Venley

Sentencia N.º RC.00225

Sentencia
N.º RC.00225
Fecha
20/05/2003
Sala
Casación Civil
Expediente
01-244
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

         En la incidencia sobre medidas preventivas surgida en el juicio por partición de comunidad conyugal seguido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana GLADYS JOSEFINA RODRÍGUEZ SILVA, representada por los profesionales del derecho María Gabriela Olavarría Alvan y Jesús Ricardo Díaz Cabello contra el ciudadano FRANCISCO JOSÉ KUPRICKA VETTER, patrocinado por los abogados en ejercicio de su profesión Ana María Rincón Fornoza y Luis Augusto Rincón Cano; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en competencia funcional jerárquica vertical, en fecha 1º de febrero de 2001, dictó sentencia declarando con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la demandante y ordenó la reposición de la causa al estado en el cual se abriera la articulación probatoria prevista en el parágrafo segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, anulando por vía de consecuencia todo lo actuado con posterioridad al acto irrito cuestionado en la oposición formulada por el demandado.

Contra la preindicada sentencia, anunció recurso de casación la demandada, el cual fue admitido y formalizado.  No hubo impugnación.-

Concluida la sustanciación del recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe y lo hace previa las siguientes consideraciones:

I

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

            Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción por la recurrida de los artículos 12, 15, 206, 208, 209, 211, 212, 213, 602, 603 y 604 eiusdem, y 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por violación de formas procesales, derechos a la defensa y al debido proceso, y lo hace bajo las siguientes alegaciones:

“...En efecto, Ciudadanos Magistrados, la recurrida dictó sentencia en fecha 01 de febrero de 2.001 (Sic), mediante la cual consideró lo siguiente:

 

(...OMISSIS...)

 

’Es así que la parte contra quien obran las medidas, es decir, la parte demandada, efectuó oposición a las mismas, pero de una revisión minuciosa de las actas que conforman el presente Cuaderno de Medidas se evidencia que dicha oposición no se sustanció y resolvió conforme a lo dispuesto en los artículos 602, 603 y 604 de nuestro Código Adjetivo, tal y como lo ordena el Parágrafo Segundo del artículo 588 ejusdem, que entre otras cosas señalan los referidos artículos, que una vez realizada la oposición SE ABRIRA UNA ARTICULACIÓN BROBATORIA (Sic) de Ocho (Sic) (8) días para que los interesados promovieran e hicieran evacuar las pruebas que estimaran convenientes, luego dentro de los dos (2) días a mas tardar, de haber expirado el término probatorio, sentenciaría el Tribunal de la causa dicha articulación.

 

En este orden de ideas, este sentenciador Ad Quem observa la necesidad – dada la falta de sustanciación de la oposición- de reponer la causa para corregir así los vicios ocurridos en el tramite del proceso, pues de lo contrario se verificaría la existencia de un menoscabo de las formas procesales, contenidas en nuestro Código Adjetivo, que implicaría en consecuencia la violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

 

En efecto, esta alzada vista la falta de sustanciación de la oposición de fecha 05 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic) contra los autos de 30 de Julio (Sic) de 1.999 (Sic) y 02 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), tal y como lo prevé el Parágrafo Segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, REPONE LA CAUSA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 ejusdem, al estado de que se de cumplimiento a lo previsto en el mencionado Parágrafo Segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, o sea, SE ABRA LA ARTICULACIÓN PROBATORIA ALLI PREVISTA, SE SUSTANCIE Y DECIDA LA OPOSICIÓN EN LA FORMA COMO SE DEJA DICHO’ . Sic. (...)

 

Es extraño como la recurrida estableció en su sentencia un cambio en la redacción del artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, al cambiar de “Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación probatoria de ocho días” a “que una vez realizada la oposición se abriría una articulación probatoria de ocho días

 

(...OMISSIS...)

 

Este simple cambio en la narración del mencionado artículo, llevó a la recurrida a ordenar equivocadamente ”reponer la causa al estado que se abra la articulación probatoria”, sin tomar en cuenta, que toda, absolutamente toda, la jurisprudencia al respecto de este Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido, en forma reiterada que la articulación probatoria prevista en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, SE ABRE OPE LEGIS, DE PLENO DERECHO, es decir, este máximo Tribunal ha interpretado permanentemente, abierto ope lege el término probatorio establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil vigente, desde el día siguiente de haberse vencido el término de tres (3) días establecido para la oposición a la medida preventiva, sin necesidad de pronunciamiento judicial, al no expresar dicha disposición el momento de la apertura del término probatorio

 

(...OMISSIS...)

