Sentencia N.º RC.00219
- Sentencia
- N.º RC.00219
- Fecha
- 27/03/2006
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 05-397
- Ponente
- Luis Antonio Ortiz Hernández
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Exp. 2005-000397
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente: Luís Antonio Ortíz Hernández
En el juicio por Partición de Bienes intentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
Contra la preindicada sentencia, la parte demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales,
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
-I-
Señala el formalizante lo que a continuación se transcribe:
1. El Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores del estado Lara, al dictar la sentencia de fecha 29-03-2005, infringió el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, al no cumplir los requisitos establecidos en el ordinal 3º del artículo 243 eiusdem, tal como textualmente lo tipifica dicha norma legal (
)
(
) En la parte narrativa de la sentencia recurrida, tal como se observa del folio 778 al 779, se cometió el error de transcribir textualmente del libelo de la demanda lo siguiente (
)
omissis
De igual manera se transcribió en la sentencia recurrida, como se observa del folio 780 al 784 lo expresado por el representante legal de la accionada en el acto de la contestación de la demanda (
)
omissis
De lo anteriormente expuesto se deduce que el presente recurso se intenta por el DEFECTO DE ACTIVIDAD, cometido por el sentenciador de alzada al no dar cumplimiento a los requisitos legales de expresar en la sentencia una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que fue planteado el juicio de PARTICIÓN JUDICIAL.
De igual manera en la sentencia recurrida en casación se vulneró el contenido del ordinal 4º del Articulo 243 del Código de Procedimiento Civil (
) En tal sentido se denuncia el vicio de inmotivación de los hechos en que incurrió el sentenciador de alzada en la fundamentación de su decisión (
)
omissis
(
) La falsa motivación de los hechos en este punto consiste en que el sentenciador en lugar de apreciar este supuesto de hecho en sentido positivo al observar que los co-herederos de ROSA AMELIA ÁLAMO DE ASUAJE no habían vendido sus derechos que les correspondían de su causante JUAN ANTONIO ASUAJE GÓMEZ, en el lote de terreno dispuesto por ella, más bien lo apreció en sentido negativo para decir que INVERSIONES COCCIA C.A. babía (Sic) adquirido la plena propiedad.
De igual manera cabe mencionar la calificación que falsamente hace el Sentenciador de dicha Alzada cuando considera que la empresa INVERSIONES COCCIA C.A., es la única propietaria del inmueble cuya PARTICIÓN se demanda, al analizar como pruebas de la parte demandada, los informes que emitieron las empresas HIDROLARA C.A., ENELBAR y Dirección de Planificación y Control Urbano de
Por otra parte, en la mencionada sentencia recurrida se cometió un error de hecho al valorar como cierto que la cónyuge sobreviviente ROSA AMELIA ÁLAMO DE ASUAJE había vendido a CONSUELO ALAMO DE OCTAVIO la plena propiedad del lote de terreno ocupado por el Centro Comercial CHURUM MERU, propiedad de INVERSIONES COCCIA C.A., por el hecho de que cuando los herederos de JUAN ANTONIO ASUAJE GÓMEZ, vendieron sus derechos a CRUZ MARIO y PAUSIDES SIGALA, el 21 de Julio de 1938, dejaron claro que en la referida venta no entraba la anterior venta realizada por ROSA AMELIA ÁLAMO DE ASUAJE, el 29 de Mayo de 1937 y que por ello la habían convalidado, cuyo falso supuesto denuncio por cuanto el contrato de compra venta es solemne en él es imprescindible que conste expresamente la voluntad tanto del vendedor como del comprador y en el presente caso no consta en el contenido del documento del 29 de Mayo de 1937 que los co-herederos de JUAN ANTONIO ASUAJE GÓMEZ hayan vendido sus derechos conjuntamente con su legítima madre ROSA AMELIA ÁLAMO DE ASUAJE.
