Venley

Sentencia N.º RC.00204

Sentencia
N.º RC.00204
Fecha
20/04/2009
Sala
Casación Civil
Expediente
09-004
Ponente
Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro.  2009-000004

 

Ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ.

                                   

En el juicio por nulidad de asiento registral y reivindicación, seguido por el sociedad de comercio C.A. EL CAFETAL, representada judicialmente por los abogados Benigno Buitriago Pineda, Omar Gavides, José Araujo Parra, Carlos Chacín Giffuni, contra la sociedad mercantil PROMOTORA INMOBILIARIA CAMPOS SOL, C.A., representada judicialmente por el abogado Neil Alberto Cubillán Finol; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 30 de octubre de 2006, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte actora, y confirmó el fallo dictado el 19 de mayo de 2006, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, que negó la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada en el libelo de la demanda. Hubo condenatoria en costas procesales a la parte  actora.

 

Contra la referida sentencia de la alzada, la representación judicial de la parte demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido mediante auto del 24 de noviembre de 2008, y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

                  

                   Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

I

 

Por razones de método, la Sala invierte el orden de conocimiento de las denuncias y, en consecuencia, pasa a resolver la contenida en el segundo capítulo del escrito de formalización.

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° eiusdem, por considerar que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, y a tal efecto, el recurrente en su escrito de formalización expresó lo siguiente:

 

“…Ahora bien, resulta que mi representada  peticiono tres (3) medidas nominadas prohibición de enajenar y gravar y secuestro y otra innominada cautelar paralización de obras…

…Omissis…

…En cuanto a la primera medida solicitada, he hecho los alegatos de su improcedencia, pero en esta oportunidad, refiero a que La Recurrida, impuesta de que estamos en presencia de tres medidas solicitadas, acogió el hibrido pronunciamiento del A-Quo, en la oportunidad que analizó la solicitud de medida cautelar nominada prohibición de enajenar y gravar, y silencio las restantes, a sabiendas de su existencias habida cuenta la transcripción en el contexto del pronunciamiento de esas peticiones, y del estudio, consideración y análisis a la medida cautelar paralización de obra, al silenciarla en conocimiento del planteamiento, tácitamente absolvió de la instancia a favor de la demandada, toda posición procesal fue dirigida a la ratificación de la medida nominada, limitación con génesis en el auto recurrido el cual refirió a la medida nominada, y reprobó la tesis de la actora empero fue precisa con relación a negarlo aún las previsiones de procedencia por la instrumentación producida…La Recurrida, podemos sencillamente precisar que ratificó el auto del Tribunal del mérito que estudió analizó empero no se pronunció con relación a la medida cautelar solicitud de secuestro y paralización de obra, y sin analizar ni estudiar los pro o contra, como la concurrencia de factores de procedencia a medida solicitada prohibición de enajenar y gravar, sin apreciar que de actas evidencia la presencia justificativa a que refiere el fumus bonis iuris y un evidente  retardo procesal que justifica el periculum in mora, no obstante el pronunciamiento recayó en ratificar el hibrido auto del primer grado y consiguientemente negar la prohibición de enajenar y gravar, propuesta por C.A. El Cafetal. Si tomamos como derrotero el auto apelado, tenemos que La Recurrida al omitir pronunciamiento con relación a las solicitudes de medidas de secuestro  y solicitud de paralización de obras, incurrió en incongruencia negativa…”. (Cursiva y Mayúsculas del Texto)        

 

 

De la precedente transcripción, se evidencia que el formalizante considera que el juez de la recurrida incurrió en el vicio de falta de congruencia, porque confirmó la sentencia proferida por el juez de la causa, en la cual se resolvió lo concerniente a la medida de prohibición de enajenar y gravar, obviando el pronunciamiento sobre las restantes medidas cautelares que fueron solicitadas en el escrito libelar, específicamente, las medidas de secuestro y paralización de obras.

 

Para decidir, la Sala observa:

 

                   En el presente caso fue denunciada la infracción del artículo 243 ordinal 5º, del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. Ahora bien, esta exigencia legal tiene relación con el deber del juez de pronunciarse sólo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado por las partes en la demanda y en la contestación, mandato legal que está en concordancia con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que el juez “…Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…”.

 

                  Por otra parte, cabe destacar, que el principio de congruencia está íntimamente relacionado al de exhaustividad del fallo. Al respecto, ha señalado la doctrina que “...El juez por su función, no sólo está obligado a fallar en todo caso, sino a fallar de manera total, como deber impuesto por la necesidad de someter el principio político de la suficiencia del ordenamiento jurídico del Estado, y cuyo cumplimiento implica que la sentencia contenga todas las declaraciones que la demanda y la defensa adversaria exijan, y la posible reconvención de ésta: Condena o absolución y decidir todos los puntos litigiosos, esto es, tanto los principales como los accesorios que hayan sido objeto del debate...”. (Prieto Castro, L. “Derecho Procesal Civil”. Tomo I. Año 1949, pág.380).

En igual sentido, la Sala ha indicado, entre otras, en sentencia Nº 585 de fecha 18 de septiembre de 2008, caso: Miguel Antonio Martínez Damia contra Edys Levi Martínez y otros, lo siguiente:

 

“…De esta manera, queda claro, que el alcance del requisito de congruencia está relacionado básicamente con el concepto del problema judicial debatido entre las partes, sujetando la actividad del sentenciador a los alegatos expuestos por las partes con el objeto de fijar los límites del tema a decidir.

Sobre el particular, la Sala ha dejado establecido mediante sentencia del 12 de abril de 2005, caso: Heberto Atilio Yánez Echeto, contra Carlos Gerardo Velásquez  Luzardo, lo siguiente:  

“...el requisito de congruencia previsto en el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, impone al juez el deber de dictar decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, lo que constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil, igualmente manifestado en el artículo 12 eiusdem, de acuerdo con el cual el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos.

De esta forma, el juez debe dictar su decisión sin omitir alegato alguno (incongruencia negativa), ni respecto de hechos no formulados por las partes (incongruencia positiva), requisito éste que la Sala ha extendido respecto de los argumentos expuestos en el escrito de informes, siempre que hubiesen sido de imposible presentación en el libelo y contestación, y resulten determinantes en la suerte de la controversia. (Sentencia de fecha 9 de septiembre de 2003, caso: Luís Armando Barrios Rodríguez y otra contra Franklin José Cedeño Díaz y otra, expediente N° 03-394). (Negritas de la Sala)

De la misma manera, en sentencia N° 00194 de fecha 3 de mayo de 2005, Caso: Wismer Febres Pérez c/ Maldonio Valdivieso, la Sala estableció lo siguiente:

“...la incongruencia negativa resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción. Es decir, la incongruencia, es la diferencia entre lo pretendido y contradicho materialmente por las partes, y lo resuelto por el sentenciador, en el contenido y alcance del dispositivo del fallo…”.

Las normas antes citadas y los criterios jurisprudenciales señalados evidencian la importancia del principio de autosuficiencia de la sentencia y el principio dispositivo, los cuales procuran la legalidad de la estructura y propósito de la sentencia y de esta manera garantizan a los justiciables la obtención de una decisión justa y objetiva. El requisito de congruencia representa una de los elementos indispensables en toda sentencia que impone al juez la obligación de decidir la controversia de acuerdo a lo alegado y probado en autos, y en el supuesto de que omita pronunciarse sobre alguno de los alegatos formulados en los referidos actos, comete el vicio de incongruencia negativa.

Al respecto, esta Sala, en sentencia N° RC-00685, de fecha 10 de agosto de 2007, caso: Héctor Teódulo Collazo contra María Elina Rodríguez y otros, señaló lo siguiente con relación a los alegatos propuestos en los informes:

“…Es evidente, pues, que el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento, en torno a los alegatos contenidos en el escrito de informes ante el juez de alzada, sólo se configura cuando éste no se pronuncia sobre las peticiones, alegatos o defensas que pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como la confesión ficta u otras similares, mas no si se solicitare la reposición de la causa,  puesto que esta denuncia debe ser planteada por defecto de actividad como vicio de reposición no decretada. (Vid. Sentencia del 22 de mayo de 2007, caso: Edgar Acosta Issa y otra, contra José Alberto Andrade Rodríguez)…”. (Resaltado del texto).

Del precedente jurisprudencial se desprende que para dar por cumplido el principio de congruencia del fallo, los jueces están obligados a emitir expreso pronunciamiento respecto de aquellos alegatos, peticiones o defensas que la parte haga en su escrito de informes, relativos a la confesión ficta u otros similares, independientemente de que se encuentren o no contenidos en la demanda o en su contestación, siempre que pudieran tener influencia determinante en la solución del caso, lo contrario implicaría incurrir en el vicio de incongruencia negativa…”. (Negritas de la Sala)

 

 

En virtud de los razonamientos y jurisprudencia antes expuestos, esta Sala ratifica que es deber del juez pronunciarse sobre todo lo solicitado en el escrito libelar y la contestación de la demanda, así como de aquellos alegatos  que la parte haga en su escrito de informes referidos a la confesión ficta, cosa juzgada, u otras similares como la perención, siempre que éstos tengan influencia determinante en la resolución del caso, a fin de no incurrir en el vicio de incongruencia negativa. Por otra parte, tampoco debe extender su pronunciamiento mas allá de los alegatos formulados por las partes, porque de lo contrario se incurriría en el vicio de incongruencia positiva.

 

Ahora bien en el presente caso, como ha sido indicado, el formalizante denuncia que el juez de la recurrida al confirmar el fallo dictado por el juez a quo,  incurrió en el vicio de incongruencia negativa, pues, en aquella decisión el juez únicamente se pronunció sobre una de las medidas cautelares solicitadas por el actor en su libelo, sin dar respuesta a las medidas de secuestro y a una innominada  mediante la cual se solicitaba la paralización de obras.

 

Al respecto, esta Sala considera necesario verificar en el texto del libelo de la demanda, cuáles fueron las medidas solicitadas, (folios 29 y 30 del expediente); y en tal sentido,  se observa lo que de seguidas se transcribe:

 

“…pido se decrete medida de secuestro…se decrete providencia cautelar de paralización de obra…se acuerde medida de prohibición de enajenar y gravar…”.

 

Por su parte, esta Sala constata, que respecto a las cautelares solicitadas, la sentencia recurrida se limitó a establecer lo siguiente:

“…Ahora bien, de la revisión efectuada al elenco probatorio aportado por la recurrente, se observa que no se encuentran satisfechos los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de procedimiento Civil, para el decreto de providencia cautelar, pues –como acertadamente expresó el juzgador de primer grado -. Aun cuando, de dichas documentales, pudiese considerarse la existencia del derecho reclamado (fumus bonis iuris) no se evidencia la presunción grave que puede quedar ilusoria la ejecución de fallo (periculum in mora), ya que la recurrente, no aportó medio probático (Sic) alguno que haga presumir la posible inejecución del fallo definitivo. Aunado a la falta de demostración adecuada de las actas procesales que fueron acompañadas en copias simple y de las cuales no puede deducir este sentenciador la suficiente convicción que dichas instrumentales rielan al cuerpo de expediente judiciales, en razón de la falta de certificación de las mismas que las invalida como actuaciones judiciales fehacientes. Así se establece…

                                …Omissis…

En lo que respecta a la denegación de justicia arguida, observa quien decide que el juzgador en primer grado, en la decisión recurrida expresó que al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, negaba el decreto de providencia cautelar, con lo cual resolvió no sólo la medida de prohibición de enajenar y gravar, sino que también hizo lo propio con las medidas de secuestro e innominadas peticionadas, puesto que al no encontrarse satisfechos los presupuestos procesales para el decreto de una de las medidas preventivas solicitadas, menos lo estarían para la procedencia de las demás, razón por la cual, mal puede considerarse que el juzgados de la primera instancia haya incurrido en la denegación alegada. Así se decide…

                                …Omissis…

…por ello, al no evidenciarse con los medios probatorios aportados por la peticionante de medida preventiva, que haya cambiado la situación fáctica que llevó al sentenciador de primer grado a establecer la negativa de la medida peticionada, por la insatisfacción de los requisitos de fumus bonis iuris y periculum in mora, establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la apelación interpuesta en fecha 23 de mayo de 2006, por el ciudadano Yenya Haim Youwayed, administrador de la parte actora  asistido por el abogado Rafael Latorre Cáceres, debe declararse sin lugar…”.

 

 

 

 De la precedente transcripción de la sentencia recurrida, se comprueba que el juez de alzada, al convalidar la omisión de pronunciamiento del juez al no resolver sobre todas las medidas cautelares solicitadas por la parte actora en su escrito libelar, incurrió en el vicio de incongruencia negativa, infringiendo así los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, y por vía de consecuencia, quebrantó el principio de exhaustividad, que obliga al sentenciador a decidir sobre todo los pedimentos formulados por las partes, en los escritos  presentados en la fase de alegaciones. Así se establece.

 

En virtud de haber prosperado una denuncia por defecto de actividad por falta de cumplimiento de uno de los requisitos intrínsecos de la sentencia, la Sala no entrará a conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización de conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

D E C I S I Ó N

 

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso de casación ejercido contra la sentencia dictada en alzada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de octubre de 2006. En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de forma que originó la nulidad del fallo. Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

 

             No hay condenatoria en costas, dada la índole del  presente recurso.

 

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, anteriormente mencionado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada  y sellada en  la  Sala  de  Despacho  de  la  Sala de Casación  Civil  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en   Caracas,  a  los veinte (20) días del mes de  abril de  dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

Presidenta de la Sala,

 

 

__________________________

YRIS PEÑA ESPINOZA

 

 

Vicepresidenta-ponente,

 

 

_____________________________

ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ

Magistrado,

 

 

 

______________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

Magistrado,

 

 

 

__________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

Magistrado,

 

 

___________________________________

LUÍS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ

 

  

Secretario,

 

 

 

________________________________

ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ

 

Exp. Nro. AA20-C-2009-000004

Nota: Publicado en su fecha a las

 

Secretario

 

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