Sentencia N.º RC.00207
- Sentencia
- N.º RC.00207
- Fecha
- 16/05/2003
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 01-604
- Ponente
- Franklin Arrieche Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado Dr. FRANKLIN ARRIECHE G.
En el juicio por simulación y nulidad de contrato de compraventa, seguido por los ciudadanos NELSÓN JOSÉ MÚJICA ALVARADO, CÉSAR AUGUSTO MÚJICA ALVARADO, ARGENIS ROMÁN MÚJICA ALVARADO, JAVIER HUMBERTO MÚJICA ALVARADO, RAFAEL JOSÉ MÚJICA ALVARADO y JOSÉ LUIS MÚJICA ALVARADO, representados judicialmente por el abogado Lombardo Castillo Grillet, contra los ciudadanos JOSÉ LAUREANO MÚJICA CADEVILLA y MARGARITA DE JESÚS RAMÍREZ MORA, representados judicialmente por los abogados Frank Franco Gutiérrez, Sixto José Zambrano Contreras y Deicy Bernarde Domíguez González; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara en Barquisimeto, dictó sentencia definitiva en fecha 29 de junio de 2001, declarando sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada y con lugar la demanda por simulación y nulidad de contrato de compraventa, confirmando la sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, la cual se pronunció en igual sentido, condenando en costas a los demandados.
Contra esta decisión del mencionado Tribunal Superior, en fecha 9 de julio de 2001 anunció recurso de casación la abogada Deicy Bernarde Domínguez González, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. Admitido el recurso, se remitió el expediente a la Sala de Casación Civil.
En fecha 26 de julio de 2001 se dio cuenta en Sala del presente asunto, designándose ponente al Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, siendo reasignada la ponencia en fecha 4 de diciembre de 2001 al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
El primero de octubre de 2001 el abogado Frank Franco Gutiérrez consignó escrito de formalización del recurso de casación. El escrito de impugnación fue presentado el 22 de octubre de 2001 por el abogado Lombardo Castillo Grillet. Hubo réplica y contrarréplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación, pasa esta Sala a decidirlo previa las siguientes consideraciones:
PUNTO PREVIO
El recurrente, en su escrito de formalización, expresa que el recurso de casación intentado lo ejerce no sólo contra la sentencia definitiva de fecha 29 de junio de 2001 emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara, que declaró con lugar la demanda por simulación y nulidad de compraventa, sino además, contra la sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998, dictada por el mismo Juzgado, la cual ordenó al tribunal de la causa pronunciarse sobre las cuestiones previas opuestas por la parte demandada.
Advierte la Sala, que el recurrente en su escrito de formalización, planteó primeramente las denuncias contra la sentencia definitiva, y luego, al final, formuló una denuncia contra la sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998 del mencionado juzgado superior. El orden en la formalización es incorrecto, pues la lógica indica que en primer lugar debe impugnarse la interlocutoria, pues de ser declarado procedente el recurso, la nulidad y reposición genera automáticamente la nulidad de la sentencia definitiva. No obstante esta incorrecta inversión en el orden del escrito de formalización, la Sala considera que tal imprecisión por sí misma, no la impediría conocer del recurso de casación formalizado, pero ocurre otra situación procesal que sí genera la inadmisibilidad del recurso de casación en lo que se refiere a esta interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998.
En efecto, la sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar un recurso de apelación intentado por la parte demandada, la ahora recurrente en casación. La parte demandada, venció en el recurso intentado. Obtuvo todo lo pedido a través de un medio impugnativo, y logró a su favor un pronunciamiento que le diera validez a un escrito de cuestiones previas consignado en primera instancia por los apoderados judiciales de la parte accionada en la misma fecha en que el defensor ad-litem contestó al fondo la demanda.
La demandada ganó el recurso de apelación, el Tribunal Superior anuló el auto de primera instancia que había declarado inválidas las cuestiones previas promovidas el mismo día en que el defensor ad-litem contestó la demanda, y por ello, el Juez Superior ordenó al tribunal de instancia que continuara el trámite de las cuestiones previas que el demandado insistía fueran analizadas.
