir cantidades de dinero y otorgar los correspondientes finiquitos, desconocer instrumentos privados y en general, convenir en la demanda, desistir, transar, seguir los juicios en todas sus instancias, trámites e incidencias, hasta su definitiva y total terminación en forma amplia, solicitar la decisión según la equidad, disponer del derecho en litigio, interponer, formalizar y contestar recursos de queja, de amparo constitucional, apelación, de hecho, reclamo, de casación y de revisión constitucional
(Lo resaltado es de
De la presentación del transcrito documento, dejó constancia de ad quem en auto de fecha 4 de junio de 2003, en los siguientes términos:
Vista la diligencia suscrita en esta misma fecha, por el abogado JUAN A. RAMÍREZ TORRES, mediante la cual consigna copia certificada de Poder otorgado por la parte demandada, este Tribunal ordena agregarlo a los autos, previa su lectura por Secretaria. En consecuencia, téngase como apoderados judiciales de la parte demandada SEGUROS ORINOCO C.A., según fusión por absorción de SEGUROS MERCANTIL C.A., a los abogados JUSTO OSWALDO PAEZ PUMAR, ROSA A. PAEZ PUMAR DE PARDO, ENRIQUE LAGRANGE, ARMINIO BORJAS (HIJO), MANUEL ACEDO SUCRE, ROSEMARI THOMAS R., ALFONSO GRATEROL JATAR, JOSÉ MANUEL LANDER CAPRILES, CARLOS LUÍS BELLO ANSELMO, ESTEBAN PALACIO LOZADA, JUSNA RAMÍREZ TORRES, PEDRO PABLO PEREZ SEGNINI , VALENTINA VALERO, JULIO IGNACIO PAEZ PUMAR, CARLOS IGNACIO PAEZ PUMAR, MILITZA ALEJANDRA SANTANA PEREZ, MARIA DEL C. LOPEZ LINARES, MARIA G. PAEZ PUMAR, LUISA CEDO DE LEPERVANCHE, CRISTHIAN ZAMBRANO VALLE, KARINA BELLO, ANABELLA PERELLO VERA, ROSA ELENA MARTÍNEZ DE SILVA, MARIA EVA CARRILLO, MARIA ELENA PAEZ PUMAR, LUIS AUGUSTO SILVA MARTINEZ, LUIS JOSE VASQUEZ, MARIA G. GARCIA SANS Y GIUSSEPINA DE FOLGART....
Tal como claramente se desprende de las transcripciones, el abogado en ejercicio de su profesión, Juan A. Ramírez Torres, ...actuando en su carácter de apoderado judicial de Seguros Mercantil, C.A...., quien a su vez es ...sucesora a título universal de C.A. SEGUROS ORINOCO, en virtud de la fusión por absorción de SEGUROS MERCANTIL C.A...., expresamente expuso que ...En nombre de mi representada, anuncio recurso de casación en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Superior en fecha 10 de marzo de 2003..., de lo cual se observa que el anuncio del recurso extraordinario realizado por el citado profesional del derecho, es en nombre de la parte demandada, quien al inicio del presente juicio era Seguros Orinoco, C.A. y que por absorción por fusión durante el iter procesal, paso a ser la parte demandada Seguros Mercantil, C.A.
Igualmente constata que el poder que faculta al abogado Juan Ramírez Torres para actuar en nombre de la demandada, es el mismo que utilizan los abogados Rosemary Thomas y Esteban Palacios Lozada para formalizar dicho recurso.
Ahora bien, estos últimos abogados al presentar el escrito de formalización, lo hacen en los términos siguientes:
Nosotros Rosemary Thomas y Esteban Palacios Lozada, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nos. 7.191.475 y 10.335.052, respectivamente, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos21.177 y 53.899, en este orden, , y debidamente facultados para actuar ante esta Sala por inscripciones Nos. 2.745 y 5.020, también en este orden, actuando en nuestro carácter de apoderados judiciales de la compañía Anónima Seguros Orinoco, identificada en autos, carácter el nuestro que consta en poder que cursa en este expediente Nº 03-605, estando dentro de la oportunidad legal para formalizar el recurso de casación interpuesto por nuestra representada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo civil, Mercantil y Del (Sic) Tránsito de
Como se evidencia, ellos alegan ahí que actua en representación de la demandada Compañía Anónima Seguros Orinoco, sin identificar a la sucesora a título universal Seguros Mercantil C.A, lo cual según el impugnante es suficiente para entender que quien formaliza es una parte diferente a la que anunció el recurso de casación, lo cual daría lugar a la perención del mismo.
Sin embargo,
Ello es así, por las siguientes razones: 1) Los abogados anunciantes y formalizantes del recurso de casación actuaron facultados por el mismo poder; 2) Dicho poder fue otorgado por la demandada, donde se explica perfectamente que en un principio fue Seguros Orinoco C.A., la demandada, la cual fue sustituida por Seguros Mercantil C.A., al ser absorbida por fusión; 3) Es clara la intención de formalizar el recurso de casación en nombre de la parte demandada que según el poder como se indicó, es la empresa Seguros Orinoco C.A., sustituida luego por su sucesora universal Seguros Mercantil C.A.; 4) El presente asunto es la tercera vez que viene a casación, y en la última decisión de esta Sala de fecha 20 de diciembre de 2001, que casó y ordenó se dictará la sentencia que hoy se recurre en casación, en su narrativa, expresa:
En el procedimiento por daño moral iniciado en el (
) por el ciudadano CARLOS ENRIQUE MORALES CARABALLO (
) contra la empresa SEGUROS ORINOCO C.A., representada por los abogados Jesús Ruiz Escalona, Jorge Anyelo Armas, Carlos Eduardo Acedo Sucre, Alfonso Graterol Jatar, Enrique Lagrange, Rosemary Thomas Rivas, José Manuel Lander Capriles y Juan Ramírez Torres
(Lo resaltado de
La anterior numeración son elementos de convicción para
Por los motivos expresados
.
DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Pues bien, la recurrida adolece del vicio de inmotivación, en virtud de que omitió analizar íntegramente el material probatorio cursante en autos, lo cual le impidió establecer todos los hechos traídos por dicho material, al proceso.
En efecto, en la oportunidad de promover pruebas en la segunda instancia, nuestra representada produjo, entre otras, copia certificada de la sentencia dictada el día 20 de julio de 1998 por el Tribunal Accidental Primero del Juzgado Superior Undécimo en lo Penal de
En dicha sentencia, existen las siguientes declaraciones invocadas por la demandada en su escrito de promoción de pruebas, en cuanto a la denuncia formulada por la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A.:
(...Omissis...)
La sentencia de segunda instancia en lo penal contiene pues declaraciones en cuanto a la calificación y valoración de la denuncia que dio origen al proceso penal, y esa calificación y la valoración de la denuncia, en sede penal, constituyen hechos aportados al proceso por la demandada, por vía de esa documental, no establecidos por la recurrida.
Por otra parte, la referida decisión de segunda instancia en lo penal, contiene declaraciones relacionadas con la intervención del actor en los trámites de las pólizas de seguros mediante las cuales se pretendió estafar a Seguros Orinoco, C.A., estafa que dio lugar a la condena de los ciudadanos Euclides Teodoro Márquez y Orlena Carolina Da Costa. Dichas declaraciones fueron igualmente invocadas por nuestra mandante en la oportunidad de promover dicha sentencia.
(...Omissis...)
Sin embargo, la recurrida, no hizo mención alguna del contenido antes invocado de dicha sentencia promovida como prueba por nuestra mandante en la segunda instancia, contenido éste que fue objeto de su promoción, omitiendo así el debido establecimiento de los hechos que la misma arrojó al proceso y que interesaban a la decisión.
Tal omisión de establecimiento de los referidos hechos que dicha instrumental contiene, vicia al fallo de inmotivación.
Al no haber analizado la recurrida, en su integridad, la referida sentencia dictada en la jurisdicción penal, y en consecuencia, al haber omitido establecer los hechos que la sentencia dictada por la segunda instancia en lo penal incorporó al proceso, quebrantó el requisito exigido en el numeral 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, materializando, así, el vicio de inmotivación del fallo... (Subrayado y negritas de la recurrente).
Para decidir,
En la presente denuncia, plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación porque ...omitió analizar íntegramente el material probatorio cursante en autos, lo cual le impidió establecer todos los hechos traídos por dicho material, al proceso.... Luego se señala que no se establecieron los hechos que de una prueba silenciada se evidenciaba; todo lo cual denota la intención del recurrente de plantear, a través de esta denuncia por defecto de actividad, el vicio de silencio de pruebas.
A objeto de configurar la estructura de esta decisión, es necesario puntualizar que la doctrina sobre el vicio en cuestión había mantenido el criterio conforme al cual el juez debe realizar el examen de la totalidad del material probatorio aportado por las partes, y en caso de incumplir con ese deber, su sentencia estaría viciada de inmotivación, por omitir el análisis de algún elemento de probanza; esta infracción debía denunciarse como defecto de actividad con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
De un detenido y exhaustivo estudio, realizado sobre las actas acreditadas al expediente, en especial del escrito a través del cual el formalizante consignó la denuncia,
En consecuencia, la presente denuncia, al ser planteada bajo la estructura de un defecto de actividad, se desestima por la falta de técnica. Así se decide.
II
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Según lo transcrito, la recurrida estableció circunstancias de hecho a su entender vividas por el actor: detención; reclusión; sometimiento a pruebas grafotécnicas; solicitud de su registro de antecedentes penales; solicitud de allanamiento de su morada; comprobación de su identidad; y la aparición de su nombre, como indiciado, en carátulas de expedientes. También indicó la recurrida que como consecuencia del señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza, al actor se le produjo un daño pues tal señalamiento habría ocasionado: su detención, primero en
Ahora bien, la recurrida no estableció la existencia de una indudable angustia en el demandante, sobre la base de prueba alguna analizada por ella.
No se sabe, pues, porque la recurrida no lo expresa: ¿qué pruebas demuestran la angustia que declara que el actor padeció?