Por ultimo en la sentencia bajo análisis, de cuyo recurso se trata el presente escrito denuncio también el vicio de silencio de pruebas o inmotivación del fallo, cuando erróneamente se dice del folio 795 al 796 de
omissis
En
omissis
El vicio del silencio de pruebas o de falta de motivación consistió en que las mismas no fueron calificadas en su justo valor en relación a la controversia planteada, como lo es el juicio de PARTICION JUDICIAL, mientras que en la sentencia recurrida se cometió la falsa motivación de no apreciar que con dichas pruebas quedó claramente demostrado la existencia del nexo de parentesco (
)
...omissis
En la misma sentencia recurrida denuncio también el silencio de pruebas, por cuanto no se emitió ningún pronunciamiento sobre la sentencia dictada el 19 de noviembre de 1982, que por Acción DECLARATIVA DE PROPIEDAD, fue dictada en el expediente 2178 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores del Estado Lara, para aquel entonces, que con el carácter de COSA JUZGADA, fue promovida y evacuada en su oportunidad legal (
)
omissis
Dentro de este mismo orden de ideas, también denuncio en la sentencia recurrida la inmotivación del fallo, cuando se silenciaron otras pruebas, tales como las que promoví y evacué dentro del lapso legal al fondo de la controversia, referentes a la confesión hecha por el representante legal de la firma mercantil accionada INVERSIONES COCCIA C.A., la cual hice valer, conforme al Artículo 1401 del Código Civil (
)
omissis
A tenor de lo establecido en el Ordinal 5º del Articulo 243 del Código de Procedimiento Civil (
) En la sentencia recurrida en casación denuncio la falta de cumplimiento de dicha norma legal en cuanto a la decisión expresa, positiva y precisa que debía contener la sentencia dictada el 29 de marzo de 2005, referente a la acción de PARTICIÓN JUDICIAL, propuesta en el petitorio del libelo de demanda ya que dicha acción versó sobre un juicio ordinario fundamentado en el contenido del Articulo 777 del Código de Procedimiento Civil, para llevar a efecto la partición (
) y determinar por el Tribunal la proporción que debía corresponder a cada uno de los coherederos (
) mientras que en la sentencia recurrida se dejó de aplicar el contenido del artículo 822 del Código Civil, concretándose dicho sentenciador a producir una incongruencia negativa consistente en la afirmación de que no existía tal comunidad de derechos de la sucesión ASUAJE y que por tal motivo, en la parte decisiva de la sentencia declaró SIN LUGAR el recurso de apelación y la demanda de PARTICIÓN JUDICIAL.
Por último, corresponde hacer mención al Ordinal 6º del Articulo 243 del Código de Procedimiento Civil (
) En consecuencia se denuncia el vicio de indeterminación en que incurrió el sentenciador de dicha instancia, por cuanto no identificó en forma expresa el objeto sobre el cual recaía su decisión, o sea, la cosa sobre la cual versó la acción deducida, por cuanto en todas las fases de la sentencia, es decir, la parte narrativa, motiva y decisiva se inclinó por realizar una apreciación subjetiva, sacando elementos de su propia convicción para llegar a la conclusión en la parte decisiva de que no existía tal comunidad de derechos de
Para decidir se observa:
Debe advertir
Por otra parte, observa
En primer término el recurrente denuncia la indeterminación de la controversia y como fundamento de su alegato señala que la recurrida se limitó a transcribir de manera textual el libelo de la demanda y la contestación a la misma y que por tal razón no hay en dicho fallo una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos como ha quedado planteado el presente juicio de partición.
En relación a la falta de síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, esta Sala de Casación Civil, en sentencia N° 12, de 17 de febrero de 2000, caso Claudia Beatriz Ramírez contra María de Los Ángeles Hernández de Wohler y Reinaldo Wohler, expediente N° 99-417, ratificó el siguiente criterio:
...Ha sido reiterada la posición asumida por esta Sala en relación al vicio acusado y en tal sentido se ha dejado sentado que la finalidad que se persigue con la implantación del extremo contenido en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, no es otro que la descripción del asunto planteado por las partes, por lo que en los casos en que dicha finalidad sea cumplida por el fallo, no será procedente afirmar la existencia del vicio en comentarios.
Así en anteriores fallos, como el de fecha 18 de marzo de 1998, esta Sala ha indicado sobre el particular que:
Lo sustancial de la disposición legal cuya infracción se denuncia, consiste en el deber del juez de establecer en forma previa a su decisión cuáles son los límites de la controversia planteada. Para ello deberá hacer una síntesis de lo demandado, y de la contestación dada; si en tal tarea considera necesario el juez transcribir algún alegato de las partes, no por ello infringe la disposición en cuestión.