Al vencer la parte demandada en el recurso de apelación intentado contra la referida interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998, y obtener todo lo pedido a través del referido recurso, la ahora recurrente en casación carece de interés procesal en impugnar la referida interlocutoria que lo favoreció. Por tal motivo, el recurso de casación intentado contra la sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998, será declarado inadmisible en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Seguidamente, procede la Sala a analizar el recurso de casación contra la sentencia definitiva de fecha 29 de junio de 2001 emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la violación por parte de la recurrida, de los artículos 15, 148 y 208 eiusdem, al haberse subvertido formas esenciales del procedimiento causando indefensión.
Sostiene el formalizante que no se configuró en la parte actora el litisconsorcio necesario para intentar la acción, por ser una demanda por simulación de contrato de compraventa, y el bien vendido pertenecía a una comunidad de herederos. Que entre los demandantes, faltaron tres hermanos que no integraron el litisconsorcio y por ello, la demanda ha debido ser desechada. Que la cualidad activa para demandar atañe al orden público, y la ausencia del litisconsorcio necesario puede ser declarada de oficio por los jueces. Que al no hacerlo la recurrida, infringió el derecho a la defensa y al debido proceso, pues los efectos de la cosa juzgada no pueden extenderse a aquellos coherederos que no participaron en el juicio.
En efecto, señala el formalizante lo siguiente:
...Efectivamente en este juicio por simulación de contrato de venta y nulidad de título, desde su inicio, existe un litisconsorcio activo necesario, defectuosamente constituido, que menoscabó el derecho a la defensa y violentó el debido proceso legal porque la relación jurídico sustancial, a la que se contraen las acciones por simulación y por nulidad deducidas surgen o tienen su origen en un contrato de venta de un inmueble que se dice perteneciente a una comunidad de origen sucesoral de los herederos de la ciudadana Felicita Alvarado de Mújica- y, siendo así, esas acciones pertenecen a TODOS los causahabientes de esa ciudadana fallecida, quienes debieron ser considerados como un centro procesal unitario y autónomo de intereses jurídicos, cuya unidad de la relación sustancial es tal, desde el punto de vista de ellos (los herederos), como sujetos activos que, jurídicamente, resulta imposible concebir que pudieran haber actuado aisladamente, es decir, que la cualidad pueda existir en alguno o algunos de ellos por separado. En efecto, las acciones deducidas en este juicio fueron por simulación de un contrato de venta de un inmueble que se afirma perteneciente a los sucesores de la ciudadana Felicita Alvarado de Mújica y por nulidad del respectivo título; por tanto, existe una relación jurídico material de origen contractual-sucesoral entre todos los herederos que integran esa sucesión; razón por la cual, ni el a-quo ni el Juez de Alzada podían, como lo hicieron, conocer y decidir acerca del fondo de la cuestión material planteada y, por tanto, sus decisiones infringieron las normas de orden público denunciadas que, por demás, son consagratorias de las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa... (Subrayado del formalizante).
Para decidir, la Sala observa:
En primer lugar, la Sala verificará si la parte demandada en su escrito de contestación al fondo, alegó la falta de cualidad de la parte actora por la existencia de un litisconsorcio necesario no cumplido. Al respecto, se señala en el escrito de contestación al fondo lo siguiente:
...Los hoy demandantes, Nelson, César, Argenis, Javier, Rafael y José Luis Mújica Alvarado, no son los únicos y universales herederos de la ciudadana fallecida Felicita Lucrecia Alvarado de Mújica, fallecida ab-intestato el día 26 de julio de 1994, sino que también existen los hermanos Adelaida Coromoto, Pedro Alonso y Antonio José Mújica Alvarado, quienes no son parte demandante del presunto juicio de simulación que hoy enfrentamos, es decir, que los no demandantes no creen en el pretendido juicio de simulación porque saben y les consta que su madre Felicita Lucrecia Alvarado de Mújica, nunca intentó juicio contra su esposo José Laureano Mújica Cadevilla, porque nuestro representado ha sido y es un hombre íntegro, honesto y buen administrador a carta cabal...
