Sentencia N.º RC.00208
- Sentencia
- N.º RC.00208
- Fecha
- 14/04/2008
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 07-662
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. 2007-000662
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortiz Hernández
En la incidencia de recusación planteada en el juicio por cumplimiento de contrato, seguido por la sociedad mercantil PLÁSTICOS QUÍMICOS DE VENEZUELA, PLAQUIVEN, C.A., representada por el abogado Arturo Pelles Cardozo, en contra de la sociedad mercantil SEGUROS BANVALOR C.A., representada por el profesional del derecho Antonio Brando; el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Contra ese fallo de alzada, la parte actora anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo Impugnación y Réplica.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades legales, pasa
PUNTO PREVIO
En su escrito de réplica, el formalizante alegó la falta de legitimidad de la parte demandada para presentar la impugnación a la formalización del recurso. En tal sentido indicó lo siguiente:
Por cuanto la presente se trata de una incidencia de recusación, la representación judicial de la demandada Seguros Banvalor CA (sic) carece de legitimidad para presentar impugnación en el presente caso, lo que solicito a esta Sala declare expresamente en punto previo a la decisión
El formalizante alegó la falta de legitimidad para impugnar el presente recurso por parte de la representación judicial de la demandada, por cuanto en el presente caso se está ventilando una incidencia de recusación, lo cual se encuentra desmembrado de la causa principal.
Así pues, observa
Así las cosas, respecto a la legitimidad para interponer recurso de casación,
...En el caso que se analiza se observa que el recurso de casación fue anunciado por los apoderados judiciales de Luis Alejandro Maita González, tercero en el presente procedimiento, circunstancia ésta que lleva a
La legitimación para interponer este recurso extraordinario comprende dos aspectos: 1) Es necesario haber sido parte en la instancia, y 2) Es menester que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente.
Asimismo,
la cualidad para poder hacer uso del recurso de casación la da, únicamente, la de ser parte en el juicio en el cual se intente el recurso; esta cualidad, es pues, diferente a la que se exige para apelar, que no requiere ser parte en el proceso, bastando tener interés inmediato en lo que sea objeto o materia del juicio, ya porque resulte perjudicado por la decisión, bien porque pueda hacerse ejecutoria contra el mismo, bien porque haga nugatorio su derecho, lo menoscabe o desmejore
Así que, sólo pueden recurrir en casación las partes o quienes se hubiesen constituido en parte mediante alguno de los medios procesales previstos en la ley, de lo contrario se carece de legitimidad para interponer el recurso de casación, y por consiguiente, impugnar dicho recurso extraordinario, observándose que en la presente incidencia de recusación, la sociedad mercantil SEGUROS BANVALOR C.A., no forma parte.
Con base a los argumentos antes señalados y a la jurisprudencia supra transcrita, estima
CAPÍTULO I
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con basamento en el artículo 313 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, el recurrente denuncia la infracción de los artículos 7, 12, 15, 400, 483 y 484, todos del mismo Código, en menoscabo del derecho a la defensa.
En tal sentido, el formalizante estableció:
De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de
Esta denuncia se fundamenta en lo siguiente:
El juez de la recurrida estableció:
Igualmente fueron promovidas las declaraciones de los ciudadanos EDUARDO CERERO PETIT, DAVID SOLARTE y LIZ THAIS PEREIRA, quienes, según alegó el promovente tienen su domicilio en el estado Aragua, en virtud de los (sic) cual se libró exhorto al Juzgado Superior Civil de
Como podrán observar ciudadanos Magistrados, el juez quebrantó formas procesales en menoscabo de mi derecho a la defensa y al debido proceso al remitir la correspondiente comisión a la oficina de correspondencia de
En asuntos de esta naturaleza se encuentra interesado el derecho a la defensa y el acceso a la justicia de las partes que componen el litigio por cuanto en ello está interesado el orden público.
Es por esto que solicito sea declarada con lugar la presente delación .