 

Por lo tanto, dichas disposiciones de los artículos 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil, no fueron infringidas por el Juez de la causa, ya que, el tramite procesal que realizó el tribunal a quo, con ocasión del procedimiento cautelar abierto, fue ajustado a derecho, toda vez, que una vez decretadas las medidas preventivas en fecha 30 de Julio (Sic) de 1.999 (Sic) y 02 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), que fueron practicadas en fecha 02 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), hice oposición a las mismas, en nombre de mi representado, en la primera oportunidad de despacho verificado en el Tribunal de la causa, en fecha 05 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), que luego, en fecha 06 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), nuevamente hice oposición a las referidas medidas preventivas decretadas y practicadas en cuyo procedimiento se dejó transcurrir el lapso de los tres (3) días para oponerse y el lapso de los ocho (8) días de la articulación probatoria, abierta ope legis, en cuyo lapso, ambas partes ejercieron efectivamente su derecho a la defensa, por lo cual, el Juzgado A quo realizó el debido proceso, pues, le dio el tramite correspondiente al procedimiento establecido en los artículos 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil y preservó el derecho a la defensa de ambas partes

 

(...OMISSIS...)

 

Esta actuación por parte del Juez de la recurrida, decretando una reposición improcedente, porque no tiene ningún fin útil para la buena marcha del proceso, violando los artículos 206, 208 y 209 del Código de Procedimiento Civil, así como también, los artículos 26 y 257 de la Constitución Bolivariana (Sic) de la República de Venezuela (Sic), por mala aplicación de los artículos 602, 603 y 604 del Código de Procedimiento Civil, habida consideración, que el Juzgado a quo, no dejó de cumplir con las formalidades esenciales establecidas en dichos artículos 602, 603 y 604 ejusdem

 

(...OMISSIS...)

 

Por otra parte, cuando se establece que en ningún caso se declarara (Sic) la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. En el presente caso, además de abrirse la articulación probatoria ‘ope legis’, el acto alcanzo su fin, ya que ambas partes efectivamente ejercieron los derechos que se derivaron de la articulación probatoria.

 

Además, la parte actora en ningún momento solicitó la reposición de la causa, ni alegó que no se abrió la articulación probatoria, ni en el juzgado a quo ni en el juzgado ad quem, antes por el contrario, efectivamente ejerció su derecho a la defensa, al rechazar la oposición a las Medidas Cautelares, mediante escrito de fecha 06 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic) y al promover pruebas en el lapso de la articulación probatoria abierta ope legis, de conformidad con el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, según se evidencia de escritos de fecha 6 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), 20 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic) y 27 de Agosto (Sic) de 1.999 (Sic), por lo tanto, por una parte consideró y se conformó con el tramite procesal, convalidando la “supuesta irregularidad” procesal, por lo que, al declarar la nulidad y la consecuente reposición revertiría en una reposición mal decretada e inútil, con la consecuente demora y perjuicio para las partes y a la jurisdicción, produciéndoles un mayor desgaste de tiempo y de dinero innecesarios, que no se corresponde al interés específico de la Administración de Justicia, contrario al principio de celeridad procesal que rige el proceso civil venezolano, amen de no haber sido alegado y solicitado por la parte actora.

 

El Juez de la recurrida, violó el derecho a la defensa de mi representado, al no atenerse a lo alegado y probado en autos sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados ha violado el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, violando expresamente lo establecido en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, al no garantizarle a mi representado el derecho a la defensa ni se le mantuvo en derechos y facultades comunes a ella sin preferencias ni desigualdades....” (Negrillas, subrayados y mayúsculas del formalizante)

 

         Ante el planteamiento transcrito, debe la Sala, en cumplimiento de su labor pedagógica jurídica, hacer al recurrente las siguientes observaciones: mediante su doctrina constante y pacífica, este Máximo Tribunal ha desarrollado la preceptiva legal contenida en el artículo 317 de la Ley Adjetiva Civil, donde se establece que  aquellos que pretendan acudir a esta sede, deben cumplir en sus escritos una serie de requisitos, que hagan plausible a los Magistrados de la Sala la comprensión de lo que se quiere denunciar y no por el contrario, que su labor, tenga que extenderse al estudio minucioso de las actas del expediente para enfrentarlas con la recurrida y así evidenciar si las infracciones delatadas se compadecen con la verdad procesal; función que, es necesario reiterar, no corresponde a esta Alta Jerarquía en razón de su condición de tribunal de derecho.