Como puede observarse, la parte demandada mencionó que existían otros herederos, pero no alegó la existencia de un litisconsorcio necesario ni la falta de cualidad activa de la actora para sostener la acción. Al no estar alegada expresamente la falta de cualidad activa, toca a la Sala analizar si el Juez de instancia podía declararla de oficio, como expresa el recurrente en su escrito de formalización. Al respecto, la Sala de Casación Civil ha sostenido lo contrario, como se expresa en el siguiente fallo:
...Independientemente que, los escritos de prueba estén redactados en castellano, por la persona interesada y presentados dentro de las circunstancias de tiempo y de lugar antes dichas, existe un requisito de naturaleza intrínseca no del medio probatorio sino de la diligencia por medio de la cual se le lleva a los autos que incide directamente ya no sobre la admisibilidad del medio sino sobre la validez de la actuación con la cual se le produce y ese requisito no es otro sino la identificación del objeto de la prueba.
Así tenemos que el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, ordena a las partes
expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. y por su parte el artículo 398 eiusdem ordena al Juez providenciar
los escritos de pruebas admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes.
Es fácil comprender cómo, para que la parte pueda manifestar si conviene o no con los hechos que su contrario trata de probar y para que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo las partes y ordenar que se omita toda declaración o prueba sobre ellos, es necesario que en el escrito de promoción de cada una de las partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que pretende demostrar con cada medio de prueba promovido.
Además, es la única manera de garantizar el cumplimiento de los deberes de lealtad y probidad procesales impuestos a las partes al impedir de esa manera que el contrario del promovente y el propio tribunal sean sorprendidos al utilizar un determinado medio probatorio para verificar hechos diferentes a los que ellos creyeron cuando se promovió.
Esta circunstancia ha sido recogida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en sentencia de fecha 8 de junio del año en curso sostuvo lo siguiente:
...La Sala Plena Accidental advierte que el querellante indicó los hechos que a su juicio constituyen los delitos de malversación específica o sobregiro presupuestario y tráfico de influencias. Sin embargo, se limitó a enunciar las pruebas que a su juicio evidencian la comisión de tales hechos punibles, sin indicar el contenido de ellas y lo que demuestran. Al respecto, el Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Doctor JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, ha expresado lo siguiente:
Sólo expresando con precisión lo que se quiere probar con el medio que se ofrece, puede el Juez decidir si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente, y por ello (sic) el Código de Procedimiento Civil (sic) de manera puntual requirió la mención del objeto del medio en varias normas particulares (arts. 502, 503, 505, 451, 433 y 472) y en forma general en el artículo 397, quedando exceptuados de dicha carga al promoverse la prueba: las posiciones juradas y los testigos, donde el objeto se señalará al momento de la evacuación. Todas estas normas buscan una mejor marcha del proceso, tratan de precisar lo pertinente, tratan de evitar que el Juez tenga que realizar la labor de valoración que le impone el art. 509 del CPC, sobre medios que por inadmisibles no se les ha debido dar entrada.
Pero la realidad ha resultado distinta a la que previno el CPC. A diario vemos en los Tribunales como se promueven medios sin señalarles que se quiere probar con ellos, (sic) y los Jueces los admiten. Es corriente leer escritos donde se dice Promuevo documentos (públicos o privados) marcados A, B y C, sin señalar que se va a probar con ellos (sic); o promuevo foto, inspección judicial, etc., sin indicar que se pretende aportar fácticamente al juicio, y que a pesar de que contrarían al art. 397 en la forma de ofrecerlos, a tales medios se les da curso... (XXII JORNADAS J.M. DOMÍNGUEZ ESCOVAR. Derecho Procesal Civil [EL C.P.C. DIEZ AÑOS DESPUÉS], Pág. 247).
Igualmente, ha sostenido el Magistrado Cabrera Romero en su obra Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre Tomo I, lo siguiente:
...En la mayoría de los medios de prueba, el promovente, al momento de anunciarlos, debe indicar que hechos trata de probar con ellos, por lo que resulta fácil comparar lo que se pretende probar, con los hechos alegados controvertidos y por tanto, calificar o no la pertinencia o la impertinencia manifiesta. Por tratar el objeto de la prueba de afirmaciones sobre cuestiones fácticas que cursan en autos (hechos alegados en la demanda y la contestación), al juez le es atribuida la calificación oficiosa de la pertinencia, medie o no oposición formal, lo que decidirá en el auto de admisión o negativa de prueba, que se dicta como consecuencia de la promoción.
