Venley

Sentencia N.º RC.00198

Sentencia
N.º RC.00198
Fecha
03/05/2005
Sala
Casación Civil
Expediente
04-126
Ponente
Antonio Ramírez Jiménez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.

 

En la querella interdictal restitutoria, incoada ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, por la ciudadana JUDITH CERVITA MARTÍNEZ, representada judicialmente por los abogados Carlos Alberto Depablos Villaroel, Manuel Guillermo Hernández y Yusmary Mendoza Pinto, contra la ciudadana IRIS RÁNGEL MORA, representada judicialmente por los abogados Jorge Enrique González Camero, Felipe Oresteres Chacón y Críspulo Rafael Rodríguez Álvarez; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de la misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en fecha 11 de diciembre de 2003, mediante la cual declaró sin lugar y extemporánea la apelación interpuesta por la demandada contra la sentencia del a quo de fecha 19 de marzo de 2003, en consecuencia, se abstuvo de conocer el fondo de la controversia.

 

Contra el fallo proferido, anunció recurso de casación la representación judicial de la demandada, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

 

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, esta Sala pasa a dictar su sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe, con base en las consideraciones siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los  artículos 12 y 244 eiusdem, al incurrir en el vicio de absolución de la instancia, con los argumentos siguientes:

 

“...la recurrida ni en la parte motiva, ni en la parte dispositiva del fallo, CONFIRMA O REVOCA LA DECISIÓN APELADA SIMPLEMENTE SE LIMITA, A DECLARAR SIN LUGAR LA APELACIÓN INTERPUESTA, POR SER EXTEMPORÁNEA Y NADA EXPRESA SI SE REVOCA O CONFIRMA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LA CAUSA EL 19 DE MARZO DE 2003, y más aún incurre en el vicio de absolución de la instancia, cuando expresa en el numeral tercero del dispositivo que no hay condenatoria en costas por no haber sido confirmada de manera expresa la decisión apelada, es decir, la recurrida no se pronunció sobre el fondo del asunto, lo alegado y probado en autos por las partes y no resolvió lo debatido tal como lo ordena el artículo 243 numeral cinco del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 12 del mismo código. Normas éstas que la recurrida tenía que aplicar y no aplicó para resolver la controversia planteada por las partes. Es decir, no hay decisión expresa, ni positiva ni precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas por las partes y al no confirmar la sentencia apelada, ni revocarla ni modificarla, deja a las partes en un limbo de inseguridad, pues no hay ganador ni perdedor y esto es precisamente uno de los requisitos intrincitos (sic) de forma de toda sentencia y cuando no tiene los requisitos del numeral 5 del artículo 243 ya citado estamos en la presencia de la absolución de la instancia, que es lo contrario a lo establecido en el numeral. La recurrida dejó en suspenso la suerte del litigio, en suspenso la sentencia dictada en primera instancia, dejo abierta la posibilidad cierta de que las partes replanteen la misma litis; la sentencia recurrida perturba la paz social de las partes y jurídica de la jurisdicción, no resolvió el conflicto de ellas, ni adquieren estabilidad los derechos controvertidos al no producir cosa juzgada la sentencia recurrida...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que la recurrida incurre en el vicio de absolución de la instancia, cuando expresa en el numeral tercero del dispositivo que no hay condenatoria en costas por no haber sido confirmada de manera expresa la decisión apelada, es decir, la recurrida no se pronunció sobre lo alegado y probado en autos por las partes, no resolvió el fondo del asunto.

 

La absolución de instancia consiste en dar por finalizado el proceso por no haber sido demostrados los hechos controvertidos, permitiendo volver a iniciarlo cuando existan pruebas que permitan dirimir la controversia. El juez comete este vicio cuando “...no cumple con su rol de sentenciador, al no pronunciarse ni a favor, ni en contra de ninguna de las partes, sino que se abstiene de proferir un fallo condenatorio  o absolutorio contra el demandado, en razón de no haber encontrando suficientes méritos para determinar la responsabilidad o culpa del accionado...” (Sentencia de fecha 9 de noviembre de 2000. Caso:  Carmen Evelyn Parra Díaz y Otros contra Josefina Margarita Mejías de Parra).