         Ahora bien, esta posición ha sido flexibilizada por este Máximo Órgano de Justicia, en aras del cumplimiento de los preceptos contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República, que ordenan, entre otras cosas, que la justicia se administre de forma expedita, sin dilaciones indebidas, ni formalismos no esenciales.

         En este orden de ideas, no pueden considerarse todos los requisitos exigidos para la elaboración del recurso de casación, con ese carácter de formalismos no esenciales; no obstante la Sala extremando sus deberes, ha entrado, en oportunidades, a resolver las denuncias planteadas y así se ha establecido en su reiterada jurisprudencia, entre otras la sentencia Nº. 65, de fecha 5 de abril de 2001, en el juicio de Rafael Antonio Masías Mata y otro contra Vittorio Piaccentini Puparo, expediente Nº 99-911 y cuando bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, se expresó:

“...La denuncia aquí planteada se observa redactada en términos bastante confusos. No obstante, la Sala, en acatamiento a los preceptos contemplados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales garantizan al ciudadano su derecho de acceder a los órganos de justicia para ante éllos hacer valer sus derechos y obtener, sin dilaciones indebidas, la resolución que sobre los mismos habrá de tomarse, entrará a analizar la delación.

 

(...OMISSIS   )

 

La formalización de un recurso de casación representa para el recurrente, la realización de un escrito que está sujeto a los requisitos previstos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, y a las específicas regulaciones establecidas por la doctrina de este Supremo Tribunal en desarrollo de la supra citada norma, requerimientos estos que, aun cuando en aras de la aplicación de los preceptos Constitucionales invocados ab initio, la Sala estima, debe atenuar y asi efectivamente lo ha venido haciendo; ello no puede considerarse como una licencia para los litigantes, en virtud de la cual se les permita obviar su obligación de presentar ante esta Sala, escritos de donde pueda claramente inferirse su petición, vale decir, que éllos sean suficientemente diáfanos y explícitos, capaces de evidenciar qué es lo denunciado, por qué se denuncia, todo esto puede resumirse en la exigencia de la lógica y concatenada fundamentación de las que deben hacer gala los escritos de marras, a fin de que a través de éllos a la Sala, al entrar a conocer las delaciones, le sea posible colegir de su exposición las pretensiones del recurrente, sin que sea menester esculcar las actas del expediente, concertar las normas denunciadas con los alegatos esgrimidos, ni cotejar lo antes señalado con la recurrida, a efectos de evidenciar si realmente se incurrió en el vicio o vicios denunciados, labor que por otra parte no es de la competencia de este Máximo Tribunal, que como es de amplio conocimiento por el foro, es un tribunal de derecho...”

 

         En aplicación a la doctrina invocada, pasa la Sala a practicar el análisis de la denuncia en cuestión.

         Para decidir, la Sala observa:

         Denuncia el recurrente la violación por el ad-quem de los artículos supra señalados del Código de Procedimiento Civil, ello en razón de que ordenó reponer la causa al estado en el cual se cumpliera con la apertura de la articulación probatoria a los fines de la sustanciación de la oposición a las medidas preventivas; decisión que tomó, en el decir del recurrente, sin que mediara petición de parte. Así mismo, considera el formalizante que en el juzgado de la causa, sí se cumplió con el debido proceso pues ambos litigantes ejercieron su derecho al contradictorio, ambos promovieron pruebas, igualmente aduce que  la articulación probatoria en comentario, se abre ope legis, vale decir sin necesidad de previo pronunciamiento del juez, por lo que en su concepto, no hace menester retrotraer  la causa, pues con ello sólo se estaría ordenando una reposición inútil.