Existen medios que pueden ser propuestos sin necesidad de señalar su objeto, tales como la confesión judicial, que se trata de provocar mediante posiciones juradas, y en el CPC de 1987, la prueba de testigos. Con ambos medios y otros semejantes, la oposición por impertinencia no funciona a priori y debe interponerse con motivo de la evacuación de la prueba, para que no se reciba toda ella o sectores de la misma. La oposición por esta causa queda diferida al instante de su evacuación...
Esta Sala comparte los criterios expuestos por el citado autor, acogidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero con el añadido que también en los casos de prueba de testigos y de confesión debe indicarse el objeto de ellas; es decir, los hechos que se tratan de probar con tales medios.
En efecto, sólo de esa manera se puede explicar el texto del artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que en el auto de admisión de las pruebas el Juez
ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes (Subrayado de la Sala).
Lo anterior no significa que al momento de promover la prueba, el interesado deba dejar constancia detallada de las preguntas que formulará al testigo o a la contraparte sino que debe exponer la materia u objeto sobre la cual versará la declaración, permitiendo de esa manera saber si lo que trata de probar, con la prueba de testigos, es una obligación superior a dos mil bolívares o lo contrario a lo que contiene un documento público, o si la confesión versará sobre hechos pertinentes de los cuales la parte tenga conocimiento personal o si se trata de hechos realizados por el apoderado en nombre de su poderdante.
Si no se cumple con este requisito no existirá prueba válidamente promovida, hecho que se equipara al defecto u omisión de promoción de prueba.
Lógicamente, para que pueda existir el vicio de silencio de pruebas es menester que existan pruebas válidamente promovidas desde luego que, de lo contrario, cada vez que un juez valore las resultas de una prueba promovida sin señalar su objeto específico estará quebrantando su deber de decidir conforme a lo alegado y violando el principio de igualdad procesal por sacar elementos de convicción de fuera del proceso, ya que, como se dijo en el punto previo III de este fallo, la actuación procesal inválida equivale a actuación inexistente y por ende ningún efecto puede producir.
En el caso de autos, la Sala observa que al momento de promover la prueba cuyo silencio se imputa a la recurrida, la actora sostuvo lo siguiente:
...Promovemos prueba testimonial de conformidad con el Artículo (sic) 477 del Código de Procedimiento Civil, de los ciudadanos, Luis Fernando Doza Villamizar, Alberto Pérez Martínez, Juan Bautista Domínguez y Antonio Rafael Leira Bastidas, Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de la Cédula de Identidad Nros. V.-3.551.111, V.-6.910.683 y V.-3.959.279 y V.-1.887.232 respectivamente, los cuales presentaremos en la debida oportunidad, sobre los particulares que señalaremos...
Lo anterior evidencia de manera palmaria que la demandante no indicó al promoverla, el objeto determinado de la prueba, impidiendo a la contraparte cumplir con el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al Juez acatar el dictado del artículo 398 eiusdem.
En esas condiciones la testimonial de los ciudadanos Alberto Pérez Martínez, Juan Bautista Domínguez y Antonio Leira Bastidas no fue promovida válidamente, situación ésta que se equipara a falta de promoción, razón por la cual es imposible la configuración del vicio de silencio de pruebas desde luego que tal vicio supone, necesariamente, la existencia de una prueba válidamente promovida.
Por lo demás, la Sala observa que la recurrida, con relación a esos testimonios dijo que nada informaban
acerca de si la actora tiene licencia o está autorizada para la explotación de los programas de computación secuestrados, pero como no se indicó el objeto de la prueba se hace imposible saber si era ese hecho o algún otro el que la actora pretendió probar, toda vez que las preguntas hechas estaban referidas también a situaciones fácticas distintas y en esa condición tampoco es dable a esta Sala verificar la realidad de la denuncia que se hace sin suplir argumentos que en la instancia debió hacer y no hizo la parte denunciante.
En mérito de todo lo anterior, la denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, que aquí se examina debe ser declarada improcedente, y así se declara.... (Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 16 de noviembre de 2001, en el juicio seguido por Cedel Mercado de Capitales, C.A., contra Microsoft Corporation, Expediente N° 00-132). (Negritas de la Sala).
