Sentencia N.º RC.00193
- Sentencia
- N.º RC.00193
- Fecha
- 25/04/2003
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 02-251
- Ponente
- Adán Febres Cordero
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIDENTAL
Ponencia del Conjuez Dr. Adán Febres Cordero
En el juicio por rendición de cuentas, intentado por la ciudadana DOLORES MORANTE HERRERA, venezolana, mayor de edad y civilmente hábil, contra los ciudadanos DOMINGO ANTONIO SOLARTE y ÁNGEL EMIRO CHOURIO, también venezolanos, mayores de edad y civilmente hábiles, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva con fecha 28 de enero de 2002, en la cual declaró con lugar la demanda y revocó de esta manera el fallo apelado.
Contra esta sentencia anunció recurso de casación el apoderado judicial de los demandados, que le fue admitido con fecha 15 de febrero del año 2002. Se dio cuenta en Sala del asunto y anunció inhibición el Magistrado Carlos Oberto Vélez. Con fecha 25 de julio del año 2002, el Presidente de la Sala declaró con lugar la inhibición, por estar ajustada a derecho y fundada en causa legal. Se acordó convocar al primer conjuez Dr. Adán Febres Cordero. Aceptada dicha convocatoria, se procedió a constituir la respectiva Sala Accidental, asignándosele la ponencia del presente asunto. Hubo únicamente formalización. Concluida la sustanciación, la Sala Accidental procede a dictar sentencia sobre el recurso de casación propuesto de la siguiente manera.
VICIOS DE ACTIVIDAD
- I -
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se alega la infracción del artículo 208 ibib, en concordancia con la de los artículos 15, 206 y 320 del citado Código, ya que la sentencia recurrida adolece del vicio de reposición no decretada, según la siguiente motivación.
El Juzgado de Primera Instancia, ante el cual se propuso la demanda, no declaró la incompetencia material funcional del órgano para conocer del presente juicio de cuentas, ya que el único tribunal competente para conocer de esta clase de juicios, es el que conozca de la ejecución de la sentencia definitiva en la causa donde se haya efectuado el nombramiento de depositario judicial. Esta especial competencia funcional deriva de lo que establece el artículo 541, ordinal 6°, del Código de Procedimiento Civil.
Con abundante cita de normas del Código de Procedimiento Civil y de la Ley sobre Depósito Judicial, el recurrente alega que el depositario judicial no puede ser sujeto de un juicio de cuentas, porque la esencia de esta figura no obedece a los supuestos de hecho previstos por el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, los cuales se refieren a responsabilidades surgidas de la voluntad del obligado y no de un servidor público como auxiliar de justicia. Esta última característica obligó al legislador a señalar un procedimiento especial, distinto al de rendición de cuentas, para que el depositario judicial presente las suyas.
No se acreditó de modo auténtico la obligación asumida por el codemandado Domingo Antonio Solarte, porque en relación con él no existe nombramiento judicial alguno, por lo que resultaría ilegal considerarlo como depositario y mucho menos exhibiendo una declaración unilateral del depositario judicial Ángel Emiro Chourio, en actuaciones pre-constituidas e incorporadas posteriormente a las actas de este proceso. Por tanto, al no ser nombrado depositario, de acuerdo con las normas legales, el Sr. Solarte no está obligado por ley a rendir cuenta alguna.
Finalmente, es Isabel Segunda Morante la única persona que ostentaría cualidad activa para exigir cuentas al depositario judicial nombrado legalmente, ya que fue la única persona que como opositora a las medidas relacionadas con el depósito judicial obtuvo sentencia favorable, tal como lo demuestra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Tributario de la Región Occidental fechado el 29 de octubre de 1993. Por consiguiente, la cesión de derechos litigiosos que invoca la actora Dolores Morante Herrera jamás podría tener efectos frente a terceros, pues no hay constancia en autos que tal cesión haya sido aceptada por las partes, como lo ordena el artículo 1357 del Código Civil.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Es oportuno señalar que tanto el código vigente como el derogado, omiten pronunciamiento expreso acerca de si el intimado puede alegar otras defensas distintas de las previstas en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Según el citado artículo, el demandado puede oponerse a la demanda alegando haber rendido ya las cuentas; o que éstas corresponden a un período distinto o a negocios diferentes a los indicados en la demanda, de lo cual debe, en ambos casos, producir prueba escrita. Sin embargo, la jurisprudencia que interpretó el derogado artículo 654, equivalente al vigente 673, se pronunció por no atribuirle carácter taxativo o restrictivo a la enumeración de las citadas defensas; admitiendo, en consecuencia, que el demandado puede en dicha ocasión alegar otras excepciones previas o de fondo (SSC. 29/03/1989. Pierre Tapia. Marzo de 1989. N° 3. Año XVI. pp. 85 y 86).
En el presente caso, se ha intentado el juicio de cuentas por vía principal; rige, por tanto, el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, se propondrá la demanda ante la autoridad judicial del lugar en donde se hayan conferido la tutela o la administración o ante el tribunal del domicilio, a elección del demandante; en concordancia, en algunos casos, que también es el de autos, con la parte in fine del artículo 43 ibib, porque hay dos demandados. Es lo que se conoce en doctrina como forum gestae administrationis. Distinto hubiera sido el supuesto si la acción se hubiere intentado por vía incidental, en cuyo caso el competente sería el juez que conozca de la acción principal. La presente regla contiene una concurrencia electiva de fueros para las demandas sobre rendición de cuentas de una administración, entendiendo por este último vocablo que administración no significa únicamente conferida por el Juez, sino otras, de cualquier naturaleza y origen.
En cuanto a las personas que pueden ser legitimados pasivos en el juicio de cuentas, la enumeración contenida en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil es de carácter enunciativo y no taxativo; en razón de ello, pueden ser legitimados pasivos el tutor, el socio, el administrador, el apoderado, el encargado de intereses ajenos, los herederos que tengan la posesión provisional de los bienes del declarado ausente, el albacea testamentario, los padres que ejercen la patria potestad, el curador de la herencia yacente, los gestores de negocios, el depositario, el síndico de la quiebra, lo copartícipes que hayan administrado la herencia durante la comunidad; y, en general, todos los otros casos en los que se trate de la administración de bienes de otro. En el caso de autos, está probado que uno de los codemandados, Ángel Emiro Chourio, fue designado depositario de los bienes afectados por una medida cautelar; el ordinal 6° del artículo 541 del Código de Procedimiento Civil, citado también por el recurrente, le señala como obligación presentar la cuenta de su gestión.