Al respecto, el Ad-Quem determinó lo siguiente:
Cumplido como el (sic) fue el lapso de tres días de despacho ordenado con anterioridad, este Juzgado Superior en fecha 19 de junio de 2.007, dictó providencia mediante la cual, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por
Al folio 11 de
En fecha 22 de junio de 2.007, el Abg. Arturo Pelles cardozo, (sic) recusante en la presente incidencia consignó diligencia mediante la cual anunció Recurso de Nulidad, y subsidiariamente anunció Recurso de Casación contra la sentencia de fecha 19 de junio de 2.007. De igual manera y en esa misma (sic), el abogado recusante consignó escrito mediante el cual promovió las pruebas que consideró pertinentes. Es esa misma fecha, siendo la oportunidad fijada por este Juzgado Superior para la deposición de las testimoniales de los ciudadanos José Vicente Arvelaiz Carpio y Tomás David Ramírez, fueron evacuadas las mismas previo cumplimiento de los formalismos de Ley. Concluidos los cuales, el recusante procedió a estampar diligencia en el presente expediente promoviendo al efecto pruebas en la presente incidencia.-
En fecha 25 de junio de 2.007 el abogado recusante Arturo Pelles Cardozo, presentó dos (02) escritos de promoción de pruebas en la presente incidencia, con sus respectivos anexos. De igual forma procedió el referido profesional del derecho, mediante dos escritos presentados en fecha 26 del mismo mes y año, en el cual además de traer a los autos el acervo probatorio, solicita a este Juzgado Superior una prórroga del lapso de promoción a fin de proveer sobre
En fecha 26 de junio de 2.007, este Juzgado Superior dictó providencia mediante la cual se pronunció sobre la procedencia de las diversas pruebas promovidas por el recusante, negando así mismo la prórroga de Ley solicitada.-
Ahora bien, transcurrido como han sido los Ocho (08) días de despacho establecidos por el legislador venezolano en el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, y estando en la oportunidad para emitir un pronunciamiento en relación a
3. Igualmente fueron promovidas las declaraciones de los ciudadanos EDUARDO CERERO PETIT, DAVID SOLARTE y LIZ THAIS PEREIRA, quienes, según alegó el promovente tienen su domicilio en el estado Aragua, en virtud de los cual (sic) se libró exhorto al Juzgado Superior Civil de
Para decidir
En la presente denuncia por defecto de actividad, el formalizante ha manifestado el quebrantamiento de formas procesales en menoscabo del derecho a la defensa, enmarcándolo en los artículos 7, 12, 15, 400, 483 y 484, todos del Código de Procedimiento Civil. Pues, considera que la recurrida, al remitir la correspondiente comisión a la oficina de correspondencia de
Ahora bien, respecto a la indefensión esta Sala en sentencia N° 472, de fecha 19 de julio de 2005, expediente Nº 02-986, caso: Producciones 8/1 C. A., contra Banco Mercantil, C.A. S.A.C.A., señaló lo siguiente:
Esta Sala deja sentado que la observancia de los trámites esenciales del procedimiento está íntimamente ligado al principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley. Por ello, no les está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, ya que las garantías del debido proceso, de defensa de las partes y el de tutela judicial efectiva incumbe al orden público, pues el Estado es garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Ver, entre otras, Sent. 10/5/05, caso: Doris Josefina Araujo c/ Michele Marcaccio Bagaglia).
Por su parte, esta Sala se ha pronunciado de la siguiente manera:
Observa esta Sala, que el artículo 26 de
El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de
De igual modo, esta Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 12 de abril de 2005, (caso: Mario Castillejo Muelas, c/ Juan Morales Fuentealba), dejó establecido que:
...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de
Ahora bien, con respecto a los medios probatorios, se ha pronunciado
Forman parte del debido proceso, las oportunidades procesales para oír a las partes, así como lo relativo a la promoción y recepción de pruebas dentro de los términos y formas que establece la ley para ello, a fin que las partes puedan cumplir con el principio de necesidad de prueba, así como con los de contradicción y control de la prueba, todo como desarrollo del derecho de defensa. Mientras esas oportunidades legales se respeten, existe el debido proceso, ya que se oye a la persona en lapsos y actos que garantizan el poder recoger plenamente sus alegatos, además, se permite a las partes, ante la petición de una, recibir la contrapetición de la otra, lo que en materia de pruebas significa acceder a las pruebas que ofrece su contraparte y poder cuestionarlas y controlarlas
. (Negritas y subrayado de esta Sala).
De conformidad a las jurisprudencias antes citadas, puede destacarse que el derecho a la prueba se ve vulnerado cuando el Juzgador impide de alguna manera que la prueba legal y pertinente se incorpore al proceso o cuando siendo admitida y se ordene su evacuación, no se esperen las resultas de las mismas, a los fines de producirse una decisión final, conforme a lo alegado y probado por las partes, con lo cual se estaría produciendo una indefensión.
Y en sintonía con lo anteriormente motivado, de conformidad con lo pautado en el artículo 26 de
Ahora bien, al trasladarnos al caso de autos, cabe resaltar la decisión emitida por esta Sala de Casación Civil, de fecha 27 de febrero de 2007, en la presente causa, y bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en tal sentido, en esa oportunidad se dejó sentado lo siguiente:
Si bien es cierto que el juez de la recurrida acordó librar el respectivo exhorto para la evacuación de la prueba testimonial promovida, tal como lo prevé el artículo 400 del Código Adjetivo, y al ser remitidas estas actuaciones se hubiese dado cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 483 eiusdem, no es menos cierto que la inactividad por parte del tribunal al no remitir la comisión al organismo encargado, es decir, al Departamento de correspondencia de
En consecuencia, y teniendo la recurrida la obligación de remitir la comisión a los organismos encargados de la correspondencia en el ámbito judicial, y siendo que éstas actuaciones son totalmente gratuitas para los justiciables en virtud de los diferentes convenios suscritos entre
Como puede observarse, ya
En consecuencia, de conformidad a lo anteriormente expuesto, este Máximo Tribunal considera que la presente denuncia es procedente, por haber incurrido el Ad-Quem, en el vicio de quebrantamiento de formas procesales que menoscaban el derecho a la defensa. Así se establece.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem.
D E C I S I Ó N
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada
No ha lugar la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en
Presidenta de
__________________________
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
Vicepresidenta,
______________________
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
Magistrado Ponente,
____________________________
LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
___________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_______________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Secretario,
________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp.: Nº AA20-C-2007-000662.
Nota: Publicada hoy catorce (14) de abril de dos mil ocho, siendo las 11:00 a.m..
Secretario.
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