Venley

Sentencia N.º RC.00194

Sentencia
N.º RC.00194
Fecha
03/05/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
04-111
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

 

En el juicio por cobro de bolívares en vía de intimación, iniciado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil  de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, seguido por el ciudadano WISMER FEBRES PÉREZ, representado judicialmente por el endosatario en procuración, abogado Balmore Acevedo, así como por el abogado Luís Natera Barrios, contra el ciudadano MALDONIO VALDIVIESO, representado judicialmente por el abogado Esteller Silva Martínez y asistido en algunas actuaciones ante los tribunales de instancia, por el abogado Osmel López, donde figura como tercero opositor el ciudadano TOMÁS AQUINO MONTAÑO BELLORÍN, representado judicialmente por el abogado Italo Donadelli Romero; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y “Menores” de la mencionada Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 24 de noviembre de 2003, declarando por vía de fraude procesal, la nulidad de la dación en pago realizada, así como todas las demás actuaciones realizadas para despojar al tercero opositor a través de una entrega material, del bien inmueble identificado en la sentencia recurrida.

 

Contra el referido fallo de la alzada la representación de la parte actora anunció recurso extraordinario de casación, formalizado oportunamente ante la Secretaría de esta Sala, en fecha 4 de febrero de 2004. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se dio cuenta en Sala en fecha 19 de febrero de 2004. Posteriormente en fecha 14 de diciembre de 2004, el Presidente de la Sala, con fundamento en el artículo 49 del Reglamento de Reuniones de este Supremo Tribunal, reasignó la ponencia  al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, previas las consideraciones siguientes:

 

 

 

PRONUNCIAMIENTO PREVIO

 

En el encabezado del único escrito de formalización inserto al expediente, el recurrente identifica a la recurrida como la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Trabajo y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 25 de abril de 2003, siendo que el anuncio y admisión del recurso de casación se realizó respecto a la decisión dictada por el Juzgado superior ya identificado, en fecha 24 de noviembre de 2003 y, en todo caso, es a la sentencia de primera instancia, a la que corresponde la primera fecha indicada, cabe decir, 25 de abril de 2003.

 

No obstante, examinado  dicho escrito de formalización, la Sala ha podido corroborar que todas las aseveraciones y conjeturas en él plasmadas se encuentran referidas a la decisión de alzada contra la cual, efectivamente, se anunció y admitió el recurso extraordinario de casación  y, en todo caso, el desacierto cometido debe calificarse como un error material de irrelevante trascendencia en la resultas del recurso. Y así se decide.

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

 

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden seguido por el recurrente en su escrito de formalización, y pasa de seguida a analizar y pronunciarse respecto a la segunda denuncia por defecto de actividad, en los términos siguientes:

 

-II-

 

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5º del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12 y 244 del mismo Código, por considerar el recurrente que la sentencia de alzada se encuentra inficionada del vicio de incongruencia negativa.

 

Por vía de fundamentación, alega el formalizante:

 

“...Efectivamente, la sentencia dictada por el Ad-quem, se encuentra viciada de nulidad absoluta, pues está incursa en la violación de los artículos 12, 243 ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil, pues al examinar dicha resolución judicial, nos encontramos con que no da cumplimiento a los requisitos exigidos en las normas denunciadas, en su parte dispositiva,  razón por la cual el Juez de alzada comete un error procesal o incurre en una conducta defectuosa al componer el fallo, puesto que no señala si declaró o no CON LUGAR, la acción ejercida por mi representado, ni revoca ni confirma la sentencia del Tribunal de la causa, como tampoco existe condenatoria, en otras palabras, no plasmó en su fallo la pretensión de la parte actora, con lo cual se repite otra vez, infringió los artículos 12 ordinal 5º del artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil.

De allí que la sentencia se halle infecta de nulidad, y algo más, no se atuvo a lo alegado y solo a lo alegado en autos. En este sentido el sentenciador de alzada violó gravemente el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

De igual manera, cuando en la sentencia no se exponen las defensas invocadas por las partes, se viola el ordinal 5º del artículo 243 del citado Código, por cuanto el fallo no contiene decisión expresa, positiva y precisa en cuanto a las excepciones o defensas opuestas y en consecuencia, resulta infecta con el vicio de incongruencia negativa, es decir, la lógica relación que debe existir entre dos términos: Litis y sentencia, esto por cuanto en el escrito de informes presentado se alegó, la serie de vicios en la que está incursa la sentencia del Tribunal de la causa y se solicitó, declaratoria con lugar de la apelación ejercida y en consecuencia la nulidad de la referida sentencia, por los vicios detectados y denunciados, de manera que al no contener la sentencia en forma expresa, positiva y precisa, todos los argumentos y defensas invocadas, estaría incursa en el vicio de incongruencia negativa, como es el caso en comento.