El vicio se configura cuando el juez se limita a transcribir las actuaciones de las partes, sin determinar en qué términos quedó planteada la controversia, lo cual no sucede en el caso bajo decisión.
Como puede apreciarse si en el presente caso el juez resolvió ser un poco más extenso de lo que realmente era necesario, tal cuestión no implica la violación de la formalidad prevista en el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en vista de que se cumplió con la finalidad formal de la norma, como es dejar determinado el asunto debatido en forma clara. Así se establece
.
En el sub iudice, observa
Debe concluir
Por otra parte, el formalizante denuncia la violación Ordinal 4º del Articulo 243 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación de los hechos, falsa motivación de los hechos, por
mencionar la calificación que falsamente hace el Sentenciador de dicha Alzada
,
como un vicio de falsa motivación de los hechos
y
cuyo falso supuesto denuncio
.
Entre los requisitos que debe contener la sentencia, se encuentra el de la motivación previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que impone al juez el deber de expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
Dicha motivación se encuentra constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las partes y subsumirlos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso. El cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes puedan comprender las razones del fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ejercicio de los recursos pertinentes.
En relación al vicio de inmotivación,
En relación al vicio de inmotivación,
...El propósito de la motivación del fallo es, además de llevar al ánimo de las partes la justicia de lo decidido, permitir el control de la legalidad, en caso de error.
Sobre este particular,
La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los Jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes. Para
Ahora bien, en le fallo recurrido se expresa:
TERCERO: Conforme a lo expuesto el presente caso se trata de un juicio de partición judicial interpuesto por el doctor CRISANTO ANTONIO PEREZ, actuando con el carácter de apoderado del doctor JUAN ANTONIO ASUAJE ALAMO, en contra de la empresa INVERISONES COCCIA C.A (...)
omissis
QUINTO: Secueladas las actas procesales se observa, que existe prueba evidente de que la empresa INVERSIONES COCCIA C.A., adquirió plena propiedad del inmueble objeto de esta controversia, a través de documento protocolizado (
) los cuales se unificaron en un solo terreno, tres lotes de terreno de menor extensión, cuyo tracto registral fue probado por la parte demandada a través de documentación presentada; la cual fue minuciosamente descrita en la narrativa del presente fallo (
) que acompañó la parte demandada bajo la letra J y el demandante en su libelo marcado con la letra D, invocado por la parte actora como documento fundamental para la acción, para afirmar que en el expresado documento la ciudadana ROSA AMELIA DE ASUAJE vendió a la ciudadana CONSUELO ALAMO DE OCTAVIO y sus hijos no dispusieron de los derechos hereditarios que le correspondían de la venta en el año 1937, los cuales motivaron la presente acción de partición.
Ahora bien, también se tiene prueba fehaciente a través de los instrumentos traídos a los autos como lo son los protocolizados (
) los cuales se valoran de acuerdo a lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, donde dejan claro que no forman parte de dicha negociación, el lote de terreno vendido por la ciudadana ROSA AMELIA ALAMO DE ASUAJE, a la ciudadana CONSUELO ALAMO DE OCTAVIO y por lo tanto ésta adquirió la plena propiedad del inmueble y como consecuencia de ello no tienen ningún derecho sobre el mismo los causahabientes del ciudadano JUAN ANTONIO ASUAJE GOMÉZ, siendo que todos los adquirientes hasta el último de ellos representado en la empresa INVERSIONES COCCIA C.A., adquirieron la plena propiedad de sus respectivos lotes o parcelas de terreno que le vendieron y no compartieron ningún derecho con los hijos de la remota vendedora ROSA AMELIA ALAMO DE ASUAJE, por lo que en el caso que nos ocupa no se encuentra probada la existencia de comunidad alguna sobre el inmueble objeto de controversia, cuya partición se pretende. De forma que la demanda intentada no debe prosperar, así se decide. (Negrillas y mayúscula del fallo transcrito).