El daño moral, tiene que ser probado, aunque sea a través de una prueba indirecta. Sin embargo, el sentenciador de la recurrida estableció la existencia de una angustia en el actor, sin mencionar la prueba de la cual extrajo ese padecimiento, y con ello, cercenó a nuestra su (Sic) derecho de controlar la legalidad de ese establecimiento.
La motivación de hecho exige al sentenciador indicar las pruebas, y las presunciones, que le sirvan de base para establecer hechos. Sin embargo, la recurrida no se apoyó en prueba, ni en presunción alguna extraída de pruebas, para establecer la supuesta angustia que declara padeció el actor... (Mayúsculas y subrayado de la recurrente).
Respecto de lo denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hace el siguiente pronunciamiento:
...Durante su detención, tal como lo dice el actor en su libelo, estuvo en un calabozo en estado de hacinamiento y en condiciones infrahumana (Sic), hechos estos notorios, como también lo señalan los apoderados actores en su libelo. Bastaba leer los diarios capitalinos de la época o ver por televisión las declaraciones tanto de los Directivos del aludido Cuerpo Policial como de funcionarios del Ministerio de Justicia que manifiestaban (Sic) y reconocían las condiciones en que se encontraban los detenidos. La indudable angustia padecida por el actor al verse privado de su libertad; al haber estado detenido siete días como presunto estafador, al rendir declaraciones como imputado, al ser sometido a pruebas grafotécnicas, al serle allanado su hogar, al haber sido reseñado, el hecho de aparecer como indiciado en el expediente penal, indudablemente afectó la integridad moral del demandante, pues se atentó contra su honor, su reputación y su libertad personal, todo lo que, a juicio de esta Alzada constituye el daño moral causado a la víctima CARLOS MORALES CARABALLO. Y ASÍ SE DECLARA... (Mayúsculas de la recurrida y negritas de
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación porque ...no estableció la existencia de una indudable angustia, sobre la base de prueba alguna analizada por ella....
Tal como claramente se desprende de la transcripción parcial de la recurrida, el Juez Superior estableció a través de los hechos notorios y comunicacionales, el estado de hacinamiento y condiciones infrahumanas a los que estaban sometidos los detenidos para la época de la reclusión del hoy accionante, para posteriormente concluir que tales situaciones produjeron ...La indudable angustia padecida por el actor al verse privado de su libertad.... Tal conclusión del Sentenciador de Alzada, se fundamenta en una máxima de experiencia y en los hechos notorios y comunicacionales, lo cual considera esta Suprema Jurisdicción sería motivación suficiente de la recurrida; más, si la recurrente no comparte tal aseveración ceñida estrictamente al mínimo respeto de los derechos humanos, debió tratar de delatar su inconformidad a través de una denuncia por infracción de ley, razón suficiente para determinar la improcedencia de la presente denuncia, al no existir la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
III
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Pues bien, las decisiones contenidas en la recurrida adolecen de inmotivación de hecho, pues no indicó el sentenciador sobre la base de cuáles pruebas estableció determinados hechos.
(...Omissis...)
Según lo copiado, la recurrida estableció que la ciudadana Cecilia Maza había procedido a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo.
Ahora bien, esa declarada actuación dolosa (a sabiendas) de la ciudadana Cecilia Maza no fue extraída de elemento de prueba alguno. La recurrida no indicó sobre la base de qué pruebas extrajo ese hecho, es decir, no contiene los fundamentos de hecho de esa decisión.
(...Omissis...)
De manera que declaratoria (Sic) de existencia de una actuación dolosa debe estar precedida del examen de pruebas que permitan generalmente por vía de indicios, que el juez extraiga una intención maligna en el agente.
En la recurrida no consta ese examen, ni el establecimiento de indicio alguno.
No se entiende, pues, porque la recurrida no lo expresa cuáles fueron las pruebas de autos o los indicios, que concretamente le sirvieron de apoyo al sentenciador de alzada para establecer que la ciudadana Cecilia Daza (Sic) había actuado dolosamente (a sabiendas), es decir, que conociendo que el actor Carlos Morales no había cometido una irregularidad, había procedido a señalarlo. Tal inmotivación, impide a nuestra representada controlar la legalidad de esa decisión... (Subrayado de la recurrente).
Respecto de lo denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hace el siguiente pronunciamiento:
...Ahora bien, por cuanto está plenamente demostrado en los autos que el ciudadano Carlos Morales Caraballo fue señalado por la ciudadana Cecilia Maza a los funcionarios de
Tomando en consideración las doctrinas señaladas y la jurisprudencia citada en las que se establece que el problema de abuso de derecho se circunscribe a situaciones muy concretas, ya que su ámbito de aplicación se encuentra restringido al ejercicio de los derechos definidos y concretos, que son aquellos delimitados y tipificados dentro del ordenamiento jurídico positivo y que pueden ser esgrimidos como causa de exoneración de responsabilidad civil; y que tal teoría no puede ser puesta en movimiento en los casos en que el ofensor carece de derecho ni sostenerse en el caso del que actúa fuera de los límites del propio derecho, el Sentenciador llega a la conclusión que la ciudadana Cecilia Maza, actuando como Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, y a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo a los funcionarios de
(...Omissis...)
En primer lugar, se dá origen a los sucesos cuando en el Departamento de Accidentes Personales de la empresa Seguros Orinoco, C.A., se practicaron las averiguaciones de los siniestros relacionados con unas pólizas producidas por el actor, arrojando como resultado que se constataran ciertas irregularidades, por lo cual un representante del departamento procedió a reportar el asunto a la ciudadana Cecilia Maza en su calidad de Jefe de Seguridad de la empresa antes mencionada. Esto se comprueba por las declaraciones de los ciudadanos Juan Carlos Ayala Rojas, técnico de seguros, del ciudadano Angel (Sic) Pomblás (Sic), analista de seguros y de la propia Cecilia Maza, Jefe de Seguridad, siendo éstos tres empleados de la empresa Seguros Orinoco, C.A. Al mismo tiempo queda establecido que las mencionadas irregularidades no estaban relacionadas con la actuación del ciudadano Carlos Morales como productor de seguros, según se comprueba de las declaraciones del analista de seguros Angel (Sic) Pomblás (Sic) y de
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación porque ...la recurrida estableció que la ciudadana Cecilia Maza había procedido ...a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo (...) esa declarada actuación dolosa (a sabiendas) de la ciudadana Cecilia Maza no fue extraída de elemento de prueba alguno....
Tal como claramente se desprende de la transcripción parcial de la recurrida, el Juez Superior estableció a través de las declaraciones rendidas entre otros- por la propia ciudadana Cecilia Maza, en la que señaló ...que el proceso de contratación de las pólizas estuvo normal..., para posteriormente concluir que cuando lo señaló como posible estafador de Seguros Orinoco, C.A., tal actuación la hizo ...a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna..., porque así expresamente lo declaró la referida Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A., ante los funcionarios instructores. Tal conclusión del Sentenciador de Alzada, se fundamenta precisamente en las declaraciones rendidas bajo juramento por la ciudadana Cecilia Maza Barraez, razón suficiente para que esta Suprema Jurisdicción lo considere como la motivación necesaria por parte del Juez Superior. Ahora bien, si lo que pretende el formalizante es desconocer la certeza del hecho establecido por el ad quem, ha debido delatar la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento de ese hecho, bajo una denuncia por infracción de ley.
Por tanto, no existe la inmotivación imputada ni la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que conlleva a determinar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.
IV
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación por motivos contradictorios que se destruyen entre sí.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Ahora bien, imputamos a la recurrida el vicio de inmotivación, por contener motivos que se contradicen en forma grave e inconciliable, destruyéndose entre sí.
En efecto, la recurrida, en su página 44, expresó:
(...Omissis...)
En el párrafo transcrito, la recurrida estableció que la ciudadana Cecilia Maza había procedido a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo. Al emplear los términos a sabiendas, la recurrida evaluó el proceder de la ciudadana Cecilia Maza de señalar al hoy demandante, como una actuación dolosa.
Por otra parte, en la página 70, la recurrida señaló:
(...Omissis...)
Según lo copiado, la recurrida imputó a la ciudadana Cecilia Maza una actuación imprudente y negligente, a la vez.
Así pues, la recurrida, al referirse a la actuación de la ciudadana Cecilia Maza, de señalar al actor, calificó dicha actuación, por una parte, de doloso (a sabiendas), y por otra, de imprudente y negligente, actuaciones éstas distintas y excluyentes entre sí.
Dichas motivaciones de la recurrida se contradicen de forma grave e inconciliable: o la actuación de la ciudadana Cecilia Maza fue intencional (dolosa), o fue imprudente, o fue negligente. No puede sostenerse, respecto de una misma actuación, que hubo dolo, negligencia e imprudencia, a la vez, por parte del agente. El dolo, la imprudencia y la negligencia, implican conductas distintas e independientes entre sí, una de otras: no pueden coexistir en los mismos actos.
De modo que asignar esas distintas e independientes calificaciones, a la conducta de la ciudadana Cecilia Maza de señalar al actor, producen una contradicción grave e inconciliable entre las partes motivas de la recurrida que la contienen. La referida contradicción, por ser grave e inconciliable, no puede subsistir: los motivos se destruyen uno al otro, y ello equivale a una falta absoluta de fundamentos....
Respecto de lo denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hace el siguiente pronunciamiento:
...La acción del señalamiento fue a juicio del sentenciador un acto voluntario, imprudente y negligente, ya que la prenombrada ciudadana Cecilia Maza con tal señalamiento violó su deber de diligencia y prudencia causando un daño al actor, daño este que pudo ser evitado si la empleada Cecilia Maza sencillamente hubiese tomado en cuenta la información de que disponían las personas, empleadas de la empresa, que tenían a su cargo la averiguación de las irregularidades relacionadas con las pólizas contratadas, es decir que considera el sentenciador que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán por descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del productor de seguros Carlos Morales, lo que la llevó a señalarlo como presunto estafador a los funcionarios de
A juicio del sentenciador, probadas como están, con los elementos de autos, la negligencia y la imprudencia con la que actuó Cecilia maza, quedó configurada
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación por motivos contradictorios, dado que por una parte el Juez Superior atribuye según su dicho- una actuación dolosa, al señalar que la ciudadana Cecilia Maza actuó a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna en el trámite de las pólizas; y por otra parte, determinó que la citada Jefa de Seguridad al momento de señalarlo como presunto estafador de Seguros Orinoco, C.A., ante los funcionarios de
En este sentido,
V
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Pues bien, la recurrida adolece de inmotivación de hecho. En efecto, en la página 70, expresa:
(...Omissis...)