         Establece el artículo 206 del Código Adjetivo Civil, la obligación en que están los jueces de procurar la estabilidad de los juicios, y para ello como directores del proceso, deben estar vigilantes, de corregir y evitar que se cometan faltas que mas adelante pudiesen acarrear la nulidad del mismo o de alguno de sus actos. Así mismo, prevé que la nulidad sólo debe decretarse en los casos señalados por la ley o cuando se incumpla alguna formalidad esencial a la validez del acto de que se trate.

         En este sentido, el orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada y que desde luego, los jueces ni las partes pueden subvertir; y como quiera que, conforme a lo previsto en el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil, los quebrantamientos de leyes de orden público no pueden subsanarse ni aún con el consentimiento expreso de las partes, lo cual conlleva al mismo tiempo al vicio de la indefensión, por violación del precepto constitucional consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene como característica que sea imputable al Juez, los procedimientos así sustanciados, en oposición al sistema de legalidad, violan el principio de obligatoriedad establecido en la ley, esto es -se repite- el debido proceso y el derecho a la defensa, principios ambos de rango constitucional; evitando consecuencialmente con ello, posteriores nulidades con mayor desgaste de tiempo y dinero para la jurisdicción y las partes involucradas, corrigiendo los vicios de procedimiento que puede anular cualquier acto procesal y tomando en cuenta al mismo tiempo los principios procesales de saneamiento y de nulidad esencial.

         Considera la Sala oportuno transcribir la parte pertinente de la recurrida donde expresa:

“...EL TRIBUNAL PARA RESOLVER, OBSERVA:

PUNTO PREVIO

DE LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA

 

En fecha 30 de julio de 1999, el Tribunal de la causa decretó medida cautelar innominada que consistió en hacer participar e incorporar a la ciudadana GLADIS (Sic) RODRÍGUEZ, con voz y voto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

 

(...OMISSIS...)

 

Asimismo, en fecha 02 de agosto del citado año 1999, el A Quo decretó medida cautelar nominada de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes inmuebles que se determinan al folio 6.-

 

Así las cosas, la parte demandada en fecha 05 de agosto de 1999, se dio por citada y se opuso al decreto de las medidas cautelares dictadas en fecha 30 de julio de 1999 y 02 de agosto de 1999, tal y como se evidencia de los folios 10 al 13 de los autos.

 

Ahora bien, advierte este Sentenciador de Alzada que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo Segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, “...Cuando se decrete alguna de las providencias cautelares previstas en el Parágrafo Primero de este artículo, la parte contra quien obre la providencia podrá oponerse a ella y la oposición se sustanciará y resolverá conforme a lo previsto en los artículos 602, 603 y 604 de este Código.”

 

Es así, que la parte contra quien obran las medidas, es decir, la parte demandada, efectuó    oposición a las mismas, pero de una revisión minuciosa de las actas que conforman el presente Cuaderno de Medidas se evidencia que dicha oposición no se sustanció y resolvió conforme a lo dispuesto en los artículos 602, 603 y 604 de nuestro Código Adjetivo, tal y como lo ordena el Parágrafo Segundo del artículo 588 eiusdem, que entre otras cosas señalan los referidos artículos, que una vez realizada la oposición se abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días para que los interesados promovieran e hicieran evacuar las pruebas que estimaran convenientes, luego dentro de dos (2) días a más tardar, de haber expirado el término probatorio sentenciaría el Tribunal de la causa dicha articulación.

 

(...OMISSIS...)

 

En efecto, esta Alzada vista la falta de sustanciación de la oposición de fecha 05 de agosto de 1999 contra los autos de 30 de julio de 1999 y 02 de agosto de 1999, tal y como lo prevé el Parágrafo Segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, repone la causa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 eiusdem, al estado de que se de cumplimiento a lo previsto en el mencionado Parágrafo Segundo del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, o sea, se abra la articulación probatoria allí prevista, se sustancie y decida la oposición en la forma como se deja dicho...”