 

Sobre el punto, la sentencia recurrida estableció lo siguiente:

 

“...En el caso que aquí se ventila, está evidenciado que el co-apoderado de la querellada ha estado presente en los distintos actos del proceso y/o que ha realizado diferentes actuaciones, por ello, debe considerarse como facultado para actuar plenamente y por ende facultado para darse por notificado, razón que permite concluir a este sentenciador que el alegato de falta de facultad para darse por notificado expuesto por la representación de la parte querellada resulta improcedente, lo que de manera impretermitible lleva este juzgador a tener como válida la notificación de la sentencia practicada por el Alguacil del a quo en el co-apoderado de la demandada, en fecha 13 de mayo, y como consecuencia de ello, se considera extemporánea la apelación interpuesta. Así se decide.

 

...omissis...

 

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta el 17 de julio de 2003, por IRIS RANGEL, asistida del abogado Críspulo Rafael Rodríguez A., contra la decisión dictada en fecha 19 de marzo de 2003 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

 

SEGUNDO: Se declara EXTEMPORÁNEA la apelación interpuesta el 17 de julio de 2003, por IRIS RANGEL, asistida del abogado Críspulo Rafael Rodríguez A., contra la decisión dictada en fecha 19 de marzo de 2003. En consecuencia se REVOCA el auto dictado en fecha 29 de julio de 2003, mediante el cual el a quo, oyó la apelación interpuesta en un solo efecto.

 

TERCERO: No hay condenatoria en costas por no haber sido confirmada de manera expresa la decisión apelada...”

 

En el caso la Sala observa que contrariamente a lo delatado, el juez de la recurrida revisa la tempestividad del recurso de apelación ejercido por la parte demandada, declarando improcedente el alegato de carecer de facultad para darse por notificado expuesto por la representación de la parte querellada, válida la notificación de la sentencia practicada en fecha 13 de mayo de 2003 por el Alguacil del juzgado a quo en el co-apoderado de la demandada, por tanto, extemporánea la apelación ejercida por la demandada el 17 de julio de 2003 contra la sentencia del a quo.

 

Tal pronunciamiento de la alzada, lejos de absolver la instancia como erradamente lo denuncia el formalizante, lo que de éste se desprende es que el juzgador superior conoció y analizó los alegatos de las partes en sus informes para llegar a la convicción de que la notificación realizada era válida y, en consecuencia, extemporáneo el recurso de apelación ejercido por la querellada, careciendo de atribuciones y competencia para entrar a resolver sobre el fondo del litigio.

 

Por otra parte, en cuanto a la declaratoria del juzgador superior de que “...No hay condenatoria en costas por no haber sido confirmada de manera expresa la decisión apelada...”, se constata que no se confirma la sentencia de primera instancia por cuanto no conoció del fondo del litigio porque no juzgó sobre el fondo de lo litigado, y debido a que declara la extemporaneidad del recurso ordinario de apelación ejercido por la querellada.

 

Asimismo, si el formalizante no está de acuerdo con tal declaratoria, debió realizar su denuncia por la vía del recurso de infracción de ley con fundamento en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por falta o falsa aplicación o errónea interpretación de norma legal, ello en razón, de que las costas procesales no forman parte integrante del thema decidendum.

 

Por consiguiente, con base en las razones expuestas, la Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

 

II

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, al incurrir en el vicio de incongruencia, con los argumentos siguientes:

 

“...el vicio de incongruencia negativa se encuentra en el dispositivo del fallo, señalado en esta denuncia, cuando la recurrida incurrió en una omisión de pronunciamiento sobre un aspecto del tema debatido, cuando no expresa en el dispositivo si confirma o revoca la sentencia definitiva apelada y dictada por el tribunal de la causa, siendo esto un requisito esencial en la sentencia a dictar tal y como lo prevé el ordinal 5to del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y un requisito de forma que tiene que tener toda sentencia dictada en segunda instancia, ante el recurso de apelación; en el caso de marras la recurrida declaró sin lugar la apelación ejercida pero omitió pronunciamiento total, al no expresar si confirma o revoca la sentencia apelada de Primera Instancia. Siendo esto un requisito importante para ambas partes del proceso, pues al no existir dicho pronunciamiento, las partes no tienen seguridad jurídica y la suficiente tutela efectiva por parte del juzgador, en el caso que sometieron a la justicia...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Alega el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, por omisión de pronunciamiento en su dispositivo, al no expresar si confirma o revoca la sentencia apelada de primera instancia.

 

La incongruencia negativa, se verifica cuando se omite total referencia y análisis en cuanto a alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidos en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso.