Tomando en cuenta el criterio doctrinario antes transcrito, se observa que el escrito de promoción de pruebas producido por la parte demandada, cursante a los folios 234-235 de la segunda pieza del expediente, no expresó en ninguna de ellas el objeto a probar. Estas pruebas fueron: 1.- El documento contentivo del recono-cimiento en su contenido y firma, del acta levantada por el Juez Primero de Municipios Urbanos del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa; 2.- El documento de compraventa realizado entre José Laureano Mújica y Margarita de Jesús Ramírez Mora, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara; 3.- Documento de aclaratoria de José Laureano Mújica Cadevilla para Margarita de Jesús Ramírez Mora; 4.- Documento de Aclaratoria de José Laureano Mújica Cadevilla; 5.- Documento contentivo de hipoteca de primer grado del inmueble objeto de la presente acción; 6.- Documento contentivo de hipoteca de segundo grado del inmueble objeto de la presente acción.
Al no señalarse debidamente el objeto a probar de estas documentales, deben considerarse como no promovidas válidamente, situación ésta que se equipara a falta de promoción, razón por la cual es imposible la configuración del vicio de silencio de pruebas desde luego que tal vicio supone, necesariamente, la existencia de una prueba válidamente promovida.
Respecto a la planilla de liquidación de impuesto sobre la renta y su complemento, producidas por la parte actora conjuntamente con su libelo de demanda, el recurrente no explica qué trascendencia a su favor en la suerte de la controversia se derivaría del análisis de estas documentales, por el principio de comunidad de la prueba. Igual situación ocurre con los testigos cuyas declaraciones el recurrente afirma, fueron silenciadas.
En efecto, respecto a estas pruebas documentales y testificales, el recurrente simplemente se limita a señalar el alegato de un litisconsorcio necesario, esgrimido por el defensor ad-litem en su escrito de contestación. Como ya se señaló, en el proceso quedó establecida la invalidez del referido escrito del defensor ad-litem, derivado del trámite de las cuestiones previas, y en el escrito de contestación de demanda presentado por los apoderados judiciales de la parte demandada, no se alegó la falta de cualidad activa derivada del incumplimiento de un litisconsorcio necesario. Por tal motivo, no se desprende de la denuncia, algún efecto trascendente en la suerte de la controversia derivado de la afirmada omisión en el análisis de las señaladas documentales y testificales. Así se decide.
Por las razones señaladas, no puede determinarse en la recurrida la infracción denunciada de los artículos 12, 509 y 508 del Código de Procedimiento Civil y la presente denuncia se declara improcedente. Así se decide.
Al ser desestimadas las denuncias del escrito de formalización, el presente recurso de casación se declarará sin lugar en el dispositivo del fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 1998, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara en Barquisimeto, y SIN LUGAR, el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra la sentencia definitiva de fecha 29 de junio de 2001, emanada del mismo Juzgado Superior.
Como consecuencia de haber resultado infructuoso el recurso formalizado contra la sentencia definitiva, se condena a la recurrente al pago de las costas en lo que a este recurso se refiere.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen antes identificado, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis ( 16 ) días del mes de mayo de dos mil tres. Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente de la Sala-Ponente,
___________________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
____________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
______________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
________________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. 2001-000604
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez disiente del criterio sostenido en el presente fallo por la mayoría sentenciadora, con base en las consideraciones siguientes:
En nuestro sistema judicial la actividad del Juez se encuentra reglada por la Ley, y éste no puede separarse bajo ningún respecto de los lineamientos que ésta le da, por ello, cuando se desvía de dicho proceder no se produce una infracción en el juzgamiento, sino que se rompe la estructura procesal que la Ley le impone.
Cuestión diferente ocurre cuando el Juez decide o se pronuncia sobre determinado aspecto, pues en ese caso, como aplicador de la Ley, la entiende y la interpreta, si al realizar dicha labor incurre en algún error, éste por ser tal, no irrumpe contra el proceso, sino que afecta específicamente la decisión.
En tal sentido, se puede afirmar, que la omisión del análisis de una prueba, más que una infracción de la norma contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es una subversión procedimental que afecta la motivación del fallo y por ende siempre debe ser denunciado el vicio de silencio de prueba bajo un recurso por defecto de actividad, según la doctrina reiterada establecida por la Sala en su ya conocida sentencia de fecha 28 de abril de 1993 (Inversiones Sinamaica C.A. c/ Parcelamiento Chacao C.A.).