Cuando no se decide sobre los puntos esenciales que dieron motivo a la apelación de la sentencia de primera instancia o cuando se absuelva la instancia se incurre en el vicio de incongruencia negativa. Según esta directiva la sentencia de segunda instancia, debe referirse a la sentencia de primera, o sea, a la decisión apelada. Debe decidir sobre los puntos esenciales que iniciaron la apelación de la sentencia de primera instancia, entendiéndose por esto, en primer término, la pretensión actoral, las defensas opuestas y otros puntos semejantes que constituyen la fundamentación del fallo.

Si el fallo recurrido no ha decidido estos puntos esenciales, es necesario considerar que la misma está incursa en el vicio de incongruencia negativa y por consiguiente, así debe ser declarada por esta Alta Magistratura, que tiene como misión el control de los actos jurisdiccionales de los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, motivo por el cual y debido a lo anteriormente expuesto, solicito que la presente denuncia sea declarada CON LUGAR y en consecuencia sea declarada la nulidad de la sentencia recurrida...”.

 

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Se delata la infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12 y 244 eiusdem, por considerar el formalizante que la sentencia recurrida se encuentra inficionada de incongruencia negativa y absolución de la instancia.

 

Ahora bien, es doctrina reiterada de la Sala que la incongruencia negativa, resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción. Es decir, la incongruencia, es la diferencia entre lo pretendido y contradicho materialmente por las partes, y lo resuelto por el sentenciador, en el contenido y alcance del dispositivo del fallo.

 

En cuanto a la absolución de la instancia, en sentencia de fecha 5 de febrero de 2002, dictada en el juicio de Francisco Alberto Hernández Díaz contra Víctor Morales Perozo, esta Sala expresó:

 

“...La absolución de la instancia consiste en dar por finalizado el proceso por no haber sido demostrados los hechos controvertidos, permitiendo volver a iniciarlo cuando existan pruebas que permitan dirimir la controversia. El juez comete este vicio cuando “...no cumple con su rol de sentenciador, al no pronunciarse ni a favor, ni en contra de ninguna de las partes, sino que se abstiene de proferir un fallo condenatorio o absolutorio contra el demandado, en razón de no haber encontrado suficientes méritos para determinar la responsabilidad o culpa del accionado...” (Sentencia de fecha 9 de noviembre de 2000, Caso: Carmen Evelyn Parra Díaz y otros contra Josefina Margarita Mejías de Parra).

 

El Código de Procedimiento Civil derogado facultaba a los jueces para dar por terminado el proceso si las pruebas no permitían absolver o condenar al demandado, y era posible proponer nuevamente la demanda si aparecían pruebas. Este sistema fue sustituido por las reglas de la carga de la prueba, que permiten resolver la controversia, y por ello la absolución de la instancia es sancionado con la nulidad de la sentencia por mandato del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

 

Precisamente la regla de distribución de la carga de la prueba establecida en el procedimiento civil ordinario, permite la decisión de la controversia, lo cual imposibilita que se produzcan este tipo de vicios. En todo caso, es necesario aclarar que la falta de pronunciamiento del juez sobre las cuestiones sujetas a su conocimiento, o el exceso en su decisión sobre cuestiones no pedidas, no constituye absolución de la instancia, sino vicio de incongruencia...”.

 

 

De lo antes expuesto queda claro, que es difícil que se produzca el vicio de absolución de la instancia, pues, con el régimen imperante de la distribución de la carga de la prueba siempre se obtendrá una decisión que resuelva la controversia; y, si hubiere omisión de pronunciamiento sobre alguno de los asuntos sometidos  a la consideración del juez, el vicio que se configuraría sería el de incongruencia, que también fue delatado en la presente denuncia.

 

Así las cosas, resulta imprescindible de seguidas, pasar a transcribir extractos pertinentes de la sentencia recurrida, a los fines de corroborar si efectivamente, la alzada incurrió en el aludido vicio por defecto de actividad.