De la decisión recurrida observa
En cuanto a la falsa motivación de los hechos y el falso supuesto denunciados, debe advertir nuevamente
Así lo ha establecido de manera pacifica y reiterada la doctrina de esta Sala, al precisar los requisitos necesarios con los cuales debe cumplir el formalizante para una denuncia de este tipo, a saber: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, invocando al artículo 320 eiusdem; b) indicar cuál es el hecho positivo, particular y concreto falsamente establecido por el juez; c) especificar de cuál de las tres sub-hipótesis previstas en el artículo 320 ibidem se trata; d) señalar el acta o instrumento cuya lectura patentice la suposición falsa, salvo que se trate de la sub-hipótesis de prueba inexistente; e) denunciar los preceptos o normas jurídicas que se utilizaron o dejaron de utilizar en la recurrida, como resultado del hecho falsamente supuesto; y f) explicar las razones que demuestren que la suposición falsa cometida fue determinante en el dispositivo de la sentencia.
En el caso bajo examen, como antes se señaló, pareciera que se trata de una denuncia por suposición falsa o falso supuesto de hecho, pero al no estar cumplidas en la formalización las exigencias antes señaladas,
Por más flexibilidad que el principio constitucional de tutela judicial efectiva imponga en la interpretación de los requisitos formales del recurso de casación, existen unos límites infranqueables derivados de la propia naturaleza de este recurso, que encuentran su asidero legal en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, con base en las consideraciones antes expuestas, y vista la inadecuada fundamentación de la denuncia se desestima la misma. Así se establece.
De igual forma, el formalizante denuncia en base al ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que el ad quem incurrió en el denominado vicio de silencio de pruebas con infracción de lo dispuesto en el artículo 509 eiusdem, el cual, según criterio de esta Sala, por constituir la regla en el establecimiento de los hechos, su violación debe denunciarse al amparo del ordinal 2° del artículo 313 ibidem, fundado en el primer supuesto de excepción previsto en el artículo 320 del Código Adjetivo.
Dicho precedente doctrinal quedó establecido por
"...
Posteriormente, mediante sentencia publicada el día 5 de abril de 2001, en el juicio seguido por Eudocia Rojas contra Pacca Cuamanacoa,
Las precedentes consideraciones permiten concluir que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a
Ahora bien, por cuanto el formalizante fundamentó su denuncia en base al ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuando atendiendo a la doctrina reiterada, dicha infracción debe delatarse como un error de juzgamiento, esta Sala desecha la presente denuncia por defecto en su formulación. Así se decide.
Denuncia el formalizante que la sentencia recurrida infringió lo previsto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil ya que
dejó de aplicar el contenido del artículo 822 del Código Civil, concretándose dicho sentenciador a producir una incongruencia negativa consistente en la afirmación de que no existía tal comunidad de derechos
.
El vicio de incongruencia negativa tiene lugar cuando el sentenciador no resuelve de manera expresa, positiva y precisa sobre todos lo alegatos que fundamentan la pretensión del actor o las excepciones o defensas opuestas por el demandado. Así lo ha señalado
En relación con la incongruencia negativa en que incurre el Juez al no pronunciarse sobre la impugnación de la cuantía que realiza el demandado, en la contestación de la demanda, esta Sala, en reciente sentencia publicada el 19 de agosto de 2004, caso Luz Amparo Caldas De León y otro en contra
...Tiene establecido la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, que el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el Juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).
Esta última hipótesis conduce a establecer que el Juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por sus partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.
En este sentido, la Ley adjetiva impone al Juez la determinación y posterior análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidas en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita...
En la denuncia bajo análisis, observa
Por otra parte, se observa que el formalizante en una denuncia de forma, pretende atacar la conclusión jurídica a la que llegó el sentenciador de alzada y que finalmente lo condujo a declarar sin lugar tanto el recurso de apelación como la demanda de partición, pues a su entender, de haberse aplicado la norma sustantiva anteriormente señalada, otro hubiere sido el dispositivo del fallo.
Por tal razón, ante lo improcedente de los fundamentos de la denuncia, debe necesariamente
Para concluir esta primera denuncia, el recurrente señala que la decisión de alzada incurre en el vicio de indeterminación objetiva, previsto en el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y como fundamento de la misma alega que el juez superior:
no identificó en forma expresa el objeto sobre el cual recaía su decisión, o sea, la cosa sobre la cual versó la acción deducida, por cuanto en todas las fases de la sentencia, es decir, la parte narrativa, motiva y decisiva se inclinó por realizar una apreciación subjetiva, sacando elementos de su propia convicción para llegar a la conclusión en la parte decisiva de que no existía tal comunidad de derechos de
Esta Sala, en decisión Nº 11 de fecha 17 de febrero de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana María del Carmen Chiappe de Santos contra el ciudadano Ernesto José Torrence Cordero, expediente Nº 99-538, estableció:
...La sentencia, conforme al ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, debe determinar la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.