Por otra parte, el establecimiento de los hechos por parte del Juez, supone siempre la función de apreciar los medios probatorios que los comprueban, por lo que examinar las pruebas es una garantía sobre el establecimiento de esos hechos, que en definitiva son determinantes para el dispositivo del fallo. Es ese y no otro el sentido que debe darse al dispositivo contenido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual recoge ese principio de que todas las pruebas deben ser analizadas.
La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca por primera vez que la forma no debe prevalecer sobre la justicia y que ésta última debe ser producida en el plazo más breve posible. El Código de Procedimiento Civil de 1986 también contiene buena parte de esos principios. En efecto, el artículo 10 pauta que la justicia debe administrarse en el plazo más breve y a falta de fijación del término, el Tribunal tendrá tres (3) días de despacho para proveer sobre la petición.
El artículo 206 del mismo código consagró, de manera expresa, un criterio reiterado de la Sala, en el sentido que no se declarará la reposición de la causa si la misma no persigue un fin útil y el acto alcanzó el fin al cual estaba destinado, criterio que ya venía aplicándose desde el año 1943. También el artículo 213 eiusdem dispone que si la parte afectada por la nulidad no atacó la misma en la primera oportunidad que actuó, convalidó los vicios existentes, lo cual puso fin a una serie de largas demoras en el proceso, entre ellas la eliminación de la querella nulitatis y condujo a la implantación de la figura de la citación tácita o presunta.
Ahora bien, lo cierto es que la Constitución vigente y el Código adjetivo civil exigen que la justicia sea completa y exhaustiva, pero no se lograría el fin de la justicia si se omite algún elemento clarificador del proceso. Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta.
Ciertamente, resulta imperiosa la necesidad de que el Juez emita un pronunciamiento sobre la prueba, porque solo de esa manera la parte podrá atacarlo si estimara que ese análisis no fue correcto. De contrario, al no existir pronunciamiento, el recurrente tiene prácticamente negada la posibilidad de atacar el fallo recurrido, quedando truncado el desideratum de la Constitución de 1999.
Por tanto, la exhaustividad del fallo exige, ahora con mayor razón, que los Jueces examinen todo el material probatorio que las partes aporten al expediente, pues normalmente la parte al promover una prueba procura demostrar las afirmaciones de hecho.
No cabe dudas que el principio axiológico que inspira el criterio de la mayoría, contenido en el artículo 257 de la Constitución vigente, plantea como finalidad para la obtención de la justicia, la omisión de formalidades, pero resulta que la aplicación de dicho principio como argumento para sustentar las razones del cambio doctrinal, inevitablemente generará la violación flagrante de la norma constitucional que contiene otro principio axiológico de carácter superior, es decir, el que alude al derecho a la defensa consagrado en el artículo 26 de la ya referida Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La decisión de la mayoría de los distinguidos Magistrados, salvo referir que la denuncia deberá realizarse a través de un recurso de fondo con base en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, no precisa la técnica a seguir por el formalizante situación que, aunada a los basamentos jurídicos planteados previamente, no permite debidamente el ejercicio del derecho a la defensa de quienes acuden ante los órganos de administración de justicia.
Por tanto, respetando siempre el criterio de la mayoría sentenciadora, en criterio del Magistrado que suscribe, no ldebe la Sala determinar si la prueba tiene o no influencia en el dispositivo del fallo, ya que justamente esa es la labor de los Jueces de instancia, que la Sala excepcionalmente examina bajo la casación sobre los hechos. Tampoco puede pasar la Sala a examinar la conducencia de la prueba, para lo cual es obligatorio realizar un examen de todo el expediente, incluyendo todas las pruebas, labor esencial que igualmente deben realizar los jueces de instancia, motivo por el cual la Sala no puede exceder la competencia que el instituto de la casación le tiene atribuida y permitir con ello laxitud del tribunal de la recurrida en el cumplimiento de sus obligaciones. Por estas razones, quien disiente de la mayoría estima que el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Fecha ut supra.-
El Presidente de la Sala,
______________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
___________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
________________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
_____________________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. N° 2001-00604
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