Consta de lo copiado, que la recurrida estableció que el actor, durante el tiempo en el cual trabajó como productor de seguros para Seguros Orinoco, C.A., no había sido cuestionado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la recurrida no menciona sobre la base de cuáles pruebas de autos extrajo ese hecho, es decir, que el actor no había sido cuestionado en el ejercicio de sus funciones.
La omisión de señalamiento por la recurrida de las pruebas que sirven de apoyo al establecimiento del hecho de que el actor durante el ejercicio de sus funciones no había sido cuestionado, vicia el fallo de inmotivación, lo cual materializa el quebrantamiento del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en su numeral 4º....
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación porque ...estableció que el actor, durante el tiempo en el cual trabajó como productor de seguros para Seguros Orinoco, C.A., no había sido cuestionado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la recurrida no menciona sobre la base de cuáles pruebas extrajo ese hecho....
Respecto a lo denunciado,
Como PUNTO PREVIO, considera el sentenciador que debe pronunciarse sobre los alegatos esgrimidos por la demandada en la oportunidad de contestar la demanda, en el sentido de:
a) que el ciudadano Carlos Morales atendió con negligencia la gestación, tramitación, etc, de dichas Pólizas
. Esta (Sic) queda desvirtuado por la declaración del Ciudadano Ramblas Torres Ángel Alfredo, Analista de Seguros Orinoco, rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra
(
Omissis
)
Consta en declaración rendida en fecha 9 de octubre de 1995, Ángel Alfredo Pomblas Torres, Analista de Seguros de Seguros Orinoco, rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra la delincuencia Organizada, ya mencionada en esta sentencia, que al serle formulada por el funcionario instructor la pregunta Diga que persona dentro de Seguros Orinoco practicó las averiguaciones de los siniestros mencionados contestó El departamento donde trabajo y, al preguntársele Diga Usted, el ciudadano Carlos Morales Caraballo, cometió alguna irregularidad administrativa, en la contratación de las pólizas antes mencionadas contestó No, las pólizas fueron legalmente expedidas.
Consta de declaración rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra
(
Omissis
)
A los fines de facilitar el análisis, apreciación y valoración de los instrumentos antes señalados que cursan en autos formando parte de la copia certificada del expediente penal arriba mencionado, y a los cuales el tribunal declara apreciar plenamente como pruebas, procede el Sentenciador a ordenarlos en forma sintética según la secuencia cronológica de los hechos, así:
En primer lugar, se dá origen a los sucesos cuando en el Departamento de Accidentes Personales de la empresa Seguros Orinoco, C.A., se practicaron las averiguaciones de los siniestros relacionados con unas pólizas producidas por el actor, arrojando como resultado que se constataran ciertas irregularidades, por lo cual un representante del departamento procedió a reportar el asunto a la ciudadana Cecilia Maza en su calidad de Jefe de Seguridad de la empresa antes mencionada. Esto se comprueba por las declaraciones de los ciudadanos Juan Carlos Ayala Rojas, técnico de seguros, del ciudadano Ángel Pomblás, analista de seguros y de la propia Cecilia Maza, Jefe de Seguridad, siendo estos tres empleados de la empresa Seguros Orinoco, C.A. Al mismo tiempo queda establecido que las mencionadas irregularidades no estaban relacionadas con la actuación del ciudadano Carlos Morales como productor de seguros, según se comprueba de las declaraciones del analista de seguros Ángel Pomblás y de
(
Omissis
)
Tomando en cuenta la anterior secuencia de los hechos, plenamente demostrados y aplicando al caso de autos la definición de culpa expresada ut supra, concluye el Sentenciador que: dado que por un lado, la ciudadana Cecilia Maza, de Profesión Psicóloga, en razón de su cargo, de Jefa de Seguridad de Seguros orinoco, con vista a la gravedad del Hecho imputado, tenía la capacidad y estaba en el deber de actuar con prudencia, precaución, previsión, atención y cautela con respecto al actor, ya que como quedó demostrado en los autos el Departamento que detectó la irregularidad no le atribuyó ésta, ni ninguna otra, a Carlos Morales Caraballo, y, por otro lado, dado que éste era, como quedó demostrado en los autos Productor de Seguros de
La acción del señalamiento fue a juicio del sentenciador un acto voluntario, imprudente y negligente, ya que la prenombrada ciudadana Cecilia Maza con tal señalamiento violó su deber de diligencia y prudencia causando un daño al actor, daño este que pudo ser evitado si la empleada Cecilia Maza sencillamente hubiese tomado en cuenta la información de que disponían las personas, empleadas de la empresa, que tenían a su cargo la averiguación de las irregularidades relacionadas con las pólizas contratadas, es decir que considera el sentenciador que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán por descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del productor de seguros Carlos Morales, lo que llevó a señalarlo como presunto estafador a los funcionarios de
Como es verificable de lo transcrito, contrario a lo expuesto por el formalizante en esta denuncia, la recurrida expuso sus motivos para determinar la incuestionabilidad del actor en el ejercicio de sus funciones como corredor de seguros, lo cual extrajo, entre otras, de la propia declaración de la ciudadana Cecilia Maza, quien fuera la empleada de la demandada que hiciera en contra del demandado la denuncia de estafa ante las autoridades competentes.
Por tanto
VI
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 4º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...La decisión contenida en la recurrida respecto del sentir de la ciudadana Cecilia Maza, cuando señaló al ciudadano Carlos Morales ante funcionarios de
En efecto, en la página 70, la recurrida expresa:
(...Omissis...)
Consta de lo copiado, que la recurrida estableció los siguientes hechos: que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán de descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del ciudadano Carlos Morales; y que ese afán y ese apresuramiento la llevó a señalarlo como presunto estafador ante los funcionarios de
Ahora bien, la recurrida no mencionó cuáles son las pruebas del expediente que sirvieron de apoyo para el establecimiento de esos hechos.
Esa ausencia de indicación de las pruebas que soportan esos hechos evidencia la inmotivación de hecho de la recurrida, la cual quebranta el requisito exigido en el numeral 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil... (Mayúsculas de la recurrente).
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de inmotivación porque estableció que ...la ciudadana Cecilia Maza, en su afán de descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del ciudadano Carlos Morales (...) no mencionó cuáles son las pruebas del expediente que sirvieron de apoyo para el establecimiento de esos hechos....
Para verificar lo denunciado,
En razón de que el actor fundamenta su acción en el artículo 1185 del Código Civil, que establece: El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo y que en el libelo de la demanda para calificar la conducta de la ciudadana Cecilia Maza se hace referencia a intencionalidad, mala fe, negligencia e imprudencia, nociones estas no definidas por la ley y de libre apreciación del Juez, pasa el sentenciador a analizar las pruebas a los fines de determinar si está probado el elemento específico que la doctrina ha llamado de forma genérica CULPA, para luego apreciarlas y valorarlas según las circunstancias y determinar, por formar parte del tema decidendum dada la forma en que el actor planteó sus alegaciones, si en el acto específico hubo intención, negligencia o imprudencia, que causó un daño al actor, y al efecto observa:
Con relación al elemento CULPA, de la copia certificada del expediente nº 230695 cursante ante el Juzgado Cuadragésimo tercero de Primera Instancia Penal y de Salvaguarda del patrimonio Público de
Consta del Acta Policial suscrita por el detective ATILIO GARCIA, adscrito a la brigada de Investigaciones de
Asimismo, en Acta policial de fecha 03 de octubre de 1.995, suscrita por el detective JOSE NUÑEZ PAREDES, adscrito a
Consta en autos denuncia formulada ante el Cuerpo Técnico de Policial judicial, División Contra de Delincuencia organizada, expediente E-418587 por la ciudadana MAZA BARRAEZ CECILIA ADELAIDA (Anexo III-F) y ratificación de la misma, por la denunciante CECILIA ADELAIDA MAZA BARRAEZ ante el Cuerpo Técnico de Policía judicial, división Contra la delincuencia Organizada, de fecha 03 de Octubre de 1.995 (Anexo III-G)
Consta en declaración rendida en fecha 09 de octubre de 1995, ante el Cuerpo Técnico de Policía judicial, División Contra la delincuencia Organizada, que el ciudadano Juan Carlos Ayala Rojas, técnico en seguros de la empresa Seguros Orinoco, declaró: que una vez constatadas las irregularidades reportamos el caso a seguridad, ala señora Cecilia Maza que es
Consta en declaración rendida en fecha 9 de octubre de 1995, Ángel Alfredo Pomblas Torres, Analista de Seguros de Seguros Orinoco, rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra la delincuencia Organizada, ya mencionada en esta sentencia, que al serle formulada por el funcionario instructor la pregunta Diga que persona dentro de Seguros Orinoco practicó las averiguaciones de los siniestros mencionados contestó El departamento donde trabajo y, al preguntársele Diga Usted, el ciudadano Carlos Morales Caraballo, cometió alguna irregularidad administrativa, en la contratación de las pólizas antes mencionadas contestó No, las pólizas fueron legalmente expedidas.
Consta de declaración rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra
Consta de la declaración rendida por la ciudadana cecilia Maza ante el tribunal Penal de la causa, que ratifica la denuncia interpuesta ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y, al ser interrogada por el funcionario instructor entre otras cosas dice que tuvo conocimiento de los hechos que dieron origen a la presente averiguación porque la persona que trabajada en el departamento de accidentes personales señor Ángel Pomblás le informo de las irregularidades que existían en el expediente. (Anexo III-M)
(...Omissis...)