 

La sentencia recurrida, en su dispositivo estableció lo siguiente:

 

“...SEGUNDO: Se declara EXTEMPORÁNEA la apelación interpuesta el 17 de julio de 2003, por IRIS RANGEL, asistida del abogado Críspulo Rafael Rodríguez A., contra la decisión dictada en fecha 19 de marzo de 2003. En consecuencia se REVOCA el auto dictado en fecha 29 de julio de 2003, mediante el cual el a quo, oyó la apelación interpuesta en un solo efecto.

 

TERCERO: No hay condenatoria en costas por no haber sido confirmada de manera expresa la decisión apelada...”

 

De la anterior transcripción de la recurrida, se evidencia que el juzgador ad quem declaró extemporáneo el recurso de apelación ejercido por la querellada, sin establecer en su fallo si confirma o revoca el fallo apelado tal como lo denuncia el formalizante, de lo que se infiere que incurrió una omisión de pronunciamiento dejando de emitir una sentencia expresa, positiva y precisa.

 

Ahora bien, casar la sentencia recurrida por dicha omisión resulta un excesivo formalismo que atenta contra el mandato contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues si bien el juez no expresa si confirma o revoca el fallo apelado, la consecuencia procesal de tal pronunciamiento es que deja firme fallo de primera instancia, ello en virtud de la declaratoria de extemporaneidad de la apelación

 

Con base en las razones expuestas, la Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

 

    RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

ÚNICO

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 217 ibídem, al negarle aplicación y vigencia, con la argumentación siguiente:

 

“...Como se puede observar, honorables Magistrados, la recurrida le restó importancia y aplicación al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, a pesar de que la parte demandada en los informes y en este escrito de observaciones lo alegó como fundamento de derecho, norma jurídica que también fue aplicada por el Juez de la Causa, cuando ordenó notificar a IRIS RANGEL de la sentencia, cuando verificó que en el instrumento poder que riela en el cuaderno de medidas, los abogados FELIPE CHACÓN Y CRISPULO RODRÍGUEZ no tienen facultades expresas para darse por notificados en nombre de la demandada y esto trajo como consecuencia que el dispositivo del fallo la recurrida no se pronunció sobre el fondo del asunto. Pues de darle importancia y aplicación al artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a que el poder que otorgó la demandada a sus abogados carece de facultades expresa para darse por notificados o citados en nombre de su poderdante, necesariamente la recurrida tenía que pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido, declarando con o sin lugar la demanda...”.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

El formalizante delata la infracción de los artículos 12 y 217 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación por parte del sentenciador de alzada, con base en que los abogados de la querellada carecían de facultad para darse por notificados por lo que debió conocer del fondo.

 

Ahora bien, el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“...Fuera del caso previsto en el artículo anterior, cuando se presentare alguien por el demandado a darse por citado, sólo será admitido en el caso de exhibir poder con facultad expresa para ello. Si el poder no llenare este requisito, se hará la citación de la manera prevenida en este Capítulo, sin perjuicio de que, llenadas que sean todas las formalidades en él establecidas, según los casos, pueda gestionar en el juicio el mismo que no haya sido admitido a darse por citado, si tuviere poder suficiente para intervenir en él”.

 

La norma transcrita establece la necesidad de exhibir poder con facultad expresa para darse por citado, cuando alguien se presente por el demandado, pues de no ser así, ésta debe hacerse de acuerdo a lo previsto en las demás disposiciones que la regulan.

 

La sentencia recurrida, en su parte motiva estableció lo siguiente:

 

“...La sentencia recurrida fue emitida por el a quo en fecha diecinueve (19) de marzo de 2003 y en ella se aprecia la respectiva orden de notificación a las partes (F.188). Al folio siguiente 189, corre diligencia fechada primero (1°) de abril del año en curso, en donde la parte accionante se da por notificada asistida de abogado e igualmente solicita se notifique a la demandada, para lo cual suministra una dirección; al vuelto de dicho folio y con fecha nueve (9) de abril, aparece la constancia de haberse librado boleta de notificación. En esa misma fecha, se emitió la correspondiente boleta la cual fue recibida y firmada por el co-apoderado Críspulo Rafael Rodríguez Álvarez el día trece (13 ) de mayo de 2003 y que en el reverso o cara posterior consta la diligencia que suscribe el Alguacil de dicho juzgado, dejando constancia de haber practicado la misma y que está certificada como agregada al expediente por la Secretaría en la misma fecha.