En cuanto a la cualidad pasiva del otro codemandado Domingo Antonio Solarte; el fallo recurrido le atribuye la posesión de esos mismos bienes (los embargados) desde el mismo momento en que se practicó la medida, lo cual incluso aceptó delante de un tribunal comprometiéndose hasta a rendir cuentas. De acuerdo con el contenido del artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, el actor debe acreditar de modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendir la cuenta; se refiere la ley a documento fehaciente, al que produce fe, y no únicamente al documento público referido en el artículo 1357 del Código Civil. Por consiguiente, si el fallo recurrido expresa que Solarte aceptó delante de un tribunal que está en posesión de los bienes embargados desde el propio instante en que se practicó la medida, no hay duda de ninguna naturaleza de que debe ser incluido entre los sujetos pasivos de la rendición de cuentas respectiva. Si el recurrente contradice la anterior afirmación de la recurrida, otra será la denuncia, distinta del simple vicio de actividad, para permitir a la Sala Accidental controlar la forma como la alzada estableció y apreció estos hechos.
En relación con la cualidad activa de la demandante Dolores Morante Herrera, quien invoca su carácter de cesionaria de los derechos litigiosos que pudieran corresponderle a la cedente Isabel Segunda Morante, entre ellos el referido a esta rendición de cuentas, el fallo recurrido sostiene que dicho asunto fue planteado por el demandado en la oposición que formuló al juicio de cuentas; que fueron desechados los términos de la oposición, según auto fechado el 23 de febrero de 1996; que apelado, fue declarado sin lugar el recurso por el ad quem, en decisión de fecha 22 de julio de 1996. Que este último fallo quedó firme, porque no se ejerció contra el mismo el respectivo recurso de casación. Por el principio de la concentración procesal, el recurso de casación contra esta decisión quedó comprendido en el recurso respectivo propuesto contra la sentencia que puso fin al juicio; por tanto, al no formalizar particularmente contra ella adquirió cosa juzgada. El efecto procesal de esta declaratoria impide al recurrente reproducir idéntica defensa en esta oportunidad.
- II -
Con base en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la violación del ordinal 4° del artículo 243 ibib, y la del artículo 244 del citado código, porque la sentencia recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, con fundamento en las siguientes razones:
El formalizante cree encontrar contradicción en algunas afirmaciones de la alzada insertas en la parte motiva del fallo: haber expresado la firmeza del auto que ordenó rendir las cuentas; como consecuencia de ello, no decidir sobre defensas que debieron ser resueltas en la fase constitutiva de este proceso; y luego, resolver sobre parte de esas defensas al emitir un juicio de valor sobre las mismas. Otra contradicción: afirmar que el a quo erró al admitir las pruebas de los demandados, cuando lo procedente era la experticia, fijando oportunidad para ello, y luego, resolver en el fallo recurrido que desestimaba la citada prueba, porque había sido totalmente desvirtuada y era imposible atribuirle algún valor probatorio. Otra contradicción: no ser asertivo, preciso y contundente acerca de si ciertamente se trasladó o no la carga de la prueba a los demandados. Otra contradicción: haber afirmado la extemporaneidad de las pruebas de los demandados en la segunda fase del procedimiento; sin embargo, luego, haber expresado que dichas pruebas nada aportaron a favor de la posición sustentada por ellos. Otra contradicción entre la motiva y el dispositivo: afirmar que no operó la confesión ficta por el hecho de no basar la oposición en las causales contempladas en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, en la dispositiva, condenar a los demandados por la totalidad de los conceptos reclamados en la demanda. La última contradicción: asegurar que la no presentación oportuna de los libros, instrumentos, comprobantes y papeles, produce como consecuencia su no presentación en la secuela posterior del proceso; y luego contradecirse, al afirmar que hay otra oportunidad de consignación a través de la prueba de exhibición.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
En la jurisprudencia sobre la motivación de la sentencia existen varias constantes sostenidas por la Sala de Casación a través de larga actuación: 1: el error en el razonamiento es incensurable cuando está ajustado a derecho; 2: Sólo cuando los motivos erróneos influyen sobre el dispositivo acarrean la nulidad de la sentencia; 3: el choque entre el razonamiento de una misma parte motiva no anula la sentencia; y 4: el conflicto entre la motivación y el dispositivo es sólo censurable cuando es consecuencia de un error de derecho o hace inejecutable el fallo. El transcurso del tiempo ha atemperado un poco el rigor de ciertas doctrinas tradicionales; hoy día se acepta, por ejemplo, que los considerandos son contradictorios cuando versan sobre un mismo objeto y se destruyen los unos a los otros, lo que haría inmotivado el fallo. Todo ello quedaría resumido en la siguiente frase: los motivos no pueden ser simples afirmaciones, repertorio de datos tomados o transcritos de los mismos autos, sino razonamiento lógico, de suficiente peso jurídico, para que expliquen suficientemente las declaraciones hechas en la recurrida. La motivación debe recaer tanto sobre las cuestiones de hecho básicas como de derecho fundamental, porque un fallo absolutamente fáctico, como mero relato histórico, acompañado de ninguna fundamentación jurídica, es ciertamente nulo. Modernamente, fruto de la evolución de la casación, una adecuada motivación es aquella que alcanza todas las cuestiones propuestas en la controversia, ya que a cada pretensión o defensa debería corresponder un razonamiento íntegro, total y exacto sobre las mismas.
Si a los efectos de la formalización del recurso de casación, se permitiera tomar sólo frases aisladas de los fallos, puede afirmarse que ninguna sentencia escaparía a la censura de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Más, como las decisiones judiciales no pueden ser consideradas en esa forma, es claro que el examen de ellas debe abarcarlas como un todo o entidad y relacionar debida y congruentemente las diferentes partes y oraciones que las integran. En este contexto, si bien es cierto que la recurrida estimó firme el auto que ordenó rendir cuentas, analizó seguidamente el contenido del artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, porque estimó que esa norma permitiría decidir sobre lo ya decidido; pero, a renglón seguido, encontró solo aparente la orden contenida en ella (el juez resolverá sobre todas las dudas y observaciones que se hubieren presentado ), porque se refiere a dudas y observaciones, una vez rendidas ya las cuentas, asunto que corresponde a la segunda fase del juicio respectivo. Igual conducta acontece con la mención sobre la experticia, porque la recurrida estimó nulo el procedimiento seguido por el a quo, sobre todo en relación con la admisión de una prueba de testigos, recomendándole a la instancia que al no haber acuerdo entre las partes sobre la cuenta ya rendida, la prueba procedente era la experticia y no la de testigos. Debido a ello, por estimar de orden público la ordenación del proceso, declaró nula la admisión de la citada prueba de testigos. Como era obvio, promovida legalmente la experticia, debió referirse a ella, para valorarla en su justo sentido.
Especial mención debe hacer la Sala Accidental sobre la carga de la prueba del demandado en el juicio de cuentas. Ciertamente, el fallo recurrido afirma, como lo expresa el recurrente, que en la segunda fase del proceso se traslada al demandado la carga de la prueba, afirmación que infiere al analizar el articulado sobre la actividad probatoria. En efecto, junto con la presentación de la cuenta, en términos claros y precisos, año por año, el demandado debe acompañar los libros, instrumentos, comprobantes y papeles pertenecientes a ella (art. 676). Si no se cumple con el deber de presentar los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para formar la cuenta, éste debe exhibirlos, -prueba de especial importancia dentro del juicio de cuentas,- porque es la única forma de lograr la formación de la cuenta año por año, con sus cargos y abonos cronológicos, de modo que pueda examinarse fácilmente (art. 687). En todo caso, la actividad del demandado en esta fase del proceso es importante, porque puede incluso promover y hacer evacuar pruebas en el caso señalado por el artículo 677 del Código de Procedimiento Civil. Por consiguiente, analizado el fallo recurrido en todo su contexto, no advierte la Sala Accidental las contradicciones denunciadas por el recurrente. La contradicción entre la afirmación sobre la extemporaneidad de las pruebas, consignadas en la segunda fase del juicio de cuentas, y lo también expresado por la recurrida que nada aportaron a favor de la posición sustentada por los demandados, es mas aparente que real, porque anteriormente había sido desechada la fotocopia de un instrumento contable otorgado por un tercero, que fue consignada por el codemandado Domingo Antonio Solarte cuando presuntamente rindió la cuenta. Igualmente, una prueba de testigos, y unos certificados veterinarios, otorgados también por terceros, fueron declarados extemporáneos, junto a la negativa de los demandados a exhibir los libros, instrumentos, comprobantes y demás papeles correspondientes a la cuenta. Todo este análisis justifica la expresión de que las pruebas de los demandados, nada aportaron a favor de la posición sustentada por ellos, ni tampoco ninguna prueba de las existentes en el proceso.
No hay ninguna contradicción de la recurrida cuando afirmó que a los demandados no se les debe estimar confesos en las pretensiones del actor, cuando la oposición que formularon no se ajustó a ninguna de las tres causales señaladas por el artículo 675 del Código de Procedimiento Civil (rectius: artículo 673), porque en tal supuesto lo que procede es ordenar al demandado que presente las cuentas en el plazo de treinta días, como lo expresa el artículo 675 ibib. Si la cuenta efectivamente fue presentada por el codemandado Domingo Antonio Solarte, la obligación tanto del Juez de la causa como de la recurrida era decidir sobre ella para saber si estaba ajustada a los lineamientos del juicio especial de cuentas. El que se declarara la acción con o sin lugar escapa los límites de esta denuncia por vicio de actividad. Finalmente, tampoco incurre en contradicción la recurrida por haber afirmado que la no presentación oportuna de los libros, instrumentos, comprobantes y papeles correspondientes a la cuenta, impide que los mismos sean consignados posteriormente por los demandados, pues lo que procede es la exhibición de ellos por los demandados o por terceros, tal como lo prevé el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil. Como es sabido, la exhibición no es un medio de prueba propiamente dicho, sino una vía procesal para que una parte que deba servirse de un documento que se halle en poder del adversario o de un tercero, pueda hacerlo valer en juicio. Cobra esta vía especial importancia en el juicio de cuentas, porque es la única forma de lograr la formación de las cuentas si el obligado no cumple oportunamente con su deber de presentar los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para formarlas. Incluso, en el código de procedimiento civil vigente, se cambio el sistema adoptado en la materia por el derogado, al eliminar el juramento estimatorio deferido de oficio, como forma de adelantar ejecución sobre el patrimonio del demandado ante la imposibilidad de formar las cuentas, y se le sustituyó por el sistema vigente de la exhibición.
Por las razones expuestas, se desecha por improcedente la denuncia examinada.
- III -
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se arguye la infracción del ordinal 3° del artículo 243 ibib, porque la recurrida no efectuó una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, sino que transcribió actas del proceso que constan en autos. Se razona la denuncia de la siguiente manera:
Según el formalizante, la sentencia recurrida transcribe total el escrito de oposición de los demandados; el escrito de contestación de la demanda; el informe de la experticia; y la declaración completa de los testigos. Por tanto, dicho fallo es nulo tal como lo expresa el encabezamiento del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, también mencionado en este capítulo por el recurrente.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Expresa Márquez Añez, -con la autoridad que le otorga el haber sido uno de los proyectistas del nuevo código,- que el ordinal y artículos citados subsana una laguna legislativa de toda la legislación procesal anterior en Venezuela, al exigir que la sentencia debe contener una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos. El objetivo reside en la necesidad de que el juez defina los términos del problema judicial que se dirige a resolver (El Nuevo Código de Procedimiento Civil. Fondo de Publicaciones UCAB-Fundación Polar. Caracas 1987. p. 45). Por lo demás, la redacción y los términos de una sentencia no están sometidos a fórmulas rígidas y extremas, pues a ese respecto existe libertad de formas en el Código de Procedimiento Civil. Es cierto que en el fallo recurrido se hizo un largo extracto del libelo de la demanda; del escrito de oposición; se transcribió in extenso el texto de la experticia y la declaración de los testigos José Claudio Rivera Castellanos y Felipe de Jesús Piedra López, cuando lo deseable era que fuera conciso en la exposición de los hechos; sin embargo, el haber sobreabundado en su exposición en los puntos indicados, ciertamente innecesario, no hace censurable con la nulidad la sentencia recurrida, porque en otras partes del mismo fallo, aparte de que precisa en forma exacta los términos de la controversia, el juez realiza un esfuerzo encomiable por analizar y puntualizar aspectos no claros del juicio de cuentas. Así expresamente lo hace constar la Sala Accidental.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia analizada en este capítulo.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
- I -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se alega la violación del artículo 681 ibib, por error de interpretación de la recurrida acerca de su contenido y alcance, conforme a la siguiente motivación:
La alzada desnaturalizó el contenido de la prueba de experticia, al estimar como inaceptable que los expertos realicen elucubraciones de orden hipotético, se les admita elaborar su informe en base a pruebas diferentes de las existentes en el expediente, pues ello tendría que realizarse haciendo estimaciones, sin información suficiente, basándose en registros inexistentes, datos extra contables, documentación proveniente de fuentes externas al proceso, haciendo ellos mismos inspecciones oculares, interrogando a terceros, en fin, sustituyéndose al Tribunal y a las partes en la actividad probatoria. La norma citada no establece, como lo afirma erradamente la recurrida, que los expertos deben limitarse a examinar los libros, instrumentos y papeles acompañados al momento de rendirse la cuenta; sólo le ordena que no resuelvan puntos de derecho, que no hagan adjudicaciones o aplicaciones no determinadas y ordenen la cuenta según sus conocimientos en el arte de formarla.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Según la recurrida, una vez examinada la misma, observa que no es tal prueba de experticia contable, tal como lo había ordenado la primera instancia, sino que fue desnaturalizada convirtiéndola en prueba de inspección ocular, en prueba de exhibición, en prueba de experticia veterinaria, en prueba de informes, en prueba instrumental y en prueba de testigos, porque los expertos, según el texto copiado íntegramente del informe, determinaron tiempo de preñez; tipo de ganado; destete y mortalidad, propio de la medicina veterinaria; cuando verificaron la existencia y condición de semovientes y bienes muebles, actuaron como si estuvieran practicando una inspección ocular; cuando examinaron en la Hacienda La Unión, propiedad de uno de los codemandados, otros documentos que se consideró oportuno solicitar durante la revisión contable administrativa, convirtieron la prueba de experticia en prueba de exhibición; cuando los mismos expertos afirman que consultaron y analizaron fuentes externas, con el fin de comprobar hechos, que identifican detalladamente, se pone en evidencia que los expertos no se limitaron únicamente a las pruebas del proceso; y cuando los expertos afirman que se consideró el Decreto N° 624, -reforma otro N° 256,- que contiene normas sobre política lechera, aplican la ley a una situación de hecho, función que solo le corresponde a un juez. Todas estas razones influyeron en la recurrida para desestimar la referida experticia, porque la prueba fue desnaturalizada de tal manera que es imposible atribuirle valor probatorio, además de haberse infringido la norma que señala a los expertos ordenar la cuenta según sus conocimientos en el arte de formarla
La doctrina estima que los conocimientos que aportan los peritos al juicio, son siempre derivados, no individuales y fungibles; no tienen que provenir de la propia percepción o experiencia. Una vez adquiridos esos conocimientos, pierde completamente toda trascendencia la fuente de adquisición del saber (Rengel Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987.Editorial Arte. Caracas 1997. Tomo IV. p 389). Y una frase de Stein lo resume magistralmente: el perito que sabe sólo lo que otros han descubierto, es de gran valor (El Conocimiento Privado del Juez. Trd. Andrés de la Oliva Santos. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona. España. 1973. pp 84 y ss). Las nociones precedentes se complementan con la no exigencia a los expertos que sean científicos o técnicos, ni titulares de alguna ciencia, arte o industria, porque la ley no lo expresa así, sino únicamente que tengan conocimientos especiales o prácticos, ya que la experticia no siempre versará sobre materia científicas o artísticas; ni siempre será fácil encontrar personas con esos superiores conocimientos. Debido a estas circunstancias, la ley habla propiamente de personas que por su profesión, industria o arte, tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia (art. 453 C.P.C.). Al contrario de lo sostenido por la recurrida, no se invalida dicha prueba sí las opiniones a las cuales arribaron los expertos las obtuvieron de fuentes externas o se apoyaron en los conocimiento técnicos de la medicina veterinaria.
Los puntos sobre los cuales versa la experticia los pueden someter a la opinión de peritos versados en la materia, en el caso contables y veterinarios, para con dichas informaciones emitir los expertos su informe final y las conclusiones derivadas precisamente del procesamiento de los datos obtenidos. Si bien el juez puede apartarse del dictamen de los expertos, conforme al artículo 1.427 del Código Civil, no lo puede desechar alegando las razones transcritas, como lo decidió en un caso muy similar la Sala Civil, Mercantil y del Trabajo de la extinta Corte Suprema de Justicia (28/03/1874. GF N° 83. 2° et. pp 480 y ss). Una vez que los expertos adquieren los conocimientos suministrados por peritos, pierde completamente toda trascendencia la fuente de adquisición del saber, siempre y cuando esas informaciones sirvan de fundamento para el informe final y las conclusiones. Los propios expertos lo confiesan así en el texto del informe: revisión contable administrativa en documentación, libros de contabilidad, estados financieros, declaraciones de rentas y otros comprobantes y soportes administrativos y contables existentes en la Oficina Contable de Claudio Rivera, Contador de Domingo Antonio Solarte y los existentes en la Hacienda La Unión, propiedad del Sr. Solarte. O sea, la cuenta fue formada mediante la consulta a los libros, comprobantes y demás papeles pertenecientes a uno de los codemandados, en la hacienda propiedad de él, y en la oficina de su contador, porque es de notoriedad en el proceso que el ganado, una vez embargado, se confundió con el de propiedad del Sr. Solarte. Toda esa documentación fue analizada por los expertos exhaustivamente; quiénes revisaron también balances generales; declaraciones de impuesto sobre la renta y carpetas que respaldan o soportan las transacciones contables que dan origen a los balances. En consecuencia, al desechar el informe de los expertos por las razones analizadas precedentemente, la recurrida violó con ello el artículo denunciado, y también directamente el 1.427 del Código Civil, no denunciado, pero que la Sala lo advierte en obsequio de una de las finalidades del recurso de casación como es la integridad de la ley.
Por las razones expuestas, se declara procedente la denuncia examinada en este capítulo.
- II -
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la violación del artículo 676 ibib, por error de interpretación, porque la recurrida no le dio valor probatorio a un instrumento emitido por el contador de uno de los codemandados, el cual fue consignado junto con la cuenta. Se razona la denuncia en la forma siguiente:
Junto con la rendición de cuentas, fue consignada una fotocopia simple de un instrumento elaborado por Claudio Rivero C, contador del codemandado Domingo Antonio Solarte, emitido en Caja Seca, Municipio Sucre, el 16 de abril de 1996. La recurrida estimó que dicho instrumento no correspondía a los exigidos por el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil y no le otorgó ningún valor probatorio. Según el recurrente, tal instrumento bien puede calificarse dentro de la categoría de papeles que enumera como admisibles en el juicio de cuentas el citado artículo.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Según la recurrida, el instrumento contable identificado corresponde a una demostración de ingresos y egresos durante el lapso comprendido entre el 28 de mayo de 1981 y el 30 de abril de 1987. Fue emitido por Claudio Rivero C, en Caja Seca, Municipio Sucre, el 16 de abril de 1996. Es dos oportunidades alude la recurrida al citado documento; la primera, para desecharlo, por dos razones: a) porque no se corresponde en modo alguno a los instrumentos exigidos por el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil; y b) porque dicha fotocopia simple fue impugnada por los apoderados de la actora, y los demandados no exigieron su confrontación con el original (f. 613 de la nomenclatura del fallo recurrido). La segunda, ante la consignación en original del citado documento, reitera la recurrida, la no asignación de valor probatorio por las mismas razones expuestas en el acápite a) supra; pero, ahora agrega otra motivación: el citado instrumento aparece firmado por un tercero, aun cuando sea un profesional de la contaduría pública (f. 630 de la nomenclatura de la sentencia recurrida).
No consagra el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil forma sacramental alguna para la formación de la cuenta que debe rendir el demandado; pero sí establece tres requisitos esenciales impretermitibles: claridad y precisión de los términos en que está concebida; constancia de las operaciones por cargos y abonos cronológicos año por año; y comprobación de las partidas a través de la presentación de los libros, comprobantes y papeles correspondientes a la cuenta. Una cuenta sin la debida justificación de la verdad contenida en los asientos, la despojaría de su verdadero carácter, para convertirla en simples asertos del demandado, inverificables y desprovistos de valor jurídico, porque no es presumible que un administrador de negocios ajenos realice pagos, compras, ventas, permutas y demás operaciones relacionadas con su gestión, sin reclamar comprobantes, recibos, ni siquiera dejar de llevar una contabilidad, por rudimentaria o elemental que ella sea, por medio de cuadernos, libros o simples apuntaciones. Debido a ello, la ley exige que aquellos documentos comprobatorios y estos elementos de contabilidad, así como todo contrato, título, valor, correspondencia o simple papel que se relaciona con los actos de administración, sean en todo tiempo la prueba de las partidas de la cuenta y quien las rinde debe acompañarlas a ella. En el caso, si los bienes embargados se confundieron con los del codemandado Solarte, desde el propio instante de practicar la medida, concretamente los semovientes, nada más lógico y ajustado a la ley que admitir el citado instrumento contable como prueba de lo informado por los expertos.
Por las razones expuestas, se declara procedente la denuncia examinada en este capítulo.
- III -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 673 ibib, por falsa aplicación, con base en las siguientes razones:
A pesar de haber reconocido la exigencia del legislador para que el actor demuestre en forma auténtica la obligación del demandado de rendir cuentas; y de la existencia en autos de abundante prueba en contrario, la recurrida no dictó la correspondiente sentencia repositoria ordenándole al juez a quo la nulidad del auto de admisión de la demanda. Esta grave falta del juez de primera instancia, convalidada por la alzada, ocurre porque aplicó el procedimiento de rendición de cuentas al depositario judicial, cuando la verdad es que el citado funcionario debe rendir cuentas pero según la Ley sobre Depósito Judicial.
También hay infracción del denunciado artículo 673 del Código de Procedimiento Civil, porque ante la oposición formulada por causales distintas a las señaladas por el citado artículo, ha debido el juez de instancia suspender el juicio especial de cuentas y proceder a abrir el ordinario, tal como lo señala el Dr. Henríquez La Roche en su conocida obra de Derecho Procesal Civil, aparte de que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en no atribuirle el carácter taxativo sino enunciativo a las causales de oposición señaladas en el artículo in comento.
Finalmente, por el efecto principal de la sentencia en el juicio de cuentas, dictar el fallo sobre el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida, descartaría la figura del depositario judicial como sujeto pasivo de este proceso, porque éste al recibir bienes no administra o representa a un interesado en especial, sino que actúa como un auxiliar de justicia, y no puede, en consecuencia rendirle cuentas a ninguna persona en particular.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
La primera parte de la denuncia no corresponde a la materia relacionada con un recurso de casación por infracción de ley; en segundo lugar, ese mismo asunto fue objeto de análisis y decisión en la primera denuncia por vicio de actividad, ya que en esa ocasión, como también lo hace en esta, el recurrente planteó problemas relacionados con una presunta reposición no decretada por la alzada. Por lo demás, en la primera denuncia, por vicio de actividad, se expresó que en el caso concreto se ha intentado el juicio de cuentas como acción principal; por tanto, las normas mencionadas por el recurrente en esta denuncia, contenidas en la Ley sobre Depósitos Judiciales, se refieren específicamente a los emolumentos, tasas y gastos del depósito; no son aplicables a la obligación principal del depositario de rendir la cuenta de su gestión dentro de los cinco días siguientes al remate judicial o dentro del plazo que le fije el Juez (ord. 6°, art. 541 C.P.C.). Si el depositario no rinde voluntariamente la cuenta al finalizar su gestión, ninguna ley prohíbe a las partes del proceso en donde el depósito judicial tuvo lugar, ejercer la acción principal para obtener ese resultado, que es precisamente lo que ha acontecido en el caso de autos.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia analizada en este capítulo.
- IV -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la infracción del ordinal 6° del artículo 541 ibib, por falta de aplicación, según la concisa motivación siguiente:
La norma que la recurrida debió aplicar a la cuenta presentada por el depositario judicial era la denunciada ordinal 6° del artículo 541 del Código de Procedimiento Civil, y ante su no aplicación en la instancia procede a revisar las causas de inadmisibilidad de la demanda.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Reitera la Sala Accidental lo expresado en capítulos anteriores de este fallo: el depositario judicial, como administrador de negocios ajenos, está incluido entre los sujetos pasivos del juicio de cuentas a los cuales se refiere de manera enunciativa el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Precisamente, el ordinal y artículos citados por el recurrente, entre sus distintas obligaciones, le señala al depositario lo siguiente: presentar la cuenta de su gestión dentro de los cinco días siguientes al remate judicial, o dentro del plazo que le fije el Juez. En el caso sub litis, al no consignar el depositario voluntariamente cuenta de su gestión, una de las partes en el proceso donde operó la figura del depósito judicial intentó la rendición de cuentas por la vía señalada en el Capítulo VI, Título II, Libro IV del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, antes que dejar de aplicar el ordinal y artículo denunciados como violados en este capítulo, la alzada les dio estricto cumplimiento.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia analizada en este capítulo.
- V -
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la infracción del artículo 17 de la Ley sobre Depósito Judicial, también por falta de aplicación, conforme la siguiente motivación.
La demanda propuesta alega como objeto y causa petendi la devolución, con sus frutos respectivos, de una serie de muebles y semovientes que fueron objeto de una medida de embargo. Sin embargo, bajo la aparente acción de rendición de cuentas se infiere una de resarcimiento de presuntos daños y perjuicios al patrimonio de la actora por la no entrega de esos bienes, así como daños emergentes y lucro cesante, calculados unilateralmente en el libelo de la demanda. Lo que se pretendió realmente es ejercer la acción indemnizatoria prevista en el artículo 1.185 del Código Civil y en forma especial también prevista en el citado artículo 17 de la Ley sobre Depósito Judicial.
Para resolver, la Sala Accidental observa:
Uno de los problemas del juicio de cuentas, es que el actor no sabe cuál es el monto exacto del crédito adeudado por el demandado, y no puede pedir la condenatoria a una suma de dinero determinada, en cuyo caso deberá esperar que el accionado presente las cuentas o que el tribunal en su sentencia establezca el balance correspondiente, para que el actor pueda entonces emplear esas cuentas o esa sentencia como título y, en muchos casos, usando de la vía ejecutiva pueda obtener la satisfacción completa de su pretensión. Sin embargo, ello no aconteció así en el caso de autos, porque el actor discriminó período por período los frutos civiles que debieron producir los semovientes embargados, los cuales, agregados al valor de unos bienes muebles, totalizaron la cantidad de ochenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil quinientos dos bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 87.665.502,75). Sobre esta cantidad era que debían rendir cuenta los demandados; de lo contrario, debían ser obligados por la decisión del Tribunal al respecto. Al contrario de lo sostenido por el recurrente, si se aplicara al caso de autos el contenido del artículo denunciado, en todo caso, el depositario será responsable de todos los daños y perjuicios que sufran los bienes depositados mientras dure el depósito. La sentencia definitiva podía modificar la cuenta eliminando partidas no justificadas o asientos objetados y llenando aquellas que dejaron de poner los expertos en aplicación del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, expresando en definitiva el balance que arroje la reforma y fijando los montos definitivos. Sin embargo, esto es materia para la formalización del recurso de casación, asunto que escapa a las atribuciones de esta Sala Accidental.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia contenida en este capítulo.
- VI -
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se alega la violación en la recurrida del artículo 677 ibib, por falsa aplicación, según la fundamentación siguiente:
Al interpretar el artículo citado, la recurrida construyó un silogismo que resultó perjudicial al interés de los demandados: al no haber rendición de cuentas debe tenerse como ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda; igualmente, si los demandados no prueban lo que alegaron en la rendición de cuentas, también deben tenerse como ciertas las afirmaciones del actor. Este silogismo perjudicial a los intereses de los demandados es de gran entidad, si se observa que la actora basó su reclamo en cómputos y parámetros, estimaciones contables, ajustes sobre inflación, sin probar absolutamente nada, sólo apoyándose en la difícil posición de los demandados por la interpretación restringida que sobre la oposición formuló la recurrida al interpretar el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Los demandados rinden la cuenta el día 16 de abril de 1996 para cumplir con la orden definitivamente firme del tribunal de la causa de fecha 13 de febrero del mismo año; pero no la acompañan con todos los libros, instrumentos, comprobantes y papeles pertenecientes a ella, como era su obligación impuesta por el artículo 676 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, el día 29 de abril del mismo año, mediante diligencia, consignan original de una fotocopia simple que habían acompañado a la cuenta; fotocopias simples de ejemplares de la Gaceta Legal Ramírez & Garay, contentivos de un decreto N° 635, de fecha 15 de junio de 1985; y cinco instrumentos privados suscritos por Felipe Piedra, Médico Veterinario del Estado Zulia. A estos instrumentos no les atribuyó valor probatorio la recurrida, porque fueron presentados todos extemporáneamente, ya que han debido ser consignados junto con la rendición de cuentas. Igual suerte corrieron las declaraciones de los ciudadanos Claudio Rivera C y Felipe Piedra López, quienes habían prestado testimonio los días 15 y 20 de mayo de 1996. Es acertado a este respecto el criterio de la recurrida, para quien ante la imposibilidad de acompañar la cuenta con todos los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para formarla, debieron haber procedido conforme lo expresa el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil, es decir, solicitar la exhibición de esos recaudos de las partes, incluso de terceros, o pedir informes o copias a otras oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles, e instituciones similares aunque no formaran parte del pleito.
Un resumen del sistema probatorio del juicio de cuentas probará que ciertas afirmaciones de la recurrida son acertadas. En el presente caso la cuenta fue presentada por los demandados, pero sin acompañarla de los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para formarla; igualmente, tampoco exigieron al adversario o a terceros la exhibición de documentos relativos a la cuenta; ni requirieron informes de oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares. Las únicas pruebas que promovieron los demandados en esta fase del juicio de cuentas resultaron extemporáneas. Debido a ello, usando de locuciones que ciertamente se prestan a alguna confusión, la recurrida expresó la frase que ha sido objeto de crítica por el recurrente: ... la falta de defensa del demandado y la carencia de pruebas, conlleva a que se tengan como ciertas las afirmaciones del actor... Como bien lo afirma Henriquez La Roche, citado también por el recurrente, por varias vías se puede originar la certeza sobre el contenido de la cuenta: a) porque el demandado no haga oposición o ésta sea desestimada y no promueva prueba alguna en la articulación de cinco días que prevé el artículo 677 del Código de Procedimiento Civil; y b) cuando son desestimadas las pruebas producidas por el demandado en la articulación probatoria y se dicta sentencia confirmatoria de dicho decreto (Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Civil. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. Maracaibo. 1989. p. 674). En el caso sublitis, -se reitera,- la oposición de los demandados fue desestimada, como también fueron desestimadas sus pruebas. Por tanto, adquiere validez la frase criticada por el recurrente: las afirmaciones del actor deben tenerse como ciertas.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia contenida en este Capítulo.
- VII -
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se alega la violación en la recurrida del artículo 686 ibib, por falta de aplicación, con fundamento en la siguiente motivación.
Presentadas las cuentas, y al no haber acuerdo sobre las mismas, como aconteció en el caso de autos, la recurrida no resolvió sobre todas las dudas y observaciones que se hubieran presentado, como se lo indica expresamente el artículo denunciado como infringido, sino que ignoró tanto las cuentas rendidas como la experticia practicada, para decidir como si los demandados nada probaron y como si se tratara de un simple juicio por cobro de bolívares.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Dos clases de decisiones sobre el fondo de la materia se deben dictar en el juicio de cuentas; una, cuando el demandado no hace oposición y no presenta tampoco las cuentas, en cuyo caso se tiene por cierta la obligación de rendirlas, el período que deben comprender y los negocios determinados por el actor en el libelo. El fallo decidirá sobre el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida (art. 677 CPC); la otra, una vez presentada la cuenta; objetada por el actor; informada nuevamente por los expertos, puesto en este estado el negocio, el juez procederá a sentenciarlo, en cuyo caso resolverá sobre todas las dudas y observaciones que se hubieren presentado, aun cuando nada se hubiere contestado sobre ellas (art. 686 C.P.C.). En el primer caso, no hay duda posible acerca de la naturaleza condenatoria del fallo y debe estar limitado a ordenar el pago de los créditos insolutos o la restitución de los bienes que el demandado haya recibido para el actor en ejercicio de la representación o administración; en el segundo caso, si bien el juez debe resolver sobre las dudas y observaciones que se hubieren presentado, dicha decisión debe comprender, además, no solo el fin inquisitorio de que el demandado aclare el resultado de su gestión o administración realizada por él, sino también que satisfaga la pretensión del actor contenida en el libelo. De lo contrario el juicio de cuentas no sería ejecutivo, sino mero declarativo, y no podría ser incluido en el Titulo II, Capítulo VI, Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, no debe olvidarse que el actor discriminó en el libelo, período por período, los presuntos frutos civiles que debieron rendir los semovientes, y agregó la descripción de algunos bienes muebles, para resumirlo todo en una gran total y precisar en esta forma la principal pretensión procesal. Si el recurrente creyó encontrar acumulación de acciones, ciertamente prohibidas por la ley, debió formular en su oportunidad los reclamos pertinentes y ejercer la defensa a plenitud. En no haciéndolo, no lo puede reclamar en esta etapa procesal.
Por las razones expuestas, se desecha por improcedente la denuncia examinada en este Capítulo.
- VIII -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se aduce la violación en la recurrida del artículo 684 ibib, por error de interpretación acerca de su alcance y contenido. Esta denuncia se fundamenta brevemente de la siguiente manera:
En el fallo se afirma que si se presentan las cuentas y se formulan observaciones sobre la legitimidad de las partidas, puede el demandado promover pruebas antes de la sentencia, pues es él quien ha afirmado la existencia de esas partidas. Según el recurrente, lo que el demandado debe hacer es contestar las observaciones a la cuenta, caso de que las hubiera, y si estima necesario promover pruebas, no específicamente sobre ese aspecto, sino sobre cualquier otro que surja en las discusiones sobre el informe de los expertos.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
Hay errores evidentes de la formalización debido al criterio equivocado de analizar sólo parte de la sentencia recurrida y no examinarla en su totalidad. En efecto, la parte del fallo y la afirmación que se critica participa de una tesis que sostuvo la alzada en relación con el examen crítico del juicio de cuentas: en la segunda fase, la que comienza con la rendición de la cuenta, a juicio de la recurrida, el legislador fue más exigente con el demandado en relación con la promoción y evacuación de la prueba. Luego, infiere de esta tesis la frase criticada por el recurrente: si se formularen observaciones sobre la legitimidad de las partidas, puede el demandado formular pruebas antes de la sentencia, pues es él quien ha afirmado la existencia de esas partidas. Esa expresión en nada infringe el contenido de ese artículo; lo único, que la posibilidad de la articulación probatoria, a petición de alguna de las partes, está contenida en el artículo siguiente al denunciado -685-; pero, los artículos también deben analizarse e interpretarse en forma concatenada, sobre todo cuando forman parte y desarrollan un procedimiento especial distinto, como es obvio, del ordinario.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia contenida en este Capítulo.
- IX -
Con base en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se alega la violación en la recurrida del artículo 506 ibib, por falsa aplicación, y se fundamenta esta denuncia de la manera siguiente:
En el juicio de cuentas la obligación que realmente se asume es la de rendirlas; y eso fue lo que efectivamente hizo el demandado. No se trata de un juicio ordinario, porque no es en sí una acción de condena, salvo en el caso del artículo 677 del Código de Procedimiento Civil. Las pruebas aludidas por el artículo 685 eiusdem, no son nunca carga procesal de algunas de las partes en particular; son pruebas de ambas partes, destinadas a aclarar al juez el alcance de la experticia, una vez que se han formulado las observaciones y hayan sido contestadas. Por tanto, imputar a los demandados la carga procesal de probar la veracidad de los alegatos en que se funda la rendición de cuentas, equivaliendo en el caso el supuesto previsto en la norma denunciada, es un absurdo jurídico que fue manejado por la recurrida en varias partes del fallo recurrido.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina carga subjetiva de la prueba, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. Se allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. A: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).
Apliquemos los anteriores conceptos al caso de autos: en su libelo, el actor relata, discriminado período por período, los frutos civiles que debieron producir los semovientes embargados; les atribuye una valoración económica, y solicita la correspondiente rendición de cuentas, directamente al depositario judicial de los mismos; e indirectamente, al depositario de hecho o custodio, porque fue la persona que siempre tuvo la posesión de los semovientes desde el propio instante de la práctica de la medida cautelar de embargo. Los demandados, por su parte, comienzan su defensa por negar y contradecir todos y cada uno de los hechos afirmados por el actor; y luego, exponen una suerte de rendición de cuentas, a la cual no acompañan los libros, documentos, comprobantes y papeles necesarios para formarlas. Objetada la cuenta, el juez ordena, como era de derecho, una experticia. Consignada la cuenta formada por los expertos, la actora le formula nuevas observaciones; y tanto los expertos como los demandados presentan, aquellos una aclaración a su informe y éstos una defensa de la cuenta presentada por los expertos. La jurisprudencia de la casación, considerando la distinta posición del demandado en particular, ha interpretado la máxima reus in exceptione fit actor, y acoge la doctrina generalmente aceptada de cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, puesto no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas (GF. N° 17 (2° etapa) p 63).
Esta última actitud dinámica del demandado fue realmente lo que aconteció en el caso de autos, pues no se limitó a la contradicción pura y simple de la pretensión, sino que expuso discriminadamente razones de hecho para discutirlas, en cuyo hipótesis, de acuerdo a lo precedentemente expuestos, asumió la carga de la prueba, sobre todo porque expuso entre esas razones hechos impeditivos, modificativos y hasta extintivos del derecho del actor en solicitar una rendición de cuentas. A esta problemática alude el fallo recurrido, quizá con alguna impropiedad en las distintas locuciones empleadas, pero la sentencia, al fin y al cabo, no es un grave tratado de lexicología jurídica, sino una simple aproximación a lo que realmente aconteció. Por tanto, no yerra la recurrida cuando afirma que en esta fase del juicio de cuentas, el demandado asume una posición dinámica, porque ciertamente debe presentar la cuenta y acompañarla de los libros, documentos, comprobantes y papeles necesarios para formarla, con el fin de que al examinarla el actor esté en condiciones de aprobarla o disentir de ella. Desde antaño se ha expresado, quien quiera que siente como base de su demanda o excepción la afirmación o la negación de un hecho, tiene la carga de suministrar la prueba de su existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración la demanda o la excepción no resulta fundada (GF. N° 20, 2° etapa. p 128). Por lo demás, la unión de las dos reglas sobre la distribución de la prueba en el artículo 506 (el encabezamiento y a renglón seguido el contenido del artículo 1.354 del Código Civil), no era necesaria, pues la del código civil está comprendida o implícita en la regla general consagrada en el encabezamiento del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.
Por las razones expuestas, se desecha la denuncia examinada en este capítulo.
- X -
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 1.746 del Código Civil, por falta de aplicación, según la breve explicación siguiente.
No hay constancia de que en el caso de autos haya habido convenio sobre intereses. En el fondo, se reclama la cancelación de una suma de dinero; y de acuerdo con la ley, los máximos intereses posibles en obligaciones de aquella naturaleza no pueden exceder del tres por ciento (3%) anual. Por tanto, al mandar a cancelar la alzada el doce por ciento (12%) anual infringió el artículo mencionado.
Para resolver, la Sala Accidental considera:
En el caso concreto se accionó por el pago de una cantidad de dinero, -87.665.502,75,- cantidad por la que debe rendir la cuenta. Por aplicación del artículo 1.277 del Código Civil, los daños y perjuicios resultantes del retardo en el cumplimiento de esta clase de obligaciones consisten siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones especiales, que no es el caso de autos. De acuerdo con el contenido del artículo 1.749 ibib, denunciado como infringido por el recurrente, el interés legal es del tres por ciento (3%) anual. En consecuencia, no habiendo convenio entre las partes en el caso concreto sobre intereses; y no aplicándose ninguna disposición especial, al ordenar la recurrida la cancelación del doce por ciento (12%) anual por concepto de intereses, ciertamente infringió el artículo 1.749 del Código Civil, como lo denunció con acierto el recurrente; y también infringió el artículo 1.277 ibib, no denunciado por el formalizante, pero que la Sala Accidental lo advierte con el fin de mantener la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia.
Por las razones expuestas, se declara procedente la denuncia examinada en este Capítulo.
DECISIÓN
Por las razones expuestas a lo largo del fallo, el Tribunal Supremo de Justicia, constituido en Sala de Casación Civil (Accidental) para este caso concreto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación formalizado por el apoderado judicial de los ciudadanos DOMINGO ANTONIO SOLARTE y ÁNGEL EMIRO CHOURIO, anunciado contra la sentencia de fecha 28 de enero del 2002 emitida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en la ciudad de Cabimas. En consecuencia, se CASA el citado fallo por las razones precedentes y se ordena al Tribunal Superior competente de Reenvío sentenciar nuevamente en esta causa sometiéndose absolutamente a la doctrina interpretativa dictada por la Sala Accidental en este caso concreto.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, conforme a lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil (Accidental), del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de Abril de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Conjuez-Ponente,
ADÁN FEBRES CORDERO
La Secretaria,
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. Nº: AA20-C-2002-000251
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