 

De esta forma tenemos que en el fallo recurrido, el Juzgador Superior textualmente estableció, lo siguiente:

 

“...Conoce este Tribunal, producto de la apelación ejercida por el abogado VALMORE ACEVEDO..., procediendo con el carácter de endosatario en procuración del ciudadano Wismer Febres Pérez..., en el juicio que por cobro de bolívares, vía intimatoria, tiene intentado contra el ciudadano MALDONIO VALDIVIESO..., en ocasión a la decisión emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia... que declaró con lugar la oposición a la entrega material acordada en este juicio, realizada por el tercer opositor, ciudadano TOMÁS AQUINO MONTAÑO VELLORÍN...

 

Plantea en sus informes el recurrente, que la sentencia está viciada de nulidad porque se hacen una serie de alegatos falsos y de manera errónea se apela de una entrega material ya decretada y ejecutada y declara con lugar la oposición, sin abrir articulación probatoria, que el tercero no se opone a la medida, que no estaba facultada para revocar una sentencia que ella misma dictó, que no sentenció de acuerdo a lo alegado y probado en autos, que le dio valor a los documentos presentados por el tercero ignorando los documentos que acreditan la propiedad a su representado, que el ejecutado dio en pago a su representado los inmuebles en fecha 4 de junio de 2001 y debidamente protocolizado el 20 de mayo de 2002, que el demandado procedió de mala fe al venderle a un tercero los bienes que le había vendido, que el convenimiento celebrado adquirió la condición de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que los terceros pueden acudir al proceso solo antes que la sentencia sea ejecutada y la misma estaba ya ejecutada, por lo que lo pedido por el tercero es extemporáneo...

 

Sin entrar a considerar sobre la pertinencia o no de la entrega material, por no ser este el procedimiento de entrega material previsto en nuestro ordenamiento adjetivo, o de la extemporaneidad de la oposición, en función al estado en que se encontraba el proceso, es de señalar lo siguiente:

 

Observa este Tribunal, una serie de irregularidades que han ocurrido en el proceso, que van desde la prevaricación hasta el fraude procesal...

 

 

Asentado lo anterior en resguardo del orden público y de las buenas costumbres, con fundamento a lo establecido en los artículos 11 y 17 del Código de Procedimiento Civil, es evidente que la cosa juzgada  que pudiera existir en el presente caso es aparente, por lo que se hace necesario declarar la nulidad de la dación en pago realizada en detrimento del tercero, TOMÁS AQUINO MONTAÑO BELLORÍN así como de la cónyuge del vendedor, ciudadana MORELLA DEL CARMEN AQUINO GARCÍA DE VALDIVIESO, por lo que se ordena al Juzgado de la causa remitir copia de la referida dación en pago y demás actuaciones realizadas en el juicio por el abogado BALMORE ACEVEDO a la Fiscalía del Ministerio Público, a los fines de que conozca de la prevaricación antes señalada, así como remitir copia al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Monagas. Así se declara...

 

Por los razonamientos que anteceden, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley ..., declara por vía del FRAUDE PROCESAL, LA NULIDAD DE LA DACIÓN EN PAGO realizada, así como de las demás actuaciones realizadas para despojar mediante una entrega material al ciudadano TOMÁS AQUINO MONTAÑO BELLORÍN del bien inmueble a que se ha hecho referencia con anterioridad, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, en el presente juicio que por cobro de bolívares mediante el procedimiento intimatorio, intentó el abogado BALMORE ACEVEDO, en su condición de ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN  del ciudadano WISMER PÉREZ FEBRES en contra del ciudadano MALDONIO JOSÉ VALDIVIESO, todos debidamente identificados con anterioridad...”.

 

 

Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, la incongruencia es la diferencia entre lo pretendido y contradicho materialmente por las partes, y lo resuelto por el sentenciador, en el contenido y alcance del dispositivo del fallo. En el caso de autos, como bien ha podido evidenciarse de los extractos de la recurrida insertos al presente fallo, el Sentenciador Superior obvió de manera absoluta y radical considerar la pretensión y la contradicción de las partes en el presente juicio en lo inherente a la materia objeto del debate judicial, limitándose en su proceder, a incorporar al inicio de su decisión una suerte de resumen de las alegaciones de informes y observaciones de las partes rendidas ante esa instancia superior, pero respecto de las cuales posteriormente, nada analiza ni acuerda, pasando de plano a decidir con base a la supuesta existencia de un  fraude procesal, ignorando de manera rotunda alegatos que eran de fundamental análisis, como la extemporaneidad en los planteamientos del tercero por virtud de una supuesta existencia de cosa juzgada que devino  de un convenimiento pasado en autoridad de cosa juzgada, alegato este último de imprescindible decisión, por constituir una especie de condición sine qua non para que el sentenciador superior pudiese proceder en todo caso, bien de oficio o a instancia de partes, a declarar la existencia del supuesto fraude procesal.

 

En prueba de lo antes sentado, basta solo con observar la naturaleza del dispositivo inserto a la recurrida, en el cual, lejos de confirmarse o no la decisión apelada, declarando la procedencia o no de tal recurso, visto que en aquélla primera instancia el Juzgador a-quo había decidido procedente la oposición realizada por el tercero y suspendida la entrega material del inmueble objeto de dicha oposición, en la recurrida, se omitió toda consideración al respecto, y solo se declaró el fraude procesal y la nulidad de la dación en pago, obviándose de ese modo, la notable diferencia que media en las circunstancias que rodean a una sentencia ejecutada y a una sentencia en fase de ejecución, en lo relativo al ejercicio de acciones y recursos, sobre todo por parte de un tercero opositor, como bien ha sucedido en el caso de autos.

 

Bajo tales circunstancias, no puede esta Sala más que declarar la procedencia de la presente denuncia, por infracción del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12 y 244 del mismo Código. Y así se decide.

 

De conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, declarada procedente esta denuncia por defecto de actividad, la Sala se abstiene de considerar y resolver las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización.

 

D E C I S I Ó N

 

 

Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación propuesto por la representación del ciudadano WISMER FEBRES PÉREZ, contra la sentencia dictada en fecha 24 de noviembre de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y “Menores” de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En consecuencia, se decreta la nulidad del fallo recurrido y se ordena al Juzgado Superior que resulte competente, dictar nueva decisión corrigiendo el vicio aquí censurado.

 

 

No hay condenatoria en costas, dada la índole de la decisión.

 

Publíquese y regístrese. Bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación  Civil  del  Tribunal   Supremo  de  Justicia,   en  Caracas,   a  los  tres (3) días del mes de mayo de dos mil  cinco. Años:  195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

             Presidente de la Sala,

 

________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

                                            

                                               Magistrado Ponente,

 

 

 _________________________

 ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

 

_________________________

 ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

             

                       

                                          Magistrado,

 

 

____________________________

LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

         

Secretario,

 

____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

RC Nº AA20-C-2004-000111

 

La Magistrada Isbelia Pérez de Caballero, disiente del criterio sostenido por la mayoría sentenciadora y, por esa razón, salva su voto en los siguientes términos:

 

El juez de alzada  declaró el fraude procesal, por considerar que el procedimiento fue empleado por las partes con  fines diferentes de los establecidos en la ley, con el sólo propósito de violentar  los derechos de un tercero,  razón por la cual anuló la dación  en pago y todas las actuaciones posteriores, que según establece sólo perseguían despojar al tercero opositor de un inmueble.

 

La mayoría sentenciadora declara el vicio de incongruencia negativa, con fundamento en que el sentenciador superior no se pronunció sobre los alegatos expuestos por el recurrente en relación con la oposición formulada por el tercero, lo que no comparto, pues estimo que la decisión recurrida tiene por base una cuestión  jurídica previa con alcance y fuerza suficiente para impedir el pronunciamiento sobre cualquier otro alegato.

 

En efecto, el juez superior declaró el fraude y anuló la dación en pago y demás actuaciones, lo que incluye el acto en que fueron formulados los supuestos alegatos silenciados. Por ende, estimo que la Sala no debe declarar la incongruencia respecto de alegatos que fueron expuestos por las partes en actos procesales que en definitiva fueron declarados nulos y, por ende, carecen de toda eficacia.

 

Estimo que el recurrente ha debido combatir la cuestión jurídica previa establecida en la sentencia recurrida, y sólo en el supuesto de que la Sala hubiese dejado sentado que ese pronunciamiento del juez de alzada no es ajustado a derecho, por cuanto no fue pedido por las partes, o bien esta decisión sólo podría ser dictada siempre que hubiese sido cumplido el respectivo procedimiento fijado en la ley, ello constituye el fundamento de una denuncia distinta de la incongruencia negativa declarada por la mayoría sentenciadora.

 

En estos términos, salvo mi voto. Fecha ut supra.

 

              Presidente de la Sala,

 

________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Vicepresidenta,

 

_________________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

 

                                            

                                               Magistrado Ponente,

 

 

 _________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

Magistrada,

 

 

_________________________

 ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

             

                       

                                          Magistrado,

 

 

____________________________

                                                   LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ

         

 

 

Secretario,

 

 

____________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

 

 

RC Nº AA20-C-2004-000111

 

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