El criterio general que se sigue al respecto, es que la determinación aparezca directamente del fallo y no por referencia a otro documento o recaudo fuera del mismo, porque la sentencia debe bastarse a sí misma, y contener en sí todos los requisitos, menciones y circunstancias que la ley exige, sin que sea necesario acudir a otros elementos extraños para completarla o hacerla inteligible. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. A. Rengel Romberg. Tomo II. Pág. 277).-
La sentencia también debe determinar con toda precisión y exactitud la cosa sobre la cual versa su dispositivo, por sus caracteres peculiares y específicos, si fuere mueble, o por su denominación, situación y linderos si fuere inmueble o por su condición causas y constancia si se tratare de un derecho puramente incorporal.
La doctrina constante y pacífica de
Ahora también, ha dicho
En el presente caso, nuevamente el formalizante a través de un recurso de forma pretende atacar la conclusión jurídica a la que llego el juez superior al señalar que
se inclinó por realizar una apreciación subjetiva, sacando elementos de su propia convicción para llegar a la conclusión en la parte decisiva de que no existía tal comunidad de derecho
, lo cual evidentemente bajo el amparo de una denuncia de este tipo no puede ser examinado por
Aunado a ello, y producto de esa conclusión, el juez de la recurrida consideró improcedente la demanda de partición y por lo tanto la declaró sin lugar, por lo que dada la naturaleza del dispositivo al establecer que no existía comunidad de derechos, el mismo se basta por si solo, siendo innecesario un pronunciamiento adicional como lo era la identificación del inmueble requerida por el formalizante.
No obstante lo anterior,
Y sobre quien versa la presente Partición; por el razonamiento anteriormente expuesto, es por lo que ocurren para demandar a
Por tal razón, al no observar
-II-
Con fundamento en la
violación del ordinal 1º del Articulo 313 del Código de Procedimiento Civil
, el formalizante delata que la recurrida cometió
el vicio de contradicción que no aparece cual fue lo decidido
, por lo que infringió el artículo 244 eiusdem.
Fundamenta la denuncia de la siguiente manera:
2. Se denuncia también la violación del ordinal 1º del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, cuando en la sentencia recurrida en casación de fecha 29 de marzo del presente año se cometió por el Sentenciador de Alzada el vicio de contradicción que no aparece cual fue lo decidido; tal es el caso de que al referirse al fondo de
omissis
(
) El vicio de contradicción en la sentencia recurrida consiste en que dicho sentenciador dice que la empresa INVERSIONES COCCIA C.A., adquirió la plena propiedad de sus derechos sobre el lote de terreno de
Se observa para decidir:
Advierte
El formalizante plantea su denuncia con fundamento en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, referido a la contradicción en el dispositivo de la sentencia, y sobre el particular,
Por otra parte, la norma adjetiva contenida en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil establece, entre otros supuestos, que será nula la sentencia por resultar de tal modo contradictoria que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido.
En ese sentido,
Ahora bien, del texto de la denuncia se evidencia que el recurrente no dirige su delación en el sentido de señalar la contradicción en la que pudiere estar incursa la sentencia en su dispositivo, pues de manera inadecuada, la contradicción a la que hace mención en todo caso, es en la motivación del fallo, cuya infracción ha sido denominada por la doctrina como inmotivación por contradicción en los motivos, la cual debe denunciarse como violación del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante esto, se observa que el formalizante nuevamente pretende con su denuncia, atacar la conclusión jurídica a la que llega el juez de Alzada, luego del examen y análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, lo cual en todo caso, de considerar el recurrente que tal conclusión fue producto del error en el establecimiento y valoración de las pruebas, ha debido dirigir su delación en ese sentido, y enmarcar su denuncia dentro de las infracciones de ley, específicamente por error en el establecimiento y valoración de los hechos o las pruebas.