 

         Asi los cosas, pasa la Sala a verificar sí efectivamente la reposición ordenada por el sentenciador de la segunda instancia, se hacía necesaria a los efectos de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso, tal y como lo expresa en su decisión. Para lo cual es menester una minuciosa revisión de las actas procesales, y al realizarla, observa la Sala que efectivamente como lo explana el recurrente, a los folios 10 al 59 (ambos inclusive) del cuaderno de medidas, cursan actuaciones realizadas en fecha 5 de agosto de 1999, mediante las cuales los demandados se oponen a las medidas solicitadas por la demandante y consignan un legajo de documentos en los que apoyan tal oposición; a los folios 60 al 81 (ambos inclusive), corre inserto escrito del 6 de agosto de 1999, contradiciendo la oposición, así como también documentación relacionada con los alegatos; a los folios 82 y siguientes hasta el 215, actuaciones de ambas partes, todas relacionadas con la oposición a las medidas y las defensas y probanzas que consideraron pertinentes para apoyar su procedencia.

         Sobre el punto de cuando debe y cuando no, ordenarse la reposición de la causa, la Ley Adjetiva Civil, contempla tal posibilidad,  en sus artículos 206 y siguientes. Ahora bien, la reposición trae aparejada la nulidad, por lo que los jurisdicentes deben revisar  muy cuidadosamente y a la luz de sus consecuencias, la conveniencia en declararla sólo cuando se hayan menoscabado derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya violentado el orden público y siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra manera, lo que deviene en que tal reposición debe decretarse cuando realmente se persiga con ella una finalidad útil, pues de no ser este el supuesto se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda.

         Por otra parte, considera la Sala importante resaltar que tal y como lo señalan los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Civil, y lo ha sentado su consolidada y reiterada doctrina, la reposición debe acordarse cuando alguna de las partes la solicite por verse afectado por un acto de procedimiento viciado de nulidad , puesto que si ella realiza nuevas actuaciones sin reclamarla, debe entenderse que  renuncia a tal derecho; por no haberlo hecho en la primera oportunidad de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, y sólo podrá ser decretada la reposición oficiosamente por el juez , en aquellos casos que se trate de quebrantamientos de orden público, así la sentencia Nº 34, de fecha 14 de marzo de 2000, en el juicio de Homero Edmundo Andrade Briceño contra Pablo Antonio Carrillo, expediente Nº. 99-577, reiterando la jurisprudencia sobre la materia, señaló:

“...La Sala ha indicado pacíficamente que la indefensión se produce cuando el juez limita, impide o menoscaba el ejercicio de algún medio procesal, o crea desigualdades entre las partes procesales. En todas estas hipótesis, la indefensión debe ser imputable al juez, lo cual excluye aquéllos hechos producidos por la impericia, abandono o negligencia de la propia parte, pues en tal caso, ella debe sufrir las consecuencias. (Vid sentencia de fecha 8 de mayo de 1996, Caso: Bernardo Baudillo Juárez contra Juan José Fuentes Cunemo.)

 

Esta afirmación es acorde con lo previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual, el impulso del proceso corresponde a las partes. Este principio dispositivo es reiterado en los artículos 213 y 214 del referido Código, en aplicación de los cuales la reposición de la causa sólo procede a instancia de parte, salvo que esté interesado el orden público, o la parte no fuese válidamente citada, o no hubiese comparecido en el juicio luego de citada, y en caso de que no fuese pedida la nulidad del acto írrito, en la primera oportunidad en que se haga presente en autos la parte contra quien obra dicha nulidad, quedará subsanada dicha falta.

 

Los razonamientos expuestos, permiten concluir que el juez de la causa repuso indebidamente la causa, al estado de que fuese fijada la oportunidad para evacuar una prueba, a pesar de que la parte promovente no instó al juez a quo, todo lo cual permite concluir que no hubo quebrantamiento u omisión alguna de forma sustancial de un acto del proceso, ni hubo indefensión que sea imputable al juez de la causa. Por ese motivo, la Sala establece que el sentenciador superior cometió el vicio de reposición mal decretada,  en infracción de los artículos 11, 212 y 213 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, quebrantó el artículo 15 del mismo Código, pues creó un desequilibrio procesal entre las partes. En consecuencia, la Sala declara de oficio la infracción de las referidas normas. Así se establece....”

 

         Esta opinión ha sido ratificada de manera pacífica por esta Sala de Casación Civil, tal y como se evidencia de decisión proferida bajo la ponencia del Magistrado que aquí decide, de fecha 22 de mayo de 2001, en el caso de Banco de Maracaibo, C.A. contra Telecomunicaciones del Zulia, expediente Nº. 2000-000301, sentencia Nº 130, donde se estableció:

“...Alega el recurrente el menoscabo de su derecho a la defensa, en razón a que el Juez Temporal, al avocarse al conocimiento del presente asunto, no efectuó las debidas notificaciones, a fin de que las partes tuviesen la oportunidad de ejercer su derecho a recusarlo.