A los fines de facilitar el análisis, apreciación y valoración de los instrumentos antes señalados que cursan en autos formando parte de la copia certificada del expediente penal arriba mencionado, y a los cuales el tribunal declara apreciar plenamente como pruebas, procede el Sentenciador a ordenarlos en forma sintética según la secuencia cronológica de los hechos, así:
En primer lugar, se dá origen a los sucesos cuando en el Departamento de Accidentes Personales de la empresa Seguros Orinoco, C.A., se practicaron las averiguaciones de los siniestros relacionados con unas pólizas producidas por el actor, arrojando como resultado que se constataran ciertas irregularidades, por lo cual un representante del departamento procedió a reportar el asunto a la ciudadana Cecilia Maza en su calidad de Jefe de Seguridad de la empresa antes mencionada. Esto se comprueba por las declaraciones de los ciudadanos Juan Carlos Ayala Rojas, técnico de seguros, del ciudadano Ángel Pomblás, analista de seguros y de la propia Cecilia Maza, Jefe de Seguridad, siendo estos tres empleados de la empresa Seguros Orinoco, C.A. Al mismo tiempo queda establecido que las mencionadas irregularidades no estaban relacionadas con la actuación del ciudadano Carlos Morales como productor de seguros, según se comprueba de las declaraciones del analista de seguros Ángel Pomblás y de
En segundo lugar, la ciudadana Cecilia Maza, actuando como Jefe de Seguridad de la empresa Seguros Orinoco, C.A., realiza una llamada a
En tercer lugar, los funcionarios de
En cuarto lugar, una vez en el lugar, los funcionarios de
En quinto lugar, dicen los funcionarios de
En sexto lugar, la ciudadana CECILIA ADELAIDA MAZA BARRAEZ, consigna ante
(...Omissis...)
Tomando en cuenta la anterior secuencia de los hechos, plenamente demostrados y aplicando al caso de autos la definición de culpa expresada ut supra, concluye el Sentenciador que: dado que, por un lado, la ciudadana Cecilia Maza, de Profesión Psicóloga, en razón de su cargo, de Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, con vista a la gravedad del hecho imputado, tenía la capacidad y estaba en el deber de actuar con prudencia, precaución, previsión, atención y cautela con respecto al actor, ya que como quedó demostrado en los autos el Departamento que detectó la irregularidad no le atribuyó ésta, ni ninguna otra, a Carlos Morales Caraballo, y, por otro lado, dado que éste era, como quedó demostrado en los autos Productor de Seguros de
La acción del señalamiento fue a juicio del sentenciador un acto voluntario, imprudente y negligente, ya que la prenombrada Cecilia Maza con tal señalamiento violó su deber de diligencia y prudencia causando un daño al actor, daño este que se pudo haber evitado si la empleada Cecilia Maza sencillamente hubiese tomado en cuenta la información de que disponían las personas, empleadas de la empresa, que tenían a su cargo la averiguación de las irregularidades relacionadas con las pólizas contratadas, es decir que considera el sentenciador que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán por descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del productor de seguros Carlos Morales, lo que la llevó a señalarlo como presunto estafador a los funcionarios de
La transcripción permite a
Efectivamente del análisis de las distintas probanzas evacuadas, el ad quem estableció los siguientes hechos: 1) Que el Departamento de Accidentes Personales de la demanda al verificar irregularidades en pólizas producidas por el actor, reportó el asunto a la ciudadana Cecilia Maza; 2) Que dichas irregularidades no estaban relacionadas con la actuación del demandante; 3) Que la citada ciudadana Cecilia Maza tenía pleno conocimiento de la identidad y trayectoria del demandante; 4) Que es la citada ciudadana que hace la llamada a
Posteriormente, el sentenciador recurrido expone criterios doctrinales referentes a la culpa, vinculándola con las obligaciones generales de prudencia y negligencia, para concluir en que ...la ciudadana Cecilia Maza, de Profesión Psicóloga, en razón de su cargo, de Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, con vista a la gravedad del hecho imputado, tenía la capacidad y estaba en el deber de actora con prudencia, precaución, previsión, atención y cautela con respecto al actor, ya que como quedo demostrado en los autos el departamento que detectó la irregularidad no le atribuyó ésta, ni ninguna otra, a Carlos Morales Caraballo, y, por otro lado, dado que éste era, como quedo demostrado en los autos Productos de Seguros de
Conclusión del sentenciador, como se evidencia, fundamentada en los motivos de hechos y derechos que permiten el control de su pronunciamiento, lo cual hace improcedente la infracción denunciada del ordinal 4° del artículo 243 del Código de procedimiento Civil. Así se decide.
VII
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243, ordinal 5º eiusdem, por haber incurrido en el vicio de incongruencia positiva.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Dicho ordinal consagra el requisito de congruencia de las sentencias, conforme al cual los jueces sólo deben decidir ajustados a los hechos y alegatos formulados por las partes en la demanda y la contestación, los cuales, limitan el problema judicial sometido a decisión.
(...Omissis...)
Pues bien, la recurrida desnaturalizó el tema judicial sometido a decisión, pues modificó los hechos alegados por el demandante como fundamento de su pretensión a una indemnización.
En efecto, consta de la demanda, que el actor alegó que la denuncia interpuesta en su contra por la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A. había sido el hecho generador de los supuestos daños cuya indemnización reclama.
Dice la demanda en las partes pertinentes de sus páginas 11 y 27:
(...Omissis...)
De lo copiado, se evidencia que en la demanda el actor alude a una denuncia, hecha en su contra por la ciudadana Cecilia Maza, como hecho generador de los presuntos daños cuyo resarcimiento pidió.
Ahora bien, la recurrida no atendió tales alegatos. En efecto, la recurrida entendió que la causa de los presuntos daños reclamados por el actor había sido el señalamiento que de él había hecho la ciudadana Cecilia Maza ante funcionarios de
(...Omissis...)
De manera que la recurrida determinó que era un señalamiento del actor (Sic) lo que constituía la actuación culposa de la cual hizo derivar el presunto daño cuyo resarcimiento pidió el actor.
Habiendo alegado el demandante que era una denuncia interpuesta por la ciudadana Cecilia Maza la que había originado los supuestos daños morales cuyo resarcimiento pidió, nuestra representada planteó su defensa frente a tal alegato, quedando circunscrito al mismo el problema judicial.
Como la recurrida desatendió dicha alegación de hecho al entender, como hecho generador del daño cuya indemnización pidió el actor, el señalamiento efectuado por la ciudadana Cecilia Maza, ante funcionarios de
Para decidir,
En la presente denuncia plantea la formalizante que la recurrida está viciada de incongruencia positiva porque el Juez Superior ...desnaturalizó el tema judicial sometido a decisión, pues modificó los hechos alegados por el demandante como fundamento de su pretensión...; ya que según la recurrente el alegato del accionante estaba referido a que el hecho generador del daño fue la denuncia que de él hizo
A objeto de establecer la procedencia o no de la presente denuncia,
...En tercer lugar, la relación de causalidad entre la acción humana y su resultado dañoso, como elemento integrante del hecho ilícito, está presente pués (Sic) el daño causado a nuestro representado tuvo como causa inmediata y eficiente la conducta anormal de la dependiente de la empresa S.A. Seguros Orinoco, al denunciarlo en primer lugar ante
Tal como claramente se desprende de la transcripción parcial del texto del libelo, en lo atinente a la relación de causalidad entre la acción humana y el daño causado, la representación judicial del accionante alegó como hecho generador del mismo, la denuncia y el señalamiento ...como presunto autor de una estafa en contra de la empresa.... Esto dicho en otras palabras significa que, ambas actuaciones, tanto la denuncia como el precitado señalamiento, fueron esgrimidos como hecho generador del daño causado, por lo que al ser establecido por parte del Juez Superior dicho señalamiento que
Por lo antes expuesto,
DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 eiusdem, por falta de aplicación; 71,
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...La recurrida analizó parcialmente las tres (3) actas policiales levantadas por el detective Atilio García, adscrito a
(...Omissis...)
Ahora bien, la recurrida omitió darse cuenta que en todas dichas actas consta, en el encabezamiento, que el funcionario de
(...Omissis...)
La recurrida, omitió establecer ese hecho, es decir, que las tres (3) actas policiales analizadas fueron levantadas de conformidad con el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hecho éste fundamental para el dispositivo por las razones que explicamos más adelante.
(...Omissis...)
La falta de análisis íntegro por parte de la recurrida de las tres (3) referidas pruebas (actas policiales), produjo la infracción, por falta de aplicación, del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual los jueces están obligados a analizar y juzgar ...todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Asimismo, la falta de análisis integral por la recurrida de las referidas actas policiales, produjo la infracción, por falta de aplicación, del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, los jueces, al decidir, están obligados a atenerse a lo probado en autos, es decir, a todo lo probado.
Los hechos que constan en dichas actas, que omitió establecer la recurrida, son fundamentales.
En efecto, en primer lugar: el que las tres (3) actas policiales fueron levantadas de conformidad con el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, implica que las actuaciones que constan en ella (Sic) integraron la averiguación sumarial regulada por dicha norma, llevada a cabo por un órgano de policía judicial guiado por noticias de los particulares, lo cual legitima dichas actuaciones.
Ese artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su primer párrafo, dispone:
(...Omissis...)
Según dicha norma, el sumario comprende las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, lo cual incluye el aseguramiento de cosas y personas. Respecto de esa norma, el Dr. Arminio Borjas, en su obra Exposición del Código de Enjuiciamiento Criminal, Ediciones Schnell, C.A., 3º Edición, Caracas, 1973, Tomo I, pág. 285, expresó:
(...Omissis...)
Enseña, pues, el Dr. Borjas, que las autoridades de policía, cuando inician una averiguación penal, se trasladan al lugar de los sucesos para dejar constancia de las cosas y de las personas que dan informaciones y dicta, en todo caso, las medidas que se requieran para que no resulte nugatoria la averiguación. Es entonces, el órgano de policía, el facultado para, recibida la información de particulares, dictar medidas, como el aseguramiento de personas.
(...Omissis...)
De manera que el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, sirvió de fundamento para la práctica de las diligencias policiales que constan en las tres (3) referidas actas policiales, es decir, el inicio de una averiguación penal y su continuación, y, por tanto, la detención a la cual alude la última de ellas, del ciudadano Carlos Morales, fue producida porque esa norma faculta a los funcionarios para una vez que se trasladen a efectuar las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de hechos punibles, lo cual incluye las informaciones que puedan recibir de los particulares, procedan ellos a dictar medidas, como el aseguramiento de personas.
(...Omissis...)
Según estableció la propia recurrida, repetimos, en la tercera acta policial consta que cuando los funcionarios de
Ahora bien, la recurrida, en su página 43, estableció que la detención del ciudadano Carlos Morales había sido originada por el señalamiento de la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco. Por otra parte, en la página 70, declaró la recurrida que dicha acción de señalamiento por parte de la ciudadana Cecilia Maza, fue una actuación voluntaria, imprudente y negligente, juzgándola como configurativa de culpa, e insertándola en la primera parte del artículo 1.185 del Código Civil, para condenar a nuestra representada a pagar al actor presuntos daños morales.
(...Omissis...)
De manera que la recurrida, cuando declaró que la detención del ciudadano Carlos Morales se había llevado a cabo por causa del señalamiento de la ciudadana Cecilia Maza, infringió, por falta de aplicación, el artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que determina que son los funcionarios de policía quienes, en las averiguaciones penales que inician, están facultados para proceder al aseguramiento de personas (detención preventiva), medida ésta que es discrecional y exclusiva de dichos funcionarios.
Asimismo, cuando la recurrida declaró que la detención del ciudadano Carlos Morales había sido efectuada por el señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza, infringió, por falta de aplicación, el artículo 75-C del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual, los funcionarios de Policía Judicial cuando tienen noticias de que se ha cometido un delito de acción pública, o que se va a acometer (Sic), pueden trasladarse y tomar, ellos, las medidas que consideren necesarias, como la detención preventiva de personas.
Asimismo, cuando la recurrida declaró que la detención del ciudadano Carlos Morales, por parte de los funcionarios de
Por último, cuando la recurrida declaró que el señalamiento hecho por
Tratándose de que las informaciones o noticias que dan los particulares a los órganos de policía conforman un derecho que tiene (Sic) los particulares, previsto, en esa época, en el artículo
Para decidir,
En la presente denuncia plantea el formalizante que la recurrida infringió los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 71,
En este orden de ideas, el alegado vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona, o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal.
Ahora bien, de la propia transcripción de la delación se observa, que la formalizante expresa y reconoce clara e indubitablemente que el Juez Superior, no sólo mencionó las pruebas constituidas por las tres (3) actas policiales cuyo silencio se denuncia, sino que además de ello, las analizó y les otorgó pleno valor probatorio, motivo por el cual no incurre el Sentenciador de Alzada en el delatado vicio de silencio de prueba señalado por la recurrente; mas, si no comparte el valor probatorio otorgado a las referidas actas policiales emanadas de funcionarios de
Cabe destacar, que de la forma como la formalizante desarrolla su denuncia, pareciera que quisiera establecer que la responsabilidad de la detención del hoy demandante, corresponde a los órganos de policía judicial, debido a que son éstos los que tienen esa facultad, mas de las actas cuyo silencio se denuncia se desprende de manera clara e indubitable que la detención del ciudadano Carlos Morales Caraballo, el día 3 de octubre de 1995, en la caja de cobro de la empresa Seguros Orinoco, C.A., fue consecuencia directa del señalamiento que de él hizo la ciudadana Cecilia Maza Barraez, Jefa de Seguridad de esa empresa, como presunto estafador de la misma, tal como lo señaló el detective Atilio García, en ese instrumento.
En consecuencia, no existe la infracción por falta de aplicación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, ni de los artículos 71,
En relación a la denuncia de falsa aplicación de la primera parte del artículo 1.185 del Código Civil, y la falta de aplicación de la segunda parte del mismo artículo, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:
...Tomando en consideración las doctrinas señaladas y la jurisprudencia citada en las que se establece que el problema del abuso de derecho se circunscribe a situaciones muy concretas, ya que su ámbito de aplicación se encuentra restringido al ejercicio de los derechos definidos y concretos, que son aquellos delimitados y tipificados dentro del ordenamiento jurídico positivo y que pueden ser esgrimidos como causa de exoneración de responsabilidad civil; y que tal teoría no puede ser puesta en movimiento en los casos en que el ofensor carece de derecho ni sostenerse en el caso del que actúa fuera de los límites del propio derecho, el Sentenciador llega a la conclusión que la ciudadana Cecilia Maza, actuando como Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, y a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo a los funcionarios de
(...Omissis...)
En razón de que el actor fundamenta su acción en el artículo 1.185 del Código Civil, que establece: El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo y que en el libelo de la demanda para calificar la conducta de la ciudadana Cecilia Maza se hace referencia a intencionalidad, mala fe, negligencia e imprudencia, nociones estas no definidas por la ley y de libre apreciación del Juez, pasa el Sentenciador a analizar las pruebas a los fines de determinar si está probado el elemento específico que la doctrina ha llamado de forma genérica CULPA, para luego apreciarlas y valorarlas según las circunstancias y determinar, por formar parte del tema decidendum dada la forma en que el actor planteó sus alegaciones, si en el acto específico hubo intención, negligencia o imprudencia, que causó un daño al actor, y al efecto observa:
(...Omissis...)
Consta de declaración rendida ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, División Contra
(...Omissis...)
A los fines de facilitar el análisis, apreciación y valoración de los instrumentos antes señalados que cursan en autos formando parte de la copia certificada del expediente penal arriba mencionado, y a los cuales el Tribunal declara apreciar plenamente como pruebas, procede el Sentenciador a ordenarlos en forma sintética según la secuencia cronológica de los hechos, así:
En primer lugar, se dá (Sic) origen a los sucesos cuando en el Departamento de Accidentes Personales de
(...Omissis...)
En quinto lugar, dicen los funcionarios de
(...Omissis...)
Tomando en cuenta la anterior secuencia de los hechos, plenamente demostrados y aplicando al caso de autos la definición de culpa expresada ut supra, concluye el Sentenciador que: dado que, por un lado, la ciudadana Cecilia Maza, de Profesión Psicóloga, en razón de su cargo, de Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, con vista a la gravedad del hecho imputado, tenía la capacidad y estaba en el deber de actuar con prudencia, precaución, previsión, atención y cautela con respecto al actor, ya que como quedó demostrado en los autos el Departamento que detectó la irregularidad no le atribuyó ésta, ni ninguna otra, a Carlos Morales Caraballo, y, por otro lado, dado que éste era, como quedó demostrado en los autos Productor de Seguros de
La acción del señalamiento fue a juicio del sentenciador un acto voluntario, imprudente y negligente, ya que la prenombrada Cecilia Maza con tal señalamiento violó su deber de diligencia y prudencia causando un daño al actor, daño este que se pudo haber evitado si la empleada Cecilia Maza sencillamente hubiese tomado en cuenta la información de que disponían las personas, empleadas de la empresa, que tenían a su cargo la averiguación de las irregularidades relacionadas con las pólizas contratadas, es decir que considera el sentenciador que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán por descubrir una estafa, se apresuró a presumir la culpabilidad del productor de seguros Carlos Morales, lo que la llevó a señalarlo como presunto estafador a los funcionarios de
A juicio del sentenciador, probadas como están, con los elementos de autos, la negligencia y la imprudencia con la que actuó Cecilia Maza, queda configurada
Tal como claramente se desprende de la transcripción parcial de la recurrida, el Juez Superior de manera por demás acertada- determinó que la conducta asumida por la ciudadana Cecilia Maza, Jefa de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A., de señalar al hoy demandante como presunto estafador sin tomar en consideración su trayectoria y antigüedad que como productor de seguros de la empresa en
Por todo lo antes expuesto,
II
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 ibídem, por falta de aplicación, por incurrir en el vicio de silencio de pruebas, lo que según su dicho- fue determinante del dispositivo del fallo.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Consta de autos, (folio 284, primera pieza) por haber sido promovida por la parte actora, acta policial de fecha 4 de octubre de 1995, de la que se evidencia que el detective José Núñez Paredes, funcionario de
Consta de dicho documento, que el ciudadano Carlos Enrique Morales, actor en este juicio, declaró que el 3 de octubre de 1995 fecha en la que fue detenido- se encontraba con los ciudadanos Euclides Teodoro Marquez (Sic) y Orlena Carolina Da Costa efectuando los trámites para el cobro de unas pólizas.
Dicha acta policial de fecha 4 de octubre de 1995, no fue analizada por la recurrida, incumpliendo ésta la regla de analizar y juzgar el material probatorio de autos, según lo imponen los artículos 509 y 12 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, en su página 16 la recurrida se limitó a referirse a la existencia de dicha prueba, acompañada por el actor a su demanda marcada Anexo III-E, pero no estableció los hechos contenidos en ella, lo cual produjo su silencio parcial.
Esa documental trajo al proceso el hecho de que, según la propia afirmación del actor, el día 3 de octubre de 1995, él se encontraba acompañando a los ciudadanos Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa a retirar unos cheques para su posterior cobro. Esos ciudadanos según estableció la recurrida en la página 34, fueron condenados, en la sentencia dictada en fecha 20 de julio de 1998 por el Tribunal Accidental Primero del juzgado (Sic) Superior Undécimo en lo Penal de
La omisión de análisis y juzgamiento de esa documental, constituye un error de juzgamiento determinante en el dispositivo del fallo, pues la recurrida, al analizar la configuración del elemento culpa que le sirvió para declarar la existencia de un hecho ilícito, omitió considerar esa circunstancia fáctica que justifica el porqué ese día 3 de octubre de 1995 el actor fue detenido por funcionarios de
Respecto de los denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:
...Estando abierto el juicio a prueba, la aparte (Sic) actora promovió las siguientes, que fueron acompañadas al libelo de demanda:
(...Omissis...)
5) Acta policial de fecha 04 de octubre de 1.995 suscrita por el detective JOSE (Sic) NUÑEZ (Sic) PAREDES, adscrito a
(...Omissis...)
De la misma manera consta de acta policial, también de fecha 03 de octubre de 1995, suscrita por el prenombrado detective ATILIO GARCIA (Sic), adscrito, como se ha dicho, a
Para decidir,
En la presente denuncia la formalizante delata que el Juez Superior infringió por falta de aplicación los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio de silencio de prueba, al no analizar el acta policial de fecha 4 de octubre de 1995 que riela al folio 284 de la pieza signada 1 de 4, contentiva de la declaración rendida por el ciudadano Carlos Morales Caraballo, de la cual según su dicho- se desprende que el hoy accionante reconoció que, ...se encontraba acompañando a los ciudadanos Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa a retirar unos cheques para su posterior cobro....
Ahora bien, la doctrina de esta Sala de Casación Civil en relación al vicio de silencio de prueba, ampliada en sentencia Nº 62 del 5 de abril de 2001, caso Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa, expediente Nº 99-889, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció que:
...Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil.
Corresponderá a
1.) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso, como ocurre si en el interdicto por despojo, el juez no examina la factura de compra de una nevera.
2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria.
3.) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria, como ocurre si en un juicio por reivindicación el juez hubiese silenciado un documento privado, y si hubiese valorado un documento público ambas referidas a la propiedad del inmueble, pues en ningún caso el primero podría enervar la fuerza probatoria del segundo; y,
4.) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal, pues la ley dispone que los hechos no pueden ser establecidos por un determinado medio de prueba; por ejemplo, el artículo 1.387 del Código Civil, prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs.2.000,oo).
5) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide al contrario cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem.
En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil....
Tal como claramente se desprende de la doctrina transcrita, para que proceda el vicio de silencio de prueba como un error de juzgamiento, éste debe tener influencia determinante en el dispositivo del fallo recurrido, dado que si no lo tiene, estaríamos en presencia de una casación inútil.
En este sentido, del texto íntegro de la recurrida, ciertamente no se encuentra análisis o valoración alguna en relación a la acta policial de fecha 4 de octubre de 1995, levantada por el detective José Núñez Paredes, sino una simple mención que el Juez Superior hizo de la misma, tal como se observa de la transcripción parcial ut supra de la recurrida, con lo cual se configuraría el vicio de silencio de prueba; mas, en aplicación de la novísima doctrina, ...Corresponderá a
La recurrente señala que en la prueba cuyo silencio denuncia, se establece el hecho de que el hoy accionante ...se encontraba acompañando a los ciudadanos Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa a retirar unos cheques para su posterior cobro..., hecho éste que según su dicho- desvirtuaría la configuración del elemento culpa que le sirvió para declarar la existencia de un hecho ilícito.
En este orden de ideas,
...Nuestro representado le comunicó al empleado de Seguros Orinoco Angel (Sic) Pomblas que los mencionados cheques no debían ser librados a nombre del apoderado sino de la beneficiaria, haciéndole saber tal irregularidad a dos empleados más de la empresa Rafael Pino, quien es Gerente Regional, Sucursal del Este y a Milagros Villasana quien era coordinadora de producción. Igualmente, los empleados de la empresa de Seguros, ya mencionados, Rafael Pino, Milagros Villasana y Angel (Sic) Pomblas le notificaron a nuestro representado, que ese día 3 de octubre de 1995, en
Del texto mismo del libelo de la demanda, se observa que el accionante expresa que se trasladó a
Por lo antes expuesto y en aplicación de la doctrina vigente,
III
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 ibídem, y 1.359 del Código Civil, todos por falta de aplicación, lo que según su dicho- fue determinante del dispositivo del fallo.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...En efecto, en la oportunidad de promover pruebas en la segunda instancia, nuestra representada produjo, entre otras, copia certificada de la sentencia dictada el día 20 de julio de 1998 por el Tribunal Accidental Primero del Juzgado superior Undécimo en lo Penal de
En dicha sentencia, existen declaraciones relacionadas con la intervención del actor en los trámites de las pólizas de seguros mediante las cuales se pretendió estafar a Seguros Orinoco, C.A., estafa que dio lugar a la condena de los ciudadanos Euclides Teodoro Márquez y Orlena Carolina Da Costa. Dichas declaraciones fueron igualmente invocadas por nuestra mandante en la oportunidad de promover dicha sentencia.
En efecto, dicha sentencia se refiere a la declaración rendida por el actor en el proceso penal que dio lugar a aquélla, en los siguientes términos:
(...Omissis...)
Respecto de la declaración mencionada, así como otros testimonios, la referida sentencia penal de segunda instancia declaró, en el capítulo correspondiente al cuerpo del delito, lo expresado a continuación:
(...Omissis...)
Con relación a dicho testimonio del actor, así como a otras declaraciones, la referida sentencia criminal de alzada también estableció lo siguiente, en el capítulo correspondiente a la responsabilidad penal:
(...Omissis...)
Dicha sentencia expresa igualmente, lo siguiente: Del estudio pormenorizado de los elementos de prueba existentes en el presente expediente, se evidencia la comisión de un ilícito penal consistente en un delito Contra
(...Omissis...)
En razón de todo lo anterior, la tantas veces citada sentencia de segunda instancia penal condenó a los ciudadanos Euclides Teodoro Marquez (Sic), y a Ornela Carolina Da Costa, por el delito de estafa agravada.
Consta pues, en dicha sentencia de segunda instancia penal, la existencia de una declaración del demandante, valorada y apreciada por la alzada penal, en la que éste reconoce haber estado relacionado con las dos personas que fueron condenadas por la comisión del delito de estafa contra Seguros Orinoco, C.A., haberlas acompañado a cobrar el cheque emitido en razón de tal estafa, habiendo sido intermediario de las pólizas correspondientes, para cuya emisión y cobro dichos delincuentes usaron documentos falsos, algunos de los cuales fueron presentados a nuestra representada por el actor, quien trató de agilizar tal cobranza.
Sin embargo, la recurrida, no hizo mención alguna a esa declaración del demandante, dejando así de tomar en cuenta ese hecho, fundamental para la determinación del fondo. Esos hechos silenciados, desvirtúan la declaratoria de la recurrida respecto de que la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.. (Sic) habría actuado en violación de su deber de diligencia y prudencia (página 70), lo cual le sirvió de fundamento para declarar, en esa misma página, que habría quedado configurada la culpa de la demandada. Dicha prueba silenciada parcialmente, desvirtúa así la existencia de una culpa en la actuación de la ciudadana Cecilia Maza de señalar al actor, pues demuestra que en el momento de ese señalamiento el actor se encontraba acompañando a los estafadores a cobrar el cheque en la caja de cobro de Seguros Orinoco, C.A.
Si la recurrida hubiera analizado el mencionado contenido de la sentencia de segunda instancia en lo penal, hubiera establecido los hechos allí contenidos que legitimaban la actuación de la ciudadana Cecilia Maza, con ocasión de la póliza de seguro que tramitó el actor y cuyo pago gestionó. Por ello, la falta de análisis integral de dicha sentencia por parte de la recurrida, produjo una infracción determinante en el dispositivo del fallo.
(...Omissis...)
Ahora bien, si la recurrida hubiera establecido el hecho silenciado en su análisis a la indicada sentencia dictada por el tribunal de segunda instancia en lo penal respecto de que el demandante Carlos Morales, había declarado que mantuvo relaciones con los ciudadanos que resultaron condenados por el delito de estafa, y que se encontraba acompañándolos a cobrar un cheque en el momento en que los funcionarios de
Respecto de lo denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:
...En la sentencia de fecha 20 de julio de 1998 del Tribunal Accidental Primero del Juzgado Superior Undécimo en lo Penal de
Del análisis de las pruebas que anteceden, que el Tribunal declara apreciar, se desprende que, en primer lugar el día 3-10-
Para decidir,
En la presente denuncia, la formalizante delata que el Juez Superior incurrió en la infracción por falta de aplicación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, y 1.359 del Código Civil, al no haber realizado según su dicho- un análisis íntegro de las testimoniales recogidas en las sentencias emanadas en la jurisdicción penal en las cuales fueron condenados por el delito de estafa agravada a los ciudadanos Euclides Teodoro Márquez y Orlena Carolina Da Costa Gómez Vargas, mientras que el hoy demandante, Carlos Enrique Morales Caraballo, fue declarado exento de responsabilidad penal, ...por haber quedado evidenciado que su conducta se encuentra ajustada al desempeño de sus funciones dentro de la empresa Seguros Orinoco como Productor de Seguros....
El alegado vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona, o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal.
En este sentido, del texto mismo de la denuncia planteada por la formalizante y de la transcripción parcial del texto de la recurrida se desprende, que el Juez Superior no sólo mencionó la existencia de las diversas sentencias emanadas en la jurisdicción penal, sino que además procedió a su análisis y valoración, motivo suficiente para determinar la improcedencia de la presente delación por no existir el vicio de silencio de prueba denunciado por la recurrente.
Por lo antes expuesto, Sala concluye que el Juez Superior no infringió por falta de aplicación los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, ni el 1.359 del Código Civil, debido a que efectivamente procedió a mencionar la existencia de las diversas sentencias emanadas en la jurisdicción penal, así como a su correspondiente establecimiento, análisis y valoración de las mismas, lo que conlleva a desechar por improcedente la presente denuncia. Así se decide.
IV
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 509 ibídem, y 1.359 del Código Civil, todos por falta de aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...En la página 44, la recurrida se refirió a la declaración testimonial que rindió la ciudadana Cecilia Maza ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en los siguientes términos:
(...Omissis...)
Ahora bien, además de las preguntas y respuestas analizadas por la recurrida, y seguidamente de las mismas, esa acta de declaración de la ciudadana Cecilia Maza, expresa:
(...Omissis...)
Nótese que la ciudadana Cecilia Maza, en las respuestas que omitió analizar la recurrida, expuso, en primer lugar que no era constante en los productores de seguros acompañar a los beneficiarios a retirar los cheques de pago de siniestros; y, en segundo lugar, que el ciudadano Carlos Morales había sido detenido por los funcionarios de
Ahora bien, después de analizar parcialmente ese elemento probatorio, la recurrida, en la misma página 44, declaró que la ciudadana Cecilia Maza había actuado a sabiendas de que el ciudadano Carlos Morales no había cometido irregularidad alguna, al señalarlo a los funcionarios de
Sin embargo, el contenido de la referida prueba, no evaluado por la recurrida, desvirtúa la actuación intencional que la recurrida le imputó a la ciudadana Cecilia Maza, ya que demuestra que existían hechos que permitían presumir que estaba involucrado, a saber: que estaba acompañando a los estafadores, cuando éstos pretendían cobrar el pago de un siniestro, no siendo constante que los productores de seguros acompañaran a los beneficiarios de los cheques a cobrarlos, y porque dicho ciudadano, previamente, había presionado para el pago de ese siniestro.
La falta de análisis íntegro por parte de la recurrida de la referida prueba, produjo la infracción, por falta de aplicación, del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual los jueces están obligados a analizar y juzgar ...todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Asimismo, la falta de análisis integral por la recurrida de la referida prueba, infringió, por falta de aplicación, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, los jueces, al decidir, están obligados a atenerse a lo alegado y probado en autos, es decir, a todo lo probado... (Mayúsculas y subrayado de la formalizante).
Para decidir,
Nuevamente plantea la recurrente la supuesta infracción por parte del Sentenciador de Alzada de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, y el 1.359 del Código Civil, por falta de aplicación, al realizar un análisis según su dicho- parcial de la declaración testimonial rendida por la ciudadana Cecilia Adelaida Maza Barraez ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Cabe destacar que la formalizante señala la violación del artículo 1.359 del Código Civil, mas no la desarrolla.
La formalizante pareciera confundir el análisis de una prueba testimonial con el análisis de un acta policial. Esto dicho en otras palabras significa que, plantea la recurrente que el Juez Superior debió analizar la declaración rendida por la ciudadana Cecilia Adelaida Maza Barraez ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial como si fuese una testimonial rendida en juicio y no como un acta policial emanada de dicho ente la cual fue agregada al expediente como un recaudo y, como tal debía ser analizada como en efecto la analizó- el Sentenciador de Alzada, dado que el hecho de que se haya realizado la declaración en calidad de testigo ante el Cuerpo Policial, no transforma dicha probanza en una testimonial.
Por lo expuesto y vista la estrecha e idéntica relación existente entre la presente denuncia y anteriormente desestimada al pretender delatar un silencio de prueba debido a un supuesto análisis parcial de la testimonial rendida por la ciudadana Cecilia Adelaida Maza Barraez ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, la cual fue analizada y valorada por el Juez Superior como una documental,
V
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 ibídem, y 1.359 y 1.360 del Código Civil, por ser el dispositivo del fallo consecuencia de una suposición falsa en el que incurrió el juez de la recurrida, al dar por probado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Respecto del tercer caso del falso supuesto, esta Sala ha distinguido dos (2) hipótesis: La primera, literalmente consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se configura cuando la inexactitud de las pruebas que sirvieron al Juez para apoyar el hecho falsamente supuesto, resulta de su confrontación o comparación con otras pruebas del expediente, que la sentencia no menciona. La segunda, se produce cuando la inexactitud de la prueba que sirvió al juez para apoyar el hecho falsamente supuesto, resulta de la confrontación o comparación del contenido y los términos en que aparece la misma prueba, que el juez puede falsear por medio de un consideración parcial, tomando en cuenta sólo algunos de sus elementos, pero omitiendo la mención de otros que neutralizan o desvirtúan su conclusión sobre los hechos que establece en la sentencia.
El juez de la recurrida declaró que la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A. señaló al demandante en este juicio, ciudadano Carlos Morales, ante funcionarios de
(...Omissis...)
En el mismo sentido, en la página 61, la recurrida expresó:
(...Omissis...)
Asimismo, al evaluar ese señalamiento indicó, en la página 70, que con el mismo la ciudadana Cecilia Maza, Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A., había violado su deber de diligencia y prudencia, causando un daño al actor, expresando que:
(...Omissis...)
De manera que la recurrida, en primer lugar, estableció que el señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza a los funcionarios de
Ahora bien, pruebas del expediente, no analizadas en su integridad por la recurrida, desvirtúan o demuestran la inexactitud de las que sirvieron de base para el establecimiento de esos hechos: que el señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza del ciudadano Carlos Morales a los funcionarios de
En su análisis de las actas policiales levantadas con ocasión de la averiguación que llevó a cabo
(...Omissis...)
En los párrafos copiados consta el análisis que hizo la recurrida del contenido de las tres (3) actas policiales levantadas por el detective Atilio García. Con respecto a la tercera acta policial, la recurrida estableció que allí constaba el traslado de los detectives a la caja de cobro de la compañía con el fin de ubicar a los ciudadanos que presuntamente estaban involucrados en los hechos que les ocupaban y que fue una vez que estaban en ese lugar, es decir, en la caja de cobro de la compañía, cuando la ciudadana Cecilia Maza procedió a señalar al ciudadano Carlos Morales, quien estaba en compañía de dos (2) personas más (las que resultaron culpables del delito de estafa que iba a perpetrarse en ese momento).
En efecto, consta de acta policial de fecha 3 de octubre de 1995, (identificada por la recurrida en su análisis a la misma como ANEXO III-C) que el funcionario Atilio García, funcionario adscrito a
De manera que según los hechos contenidos en la referida tercera acta policial, analizada por la recurrida, los funcionarios de
En efecto, la recurrida omitió considerar que según dicha acta policial, cuando la ciudadana Cecilia Maza señaló al actor, éste se encontraba en la caja de cobro de Seguros Orinoco, C.A., junto con los ciudadanos Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa, condenados a a (Sic) posteriori por el delito de estafa.
Dicha acta policial prueba, pues, que la detención preventiva del ciudadano Carlos Morales tuvo su causa en la circunstancia de que dicho ciudadano, en su condición de productor de seguros, se encontraba en la caja de cobro de la compañía Seguros Orinoco, C.A., con los ciudadanos que resultaron estafadores- Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa, cuando funcionarios de
Por otra parte, existen otras prueba (Sic), algunas valoradas parcialmente por la recurrida, y otras no valoradas, que demuestran igualmente que el ciudadano Carlos Morales fue detenido cuando y porque se encontraba en la caja de cobro de Seguros Orinoco, C.A. acompañando a los ciudadanos Euclides Márquez y Orlena Carolina Da Costa que resultaron estafadores- a cobrar un cheque.
En efecto, consta de acta policial de fecha 4 de octubre de 1995, la cual cursa al folio 284 de la primera pieza del expediente, que el detective José Núñez Paredes, funcionario de
Consta de dicho documento que el ciudadano Carlos Enrique Morales, actor en este juicio, declaró que el 3 de octubre de 1995 fecha en la que fue detenido- se encontraba con los ciudadanos Euclides Teodoro Marquez (Sic) y Orlena Carolina Da Costa estafadores- para efectuar con éstos los trámites de cobro de unas pólizas.
El acta policial de fecha 4 de octubre de 1995; y el contenido del acta policial de fecha 3 de octubre de 1995 en la que consta la detención preventiva del ciudadano Carlos Morales, analizada parcialmente por la recurrida, demuestran que al ser señalado por la ciudadana Cecilia Maza el ciudadano Carlos Morales Caraballo se encontraba, en la caja de cobro de dicha empresa, con los ciudadanos Euclides Teodoro Marquez (Sic) y Orlena Carolina Da Costa que resultaron condenados como estafadores- efectuando trámites para el cobro de la póliza.
Esas pruebas demuestran la inexactitud de las que le sirvieron de base a la recurrida para declarar que el señalamiento del actor por parte de la ciudadana Cecilia Maza había constituido la causa de su detención. También demuestran la inexactitud de las pruebas que sirvieron de base a la recurrida para declarar que la ciudadana Cecilia Maza, en su afán de descubrir una estafa, se había apresurado a efectuar ese señalamiento del ciudadano Carlos Morales.
En efecto, todas esas pruebas antes mencionadas prueban que la circunstancia de que el actor se encontraba en la caja de cobro de la empresa de Seguros Orinoco, C.A. acompañando en los trámites para el cobro de una póliza a los ciudadanos Euclides Marquez (Sic) y Ornela Carolina Da Costa, quienes, de acuerdo a otras pruebas, fueron condenados por el delito de estafa por haber pretendido ese cobro, fue el hecho que sirvió de causa para su detención.
Asimismo, todas esas prueban (Sic) demuestran que la ciudadana Cecilia Maza señaló al ciudadano Carlos Morales ante los funcionarios de
Para decidir,
En relación a la suposición falsa,
...La suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez estableció falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, ya sea porque atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene o porque dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo (parte final del primer párrafo del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil).
Por tanto, el vicio debe tratarse exclusivamente del establecimiento de un hecho, quedando excluida las conclusiones a las que pueda llegar el juez con respecto a las consecuencias del hecho establecido, ya que en este caso se trataría de una inferencia de orden intelectual que, aunque sea errónea, no configura el vicio de suposición falsa.
En el sub iudice, el formalizante señala que el dispositivo del fallo es consecuencia de la suposición falsa en que incurrió el ad quem al establecer que del acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 8 de agosto de 1997, se constata su probable ilegalidad.
(...Omissis...)
De la transcripción realizada, se evidencia que cuando el sentenciador señala que en criterio de quien decide, queda verificada, de un lado, la aparente existencia de un derecho o interés del solicitante que está corriendo un peligro de sufrir un daño irreversible y, de otro, la probabilidad de que
Los hechos extraídos por la recurrida de la documental mentada, son que
La determinación de que existe una probabilidad de ilegalidad es producto de un proceso intelectual que debe llevar a cabo el juez y que implica la consideración de normas que prevean supuestos de hechos sancionables por su incumplimiento. La ilegalidad en general, no es el establecimiento de un hecho, sino la consecuencia del mismo que, al subsumirse en una hipotética norma, se determina o no su legalidad.
En consecuencia, al haber delatado el formalizante una consecuencia jurídica del hecho, como el hecho concreto falsamente supuesto, se declara improcedente la presente denuncia. Asi se decide... (Resultado del Texto).
En la presente denuncia la recurrente plantea que la decisión del Juez Superior es consecuencia de una suposición falsa al haber dado por probado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente, porque según su dicho- el Sentenciador de Alzada al realizar el análisis y valoración del acta policial de fecha 3 de octubre de 1995, en primer término, no determinó que la detención del hoy demandante, ciudadano Carlos Enrique Morales Caraballo, por parte de funcionarios de
Ahora bien, en el caso bajo análisis,
VI
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 1.185, 1.191 y 1.196 del Código Civil, todos por falsa aplicación.
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...De conformidad con el artículo 1.185 del Código Civil, quien causa un daño a otro, por culpa, o mediante el ejercicio abusivo de un derecho, debe repararlo.
El artículo 1.191 del Código Civil, dispone que los dueños y principales o directores son responsables del daño causado por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las funciones que los han empleado.
Por otra parte, el artículo 1.196 del Código Civil, dispone que la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el hecho ilícito, pudiendo el juez acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, a los de su familia, a su libertad personal, así como también en caso de violación de su domicilio o de un secreto.
Ahora bien, la recurrida, con fundamento sobre la primera parte del artículo 1.185 del Código Civil, que prevé la responsabilidad por culpa, y de los artículos 1.191 y 1.196 ejusdem (Sic), condenó a la demandada a reparar un daño que no puede serle atribuido, ni fue causado por ella.
(...Omissis...)
Según lo transcrito, la recurrida, estableció, en primer lugar que el actor fue detenido por funcionarios de
Más adelante, al tratar de establecer la necesaria relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño declarados (Sic) por ella, la recurrida enfatizó que el presunto daño del actor-, había quedado constituido por el hecho de haber sido detenido preventivamente; haber permanecido en
Ahora bien, la detención preventiva del actor, como bien señaló la recurrida fue materializada por funcionarios de
Por otra parte, el actor, como bien declara la recurrida, permaneció detenido en la sede de
Asimismo, las pruebas grafotécnicas hechas al actor, el que éste haya rendido declaraciones, el que su hogar hubiera sido allanado, y el que apareciera reseñado como indiciado, como se evidencia del examen del material probatorio hecho por la recurrida, también constituyen actuaciones llevadas a cabo por los cuerpos de policía intervinientes en la averiguación, es decir,
(...Omissis...)
De acuerdo a lo previsto en el artículo 1.185 del Código Civil, la reparación del daño causado por el hecho ilícito, o el abuso de derecho, la debe quien causa el daño.
Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 1.191 del Código Civil, los principales responden del daño causado por el hecho ilícito de sus dependientes.
Ambas normas exigen la existencia de un nexo causal entre el daño y un hecho imputable al agente, para que exista responsabilidad.
Dado que esos hechos que declara la recurrida no son imputables a la dependiente de la demandada, la recurrida, al declarar la existencia de una responsabilidad civil extracontractual de la demandada, sobre la base de los artículos 1.185 y 1.191 del Código Civil, infringió, por falsa aplicación, esas normas.
En efecto, la recurrida desconoció que dichas normas exigen la existencia de un nexo causal entre el daño, y una actuación u omisión de naturaleza ilícita, por parte del dependiente, para que exista una responsabilidad por parte del dueño o principal.
El daño que establece la recurrida, proveniente de las circunstancias fácticas establecidas por ella respecto de las condiciones de hacinamiento e infrahumanas de un calabozo, provenientes de la circunstancia de haber estado recluido el actor en
Respecto de lo denunciado por la formalizante, la recurrida en casación hizo el siguiente pronunciamiento:
...En el caso sub judice (Sic) la culpa está constituida por la actuación imprudente y negligente, de
Para decidir,
En la presente denuncia la formalizante señala que los daños supuestamente causados al demandante no lo fueron por parte de la demandada, debido a que el accionante no estuvo detenido en instalaciones pertenecientes a la accionada, por lo que ella no es responsable de los daños establecidos como el hacinamiento en condiciones infrahumanas durante siete (7) días como presunto estafador, rendir declaraciones como imputado, haber sido reseñado y sometido a pruebas grafotécnicas, el allanamiento de su hogar, la angustia sufrida por la privación de su libertad, además, del texto de la denuncia planteada pareciera determinar como así lo ha planteado- que los responsables de tales daños, serían a su entender- los organismos policiales y no su representada, porque fueron ellos los que los realizaron la detención del hoy accionante y no la ciudadana Cecilia Adelaida Maza Barraez, en su carácter de Jefe de Seguridad como dependiente de Seguros Orinoco, C.A.
En este orden de ideas, tal como claramente se desprende de la transcripción parcial ut supra de la recurrida, el Juez Superior determinó que la culpa se materializó por la actuación imprudente y negligente por parte de
Ahora bien, la doctrina pacífica y reiterada de
Cabe destacar, tal como se observa de la transcripción parcial de la recurrida, que el Juez Superior al establecer el cumplimiento de los requisitos necesarios para dictaminar la procedencia de la acción de indemnización por daño moral, a saber se repite- la culpa, el daño y la relación de causalidad, no le quedaba otra posibilidad que no fuera de aplicar como en efecto era lo procedente en derecho- las previsiones contenidas en los artículos 1.185, 1.191 y 1.196 del Código Civil.
Por todo lo antes expuesto,
VII
Al amparo del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, a través de escrito de ampliación de la formalización, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 1.185 del Código Civil, por falsa aplicación de su primer párrafo y, por falta de aplicación de su segundo párrafo, y la falta de aplicación del artículo
Se fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
...Consta de lo transcrito, que la recurrida: a) entendió que el hecho generador de la indemnización reclamada, -a su entender- era un señalamiento hecho por dicha Jefe de Seguridad, Cecilia Maza, del actor, a los funcionarios de
En virtud de tales declaratorias, es decir, ubicada la figura del hecho ilícito para resolver la controversia, declaró, en la página 70, que a su juicio, la acción de señalamiento había sido un acto voluntario, imprudente y negligente, ya que la ciudadana Cecilia Maza, con tal señalamiento, había violado, a su entender, su deber de prudencia y negligencia (Sic), decidiendo así que con tales elementos (negligencia e imprudencia) que quedaba configurada la culpa atribuida por el actor a la demandada.
Ahora bien, sostenemos que el declarado señalamiento del actor, hecho por la ciudadana Cecilia Maza, a los funcionarios de
En efecto, el artículo 75-C del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual regulaba el procedimiento penal aplicado en la época en la cual el actor fue detenido, disponía lo siguiente:
(...Omissis...)
Según dicha norma, los funcionarios de policía tienen el deber de trasladarse al lugar del suceso cuando tengan noticias de particulares- sobre la comisión de un delito de acción pública. Esa norma, regula a la noticia o las informaciones que dan los particulares a los órganos de policía, como un derecho que tienen dichos particulares.
La recurrida, al declarar que el señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza a los funcionarios de
Asimismo, cuando la recurrida declaró que el señalamiento hecho por
Tratándose de que las informaciones o noticias que dan los particulares a los órganos de policía conforman un derecho que tienen aquellos, previsto en el artículo
El supuesto de hecho sometido a la decisión de la recurrida, cual es el ejercicio del derecho que tienen los particulares de dar informaciones a los órganos de policía, es decir, concretamente el derecho que ejerció la ciudadana Cecilia Maza, en su condición de Jefe de Seguridad de Seguros Orinoco, C.A. de informar a
(...Omissis...)
De manera que tratándose el declarado señalamiento hecho por la ciudadana Cecilia Maza del actor, de una actuación desplegada en el ejercicio de un derecho que consagra el artículo
Para decidir,
En la presente denuncia la recurrente plantea que el Juez Superior infringió por falta de aplicación el artículo
En este sentido, el delatado artículo
...Inmediatamente después que los funcionarios de Policía Judicial descubran o tengan noticias de que se ha cometido un delito de acción pública deberán trasladarse sin demora alguna al lugar del suceso, y darán al mismo tiempo aviso a
Cuando exista fundado temor de que las huellas puedan desaparecer, cumplirán las diligencias necesarias para dejar constancia de aquellas....
Tal como claramente se desprende del texto del artículo transcrito cuya falta de aplicación se denuncia, en el mismo se establece el procedimiento que deberán seguir los funcionarios de policía judicial cuando descubran o tengan noticias de que se ha cometido un delito de acción pública; mas no estatuye la existencia del supuesto derecho que le endilga la recurrente, debido a que se repite- sólo los pasos a seguir para la conservación del lugar de comisión del delito, las armas o instrumentos usados o encontrados, la recolección de huellas y cualesquiera otras circunstancias que deban ser protegidas o de cuya circunstancia deba dejarse constancia que sean objeto de la investigación.
Cabe destacar, que la formalizante pretende encuadrar en la figura del derecho, el deber cívico que tiene todo particular de dar información a los órganos de policía judicial cuando tengan noticias de la perpetración de un delito de acción pública; cosa distinta al derecho que le asiste a la víctima en aquellos delitos de acción privada. En consecuencia,
Establecido lo anterior,
Por último, concluye
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de
De conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la recurrente al pago de las costas procesales del recurso.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la cognición, Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la precitada Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
_____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
_________________________
YRIS PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
____________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Magistrado,
_______________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2003-000605.
El magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de las denuncias de silencio de prueba enmarcadas en las primera, segunda y tercera denuncias por infracción de ley.
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem.
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de
_____________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
_________________________
YRIS PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
____________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Magistrado,
_______________________________
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
Secretario,
__________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2003-000605.
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