Por tal razón, ante la inadecuada fundamentación de la denuncia,
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
Bajo la denominación CAPITULO II DEL RECURSO DE FONDO, el formalizante alega:
Corresponde como violaciones de Ley expresa, conforme a lo contemplado en el Ordinal 2º del Articulo 313 del Código de Procedimiento Civil y cuya denuncia formalizo en los siguientes términos:
1. En
2. De igual manera se denuncia la infracción de ley expresa cuando el sentenciador de Alzada dejó aplicar (Sic) el Articulo (sic) 883 del Código Civil que establece la proporción de la legitima que corresponde a la cónyuge sobreviviente, en la herencia ab-intestada de su causante, el DR. JUAN ANTONIO ASUAJE GÓMEZ, como en el presente caso en que la cónyuge ROSA AMELIA ÁLAMO DE ASUAJE, el 29 de mayo de 1937 dio en venta a CONSUELO ÁLAMO DE OCTAVIO, un lote de terreno, actuando con el carácter de sucesora de su marido, el DR. JUAN ANTONIO ASUAJE GÓMEZ, fallecido en 1929 (
) cuya denuncia se hace por cuanto en la sentencia recurrida se violó el Ordinal (sic) 2º del Articulo (sic) 313 del Código de Procedimiento Civil al incurrir en la negativa de aplicación del Articulo (sic) 883 del Código Civil, norma ésta vigente que rige el derecho correspondiente a la legítima.
(
) dejando de aplicar dicho Sentenciador el contenido del Articulo 781 del Código Civil (
) de igual manera se dejó de aplicar el contenido del Articulo 995 del Código Civil (
)
cuya aplicación era de forzoso cumplimiento por el sentenciador de
Esta Sala para decidir observa:
Advierte nuevamente
Por otra parte, es deber de esta Máxima Jurisdicción aleccionar al formalizante, en el sentido de señalarle que la revisión por violación de normas de rango constitucional no es competencia de esta Sala, por cuanto ello compete a
Por las razones antes expuestas esta Sala, se releva de entrar a conocer la supuesta violación de la norma constitucional delatada como quebrantada. Así se decide.
Con respecto a la violación de las demás normas indicadas como infringidas, se aprecia del texto de la enrevesada denuncia, que esta carece de la mas elemental técnica requerida por esta sede casacional, y no puede desprenderse con meridiana claridad que es lo pretendido por el formalizante, pues se entremezclan alegatos como la violación de la cosa juzgada, el menoscabo del derecho a la defensa, el cual debe encuadrarse bajo el contexto de una denuncia por defecto de actividad, así como la falta de aplicación de los artículos 822, 883 y 995 del Código Civil, sin que existe una coherencia argumentativa que permita a
Como antes se señaló, pareciera que se trata de enfocar la denuncia en alguno de los tipos de infracción de ley existente, pero al no estar cumplidas en la formalización las exigencias para la formulación de este tipo de denuncias, que conforme al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé el error de derecho que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas que eligió el juez para resolver el asunto debatido, debe
DECISIÓN
Se condena en costas del recurso de casación a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de
Dada, firmada y sellada en
Presidente de
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vice-presidenta
________________________________
YRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado Ponente,
________________________________
LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
___________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Secretario,
_________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2005-000397
El Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, consigna el presente voto salvado al contenido de la presente decisión, con base en las siguientes consideraciones:
Quien suscribe, no comparte la solución dada al trámite para el análisis de la denuncia de silencio de prueba.
En efecto, la ocurrencia de un vicio por silencio de prueba ha debido ser analizado por esta Sala en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, ello de conformidad con la Constitución vigente y el Código adjetivo civil que exigen una justicia completa y exhaustiva; no se lograría dicho fin si se omite algún elemento clarificador del proceso.
Esa es la interpretación que se le debe dar al artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que los Jueces deben analizar todas las pruebas producidas en el expediente y emitir su opinión, así sea en forma breve y concreta, ello de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, en razón de lo cual la delación de semejante vicio, considerado históricamente por esta Sala de orden público, no puede tener aparejado el cumplimiento de una carga por parte del recurrente, en directa contradicción con el artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por ello, el silencio de prueba debe mantenerse como un vicio denunciable en el ámbito de un recurso por defecto de actividad, en un todo de conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil.
Queda así expresado el voto salvado del Magistrado que suscribe.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Vicepresidenta
________________________________
YRIS ARMENIA PEÑA DE ANDUEZA
Magistrado Ponente,
_________________________________
LUIS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
___________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrada,
_____________________________
ISBELIA PÉREZ DE CABALLERO
Secretario,
_____________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. AA20-C-2005-000397
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