Quince (15) días después, el veintiocho (28) de mayo, la parte querellante diligencia exponiendo que por cuanto la sentencia quedó firme, solicita que se coloque el decreto ordenando su ejecución, invocando el artículo 524 del C.P.C. Lo siguiente a esta última actuación es la diligencia del co-apoderado de la querellada, donde solicita la nulidad de la sentencia y apela de la misma, alegando para ello que no tienen facultad para darse por notificados, lo cual, según arguye, está reflejado en el cuaderno de medidas donde corre el poder que acredita su representación.

 

...omissis...

 

Como se aprecia de la lectura de los artículos transcritos, nada se menciona en cuanto a que se requiera facultad específica para darse por notificado, aunado a ello está el hecho cierto por lo demás de no contarse en el presente expediente con el poder que la querellada confirió a sus apoderados y si se adminicula lo establecido en los artículos reproducidos con que no se cuenta con el poder, puede deducirse que en el mismo nada se estableció al respecto, esto último dado el hecho denunciado por la parte actora acerca de la supuesta extemporaneidad de la apelación y por el hecho de que los co-apoderados de la parte querellada tuvieron oportunidad de presentar el susodicho poder donde, según arguyen, no constaba la facultad para darse por notificados, cosa que no se hizo.

 

...omissis...

 

En el caso que aquí se ventila, está evidenciado que el co-apoderado de la querellada ha estado presente en los distintos actos del proceso y/o que ha realizado diferentes actuaciones, por ello, debe considerarse como facultado para actuar plenamente y por ende facultado para darse por notificado, razón que permite concluir a este sentenciador que el alegato de falta de facultad para darse por notificado expuesto por la representación de la parte querellada resulta improcedente, lo que de manera impretermitible lleva este juzgador a tener como válida la notificación de la sentencia practicada por el Alguacil del a quo en el co-apoderado de la demandada, en fecha 13 de mayo, y como consecuencia de ello, se considera extemporánea la apelación interpuesta. Así se decide...”.

 

De la trascripción de la recurrida, se puede constatar que el juzgador ad quem declaró extemporánea la apelación interpuesta por el apoderado de la querellada, al resultar improcedente el alegato de ausencia de facultad expresa en el poder para darse por notificado, al no presentar el referido poder y no especificar el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, que para darse por citados o notificados se requiera facultad expresa, razón por la que concluyó que la notificación realizada por el Alguacil del tribunal de la causa en la persona de su co-apoderado en fecha 13 de mayo de 2003, era válida.

 

En este orden de ideas, se estima pertinente señalar, que el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, prevé la necesidad de exhibir poder con facultad expresa para darse por citado cuando alguien se presente por el demandado, concepto que es diferente a la notificación, ya que la citación, es la orden de comparecencia dentro de un plazo determinado ante el tribunal; y la notificación, tiende únicamente a llevar a conocimiento de una persona que tal acto procesal se realizó o habrá de realizarse.

 

De allí que, en el sub iudice, el juzgador ad quem al referirse a la extemporaneidad de la apelación y la validez de la notificación realizada en la persona del co-apoderado de la querellada, no tenía porque aplicar el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, pues el supuesto contenido en la norma se refiere a la citación y el hecho controvertido del que conoció el juez trató de la notificación realizada por el alguacil a la querellada y sus apoderados de la sentencia dictada por el a quo de fecha 19 de marzo de 2003.

           

En consecuencia, no existe en la sentencia recurrida la falta de aplicación denunciada por el formalizante del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se declara improcedente su delación. Así se establece.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: siN lUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de la querellada,  contra el fallo de fecha 11 de diciembre de 2003, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal.

 

Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, y particípese dicha remisión con copia de esta decisión al Juzgado Superior de origen, ya mencionado; todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada,   firmada  y  sellada en la Sala de Despacho de la Sala de  Casación  Civil  del  Tribunal  Supremo de Justicia, en Caracas, a los  tres (3) días del mes de mayo de dos mil cinco. Años: 195º de la Independencia  y 146º de  la Federación.

  

Presidente de la Sala,

 

_______________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

Vicepresidenta,

 

_____________________

YRIS PEÑA DE ANDUEZA

Magistrado Ponente,

                                                                 __________________________            

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrada,

 

___________________________

ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO

                                                                                  Magistrado,

 

                                                                                  ______________________________

LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

 

Secretario,

 

__________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

 

 

Exp. N° AA20-C-2004-000126

 

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