 

En aplicación de la doctrina supra transcrita y del análisis realizado al caso bajo decisión, es necesario concluir que, ciertamente, como aduce el recurrente, al haberse avocado el juez temporal el 18 de enero de 1999 y dictado la sentencia el mismo día, impidió ejercer a las partes su derecho a recusarlo, de considerarlo procedente, hecho con el cual se violentó el orden público procesal y como consecuencia se conculcó el sagrado derecho a la defensa, de progenie constitucional; por lo que esta Sala, encuentra que con su conducta el Juez Temporal del Tribunal Superior, aludido, Dr. Miguel Adolfo Anzola infringió los artículos 15 y 90 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela (68 y 69 de la Constitución derogada), por lo que, la Sala declarará procedente, en la dispositiva del presente fallo, la delación analizada. De igual forma y en acatamiento a la doctrina invocada, considera oportuno la Sala, puntualizar que en el caso bajo estudio, no era necesario notificar a las partes del suceso procesal mencionado, en razón de que éllas se encontraban a derecho ya que no estando vencido el lapso previsto para dictar sentencia, y por consiguiente considerarse, que no ha habido suspensión ni paralización de la causa, no se hace necesario cumplir la formalidad referida. Así se decide....”

 

         Con base al análisis realizado, considera la Sala que la reposición ordenada por el ad-quem resulta evidentemente mal decretada; esta afirmación tiene asidero en que en el procedimiento en Primera Instancia no hubo quebrantamientos que afectaran al orden público, por parte del Juez del Mérito, lo que invalida la posibilidad de decretarla de oficio, tal y como se procedió en la especie; así mismo si hubo algún vicio procesal, las partes no lo alegaron, por lo cual resulta palmariamente contundente que se conformaron con la situación y la convalidaron al continuar actuando en el proceso, ya que efectivamente ambas partes pudieron esgrimir sus alegatos cuando se produjo la oposición a la medida, vale decir que los actos alcanzaron la finalidad para la cual estaban destinados; ante lo expuesto es obligante concluir que ciertamente el Juez Superior incurrió en una reposición mal decretada, inútil, lo que consolida la infracción por la recurrida de los  artículos del Código de Procedimiento Civil, denunciados, a saber el artículo 12: por no haberse atenido el juzgador a lo alegado y probado en autos, el 15: por menoscabar el derecho a la defensa al reponer indebidamente la causa, infringiendo de esta manera los principios de celeridad y economía procesal, causando con su conducta un desgaste a la jurisdicción y a las partes con la consabida erogación dineraria innecesaria, así como los artículos 206, 208, 209, 211, 212 y 213 y por vía de consecuencia el 602, 603 y 604 eiusdem, por las razones supra explanadas. En cuanto a los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su denuncia por vía del recurso de casación no es la manera adecuada, en razón a que su infracción es objeto y conocimiento de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia; no obstante el deber y obligación que tienen los jueces de restablecer en todo caso el orden constitucional, por las razones supra explanadas; en virtud de lo cual se declara procedente la denuncia analizada y por vía de consecuencia con lugar el recurso de casación, y así será establecido de forma expresa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

         Por haberse declarado procedente una infracción de las previstas en el ordinal 1ª del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento sobre las restantes denuncias contenidas en el escrito de la formalización, todo de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 320 ibidem. Así se establece.

 
DECISIÓN

 

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la  Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 1 de febrero de 2001.

En consecuencia se declara LA NULIDAD de la sentencia recurrida y SE ORDENA al Juez que resulte competente, dicte nueva sentencia corrigiendo el vicio referido.-

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Tribunal Superior de origen.-

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  veinte (20) días del mes de  mayo de dos mil tres.  Años: 193º de la Independencia y 144º de la Federación.

El Presidente de la Sala,

 

 

 

 

__________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

 

El Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

 

___________________________

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

Magistrado,

 

 

 

 

_____________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

 

 

_____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

 

 

 

Exp. Nº.AA20-C-2001-000244

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias